20 Ways the Obama Administration Has Intruded on Your Rights

Is there a fundamental difference between the Bush presidency and the Obama presidency in the area of domestic civil liberties?

AlterNet / By Bill Quigley

The Obama administration has affirmed, continued and expanded almost all of the draconian domestic civil liberties intrusions pioneered under the Bush administration. Here are twenty examples of serious assaults on the domestic rights to freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, the right to privacy, the right to a fair trial, freedom of religion, and freedom of conscience that have occurred since the Obama administration has assumed power. Consider these and then decide if there is any fundamental difference between the Bush presidency and the Obama presidency in the area of domestic civil liberties.

Patriot Act

On May 27, 2011, President Obama, over widespread bipartisan objections, approved a Congressional four year extension of controversial parts of the Patriot Act that were set to expire. In March of 2010, Obama signed a similar extension of the Patriot Act for one year. These provisions allow the government, with permission from a special secret court, to seize records without the owner’s knowledge, conduct secret surveillance of suspicious people who have no known ties to terrorist groups and to obtain secret roving wiretaps on people.

Criminalization of Dissent and Militarization of the Police

Anyone who has gone to a peace or justice protest in recent years has seen it – local police have been turned into SWAT teams, and SWAT teams into heavily armored military. Officer Friendly or even Officer Unfriendly has given way to police uniformed like soldiers with SWAT shields, shin guards, heavy vests, military helmets, visors, and vastly increased firepower. Protest police sport ninja turtle-like outfits and are accompanied by helicopters, special tanks, and even sound blasting vehicles first used in Iraq. Wireless fingerprint scanners first used by troops in Iraq are now being utilized by local police departments to check motorists. Facial recognition software introduced in war zones is now being used in Arizona and other jurisdictions. Drones just like the ones used in Kosovo, Iraq and Afghanistan are being used along the Mexican and Canadian borders. These activities continue to expand under the Obama administration.

Wiretaps

Wiretaps for oral, electronic or wire communications, approved by federal and state courts, are at an all-time high. Wiretaps in year 2010 were up 34% from 2009, according to the Administrative Office of the US Courts.

Criminalization of Speech

Muslims in the US have been targeted by the Obama Department of Justice for inflammatory things they said or published on the internet. First Amendment protection of freedom of speech, most recently stated in a 1969 Supreme Court decision, Brandenberg v Ohio, says the government cannot punish inflammatory speech, even if it advocates violence unless it is likely to incite or produce such action. A Pakistani resident legally living in the US was indicted by the DOJ in September 2011 for uploading a video on YouTube. The DOJ said the video was supportive of terrorists even though nothing on the video called for violence. In July 2011, the DOJ indicted a former Penn State student for going onto websites and suggesting targets and for providing a link to an explosives course already posted on the internet.

Domestic Government Spying on Muslim Communities

In activities that offend freedom of religion, freedom of speech, and several other laws, the NYPD and the CIA have partnered to conduct intelligence operations against Muslim communities in New York and elsewhere. The CIA, which is prohibited from spying on Americans, works with the police on “human mapping”, commonly known as racial and religious profiling to spy on the Muslim community. Under the Obama administration, the Associated Press reported in August 2011, informants known as “mosque crawlers,” monitor sermons, bookstores and cafes.

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Inglaterra: criminalización de la protesta social

David Cameron, primer ministro británico.

Leonardo Boix

LONDRES, (apro).- A dos semanas de los peores disturbios, saqueos e incidentes de violencia en Londres y otras ciudades de Inglaterra en casi tres décadas, que terminaron con cinco muertos y cerca de tres millares de detenidos, el impopular gobierno británico del conservador David Cameron optó por criminalizar el estallido y dejar por el momento a un costado el debate sobre las causas sociales de la revuelta.

La administración de Cameron, que enfrenta una de las peores crisis económicas desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con un índice de desempleo que trepó en julio pasado al 7,9%, con 2.49 millones de desocupados y las finanzas estancadas, eligió el camino de la “mano dura”, las penas “severas” y darle aún más poderes a la policía, para hacer frente a un problema que parece crecer en el Reino Unido.

Más de 2 mil 800 personas han sido arrestadas en conexión con los saqueos, incendios y destrozos ocurridos entre el 6 y 9 de agosto pasado en la capital británica y otras ciudades inglesas, incluidas Birmingham, Manchester, Liverpool, Nottingham, Gloucester y Bristol, que se iniciaron el sábado 6 tras una protesta en el humilde barrio londinense de Tottenham, en reclamo por la muerte del británico Mark Duggan, de 29 años, asesinado a manos de la policía en un episodio que aún sigue sin esclarecerse.

De los más de dos millares de detenidos, hasta el miércoles 17 habían pasado por los tribunales británicos mil 277 sospechosos, de los cuales un 64% permanecía bajo custodia policial. Esa es una situación sin precedente alguno en la historia del país.

La criminalización del estallido generó incluso más polémica en el mundo político, luego de conocerse las penas que las cortes habían otorgado a los responsables de los disturbios, en su mayoría jóvenes desempleados y totalmente desafectados de la sociedad.

Por ejemplo, el martes último dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión por utilizar el sitio de red social Facebook para incitar a los saqueos y la violencia, en tanto que un tercero recibió una pena de 18 meses tras las rejas por haber robado una televisión de un negocio saqueado.

Otros de los casos más polémicos con penas consideradas “demasiado severas” fueron el de Anderson Fernandes, de 22 años, quien por robar dos cucuruchos de helado enfrenta una pena en prisión, o el de Nicolas Robinson, de 23, quien fue sentenciado a seis meses tras las rejas por robar una botella pequeña de agua mineral de un supermercado.

Ursula Nevin, una madre de dos niñas con residencia en Manchester (norte de Inglaterra), fue sentenciada a cinco meses en prisión luego de recibir de una amiga un par de pantalones cortos que habían sido robados el día previo de un negocio en el centro de esa ciudad.

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México y Colombia Estados que violentan y criminalizan a los jóvenes

ASESINOS!!!

Ponencia Ciudad Juárez.

http://www.youtube.com/watch?v=OKVL-RCzdl4

La criminalización de la lucha social en México

http://www.youtube.com/watch?v=suBMV4E1nxQ

MEXICO.....en caos!

El gobierno, culpable de la matanza por criminalizar la migración: ONG

La criminalización de los migrantes indocumentados provoca que organizaciones del crimen organizado lucren con las vidas de personas que transitan por territorio nacional al tratar de llegar a Estados Unidos, aseguró Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

Al referirse a la masacre de 72 migrantes perpetrada en Tamaulipas, el activista consideró que ésta puede ser usada por "las políticas militaristas" de México y Estados Unidos como método de disuasión que genere terror entre quienes buscan el sueño americano.

Señaló que las acciones anunciadas por el gobierno federal para investigar la matanza y proteger a los migrantes en su paso por México sólo son un discurso.

Insistió en que se sigue criminalizando la migración, "que es una opción lícita de miles de personas para obtener recursos y resarcir las necesidades que los estados no son capaces de dar en cientos de poblaciones".

Consideró que la criminalización de los flujos migratorios alienta la corrupción y la violencia contra ese sector, que sólo beneficia a la industria armamentista y a las bandas del crimen organizado que extorsionan, secuestran y asesinan a cientos de indocumentados que pasan por territorio mexicano.

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Centroamérica pide observatorio de protección a indocumentados

Periódico La Jornada

Ciudad de Guatemala, 3 de septiembre. Países de Centroamérica y el Caribe instaron a México a instalar un observatorio de derechos humanos para proteger la integridad de los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos, luego de la masacre de 72 perpetrada la semana pasada en Tamaulipas, informó este viernes una fuente oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que, mediante un comunicado conjunto, los cancilleres de ese país, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana solicitaron a México la adopción en el corto plazo de mecanismos para evitar que se cometan hechos de violencia contra los migrantes de la región.

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Nueva manifestación ante la embajada del país sudamericano

Familiares de víctimas de Sucumbíos reclaman justicia al Estado colombiano

Dos años y seis meses de impunidad, viviendo con coraje por saber que nadie ha pagado por la muerte de sus hijos. "Luchas y demandas sin recompensas" son la definición de cómo han vivido los integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos desde el primero de marzo de 2008, cuando el ejército de Colombia ultimó a sus hijos.

Ayer, una vez más, esta agrupación se manifestó en la embajada de la nación sudamericana en México en demanda de justicia por el asesinato de sus hijos. Con una misa afuera de la sede diplomática recordaron que el 1º de septiembre se cumplieron 30 meses de ese "crimen de lesa humanidad".

El 1º de marzo de 2008 el ejército colombiano atacó un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en la provincia fronteriza de Sucumbíos, Ecuador, donde cinco estudiantes mexicanos se encontraban de visitantes: Soren Avilés, Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Fernando Franco y Lucía Moret. Sólo esta última, junto con dos mujeres colombianas, sobrevivieron al bombardeo que ocasionó la muerte de 25 personas, el número dos del grupo guerrillero, Raúl Reyes, y los cuatro mexicanos.

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Dilación en procedimientos, costumbre de instituciones mexicanas, denuncia Afadem

Reconoce que hay ministros interesados en que el máximo tribunal nacional intervenga

Periódico La Jornada

Chilpancingo, Gro., 3 de septiembre. La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco –líder social de Atoyac desaparecido hace 36 años–, dijo que es una "práctica" de las instituciones mexicanas la dilación en los procedimientos "para ganar tiempo y no hacer nada".

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Acudirán ante la SCJN para revertir el fin de la relación laboral

Rechaza el SME acusaciones de sabotaje; es imposible: Esparza

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó que interpondrá un amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la cual esta semana dio a conocer que quedaron formalmente concluidas las relaciones laborales entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y los integrantes del gremio, sin que exista patrón sustituto.

En una entrevista al concluir la inauguración de la cuarta Conferencia Sindical, organizada por el CILAS, Martín Esparza Flores, líder del SME, indicó que buscarán revertir lo decretado por la JFCA y que están dispuestos a llegar hasta la última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Tenemos 15 días hábiles para ampararnos, y lo haremos pronto estamos dispuestos a llegar a la Corte, aunque sabemos que en México hay una simulación jurídica", indicó.

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1,350 denuncias contra fuerzas federales en Juárez: CNDH

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 3 de septiembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en la urbe fronteriza, unas 4 mil 500 denuncias, de las que mil 350 son contra militares y policías federales, lo que ha generado hasta el momento ocho recomendaciones, informó el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

Durante su participación en un foro para analizar la violencia contra medios en la Universidad Autónoma de Chihuahua, señaló que las causas de las denuncias son detenciones ilegales o arbitrarias, cateos sin la orden de un juez y violencia física o verbal en contra de las personas detenidas o interceptadas en retenes.

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Grupo México avisa de despidos por tv

Se aviva conflicto minero

Periódico La Jornada

Hermosillo, Son., 3 de septiembre. Grupo México anunció mediante un espot difundido en la televisora Telemax –con cobertura en toda la entidad–, que despidió a 25 trabajadores de la mina La Caridad, en Nacozari, por "presuntas faltas graves", pero negó que la presencia de policías federales en las instalaciones sean actos de intimidación para cerca de 935 mineros que conforman la plantilla laboral.

La difusión del mensaje se da en medio del conflicto sindical en el cual los integrantes de la sección 207 decidieron volver a afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, de Gómez Urrutia.

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Sindicatos critican reforma laboral

Periódico La Jornada

Dirigentes sindicales de centrales obreras de países europeos y latinoamericanos rechazaron el intento de imponer reformas laborales que violentan los derechos de los trabajadores, restrinjan el derecho de huelga, incrementan la edad de jubilación y pauperizan los salarios, así como que ante las crisis económicas, los gobiernos recurran a recortar garantías laborales en lugar de imponer tributos a los sectores que gozan de beneficios fiscales.

Reunidos en la cuarta Conferencia Sindical, organizada por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) en el contexto de su 20 aniversario, líderes obreros de México, Italia, España, Argentina, Grecia, Estados Unidos y Panamá, entre otros, reprobaron el modelo neoliberal, el cual "ha hecho pedazos los derechos de la clase trabajadora".

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Arrecian las agresiones de paramilitares contra Mitzitón

Periódico La Jornada

"En estos momentos tememos por nuestra seguridad y la de nuestras familias, porque los paramilitares nos están agrediendo cada vez más", denunció hoy la comunidad de Mitzitón, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde el pasado 30 de agosto se han recrudecido los ataques del grupo de pobladores "no cooperantes", identificados con el Ejército de Dios.

La tarde del 3 de septiembre, añade la asamblea comunitaria, el grupo paramilitar, reunido en la casa de Gregorio Gómez, agredió con resorteras a varias mujeres procedentes de la casa ejidal, "resultando muchas de ellas heridas en diferentes partes de sus cuerpos".

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Critican en la Cámara veto de Calderón

Periódico La Jornada

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó al jefe del Ejecutivo de excederse en sus facultades al vetar la Ley General de Cooperación Internacional. El legislador adujo que la política exterior no sólo depende del Ejecutivo, sino del Legislativo, y recordó que la prohibición se dio “por tonterías e ignorancia.

“Es gravísimo. ¡Es la única ley aprobada por esta legislatura! ¡No es controversial! Es operativa y de cooperación, que se concibió en el Senado y recoge ideas que ya se habían dado hace muchos años en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la primera que deriva del Congreso y Felipe Calderón la batea y convoca al Congreso a que se aprueben sus pobres iniciativas. El gobierno habla de invasión de funciones y sale con la zarandaja de que el Ejecutivo es el encargado de la política exterior. ¡Es una insensatez!”

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Preocupante, que el gobierno incumpla recomendación sobre eperristas: Comed

La desaparición forzada es un "crimen de lesa humanidad que no debe repetirse", advierte

Periódico La Jornada

La comisión de mediación (Comed) entre el gobierno y el Ejército Popular Revolucionario informó que el lunes 6 se reunirá con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, para dialogar sobre la recomendación que este organismo hizo al gobierno federal por el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del grupo armado, ocurrida en mayo de 2007.

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Plantean reforzar atención a migrantes

Periódico La Jornada

México y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) exploraron en Ginebra, Suiza, formas para apuntalar esfuerzos para atender el fenómeno migratorio, ampliando la gama de acciones conjuntas en el manejo y gestión de ese fenómeno.

Entre las propuestas de colaboración destacan la organización de campañas informativas para migrantes, el desarrollo de capacidades y la formación de especialistas en la materia, así como estrategias para el combate al tráfico y la trata de personas.

Además se planteó el mejoramiento de las condiciones de seguridad para los migrantes en tránsito, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

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México SA

Digitalización electorera
Sedeso: "apoyos necesarios"
Por decreto, Cofetel a la cola

Carlos Fernández-Vega

¿Tienen algo que ver las telecomunicaciones con la (autodenominada) política social del gobierno calderonista? ¿La recién anunciada transición de la televisión analógica a la digital tiene como objetivo combatir la pobreza en el país? ¿Al digitalizar la televisión y depositar la analógica en el basurero de la historia, se reducirá el número de depauperados en esta heroica República? La respuesta lógica sería un rotundo no, pero como Felipe Calderón de lógica no entiende nada, entonces la contestación oficial es un terminante sí, porque dicha transición arranca justamente en año electoral (el primer objetivo es el estado de México; el segundo Los Pinos) y, por lo mismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la misma que califica de "esquezofrénicos" a los jóvenes, formará parte activa del cambio tecnológico: con el padrón de Oportunidades en la mano, entregará "apoyos" entre los beneficiarios de ese programa clientelar para que aprovechen el cambio de una tele a otra.

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Centroamérica ante la involución mexicana

A casi dos semanas de la masacre de 72 centro y sudamericanos ocurrida en Tamaulipas, los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana solicitaron a México, en un comunicado conjunto, la instalación de un observatorio de derechos humanos para proteger a los migrantes indocumentados que transitan por nuestro país; la adopción, en el corto plazo, de mecanismos para evitar que se cometan hechos de violencia como los referidos, y el esclarecimiento de esos asesinatos.

El reclamo de estas naciones pone en relieve un gravísimo retroceso en nuestro país. En otras décadas, México se desempeñó como un factor de civilidad, de paz y de respeto a los derechos humanos en Centroamérica; como ejemplos, la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), la conformación del Grupo Contadora, antecesor del Grupo de Río, y las intermediaciones en los procesos de paz de El Salvador y Guatemala. De igual manera, la diplomacia mexicana logró forjar una tradición de asilo y hospitalidad hacia los refugiados, como quedó de manifiesto con la recepción de guatemaltecos en entidades del sureste. Hoy, sin embargo, los gobiernos centroamericanos demandan a las autoridades mexicanas el respeto a las garantías individuales de sus connacionales, y exhiben con ello la incapacidad de nuestro país para hacer cumplir los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física.

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El mito de la cobertura universal del Seguro Popular

Gustavo Leal F. *

Y lo volvió a repetir Felipe Calderón, ahora en el Palacio Nacional, a propósito de su cuarto mensaje de gobierno: "pronto alcanzaremos la cobertura universal". Como la de Fox, la política de "salud" de Calderón y la entera década panista se consumió obsesionada con un mal diseñado mito que surte metas triunfalistas electoreras de afiliación automática. Pero no cura. Tampoco previene, ni rehabilita. No mejora servicios. Y gasta muy mal.

Días antes, el 6 de agosto de 2010, por enésima ocasión, el secretario José Ángel Córdova Villalobos declaró que "con más de 37 millones" de personas afiliadas al Seguro Popular el país "avanza" hacia la meta de cobertura en "beneficio" de 49 millones de personas. También recordó el dicho favorito de su antecesor Julio Frenk: "mientras al IMSS le llevó 15 años, el Seguro Popular la alcanzará antes de ocho años e, incluso, la superará. Estamos a pocos meses de lograr la meta".

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Las sinrazones del poder

Miguel Concha

El fin de semana pasado tuvo lugar en San José, Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Su arbitraria detención y las torturas de las que fueron víctimas, aun cuando sucedieron durante la presidencia priísta de Ernesto Zedillo, constituyeron uno de los primeros hechos que pusieron en evidencia el escaso compromiso del gobierno panista de Vicente Fox en materia de derechos humanos, a pesar de que constituyeron un eje de su retórica inicial. Mediante la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo federal los liberó en 2001, arguyendo "razones humanitarias". Pero como sucedió en otros casos, nunca reconoció su inocencia. Y tampoco revirtió las condiciones que hicieron posibles los hechos: no se investigó ni se sancionó a los militares responsables de la tortura.

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Narcomenudeo en el DF

Bernardo Bátiz V.

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal organizó un oportuno congreso llamado El fenómeno del narcomenudeo, porque es necesario atender localmente, tanto en el ámbito de la procuración de justicia como en el de la impartición de ésta, la venta de último escalón de los estupefacientes, que es la que se hace a los consumidores y adictos.

Desde que, en el primer tercio del siglo pasado, se tipificó en México como delito la producción, transportación y venta de drogas enervantes, se determinó por el Legislativo que la competencia respecto de este ilícito correspondería al ámbito federal. Las procuradurías de las entidades federativas, estados y Distrito Federal actuaron desde entonces tan sólo como coadyuvantes y cualquier persona detenida en posesión de droga, en flagrancia o con motivo de otro delito, se remite a la Procuraduría General de la República.

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En gobiernos panistas, 1 mil disidentes encarcelados

Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Érika Ramírez

Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.

Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.

Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.

También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.

La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.

Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”.

Incapacidad para dialogar

El Reporte sobre la criminalización de la protesta social, elaborado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) –organismo dedicado a la defensoría de los derechos humanos–, indica que, en la confrontación entre movimientos sociales y el Estado, “se están reduciendo las condiciones para las salidas negociadas”.

El documento, coordinado por Pablo Romo Cedano, precisa que el “Estado está cada vez menos dispuesto a hacer concesiones sustantivas a los movimientos sociales; trata de justificar su endurecimiento al calificarlos de extralegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse a través de la presión a ningún tipo de negociación-acuerdo”.

Contrario a ello, “un número significativo de movimientos sociales está cada vez menos dispuesto a ceder frente a la decisión vertical o frente al daño o despojo que sufren”.

Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la protesta social es un derecho que cobra legitimidad ante la incapacidad de cauces institucionales adecuados para la atención de las demandas de los grupos sociales.

“Busca la plena garantía de derechos y permite en última instancia el acceso a la justicia. Esta forma de manifestación social se relaciona como la actuación u omisión del Estado, en situaciones de desigualdad y marginación social y con la impunidad que facilita la violación de derechos humanos”, dice.

Mil detenciones en una década

A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en la década reciente, 1 mil 194 personas han sido sometidas a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social.

Antonio Cerezo Contreras –acusado de terrorismo en 2001, junto con sus hermanos Alejandro y Héctor, por el gobierno federal, sin que éste haya podido comprobar los cargos– dice en entrevista que la criminalización de la protesta social es solamente un aspecto de la conformación del Estado mexicano en un Estado terrorista, al que se le suma la militarización del país y la modificación de leyes que validen el arraigo.

Las mismas estadísticas muestran que, durante el sexenio de Vicente Fox, 2006 fue el año en que más personas fueron aprehendidas. El caso que llevó más luchadores sociales tras las rejas fue el de Atenco, con el movimiento del FPDT. De las listas se destaca que, durante los primeros cinco años de administración, los detenidos por año no rebasaban la decena de personas.

En tanto que los procesados del sexenio de Fox Quesada que continuaban prisioneros hasta hace un mes eran 68; con el ascenso al poder de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra se incrementó en 219 por ciento, al contabilizar 149 detenidos a julio de 2010.

Para Romo Cedano, si bien la criminalización de la protesta social viene desde los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, es evidente que “en los últimos años se han incrementado notablemente este tipo de expresiones de criminalización y judicialización; es decir, entran en un proceso de descalificación social y un proceso judicial que cuesta la vida a quienes permanecen en las cárceles”.

El defensor de derechos humanos resalta el caso de Atenco, en el que más de 200 personas fueron sujetas a un proceso penal en 2006 y 12 continuaron presas hasta el pasado 30 de junio. También destaca el de las indígenas queretanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación. “Éstos no son hechos aislados, responden a una estrategia del gobierno y del Estado para reprimir, soslayar y acabar con la protesta social”.

Gobiernos opresores

Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.

Golpeteo a la sociedad

Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, explica que la “protesta” representa un fenómeno de expresión colectiva, vinculada con la organización y las transformaciones populares y democráticas que enriquecen la vida pública al operar como mecanismo para la transformación y la realización de la justicia social.

La protesta también permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados, fungiendo en última instancia como elemento de la transformación social. Puede definirse como un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda, en general, con referencia directa o indirecta al Estado”.

Al criminalizar, el Estado utiliza una doble estrategia: “Primero, posterga la solución de las demandas sociales buscando el desgaste de los movimientos; luego, permite que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para justificar ante la opinión pública la inexistencia de salidas dialogadas, criminalizando al movimiento social y a sus demandas”, comenta.

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Criminalización de indígenas en México

http://www.youtube.com/watch?v=iaYbjQw-SNA

Foro. La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos - UNAM

Foro. La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos - UNAM

El Comité Cerezo México se honra en invitarle a asistir al Foro La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos que se celebrará los días 13 y 14 de abril de 2010, de las 10:00 am a las 14:00 pm en las salas Ay B de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Campus CU).

Dicho Foro tiene la finalidad de discutir y analizar, a la luz de diversas disciplinas y experiencias, los retos y nuevos objetivos que los defensores de derechos humanos deben de asumir para seguir cumpliendo con su papel en medio de un contexto adverso que se agrava aún más con la criminalización de la protesta social y la militarización del país.

Es por eso que le extendemos esta invitación, pues esperamos contar con su presencia en el evento para que con ésta se amplíe y se enriquezca la discusión que se generará en dicho espacio.

Sin más por el momento, agradecemos la atención prestada.

Foro: La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos

Fechas: 13 y 14 de abril de 2010 (de 10 a 14 horas)
Lugar: Salas Ay B de la Facultad de Filosofía y Letras Campus CU

Martes 13 de abril
10:00-12:00
“El derecho a defender los derechos humanos: riesgos y retos”
Alberto Brunoni, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Cristina Auerbach, defensora de los derechos humanos
Alejandro Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Acuddeh
Modera: Melanie Salgado

12:00-14:00
Mesa 2 “Defensores en riesgo: Casos”
Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Francisco Cerezo, Comité Cerezo México
Modera: Elga Aguilar

Miércoles 14 de abril
10:00-12:00
Mesa 3 “La militarización y sus repercusiones. migrantes y economía”
María José Rodríguez Rejas (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM)
Camilo Pérez Bustillos (Postgrado de Derechos Humanos - UACM)
Alfredo Velarde Saracho (Facultad de Economía - UNAM)
Modera: Antonio Cerezo

12:00-14:00
Mesa 4 “Filosofía, medios de comunicación y defensa del territorio: un análisis de la realidad”
Gabriel Vargas Lozano (Facultad de Filosofía y Letras - UNAM)
Miguel Ángel Granados Chapa, Periodista
Andrés Barreda Marín (Facultad de Economía – UNAM)
Modera: Wendy Rodríguez

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Los aliancistas: su habla misógina

Beatriz Paredes, presidenta del PRI y su homólogo panista César Nava.

Sara Lovera

MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- El escándalo que desató el descubrimiento público de los acuerdos en “lo oscurito” del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI)), para hacerle el camino fácil al candidato del pasado y a sus huestes, me ha parecido exagerado y fatal.

Nadie se escandaliza por el pacto de facto que hicieron para apoyar los cambios constitucionales en 18 entidades del país y dar al traste con la política liberal e histórica sobre el aborto.

A nadie escandaliza como para tener portadas en los diarios sobre el homicidio sistemático de mujeres y el tamaño de la violencia de pareja.

No resultó en escándalo la admisión palmaria que acordaron para dejar a Felipe Calderón en Los Pinos, dueño y señor del neoparamilitarismo que nos acosa desde hace meses.

Y tampoco se levantaron todas las voces, como ahora, contra otras y variadas concesiones, acuerdos, complicidades para callar frente al ominoso caso de la pederastia y la trata de menores y mujeres.

Es evidente que detrás el ropaje del “yo no me di cuenta, hasta que vi el documento firmado”, como tantos ahí mismo en la Secretaría de Gobernación para desaparecer a un sindicato, violar la ley y someter a los detenidos de todos los días o por la sistemática represión de los movimientos sociales, nadie se escandaliza.

También en lo oscurito se arreglaron para organizar el negocio de la fibra óptica, donde estorbaron los trabajadores y las trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricista (SME).

Hay en todo esto un tufo de cinismo histórico de la clase política, donde nadie se salva.

Hay cosas mucho peores que tapan unos a los otros; está claro cómo organizaron entre los dos partidos el ominoso caso del

Fobaproa que todavía estamos pagando con nuestro trabajo y nuestros impuestos.

Pero la discusión que dio lugar a esta calamidad, que nos afecta a las mujeres tremendamente, es que la clara alianza PRI-PAN-jerarquía eclesiástica que nos azota hace ya casi dos años, porque cambiar las constituciones tiene efectos inmediatos, en los que han votado los diputados y la diputadas de Convergencia, Partido del Trabajo (PT), PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hasta uno que otro perredista-socialdemócrata.

El PRI y la señora Beatriz Paredes sonríen, mientras que en Guanajuato se impone un libro de biología que, contrario a la ciencia, al liberalismo y a la verdad, propone a los jóvenes la abstinencia, la virginidad y una pureza ideada en el control de los cuerpos femeninos. Sin contar que quemaron los libros oficiales, como en la época de los personeros del gran capital en Nuevo León, donde hicieron lo mismo.

Lo que realmente es un escándalo son las palabras. Según la Guía sobre el lenguaje sexista, armada por la Federación de Mujeres Progresistas de España, el lenguaje es la expresión del pensamiento, el mismo que impulsa a actuar. Esto es, se actúa de forma sexista, a pesar de todos los discursos igualitarios para emancipar a las mujeres. Estos hombres del poder se descubren, son totalmente elementales.

Doña Beatriz Paredes afirmó, frente a esa plebe insultante que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que se trata de “conflictos artificiales”. Cosas que, dice, “desprestigian a la clase política y al liderazgo”; ¿a qué se referirá esta dirigente que echó por tierra su propia historia?

Peor aún el diputado economista, que otrora era una fuente confiable, porque cuando joven analizaba, me refiero al señor Oscar Levín, que consideró a la alianza como algo pervertido “casi gay”, y lo dijo en la semana que en este país se consiguió como un adelanto loable que en el Distrito Federal pudieran acceder al matrimonio parejas del mismo sexo, dando un paso libertario adelante. Los gay no se quedan en las mazmorras de la indignidad que caracterizó a los priistas retrógrados.

Pero lo que es una verdadera perla, que lo descubre a los ojos de toda la nación, fue la frase pensada --lo veía tartamudear en las imágenes de la televisión--, esa que espetó el señor senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista, aspirante al poder; la alianza ¿será? “una acostadita sin compromiso”. Es decir, de vulgar a sexista y pasado de moda.
No cabe duda que Gustavo Madero del PAN hablaba de un acuerdo pasajero, donde no cabe la idea del matrimonio, esa institución que Dios bendice y condena a la pareja a no separarse sino hasta la muerte.

Realmente estas frases, algunas repetidas y hasta analizadas por los “politólogos” de papel, son formas que hablan del fondo, como decía don Jesús Reyes Heroles al comentar que en política, tal como se actúa y expresa cada quien, es en realidad lo que lo mueve de fondo.

Pero esta discusión ha descubierto completamente el juego insulso de la dirigencia formal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los que tienen título de izquierda. Hablo del senador Carlos Navarrete, cuando dice que juntarse con el PAN y con el PRI para detentar el poder en algunas entidades del país, no es otra cosa que una de “utilidad práctica, no estratégica, ni de principios”. ¡Qué barbaridad!

La izquierda y sus satélites, Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), son prácticos y sin principios, cuando no se dan cuenta a la hora de votar en los Congresos locales para criminalizar el aborto; los mismos que conocen la cuenta de las crueldades contra las mujeres sin inmutarse y solamente las dejan pasar. Se pretende sumar al reparto de los presupuestos (botín le llaman algunos columnistas), con una simpleza de pensamiento que también habla de sus adentros, como dice la guía de las Mujeres Progresistas.

¿Principios? ¿Qué es eso?, al menos para el senador Navarrete, son cosa poco útil, innecesaria. Olvidó que el PAN es exactamente todo lo contrario de lo que espera una sociedad hambrienta de democracia y progreso.

Evidentemente que estamos en el peor momento de la política y donde puede olvidarse que al menos no quedó clara la elección presidencial de 2006; está claro que los panistas son tan o más corruptos que toda la historia del otrora partido de Estado y que esa clase ha sido la directamente beneficiaria de la extenuante jornada de trabajo de miles y miles de mujeres en las empresas maquiladoras de exportación; se tapan ojos y oídos sobre la impunidad y se sientan en la mesa de las peores personas a compartir el pan y la sal. Total, es simplemente de “utilidad práctica”.

La vergüenza nos sigue llenando el cuerpo y el espíritu. Lamentablemente no tenemos opciones partidarias ni posibilidades de que en los lugares donde deben debatirse los grandes asuntos de Estado y sobre el progreso de la nación, la bancada senatorial y la de la popular Cámara se Diputados, se han convertido en espacios siniestros, en que el poder y el dinero, características fundamentales del patriarcado, se yerguen para intentar asentar sus reales, sin miramientos y sin historicidad.

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

Ejecutan a la activista Josefina Reyes

Ejecutan en Ciudad Juárez a la activista Josefina Reyes

El Agora

Una de las personas asesinadas en esta frontera el fin de semana es la señora Josefina Reyes, luchadora social de la zona agrícola del Valle de Juárez que encabezó movimientos contra de la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas federales.
Cipriana Jurado y Gero Fong, miembros de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil, dieron a conocer que en el verano del año pasado, con una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, se dio a conocer la activista en esta frontera, ya que exigió la aparición de su hijo, levantado por el Ejército.
Jurado, quien también fue reprimida y detenida el año pasado por encabezar protestas, dijo que otro de los hijos de Josefina Reyes fue una de las más de 4 mil víctimas caídas en esta región, ya que lo mataron en El Valle de Juárez, después de la llegada del Ejército y la militarización de la sociedad.
Apenas en agosto de 2009, Josefina Reyes participó en el Foro contra la Militarización y la Represión, organizado por el Frente Nacional Contra la Represión.
Gero Fong, otro de los activistas, dijo que días después de la realización del mencionado foro, y su secuencia la Marcha contra la militarización y la represión, por la paz y por el respeto a los derechos humanos, él dio a conocer de la intimidación del Ejército a los participantes en el foro y en la marcha el día 21 de agosto, ya que un comando del Ejército secuestró al amparo de la noche a varios habitantes del poblado de Guadalupe en el Valle de Juárez, entre ellos a Miguel Ángel Reyes Salazar, hijo de Josefina.
“Dos días después de la Marcha, un comando militar sitió la privada (cerrada) del domicilio de Fong, con un despliegue de fuego y elementos dignos de un asalto militar para detenerlo”, dijo el activista.
Cipriana Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, estuvo en huelga de hambre con Josefina Reyes para exigir la aparición de su hijo. A esta activista la mataron el domingo en la tarde varios hombres, afuera de un negocio de barbacoa en el ejido El Sauzal.
Actualmente la propia Cipriana está denunciando el acoso y la intimidación por parte del Ejército a ella y a defensores de derechos humanos que siguen el caso de la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Ambos casos documentados por Amnistía Internacional, en los que se implica al Ejército en Nuevos Informes de Violaciones de derechos humanos a manos del Ejército.
Gustavo de la Rosa Hickerson, Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se encuentra refugiado en la vecina ciudad El Paso, Texas, porque fue amenazado por el Ejército mexicano, dijo vía telefónica que “es un hecho lamentable el crimen de Josefina Reyes” y externó su preocupación por los atentados que han sufrido los defensores de los derechos humanos que se suma a los casos fatales sucedidos en el estado de Chihuahua, tres de ellos en Nuevo Casas Grandes durante 2009.
Dijo que inició la gestión ante todas las autoridades competentes y organizaciones de Derechos humanos para garantizar el ejercicio de los Defensores de Derechos Humanos como Cipriana Jurado y otros dos compañeros de ella, ya que han notado signos de tentativa de amedrentamiento por parte de los oficiales del Ejército, en el trámite de algunas averiguaciones previas ante el ministerio público militar, donde aparecen como probables responsables miembros del Ejército.

Asesinan A Josefina Reyes Denunciante De Abusos De Militares Y Policias En Cd Juarez 05/01/2010

http://www.youtube.com/watch?v=g--sOdbGk10

Medio ambiente: entre depredación y persecución

Los insistentes llamados a defender el medio ambiente formulados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el contexto de la 15 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhage, Dinamarca, guardan poca o ninguna relación con la circunstancia que en esa materia se vive en el país.
A la contaminación de aire, agua y cielo, y la sobrexplotación de recursos naturales practicada en distintos puntos del territorio nacional, se suman la indefensión y la persecución que enfrentan los defensores del medio ambiente. Tan sólo en el año que hoy concluye fueron asesinados cinco luchadores ambientalistas –otros han sido objeto de atentados–; a ello debe añadirse el constante hostigamiento que enfrentan estos activistas, como ha quedado de manifiesto con el acoso judicial en contra de un grupo de habitantes del poblado de La Gloria, en el municipio de Perote, Veracruz, que denunciaron la contaminación generada por los criaderos de cerdos de la trasnacional Granjas Carroll.
La criminalización de estas expresiones de protesta social y la represión aplicada a quienes reivindican el derecho a un medio ambiente sano y a que sus comunidades no sean despojadas de sus recursos son consecuencias de la aplicación de la actual política oficial en materia ambiental, la cual subordina la protección de los ecosistemas a los intereses comerciales e industriales privados, tanto nacionales como foráneos.
Desde hace más de dos décadas, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado el abaratamiento de la mano de obra y la aplicación de legislaciones laxas en materia ambiental como dos de las ventajas comparativas del país para competir en el mercado internacional. En el sexenio pasado, una porción de las inversiones foráneas, particularmente la integrada por la industria maquiladora, emigró a países como China e India –en los que el costo de la mano de obra es aún menor que en México–, con la expectativa de obtener más amplios márgenes de ganancia. Según puede verse, ello ha derivado en que el gobierno federal opte, como medidas para atraer y retener capitales extranjeros, por otorgar a los grandes consorcios internacionales un amplio margen de maniobra para la devastación ambiental, por claudicar en la defensa del medio, y por alinearse, en suma, con los intereses privados en perjuicio del equilibrio ecológico y de la vida de comunidades enteras, en su mayoría integradas por campesinos pobres e indígenas.
Al día de hoy, para que el compromiso discursivo de las autoridades en materia ambiental cobre verosimilitud y congruencia, éstas deben darse a la tarea de corregir los efectos de una ideología que privilegia la ganancia monetaria por sobre toda otra consideración –incluidas la viabilidad y la supervivencia de la especie–; de frenar el avance de proyectos que conllevan severas afectaciones para los ecosistemas en que se desarrollan –megacontrucciones carreteras, presas hidroeléctricas, crecimiento irracional de asentamientos urbanos y devastación deliberada de los entornos agrícolas, entre otros–, y de suspender el hostigamiento criminal que se ejerce en contra de los activistas ambientales
Fuente: La jornada

Iglesia, empresarios y PAN, detrás de la campaña antiaborto: Marta Lamas

Regina Martínez

JALAPA, Ver., 10 de diciembre (apro).- La escritora y feminista, Martha Lamas, afirmó que el gobernador Fidel Hererra Beltrán y la dirigencia de su partido, el PRI, pactaron por intereses políticos una legislación antiaborto en la entidad, y, contrario a sus principios ideológicos, dijo, “se sumaron a la campaña impulsada por el PAN, grupos empresariales y la Iglesia católica”.
A través de este pacto, señaló la también colaboradora de Proceso, “se busca echar abajo la ley que permite el aborto en las primeras 12 semanas de gestación”, vigente en el Distrito Federal, y evitar así que esta legislación se aplique en otros estados.
Al participar en un foro sobre Comunicación y Educación, realizado en el área de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV), Lamas calificó como “una barbaridad y una vergüenza” que el gobernador Fidel Herrera Beltrán haya hecho “el numerito” con los diputados priístas.
Y es que en el caso del PAN, apuntó, “ya sabemos que traen ese caballito de batalla”.
Dijo que la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso local, con la que se penaliza hasta con tres años de cárcel a los médicos que asistan a las mujeres para interrumpir un embarazo, “obedece a intereses entre la política y la religión”.
Lamas, quien desde la década de los setenta del siglo pasado ha luchado por los derechos de la mujer, afirmó que en el Distrito Federal se dice que “Fidel Herrera pactó con César Nava (presidente del PAN) un chorro de dinero para proyectos de su gobierno en Coatzacoalcos”.

La también directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), consideró que este tipo de casos “han sido arreglitos para avalar las legislaciones antiaborto” en las entidades donde han sido aprobadas éstas reformas, como es el caso de Veracruz.
Además, Lamas dijo que “el tradicionalismo y las convicciones religiosas siempre presentes en el PAN, han hecho que los miembros de ese partido propongan leyes y acciones con base en sus conceptos morales, no en torno a las necesidades sociales y jurídicas” de la población.
Por ello, añadió, la decisión de penalizar el aborto en Veracruz “no es sorpresa”, ya que, dijo, se debe a arreglos políticos o económicos entre el PRI y el PAN.
Por ello, Lamas calificó como “vergonzosa” la postura de Herrera Beltrán y de algunos diputados locales.
Afirmó que, debido a la mancuerna PRI-PAN para impulsar este tipo de legislaciones, como ocurrió en Veracruz con las adiciones al artículo cuarto de la Constitución local y el primero de la Carta Magna federal, “los diputados y senadores ya se preparan para llevar el tema a debate en el Congreso de la Unión”.
Lamas explicó que en la ciudad de México se aprobó la ley para permitir la interrupción del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación, “después de una lucha de 36 años”. Añadió que en los años setenta y ochenta del siglo pasado las feministas “sentíamos que el aborto era nuestro tema, y luego nos dimos cuenta que era genial que muchos investigadores lo tomaran y hubiera gente preocupada por eso”.
Indicó que, en el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que se aprobó en 2007, se trató de un proceso gradual que se inició en 1931, al establecerse en el Código Penal que no sería delito cuando fuera accidental, por violación o por peligro de muerte.
Luego, dijo, se promovió un recurso de anticonstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó en agosto de 2008, y a partir de ahí, “empezó la oleada para reformar las constituciones locales”.
Ante ello, Lamas dijo que los veracruzanos deben “castigar” con su voto a Herrera Beltrán en las próximas elecciones locales, “por el tremendo número que hizo al criminalizar el aborto”.

Gobierno hostiga a defensores de derechos humanos

En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios.

Nancy Flores

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.
Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.
Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.
Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.
A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.
En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales).
Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.
Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.
Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.
Proyectos de inversión, detrás del acoso
En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.
Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.
Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.
Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.
Conflictos mineros
De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.
El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.
Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.
Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.
Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.
Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.
“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.
Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).
Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto ­­–llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.
Criminalización de la protesta
A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.
Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

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