Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales

Pemex sacó del país más de 1 billón 200 mil millones de pesos a través del Grupo PMI: 10 empresas privadas de la paraestatal, constituidas y operadas con recursos públicos en el extranjero, algunas de ellas en paraísos fiscales. El monto –revelado por la Auditoría Superior de la Federación– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total de la petrolera. El dinero no se puede considerar parte de las finanzas públicas de México, según el director Juan José Suárez Coppel.

Nancy Flores

Petróleos Mexicanos (Pemex) envió al extranjero, e incluso a paraísos fiscales, 1 billón 212 mil 227 millones de pesos en 2010, revela el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de ese ejercicio, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.

La salida del multimillonario capital –que se habría realizado a través de inversiones, transferencias financieras y compra-venta de productos petrolíferos– implica al Grupo PMI: 10 empresas privadas que la paraestatal creó en el extranjero a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, y que a nombre de ésta comercializan el petróleo y sus derivados y contratan deuda en los mercados internacionales.

El monto –al que se hace referencia sólo una vez en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T4I-02-0740, como “universo seleccionado”– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total que la paraestatal publicó el 28 de febrero pasado en su Reporte de resultados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2011, por 1 billón 728 mil 213 millones de pesos.

Del informe de la Auditoría Superior se desprende que los recursos se habrían manejado en cuentas bancarias “particulares” de las empresas “privadas no paraestatales” PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España, SRL; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Services, BV. Todas ellas propiedad directa o indirecta de Pemex y bajo la coordinación de su filial PMI Comercio Internacional.

El billón de pesos implicaría operaciones de ventas de petróleo, costos de ventas, compras de insumos (por ejemplo, de las gasolinas que se importan a México), inversiones en el extranjero, dividendos cobrados, inversiones con instituciones financieras, obligaciones fiscales, participación en resultados de las inversiones en el extranjero, costos asociados, capital social, utilidades generadas por los accionistas, intereses ganados por inversiones, dividendos pagados, intereses ganados de préstamos realizados entre las propias compañías PMI, gastos de administración y de venta, flujo de efectivo y contratación de créditos.

La triangulación del dinero

La ruta del dinero trazada por la paraestatal tiene su origen en México: de aquí salen los recursos económicos (para inversiones, transferencias, adquisiciones y pagos) y en especie (los petrolíferos que se comercializan en el extranjero). Y su destino va desde los paraísos fiscales de Islas Caimán, Irlanda y Holanda, hasta Inglaterra, España, India, China, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente.

La conexión con los primeros dos paraísos fiscales se realiza a través de una onceava “empresa privada”, propiedad de la paraestatal: Pemex Finance, Ltd, constituida el 18 de noviembre de 1998 en Islas Caimán y que contrata deuda en los mercados internacionales. Sus adeudos los respalda con las cuentas por cobrar por la venta en el extranjero del petróleo mexicano. Esta compañía se relaciona comercialmente con PMI Services y PMI Holdings –ambas con sede en Holanda– y PMI Nortemérica, radicada en México.

Además de asentarse en territorios con leyes fiscales muy laxas, las tres primeras empresas no paraestatales tienen como característica en común que son sociedades unimembres, sin oficinas ni empleados (un esquema empresarial similar al que recurren trasnacionales para evadir impuestos y lavar dinero, de acuerdo con el instituto Global Financial Integrity). PMI Norteamérica tampoco tiene empleados y sus oficinas se localizan en la Torre de Pemex y en Estados Unidos.

Para operar ese billón de pesos, la paraestatal habría recurrido a la triangulación de recursos. PMI Services y Pemex Finance son “clientes designados” de la subsidiaria PMI Comercio Internacional, y como tales tienen la capacidad para negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira. Ambas se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros (como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc), pero también a PMI Norteamérica.

Ello, porque “el 1 de diciembre de 1998 PMI Comercio Internacional celebró con Pemex Finance, PMI Services y [la subsidiaria] Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”. En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.

Además, la relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.

Para estos fines, la caimanera Pemex Finance, la holandesa PMI Holdings y PMI Comercio Internacional comparten la titularidad de una cuenta bancaria collection account, donde se depositan todos los pagos de los clientes del petróleo mexicano.

Aunado a ello, la labor de PMI Services consiste en prestar servicios a Pemex Finance en la selección de las cuentas por cobrar presentes y futuras, como parte del mecanismo del programa de financiamiento estructurado de esa última, revela la auditoría. En 2010, PMI Services “presentó una utilidad neta de 709 mil dólares, equivalentes a 8 millones 765 mil pesos, superior en 31.3 por ciento comparado con 2009, originado por el margen que cobra por esos servicios”.

Parte del dinero también habría alcanzado a Irlanda, a través de PMI Trading y PMI Marine. El vínculo más relevante en estos se establece con la primera compañía, constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos en ese paraíso fiscal, desde donde se ejecutan todas las importaciones de gasolina y productos petrolíferos a México, por ejemplo.

En 2010 estas operaciones ascendieron a 299 mil 754 millones de pesos. Pero en este sexenio, el dinero que habrá pasado por esa “no paraestatal” sumará 1 billón 700 mil millones de pesos: 237 mil 132 millones en 2007; 328 mil 636 millones en 2008; 197 mil 484 millones en 2009; y 286 mil 34 millones en 2011, de acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011). Además se espera que en 2012 se gasten otros 280 mil millones de pesos por importaciones.

A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, PMI Trading también ejecuta todas las exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación. Esto, porque firmó un contrato con la subsidiaria para la compra-venta, en el cual la segunda se obliga a vender a la primera la totalidad de los productos disponibles para la exportación.

No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociadora, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.

Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; como también en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.

Los otros países

Otros territorios involucrados en el manejo del billón de pesos en 2010 son Inglaterra, donde radica PMI Services Europe; España, sede de PMI Holdings Petróleos España y Pemex Internacional España; Estados Unidos, que alberga a PMI Services North America y PMI Holdings North America.

En Estados Unidos, además, se realizaron transacciones de compra-venta de productos petrolíferos. Al igual que en la India, China, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente, naciones consideradas entre los principales clientes del petróleo mexicano.

El sistema financiero internacional

Para mover poco más de 1 billón 212 mil millones de pesos al margen del presupuesto público en ese ejercicio, la paraestatal no actuó sólo a través de sus empresas “privadas” extranjeras, también involucró al sistema financiero internacional. Y el JP Morgan Chase Bank fue una de las instituciones más importantes para Pemex y el Grupo PMI en este intrincado esquema.

En diciembre de 2010, correspondiente a la Cuenta Pública fiscalizada por la Auditoría Superior, siete de las 10 compañías PMI suscribieron un acuerdo para crear una tesorería centralizada, que quedó en poder de la holandesa PMI Holdings. Ésta creó varias cuentas de cheques en dólares en el JP Morgan, con sede en Nueva York para tal propósito.

La bolsa centralizada involucra a las tenedoras de acciones PMI Holdings Petróleos España y PMI Holdings; a dos comercializadoras, PMI Norteamérica y PMI Trading; y tres prestadoras de servicios, PMI Services North America, PMI Holdings North America y PMI Services.

En su informe, la Auditoría Superior revela que la filial “PMI Comercio Internacional mencionó que, en un principio, se había sugerido la posibilidad de que cualquiera de las compañías PMI Comercio Internacional o PMI Holdings desempeñara las actividades de tesorero del proyecto. Sin embargo, concluyeron que la indicada sería PMI Holdings, por tener el carácter de empresa privada extranjera, a la que no le resultarían aplicables las disposiciones legales mexicanas, en virtud del principio de extraterritorialidad de las leyes y, por lo tanto, gozaría de una mayor flexibilidad para desempeñar las funciones y propósitos que perseguía la tesorería centralizada; por el contrario, en el caso de que se hubiera decidido que fuera PMI Comercio Internacional, ésta estaría sujeta a los preceptos normativos que regulan la actuación de cualquier entidad paraestatal”.

Los objetivos del proyecto también conocido como In-house bank son: el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros que tuvieran disponibles las empresas del Grupo PMI, mediante los diferenciales entre las tasas activas y pasivas; la utilización de recursos internos en la expansión e inversiones en activos fijos y nuevos negocios a futuro por parte de PMI Holdings; mayor control en el efectivo de las empresas del Grupo PMI; recuperación de las pérdidas fiscales reportadas al cierre de 2009 por PMI Holdings; y menor cobro de comisiones por operaciones de cuentas bancarias.

De acuerdo con el informe de auditoría, la filial PMI Comercio Internacional eligió para este proyecto a JP Morgan. A mediados de febrero pasado, la Comisión del Mercado de Valores de Canadá demandó a esta institución financiera junto con otras cinco (Citigroup; Deutsche Bank; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC; Royal Bank of Scotland, y UBS) por la presunta manipulación del índice Líbor.

Según la autoridad canadiense, para maximizar sus beneficios estos seis bancos habrían alterado de manera “artificial e ilegal” el tipo de interés del mercado interbancario de Londres, utilizado como referente internacional en materia de préstamos.

Antes del proyecto de la tesorería centralizada, el JP Morgan Chase Bank ya participaba de algunos movimientos financieros del Grupo PMI. En esa institución, PMI Norteamérica tenía una de sus tres cuentas de cheques en dólares (las otras dos, en el Scotiabank Inverlat y en el BBVA Bancomer). Esta compañía privada, constituida con recursos públicos por la paraestatal, también habría hecho inversiones time deposit en el Bank of Tokyo Mitsubishi, el Bayerische Landesbank y el Standard & Chartered Bank.

Además, el Grupo PMI habría recurrido al Bank of New York Mellon, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho y Santander, instituciones a las que Pemex y sus subsidiarias recurren para sus operaciones en el extranjero, de acuerdo con la respuesta a la solicitud ciudadana de información 1857200095509.

Privatización del erario

Aunque su origen son las arcas públicas de la paraestatal, los recursos pierden su carácter de patrimonio nacional una vez que se encuentran en el exterior. Y es que, a decir del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, éstos forman parte de la bolsa privada de PMI.

Leer articulo completo AQUI.

Salen 6.8 billones de México y se lavan en paraísos fiscales

Open publication - Free publishing

Cada año, desde que el PAN asumió el poder en 2001, más de 49 mil millones de dólares salen del país de manera ilícita. Los recursos son lavados en paraísos fiscales y tienen como destino final Estados Unidos y Europa, señala un informe de Global Financial Integrity. También revela que el dinero pasa a corporaciones multinacionales mediante la facturación fraudulenta. En los gobiernos de Fox y Calderón, la fuga ascendería a más de 530 mil millones de dólares, el mismo monto que el Fondo Monetario Internacional necesita para tratar de revertir la crisis económica mundial. La cifra, sin embargo, es “conservadora”, pues no incluye el dinero efectivo. México, junto con China y Rusia, a la cabeza de los países con mayor flujo de recursos financieros ilícitos

Elva Mendoza

Multinacionales y empresas criminales han sacado de México alrededor de 872 mil millones de dólares de manera ilícita en 40 años. De éstos, más de 441 mil millones, el 50.5 por ciento, se fugaron entre 2001 y 2010. A pesar de que el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa asegura combatir los delitos del crimen organizado, en 2011 habrían salido otros 49 mil millones de dólares, según las tendencias detectadas por el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida.

Así, en 11 años de gobiernos panistas, la fuga ilícita de capitales asciende a 539 mil millones de dólares, el mismo monto que el Fondo Monetario Internacional necesita para tratar de revertir la crisis económica mundial, según se dio a conocer a mediados de enero de 2012.

El monto, que asciende a 6 billones 845 mil 300 millones de pesos (a un tipo de cambio de 12.7 pesos por dólar, registrado por el Servicio de Administración Tributaria el 7 de febrero pasado), es casi dos veces el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (3 billones 706 mil 922 millones de pesos).

Elaborado por Global Financial Integrity (GFI) –centro de investigación sin fines de lucro con sede en Washington–, el exhaustivo análisis revela que Estados Unidos, los paraísos fiscales en el Caribe y los de Europa han sido los tres principales destinos del dinero.

Los flujos ilícitos se incrementaron “de manera explosiva” durante los últimos 10 años, demuestra el estudio. De un promedio anual de 3 mil millones de dólares en la década de 1970; 10 mil millones de dólares, en la de 1980; 17 mil millones, en la de 1990; se pasó a 49 mil millones de dólares anuales, de 2001 a 2010.

Esto significa que el flujo financiero ilícito se incrementó bajo los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, con un promedio anual de 49 mil millones de dólares desde que, en 2001, el Partido Acción Nacional asumió el poder.

Pese a ello, Raymond W Baker, director de GFI, indica en entrevista para Contralínea que el aumento en el flujo no se podría atribuir a cuestiones políticas. “No sabemos si realmente esto se deba a una influencia política o solamente a un incremento en el comercio. En algunos países sí puede haber un cierto vínculo más claro, pero no nos metemos tanto en eso”.

José Luis Marmolejo, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República hasta 2008, coincide con Baker: “No es exclusivo de un gobierno. No podemos echarle la culpa a los gobiernos”.

El exfiscal asegura que el problema corresponde a una falla legislativa, puesto que aún está en proceso de aprobación la ley para prevenir y sancionar el lavado de dinero.

La investigación México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida mide y rastrea la cantidad de dinero ilícito que abandonó el país de manera ilegal en 41 años, de 1970 a 2010. Tal como lo señala la organización, se considera que el dinero es ilícito si su origen, destino o movimiento es ilegal. “Si hay un elemento de ilegalidad, aunque sea uno, en todo el proceso, se considera ilícito”, explica Raymond W Baker.
Empresas multinacionales

A través de la facturación fraudulenta ha salido secretamente el 74 por ciento del capital ilícito entre 1970 y 2010, asegura el informe elaborado por Dev Kar, economista principal de GFI y quien trabajó como economista en jefe para el Fondo Monetario Internacional.

Las corporaciones multinacionales, y en un grado menor, los negocios mexicanos, son quienes, de acuerdo con Baker, llevan a cabo operaciones que hacen uso de la facturación fraudulenta.

Ésta, implica la asignación de precios equívocos, sean éstos sobreprecios de bienes importados o subprecios de productos exportados.

Para participar en la facturación fraudulenta, una forma del lavado de dinero de acuerdo con datos del GFI, individuo debe tener el capital y la oportunidad de ser parte del comercio internacional, por lo que se asume que sólo envían dinero al extranjero los particulares con un elevado patrimonio y no la población en general.

“La manipulación deliberada de las facturas de importaciones y exportaciones es uno de los métodos predominantes para sacar capital ilícito de los países”, señala el documento.

GFI estima que en las últimas dos décadas, particularmente desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la mayor parte del dinero ilícito se obtiene a través de este mecanismo.

El TLCAN liberalizó el comercio y al mismo tiempo dio la oportunidad de asignar un precio erróneo a los bienes comerciados, porque ningún país acompañó el acuerdo con mecanismos para evaluar y controlar los precios de transferencia abusivos de las empresas multinacionales o la facturación fraudulenta entre socios comerciales.

Aunque el experto carece de datos para señalar sectores específicos, supone que el incremento de las corporaciones de manufactura ya establecidas en el país han contribuido en gran medida a estos precios erróneos que van de México hacia Estados Unidos.

Para Baker, la facturación fraudulenta no siempre supone corrupción de las autoridades: “Uno puede salirse con la suya poniendo un precio más bajo en un 10 o 15 por ciento a todo lo que se exporta y es algo que es prácticamente indetectable; quizá ni el contador de la compañía local logre detectarlo. Así que no necesariamente se presupone una complicidad de las autoridades mexicanas”.

Sin que la facturación fraudulenta sea un fenómeno exclusivo del país México, GFI colocó a México en el tercer sitio en flujos financieros ilícitos, después de China y Rusia.

Paraísos fiscales y banca

El dinero, tanto lícito como ilícito que año con año sale de México, tuvo como destino principal Estados Unidos; en segundo lugar, los paraísos fiscales del Caribe; en tercer lugar, los paraísos europeos, y en cuarto sitio al grupo de bancos de países europeos desarrollados.

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos es, por mucho, el destino favorito de los depósitos tanto lícitos como ilícitos del sector privado mexicano en cuentas corrientes. Calcula que los depósitos del sector privado han pasado de 8 mil millones de dólares a 12 mil 700 millones de dólares, entre 2002 y 2010.

Baker atribuye el hecho de que el dinero vaya a Estados Unidos a que México es la única nación emergente que tiene frontera con una “democracia industrializada”, hasta el punto en que es comprensible que el capital fluya en ambas direcciones a lo largo de la línea divisoria internacional.

El segundo destino más apreciado de los depósitos del sector privado mexicano son, conforme los datos de GFI, una serie de centros financieros extraterritoriales del Caribe, conocidos como paraísos fiscales: las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Neerlandesas. Los depósitos del sector privado mexicano pasaron de los 2 mil 700 millones de dólares en 2002, a 5 mil millones, en 2010.

Los centros financieros extraterritoriales europeos, como el Bailiazgo de Guernsey (Canal de la Mancha, al Norte de las costas de Normandía, Francia) la Isla de Man, el Bailiazgo de Jersey (también al norte de las costas de Normandía) Luxemburgo y Suiza, son el tercer destino de los depósitos del sector privado mexicano. Ahí, éstos depósitos se incrementaron de 2 mil 200 millones de dólares en 2002, a 3 mil 400 millones en 2010, tras alcanzar un máximo de casi 5 mil millones, en 2007.

El siguiente foco de absorción es el grupo de bancos de países europeos desarrollados como Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros. Los depósitos se multiplicaron por más del doble, de 1 mil 200 millones de dólares en 2002, a 3 mil millones, en 2010.

Sobre los paraísos, Baker refiere que facilitan mucho las transacciones y hacen fluido el proceso, pues están dispuestos a recibir el dinero, a encubrirlo y a transferirlo a otros puntos del mundo. “Se puede montar una corporación en un paraíso fiscal y nadie sabrá quién es el dueño”.

Lo más importante que ofrecen éstos, indica, es la confidencialidad, la capacidad de que tu dinero permanezca en el anonimato.

Para erradicarlos, en palabras de Baker, los gobiernos no han hecho lo suficiente. “Y para ser completamente honesto, existen en gran medida con la aprobación, con la venia de los países ricos porque proporcionan un lugar de semilavado de dinero”.

Explica que aunque hay mucha presión sobre los paraísos para que se vuelvan más transparentes, para que firmen acuerdos sobre intercambios de información fiscal, el proceso es complejo porque depende de que un país le haga la solicitud al otro. Si México tratara de averiguar quién ha mandado el dinero, quién lo ha transferido a los paraísos fiscales, tendría que tener una idea muy clara de qué es lo que está buscando específicamente antes de hacer la solicitud y cuando llega ésta al paraíso fiscal, éste podría negarse.

El exfiscal José Luis Marmolejo señala que “si no sabes cómo pedir la información, no la vas a obtener”.

Ante la pregunta de cuál sería la responsabilidad de Estados Unidos, Baker responde que desde la década de 1970, México le ha solicitado al Departamento del Tesoro que le conceda acceso a los mismos mecanismos para el intercambio automático de información fiscal que existen entre Estados Unidos y Canadá, y la petición no ha sido aprobada. “Esto no deja en un muy buen papel a Estados Unidos”.

En opinión del economista, la negativa se debe a que a los estadunidenses “nos gusta el dinero; así de burdo como pueda sonar”.

Por el contrario, Marmolejo asegura que sí existe un intercambio a través de las autoridades hacendarias, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene acuerdos con los países integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Cifras conservadoras

Global Financial Integrity califica a los más de 800 mil millones de dólares que han salido ilegalmente de México, en 40 años, como conservadora, puesto que las transacciones del tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de bienes, el comercio sexual y otras actividades ilícitas suelen liquidarse en efectivo, y los modelos utilizados no las pueden detectar.

Aun así, para Raymond W Baker, director de GFI, la cifra “es una pérdida devastadora y altísima para cualquier país en vías de desarrollo. Se han perdido 872 mil millones de dólares, los cuales pudieron ser utilizados para desarrollar la economía mexicana, para construir escuelas, carreteras, hospitales, para ofrecerle más servicios a la población. Las consecuencias negativas son enormes para todos los mexicanos”.

Como se señala en el documento elaborado por GFI, en la última década, las transferencias internacionales de capital ilícito representaron más del 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), “una cantidad estratosférica”.

Los flujos ilícitos como porcentaje del PIB se incrementaron del 3.8 por ciento en la década de 1960; 6.1 por ciento, en la de 1980; 4.8 por ciento durante 1990, a una media anual del 6.1por ciento del PIB en la última década, superior al ritmo de crecimiento económico.

De continuar en aumento el flujo de dinero ilícito, indica Baker, se prevé un debilitamiento de la economía nacional, menor acceso a los servicios y menores ingresos para la población.

“He visto a gente que está a la cabeza de negocios importantes y al final del año reúnen a sus empleados y les dicen que ha sido un año duro, que el precio de las importaciones se ha incrementado, que no ha podido elevar los precios de sus productos, que no les puede aumentar el salario, ni darles mayores prestaciones . En el inter, esos directores depositan medio millón de dólares al año en su cuenta de Miami; esto lo he visto en todo el mundo en desarrollo”, expresa, con ironía, Baker, quien antes de dirigir GFI trabajó en el mundo de los negocios durante 35 años.

De acuerdo con José Luis Marmolejo, las consecuencias de los flujos son unas finanzas insanas producto de la economía basada en dinero generado a través de actividades ilícitas.

GFI revela que los flujos ilícitos fueron los propulsores de la economía sumergida, la cual incluye, entre otros, el contrabando de drogas, el tráfico de armas y de personas.

Tanto la economía sumergida como los flujos ilícitos continuarán creciendo a una tasa acelerada a menos que se tomen políticas o haya una intervención de las instituciones, advierte Dev Kar.
Mala gobernanza

Algunos economistas, indica el estudio, asocian un volumen elevado de flujos salientes con problemas de gobernanza, mala gestión económica, inestabilidad política y otros males.

No obstante, en opinión de Baker, habría que preguntarse por qué en un país como Estados Unidos, “con tan buena gobernabilidad”, la gente también saca su dinero. “Lo hace porque quieren acumular riqueza de manera ilícita, clandestina, transferir fondos de donde tienen visibilidad a donde no la tienen”.

A decir de Baker y de Marmolejo, existen dos razones para sacar el dinero ilícito al extranjero. En primer lugar, para quitarle visibilidad y en segundo, para limpiarlo o legitimarlo.

Además, GFI encuentra una relación estrecha entre el aumento de los flujos ilícitos y seis crisis macroeconómicas en México: la crisis del petróleo, de 1973; la de la balanza de pagos, de 1976; la de la deuda, de 1982; la del petróleo, de 1986; la del peso, de 1994, y la económica mundial, de 2007.

Recomendaciones

GFI recomienda al gobierno mexicano adoptar políticas macroeconómicas para frenar los flujos ilícitos, solucionar los problemas estructurales y problemas relacionados con la gobernanza para reducir los flujos ilícitos e impactar positivamente en la disminución de la corrupción y de la actividad criminal en el país.

La consecuencia lógica del freno, refiere GFI, sería el fortalecimiento de la economía mexicana que es muy importante para la seguridad y para el interés de Estados Unidos y México.

Al referirse a los planteamientos de GFI para reducir los flujos ilícitos de dinero, Baker explica a Contralínea que es necesario el intercambio automático de información fiscal de México con Estados Unidos y Europa.

“La Unión Europea ha dicho que estaría preparada para poner esta información al servicio de los países con mercados emergentes que la soliciten esa información, así que el primer paso sería que México presionara con mucha fuerza para que se diera este intercambio.”

Se recomienda a México tomar medidas para frenar la asignación de precios; por ejemplo, hacer uso de la información sobre el comercio mundial que está disponible para verificar cuáles son los precios de importación y exportación.

Hacer obligatoria para las partes que participen en la venta trasnacional de bienes y servicios la firma de una declaración de importación/exportación que certifique que no se han asignado precios falsos con el fin de transferir o sacar utilidades o de manipular impuestos.

“Las corporaciones multinacionales, en particular, titubearían si tuvieran que pedirle a su gente que participara en esta asignación de precios falsos y después firmara comprometiéndose o dejando sentado que no lo han hecho.”

Otra recomendación sería un fortalecimiento de la capacidad con la que cuenta México para auditar e investigar los precios de transferencia, pues aunque el país cuenta con reglas adecuadas “no se han puesto en práctica con la suficiente fuerza”.

Adicionalmente, GFI propone al gobierno de México poner en práctica tres políticas: promover una mayor transparencia y responsabilidad de los contratos del gobierno; reforzar el estado de derecho, e incluir información sobre los propietarios reales en las transacciones (flujos) y activos (valores) financieros privados (individuales y empresariales). Además de tomar medidas políticas destinadas a reducir la tendencia a pagar sobornos y comisiones, y promover una mayor transparencia y responsabilidad de los contratos públicos.

“La falta de información sobre los propietarios reales de las empresas facilita el blanqueo de capital ilícito y tiene consecuencias importantes para la seguridad nacional y mundial”, asegura el texto.

El G20

De acuerdo con GFI, los flujos financieros ilícitos necesitan un nexo bidireccional, es decir, un origen y un destino, razón por la cual el gobierno de México necesita ejercer un mayor liderazgo en distintos foros internacionales y regionales, tales como el Grupo de los 20 (G20), el Foro Económico Mundial sobre América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otras instituciones internacionales para garantizar que los países más poderosos cooperen para frenar la recepción de fondos ilícitos.

Global Financial Integrity insta al gobierno de México a que inicie un diálogo político con otros integrantes del G20 para hacer públicas las listas de los verdaderos propietarios y personas que controlan las sociedades anónimas, empresas de responsabilidad limitada y otras personas y estructuras legales, como las empresas fiduciarias.

México será anfitrión de la próxima reunión del G20. Baker espera que ahí el gobierno mexicano gestione el intercambio automático de información fiscal entre los países. “Sería importante que exigiera a las empresas una descripción detallada de las actividades que realizan en cada país”.

—Las empresas cuentan con un gran poder político, ¿los gobiernos pueden ejercer presión sobre la transparencia de sus datos?

—Sí, sí pueden, y me parece que México, India, China, Suráfrica, Brasil, estos países que son los más importantes, con economías emergentes, ocupan una postura de mucha fortaleza para empujar este tipo de temas en la agenda y para que tanto las empresas multinacionales como los otros miembros mejoren su transparencia en el sistema financiero global. En una sola palabra, se trata de transparencia –responde Baker.

Daniel Breennan, copresidente del Consejo de Administración de GFI, señala que “casi toda la gente en el mundo está sufriendo por estas actividades y ya no están dispuestos a seguirlo aceptando, y entre más globalizado se torne el mundo, mejor informada estará su gente y más difícil será que traten de hacer las cosas al margen del sistema”.

El abogado e integrante de la Cámara de los Lores del Reino Unido agrega que “México tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo sobre temas que afectan a todo el mundo en vías de desarrollo”.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con José Ulises Gómez Nolasco, director General de Delitos Financieros y Diversos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su secretaria particular. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 271 / 12 febrero de 2012

Fraude en compra-venta de gasolina en PEMEX

Inhabilitan y multan a cuatro altos directivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos, PMI Comercio Internacional; entre éstos, a la directora general María del Rocío Cárdenas. Los funcionarios habrían vendido gasolina con descuentos indebidos a las trasnacionales Trafigura y Gunvor, señala la Secretaría de la Función Pública. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares. Al final del sexenio, la paraestatal habrá destinado más de 1 billón 500 mil millones de pesos a la importación del energético; mientras, los mexicanos se enfrentan al décimo gasolinazo del año.

Nancy Flores

Una presunta defraudación por 24 millones 330 mil 221 dólares, unos 340 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas de PMI Comercio Internacional descubre un negocio que sólo beneficia a los extranjeros: la compra-venta de gasolinas. Y es que mientras a las exportaciones se les aplican descuentos multimillonarios, las importaciones se pagan a precio de mercado.

Tan sólo en este sexenio, México habrá gastado 1 billón 700 mil millones de pesos en la importación de productos petrolíferos; de éstos, al menos 1 billón 500 mil millones se habrán destinado a la compra de gasolinas al cierre de 2012, revela información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011), las importaciones realizadas en el periodo 2007-2011 suman un equivalente, en pesos, a 1 billón 349 mil 40 millones: en 2007, por 237 mil 132 millones; en 2008, por 328 mil 636 millones; en 2009, por 197 mil 484 millones; en 2010, por 299 mil 754 millones; y en 2011, por 286 mil 34 millones de pesos.

El monto involucrado hasta este año es 11.5 veces la inversión total de Pemex para la fallida refinería Bicentenario, que se ubicará en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha construido la barda perimetral. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas “129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales [desde 2010] hasta 2015”.

A pesar del contraste de las cifras, sin una mayor producción nacional, las importaciones continuarán causando una sangría relevante a las arcas públicas. Al finalizar el gobierno calderonista, el gasto en este rubro se cerrará en, al menos, 1 billón 699 mil 40 millones de pesos: en el año electoral de 2012, las adquisiciones de los energéticos superarán los 350 mil millones, el mayor monto sufragado hasta ahora.

De acuerdo con el diputado federal Mario Di Costanzo Armenta, el próximo año, sólo las compras de gasolinas ascenderán a 22 mil 500 millones de dólares; mientras que otros productos petrolíferos implicarán un gasto de 2 mil 500 millones. Así, la estrategia de la paraestatal más importante del país ha sido importar gasolina cara y exportar gasolina barata.

Ello a pesar de que las costosas importaciones del energético no sólo impactan las finanzas públicas, sino también los bolsillos de todos los mexicanos. El 8 de octubre pasado, el gobierno federal hizo efectivo el décimo gasolinazo del año: el litro de Magna alcanzó un precio de 9.56 pesos, el de Premium llegó a los 10.5 pesos y el diésel se incrementó a 9.92 pesos. El argumento de las autoridades federales es la supuesta “incapacidad” financiera para seguir solventando el subsidio al energético.

El presunto fraude

Contrario al detrimento que sufren las finanzas públicas y familiares, las trasnacionales se ven favorecidas por las exportaciones de gasolina barata. Tal fue el caso de las empresas de origen holandés Trafigura y Gunvor, beneficiarias entre 2008 y 2009 de la política de rebajas (similar a la aplicación de los factores K y K’ en el precio del crudo de exportación, que Contralínea reveló en su edición 253, del 2 de octubre de 2011).

Así lo documenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública en PMI Comercio Internacional, que derivó en la destitución, inhabilitación y multa de cuatro altos directivos de esa filial, considerada la segunda en importancia al interior de Pemex.

Los funcionarios sancionados son la ahora exdirectora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta; el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk; y el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.

En conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, explicó que el daño ocasionado al erario de PMI Comercio Internacional asciende a 1 millón 757 mil dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal es de 24 millones 330 mil dólares. De acuerdo con Vega Casillas, éste es el primer caso en el que se ve involucrada una alta funcionaria de PMI.

Tras recibir una denuncia anónima, el Órgano Interno de Control realizó un análisis de los expedientes comerciales y advirtió el presunto otorgamiento de un descuento excesivo e injustificado en la venta de gasolina cóquer. Éste se determinó al tomar como referente internacional a la gasolina RBOB menos un descuento.

Sin embargo, señala la autoridad federal, “no se encontró evidencia de que el descuento otorgado se hubiera basado en la diferencia de calidad entre la gasolina cóquer y la gasolina RBOB, utilizada como referente, tal y como debe ocurrir en este tipo de operaciones”.

Las sanciones

Como lo adelantó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011), todas las operaciones encabezadas por María del Rocío Cárdenas eran fiscalizadas por el Órgano Interno de Control desde 2010. Entre otras cosas, los contralores presumían actos de corrupción y conflicto de intereses en su gestión.

Quien también fuera directora Comercial de Refinados (de enero de 2008 a enero de 2009) finalmente fue destituida, inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos y multada con 238 millones 942 mil 24 pesos por el caso de la supuesta venta irregular de gasolina cóquer. No obstante, los resultados de los otros expedientes de investigación podrían sumarse a la lista de presuntas irregularidades.

De acuerdo con el secretario Vega Casillas, ella omitió establecer y dirigir estrategias y actividades de comercialización, en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina cóquer.

“Como directora Comercial de Refinados de PMI, suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag, para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading, Ltd, los resultados de las operaciones comerciales en las que participó, toda vez que no dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias reales de dichas operaciones.”

Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.

En la lista de sancionados están César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se leinhabilitó por 10 años y multó con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 12 millones 35 mil 816 pesos.

Al interior de la paraestatal, el escándalo es de tal magnitud que cimbra la gestión de Juan José Suárez Coppel: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas “privadas” PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; y con Cárdenas Zubieta, exdirectora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Operaciones trianguladas a paraísos fiscales

Las operaciones de PMI Comercio Internacional para la compra-venta de gasolinas en el extranjero involucran a la empresa “privada” PMI Trading, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ésta fue constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos, en el paraíso fiscal de Irlanda, desde donde realiza todas las transacciones.

A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, es PMI Trading la que ejecuta todas las importaciones y exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación, mediante un esquema de triangulaciones. El negocio entre PMI Trading y Pemex Refinación se basa en un contrato de compra-venta, en el cual el segundo se obliga a vender al primero la totalidad de los productos disponibles para la exportación.

No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociador, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.

Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; asistencia en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.

Función pública desmantela PMI

Tras detectar “formas sutiles de corrupción” en PMI Comercio Internacional “difíciles de acreditar”, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de desmantelamiento discrecional del círculo de directivos. Con las recientes destituciones e inhabilitaciones, son nueve los altos ejecutivos que han salido de la subsidiaria de Pemex entre 2009 y 2011.

Como lo ha documentado Contralínea, de 2009 a la fecha, la Función Pública ha destituido, inhabilitado o presionado para presentar su renuncia a nueve altos ejecutivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional de combustibles, ahora incluida la directora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta.

Además de ella y sus tres allegados, inhabilitados el pasado 11 de octubre, han salido Karen Miyasaki Hara, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario; Carlos Armando Cantú Guerra y Margarita Nieto Ramos, señalados e inhabilitados por pagar irregularmente una compensación por separación voluntaria; Luis Crispín Garnica, inhabilitado por usurpación de profesión; y Mario Blenda Ahumada, quien presentó su renuncia tras conocer que era sujeto de investigación por supuestos hechos de corrupción.

Crispín Garnica, quien encabezaba la Dirección de Finanzas de PMI, fue inhabilitado y separado de su cargo en 2009 tras comprobarse que ostentaba el título de licenciado sin haber obtenido este grado.

Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios, fue destituida el 23 de mayo de 2010. En este caso, la Secretaría de la Función Pública la acusó ante la Procuraduría General de la República por su probable responsabilidad en un fraude por 13 millones de dólares, por falsear su declaración patrimonial al no reportar 16 millones de pesos y por supuesto enriquecimiento ilícito.

Mario Blenda Ahumada, exsubdirector Comercial de Residuales, renunció a mediados de 2010 tras enterarse que el Órgano Interno de Control en PMI lo investigaba por un supuesto fraude a las finanzas públicas.

La investigación en contra de Blenda Ahumada aún no concluye, revelan fuentes de la Función Pública. De acuerdo con los avances, se podrían acreditar 32 viajes –cada uno con duración de dos días y estancia de un par de horas (sólo los fines de semana)– a París, Francia, durante un año.

Carlos Armando Cantú Guerra, exdirector de Administración, y Margarita Nieto Ramos, exgerente de Recursos Humanos, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados el 8 de febrero pasado por autorizar la liquidación por 5 millones 668 mil 405 pesos a favor del exdirector de Finanzas, Crispín Garnica.

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

PEMEX ESCONDE 75 MIL MDP EN PARAÍSOS FISCALES

De 2007 a 2009, Petróleos Mexicanos ha ocultado más de 75 mil millones de pesos en dos paraísos fiscales. El dinero proviene de utilidades generadas por la refinería Deer Park y el llamado Grupo PMI: 10 empresas constituidas en el extranjero por la paraestatal con carácter de “privadas”. La Secretaría de la Función Pública avala que la vigilancia del dinero en dicha red empresarial se haga sólo a través de “órganos de gobierno de Pemex”

Nancy Flores

En lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha manejado más de 75 mil millones de pesos fuera del presupuesto público, por órdenes de altos funcionarios de PMI Comercio Internacional. En las decisiones habría participado incluso la actual directora de esa filial, María del Rocío Cárdenas Zubieta.
La multimillonaria bolsa dispone de las utilidades que habrían generado entre 2007 y 2009 la refinería Deer Park –propiedad de Pemex y de la trasnacional Shell– y cuatro de las 10 empresas del Grupo PMI –todas constituidas por la paraestatal con carácter de “privadas”–, se desprende de dos indagatorias practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En esos tres años, el dinero se habría resguardado y operado en euros a través de cuentas bancarias privadas radicadas en el extranjero, especialmente en los paraísos fiscales de Holanda e Irlanda.
Actualmente, el Grupo PMI es encabezado por PMI Comercio Internacional y se conforma por dos empresas tenedoras de acciones o holdings, tres comercializadoras y cinco prestadoras de servicios: PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc; PMI Services, BV.
A su vez, ese grupo forma parte de una intrincada red que suma un total de 25 empresas “privadas”, ciento por ciento propiedad de Pemex y sus subsidiarias. Dichas compañías operan en México y en el extranjero desde finales de la década de 1980; la mayoría, como sociedades instrumentales o de papel: carecen de personal y de oficinas.
Por más de dos décadas, el esquema –que incluye al Grupo PMI– ha permitido a Pemex realizar operaciones financieras en siete paraísos fiscales: Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islas Caimán, Delaware (Estados Unidos), Holanda y Las Bahamas. Según acusaciones de la ASF, emitidas desde 1999, ninguna compañía rinde cuentas a la hacienda pública ni se sujeta a las leyes mexicanas.
Dinero oculto en paraísos
En el caso del dinero que ahora se resguarda en Irlanda y Holanda se encuentran involucradas la holandesa PMI Holdings, BV, cuyos rendimientos ascenderían a más de 30 mil millones de pesos; PMI Norteamérica, SA de CV, con sede en México y con ganancias superiores a los 24 mil millones de pesos; PMI Trading, Ltd, de nacionalidad irlandesa, con utilidades por 22 mil 500 millones; PMI Marine, también constituida y operada en Irlanda, con ganancias por más de 160 millones de pesos, de acuerdo con una proyección basada en los números reportados a la ASF para la revisión de la Cuenta Pública 2007.
Aunque las cuatro empresas “privadas” son propiedad de la paraestatal, “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generadas en las empresas del Grupo PMI, éstas se quedan acumuladas como inversión en esas empresas”, indica el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007.
Agrega que “esta situación no se estaría presentando actualmente si las inversiones en las empresas PMI Norteamérica, PMI Trading y PMI Marine no se hubiera efectuado a través de empresas que intermediaron las operaciones, en contravención con los objetos sociales de PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, que le fueron autorizados por el mismo Consejo de Administración [de la paraestatal] y por la Secretaría de Programación y Presupuesto, actualmente Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Y es que al momento de su creación, en 1988, PMI Holdings, BV, tuvo por objeto fundamental servir de instrumento corporativo para hacer más eficiente el manejo de la participación accionaria de Pemex en la empresa española Petróleos del Norte, SA. Según la paraestatal, por sus características jurídicas de sociedad unimembre, “no requeriría personal alguno para el desarrollo formal de sus funciones”.
En ese mismo año, la petrolera mexicana constituyó la empresa PMI Holdings, NV (ahora PMI Holdings Petróleos España) en el paraíso fiscal de Antillas Holandesas. Ésta tuvo por objeto administrar a PMI Holdings, BV.
No obstante que ambas tenían claramente establecidos sus objetivos, en enero de 1993 sus directores –servidores públicos de PMI Comercio Internacional– constituyeron PMI Norteamérica. A su vez, esta última aportó el 50 por ciento del capital con el cual se creó Deer Park Refining, Ltd. El otro 50 por ciento lo posee la trasnacional Shell.
Dos años antes, en 1991, Pemex y PMI Holdings Petróleos España constituyeron en Irlanda PMI Trading. Actualmente, esta empresa sin oficinas ni empleados se encarga de la importación de petrolíferos; además, en nombre de Pemex, participa en el mercado internacional de derivados.
La historia de la cuarta empresa involucrada en el manejo de utilidades fuera del presupuesto público, PMI Marine, se inició el 16 de diciembre de 1993. Ese día, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción la constituyó en Irlanda, con el objetivo social del transporte marítimo de petróleo y productos de petróleo.
Funcionarios, detrás de las decisiones
Sin dar nombres, la ASF señala que la decisión de no reportar las ganancias de las empresas privadas a Pemex y, por consiguiente, de manejar los miles de millones de pesos al margen de la hacienda pública, recae enteramente en funcionarios de PMI Comercio Internacional.
“El haber utilizado las figuras instrumentales de las empresas del Grupo PMI, situación de tracto sucesivo, a futuro, ha provocado que la decisión sobre repartir o no dividendos sobre el valor económico generado, o bien, utilizarlos dentro del mismo Grupo PMI o en beneficio de Pemex ya no dependa de este último, sino de los servidores públicos de PMI Comercio Internacional que participan en las ‘asambleas de accionistas’ de esas empresas unimembres, que han transformado su objeto de haber sido simples tenedoras de acciones, al de ser inversoras y realizadoras de transacciones comerciales cotidianas, mediante contratos de prestación de servicios con PMI Comercio Internacional, o aún, entre ellas.”
Entre los funcionarios se encontraría María del Rocío Cárdenas Zubieta. De acuerdo con su breve currículum, publicado en la página de internet de Pemex, antes de asumir la dirección de la filial, en diferentes etapas se desempeñó como directora de las empresas PMI Services North America, Inc; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Norteamérica, SA de CV.
Otro funcionario que habría participado en las decisiones es Bernardo de la Garza Hesles, actual director comercial de Petróleo Crudo y miembro del Consejo de Administración de Pemex Internacional España, SA, indica el historial mercantil de esa empresa, obtenido por Contralínea a fines de 2009 en el Registro Mercantil de Madrid.
El mismo historial da cuenta de otros dos nombres que, sin embargo, no figuran en los directorios de la paraestatal ni de sus subsidiarias: Raúl Fortunato Cardoso Maycotte e Ismael Hernández Amor.
Éstos dos últimos también aparecen como miembros del Consejo de Administración de PMI Holdings Petróleos España, al lado de Luis Crispin Gamica Sánchez, de acuerdo con la historia contenida en el Tomo 22243 Sección 8 Hoja 397040 del Registro Mercantil de Madrid, y de la cual Contralínea posee copia.
SFP avala esquema
Los altos funcionarios de PMI Comercio Internacional continuarían tomando decisiones en detrimento de las finanzas públicas. Hasta ahora, la Secretaría de la Función Pública mantiene vigente su aval al esquema, mismo que dio desde la década de 1980 cuando era la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
De acuerdo con el reporte de la ASF, la Función Pública “informó que la vigilancia de todas las empresas filiales no paraestatales se ejerce a través de los órganos de gobierno de Pemex y organismos subsidiarios”.
En su respuesta a la Auditoría Superior, la SFP indicó que dichos órganos “han realizado diversas recomendaciones, entre las que destaca definir un esquema de seguimiento integral de las no paraestatales que permita su control corporativo y no sólo financiero y que, además de proteger los intereses de las entidades participantes, cuente con mecanismos de evaluación para analizar la conveniencia de mantener su participación, así como la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones”.
El escaso involucramiento de la Función Pública se da a pesar de que las operaciones financieras que Pemex realiza con esas empresas tocan paraísos fiscales, cuyo riesgo más acusado son los esquemas de evasión de impuestos y de lavado de dinero.
Tesorería centralizada en Holanda
De acuerdo con el análisis del máximo órgano de fiscalización, ninguna de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de las cuatro empresas “privadas” que no han reportado sus utilidades a la hacienda pública se manejaría en México. Y es que la auditoría 07-1-18T4I-02-1118 revela que, desde octubre de 2007, dos de esas compañías constituyeron una “tesorería centralizada” con sede en Holanda.
Se trata de PMI Holdings, BV, que desde entonces ofrece “servicios financieros” a PMI Norteamérica, la única sociedad privada con nacionalidad mexicana. Esta última tiene como principal actividad su participación accionaria del 50 por ciento en la refinería Deer Park. El otro 50 por ciento corresponde al capital de la trasnacional Shell.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Cárdenas Zubieta, directora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

[INFOGRAFÍA]
Grupo PMI
·Empresas tenedoras:
-PMI Holdings, BV
-PMI Holdings Petróleos España
·Empresas comercializadoras:
-PMI Trading, Ltd
-PMI Norteamérica, SA de CV
-PMI Marine, Ltd
·Empresas de servicios:
-PMI Services North America, Inc
-Pemex Services Europe, Ltd
-Pemex Internacional España, SL
-PMI Holdings North America, Inc
-PMI Services, BV

Diputados buscarán revisar esquema empresarial de Pemex
El diputado Felipe de Jesús Cantú, presidente de la Comisión de Energía e integrante del Partido Acción Nacional, dice que los resultados de la Auditoría Superior de la Federación respecto de las empresas privadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) son “un buen llamado de atención para revisar y tener un elemento de juicio contundente, para ver si esto tiene que cambiar en la legislación o es una omisión de la legislación existente”.
Considera importante “no sólo conocer el modus operandi (de las empresas privadas de Pemex), sino también constatar que se estén apegando a la legislación mexicana, de la que finalmente obtienen todos sus recursos”.
Cantú admite que hasta ahora ni la Comisión de Energía ni la de Vigilancia han estudiado el tema de las operaciones financieras de Pemex en paraísos fiscales. No obstante, indica que será a partir de este mes cuando empiecen a analizarlas.
“En febrero, el Ejecutivo tendrá que presentar el plan de energía para los próximos 15 años y tiene que estar señalada en particular cada una de las áreas, si no por empresa o por división, sí por tema; y el internacional juega un papel importantísimo, considerando que las exportaciones de petróleo a diferentes países le han dado por más de 40 años la principal fuente de ingresos al gobierno federal. Evidentemente que es de preocuparse que se esté asegurando el mejor manejo y las mejores condiciones para el país”.
En entrevista con Contralínea, el diputado Cantú indica que la Comisión de Energía ha avanzado en “temas que tienen que ver con las reconfiguraciones, particularmente con la de Minatitlán, que tiene un retraso significativo. También se ha cuestionado la eficacia de Chicontepec, que es un tema donde seguramente tendremos que estar al tanto y eso también será en febrero”.
Respecto del tema de corrupción, dice que éste se ha tratado en la Comisión de Vigilancia, donde también participa. “Allí se han hecho planteamientos de cómo asegurar el combate de cualquier acto de corrupción o presunta corrupción que se haya presentado en Pemex”, pero, admite, hasta ahora tampoco han abordado el asunto de las empresas privadas en paraísos fiscales. (NF)


[INFOGRAFÍA 2]
El Grupo PMI, según Comercio Internacional
En su página de internet, PMI Comercio Internacional incluye las siguientes raspuestas a las “preguntas frecuentes”:
¿Qué es el Grupo PMI?
El Grupo PMI es un conjunto de empresas que Petróleos Mexicanos constituyó a partir de 1988 dentro de su proceso de modernización para realizar operaciones de comercio internacional de hidrocarburos.
¿Cuál es el objeto del Grupo PMI?
El Grupo PMI tiene como objeto principal realizar operaciones comerciales de petróleo crudo y de productos derivados del petróleo en el mercado internacional. Igualmente, las empresas del Grupo PMI, dependiendo de las funciones de cada una de ellas, proporcionan servicios especializados, tales como administrativos, financieros, comerciales, legales, de administración de riesgos, de fletamento de buques y de inteligencia de mercado.

Las 25 empresas "PRIVADAS" de Pemex

Extinguirá Pemex sus empresas

El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, que implican recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos.

Nancy Flores

La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) busca extinguir 25 empresas “privadas” constituidas con recursos públicos y reestructurar inversiones accionarias en otras 20 compañías –entre ellas la participación en la trasnacional Repsol YPF–, indica el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón.
Dicho esquema, creado desde finales de la década de 1980 y aún vigente, permite a la paraestatal evadir impuestos, reportar pérdidas y mantener inversiones accionarias al margen de la ley mexicana por más de 70 mil millones de pesos, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia paraestatal.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.
Las empresas
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.
Entonces, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.

Respecto de su no paraestatalidad, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.

Omitió decir que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
Las ciudades donde se tenían oficinas de representación son ahora las sedes de las empresas “privadas” de Pemex, junto con entidades que destacan por su laxitud fiscal: Islas Caimán, Las Bahamas, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Delaware (Estados Unidos).
El máximo órgano de fiscalización indica en su informe que la paraestatal también mantiene vigentes cinco vehículos financieros, tres de ellos radicados en paraísos fiscales. A pesar de que éstos contratan deuda en nombre de Pemex, dos no son de su propiedad: Pemex Finance, Ltd (Islas Caimán), y Fideicomiso F/163 (México); mientras que otro –RepCon Lux, Luxemburgo– fue creado en sociedad con una tenedora de acciones luxemburguesa de nombre TMF Corporate Services.
Supuesta evasión de impuestos
El esquema empresarial que Pemex busca extinguir le habría permitido evadir impuestos, descubre la propia comunicación de la Gerencia de Control de Gestión, citada por el informe de la ASF.
“La autorización [otorgada en la década de 1990 por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto] para que Pemex aportara recursos para la constitución de esas empresas se dio atendiendo a la necesidad de que Pemex adquiriera acciones en sociedades extranjeras y así contar con un mercado asegurado para su petróleo crudo, sin la excesiva carga fiscal que implicaría su participación directa (sic).” Dicha declaración tiene como contexto la lista de argumentos que la paraestatal dio a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que ésta autorizara las inversiones. Como lo ha documentado Contralínea (número 122), dichas autorizaciones involucraron a los expresidentes de México Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
A pesar del argumento relacionado con la excesiva carga fiscal, en tres años, Pemex erogó a nombre de sus “subsidiarias privadas” 13 mil 729 millones de pesos por impuestos en el extranjero, monto que equivale a la construcción de al menos una refinería.
En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la paraestatal admite que “cuenta con un número de compañías subsidiarias extranjeras que pueden estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción de su residencia”.
Sin aclarar cuáles son las empresas que pagan cargas impositivas y cuáles no, asegura que “los impuestos pagados por las compañías subsidiarias sumaron 6 mil 53 millones de pesos en 2005, 4 mil 274 millones en 2006 y 3 mil 402 millones en 2007”.

Pérdidas financieras evitan reportar ganancias
La auditoría identificada con el número 07-1-18T4I2-02-0244, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de la inversión accionaria de Pemex en México y en el extranjero, también descubre que algunas empresas reportan pérdidas millonarias para evitar dar ganancias a la paraestatal.
Tal es el caso de PMI Holdings Petróleos España, SL, que en 2007 tuvo dividendos a cuenta de utilidades por 424 mil 600 euros. La ASF indica que “se observó que el importe de dividendos decretados a cuenta de utilidades de 2006 es el mismo que se decretó en 2007; sin embargo, los estados financieros de 2006 reportaron una pérdida de 331.5 miles de euros, por lo que se determinó la devolución del dividendo pagado”.
Agrega que “en el acuerdo quinto del acta de la junta general ordinaria y universal de socios se autorizó un anticipo de dividendo para el ejercicio 2007 por 424.6 mil euros, que al tipo cambio de 15.8766 para el cierre contable al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 6 millones 741 mil pesos, debido a que la empresa presentó exceso de liquidez”.
Otro ejemplo es la refinería Deer Park, constituida en sociedad entre PMI Norteamérica, SA de CV –una de las 20 empresas privadas de Pemex–, y la trasnacional Shell. De acuerdo con el informe, Pemex no ha recibido dividendos en 2006 y 2007, pese a que en el papel las propietarias sí han reportado ganancias por 9 mil 214 millones 900 mil pesos.
Ello porque –según justificó la paraestatal ante la ASF– en 2007 PMI Norteamérica pagó 2 mil 300 millones de pesos de impuestos federales y estatales a Estados Unidos; más de 1 mil 200 millones de pesos quedaron invertidos como capital de trabajo en esa “filial” privada, y otros 63 millones 100 mil pesos supuestamente se utilizaron para pagar impuestos en México. La Auditoría Superior de la Federación acusa que Pemex “no proporcionó evidencia documental al respecto”.
“Extinción” de empresas
En breve, el Consejo de Administración de Pemex –presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– podría autorizar la extinción de las 25 empresas “privadas” que posee Pemex.

Al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, el auditor superior Arturo González de Aragón aseguró: “Pemex ya inició un camino para empezar a liquidar este tipo de empresas”.
Agregó que la paraestatal “tiene una estrategia, que ya nos fue presentada, para transparentar todas aquellas (empresas en las) que tiene responsabilidad, de acuerdo con la ley que le aplica”.
Respecto de las inversiones minoritarias –como la participación del 4.9 por ciento en el capital de la trasnacional Repsol YPF, que involucra recursos públicos por 1 mil 459 millones 982 mil 964 euros (27 mil 447 millones 679 mil 723 pesos)–, el auditor señaló que Pemex “está haciendo una propuesta con el fin de asumir una política de carácter corporativo que le dé la máxima transparencia posible a este tipo de inversiones que tiene a través de empresas subsidiarias”.
González de Aragón justificó las acciones de la petrolera del Estado: “Yo diría que hay un beneficio: ya cuando menos se creó conciencia del problema y Petróleos Mexicanos está intentando, a través de ciertas propuestas, resolver este asunto.
Obviamente tiene que pasar por sus instancias de gobierno (el Consejo de Administración) y que éstas le aprueben esta política en relación con sus inversiones que tiene en las subsidiarias”.

No obstante, en su dictamen concluye que “cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las empresas filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas”.
De inmediato acota que el cumplimiento se dio con excepción del “régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Pemex tiene una participación mayoritaria directa y/o indirecta, denominadas como ‘no paraestatales’, (pues) no se sujeta a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados”.
También observa que “Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, los organismos subsidiarios y las empresas filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, SA, por 1 mil 459 millones 982.9 mil euros”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Jesús Reyes Heroles. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Leer mas AQUI.

El fin de los paraísos fiscales

John M. Ackerman

Si Felipe Calderón y Agustín Carstens realmente estuvieran preocupados por reactivar la economía nacional, utilizarían el acuerdo del G-20 del jueves pasado respecto de los paraísos fiscales para emprender una investigación masiva a escala global para enfrentar la evasión fiscal en México.

El diario londinense The Guardian estima que más de 11 trillones de dólares se encuentran depositados en países como Suiza, Leichtenstein, Andorra, Mónaco y una diversidad de islas del Caribe que ofrecen total discreción en el manejo de cuentas bancarias. Esto implica una pérdida de aproximadamente 250 mil millones de dólares de ingresos fiscales para los gobiernos del mundo.

Nadie sabe cuánto de este dinero pertenece a mexicanos y exactamente qué cantidad el gobierno mexicano deja de recaudar cada año por esta causa. Pero no hay duda de que la existencia de estos paraísos implica una fuerte sangría al erario.

Raúl Salinas de Gortari y Paulina Castañon tenían cuentas en Suiza que sumaban 105 millones de dólares. Personajes como Carlos Cabal Peniche, Roberto Hernández, Carlos Slim y El Chapo Guzmán no deben quedar muy atrás. Los bancos que operan en México cuentan con miles de empresas subsidiarias, muchas ubicadas en paraísos fiscales, donde fácilmente pueden canalizar importantes sumas de dinero con el propósito de evadir al fisco.

El banco HSBC tiene nada menos que 2 mil 8 filiales en el mundo, incluyendo empresas en Liechtenstein, las Bahamas y la isla de Jersey. La recuperación de una pequeña fracción de los impuestos evadidos por esta vía bastaría para dar un fuerte estímulo a la economía nacional en estos momentos de crisis. Los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia ya han dado inicio a una cruzada internacional para abrir las cuentas bancarias del mundo al escrutinio de sus autoridades hacendarias. Actualmente, el banco y casa de bolsa suizo UBS está bajo investigación del gobierno de Barack Obama porque supuestamente auxilió a miles de estadunidenses para evadir el pago de sus impuestos.

El gobierno estadunidense ha solicitado información a Suiza sobre las cuentas de casi 52 mil de sus ciudadanos. Ésta y otras investigaciones similares han preocupado tanto a los bancos suizos que sus directivos ya empiezan a cancelar sus viajes al extranjero para no arriesgarse a ser aprehendidos por fraude fiscal durante sus paseos.

El acuerdo de la más reciente reunión del G-20 en la materia obliga a todos los países del mundo a cumplir con estándares mínimos de transparencia financiera y a cooperar con investigaciones de las autoridades hacendarias extranjeras. Los países que se rebelen recibirán sanciones importantes. Los banqueros que no cumplan serán enjuiciados penalmente.

En anticipación a este acuerdo, durante las más recientes semanas muchos de los países señalados como paraísos fiscales han empezado a firmar convenios bilaterales con las superpotencias para transparentar sus cuentas bancarias.

México no puede permitirse el lujo de quedarse al margen de este proceso. Como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y una de las economías más grandes del mundo, nuestro país cuenta con la presencia internacional para exigir que también tenga acceso a la información bancaria de los paraísos fiscales.

La ley mexicana ya obliga a las personas físicas y morales a pagar impuestos en México por las cuentas e inversiones que tengan en países con una carga tributaria reducida. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de estas disposiciones al obligar a Cemex a regresar millones de pesos al fisco por este concepto. Lo único que falta es la voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para hacer valer este tipo de disposiciones. Evidentemente, es poco probable que la actual administración federal se atreva a aprovechar la nueva coyuntura internacional para endilgar en las cuentas extranjeras de los mexicanos, ya que implicaría enfrentarse con los mismos empresarios y empresas que sostienen a Calderón en su cargo.

De todas formas, habría que exigir al gobierno federal que utilice todas las medidas a su alcance para gravar y repatriar los millones de dólares que se escapan al extranjero cada año. Los narcotraficantes no son los únicos que le apuestan al fracaso del Estado mexicano. También lo hacen los empresarios que esconden sus riquezas del fisco y así roban valiosos recursos públicos que nos pertenecen a todos lo mexicanos y podrían ser de gran utilidad para enfrentar la crisis económica actual.

El tabú de la tribu

Gustavo Esteva

La etiqueta Estado fallido es una noción vaga e inasible que Estados Unidos emplea para dar apariencia de legitimidad a sus injerencias en otros países. Pegarla sobre México revelaría la intención de intervenir en el país para rescatar a Calderón de su desastre.

La noción es espuria, pero no el hecho. Una larga gestión fallida ha producido un fracaso rotundo. Botones de muestra:

● Una quinta parte de los mexicanos ha tenido que emigrar.

● La desnutrición se extiende, junto al hambre absoluta y el número de pobres.

● La violencia caracteriza la vida cotidiana –con decapitados, fosas comunes y cadáveres colgados de puentes. La peor es la del Estado, que acumula muertos, heridos y desaparecidos. La Suprema Corte certifica formal y pomposamente las violaciones a leyes, garantías individuales y derechos humanos… así como la impunidad de quienes las cometen. Los ministros, bien forrados los bolsillos, contribuyen al desmantelamiento sistemático del estado de derecho y visten al despotismo con el manto de simulacros de tribunales.

● Tras el feminicidio, en Ciudad Juárez se entregaron funciones civiles al Ejército sin declarar el estado de excepción. Celebrar esta violación abierta de la ley sirve para acreditar tal política ante ciudadanos intimidados por la violencia y el uso arbitrario, general e insensato de la fuerza pública, que constituye ya la fuente principal de inseguridad.

● Mientras desaparecen los empleos, las formas autónomas de trabajo digno sufren persecución feroz.

● La representación ciudadana se rinde al juego de las mafias y los poderes fácticos…

● Los funcionarios electos, empezando por el Presidente, llegaron a sus posiciones en elecciones cuestionadas, basadas en la manipulación, la compra de votos y el fraude electoral, rasgos que también caracterizan la vida interna de los partidos.

● El fracaso generalizado del Estado incluye el del mercado, abandonado irresponsablemente a su propia dinámica, bajo el prejuicio interesado de su supuesta capacidad de autorregulación.

Aunque la situación en México es particularmente grave, estos fracasos son bastante generales y exigen preguntarse por el sistema mismo –no sólo por sus operadores o rasgos. En el mejor de los casos, el régimen democrático opera como una oligarquía benevolente y en el peor –Oaxaca, digamos– es el manto que cubre a una tiranía corrupta y sicopática.

En vez de ocuparse del fondo del asunto, empero, para hacer frente a la crisis profunda que apenas empieza, funcionarios y políticos de todo el espectro ideológico se aferran a esas instituciones fracasadas, como si fueran todavía tablas de salvación: sólo las próximas elecciones y el 2012 concentran su atención, sólo la lógica del poder por el poder.

“En el punto en que la democracia se afirma como tabú de la tribu empieza a negarse a sí misma, a instituirse como manera desnuda de dominio, como bruta sinrazón sin otro objeto que perpetuar el para tantos insoslayable estado de cosas… ¿No será ésta nuestra peculiar variante de fundamentalismo? ¿No se tiene a sí mismo por el único camino verdadero en vez de uno más entre los posibles o deseables? ¿No comparte con otros fundamentalismos análoga pretensión de verdad definitiva y conquista irrenunciable? ¿No le animan idénticas aspiraciones de universalidad y criminal celo expansivo? ¿No se adorna de una misma ceguera respecto a sí mismo? ¿No se estará creyendo en la Democracia bajo la misma ilusión con que se cree en el Corán o en el carácter divino del imperio?”

Archipiélago (núm.9) lanzó esta advertencia en plena transición española. Le pareció que el cinismo, la corrupción y el desarreglo de gobiernos y partidos, así como la continua inyección de miedo, miseria y frustración que aplican a sus súbditos exigían rehacer los fundamentos de las instituciones en que se ampara el presente estado de cosas, sin ceder al chantaje de la mentirosa dicotomía Democracia/Dictadura…

Los mexicanos lo sabemos bien. Probamos ya todo. No bastan reformas del sistema o recambio de dirigentes o partidos. El sistema mismo está podrido.

Encerrados en el cuarto de máquinas rodeado de policías, disputando interminablemente sobre el camino a tomar ante la tormenta perfecta, políticos y expertos no se dan cuenta que el barco en que vamos todos se hunde. Pero la gente, en cubierta, se ha dado cuenta y comienza a tomar medidas. Arman botes y balsas, en pequeños grupos, y se lanzan al agua.

Esta imagen, eficaz para describir lo que ocurre arriba y abajo, exige un complemento: las iniciativas que la gente está tomando, por mera supervivencia o porque sienten llegada la oportunidad de alcanzar antiguos ideales, necesitan articularse. Sólo así podrán llegar al archipiélago de la convivialidad y observar desde ahí cómo el barco termina de hundirse, con todos sus dirigentes adentro.