Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales

Pemex sacó del país más de 1 billón 200 mil millones de pesos a través del Grupo PMI: 10 empresas privadas de la paraestatal, constituidas y operadas con recursos públicos en el extranjero, algunas de ellas en paraísos fiscales. El monto –revelado por la Auditoría Superior de la Federación– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total de la petrolera. El dinero no se puede considerar parte de las finanzas públicas de México, según el director Juan José Suárez Coppel.

Nancy Flores

Petróleos Mexicanos (Pemex) envió al extranjero, e incluso a paraísos fiscales, 1 billón 212 mil 227 millones de pesos en 2010, revela el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de ese ejercicio, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.

La salida del multimillonario capital –que se habría realizado a través de inversiones, transferencias financieras y compra-venta de productos petrolíferos– implica al Grupo PMI: 10 empresas privadas que la paraestatal creó en el extranjero a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, y que a nombre de ésta comercializan el petróleo y sus derivados y contratan deuda en los mercados internacionales.

El monto –al que se hace referencia sólo una vez en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T4I-02-0740, como “universo seleccionado”– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total que la paraestatal publicó el 28 de febrero pasado en su Reporte de resultados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2011, por 1 billón 728 mil 213 millones de pesos.

Del informe de la Auditoría Superior se desprende que los recursos se habrían manejado en cuentas bancarias “particulares” de las empresas “privadas no paraestatales” PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España, SRL; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Services, BV. Todas ellas propiedad directa o indirecta de Pemex y bajo la coordinación de su filial PMI Comercio Internacional.

El billón de pesos implicaría operaciones de ventas de petróleo, costos de ventas, compras de insumos (por ejemplo, de las gasolinas que se importan a México), inversiones en el extranjero, dividendos cobrados, inversiones con instituciones financieras, obligaciones fiscales, participación en resultados de las inversiones en el extranjero, costos asociados, capital social, utilidades generadas por los accionistas, intereses ganados por inversiones, dividendos pagados, intereses ganados de préstamos realizados entre las propias compañías PMI, gastos de administración y de venta, flujo de efectivo y contratación de créditos.

La triangulación del dinero

La ruta del dinero trazada por la paraestatal tiene su origen en México: de aquí salen los recursos económicos (para inversiones, transferencias, adquisiciones y pagos) y en especie (los petrolíferos que se comercializan en el extranjero). Y su destino va desde los paraísos fiscales de Islas Caimán, Irlanda y Holanda, hasta Inglaterra, España, India, China, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente.

La conexión con los primeros dos paraísos fiscales se realiza a través de una onceava “empresa privada”, propiedad de la paraestatal: Pemex Finance, Ltd, constituida el 18 de noviembre de 1998 en Islas Caimán y que contrata deuda en los mercados internacionales. Sus adeudos los respalda con las cuentas por cobrar por la venta en el extranjero del petróleo mexicano. Esta compañía se relaciona comercialmente con PMI Services y PMI Holdings –ambas con sede en Holanda– y PMI Nortemérica, radicada en México.

Además de asentarse en territorios con leyes fiscales muy laxas, las tres primeras empresas no paraestatales tienen como característica en común que son sociedades unimembres, sin oficinas ni empleados (un esquema empresarial similar al que recurren trasnacionales para evadir impuestos y lavar dinero, de acuerdo con el instituto Global Financial Integrity). PMI Norteamérica tampoco tiene empleados y sus oficinas se localizan en la Torre de Pemex y en Estados Unidos.

Para operar ese billón de pesos, la paraestatal habría recurrido a la triangulación de recursos. PMI Services y Pemex Finance son “clientes designados” de la subsidiaria PMI Comercio Internacional, y como tales tienen la capacidad para negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira. Ambas se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros (como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc), pero también a PMI Norteamérica.

Ello, porque “el 1 de diciembre de 1998 PMI Comercio Internacional celebró con Pemex Finance, PMI Services y [la subsidiaria] Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”. En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.

Además, la relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.

Para estos fines, la caimanera Pemex Finance, la holandesa PMI Holdings y PMI Comercio Internacional comparten la titularidad de una cuenta bancaria collection account, donde se depositan todos los pagos de los clientes del petróleo mexicano.

Aunado a ello, la labor de PMI Services consiste en prestar servicios a Pemex Finance en la selección de las cuentas por cobrar presentes y futuras, como parte del mecanismo del programa de financiamiento estructurado de esa última, revela la auditoría. En 2010, PMI Services “presentó una utilidad neta de 709 mil dólares, equivalentes a 8 millones 765 mil pesos, superior en 31.3 por ciento comparado con 2009, originado por el margen que cobra por esos servicios”.

Parte del dinero también habría alcanzado a Irlanda, a través de PMI Trading y PMI Marine. El vínculo más relevante en estos se establece con la primera compañía, constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos en ese paraíso fiscal, desde donde se ejecutan todas las importaciones de gasolina y productos petrolíferos a México, por ejemplo.

En 2010 estas operaciones ascendieron a 299 mil 754 millones de pesos. Pero en este sexenio, el dinero que habrá pasado por esa “no paraestatal” sumará 1 billón 700 mil millones de pesos: 237 mil 132 millones en 2007; 328 mil 636 millones en 2008; 197 mil 484 millones en 2009; y 286 mil 34 millones en 2011, de acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011). Además se espera que en 2012 se gasten otros 280 mil millones de pesos por importaciones.

A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, PMI Trading también ejecuta todas las exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación. Esto, porque firmó un contrato con la subsidiaria para la compra-venta, en el cual la segunda se obliga a vender a la primera la totalidad de los productos disponibles para la exportación.

No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociadora, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.

Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; como también en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.

Los otros países

Otros territorios involucrados en el manejo del billón de pesos en 2010 son Inglaterra, donde radica PMI Services Europe; España, sede de PMI Holdings Petróleos España y Pemex Internacional España; Estados Unidos, que alberga a PMI Services North America y PMI Holdings North America.

En Estados Unidos, además, se realizaron transacciones de compra-venta de productos petrolíferos. Al igual que en la India, China, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente, naciones consideradas entre los principales clientes del petróleo mexicano.

El sistema financiero internacional

Para mover poco más de 1 billón 212 mil millones de pesos al margen del presupuesto público en ese ejercicio, la paraestatal no actuó sólo a través de sus empresas “privadas” extranjeras, también involucró al sistema financiero internacional. Y el JP Morgan Chase Bank fue una de las instituciones más importantes para Pemex y el Grupo PMI en este intrincado esquema.

En diciembre de 2010, correspondiente a la Cuenta Pública fiscalizada por la Auditoría Superior, siete de las 10 compañías PMI suscribieron un acuerdo para crear una tesorería centralizada, que quedó en poder de la holandesa PMI Holdings. Ésta creó varias cuentas de cheques en dólares en el JP Morgan, con sede en Nueva York para tal propósito.

La bolsa centralizada involucra a las tenedoras de acciones PMI Holdings Petróleos España y PMI Holdings; a dos comercializadoras, PMI Norteamérica y PMI Trading; y tres prestadoras de servicios, PMI Services North America, PMI Holdings North America y PMI Services.

En su informe, la Auditoría Superior revela que la filial “PMI Comercio Internacional mencionó que, en un principio, se había sugerido la posibilidad de que cualquiera de las compañías PMI Comercio Internacional o PMI Holdings desempeñara las actividades de tesorero del proyecto. Sin embargo, concluyeron que la indicada sería PMI Holdings, por tener el carácter de empresa privada extranjera, a la que no le resultarían aplicables las disposiciones legales mexicanas, en virtud del principio de extraterritorialidad de las leyes y, por lo tanto, gozaría de una mayor flexibilidad para desempeñar las funciones y propósitos que perseguía la tesorería centralizada; por el contrario, en el caso de que se hubiera decidido que fuera PMI Comercio Internacional, ésta estaría sujeta a los preceptos normativos que regulan la actuación de cualquier entidad paraestatal”.

Los objetivos del proyecto también conocido como In-house bank son: el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros que tuvieran disponibles las empresas del Grupo PMI, mediante los diferenciales entre las tasas activas y pasivas; la utilización de recursos internos en la expansión e inversiones en activos fijos y nuevos negocios a futuro por parte de PMI Holdings; mayor control en el efectivo de las empresas del Grupo PMI; recuperación de las pérdidas fiscales reportadas al cierre de 2009 por PMI Holdings; y menor cobro de comisiones por operaciones de cuentas bancarias.

De acuerdo con el informe de auditoría, la filial PMI Comercio Internacional eligió para este proyecto a JP Morgan. A mediados de febrero pasado, la Comisión del Mercado de Valores de Canadá demandó a esta institución financiera junto con otras cinco (Citigroup; Deutsche Bank; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC; Royal Bank of Scotland, y UBS) por la presunta manipulación del índice Líbor.

Según la autoridad canadiense, para maximizar sus beneficios estos seis bancos habrían alterado de manera “artificial e ilegal” el tipo de interés del mercado interbancario de Londres, utilizado como referente internacional en materia de préstamos.

Antes del proyecto de la tesorería centralizada, el JP Morgan Chase Bank ya participaba de algunos movimientos financieros del Grupo PMI. En esa institución, PMI Norteamérica tenía una de sus tres cuentas de cheques en dólares (las otras dos, en el Scotiabank Inverlat y en el BBVA Bancomer). Esta compañía privada, constituida con recursos públicos por la paraestatal, también habría hecho inversiones time deposit en el Bank of Tokyo Mitsubishi, el Bayerische Landesbank y el Standard & Chartered Bank.

Además, el Grupo PMI habría recurrido al Bank of New York Mellon, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho y Santander, instituciones a las que Pemex y sus subsidiarias recurren para sus operaciones en el extranjero, de acuerdo con la respuesta a la solicitud ciudadana de información 1857200095509.

Privatización del erario

Aunque su origen son las arcas públicas de la paraestatal, los recursos pierden su carácter de patrimonio nacional una vez que se encuentran en el exterior. Y es que, a decir del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, éstos forman parte de la bolsa privada de PMI.

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Pemex-Repsol: un tropezón que huele mal

La empresa española Sacyr envolvió en una complicada trampa a Pemex, instancias ambas que poseen acciones en la petrolera hispana Repsol. En sus planes estaba unirse accionariamente para tomar el control de la entidad española de hidrocarburos, pero los empresarios españoles, agobiados por las deudas, simplemente vendieron la mitad de sus acciones y dieron por terminado el acuerdo con Petróleos Mexicanos… y ésta quedó metida en un doble predicamento: falló su gran maniobra internacional y aquí se hizo evidente que el director de la paraestatal firmó contratos sin avisarle a su Consejo de Administración.

La torre de Pemex.

Jesusa Cervantes

Sin beneficios para México y con un injustificado endeudamiento de mil 120 millones de dólares por la innecesaria compra de acciones de Repsol YPF concluyó el fugaz acuerdo de “voto sindicado” firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la inmobiliaria española Sacyr Vallehermoso, que entre otras cosas inició una guerra por el control de la trasnacional.
El “hostil” acuerdo –así calificado por Rogelio Gasca Neri, consejero independiente de Pemex– se dio en sigilo, sin el permiso del Consejo de Administración de la paraestatal el pasado 29 de agosto.
De la misma forma, sin previo aviso al gobierno mexicano, a las autoridades de Pemex o a sus consejeros independientes, la inmobiliaria se deshizo de la paraestatal al vender la mitad del 20% de acciones que tenía en Repsol YPF, cancelando con ello el acuerdo.
Y mientras el equipo de funcionarios mexicanos impulsor del acuerdo con Sacyr ofrece explicaciones imprecisas y no da la cara públicamente, se fortalece ingresando a la nómina del gobierno federal a uno más de sus hombres: Antonio Murrieta Cummings, recién colocado en la gerencia de Administración Financiera del Corporativo Pemex.
Antonio Murrieta Cummings es hermano del secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta, y de Carlos Rafael, director Corporativo de Operaciones de Pemex, así como primo del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fausto Barajas Cummings, quien participa en los consejos de Administración de Pemex Petroquímica, Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Raúl Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y aún permanece en ese puesto. Raúl Murrieta y Videgaray fueron compañeros de Ernesto Cordero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde Felipe Calderón estudió una maestría.

Rompimiento anunciado

Luego de que en México los consejeros independientes de Pemex y el resto de la población se enteró por la prensa española de que la paraestatal firmó el 29 de agosto con Sacyr un acuerdo que la obligaba a comprar 4.6% de acciones de Repsol, para luego de manera “sindicada” ejercerlos conjuntamente y hacer valer su fuerza en el consejo de administración, el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel hubo de dar la cara y afirmar que su actuar fue “legal” y que no estaba obligado a pedir autorización al consejo.
Explicó que el costo para el gobierno mexicano fue de mil 600 millones de dólares; 480 millones los tomó de la caja de Pemex y el resto, mil 120 millones, lo obtuvo con la contratación de créditos con cuatro bancos: Inbursa, Crédit Agricole CIB de Francia, Natixis y HSBC de Inglaterra.
El 18 de octubre, a petición de los consejeros independientes Fluvio Ruiz Alarcón, Héctor Moreira Rodríguez y Fortunato Álvarez, se reunió de manera extraordinaria el Consejo de Administración de Pemex. Suárez Coppel dio una breve explicación de la relación Pemex-Repsol y el abogado de la petrolera, Marco Antonio de la Peña dijo que no se requería la autorización de ellos para firmar el convenio.
En privado Gasca Neri recriminó a Suárez Coppel que ni siquiera les entregara copia del acuerdo, que alegara que no requería de permiso y calificó de “ilegal” la compra de acciones y de “hostil” el acuerdo. En general, sostuvo, el acuerdo hace que se “perciba un ambiente negativo y de desaprobación en los medios financieros, empresariales y políticos”.
Reclamó que el voto de Pemex en Repsol se estuviera atando, mediante el acuerdo, a los intereses de Sacyr.
Antes de este acuerdo Pemex tenía 4.8% de acciones de la petrolera española; La Caixa (caja e ahorro española) 13%, Sacyr 20% y el restante 62% estaba fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.
Con la compra de acciones de Pemex por mil 600 millones de dólares llegó a 9.9% que sumado al 20% de Sacyr, debido al acuerdo, alcanzaba 29.9% lo que les daba supremacía sobre el resto, derecho a tomar las principales decisiones en Repsol e incluso se buscaba impulsar, según el acuerdo, que Antonio Brufau dejara de ser director de la petrolera española y presidente de su Consejo de Administración.
En la reunión extraordinaria del 18 de octubre Gasca Neri fue más allá: dijo que no se podía atar el voto de Pemex al de Sacyr por 10 años –como establece el acuerdo– y develó los motivos de Sacyr para buscar el respaldo de Pemex: “Obtener dinero fresco para pagar sus deudas a través de la obtención de mayores dividendos en contubernio con Pemex”. El acuerdo previó también nuevas formas de distribución de dividendos entre los accionistas.
En 2006, cuando Sacyr adquirió 20% de Repsol, obtuvo créditos con 39 bancos por cinco mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011. “Esta situación”, dijo Gasca, “implica la necesidad apremiante de Sacyr por aumentar dividendos, ordinarios y extraordinarios, mediante la venta de activos de Repsol”.
Recordó que luego del anuncio del acuerdo Sacyr-Pemex, Crédit Agricole informó que la inmobiliaria tiene una deuda impagable e incluso le recomendó que venda “activos, entre ellos una parte importante de sus acciones en Repsol”.
Ante la recomendación, el consejero independiente sugirió desde el 18 de octubre cancelar el convenio Sacyr-Repsol, pues seguramente ya no podría alcanzarse el objetivo de tener 29.9% de acciones de Repsol en forma conjunta.
Suárez Coppel y el director de Finanzas de la paraestatal, Carlos Rafael Murrieta Cummings, no hicieron caso a Gasca y el pasado martes 20, a un día de que se venciera el plazo de Sacyr para restructurar su deuda, la inmobiliaria vendió 10% de sus acciones a los bancos acreedores para pagar parte de su deuda. Las instituciones bancarias a su vez ofrecieron esas acciones a Repsol, que las adquirió de nuevo.
Lo anterior, sin avisarle a su contraparte mexicana.

“Era previsible”

En entrevista con Proceso el consejero independiente que llegó a dicha posición a propuesta del PRD, Fluvio Ruiz Alarcón, reconoció que Sacyr nunca les informó nada de la venta de sus acciones y mucho menos que pretendiera acabar con el acuerdo.
Sin embargo aclaró: “Se jugó con esa posibilidad (de que vendiera y por lo tanto, que el contrato quedara sin efecto); era claro que iba a ser difícil que pudiera restructurar su deuda sin deshacerse de esas acciones. Desde hacía 10 días circulaba entre nosotros esa versión”.
Repitió lo que Pemex dijo a través de un impreciso comunicado: que Sacyr avisó a Pemex de la venta “una vez que se hizo la operación” y no antes.
El 20 de diciembre Pemex también estableció en su comunicado que “mantiene canales abiertos de comunicación y negociación con los distintos accionistas de Repsol y su administración. Repsol ha ofrecido realizar un convenio industrial para maximizar las oportunidades de colaboración conjunta, además de ciertas medidas que le darían un mayor peso en el consejo de la empresa. Pemex y Repsol mantienen pláticas acerca de las características y condiciones de estos acuerdos”.
Pero nunca precisó cuáles serían esas “ciertas medidas” que darían mayor peso en el consejo.
El consejero de Pemex explicó que la paraestatal perdió de facto el derecho de tanto, es decir que le ofrecieran antes que a nadie el 10% de acciones que vendió a los bancos.
Esto, detalló Ruiz Alarcón, porque Sacyr se acogió al punto 8 del acuerdo que define las salvedades para la aplicación de esa medida. Ese punto pone como salvedad que “cualquiera de los instrumentos derivados de cobertura contratados por cada una de las partes en relación con su participación en Repsol hiciera recomendable dicha transmisión…”, como fue el caso, pues Crédit Agricole así lo hizo.
Y por último, comenta, para evitar la obligación de ofertar de manera pública ese 10% de las acciones.
Incluso Repsol en el comunicado que emitió para justificar la compra inmediata del 10% de las acciones dijo: “La falta de acuerdo entre los bancos y Sacyr Vallehermoso habría producido un escenario de incertidumbre prolongada en esa compañía, lo que resultaría dañino para la cotización de Repsol y tendría efectos negativos adicionales sobre el proyecto de crecimiento de la empresa. Además, dado el gran número de bancos involucrados y la heterogeneidad de sus planes e intereses era previsible una venta masiva y desordenada de títulos”.
Repsol anunció que el jueves 22 realizaría sesión de consejo para determinar qué hacer con ese 10% de acciones que adquirió. Entre las opciones está: “Analizar la venta a inversores institucionales y/o inversores estratégicos, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de Repsol. Adicionalmente, parte de estas acciones podrían ser utilizadas como fórmula de remuneración al accionista”.
Sin embargo dicha reunión no se realizó o por lo menos no fue notificada a través de ningún medio oficial.
El consejero Alarcón dijo que al presentarse las salvedades del punto ocho del acuerdo Pemex perdió automáticamente su derecho de tanto, es decir a que se le ofreciera primero ese 10%.
Además, dijo, “al hacerse la venta también se anuló de manera automática el acuerdo entre Sacyr y Pemex pues el punto 10.1 del acuerdo establece que si una de las partes vende 50% de sus acciones, el convenio concluye de manera inmediata”.
Fluvio Alarcón rechazó que la paraestatal haya perdido con todos estos movimientos: “Pemex no necesariamente pierde pues el plan estrictamente financiero, a raíz de los importantes yacimientos existentes en Argentina y en donde Repsol es socio, incrementa el valor de la acción. Y por la situación económica, del día de la compra al de hoy Pemex ya recuperó 200 millones de dólares”.
Lo que se deberá definir ahora, continuó, es ver cuál será la relación o peso que tendrían los accionistas principales pues con la venta ahora Sacyr tiene 10%, Pemex 9.9% y La Caixa 13%. Están casi igual. “Relevado el acuerdo que generó tanto encono, ahora se abre la posibilidad de que las relaciones se establezcan sobre otras bases y existe la posibilidad de un convenio industrial, como por ejemplo que Pemex se asocie con Repsol para trabajar en aguas someras en otras partes del mundo o un intercambio de tecnología, pues Repsol tiene un sistema de análisis sísmico muy avanzado”.
Y defendió el acuerdo: con esa firma y esta nueva venta Pemex dejará esa actitud pasiva que tuvo durante 30 años en Repsol “y es posible que tenga mayor peso, quizá otro consejero más, pero no sabemos”.
Como resultado del fiasco con Sacyr, en enero el Consejo de Administración de Pemex sesionará de manera extraordinaria para definir una estrategia de internacionalización, aclarar qué tiene que pasar por la aprobación del consejo y qué no, y qué se hará en función de lo que decida hacer Repsol con ese 10%.

Los operadores callan

El 30 de octubre de 2011 el corresponsal de Proceso en Madrid reveló que un consultor español, que estuvo al tanto de la relación Pemex-Repsol-Sacyr, se enteró de que el acuerdo Sacyr-Pemex tuvo “el visto bueno del presidente Felipe Calderón y agilizaron los preparativos antes de la salida de Ernesto Cordero de la Secretaría de Hacienda”, para que autorizara los mil 600 millones de dólares que se necesitaron para la compra de las acciones, condición establecida en el acuerdo.
Y añadió: “En esa operación fue clave la gestión de Ignacio Quesada, director de Finanzas de Pemex y hombre cercano a Ernesto Cordero, para que Hacienda agilizara los recursos públicos con el propósito de comprar acciones”.
Ignacio Quesada Morales, a quien hace referencia el consultor español, es el director financiero de Corporativo Pemex y fue quien firmó el acuerdo con Sacyr Vallehermoso, junto con José Manuel Carrera Panizzo, representante de PMI Holdings BV, una filial de Pemex.
Apenas el 25 de octubre pasado, bajo las órdenes de Quesada Morales, se nombró a Antonio Murrieta Cummings gerente de Administración Financiera del Corporativo. Entre sus funciones está la de autorizar y delinear la distribución, integración y difusión de techos presupuestales en las direcciones corporativas, la coordinación e instrumentación de fondos revolventes y la cancelación y apertura de cuentas bancarias de las unidades administrativas del corporativo, entre otras.
Pemex y los involucrados en la operación del acuerdo no han dado una explicación pública, pero la paraestatal anunció algunos cambios: entre ellos que en PMI Internacional se nombró como director a Luis Felipe Luna Melo; de esta área forma parte PMI Holdings BV que fue otra instancia que firmó el acuerdo con Sacyr.

Fraude en compra-venta de gasolina en PEMEX

Inhabilitan y multan a cuatro altos directivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos, PMI Comercio Internacional; entre éstos, a la directora general María del Rocío Cárdenas. Los funcionarios habrían vendido gasolina con descuentos indebidos a las trasnacionales Trafigura y Gunvor, señala la Secretaría de la Función Pública. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares. Al final del sexenio, la paraestatal habrá destinado más de 1 billón 500 mil millones de pesos a la importación del energético; mientras, los mexicanos se enfrentan al décimo gasolinazo del año.

Nancy Flores

Una presunta defraudación por 24 millones 330 mil 221 dólares, unos 340 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas de PMI Comercio Internacional descubre un negocio que sólo beneficia a los extranjeros: la compra-venta de gasolinas. Y es que mientras a las exportaciones se les aplican descuentos multimillonarios, las importaciones se pagan a precio de mercado.

Tan sólo en este sexenio, México habrá gastado 1 billón 700 mil millones de pesos en la importación de productos petrolíferos; de éstos, al menos 1 billón 500 mil millones se habrán destinado a la compra de gasolinas al cierre de 2012, revela información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011), las importaciones realizadas en el periodo 2007-2011 suman un equivalente, en pesos, a 1 billón 349 mil 40 millones: en 2007, por 237 mil 132 millones; en 2008, por 328 mil 636 millones; en 2009, por 197 mil 484 millones; en 2010, por 299 mil 754 millones; y en 2011, por 286 mil 34 millones de pesos.

El monto involucrado hasta este año es 11.5 veces la inversión total de Pemex para la fallida refinería Bicentenario, que se ubicará en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha construido la barda perimetral. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas “129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales [desde 2010] hasta 2015”.

A pesar del contraste de las cifras, sin una mayor producción nacional, las importaciones continuarán causando una sangría relevante a las arcas públicas. Al finalizar el gobierno calderonista, el gasto en este rubro se cerrará en, al menos, 1 billón 699 mil 40 millones de pesos: en el año electoral de 2012, las adquisiciones de los energéticos superarán los 350 mil millones, el mayor monto sufragado hasta ahora.

De acuerdo con el diputado federal Mario Di Costanzo Armenta, el próximo año, sólo las compras de gasolinas ascenderán a 22 mil 500 millones de dólares; mientras que otros productos petrolíferos implicarán un gasto de 2 mil 500 millones. Así, la estrategia de la paraestatal más importante del país ha sido importar gasolina cara y exportar gasolina barata.

Ello a pesar de que las costosas importaciones del energético no sólo impactan las finanzas públicas, sino también los bolsillos de todos los mexicanos. El 8 de octubre pasado, el gobierno federal hizo efectivo el décimo gasolinazo del año: el litro de Magna alcanzó un precio de 9.56 pesos, el de Premium llegó a los 10.5 pesos y el diésel se incrementó a 9.92 pesos. El argumento de las autoridades federales es la supuesta “incapacidad” financiera para seguir solventando el subsidio al energético.

El presunto fraude

Contrario al detrimento que sufren las finanzas públicas y familiares, las trasnacionales se ven favorecidas por las exportaciones de gasolina barata. Tal fue el caso de las empresas de origen holandés Trafigura y Gunvor, beneficiarias entre 2008 y 2009 de la política de rebajas (similar a la aplicación de los factores K y K’ en el precio del crudo de exportación, que Contralínea reveló en su edición 253, del 2 de octubre de 2011).

Así lo documenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública en PMI Comercio Internacional, que derivó en la destitución, inhabilitación y multa de cuatro altos directivos de esa filial, considerada la segunda en importancia al interior de Pemex.

Los funcionarios sancionados son la ahora exdirectora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta; el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk; y el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.

En conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, explicó que el daño ocasionado al erario de PMI Comercio Internacional asciende a 1 millón 757 mil dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal es de 24 millones 330 mil dólares. De acuerdo con Vega Casillas, éste es el primer caso en el que se ve involucrada una alta funcionaria de PMI.

Tras recibir una denuncia anónima, el Órgano Interno de Control realizó un análisis de los expedientes comerciales y advirtió el presunto otorgamiento de un descuento excesivo e injustificado en la venta de gasolina cóquer. Éste se determinó al tomar como referente internacional a la gasolina RBOB menos un descuento.

Sin embargo, señala la autoridad federal, “no se encontró evidencia de que el descuento otorgado se hubiera basado en la diferencia de calidad entre la gasolina cóquer y la gasolina RBOB, utilizada como referente, tal y como debe ocurrir en este tipo de operaciones”.

Las sanciones

Como lo adelantó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011), todas las operaciones encabezadas por María del Rocío Cárdenas eran fiscalizadas por el Órgano Interno de Control desde 2010. Entre otras cosas, los contralores presumían actos de corrupción y conflicto de intereses en su gestión.

Quien también fuera directora Comercial de Refinados (de enero de 2008 a enero de 2009) finalmente fue destituida, inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos y multada con 238 millones 942 mil 24 pesos por el caso de la supuesta venta irregular de gasolina cóquer. No obstante, los resultados de los otros expedientes de investigación podrían sumarse a la lista de presuntas irregularidades.

De acuerdo con el secretario Vega Casillas, ella omitió establecer y dirigir estrategias y actividades de comercialización, en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina cóquer.

“Como directora Comercial de Refinados de PMI, suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag, para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading, Ltd, los resultados de las operaciones comerciales en las que participó, toda vez que no dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias reales de dichas operaciones.”

Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.

En la lista de sancionados están César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se leinhabilitó por 10 años y multó con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 12 millones 35 mil 816 pesos.

Al interior de la paraestatal, el escándalo es de tal magnitud que cimbra la gestión de Juan José Suárez Coppel: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas “privadas” PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; y con Cárdenas Zubieta, exdirectora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Operaciones trianguladas a paraísos fiscales

Las operaciones de PMI Comercio Internacional para la compra-venta de gasolinas en el extranjero involucran a la empresa “privada” PMI Trading, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ésta fue constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos, en el paraíso fiscal de Irlanda, desde donde realiza todas las transacciones.

A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, es PMI Trading la que ejecuta todas las importaciones y exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación, mediante un esquema de triangulaciones. El negocio entre PMI Trading y Pemex Refinación se basa en un contrato de compra-venta, en el cual el segundo se obliga a vender al primero la totalidad de los productos disponibles para la exportación.

No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociador, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.

Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; asistencia en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.

Función pública desmantela PMI

Tras detectar “formas sutiles de corrupción” en PMI Comercio Internacional “difíciles de acreditar”, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de desmantelamiento discrecional del círculo de directivos. Con las recientes destituciones e inhabilitaciones, son nueve los altos ejecutivos que han salido de la subsidiaria de Pemex entre 2009 y 2011.

Como lo ha documentado Contralínea, de 2009 a la fecha, la Función Pública ha destituido, inhabilitado o presionado para presentar su renuncia a nueve altos ejecutivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional de combustibles, ahora incluida la directora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta.

Además de ella y sus tres allegados, inhabilitados el pasado 11 de octubre, han salido Karen Miyasaki Hara, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario; Carlos Armando Cantú Guerra y Margarita Nieto Ramos, señalados e inhabilitados por pagar irregularmente una compensación por separación voluntaria; Luis Crispín Garnica, inhabilitado por usurpación de profesión; y Mario Blenda Ahumada, quien presentó su renuncia tras conocer que era sujeto de investigación por supuestos hechos de corrupción.

Crispín Garnica, quien encabezaba la Dirección de Finanzas de PMI, fue inhabilitado y separado de su cargo en 2009 tras comprobarse que ostentaba el título de licenciado sin haber obtenido este grado.

Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios, fue destituida el 23 de mayo de 2010. En este caso, la Secretaría de la Función Pública la acusó ante la Procuraduría General de la República por su probable responsabilidad en un fraude por 13 millones de dólares, por falsear su declaración patrimonial al no reportar 16 millones de pesos y por supuesto enriquecimiento ilícito.

Mario Blenda Ahumada, exsubdirector Comercial de Residuales, renunció a mediados de 2010 tras enterarse que el Órgano Interno de Control en PMI lo investigaba por un supuesto fraude a las finanzas públicas.

La investigación en contra de Blenda Ahumada aún no concluye, revelan fuentes de la Función Pública. De acuerdo con los avances, se podrían acreditar 32 viajes –cada uno con duración de dos días y estancia de un par de horas (sólo los fines de semana)– a París, Francia, durante un año.

Carlos Armando Cantú Guerra, exdirector de Administración, y Margarita Nieto Ramos, exgerente de Recursos Humanos, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados el 8 de febrero pasado por autorizar la liquidación por 5 millones 668 mil 405 pesos a favor del exdirector de Finanzas, Crispín Garnica.

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

Involucrada en un fraude de 19 millones

• Investigan a la directora general de PMI
• Involucrada en un fraude de 19 millones
• Karen Miyasaki es inhabilitada 20 años

Miguel Badillo

María del Rocío Cárdenas Zubieta ocupa el lugar número 10 entre las 50 mujeres más poderosas del 2010, según la revista Expansión, de acuerdo con el ranking publicado en mayo pasado por esa publicación del grupo CNN. Ingeniera Química de profesión, Cárdenas Zubieta se hizo acreedora a esa mención porque controla las operaciones de Pemex en todo el mundo y maneja las importaciones y exportaciones de crudo. En enero pasado, además, Cárdenas Zubieta representó al gobierno mexicano en el Foro Mundial de Negocios de Davos, Suiza.

Sin embargo, la directora de Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) – que en 2009 sustituyó a Rosendo Zambrano – está muy lejos de ser la funcionara modelo que se describe en el perfil elaborado a propósito de su nominación entre las 50 mujeres más poderosas de México.

Es más, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas, avanza en la investigación sobre la gestión de esta funcionaria por una supuesta malversación de fondos relacionada con el fraude por 13 millones de dólares en el que participó una de sus más cercanas colaboradoras.

Según el Órgano de Control Interno de PMI, Rocío Cárdenas habría estado involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su subordinada y amiga Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares a la filial de Pemex mediante operaciones con cargamentos de petróleo y beneficiándose del diferencial en el tipo de cambio.

A Miyasaki, exsubdirectora comercial de Destilados Intermedios, se le acusó de haber beneficiado a Max Beckett, su esposo, quien trabajaba para Blue Oil México. Sin embargo, en su momento, la empresa estadounidense aseguró que el Señor Beckett no tenía relación con la empresa que suministra combustible de petróleo en las costas del Pacífico norte, centro y sur de América. La SFP confirmaría después la relación personal y de negocios. Ahora, además, indaga si Cárdenas Zubieta encubrió a Miyasaki.

Miyasaki fue investigada por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. En enero pasado, la SFP la inhabilitó por 20 años y la condenó a pagar 164 millones 200 mil pesos.

La exfuncionaria de PMI compró a la empresa japonesa Idemitsu Kosan Company un cargamento de unos 330 mil barriles de diesel de ultra bajo azufre en el puerto de China, Japón, a un costo de 27 millones 694 mil dólares. Este combustible lo revendió a su vez en esta misma costa a la empresa Blue Oil Trading, en poco más de 28 millones de dólares.

Max Miles Becket, de origen inglés y con quien Miyasaki Hara se casó un año antes de que se descubrieran las irregularidades, era a su vez socio y director de Blue Trading SRL de CV, compañía filial de Blue Oil Trading. La SFP calculó que el daño ocasionado a PMI ascendió a más de 4 millones 500 mil dólares, ya que se detectaron por lo menos cuatro operaciones similares, por lo que el monto sería mayor y alcanzaría los 19 millones de dólares.

Con información de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Función Pública descubrió 16 millones de pesos en 13 cuentas bancarias y depósitos de la funcionaria que no había reportado en su declaración patrimonial, y los cuales se encuentran congelados a efecto del proceso que enfrenta. El pasado 23 de mayo, el mismo día que la dependencia hizo públicas las denuncias e indagatorias en su contra, a través de una carta, Miyasaki Hara se dijo inocente y argumentó que las operaciones de comercio internacional en el mercado petrolero eran sumamente complejas.

Por ello, Rocío Cárdenas Zubieta autorizó un análisis, que costó 21 mil 500 dólares, adjudicado a PIRA Energy, exprofeso para “justificar” compras irregulares de combustibles. La SFP también indaga todos los esquemas vigentes en la filial de Pemex para adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas en el mercado internacional.

La indagatoria de la SFP busca acreditar la probable participación de la funcionaria en supuestas irregularidades detectadas en el contrato CIM-DA-105/09 y en el posterior uso de un estudio derivado de éste.

La adjudicación directa a favor de la consultora PIRA Energy Group, ocurrida el 21 de agosto de 2009 y con un costo de 21 mil 500 dólares, no habría tenido ninguna utilidad pública a pesar de que se sufragó con recursos de la filial de Pemex, indican los avances de las investigaciones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Contralínea, el estudio fue usado para justificar compras irregulares de combustibles que implicaron un fraude por 13 millones de dólares contra el erario.

En esa defraudación está involucrada Karen Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios de PMI, a quien en breve se le acreditarán otras dos adquisiciones irregulares que implican daños a las arcas públicas por 6 millones de dólares más.

La supuesta actuación de la directora de PMI implicaría el desvío de recursos públicos por 21 mil 500 dólares que se pagaron a PIRA con un fin de “orden privado”, señalan los funcionarios de la SFP. Ese fin es la defensa de una exservidora pública separada de su cargo por la probable comisión de un fraude a las finanzas de PMI, que en total alcanzaría 19 millones de dólares.

Ante este nuevo hecho, la contraloría federal busca configurar el delito de malversación de fondos, en el cual estaría implicado, además de Cárdenas Zubieta, el director de Administración en esa época, de acuerdo con una investigación de la reportera Nancy Flores y publicada en Contralínea.

Todas estas investigaciones han distanciado al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, del director general e Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien considera hay una campaña de desprestigio en contra de la paraestatal petrolera, mientras que el titular de la SFP asefura que sólo se trata de investigaciones claras y transparentes sobre hechos de corrupción.

La defraudación

El fraude por 13 millones de dólares se destapó el 23 de mayo de 2010. Ese día, el secretario Vega Casillas y César Chávez, visitador general de la Procuraduría General de la República, dieron a conocer detalles de las investigaciones que llevan ambas dependencias.

Sin mencionar directamente su nombre, los funcionarios señalaron que Miyasaki Hara estaba implicada en presuntos actos de corrupción relacionados con cuatro operaciones de compraventa de cargamentos de diésel ultrabajo azufre, que favorecieron a la japonesa Idemitsu Kosan Company y a Blue Oil Trading.

“Se estima que el perjuicio causado a PMI entre agosto y diciembre de 2008, hasta el momento, supera los 13 millones de dólares. Las investigaciones señalan como presunta responsable a la [entonces] subdirectora Comercial de Destilados Intermedios de PMI”, dijo Vega Casillas en conferencia de prensa. El modus operandi, agregó, “consistía en la realización de varias operaciones de compraventa innecesarias de cargamento de diésel ultra bajo azufre, con el probable beneficio de empresas extranjeras en perjuicio de PMI. Una de esas empresas está vinculada con el cónyuge de la presunta responsable”.

Las fuentes de la SFP consultadas por Contralínea indican que al interior de PMI, el escándalo comenzó tiempo atrás. Fue a partir de febrero de 2009 cuando los auditores de la Función Pública iniciaron los trabajos y requirieron todos los documentos vinculados con cuatro de las seis compras irregulares. Para agosto de ese año, era tal el nerviosismo de los directivos de la filial de Pemex que se contrató a PIRA Energy Group para intentar desvirtuar las indagatorias del Órgano Interno de Control, revelan fuentes de PMI.

De acuerdo con una fuente de la Función Pública, la hipótesis principal de la investigación en contra de Cárdenas Zubieta, es que el estudio fue hecho exprofeso para defender a Miyasaki Hara. Hasta ahora, ni la directora de la filial ni sus subordinados han podido acreditar otro uso para ese análisis. Fuentes de PMI –brazo comercial de Pemex en el mercado internacional, pues maneja todas las importaciones y exportaciones del crudo y sus derivados de la paraestatal– aseguran que Cárdenas Zubieta y Miyasaki Hara mantienen una relación de amistad. Esa relación, aseguran, inició cuando Rocío Cárdenas se desempeñaba como directora de Refinados, y Miyasaki Hara como subdirectora de esa misma área.

Cárdenas Zubieta, de profesión ingeniera química, nació en México en 1967. Su trayectoria en PMI incluye, además de su estancia como directora de Refinados, su presidencia en PMI Services North America, Inc, y en PMI Holdings North America, Inc. Antes fue directora general de PMI Norteamérica, SA de CV.

Estas tres últimas forman parte de la red empresarial privada que Pemex mantiene en México y en el extranjero desde la década de 1990. Filiales que según la Auditoría Superior de la Federación se encuentran al margen de la ley y no rinden cuentas a nadie.

Otras investigaciones

El caso de Miyasaki Hara ha servido a los contralores para encontrar otras “formas sutiles de corrupción”. Por ello, la Función Pública indaga todos los esquemas de adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas vigentes en la subsidiaria.

En esas indagatorias, la principal dificultad ha sido acreditar desvíos de centavos de dólar por cada barril comprado y vendido por PMI en altamar, aseguran las fuentes. Y es que la filial comercia millones de barriles de combustibles y todas las operaciones las realiza en moneda extranjera.

Esto habría permitido que, en ciertas operaciones multimillonarias, los funcionarios movieran las compras dependiendo del tipo de cambio, e incluso facturaran en días distintos al que originalmente le correspondería a la operación, en colusión con las empresas privadas.

Así, las conversiones de dólares a pesos siempre darían una ligera ganancia a la subsidiaria, pero también a bolsillos privados. Aunado a esto, las investigaciones se complican por la participación de traders o intermediarios, por las fórmulas de preciación utilizadas en la empresa, por el uso de swaps y porque PMI participa de manera activa en los mercados de futuros.

En el caso de la importación de petrolíferos –que en lo que va de este sexenio supera los 690 mil millones de pesos–, las investigaciones también han descubierto un elemento que no necesariamente compete a la demanda del mercado nacional.

Los informantes ponen como ejemplo el incremento de las importaciones de gasolinas: éste se explica en un contexto internacional en el que Europa ha cerrado la puerta a las energías sucias y no en el supuesto desabasto de México.

En el mercado internacional de los combustibles, América Latina es considerada como el “basurero” de Europa y Estados Unidos; mientras que África es el más grande “basurero” del mundo, refieren. Así, cuando América Latina cancele por política ambiental las adquisiciones de gasolinas, éstas se venderán en mayor proporción al continente africano.

Al margen de ese contexto, el discurso de la paraestatal que encabeza Juan José Suárez Coppel insiste que la importación de cuatro de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México se debe a la falta de producción nacional.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Función Pública investiga a la directora de PMI por supuesta malversación

La Secretaría de la Función Pública investiga a la actual directora de PMI Comercio Internacional por una supuesta malversación de fondos. Según la contraloría, Rocío Cárdenas estaría involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su exsubordinada y “amiga” Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario. El análisis, que costó 21 mil 500 dólares, habría sido adjudicado a PIRA Energy ex profeso para “justificar” compras irregulares de combustibles. La SFP también indaga todos los esquemas vigentes en la filial de Pemex para adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas en el mercado internacional.

Nancy Flores

María del Rocío Cárdenas Zubieta –directora general de PMI Comercio Internacional desde el 26 de enero de 2009– enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por una supuesta malversación de fondos, revelan fuentes de primer nivel de esa dependencia que solicitan el anonimato por temor a represalias.

La indagatoria busca acreditar la probable participación de la funcionaria en supuestas irregularidades detectadas en el contrato CIM-DA-105/09 y en el posterior uso de un estudio derivado de éste.

La adjudicación directa a favor de la consultora PIRA Energy Group, ocurrida el 21 de agosto de 2009 y con un costo de 21 mil 500 dólares, no habría tenido ninguna utilidad pública a pesar de que se sufragó con recursos de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), indican los avances de las investigaciones.

Oficialmente, su objeto fue definido como “Heart of the barrel: the future for middle distillate fuels”. De este contrato se derivó el Analysis of diesel import pricing for PMI, dado a conocer por el reportero Luis Carriles –en Milenio, el 15 de mayo de 2010– como una de las pruebas ofrecidas en un caso de corrupción también documentado por la SFP.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Contralínea, el estudio fue usado para justificar compras irregulares de combustibles que implicaron un fraude por 13 millones de dólares contra el erario.

En esa defraudación está involucrada Karen Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios de PMI, a quien en breve se le acreditarán otras dos adquisiciones irregulares que implican daños a las arcas públicas por 6 millones de dólares más.

La supuesta actuación de la directora de PMI implicaría el desvío de recursos públicos por los 21 mil 500 dólares que se pagaron a PIRA con un fin de “orden privado”, señalan los funcionarios de la SFP. Ese fin es la defensa de una exservidora pública separada de su cargo por la probable comisión de un fraude a las finanzas de PMI, que en total alcanzaría 19 millones de dólares.

Ante este nuevo hecho, la contraloría federal, a cargo de Salvador Vega Casillas, busca configurar el delito de malversación de fondos, en el cual estaría implicado, además de Cárdenas Zubieta, el director de Administración en esa época.

La defraudación

El fraude por 13 millones de dólares se destapó el 23 de mayo de 2010. Ese día, el secretario Vega Casillas y César Chávez, visitador general de la Procuraduría General de la República, dieron a conocer detalles de las investigaciones que llevan ambas dependencias.

Sin mencionar directamente su nombre, los funcionarios señalaron que Miyasaki Hara estaba implicada en presuntos actos de corrupción relacionados con cuatro operaciones de compraventa de cargamentos de diésel ultrabajo azufre, que favorecieron a la japonesa Idemitsu Kosan Company y a Blue Oil Trading.

“Se estima que el perjuicio causado a PMI entre agosto y diciembre de 2008, hasta el momento, supera los 13 millones de dólares. Las investigaciones señalan como presunta responsable a la [entonces] subdirectora Comercial de Destilados Intermedios de PMI”, dijo Vega Casillas en conferencia de prensa.

El modus operandi, agregó, “consistía en la realización de varias operaciones de compraventa innecesarias de cargamento de diésel ultra bajo azufre, con el probable beneficio de empresas extranjeras en perjuicio de PMI. Una de esas empresas está vinculada con el cónyuge de la presunta responsable”.

Las fuentes de la SFP consultadas por Contralínea indican que, al interior de PMI, el escándalo comenzó tiempo atrás. Fue a partir de febrero de 2009 cuando los auditores de la Función Pública iniciaron los trabajos y requirieron todos los documentos vinculados con cuatro de las seis compras irregulares.

Para agosto de ese año, era tal el nerviosismo de los directivos de la filial de Pemex que se contrató a PIRA Energy Group para intentar desvirtuar las indagatorias del Órgano Interno de Control, revelan fuentes de PMI.

Amistad, el conflicto

De acuerdo con los informantes de la Función Pública, la hipótesis principal de la investigación en contra de Cárdenas Zubieta es que el estudio fue hecho ex profeso para defender a Miyasaki Hara. Hasta ahora, ni la directora de la filial ni sus subordinados han podido acreditar otro uso para ese análisis.

Consultadas por Contralínea, fuentes de PMI –brazo comercial de Pemex en el mercado internacional, pues maneja todas las importaciones y exportaciones del crudo y sus derivados de la paraestatal– aseguran que Cárdenas Zubieta y Miyasaki Hara mantienen una relación de amistad.

Esa relación, aseguran, inició cuando Rocío Cárdenas se desempeñaba como directora de Refinados, y Miyasaki Hara, como subdirectora de esa misma área.

Cárdenas Zubieta, de profesión ingeniera química, nació en México en 1967. Su trayectoria en PMI incluye, además de su estancia como directora de Refinados, su presidencia en PMI Services North America, Inc, y en PMI Holdings North America, Inc. Antes fue directora General de PMI Norteamérica, SA de CV.

Estas tres últimas forman parte de la red empresarial privada que Pemex mantiene en México y en el extranjero desde la década de 1990. Filiales que según la Auditoría Superior de la Federación se encuentran al margen de la ley y no rinden cuentas a nadie.

En el ranking de “Las 50 mujeres más poderosas de 2010” de la revista Expansión, Cárdenas Zubieta ocupa el décimo lugar. Según la publicación, porque “está a cargo nada más y nada menos que de las operaciones de Pemex en todo el mundo, y maneja las importaciones y exportaciones de crudo”.

Otras investigaciones

El caso de Miyasaki Hara ha servido a los contralores para detectar otras “formas sutiles de corrupción”. Por ello, la SFP indaga todos los esquemas de adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas vigentes en la subsidiaria.

En esas indagatorias, la principal dificultad ha sido acreditar desvíos de centavos de dólar por cada barril comprado y vendido por PMI en altamar, aseguran las fuentes. Y es que la filial comercia millones de barriles de combustibles y todas las operaciones las realiza en moneda extranjera.

Esto habría permitido que, en ciertas operaciones multimillonarias, los funcionarios movieran las compras dependiendo del tipo de cambio, e incluso facturaran en días distintos al que originalmente le correspondería a la operación, en colusión con las empresas privadas.

Así, las conversiones de dólares a pesos siempre darían una ligera ganancia a la subsidiaria, pero también a bolsillos privados. Aunado a esto, las investigaciones se complican por la participación de traders o intermediarios, por las fórmulas de preciación utilizadas en la empresa, por el uso de swaps y porque PMI participa de manera activa en los mercados de futuros.

En el caso de la importación de petrolíferos –que en lo que va de este sexenio supera los 690 mil millones de pesos–, las investigaciones también han detectado un elemento que no necesariamente compete a la demanda del mercado nacional.

Los informantes ponen como ejemplo el incremento de las importaciones de gasolinas: éste se explica en un contexto internacional en el que Europa ha cerrado la puerta a las energías sucias y no en el supuesto desabasto de México.

En el mercado internacional de los combustibles, América Latina es considerada como el “basurero” de Europa y Estados Unidos; mientras que África es el más grande “basurero” del mundo, refieren. Así, cuando América Latina cancele por política ambiental las adquisiciones de gasolinas, éstas se venderán en mayor proporción al continente africano.

Al margen de ese contexto, el discurso de la paraestatal que encabeza Juan José Suárez Coppel insiste que la importación de cuatro de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México se debe a la falta de producción nacional.

Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó conocer la versión de Cárdenas Zubieta, sin que al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

México importa petrolíferos por 690 mil MDP

La reconfiguración de las refinerías de Pemex fracasó. Fox y Calderón gastaron más de 160 mil millones de pesos en instalaciones que no pueden operar al ciento por ciento de su capacidad. Mientras, sólo en lo que va del actual gobierno México ha tenido que importar petrolíferos por un monto que ya supera los 690 mil millones de pesos. No es todo: Suárez Coppel anuncia inversiones en empresas refinadoras de Estados Unidos, y Deer Park –una sociedad entre Pemex y Shell similar a las que se impulsarán en 2011– reporta pérdidas multimillonarias.

Nancy Flores

El pasado 1 de diciembre, Juan José Suárez Coppel reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará asociarse con refinerías estadunidenses para reducir el volumen de gasolina importada al país. Según el director general de la paraestatal, resulta más cara su construcción que el esquema de las sociedades.

Mientras la cúpula de la petrolera analiza los nombres de las empresas con las cuales se darán las asociaciones, la refinería Deer Park –ubicada en Houston, Texas, y que Pemex posee en sociedad con Shell– reporta pérdidas multimillonarias y la Secretaría de la Función Pública detecta irregularidades en las obras de modernización de la refinería Tula.

Más aún, tan sólo en lo que va del actual gobierno, la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos ha implicado un gasto superior a los 690 mil millones de pesos. De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, y en 2008, 2009 y 2010, a más de 180 mil millones de pesos por año.

La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra, que sería la última que se edifique en territorio mexicano, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación.

El monto de las importaciones también significa 4.31 veces la inversión que la petrolera mexicana y su subsidiaria Pemex Refinación han destinado, en una década, a la reconfiguración y modernización del Sistema Nacional de Refinación, integrado por seis complejos.

De acuerdo con la paraestatal, en 10 años el costo por obras relacionadas con el Proyecto Global de Reconfiguraciones, para tres refinerías (Cadereyta, Madero y Minatitlán), asciende a más de 13 mil millones de dólares (160 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.37 pesos por 1 dólar, establecido por el Banco de México para la jornada del 3 de diciembre de 2010).

En su página de internet, Pemex asegura que el plan de reconfiguración tiene como meta incrementar la capacidad de las seis refinerías. “De no aumentarla, para 2015 las importaciones [sólo de gasolina] podrían alcanzar 489 miles de barriles diarios, es decir la mitad de la demanda nacional”.

No obstante la multimillonaria inversión del Proyecto, ninguna de las seis refinerías opera al ciento por ciento de su capacidad, admite la propia paraestatal.

Durante la conferencia telefónica Resultados de Pemex al 30 de junio de 2010, el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, reveló algunos de los factores que impiden explotar la capacidad total de los complejos: mantenimientos que fueron diferidos de periodos anteriores y que se revisaron en el periodo reportado; mantenimientos correctivos de plantas no previstos durante el periodo enero-junio y mantenimientos realizados de acuerdo con los ciclos programados en el periodo.

A decir del funcionario, en el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento, debido principalmente a fallas de energía eléctrica en las refinerías de Madero y Tula. Todos los complejos tuvieron afectación por ese mismo motivo, dijo.

El 30 de julio pasado, Murrieta Cummings también reconoció que la producción de petrolíferos disminuyó de 1 millón 430 mil a 1 millón 417 mil barriles diarios, como resultado del menor proceso de crudo.

La Coalición Petrolera Independiente, AC, advierte que Pemex intensifica su “política” para desmantelar las subsidiarias. En el caso del Programa de Reconfiguraciones, señala que no ha dado resultados en ninguna de las refinerías, pues los trabajos sólo han beneficiado a empresas privadas. Una auditoría de la Función Pública confirma que, en el caso de la refinería Tula, la modernización no ha derivado en una mayor capacidad.

Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de dicha Coalición, indica en entrevista que hay “connivencia” entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige Carlos Romero Deschamps. Este último, dice, ha firmado convenios de liquidación para terminar la relación laboral con trabajadores de áreas estratégicas sindicalizados. Las plazas son canceladas y las áreas, cedidas a las trasnacionales.

Inversiones en Estados Unidos

El Proyecto Global de Reconfiguraciones –aprobado en 1997 y ejecutado a partir de 2001– no sólo se ciñe a la modernización de la infraestructura ya creada, sino que promueve nuevas construcciones: “Para producir la gasolina que se requerirá, en 20 años, en México será necesario, además de la reconfiguración de las refinerías existentes, poner en operación una nueva refinería cada tres o cuatro años”.

Hasta hace no mucho tiempo, los directivos de la paraestatal consideraban prioritario ese plan, porque “Pemex importa cuatro de cada 10 litros de gasolina que consumimos en el país, a un costo superior a los 10 mil millones de dólares al año [123 mil 700 millones de pesos]. Por si fuera poco, además del costo que representa, el hecho de importar gasolinas se traduce en que México esté financiando empleos e inversiones en el exterior, que podrían generarse internamente”.

Ahora, la administración de Suárez Coppel abandona el Programa Global de Reconfiguraciones para impulsar inversiones en Estados Unidos. Los esquemas de asociación con trasnacionales que impondrá la cúpula del Corporativo no sólo no son nuevos, sino que son ineficaces.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, Deer Park sólo representa ganancias para la trasnacional. Entre otros beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica, y por consiguiente a Pemex. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación.

Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluyó la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, de la Auditoría Superior de la Federación, en el Estado de resultados de PMI Norteamérica se constató que “el costo de ventas fue superior en 2.9 por ciento sobre los ingresos obtenidos en el año.

“La Gerencia de Control Presupuestal de Pemex mencionó que lo anterior ocurrió como consecuencia de la caída de precios del petróleo durante el segundo trimestre de 2008, lo que ocasionó un desfase en el precio de venta de barril refinado, el cual fue menor que la suma del barril crudo comprado con sus costos incurridos.”

Irregularidades en obras

Pese a esas evidencias, el esquema de sociedades que se dará en 2011 –según los planes de la Dirección Corporativa de Pemex– pondría en riesgo, aún más, la capacidad de las refinerías en México.

Y es que, hasta ahora, la petrolera ha sido incapaz de resolver los problemas de su Sistema Nacional de Refinación. Así lo revela la auditoría 35/2009, realizada por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, aplicada a la Subdirección de Producción de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con la auditoría, cuya copia posee Contralínea, en el último trimestre de 2009 se observó la “reducción de la rentabilidad y utilización de la planta productiva de la refinería, con motivo de la conversión de la planta H-OIL hidrodesulfuradora de residuales a hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío”.

Además, señala que, “al 15 de diciembre de 2009, la planta H-OIL como hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío sólo opera con un tren, el cual tiene la capacidad de 25 MBD [miles de barriles diarios], ya que el otro tren ha presentado fallas desde su conversión, lo que pudiera haber provocado que se continúe importando gasolina Magna UBA”.

La auditoría revela que “en el informe presentado al Consejo de Administración, se especificó una inversión para la ejecución del proyecto de 28 mil 800 millones de dólares, incluyendo un catalizador y que se tendría un valor presente neto de 31 mil millones de dólares y una tasa interna de retorno de 51 por ciento, por lo que la inversión se recuperaría en dos años, aproximadamente. Sin embargo, en el análisis de costo beneficio del 17 de diciembre de 2007 se planteó una inversión de 23 millones 938 mil dólares, el valor presente neto de 5 mil 743 millones de dólares y una tasa interna de retorno de 32.83 por ciento, por lo que se esperaba una recuperación de la inversión en tres años aproximadamente, situación que se considera aclarar tomando en cuenta que al 15 de diciembre de 2009 no se ha cumplido con ninguna de las metas planteadas, contraviniendo lo presentado al Consejo de Administración”.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de Petróleos Mexicanos, a través de Francisco Montaño, coordinador de Información y Prensa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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Para los PRIANistas la corrupción es LEGAL

Pemex: legal, la privatización del erario

De 2007 a la fecha, Petróleos Mexicanos habría manejado más de 800 mil millones de pesos a través de su filial PMI Norteamérica, monto que es seis veces el costo de la Refinería Bicentenario. Al ser una de las 25 empresas “privadas no paraestatales” de Pemex, esa PMI mantiene el capital público como particular en cuentas bancarias extranjeras. Según la gestión de Suárez Coppel, la privatización del erario es legal.

Nancy Flores

La administración de Juan José Suárez Coppel en Petróleos Mexicanos (Pemex) considera legal la privatización del dinero público. En esa lógica, miles de millones de pesos son tratados como capital privado y resguardados en cuentas bancarias particulares, radicadas en México y en el extranjero. Ello, a pesar de que su origen es la venta del petróleo.

Se trata de los recursos que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente de las 10 conocidas como Grupo PMI. Estas últimas, dedicadas a comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– el crudo y sus derivados en los mercados internacionales.

No obstante que se trata de la venta de bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.

Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de la paraestatal durante una reunión sostenida con representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.

De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.

“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.

Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.

En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, según la paraestatal, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.

Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación.

Más de 800 mil MDP “privados”

En el caso de las 25 empresas privadas de Pemex, la defraudación a la hacienda pública sería incalculable. Las compañías fueron constituidas a fines de la década de 1980 y principios de 1990. Desde entonces, son manejadas al margen de la ley, señala la Auditoría Superior.

Tan sólo en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, PMI Norteamérica, SA de CV, habría amasado un “patrimonio privado” superior a los 800 mil millones de pesos, monto que es seis veces el costo de la Refinería Bicentenario, que Pemex construirá en Tula, Hidalgo, y que asciende a 129 mil millones de pesos.

Triangulación de recursos

Además de privatizar el dinero público, PMI Norteamérica estaría involucrada en triangulación de recursos a cinco filiales del Grupo PMI, que no son sus accionistas. También, en la inversión de capital en la refinería Deer Park, que –a nombre de Pemex– posee en sociedad con la trasnacional Shell.

Y es que la compañía instrumental ha transferido recursos multimillonarios a PMI Trading, PMI Holdings North America, Deer Park y PMI Services North America en calidad de “inversiones en el extranjero” y “préstamos”, revela el reporte de la ASF.

El negocio de Shell

Las filiales privadas de Pemex no son las únicas que ganan. También, la trasnacional Shell, por medio de Deer Park Refining Limited Partnership. La sociedad permite a la trasnacional adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993 entre Shell y la filial privada de Pemex.

Contrario a ello, la copropiedad no parece tan benéfica para PMI Norteamérica. En 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con la operación de Deer Park.

Pemex, la única que no gana

Las pérdidas que la refinería trasladó a las finanzas de PMI Norteamérica casi sumaron lo mismo que las ganancias. En los “ingresos por dividendos” derivados de su participación en Deer Park, la filial registró 2 mil 923 millones 216 mil pesos.

De ese dinero, Petróleos Mexicanos no vio ni un peso. Mientras que, el 26 de septiembre de 2008, PMI Norteamérica pagó dividendos a sus dos accionistas –25 millones 727 mil pesos a PMI Holdings, BV, y 10 millones 162 mil pesos a PMI Holdings Petróleos España, extraídos de su cuenta bancaria en JP Morgan Chase–, a Pemex no le restituyó nada.

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Se destapa tráfico de influencias en el calderonismo

Felipe Calderón y su gabinete, incluido Petróleos Mexicanos, tuvieron conocimiento de un proceso para registrar la marca “Pemex” en Estados Unidos y Canadá, pero no hicieron nada para impedirlo / Gerardo Lozano, hermano del secretario del Trabajo, trabajaba para la paraestatal y al mismo tiempo para Intermix, a la que habría beneficiado con información confidencial del gobierno mexicano.

MEXICO, D.F., 6 de marzo.- El 2 de diciembre de 2000, un día después de que el Partido Acción Nacional asumió el poder en el gobierno federal, la empresa de Gerardo Lozano Alarcón, hermano del actual secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, empezó a trabajar para Petróleos Mexicanos (Pemex) para un periodo de cuatro años. Luego, el segundo gobierno panista convino nuevos servicios y le adjudicó de manera directa otros contratos, por lo menos en 2007 y 2008.
A los dos meses de haber reiniciado su relación comercial con la administración de Felipe Calderón a través de Petróleos Mexicanos, en junio de 2007, la empresa de Lozano Alarcón negoció con una compañía establecida en Islas Caimán para disputarle a la paraestatal su derecho de comercializar la marca “Pemex” en Estados Unidos. Y se la ganó.
El propio vocero de Intermix, la empresa que le arrebató a Pemex el uso de marca, sospecha que el hermano del secretario del Trabajo pudiera haber traficado con información para lograr el registro de la marca “Pemex”.
Durante este periodo, el despacho de Gerardo Lozano Alarcón trabajaba para Pemex y para Intermix, con la que entabló juicio contra la paraestatal.
Intermix es una empresa privada envuelta en la opacidad: se desconoce quiénes son los propietarios y qué negocios hace, toda vez que está constituida en uno de los paraísos fiscales del Caribe más recurridos por quienes pretenden no rendir cuentas en forma transparente.

Socios ocultos

Gerardo Lozano Alarcón y Eduardo Gallastegui Armella formaron el despacho Gallastegui y Lozano, A.C., en 1985, con el objeto de prestar “servicios profesionales que requieran un título de licenciado en derecho, pero sin limitarse a ello”.
En 1989, el despacho se asoció con el bufete estadunidense Holland & Knight (H&K) y se constituyeron como una nueva empresa: Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C., que ha firmado contratos con las oficinas corporativas de Pemex y con una de sus filiales: PMI Comercio Internacional, SA. De C.V., encargada de las importaciones y exportaciones de crudo y derivados de Pemex, o lo que es lo mismo, es el brazo comercial de la paraestatal ante el resto del mundo.
El 15 de septiembre de 2009, Intermix, S.A. Corporation Cayman Islands ganó a Petróleos Mexicanos el derecho a comercializar la marca “Pemex” en Estados Unidos.
Intermix inició el proceso de registro de la marca “Pemex” el 14 de agosto de 2007. Apenas dos meses antes, el 6 de junio, Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C. había recibido el contrato CIM-DA-078/07 de PMI, por adjudicación directa, con el objeto de prestar “servicios profesionales de asesoría jurídica en materia laboral, mercantil, civil y administrativo”.

Lozano y Pemex

En entrevista con la reportera Dayna Meré del diario Reforma, Gerardo Lozano aceptó su vínculo con Intermix.
“Nos encontramos a través de internet que un señor Scott Petersen, que es socio de la oficina de Holland & Knight en Chicago, fue quien presentó un registro de la marca ‘Pemex’ en Estados Unidos, en representación de una empresa que se llama Intermix.
“Yo no sabía absolutamente nada, es decir, esto fue una solicitud que se presentó por parte del despacho en Chicago sin mi consentimiento”, aseguró el hermano del secretario del Trabajo.
Sin embargo, el socio de Gerardo Lozano Alarcón en México, Eduardo Gallastegui, estaba al tanto de todo, como lo demuestra un par de correos electrónicos entre el citado Petersen Scott y el hermano de Eduardo, Benjamín Gallastegui, del que se tienen copias.
En el primero, enviado por Benjamín a Scott el 11 de diciembre de 2009, se lee: “Es extremadamente urgente que hables con Eduardo Gallastegui en relación con el registro de la marca ‘Pemex’ a nombre de la compañía llamada Intermix (Jim Rosen). Desde que esto empezó estamos teniendo enormes problemas de nuestra firma con el gobierno de México”. El mensaje incluye los números telefónicos de la oficina y del celular de Eduardo Gallastegui.
En su respuesta, Scott le aclara a Benjamín Gallastegui que Pemex presentó el 29 de marzo de 2004, ante la oficina de registros de Estados Unidos, su “intento de usar” la marca, y le subraya: “Es interesante, el abogado de Petróleos Mexicanos presentó una declaración para abandonar esa solicitud (no sé por qué). Desde entonces (2005) Petróleos Mexicanos ha mantenido silencio relativo a esa marca”.
Después le relata el proceso que siguió Intermix para obtener la marca, y le aclara que ya la han ganado. Según Scott, cuando H&K inició el proceso para Intermix se verificó que no hubiera conflicto de interés: “Como te dije, desde que este cliente empezó a interesarse en la marca, hemos conducido una búsqueda para estar seguros de que no había conflicto. Hasta ahora ‘Pemex’, ‘Petróleos Mexicanos’ o ‘PMI’ no son clientes de Holland & Knight (basado en mi búsqueda). Saludos, Scott”.
Por lo visto, Scout buscó mal. Según la “lista de proveedores” de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C. se adjudicó un contrato por 2 millones 290 mil 800 pesos, vigente del 2 de diciembre de 2000 al 2 de diciembre de 2004.
También de manera directa, PMI le adjudicó a ese despacho el contrato CIM-DA-078/07, por un monto de 200 mil pesos, por el periodo del 6 de junio al 21 de diciembre de 2007.
Al año siguiente, la misma PMI le otorgó el contrato CIM-DA-112/08 por otros 200 mil pesos, con vigencia del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2008.

Las omisiones

En una comparecencia en el Senado de la República, en diciembre pasado, el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aseguró que desde 2006 “al menos tratamos de registrar nuestras marcas” en todos los países en los que opera la paraestatal, “y lo que estamos haciendo son todas las acciones pertinentes para evitar el registro de nuestra marca por un tercero en Estados Unidos para su uso comercial”.
Lo que Suárez Coppel no dijo a los senadores es que desde hacía tres meses Intermix ya tenía en su poder el “trademark” o marca registrada de “Pemex” en Estados Unidos, que le garantiza la exclusividad para comercializar productos bajo la marca “Pemex”.
Hasta hoy, según los archivos públicos de la United Status Patent and Trademark Office, el gobierno mexicano no ha reactivado el proceso para recuperar la marca.
El director de Pemex tampoco comentó que la marca ya se había perdido también en Canadá y hasta en la República Eslovaca.
En su comparecencia ante los senadores, Suárez Coppel justificó la omisión de la paraestatal de no registrar la marca “Pemex” en Estados Unidos “porque nos lo impide la legislación” de ese país, que obliga a declarar una “intención de uso de la marca” para poder registrarla.
“No tenemos una intención de uso porque no tenemos ningún plan de hacer franquicias Pemex en Estados Unidos; no está en nuestro plan de negocios y no vemos una lógica comercial inmediata (…) Si no registramos la marca es porque nos lo impide la legislación ahí”, explicó a los legisladores.
El alegato del director de Pemex no es del todo cierto, de acuerdo con el abogado Rafael Jiménez Camacho, integrante del despacho Jiménez & Asociados, especializado en el registro de marcas: el gobierno mexicano pudo haber iniciado un proceso de “registro de protección” a pesar de no contar con la intención de utilizarla comercialmente.
En cualquier caso, el gobierno mexicano no se puede decir “sorprendido”, declara Jimi Rosen, vocero de Intermix y operador de la posible venta de franquicias Pemex a varias compañías internacionales, a través de Group Rosen Investmen Advisor.
Él mismo envió varios correos electrónicos a Felipe Calderón, a su gabinete, al gabinete ampliado y a diputados y senadores de todos los partidos políticos, avisándoles del proceso de registro iniciado por Intermix.
Ahora el gobierno mexicano “tiene un gran problema”, considera, porque el despacho de Gerardo Lozano Alarcón trabaja tanto para Intermix como para Pemex.
Ambos despachos, H&K y Group Rosen, fueron contratados por Intermix; el primero para el proceso de registro; el segundo, para buscar clientes a los cuales venderles franquicias para el comercio de productos marca “Pemex” en Estados Unidos.
“Cuando Rosen contrató a H&K, mis abogados checaron que no tuviera como cliente al gobierno; me representaron a mí e Intermix. Gerardo Lozano Alarcón nunca puso en su récord que representó a Petróleos Mexicanos y pienso que ese es el problema. Tienen un gran problema y por eso el presidente (Calderón) no habla del tema, todos están callados. Esto no fue una sorpresa”, sostiene Jimi Rosen.
El vocero de Intermix se pregunta por qué Gerardo Lozano, “siendo el principal directivo”, nunca declaró que Pemex era su cliente. “Yo pienso (que es) porque su hermano (Javier Lozano) le está dando información, pero es sólo una suposición”.
Lo cierto es que un mes después de que el despacho del hermano del secretario del Trabajo fuera recontratado en 2007 para brindar servicios a Pemex, se puso a las órdenes de Intermix para pelearle a la paraestatal el derecho a comercializar Estados Unidos desde barriles de crudo hasta un litro de lubricante... marca “Pemex”.

Competidor silencioso

El abogado Rafael Giménez Camacho, propietario de una de las firmas más reconocidas en el registro de propiedad industrial e intelectual en el país, no encuentra motivos para que el gobierno mexicano abandonara el proceso de registro de la marca “Pemex” en Estados Unidos.
En entrevista, subraya que no sólo era cuestión de un negocio “sumamente rentable”: el área jurídica de Petróleos Mexicanos está obligada a registrar la marca en todo el mundo “para evitar que alguien más pueda hacer uso de mi prestigio y de mi calidad en el mercado”, asegura.
A cinco meses de haberse perdido la marca, Giménez se pregunta por qué el gobierno mexicano no ha realizado trámite alguno para recuperarla: “Cayó en omisión… y es su responsabilidad, por ser una empresa del Estado”.
Más grave aún es que Intermix, la empresa que ahora tiene en su poder la marca y pretende vender franquicias (se dice que por un millón de dólares), está constituida en un paraíso fiscal, en Islas Caimán.
–¿Puede ser lavado de dinero?
–No necesariamente. Lo que sabemos es que seguramente constituyeron la empresa en Islas Caimán para que nadie supiera quiénes son las cabezas que están detrás y cuál es su verdadera intención. Se contactó al vocero de Intermix, Jimi Rosen, para saber quién desplazó a Pemex del mercado estadunidense.
Contratado para vender franquicias de la marca en Estados Unidos y Canadá a compañías petroleras, Rosen dice que la empresa tiene una antigüedad de cuando menos 10 años, pero desconoce por qué se constituyó en un paraíso fiscal. Cuestionado sobre la identidad de los propietarios de Intermix, Rosen se disculpa por no poder revelar los nombres.
“Intermix es una compañía muy callada, no tiene página web. Son buena gente, no son narcotraficantes, y no está inmiscuido ningún funcionario o exfuncionario del gobierno mexicano. Es una compañía privada y creo que muy pronto van a poner gasolineras, pero no van a dar la imagen que tienen las instalaciones de Pemex en México”, afirma.
Su propia relación con la empresa “es muy simple”, dice Rosen: “Intermix hace negocios, tiene muchos otros negocios, y me contrataron para poner las franquicias. Lo hicieron porque tengo conexiones, tengo amigos y estoy muy enterado, porque soy un buscador de negocios y tengo una larga experiencia en México”.
Jimi Rosen es un operador financiero, amigo cercano de Roberto Madrazo Pintado. Entre sus clientes cuenta a una compañía petrolera de Arabia Saudita que pretendió comprar crudo a Pemex durante el sexenio de Vicente Fox. “En ese tiempo conocí a Bernardo de la Garza (actual director comercial de crudo en PMI) y a Julio Camelo (director corporativo de administración de Pemex el sexenio pasado). No quiero hablar mal de Fox, pero piensa en blanco y negro: cuando se enteró de mi cercanía con Madrazo, se deshizo el trato con mi cliente de Arabia Saudita y se perdió mucho dinero”.
Aclara que ni él ni Intermix quieren tener mala relación con el gobierno mexicano. “Pemex abandonó la marca en Estados Unidos y Canadá. Los dueños de Intermix tuvieron la visión de hacer negocio y por eso se registró, porque es un muy buen negocio. Por eso me hablaron a mí, y ya estoy en contacto con otras compañías de otros países”.
Tan sólo para dar una idea de la importancia de registrar Pemex como marca, Jimi Rosen revela que el plan de negocios de Intermix para “Pemex marca” consta de 173 páginas.
Rosen dice que él ha estado disponible por si el gobierno mexicano quiere hacer negocios, “pero esa no es la intención de Intermix”.
Insiste en que ni el gobierno mexicano ni el propio Felipe Calderón se pueden decir engañados, pues él mismo les detalló por correo electrónico la pretensión del registro.
“El gobierno de México ya perdió la marca; Intermix la tiene, y será por mucho tiempo”, sostiene.
Pero el abogado Rafael Giménez Camacho no piensa igual. Si el gobierno mexicano quiere, podría recuperar la marca “Pemex” a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece derechos recíprocos para las marcas notoriamente famosas en cada uno de los países firmantes.
“Se puede declarar que es una marca notoriamente famosa, tienen las pruebas. El punto es que el gobierno se decida a ir a los tribunales y solicitar la nulidad; hay todas las posibilidades de que México gane”, dice.
Sin embargo advierte, el tiempo apremia y cada retraso para interponer la controversia es tiempo que juega a favor de quien ya tiene la marca en su poder.
Pero esta pérdida de marca no solo ocurrió en Estados Unidos: el gobierno mexicano también perdió su derecho a comercializar sus productos en Canadá bajo la marca “Pemex”, luego de que Intermix también solicitó el registro en aquel país el 17 de agosto de 2007 y lo ganó el 4 de marzo de 2009.
Hasta en la República Eslovaca, una empresa realizó el trámite y desde el 10 de diciembre de 2004 es la única que puede vender productos marca “Pemex” en ese país de Europa del Este. (Jesusa Cervantes / APRO).