Un mundo sin Guantánamo

A 10 años de la apertura de la criticada prisión estadounidense en la Bahía de Guantánamo, vale la pena hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que implica mantener abierto este recordatorio de que la brújula moral de Washington fue secuestrada.

Por Washington Post

Diez años después de su apertura, miles de imágenes emergen al mencionar Guantánamo: hombres con lentes vestidos de overol anaranjado, encapuchados y esposados, alineados bajo el implacable sol del Caribe; jaulas como de zoológico, a la intemperie, sin nada más que cubos que funcionan como baños; áreas secretas del recinto penitenciario donde se pusieron a prueba "técnicas mejoradas de interrogatorio"; algún prisionero que es privado del sueño e inyectado a la fuerza con líquidos que provocan hinchazón; hombres que son encontrados colgados en sus celdas.

¿Cómo sería el mundo sin Guantánamo? Aunque no lo parezca, es una pregunta doble. Primero, uno debe imaginar un mundo donde el complejo penitenciario nunca abrió sus puertas. Y, con menos fantasía, un mundo en el que el complejo ya dejó de operar.

Para empezar, es bueno recordar lo que ha sido Guantánamo y lo que significa hoy en día.
Desde un inicio, la prisión militar estadounidense establecida en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, fue presentada públicamente como un lugar de contención para reclusos de inimaginable maldad. La Casa Blanca y funcionarios militares insistieron en que los prisioneros que estaban ahí eran "lo peor de lo peor".

En alguna ocasión, Richard Myers, el ex jefe del Estado Mayor, describió a los reclusos casi como superhombres capaces de "roer las tuberías hidráulicas" del avión que los condujo a esas instalaciones.

El ex presidente George W. Bush dijo más de una vez que no se utilizaba la tortura como método de interrogación, hasta el día en que transportó a 14 prisioneros al campamento y emitió un anuncio en el que explicaba el valor que tenía para la seguridad nacional interrogar a los detenidos con técnicas radicales. Jueces, funcionarios de seguridad nacional, fiscales y funcionarios del poder legislativo argumentaron que el sistema de Estados Unidos (EU) era demasiado débil para manejar a ese tipo de hombres terribles.

El gobierno del presidente Barack Obama ha estado de acuerdo. Esto se reflejó cuando pospuso la fecha del cierre de Guantánamo, y vaticinó que todavía le queda larga vida al afirmar que unos 48 detenidos serían trasladados a esa prisión en "detención indefinida".

Simbólicamente, Guantánamo siempre ha tenido un poder que va más allá de su misión de acoger a los prisioneros de la guerra contra el terrorismo. Para sus detractores y defensores de las libertades civiles, el complejo representa la violación de derechos en que incurrió Estados Unidos en nombre de esa guerra, sobre todo en lo que respecta a su tolerancia de las "detenciones abiertas".

Para quienes lo defienden, Guantánamo marca la voluntad de Washington de quitarse los guantes. A nivel internacional, es un símbolo de la humillación estadounidense.

Guantánamo es una invitación para que otros puedan decir: "¿Ven? EU es igual que el resto de nosotros, incapaz de resistirse a ir al lado oscuro cuando es atacado".

Guantánamo representa lo que está por debajo de la superficie del EU civilizado, es una ventana de atracción a lo brutal en tiempos de confusión y un recordatorio de la olvidada disciplina que requiere la democracia constitucional.

Pero, sobre todo, Guantánamo es el lugar donde EU ha decidido concentrar el universo de asuntos morales post-9/11 que confunden a los políticos, las leyes y las personas. En caso de duda o ignorancia, o cuando simplemente sea cuestionado por la complejidad de los dilemas de seguridad nacional, envíe los problemas a Guantánamo.

¿No sabe qué hacer con los prisioneros capturados en el campo de batalla de la guerra contra el terrorismo? Envíelos a Guantánamo. ¿Tiene dudas sobre la capacidad de los tribunales de EU para juzgar a los terroristas? Mándelos en Guantánamo. ¿Preocupado por la inquietante realidad de que la tortura salga a la luz pública? Mantenga a quienes fueron torturados en Guantánamo.

¿Qué pasa si borramos todo eso?

Sin Guantánamo, no habría ningún punto focal que trajera a la memoria el papel de EU en la guerra contra el terrorismo. No habría un lugar que encapsulara el viaje errante que inició la nación a raíz del 9/11, la sorprendente desviación de la ley y los procesos de lo que antes se identificaba como una nación segura, justa y respetuosa de la ley.

La ausencia de Guantánamo, ese término que evoca tantas cosas, habría significado que EU no escogió la salida fácil. Si no hubiera existido Guantánamo, EU habría tenido que enfrentar problemas que todavía lo acechan: la capacidad de la Constitución para hacer frente a los enemigos del siglo 21, las fortalezas y debilidades de sus servicios de inteligencia, la incertidumbre de saber quién es un enemigo y quién no.

Los líderes de EU tendrían que haber creado políticas de dudosa legalidad que no nos habrían llevado a un estado de limbo perpetuo codificado hoy por el Congreso y apoyado por el presidente en la forma de detenciones por tiempo indefinido y arrestos militares para sospechosos de terrorismo extranjero.

Sin Guantánamo, todavía habría muchas cosas que le causarían problemas a EU: la guerra en Iraq y las mentiras que lo llevaron ahí, las pérdidas en Afganistán, la extralimitación de la seguridad del Estado al monitorear las conversaciones, tanto virtuales como de otro tipo. Pero no habría una insignia evidente de la vergüenza, ni tampoco un símbolo de la disposición del país a permitir que la seguridad nacional pasara por encima del Estado de derecho. Sin Guantánamo, nuestra brújula moral no habría sido secuestrada de manera tan visible.

Obama ha seguido utilizando Guantánamo como una caja para coleccionar los dilemas de seguridad nacional prioritarios. Ha intensificado el papel de la prisión como un cajón de sastre para meter ahí toda la confusión de seguridad post-9/11, como si por cada celda vacía de un ser humano, se llenara otra con un problema: el uso del método de tortura "waterboarding", el deseo de detener a personas por asociarse con un grupo terrorista, la necesidad de contar con un sistema secundario de justicia, el atractivo político de prometer al Congreso que los enemigos de EU no podrán ingresar a su territorio.

Pero si se cierra Guantánamo –la caja de Pandora de lo que se hizo mal después del 9/11–, se pondría fin a toda una era, y con ello a la furia, la frustración y la pérdida de fe en el gobierno y los tribunales, que ha perdurado una década. Desaparecería la ignorancia que persiste acerca de quiénes están recluidos ahí y el peligro real que representan. Quedaría atrás la decepción de los legisladores que usaron Guantánamo como un recordatorio de que EU se ve acosado por las amenazas y así mantiene vivo el miedo. También quedaría atrás la castración de los tribunales de EU como un lugar viable para tratar los casos de terrorismo.

¿Podría el cierre de Guantánamo resolver la confusión moral y legal que desató la guerra contra el terror, o será simplemente en un remedio fallido? La respuesta está en cómo se haga. No se puede clausurar Guantánamo de manera silenciosa. Más que dejar que se marchite sola, cubierta de excusas de restricciones políticas y complejidades jurídicas, la prisión debe ser cerrada con una clara declaración de los aciertos y errores.

Las detenciones indefinidas están mal. No pasar por los tribunales está mal. Sucumbir al miedo hasta que domine a la ley, está mal.

En última instancia, ya que Guantánamo es un depósito no sólo de presos sino también de la confusión de EU, su clausura debe marcar un momento de claridad y una renovada confianza en el Estado de derecho. Al cerrar Guantánamo, se cierra también la caja de los pecados que desató la guerra contra el terror, la que nos convirtió en una nación como todas los demás, en lugar de ser una nación excepcional.

Al cerrar Guantánamo, se enterrarían los males de la última década, se cerrarían las puertas de un estado de incertidumbre y confusión, y la verdadera excepcionalidad de Estados Unidos podría prosperar una vez más.

(C) The Washington Post Service

Viola Washington en forma masiva los derechos humanos: Moscú

*Denuncia violaciones de Washington a normas internacionales
*EU, en situación crítica sobre derechos humanos, asegura la cancillería rusa

Pl y Afp

Moscú, 29 de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un informe sobre derechos humanos en el que denuncia la situación crítica en esa esfera que vive hoy Estados Unidos, su aplicación de leyes extraterritoriales y la violaciones del derecho internacional. Destaca que la situación de los derechos humanos está lejos de los ideales declarados por el propio Washington.

Afirma que Estados Unidos mantiene sin resolver el problema de la cárcel en bahía de Guantánamo, Cuba, donde retiene a 171 personas, supuestamente vinculadas al terrorismo. El presidente Barack Obama legalizó el encarcelamiento por tiempo indefinido y sin juicio de personas en la referida cárcel y permitió nuevamente el trabajo de los tribunales militares en esos casos, asienta.

Además, el informe cita la aplicación extraterritorial de la legislación de Estados Unidos que daña sus relaciones con Rusia.

El documento señala que el gobierno estadunidense encubre actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros funcionarios para realizar violaciones masivas y flagrantes de los estándares de derechos humanos. Tampoco cesa la violación del derecho internacional en zonas de conflicto y en las operaciones antiterroristas, con un uso desmedido de la fuerza, agrega.

La Casa Blanca mantiene métodos de control sobre la sociedad y la injerencia en la vida privada que los órganos de seguridad iniciaron en la época del republicano George W. Bush, bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Washington sólo participa en tres de los nueve acuerdos internacionales sobre derechos humanos, recuerda la cancillería rusa.

Así, la Casa Blanca se abstuvo de firmar la declaración sobre liquidación de todas las formas de discriminación de la mujer y la convención sobre los derechos del niño. También se niega a colaborar con mecanismos internacionales sobre quejas colectivas de violación por los gobiernos de los derechos humanos, por considerar que su sistema judicial es suficiente.

A ello se suma la agudización de los problemas sistemáticos de la sociedad estadunidense como la discriminación racial, la xenofobia, la saturación en prisiones y la aplicación de la pena de muerte, incluso a personas inocentes, enfermos mentales y adolescentes. El informe también se refiere a las imperfecciones del sistema electoral estadunidense.

Mientras, se informó que nueve personas resultaron intoxicadas en el incendio del casco de un submarino nuclear ruso ocurrido el jueves, durante los trabajos de reparación en la región de Murmansk. Sin embargo, las autoridades dijeron que el percance no representa peligro para sus instrumentos ni para su sistema de propulsión atómica.

Incursión descarada de agentes estadunidenses en México

Ante el peligro que representa el narcotráfico mexicano para la seguridad de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama emprendió acciones con su contraparte del sur para frenar el ingreso en territorio estadunidense de organizaciones criminales como Los Zetas, el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Sin embargo, el precio que está pagando México es muy alto en términos de soberanía: agentes de aquel país incursionaron de manera descarada en Tamaulipas, sin que hasta ahora la administración calderonista se haya pronunciado al respecto.

Agentes de la DEA.

Jorge Carrasco Araizaga

La mañana del jueves 15 dos camionetas suburban blindadas pasaron veloces por la avenida Sexta de Matamoros. En su camino hacia el sur de la ciudad iban escoltadas por cuatro vehículos del Ejército mexicano.

Acostumbrada a este de tipo de movilizaciones y demostraciones de fuerza en una ciudad donde se enseñorean el narcotráfico y la violencia, la prensa captó cómo la policía de tránsito de la ciudad abría paso al convoy en el que una veintena de soldados se desplazaba en estado de alerta.
La custodia especial no era para ningún jefe del narcotráfico capturado en la zona, sino para funcionarios de Estados Unidos que viajaban en las dos camionetas con placas del gobierno de ese país, y que a las 9:30 de la mañana cruzaron el puente internacional Brownsville-Matamoros.
La seguridad de los enviados de Washington­ también era vigilada por un helicóptero de la administración Obama, que desde el cielo seguía la trayectoria de los vehículos que se enfilaron por el Libramiento Emilio Portes Gil rumbo al Regimiento de Caballería Motorizada, de la Guarnición Militar con sede en Matamoros.
La custodia del Ejército y el destino de la caravana fueron motivos para que la prensa local y regional informara sobre la presencia de efectivos militares estadunidenses en territorio mexicano.
Oficialmente no fue así. Según el alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, los ocupantes de las potentes camionetas vigiladas por tierra y aire eran agentes de la Patrulla Fronteriza. En declaraciones a los periodistas, citó al cónsul de Estados Unidos en la ciudad, Michael Barkin, para asegurar que los agentes federales ya habían pactado esa reunión.
A la explicación del alcalde se sumó la molestia y silencio del secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez. “Pregúntale al gobierno federal. No tenemos información como gobierno estatal. No tengo ningún comentario adicional”, respondió molesto ante las insistentes preguntas acerca de la presencia de funcionarios de Estados Unidos en la guarnición militar.
Pero el gobierno federal no dijo nada de la reunión, ni del propósito ni del nivel de los militares que participaron en el encuentro. Como si éste no hubiera ocurrido, el mando territorial del Ejército en Rey­nosa, Tamaulipas, informó el sábado 17 de sus aseguramientos de personas, droga, armas, dinero y equipo de logística delictiva en esa ciudad durante la semana que terminaba. También dio cuenta de la liberación de 21 personas que estaban secuestradas en Nuevo Laredo.

Ofensiva conjunta

El general brigadier Diplomado de Estado Mayor (DEM) Rogelio Armando Patiño Canchola, jefe de la guarnición militar en Matamoros y anfitrión de los estadunidenses, fue el primer obligado a guardar silencio.
Como subordinado de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, se limitó a facilitar el encuentro en las instalaciones a su cargo. Pero su jefe, el comandante de esa Zona Militar, el general de brigada DEM Miguel Gustavo González Cruz, prefirió informar sobre las bajas materiales que el Ejército ha infligido al narcotráfico.
Ambos dependen del general de División Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar, con sede en Nuevo León, responsable de enfrentar al cártel de Los Zetas en esa área castrense, que además de Nuevo León y Tamaulipas comprende a San Luis Potosí. En esas tres entidades hay una fuerte presencia de la organización delictiva creada en los noventa por militares de élite, y que sigue alimentando sus filas con desertores.
Sin precedentes registrados públicamente, la presencia de la delegación estadunidense en las instalaciones del Ejército en Matamoros se enmarca en la actual ofensiva de los gobiernos de México y Estados Unidos contra Los Zetas. Es también una respuesta a las amenazas atribuidas a esa organización en contra de ambos gobiernos.
Del lado mexicano, las acciones contra esa organización delictiva han derivado en el desmantelamiento de redes de telecomunicaciones en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En Veracruz, donde la Marina-Armada de México instaló su principal centro de operación contra Los Zetas, infantes de Marina han detenido a algunos de sus jefes regionales y desarticularon redes financieras y de telecomunicación. Esto ha dado lugar a una recomposición del narco en ese estado.
La experiencia militar de Los Zetas originales le ha permitido a ese cártel innovar en la logística de guerra. Ha adaptado vehículos para resistir los enfrentamientos y ha desarrollado técnicas para construir sus propios sistemas de radio y utilizar los sistemas de comunicación existentes de manera segura.
En septiembre pasado, la Marina desmanteló una red de telecomunicaciones Zeta que prácticamente abarcaba todo el estado e incluso llegaba a Tabasco. En noviembre, el Ejército aseguró lo que ese cártel llamaba La Central, en Torreón, Coahuila. En esa operación, los militares aseguraron equipo de telecomunicaciones por 350 mil dólares.
En diciembre el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones que operaba en los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, estados donde hay presencia de Los Zetas.
Los gobiernos de Felipe Calderón y de Barack Obama se encuentran en una fase de confrontación con el cártel de origen militar, que además de su expansión hacia Centroamérica, en años recientes ha cruzado el Río Bravo y ha desplegado su violencia en Texas.

Incursiones en EU

Apenas el 23 de noviembre pasado un grupo de Zetas se enfrentó con elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en el condado de Harris, en la zona conurbada de Houston. Se trató de una frustrada operación encubierta para capturar a integrantes de ese grupo criminal.
La agencia quería detener in fraganti a la supuesta célula del cártel e infiltró a un agente que haciéndose pasar por trailero recibiría un cargamento de más de 130 kilos de mariguana. Cuando llegó al lugar de la entrega, tres camionetas suburban emboscaron y mataron al policía.
En lo que los medios locales calificaron como una emboscada “al estilo mexicano”, los narcotraficantes se enfrentaron con agentes de la DEA que llegaron al lugar. En la refriega también resultó herido un agente.
Poco antes, el 8 de noviembre, 15 hombres armados que huían de una confrontación con el Ejército que, según testigos citados por la prensa estadunidense, incluso utilizó helicópteros artillados, se refugiaron en territorio de Estados Unidos en un rancho ubicado cerca de la población Escobares, en Texas, justo en el cruce de la frontera con México, del lado del río Bravo.
La incursión fue reportada a la 1:30 de la tarde por equipos SWAT de la policía estadunidense entrenados en armas y tácticas especiales. Ello provocó la movilización de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la Oficina del Sheriff del condado rural Starr para asegurar el área. Lograron la detención de una persona herida y advirtieron al gobierno mexicano del regreso a su territorio de otro sujeto.
Robert Bunker, especialista en seguridad nacional de Estados Unidos y en guerra no convencional, de la Universidad Militar de los Estados Unidos, en Virginia, calificó esa incursión como “una amenaza enteramente diferente” a las ocurridas hasta ahora. En un análisis que publicó en el sitio de internet Small Wars Journal dijo que esos “soldados” del cártel /banda serán más proactivos en sus acciones y no reactivos como la mayoría de los delincuentes.
Aseguró que las unidades SWAT se encuentran en desventaja frente a esos “soldados” que con sus armas semiautomáticas y de asalto y la muy alta probabilidad de que usen lanzagranadas y granadas de fragmentación “crean algo parecido a un escenario militar”, que supera la capacidad de respuesta de esas fuerzas policiales.
La presencia de presuntos Zetas en Texas se suma a las bajas que ha sufrido el gobierno estadunidense en su confrontación con los cárteles mexicanos. En febrero de 2011, una célula de esa organización liderada por Julián Zapata Espinosa, El Piolín, asesinó a Jaime Zapata, agente de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles) y dejó herido a su compañero en un ataque ocurrido en San Luis Potosí.
El jueves 22 el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a El Piolín para que sea juzgado en aquel país por su presunta responsabilidad en la agresión contra los agentes estadunidenses.
El gobierno de Estados Unidos busca evitar más bajas en su propio territorio. Cinco días después de la reunión en la base militar de Matamoros, el Departamento de Defensa (Pentágono) y el Departamento de Seguridad Interna anunciaron que en los próximos meses pasarán de operaciones en terreno a la vigilancia por medio de aviones y helicópteros en la frontera sureste con México, limítrofe con Tamaulipas.
La CBP es la agencia encargada de la defensa de esa parte de la frontera de Estados Unidos con México, pero desde 2010 el Pentágono, a través de la Guardia Nacional, se sumó a la vigilancia de esa zona.
Por orden del presidente Obama fueron desplazados mil 200 elementos de la Guardia Nacional. Con el nuevo método de vigilancia sólo habrá 300, aunque se prevé su retiro total para diciembre de 2012. A partir de enero, la Patrulla Fronteriza comenzará a aplicar una plataforma aérea que le proveerá de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y movilidad en la frontera. El gobierno estadunidense prevé tener completamente en marcha el nuevo sistema hacia marzo próximo.
A su vez, la Guardia Nacional sobrevolará la frontera con Tamaulipas con helicópteros OH-58 y UH-72 con un radio de detección de seis y 12 millas náuticas, respectivamente. Además, sus elementos volarán en aeronaves RC-26 de detección y monitoreo con capacidad de 12 millas náuticas.
De esta manera el gobierno de Obama espera responder más rápido a las crecientes acciones de violencia que le llegan desde México.

Cuarteles móviles

Por lo que corresponde al gobierno mexicano, el jueves 8 Felipe Calderón inauguró en Ciudad Mier, Tamaulipas, las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, el primer cuartel militar “móvil” del Ejército mexicano.
Ubicada a 190 kilómetros de Matamoros, Mier representó hasta el año pasado una línea divisoria entre el cártel del Golfo (CDG) y sus antiguos aliados de Los Zetas, organización formada en la década de los noventa para actuar como brazo armado del grupo encabezado por Osiel Cárdenas Guillén.
A mediados del año pasado, la mayoría de los 6 mil 300 habitantes de Mier abandonaron la ciudad y se mudaron a municipios vecinos y a Estados Unidos obligados por la confrontación entre ambas organizaciones delictivas. Se trató del primer gran desplazamiento interno en México forzado por la delincuencia organizada.
De acuerdo con investigadores del fenómeno del narcotráfico en Tamaulipas, quienes hablaron a condición de permanecer en el anonimato, Los Zetas han ido perdiendo posiciones en la entidad y en la actualidad se disputan la capital del estado –Ciudad Victoria– y Nuevo Laredo, con el CDG, ahora asociado al cártel de Sinaloa.
El establecimiento del cuartel militar en la llamada frontera chica entre México y Estados Unidos pretende acelerar el retorno de la población que comenzó a regresar tras la llegada del Ejército a mediados de 2011.
La instalación castrense está ubicada en las afueras de Mier en una zona de 40 hectáreas; tiene capacidad para 600 efectivos y se puede desplazar a otras áreas del estado.
De acuerdo con Bunker, el cuartel “móvil” es un nuevo “componente estratégico” del gobierno mexicano contra las “insurgencias criminales”, además de ser un prototipo de ciudad fortificada que se podría aplicar en Tamaulipas, entidad dominada por la confrontación entre Los Zetas y el CDG.
En un análisis publicado este mes el especialista asegura que el gobierno mexicano intenta crear islas de autoridad federal y estabilidad en la entidad para recuperar las zonas que se han perdido a manos de esos grupos delincuenciales.
Explica que los elementos del Ejército destacados en Mier patrullarán la zona y actuarán como fuerza de despliegue rápido en apoyo de una nueva fuerza policial que se creará junto con la llegada de los soldados y se establecerá cerca de las comunidades que se quieren recuperar.
Después de Mier, el modelo de ciudades fortificadas con un cuartel militar móvil se extenderá a San Fernando, donde 72 migrantes –la mayoría centroamericanos– fueron masacrados por Los Zetas en agosto de 2010. Una tercera base de ese tipo se construye en Ciudad Mante, otra ciudad dominada por el narcotráfico.
“En esencia, las ciudades fortificadas (ciudades militares) están siendo establecidas como forma de recolonizar (y estabilizar las poblaciones existentes) en una región de México perdida de facto por el control que sobre ella ejercen insurgentes criminales”, dice el experto que ha sido consultor tanto para agencias militares como de justicia de Estados Unidos.
Historiador, antropólogo y doctor en ciencia política, Bunker compara esa medida del gobierno mexicano con lo ocurrido al final del Imperio Romano y del oscurantismo en Europa, sobre todo a la luz de la multitud de atrocidades cometidas (torturas, mutilaciones y decapitaciones).
Por otra parte, sin confirmar ni negar la presencia de soldados armados de Estados Unidos en el estado de Tamaulipas, el teniente coronel Robert Ditchey, uno de los voceros del Pentágono, dice a Proceso que “las fuerzas armadas de los dos países con mucha frecuencia” llevan a cabo operaciones específicas contra grupos criminales.
“Son operaciones enfocadas a combatir a grupos criminales en la frontera común, e integran actos de colaboración entre las fuerzas armadas de México y de Estados Unidos”, subraya.
Cuestionado sobre cuántos operativos militares a nivel bilateral se han realizado y en qué lugares, Ditchey se limita a responder que esta información debe ser proporcionada por el gobierno de México.

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Veracruz, zona de terror

Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado-, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho.

Jorge Carrasco Arraizaga y Regina Martínez

XALAPA, VER.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.

La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20 al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.
A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.
La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueron tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.
Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.
Con ello dio por válidos los mensajes inscritos en las mantas dejadas junto con los cadáveres y el “comunicado de prensa” enviado en forma anónima a las redacciones de los medios locales, que sólo publicó el periódico porteño Notiver, especializado en nota roja.
Aunque ninguna organización reivindicó la autoría, los escritos indicaban que los asesinados pertenecían a Los Zetas, el cártel que durante el gobierno de Herrera comenzó a tener el control delictivo en el estado a través de la organización conocida como La Compañía.
Según esa versión, el propósito es “sacar a Los Zetas” de territorio veracruzano, por lo que las autoridades temen más ejecuciones entre sicarios, colaboradores y aun agentes ministeriales y policías municipales y estatales.
Las primeras informaciones extraoficiales adjudicaron los crímenes a los matazetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció, en el portal de internet YouTube, su “llegada” a la entidad, luego de que, según el procurador, Los Zetas asesinaron en el puerto jarocho a los periodistas de Notiver Miguel Ángel López Velasco (en julio) y Yolanda Ordaz de la Cruz (en agosto).
El grupo, que en el video mostró a una treintena de paramilitares, es una escisión del cártel de Sinaloa y mantiene una disputa con La Resistencia, organización escindida de La Familia Michoacana y que durante la administración de Herrera se asentó en el sur de Veracruz.
Hoy, ante cada hecho relevante de violencia, el gobierno de Duarte suele enviar mensajes antizetas desde su cuenta de Twitter para asegurar que “en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”; incluso elude hablar de los reacomodos de Los Zetas provocados por el surgimiento de nuevos liderazgos de la propia organización en el estado, todo ello pese a que el cártel domina las actividades de delincuencia organizada en territorio veracruzano.

Los reacomodos

Durante el gobierno anterior La Compañía se organizó en la entidad como “consejo de gobierno” o “triunvirato”. Lo integraban Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss o el Doble X, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado, según una investigación judicial abierta en Estados Unidos en noviembre de 2007, a la mitad del gobierno de Herrera Beltrán.
De acuerdo con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), La Compañía operó en todos los estados mexicanos que lindan con el Golfo entre 2006 y 2008 para traficar droga a Estados Unidos. En Veracruz se pudo establecer gracias al apoyo y control de autoridades municipales y estatales (Proceso 1736).
La Compañía fue integrada por los jefes del cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, que estaba formado por desertores del Ejército. Pero tras su separación, a finales de 2008, la organización de exmilitares comenzó a dominar Veracruz, aun cuando había presencia de células del cártel del Golfo.
Varios de los integrantes de La Compañía ya han sido detenidos. Uno de ellos, Aurelio Cano Flores, incluso fue entregado el mes pasado en extradición a Estados Unidos, donde es juzgado en la corte federal para el distrito de Columbia por tráfico de cocaína y mariguana, junto con otros 18 miembros de esa organización.
La crisis de inseguridad se desató desde marzo de 2007, con una balacera en una carrera de caballos en el rancho Villarín, propiedad de Marciano Nayen Arrioja, en la congregación Santa Fe, municipio de Veracruz. Nayen se dedica a la actividad hotelera y restaurantera precisamente en Boca del Río.
La prensa local informó que el objetivo había sido Efraín Teodoro Torres, Z-14, aunque refirió también la presencia no confirmada de Tony Tormenta en la carrera donde se cruzaban apuestas millonarias. La violencia no se detiene desde entonces.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2009, dado a conocer en febrero de este año, detalla que la incidencia delictiva en Veracruz se incrementó 39.1% entre 2008 y 2009, al pasar de 4 mil 400 delitos por cada 100 mil habitantes a 6 mil 120.
Al realizar una auditoría de desempeño de la Policía Federal (PF), la Auditoría Superior de la Federación encontró que esas cifras colocaron a la entidad entre una de las más violentas en las que esa fuerza federal coordinó operativos conjuntos.
El control inicial de La Compañía y el posterior dominio de Los Zetas se trastocó con el cambio de gobierno. La llegada de Duarte, el 1 de diciembre pasado, agudizó la crisis de inseguridad. A finales de la administración de Herrera Beltrán la violencia se concentraba en los municipios del norte de la entidad, limítrofes con Tamaulipas, como Pánuco y Poza Rica. A inicios de 2011 el crimen organizado avanzó hacia plazas de mayor importancia, como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la propia capital estatal.

Psicosis

El primer año de gobierno de Duarte ya quedó marcado como el más violento en el estado. Tan sólo en agosto y septiembre se registraron más de 200 muertos en trifulcas protagonizadas por sicarios y entre éstos y fuerzas federales, principalmente en zonas urbanas y a cualquier hora del día. Las balaceras han provocado psicosis entre la población. Cifras conservadoras mencionan que han caído 300 personas en esos encuentros.
A diferencia de su antecesor, Duarte se plegó a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón “contra el narcotráfico” y permitió que la Infantería de Marina sustituyera al Ejército en los principales operativos.
La confrontación política entre Herrera y Calderón limitó la presencia del gobierno federal en Veracruz en la política contra la delincuencia organizada entre 2007 y 2010, si bien Herrera dejó que la Secretaría de la Defensa designara a los secretarios de Seguridad Pública y entregó a la Marina el control del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).
Durante la gestión de Herrera los operativos del Ejército se concentraron en zonas rurales, mientras que la PF sólo participó en acciones conjuntas, sin que éstas tuvieran mayor incidencia en los ataques a la delincuencia organizada.
Desbordado por la violencia, desde el inicio de su gestión, Duarte prácticamente dejó la seguridad del estado en manos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, aunque el Ejército sigue participando en operativos tanto en zonas urbanas como rurales.
Apenas se dio el cambio de gobierno, el jefe de la Armada, el almirante Francisco Saynez Mendoza, oriundo de la entidad, acudió el 19 de enero de este año a la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, para advertir: “Veracruz es mi tierra, se va a limpiar”.
La Marina hizo entonces del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, con más de 2 mil efectivos de Infantería y Fuerzas Especiales, desplegadas al inicio de agosto pasado, según reveló el diario La Jornada el 23 de ese mes.
El objetivo militar son Los Zetas, por lo que la fuerza naval especializada en operaciones continentales se envió directamente al propio puerto y a Xalapa, pues según la explicación oficial los integrantes de ese cártel se trasladaron de Tamaulipas hacia el sur en abril pasado, como reacción a los operativos militares en ese estado tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.
El despliegue ha incrementado los enfrentamientos en la entidad y ha tenido severos costos en ambos bandos. La Marina ha sufrido el secuestro, tortura y desaparición de algunos de sus miembros, lo que ha obligado a los marinos a cambiar de rutinas cuando están francos, lo mismo que las actividades de sus familiares. Los mandos les han sugerido incluso que modifiquen su apariencia y modo de caminar.
La Marina ha presentado a varios zetas como supuestos responsables de los agravios sufridos. Además, apenas el 9 de septiembre pasado, en una demostración de que ha trasladado su principal centro de operaciones al puerto, allí anunció el desmantelamiento de una red de “comunicación táctica” de Los Zetas en el estado.
Informó también que en operativos realizados entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre aseguró antenas, radios y unidades de telecomunicaciones en Poza Rica, Cofre de Perote, Naranjos, Tepetzintla, Veracruz, Orizaba, Tantoyuca y Xalapa. Además, dio cuenta de la detención de 80 personas, de las cuales 30% son mujeres.
Según el vocero de la Secretaría de Marina, el contralmirante José Luis Vergara, el cártel de origen castrense controlaba la información sobre los operativos de las Fuerzas Armadas, los puestos de control vehicular y la llegada de convoyes de organizaciones enemigas.
Las demostraciones de la semana pasada, avaladas por el gobierno de Duarte como acciones antizetas, coinciden con los operativos del gobierno federal contra la organización delictiva que dirige El Lazca, pero también demuestran la facilidad con la que operan los grupos delictivos que junto con las acciones militares han aterrorizado al estado.

Cuota roja

Los 35 cadáveres fueron arrojados el martes 20 a plena luz del día sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río, abajo del paso a desnivel Los Voladores de Papantla, frente al centro comercial Plaza Américas, una de las zonas comerciales más importantes de esa conurbación.
Pese a que se trataba de una hora hábil, las autoridades no se percataron cuando al lugar llegaron dos camiones de redilas para arrojar sobre el pavimento los cadáveres de hombres y mujeres semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura.
Ante el cerco informativo impuesto por el gobierno y los propios grupos delictivos, la noticia empezó a difundirse de inmediato en las redes sociales, perseguidas penalmente por las propias autoridades estatales. El hecho pronto se volvió noticia internacional y el procurador quiso salir al paso, pero a tropezones. Pronto resolvió que se trataba de delincuentes.
Dos horas después de que se conociera lo que hasta ahora ha sido la principal ostentación de la violencia en el estado, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien en el gobierno de Herrera fue secretario general de Gobierno –cargo al que llegó luego de pasar por la presidencia municipal de Xalapa–, ya había abierto la averiguación previa 843/2011.
El hecho ocurrió un día después de la fuga simultánea de 32 reos de los penales Duport Ostión en Coatzacoalcos, La Toma en Amatlán de los Reyes y el de Cosamaloapan, que provocó la renuncia del director general de Prevención y Readaptación Social, Víctor Hernández, y la detención de seis directivos de esos reclusorios.
En su edición del miércoles 21, Notiver difundió un mensaje que, asegura, fue colocado junto a los cadáveres y donde se habla de 50 ejecutados y no de 35, como sostienen el procurador y el gobernador. La cifra, sin embargo, llegó el jueves 22 por la noche a 49, con los 14 cuerpos encontrados ese día en distintos puntos de la zona conurbada del puerto y en la capital estatal, en condiciones similares a las primeras víctimas.
Según el rotativo, el comunicado fue enviado a todas las redacciones de periódicos, televisoras y estaciones de radio del estado. Sin embargo, sólo fue publicado en Notiver, cuyos directivos no explicaron cómo llegó a su redacción, aunque aseguran que el mensaje “lo vieron muchas personas que pasaban caminando y otras que iban en sus vehículos”.
El contenido dice: “Este día 20 de septiembre, aproximadamente a la 5 PM, aparecieron cincuenta cadáveres de hombres y mujeres ejecutados, pertenecientes a integrantes del cartel de Los ZETAZ (sic), tirados en el bulevar Ruiz Cortines, abajo del puente de Los Voladores de Papantla, frente a la Plaza Américas, todos con huellas de tortura.
“Estaban amarrados de manos y pies con cinchos, tenían pintadas unas Zetas en la espalda y con la leyenda ‘Por Z’, unos cuerpos estaban tirados en el suelo y tapaban la circulación de los autos que circulaban de Mocambo a Veracruz y otros estaban dentro de las redilas de dos camionetas Nissan.
“Fueron dejados con dos mantas con mensajes que alcanzaban a leerse: ‘No más extorsiones, no más muertes de gente inocente. Fuera ZETAZ (sic) del estado de Veracruz, aun faltan más ministerios públicos. Comandante Marcelo Castillo Torres. Zetas así acabaron o como los que hemos matado’.”
Al final, hacen un llamado: “Al pueblo veracruzano, no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas, si lo hace es porque quieren”.
La violencia se ha incrementado en casi todo el territorio veracruzano. Incluso se han registrado sucesos jamás vistos en la entidad, como la explosión de bombas en lugares públicos como los ocurridos en el puerto de Tuxpan, donde la mañana del 2 de agosto un comando lanzó un artefacto que explotó en la plaza cívica, muy cerca del Palacio Municipal, dejando a tres personas heridas.
Otro hecho que causó estupor e indignación, el mayor atentado perpetrado hasta ahora contra la sociedad veracruzana, fue la explosión de un artefacto lanzado por desconocidos en el bulevar Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz, cerca del Acuario, donde murió una persona y tres resultaron gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad de una familia del Estado de México que se encontraba de vacaciones.
Al comienzo del gobierno de Duarte, el 15 de enero pasado, la sociedad jalapeña se escandalizó por una balacera en la colonia Lomas de Casa Blanca, una de las más populares de la zona, entre tropas del Ejército y un supuesto grupo criminal. El enfrentamiento duró más de 12 horas y dejó 14 muertos, entre ellos dos militares. “No hubo víctimas de civiles”, según el reporte oficial.
Después de la balacera los familiares de las víctimas reclamaron los cuerpos de Lorenzo García, ingeniero en sistemas de 44 años, y de Miguel Ángel Sánchez Torres, un empleado de seguridad. Ambos eran originarios de Nuevo León y habían sido reportados como desaparecidos.
Sus deudos aseguraron que no eran delincuentes sino víctimas del grupo criminal que se enfrentó con las fuerzas federales, ya que los habían secuestrado cuando llegaron a esta ciudad el 10 de enero en misión de trabajo, para luego exigir un rescate. Sin embargo, “nos los entregaron muertos”, acusó la esposa de una de las víctimas.
Hoy la tranquilidad que caracterizaba a esta ciudad, famosa por su actividad cultural y artística, ha sido rota por las constantes balaceras, enfrentamientos y presencia de las fuerzas castrenses. Hoy, es cotidiano ver a efectivos encapuchados y fuertemente armados rondando las calles de esta capital en unidades artilladas.

Torturados, indígenas acusados de “eperristas”

Santiago Sánchez y Juan García fueron detenidos en 1997 por supuestamente estar vinculados con el EPR. Sometidos a torturas físicas y sicológicas durante su detención y con un juicio plagado de irregularidades, actualmente cumplen una sentencia de 40 años. Los acusados de homicidio y delincuencia organizada esperan que en los próximos días la CIDH se pronuncie a favor de su liberación, ante las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de las que fueron objeto.

Rogelio Velázquez

Santiago Sánchez Silvestre, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, fueron detenidos el 6 de junio de 1997 por supuestamente estar ligados al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Entonces estaba por cumplirse un año de la aparición pública del grupo guerrillero, en Aguas Blancas, Guerrero. Los combates con las fuerzas del gobierno federal estaban suspendidos por una tregua unilateral declarada por los sublevados.

Según la versión oficial de los hechos, contenida en el boletín 187/97 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), los sentenciados fueron sorprendidos el 6 de junio de 1997 en las inmediaciones de la estación Santa Martha, del Sistema de Transporte Colectivo Metro ?al Oriente de la ciudad de México? con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y propaganda “subversiva”. Se trataba de ejemplares de El Insurgente, órgano de difusión del EPR.

El comunicado oficial fue emitido el 10 de junio, cuatro días después de que los supuestos eperristas fueran detenidos.

Los agentes judiciales Alejandro Lazcano Fuentes y José Luis Delgado Acosta señalaron que, después de “platicar” con los detenidos, éstos accedieron a llevarlos a una casa de seguridad en la delegación Tláhuac. Según las versiones oficiales, ahí encontraron más evidencia de su pertenencia al grupo armado. Propaganda y materiales para elaborar mensajes alusivos a la guerrilla fueron hallados en el lugar, de acuerdo con los agentes. Sin embargo, no existe un inventario del material encontrado.

El proceso federal contra Santiago Sánchez y Juan García había iniciado. Dos días después de su detención, los indígenas fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Fueron sentenciados por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal a tres años de prisión, además de pagar una multa de 2 mil pesos por portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas. No obstante, la versión de Sánchez y García se opone a la oficial.

De acuerdo con los inculpados, eran aproximadamente las dos de la madrugada del 6 de junio de 1997, cuando agentes judiciales entraron en su domicilio en la delegación Tláhuac, sin presentar una orden de cateo. Ahí fueron torturados para obtener información sobre el EPR. Golpes, amenazas de muerte y ahogamiento con bolsas de plástico fueron algunos de los maltratos que recibieron. En el certificado de integridad física de la averiguación previa SC-7547, realizado por la PGJDF y refrendado por el doctor Martín García Uribe, se constatan las lesiones producto de las torturas que sufrieron.

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Desfiladero

Terror en Jalapa

Pánico en Monterrey

Esperanza en el Edomex

Jaime Avilés

Tres empleados de Construcciones Santa Clara –entre ellos, el ingeniero Raúl Tecatl Cuevas–, regresaban a Jalapa, el viernes 17 de junio, cuando a las siete de la noche los detuvo un retén del 63 batallón de infantería, en la ex hacienda El Lencero. Los soldados los bajaron de la camioneta en que viajaban. De pronto se desató una balacera. Los militares respondieron con todo, incluso con apoyo de helicópteros artillados. Fue cosa de minutos.

Cuando el zafarrancho terminó, el ingeniero estaba muerto dentro de otro vehículo, con diez heridas de bala en la espalda y un tiro de gracia. Sus dos amigos también estaban muertos, pero incompletos, pues a ellos les habían cortado las manos. Los cadáveres fueron retratados junto con armas de alto poder. La versión oficial los tachó de sicarios.

Durante horas circularon rumores que hablaban de cuatro víctimas inocentes: tres hombres y una mujer. En su palacio, el gobernador Javier Duarte analizaba la matanza. Cuando se puso de acuerdo con sus cómplices, declaró que, en un exitoso operativo, habían muerto 11 sicarios.

Indignados, los allegados al ingeniero hoy combaten la mentira. En el portal Plumas Libres, Eduardo Segura escribió: por la maldita guerra estúpida que vive nuestro país, murió sin deberla ni temerla Raúl Tecatl, primo político de un servidor (...) brillante profesionista, originario de Jilotepec (...) que fue cruelmente acribillado de 10 balazos y pasó por boca de las autoridades a ser un sicario; por favor, qué falta de escrúpulos tienen al asesinar a un hombre de bien y destruir moralmente a toda una familia, dejar a su pequeño hijo en la orfandad y sembrar un futuro incierto y de desesperanza.

En el periódicodigital.com.mx, alguien bajo el seudónimo de Ozz, reiteró: el 17 de junio, en El Lencero, fueron asesinados a sangre fría un familiar y otros dos compañeros de trabajo. Las autoridades dicen que están limpiando Veracruz, pero están matando civiles como ustedes y como yo. Otro lanzó esta pregunta: ¿por qué no dicen nada de mi amigo que le desfiguraron su cuerpo y de los otros dos pobres que les cortaron sus manos?.

Obvio: en Jalapa ocurrió lo mismo que el 20 de marzo de 2010 en Monterrey, donde dos estudiantes del Tec fueron torturados y asesinados por el Ejército que los acusó de sicarios; o lo mismo que el 31 de marzo de 2008 en Culiacán, donde cuatro jóvenes que iban a una fiesta fueron ametrallados en un retén militar; o lo mismo que el 5 de abril de 2010 en Tamaulipas, donde otros soldados dispararon a ciegas contra una camioneta y dieron muerte a dos niños. O lo mismo que... escriban ustedes la fecha y el sitio donde se han producido hechos similares en todo el país.

Exhortar a los soldados a matar inocentes y presentarlos como sicarios para cobrar un premio, es una práctica llamada falsos positivos, que inventó el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando era jefe de la policía de Álvaro Uribe, otro genocida de la talla de Felipe Calderón. Hoy, Uribe es interrogado por la justicia de su país, debido a sus vínculos con los paramilitares que exterminaron a miles de hombres y mujeres. Santos, por su parte, condecoró a Genaro García Luna porque desde 2008 las fuerzas armadas mexicanas entregan falsos (resultados) positivos, como acaba de reconfirmarlo el caso del ingeniero Raúl Tecatl y sus acompañantes, un asunto que debe volver a movilizar a la sociedad para que los responsables del crimen sean castigados en forma ejemplar. ¡Atropellos como éstos ya no deben repetirse nunca, nunca más en México!

A propósito de lo mismo, Yuriria Iturriaga, corresponsal de La Jornada en París, me renvió una carta que alguien de su confianza le mandó desde Monterrey, ciudad en la que se está dando, le dicen, un fenómeno jamás antes visto, que es el secuestro masivo y al azar de la gente en la calle, es decir, te ven, te detienen, te suben a una camioneta con otros secuestrados, y te van cambiando de camioneta hasta que tu familia da el dinero o te matan.

Se presume, añade la carta, que se están cometiendo de 80 a 110 secuestros diarios. Mujeres, niños, ancianos, de todas las clases sociales sin distingo, lo que habla de unas tres mil personas secuestradas al mes. ¿Será verdad tanto horror?, pregunta Yuriria. No sé, pero intento recordar. ¿Cómo empezaba el reportaje que Sanjuana Martínez publicó el domingo pasado en este diario?

Así. ¿Qué se hace en un anfiteatro con 50 descuartizados? Para los médicos forenses integrar las piezas de cada persona es una tarea difícil, imposible en algunos casos, tanto que algunos familiares deciden enterrar a sus muertos de manera incompleta. En lo que va del año, 50 personas han sido descuartizadas en Nuevo León, la mayoría con el uso de sierra eléctrica. Y ha habido, agrega, según estadísticas oficiales, 743 asesinatos.

¿Es verdad que salir a la calle en Monterrey es tan pero tan peligroso? Sí, me dicen periodistas amigos, consultados por teléfono. El gobernador (Rodrigo Medina) ya no existe. La desaparición de poderes se masca en el aire, pero la popularidad del Ejército está al alza. Acaba de haber una expo de las fuerzas armadas: la asistencia sobrepasó el medio millón de personas. Saca tus conclusiones.

Lo intento. Hace 11 años, cuando la conocí, Monterrey era la ciudad más segura de México: los pobres vivían amontonados en los cerros; en el centro había tolerancia cero, y entre los ricos, en todos los casos de injusticia, siempre ganaban los injustos. ¿Quién recuerda a Gabriela Rodríguez Segovia, la acaudalada mujer a quien sus hermanos encerraron en un manicomio para quitarle su casa, su dinero y sus hijos? ¿Qué fue de Joaquín Romo de Vivar, el empresario a quien el gobierno panista despojó de su spa y trató de matarlo? A costa de los más débiles, los poderosos dinamitaron el estado de derecho, pero crearon una impunidad sin límites que terminó devorándolos.

Volvamos a Veracruz, donde Fidel Herrera brindó impunidad a todos corrompiendo todo. Anteayer, mientras su sucesor presidía un banquete en El Lencero, para festejar el asesinato del ingeniero Raúl Tecatl, por las calles de Jalapa protestaban los padres de decenas de jóvenes desaparecidos en esa ciudad, de abril a la fecha. Moraleja: socializa la impunidad y generarás caos. ¿O qué hizo Felipe Calderón en todo México? Se robó la presidencia y para poder gobernar, abolió el estado de derecho. Más de 40 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos; cientos de narcofosas aún sin abrir a lo largo de las vías del tren que va de Chiapas a Texas; la droga más presente y más barata que nunca; la inseguridad pública en todo su esplendor y Estados Unidos construyendo una base militar en Puebla para invadirnos desde adentro. ¡Esta es su obra!

¿Y qué hay de Paulette, y de Mónica Pretelini, y de los feminicidios y de la corrupción de Peña Nieto? En Youtube, un video (busquen secundaria 582) muestra a alumnos de una escuela pública haciendo banderitas que proclaman: Eruviel gobernador. Cuando AMLO dijo en 2006 que la mancha de un fraude electoral no se puede borrar ni con el agua de todos los mares, jamás pensamos que esa mancha sería de nuestra sangre. Pero hoy, si algo tenemos claro, es que para salir de esta pesadilla sólo debemos despertar. La rebelión pacífica puede estallar de mañana en ocho, cuando Alejandro Encinas y las estructuras de Morena en el estado de México enfrenten al copetón, al chapitas y a la narcodictadura salinista y, con ayuda de usted, señorita, y de usted, señor, sí, y también de usted, señora... tal vez los derroten.

jamastu@gmail.com

Alumnos de secundaria son aprovechados para armar propaganda de Eruviel Ávila

http://youtu.be/5NwPhHPFy_Q

Con Calderón, 63 periodistas asesinados y desaparecidos

En el gobierno de Felipe Calderón, 52 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos. Ésta se recordará como la administración que llevó a México a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de Irak. En poco más de una década de gestiones panistas, 93 comunicadores victimados y desaparecidos. El crímen más reciente, ocurrido a fines de mayo en Veracruz.

Mariela Paredes / Nancy Flores

Los 84 días de incertidumbre para la familia de Noél López Olguín culminaron en dolor. Desaparecido desde el 8 de marzo pasado, el cuerpo del periodista de 47 años fue localizado en una fosa clandestina el 31 de mayo, en el rancho Los Tres Hermanos, ejido Malacate, Jáltipan, Veracruz.

A López Olguín le tocó inaugurar las listas de los comunicadores desaparecidos y asesinados en 2011. Ambos registros acusan el México que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles nacionales e internacionales califican como país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al menos 63 reporteros han sido víctimas de la violencia: 52 asesinados y 11 desaparecidos.

La pérdida de quien laboraba en los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad se suma, a su vez, a otros 92 crímenes en contra de periodistas perpetrados en las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN), también llamados gobiernos de la “transición democrática”.

En poco más de una década del panismo, 78 comunicadores han sido asesinados y 15 más, desaparecidos, indican datos oficiales y estadísticas de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea. Ante estas cifras, es urgente atender la situación que vive el gremio peridístico en México, asegura Brisa Solís.

La directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) considera que la responsabilidad es compartida: “Tiene que haber una mejor calidad periodística, verificar bien las fuentes, tiene que haber una solidaridad dentro del gremio; y en el otro nivel [de la procuración de justicia], por supuesto, las instancias de gobierno tendrían que hacer su labor de manera más integral”.

El agravamiento de la situación es inocultable. Mientras Frank La Rue, relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, afirma que “México ha devenido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”, la organización Reporteros sin Fronteras acusa que este país es el más peligroso en el mundo para ejercer la profesión, por encima incluso de Irak.

Tan sólo entre enero de 2010 y mayo de 2011 se han registrado 16 asesinatos y cuatro desapariciones de reporteros. De continuar esta tendencia, al terminar 2011 podrían haber ocurrido nueve homicidios más, a razón de 10.4 periodistas asesinados anualmente en este país.

Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) critica que las medidas que ha tomado el gobierno en materia de protección a la libertad de expresión no representan un cambio en esta problemática, que ha costado la vida a decenas de comunicadores.

“El problema es estructural, tiene que ver con la procuración, con la impartición y con la administración de la justicia. Todos los eslabones del sistema de la justicia mexicana adolecen de rigor jurídico, de integridad en muchos casos, entonces no se presta o no se genera un clima de legalidad.”

El defensor agrega que, “lamentablemente, no hay un cambio favorable. Lo que uno percibe, lo que uno constata es que el clima de enrarecimiento es constante, generalizado y desafortunadamente no disminuye. Lo más lamentable del caso y lo que provoca este clima, este ambiente, no es otra cosa más que el tema de la impunidad. De cada 100 delitos solamente se llegan a consignar y a sentenciar dos, es decir, el premio a la transgresión de la ley es la impunidad porque el 98 por ciento de quienes transgreden la ley se salen con la suya”.

En materia de libertad de prensa y democracia, México ocupa la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010. Además, está catalogado como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.

El problema que padece la prensa es de corresponsabilidad, asegura Darío Ramírez, representante en México de Artículo 19. “No hay un malo, no hay un enemigo en sí. Hay muchos [enemigos] y se manifiestan de diferente manera. Es evidente que el Estado tiene cumplir con sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar [a los periodistas]. Los medios tienen la necesidad de fortalecer el periodismo, y también la sociedad: mientras que la sociedad no proteja a sus periodistas, a sus mensajeros, mientras no reconozcamos que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación”.

Saldos del panismo

En la actual administración calderonista, la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas ha aumentado en 241.8 por ciento respecto de la administración de Fox. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios de comunicadores anuales.

La información consultada por Contralínea indica que las entidades federativas en las que se han perpetrado más asesinatos son: Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. Mientras, Michoacán se coloca como el estado con mayor número de periodistas desaparecidos.

Aunado a ello, la CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos gobiernos del PAN; 351 de ellas –más del 50 por ciento– ocurrieron en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

Y aunque el presidente de la República afirme que la violencia contra la prensa y la sociedad no es responsabilidad de su gobierno, sino del crimen organizado, los ataques –que van desde las amenazas, la cancelación unilateral de la publicidad oficial, los hostigamientos, hasta las agresiones físicas– son cometidos, en su mayoría, por autoridades federales, estatales y locales, refieren la CNDH, Cencos, Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.

El 49.03 por ciento de los ataques son cometidos por representantes de los gobiernos en sus tres niveles; el 26.45 por ciento, por el crimen organizado, y del 11.61 por ciento restante se desconoce la identidad de los perpetradores, indica el informe La violencia en México y el derecho a la información, elaborado en 2010 por Artículo 19 y Cencos.

De acuerdo con ese mismo informe, hasta ahora no habría evidencias de la participación de los agentes del Estado en tres modalidades de agresión: asesinatos, desapariciones y secuestros. Los crímenes contra los periodistas, sin embargo, se inscriben en el contexto derivado de la principal estrategia de la administración federal: la “guerra” contra las drogas.

Para el gobierno, la forma de combatir el narcotráfico es con la confrontación directa y esa estrategia, explica Balbina Flores, ha resultado en el asesinato de más de 40 mil civiles, entre ellos los comunicadores. “Pero el gobierno no piensa cambiarlo, y lo ha dicho públicamente, hasta el cansancio, en los últimos meses. Entonces no podemos más que decir que esto no va a cambiar”.

La representante en México de Reporteros sin Fronteras señala que las medidas que ha tomado la administración federal para la protección del ejercicio periodístico son insuficientes. “Han mostrado ineficacia en su aplicación. Concretamente podemos hablar de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue creada hace cinco años, ha tenido tres fiscales y que, hasta este momento, no hemos conocido de la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas”.

Informes elaborados por la CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa Comisión ha documentado entre 2005 y lo que va de 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron el 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, el 21.76 por ciento; de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 17.61 por ciento; y de las procuradurías generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, el 6.75 por ciento respectivamente.

La organización internacional Freedom House, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, considera en su evaluación 2011 que México es un país “parcialmente libre” para la práctica periodística.

Agresiones, en la impunidad

La situación que vive el gremio periodístico en México gira en torno a siete problemas específicos, refiere la panista Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados: impunidad en el sistema judicial, colusión de las autoridades con los agresores, infiltración del crimen organizado en las esferas del poder público, falta de voluntad política para resolver los casos, falta de eficacia en las averiguaciones previas, falta de preparación de los cuadros policiales y falta de solidaridad entre medios de comunicación.

La legisladora afirma que es en los estados donde la situación es más lamentable: los casos están congelados. “La impunidad es una constante”. En el ámbito federal las cosas no parecen distintas: de los 99 casos que atendió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) desde su creación –en 2006– hasta noviembre de 2009 sólo cuatro fueron consignados ante las autoridades judiciales.

El resto se resolvió de la siguiente manera: en 39, la Fiscalía se declaró incompetente; 25 se archivaron; en 16, determinó el no ejercicio de la acción penal; 15 se elevaron a averiguación previa.

Capacidad limitada de respuesta, inacción frente a los homicidios de periodistas e incumplimiento de los objetivos que le dieron origen forman parte de las autocríticas que se hiciera la Fiscalía al evaluar su propio trabajo en su informe de 2010. El 5 de julio de ese año, la FEADP fue “sustituida” por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Acciones para inhibir el flagelo

En México, considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, organizaciones civiles y gobierno proponen acciones para inhibir los riesgos:

• Secretaría de Gobernación. En diciembre de 2010, conformó el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas. Este órgano pretende implementar medidas de prevención y protección para quienes ejercen esta profesión. Hasta la fecha, sin resultados.
• Artículo 19 y Cencos. Mantienen el proyecto Campaña permanente de protección a periodistas en México (www.libertad-expresion.org.mx), iniciativa que reúne a 13 organizaciones de defensa de la libertad de expresión y protección a periodistas. Mediante informes, medidas de protección y monitoreo de los casos de agravio, ambas organizaciones buscan favorecer condiciones más seguras de trabajo.

• Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión. Este Frente, conformado el 10 de diciembre de 2009, es una iniciativa de trabajadores de los medios para enfrentar solidariamente el riesgo que implica el ejercicio periodístico y la restricción de la libertad de expresión.

Las acciones de la CNDH

En entrevista con Contralínea, Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene cuatro líneas específicas para auxiliar a los profesionales de la comunicación.

Una de ellas es la Cartilla de derechos y deberes de las personas, documento que plasma los principios básicos con los que se debe regir la conducta social. Si cada miembro de la sociedad actúa con legalidad, la violencia en general, y en consecuencia la violencia hacia los medios, podría cesar, explica Elizundia Treviño.

Otra línea se refiere a las medidas cautelares, que van desde un botón de pánico hasta escoltas y vehículos blindados para proteger a quienes por su condición de periodistas se encuentran vulnerables. No obstante, las facultades de esta Comisión únicamente le permiten emitir medidas, el otorgarlas queda en manos de las autoridades federales, estatales o locales, según corresponda.

La tercera se refiere a la creación de un observatorio en materia de agravio a periodistas, portal que permitirá registrar geográficamente y en tiempo real las agresiones en contra del gremio. Elinzundia Treviño explica que esta herramienta pretende ser un sistema de alerta temprana e identificar los focos rojos.

Aunque aún no se puede precisar la fecha oficial de su implementación y los detalles son hasta ahora confidenciales, el observatorio ya se encuentra en periodo de pruebas.

La cuarta línea no sólo es de la CNDH, sino también de Artículo 19. Ambas instituciones trabajan en la creación de un “libro verde” que, a decir de Elinzundia Treviño, “es una guía en caso de conflicto bélico para la labor de los periodistas, de tal forma que haya reglas por medio de las cuales los periodistas puedan ejercer su función y estén debidamente protegidos”.

Esta última iniciativa se basa en The green book, una guía general de procedimientos en situación de guerra y conflictos armados, elaborado por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en acuerdo con los medios de comunicación.

“México, Estado fallido en materia de comunicación”

“Estamos ante un Estado fallido en el campo de la comunicación”, asegura el doctor Javier Esteinou Madrid. El investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, critica que, desde la Revolución Mexicana, el Estado ha sido incapaz de respetar las garantías constitucionales en materia de la comunicación.

No fue capaz de construir un derecho de respuesta, de réplica; un acceso a los medios por parte de la población; tampoco, de poner límites a los poderes fácticos, debilitar los monopolios, defender a los periodistas, proteger a las radios comunitarias, observa.

En 90 años de la historia de la radio y en 60 años de la televisión, la clase política tampoco ha sido capaz de construir un nuevo modelo de comunicación que haga frente a los problemas estructurales de México. El país, detalla, está inmerso en una profunda crisis, que no es coyuntural ni es el asunto del narcotráfico ni de la inseguridad.

“El modelo global de sociedad está en crisis y ya no funciona. Para poder resolver esto nada más existen dos vías: una, la civilizada que requiere discusión, deliberación y alternativas, para lo cual se requieren procesos de comunicación; la otra es la violenta, la anárquica, la agresiva del caos social.”

No obstante, la clase política no ha permitido construir salidas comunicativas y, con esto, es a la vía violenta a la que se le está dejando la responsabilidad de resolver los problemas, a la del México bronco, señala el académico.

En este contexto, el uso de las redes sociales ha abierto nuevas formas de comunicación. Lejos de actuar como los medios electrónicos tradicionales que se resisten a dar espacio a la réplica, apelan al modelo de la retroalimentación. Además, poco a poco su ascenso modificará la forma de hacer periodismo no sólo en México, sino en el mundo.

Para el doctor Esteinou Madrid, hay un cisma con el uso de las nuevas tecnologías a partir de las redes sociales, porque “ha surgido el verdadero proceso histórico de la comunicación que nunca antes se había dado a nivel colectivo”.

Agrega que el uso de internet, no obstante que sea selectivo, permite a los actores interactuar entre sí: un emisor se puede convertir en un receptor y viceversa. “Estamos ante un nuevo modelo que sí se caracteriza por ser bilateral, no unilateral como los medios electrónicos tradicionales”.

El investigador considera que la televisión, la radio y la prensa escrita están “acorralados” en cuanto a su modelo antiguo: ya no les funciona más. “El sistema antiguo que no introduce las nuevas tecnologías ya no llama la atención, ya no es consumido o visto o escuchado por su auditorio; por lo tanto, decae y muere”.

Observa que el periodismo de investigación será parte esencial del futuro mediático, pues construye un conocimiento más profundo y por lo tanto un anclaje mucho más orgánico con la realidad, a diferencia de las “notas de maquinazo” que se elaboran rápidamente y de los mensajes inmediatos que se difunden en internet sobre un acontecimiento de interés social.

Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. El 25 de marzo de 2011, 715 medios de comunicación firmaron dicho Acuerdo, que sugiere, entre otros puntos, la protección a periodistas y solidarización ante cualquier amenaza contra los medios.