Pemex encubre pérdida por más de 398 MMDP

Funcionarios de Petróleos Mexicanos alteraron los libros contables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción para ocultar una pérdida de 398 mil 564 millones de pesos, descubre la Auditoría Superior. Además, “escondieron” rezagos de cuentas por cobrar que datan desde hace 13 años.

Ana Lilia Pérez

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las entidades que, año con año, recibe más observaciones y recomendaciones de los entes fiscalizadores, así como la ordenanza a las contralorías internas de que abran indagatorias y finquen responsabilidades.

Uno de esos importantes hallazgos que en su más reciente revisión a la Cuenta Pública 2010 detectó la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza Juan Manuel Portal, fue al auditar los Sistemas de Información Financiera y Financiamientos de Pemex, la Tesorería de Pemex Corporativo y los libros contables y registros financieros de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los fiscalizadores detectaron que los funcionarios de Pemex alteraron los libros contables para ocultar pérdidas multimillonarias que la subsidiaria más importante –PEP– tuvo durante 2009, como consecuencia de deficiencias e irregularidades en las operaciones y administración.

Las pérdidas ascendieron a 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos. El saldo negativo simplemente “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración” señala la Auditoría Superior.

La maniobra contable la operaron funcionarios del Corporativo, en Marina Nacional y las subdirecciones de Administración y Finanzas. De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría para no transparentar las pérdidas, desde el Corporativo de Pemex se giraron instrucciones a PEP para que eliminara de los libros contables la pérdida y se transfiriera a los libros contables de la empresa pública como un activo.

Este movimiento contable –cita la ASF– se realizó mediante el oficio DCF-SUCOFI-GC-56-2011, que el 3 de febrero de 2011, la Dirección Corporativa de Finanzas le envió a directivos de Exploración y Producción para que traspasaran la pérdida registrada en 2009, y que en los libros contables de Pemex Corporativo se registrara como una cuenta por cobrar. Es decir, la pérdida de 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos, que era un saldo negativo “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración”.

De esta manera, señala la Auditoría, se evitó que los estados financieros de PEP mostraran la pérdida obtenida en 2009, “al anularla, con un incremento en los activos de Pemex Corporativo en el rubro de Cuentas por Cobrar”, aunque en realidad era un activo inexistente.

La maniobra contable se hizo al margen del Consejo de Administración. En este caso, detectado recientemente por la Auditoría Superior, los auditores encontraron que los funcionarios de Pemex dieron cifras falsas en los informes oficiales para ocultar las pérdidas multimillonarias en PEP y transferirle el dinero del Corporativo.

Además de alterar, burdamente, los estados financieros, la manipulación contable tuvo otra consecuencia: que en los estados financieros de Pemex no se revela la disminución real de la inversión del Corporativo en sus subsidiarias, ni la pérdida patrimonial de éstas, ya que el registro contable en Petróleos Mexicanos se realizó con un incremento en la cuenta Inversiones en Organismos Subsidiarios, sin una justificación técnica, porque no existió un incremento real en dichas inversiones.

“Los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos del ejercicio del 2009, que PEP traspasó a Pemex Corporativo, por lo que se incumplió con la Norma de Información Financiera NIF A-7 ‘Presentación y revelación’, al no revelar en forma clara y comprensible la eliminación de la pérdida de PEP, ni el origen en el incremento de la inversión en Pemex Corporativo”.

Por el contrario, en los registros contables de Pemex se asentaron números falsos de supuestos incrementos en la cuenta de las inversiones de la paraestatal a sus subsidiarias, sin una justificación técnica, pues, en realidad, señala la ASF, nunca hubo un incremento real en esas inversiones.

Señala la Auditoría que “los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil pesos del ejercicio de 2009”.

En consideración de la Auditoría, los funcionarios de Pemex que participaron en las maniobras contables violaron la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento; la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras.

Javier Jiménez Espriú, quien durante varias décadas se desempeñó como funcionario de Petróleos Mexicanos y como integrante del Consejo de Administración de numerosas empresas paraestatales y privadas, explica la gravedad de que decisiones de esta naturaleza las ejecuten los directivos de Pemex, sin consultar al Consejo de Administración:

“Los hallazgos de la Auditoría no son más que la confirmación, ahora a través de una autoridad de prestigio por su acuiciosidad, de lo que se ha estado denunciando en los últimos meses, que el director de Pemex maneja la paraestatal como si fuese de su propiedad, y que es un verdadero desorden lo que ocurre. Porque para él es una práctica repetitiva tomar decisiones tan delicadas sin informarle al Consejo, sin solicitar su aprobación y sobre todo ocultándole información.

“Lo que evidencia la Auditoría Superior es de enorme gravedad porque son pérdidas y transferencias indebidas, multimillonarias, cantidades enormes que, supuestamente, se están perdiendo, pero no hay una explicación del porqué de esas pérdidas y sí un ocultamiento de esa información. No pueden simplemente borrar una pérdida o encubrirla trasladándosela al Corporativo, sencillamente, es gravísimo”.

Jiménez Espriú atribuye la manipulación que se está haciendo de los informes y registros contables de la petrolera como un mecanismo a modo para las decisiones políticas que en materia energética se han tomado en el actual gobierno, donde se habla de una nueva reforma que encamine a Pemex hacía una mayor privatización de las áreas que aún opera la entidad.

“Las finanzas de Pemex se manejan y se maquillan al deseo de las autoridades para establecer ciertas políticas. En las finanzas de Refinación, por ejemplo, siempre le agregan pérdidas para justificar que no se hagan refinerías, al argumentar que es mejor traer los refinados del extranjero; y en las finanzas de Exploración y Producción se borran las pérdidas para justificar que se incrementen las inversiones; es decir, es una manipulación de cifras verdaderamente al gusto de las autoridades”, explica el también académico y conferencista de universidades nacionales y extranjeras en temas del sector energético.

En este sentido, el consultor en temas energéticos, George Baker, define la operación que se ha hecho de Pemex Corporativo como “una canasta contable en que se puede poner y sacar montos a la conveniencia del momento, por ejemplo, los millones de pesos sacados para el Sindicato que tenían la finalidad de financiar la campaña presidencial de 2000, de Francisco Labastida”.

El llamado Pemexgate implicó el desvío de recursos de 500 millones de pesos de las arcas de Pemex; el monto que hoy documenta la Auditoría Superior es 796 veces más.

El elaborar informes financieros “a modo”, como señala Jiménez Espriú, podría tener para el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, implicaciones en el ámbito de lo administrativo e incluso derivar en actuaciones en su contra de carácter penal.

La ASF determinó que en su carácter de director general deberá informarle al Consejo de Administración del traspaso contable que hizo de la pérdida que PEP tuvo en 2009, y las inconsistencias en los estados financieros.

El organismo de fiscalización señala también la urgencia de que los auditores externos que auditan los registros contables de la paraestatal, informen de las posibles consecuencias o repercusión que las operaciones contables descritas resultarán para la paraestatal.

Dada la gravedad de las manipulaciones contables, la Auditoría determinó que el Órgano Interno de Control en Pemex deberá abrir investigaciones y en su caso iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los funcionarios que instruyeron a las subsidiarias a traspasarle al Corporativo sus pérdidas de 2009, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración.

Legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia preparan una demanda de carácter penal en contra de los directivos de Pemex que autorizaron y operaron la manipulación de los libros contables de la paraestatal, para ocultar las pérdidas millonarias de PEP y transferirlas al Corporativo. La demanda se encuadra en la supuesta violación al artículo 214 del Código Penal, que se refiere al ejercicio indebido del servicio público, y también por el ocultamiento de la información contable, conforme documentó la Auditoría Superior.
El quebranto

En términos del efecto que para las finanzas del Corporativo tiene la transferencia de la pérdida de PEP, implica un quebranto por los mismos 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos.

El abogado Gabriel Reyes Orona, consultor legal de la firma RGPA y exfuncionario en el ámbito fiscal, bancario y financiero, explica que la operación que hicieron los funcionarios de Pemex Corporativo y los de la subsidiaria Exploración y Producción, “fue una simulación contable en la que, supuestamente, el Corporativo adquirió el crédito de la empresa subsidiaria, pero en realidad adquirió una cuenta que nació como incobrable, por lo que se genera el quebranto. O dicho de otra manera, la alta dirección y los funcionarios del área financiera y contable de Pemex hicieron un quebranto al Corporativo dado que la cuenta nació y es incobrable”.

Ello, advierte Reyes Orona, “sí tendrá para Pemex consecuencias no sólo en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, porque se podría considerar que la paraestatal está falseando información financiera y ello le impactaría, sobre todo, en la colocación de la deuda en los mercados financieros. Por lo pronto, el mensaje que tendrá quienes consulten esa auditoría es que en Petróleos Mexicanos se hacen simulaciones contables para encubrir millonarias pérdidas por la ineptitud de sus directivos, pero sobre todo es la evidencia de que Pemex como empresa no cumple con los requisitos mínimos de transparencia, porque en este caso PEP oculta información sobre sus pérdidas operativas, simplemente las borraron, y eso es un delito penal”.

Éste es uno de los temas principales que los legisladores federales plantean abordar en la próxima comparecencia del director de Pemex ante la Cámara de Diputados.

Cuentas por cobrar, lastre millonario

La manipulación que se hizo a los estados contables de Pemex no es lo único que encontraron los fiscalizadores al auditar los libros contables de la petrolera. En las cuentas por cobrar se hallaron otrosrezagos.

Las cuentas por cobrar se integran como parte del curso normal de las operaciones por ventas de hidrocarburos o bienes que originan las cuentas por cobrar comerciales, y también de otras transacciones: préstamos a los empleados, reclamaciones por siniestros y partidas similares.

Cuando los especialistas de la ASF auditaron esas cuentas contables se encontró que la subsidiaria PEP mantiene saldos pendientes desde 1997, es decir, desde que la paraestatal era dirigida por Adrián Lajous Vargas.

El lapso de una transacción comercial en la paraestatal es de 30 días en promedio, que considera el tiempo entre la emisión de la factura y la fecha de pago, considerando el crédito para que los clientes cubran sus adeudos, pero conforme la Auditoría hay adeudos de clientes mexicanos y extranjeros que tiene casi 15 años de antigüedad, y que están registrados contablemente como partidas abiertas: movimientos no finalizados, pendientes de compensar, depurar o liquidar; es decir, que se trata de cuentas por cobrar.

Entre sus documentos y cuentas por cobrar, PEP ha mantenido 3 mil 709 partidas “contrarias a su naturaleza”, que datan desde 1998 hasta 2010, y que tienen un saldo de 7 mil 617 millones 337 mil 800 pesos. Hay cuentas por cobrar a corto plazo de clientes mexicanos y extranjeros fechadas desde hace 13 años y que las administraciones de Pemex no ha hecho nada para depurarlas.

En las cuentas de PEP se encontraron también adeudos por 14 mil 592 millones 617 mil 400 pesos, que provienen desde 1997, y que no se ha registrado un sólo movimiento para su cobro o depuración.

Aunque los directivos de la paraestatal registraron esos 14 mil 592 millones 617 mil 400 pesos en los libros contables, como parte de los activos de la petrolera, la Auditoría Superior explica que en realidad “no representan derechos reales de cobro”, debido a la falta de mecanismos de coordinación de las áreas que intervienen en el proceso de registro de las cuentas por cobrar y para realizar en forma periódica la cobranza y depuración.

Pero además, al revisar los registros, la Auditoría halló duplicación en el registro de 27 partidas de adeudos de terceros a favor de PEP, por venta de activos improductivos y de bases de licitación, préstamos a personal e indemnización de siniestros.

Tiene también la subsidiaria PEP un rezago en la cobranza de 1 millón 242 mil 400 pesos de préstamos a sus funcionarios y empleados, que datan de entre 1997 y 2000; durante 11 años nada se hizo para recuperar esos préstamos. En ese mismo periodo obtuvieron préstamos funcionarios de PEP, por 3 millones 611 mil 600 pesos. Dichos funcionarios fueron transferidos al Corporativo dejando sus adeudos pendientes en las finanzas de PEP.
Venta de activos de Pemex

La Auditoría Superior también detectó que funcionarios de PEP redujeron los montos que, previamente, se había tasado a los activos desincorporados para abaratarlos aún más. Ello lo hicieron meses después de que éstos ya se habían vendido.

La ASF revisó solamente una muestra de las ventas de activos improductivos que se hicieron durante 2010. Revisó dos notas de venta de bienes a terceros por 3 millones 655 mil 100 pesos, los auditores encontraron que seis meses después de que había hecho la venta, funcionarios de PEP reclasificaron la calidad y características de los “desechos” vendidos a terceros, con la finalidad de abaratar los precios. La maniobra era improcedente, porque desde que se iba a efectuar la venta, un certificador había avalado su calidad y clasificación correcta.

Al respecto, la Auditoría urgió al Área Administrativa de PEP elaborar un programa de depuración de las cuentas pendientes desde 1997.

En cuanto a los préstamos pendientes de funcionarios y empleados de Pemex, ordenó que deberán cubrir tales adeudos con descuentos en nómina.

Por considerar las conductas de los funcionarios de PEP como irregulares, la Auditoría Superior solicitó al Órgano Interno de Control en Pemex abrir investigaciones contra los funcionarios que no dieron seguimiento ni depuraron las cuentas por cobrar, que datan desde 1997.

Deberán también abrirse investigaciones, de entrada de carácter administrativo, en contra de los funcionarios que de manera ilegal reclasificaron los activos “improductivos” de la paraestatal.

Pemex Gas, pérdidas por negligencia

La cuentas por cobrar en la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) también presentaron deficiencias, cuentas que databan de 1998, y que no fueron depuradas sino hasta que la ASF las auditó. Hasta marzo de 2012, en que hizo público los resultados de su auditorías, algunas de esas cuentas oficialmente aún estaban en proceso de depuración.

La falta de depuración, indica la Auditoría Superior de la Federación, es porque la subsidiaria PGPB carece de lineamientos o políticas contables que definan las áreas responsables de dar seguimiento, depuración o cancelación de adeudos.

Esa deficiencia es parte de las irregularidades atribuidas a los directivos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por ello, la Auditoría le solicitó a la Contraloría Interna abrir una investigación en contra de los funcionarios que durante más de una década, no dieron seguimiento a los adeudos que desde hace 12 años, terceros tienen con la subsidiaria.

El caos o manejo discrecional de los libros y la contabilidad en Pemex alcanza también a la subsidiarias Pemex Refinación. En esa subsidiaria la Auditoría Superior encontró cuentas bancarias que han permanecido estáticas desde 1998, y otras desde 2001.

En una cuenta los directivos de Refinación mantenían 24 millones 535 mil 400 pesos, que debían haber sido transferidos desde hacía meses a la cuenta concentradora del Corporativo de Pemex. El dinero no se transfirió sino hasta después de que la Auditoría lo encontró en esa cuenta. Mantenían también seis cheques por 787 mil 800 pesos que debían haber reintegrado, desde hacía un año a la Gerencia de Recursos Financieros.

Ante el panorama que evidencia la Auditoría Superior de la Federación, es claro, expresa Javier Jiménez Espriú, que la próxima administración en el gobierno federal “deberá hacer una revisión exhaustiva de las finanzas reales de Pemex y, probablemente, se encontrarán con todos los efectos de las decisiones que el director de la paraestatal tomó sin consultar al Consejo de Administración, decisiones inaceptables. Desgraciadamente, hasta dentro de un año veremos apenas delineado como dejara la administración actual las finanzas. Pero hay medidas emergentes que se deben tomar ya, y una de esas es que se asuman las responsabilidades contra los directivos de que han dispuestos de esos montos altísimos”.

Se solicitó entrevista con el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, y con el de la subsidiaria PEP, Carlos Morales Gil, para que respondieran a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 280 / 15 de abril de 2012

Privado”, el dinero de Pemex en el extranjero

Los recursos que Pemex maneja en el extranjero, a través de sus 10 empresas “privadas” constituidas en paraísos fiscales, “no son públicos”, señala el director general de la paraestatal. En entrevista con Contralínea, reconoce que el monto, por más de 1 billón 200 mil millones de pesos, se opera fuera del presupuesto público. Sin embargo, asegura que no se realiza de forma discrecional, y que todo el dinero se invierte en la empresa del Estado. Suárez Coppel rechaza la solicitud que hizo la Auditoría Superior al Congreso, para que las compañías del llamado Grupo PMI se vuelvan paraestatales: esto complicaría la participación de Petróleos Mexicanos en los mercados internacionales, considera.

Con una seriedad similar a la que imprime su traje color gris oxford y su corbata color vino, Suárez Coppel también habla acerca del dinero que la paraestatal ha enviado al extranjero, a través de inversiones, transferencias financieras y compra-venta de productos petrolíferos, y que maneja al margen del presupuesto público. La caja multimillonaria, que tan sólo en 2010 ascendió a 1.2 billones de pesos, es resguardada por el Grupo PMI: 10 empresas “privadas” propiedad de la paraestatal, radicadas en el exterior, algunas de ellas en paraísos fiscales.

Se trata de las empresas “privadas no paraestatales” PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España, SRL; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Services, BV. Todas ellas propiedad directa o indirecta de Pemex y bajo la coordinación de su filial PMI Comercio Internacional, pero cuyas cuentas bancarias también son consideradas “particulares”.

—Los recursos que se manejan ahí no son recursos públicos, por eso no están en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Son propiedad de la empresa: esos recursos que están afuera [en el extranjero] no se manejan discrecionalmente, son igual de auditables, son igual de transparentes. La información está ahí, disponible. Por eso nos audita todos los años la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Entonces, son recursos que manejamos fuera del presupuesto. Están ahí los recursos. ¿En qué los utilizamos? Los utilizamos, por ejemplo, para comprar tanquería de almacenamiento fuera de México, para minimizar costos de logística de lo que estamos importando; lo usamos para comprar ductos para poder transportar la gasolina y el diésel, que importamos de manera más económica al país. Lo usamos para la compra de Repsol, que es una inversión de Pemex que debe ser rentable, además de que es estratégica. El uso de esos recursos es para el bien de la empresa. En el momento en que queramos traer esos dividendos, los traemos. La única diferencia es que cuando queramos traer esos dividendos van a quedar en el presupuesto y no los vamos a poder usar, a menos que haya espacio presupuestal. Nosotros los utilizamos para lo mismo, para actividades sustantivas de la empresa.

La ruta del dinero trazada por la paraestatal tiene su origen en México: de aquí salen los recursos económicos (para inversiones, transferencias, adquisiciones y pagos) y en especie (los petrolíferos que se comercializan en el extranjero). Y su destino va desde los paraísos fiscales de Islas Caimán, Irlanda y Holanda, hasta Inglaterra, España, India, China, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Aruba y el Lejano Oriente.

El doctor en economía monetaria y comercio internacional también se refiere, en entrevista con Contralínea, a las 10 empresas del Grupo PMI constituidas en el extranjero con recursos públicos pero con el carácter de “privadas”, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 y aún vigentes.

—La diferencia entre PMI, las filiales de Pemex, y Pemex no es si son auditables o si tienen los controles: es si están o no en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Nos hemos quejado mucho a lo largo del tiempo de que necesitamos una mayor flexibilidad para manejar a esta empresa, no porque eso implique sacrificar transparencia, sino porque eso implica dejar de sacrificar eficacia en el manejo. Necesitas flexibilidad porque estás compitiendo en el mercado con otras empresas. La diferencia de PMI y las no filiales de las paraestatales de Pemex es si el presupuesto se nos asigna en el Congreso. El gran problema que tenemos hoy en día en Pemex es que ese presupuesto depende de muchas otros entes que no son responsables de cuánto vamos a producir de petróleo. Si lo que tú quieres es tener buenos resultados en una empresa, lo que tienes que hacer es asegurarte que está claro el uso de los recursos: toda la transparencia, todos los controles que quieres poner, pero también asegurarte de que estás de acuerdo con el plan de negocios de la empresa y con la estrategia que se va a seguir. Una vez que estás de acuerdo en esas dos cosas (que tienes controles y que tienes un acuerdo sobre la visión de a dónde va la empresa) dale los recursos que necesita porque si no, no te va a cumplir los resultados. Si no te va a cumplir los resultados o no estabas de acuerdo con la estrategia, entonces cámbiala y hazla de acuerdo a lo que necesitas y dale los recursos para que puedas exigir los resultados.

En total, la paraestatal es accionista mayoritario, directa o indirectamente, de 25 empresas privadas: el Corporativo posee el ciento por ciento de las acciones de PMI Holdings, BV, Países Bajos; en ese mismo país, PMI Services, BV; PMI Services Europe, Ltd, Inglaterra; Kot Insurance Company, AG, constituida en Las Bermudas y reubicada en Suiza; PMI Holdings Petróleos España, SL –antes PMI Holdings, NV, Las Antillas Holandesas–, España; allí también es operada Pemex Internacional España; PMI Trading, Ltd, Irlanda; PMI Services North America, Inc, con sede Estados Unidos; en esa misma nación se ubican PMI Holdings North America, Inc; Integrated Trade Systems, cuyas cuentas bancarias están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas; y PMI Norteamérica, SA de CV, operada en México.

Además, maneja los vehículos financieros “privados”, destinados a contratar deuda a nombre de Pemex en los mercados internacionales de capital: RepCon Lux, de Luxemburgo (extinto); Pemex Capital, Inc, Estados Unidos; Pemex Finance, Islas Caimán; Pemex Project Funding Master Trust, Estados Unidos; y el Fideicomiso F/163, que obtiene líneas de crédito en México, también con carácter de “privado”.

Las empresas de Pemex Gas y Petroquímica Básica son Mex Gas Internacional, Ltd (holding), Islas Caimán; Pan American Sulphur, Ltd, Luxemburgo; Pasco Internacional Sulphur, Ltd, Las Bahamas, y Pasco Terminals, Inc, Estados Unidos. Mientras que Pemex Exploración y Producción posee la titularidad de PMI Marine, Ltd, creada y operada en Irlanda, pero manejada como parte del Grupo PMI.

El director general de Pemex indica que en el pasado ya se han desperdiciado muchísimas oportunidades de inversión en Pemex, “porque no hemos tenido los recursos”. Por eso, rechaza la petición hecha por la Auditoría Superior de la Federación de transformar a paraestatales las empresas “privadas” de la petrolera.

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Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales

Pemex sacó del país más de 1 billón 200 mil millones de pesos a través del Grupo PMI: 10 empresas privadas de la paraestatal, constituidas y operadas con recursos públicos en el extranjero, algunas de ellas en paraísos fiscales. El monto –revelado por la Auditoría Superior de la Federación– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total de la petrolera. El dinero no se puede considerar parte de las finanzas públicas de México, según el director Juan José Suárez Coppel.

Nancy Flores

Petróleos Mexicanos (Pemex) envió al extranjero, e incluso a paraísos fiscales, 1 billón 212 mil 227 millones de pesos en 2010, revela el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de ese ejercicio, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.

La salida del multimillonario capital –que se habría realizado a través de inversiones, transferencias financieras y compra-venta de productos petrolíferos– implica al Grupo PMI: 10 empresas privadas que la paraestatal creó en el extranjero a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, y que a nombre de ésta comercializan el petróleo y sus derivados y contratan deuda en los mercados internacionales.

El monto –al que se hace referencia sólo una vez en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T4I-02-0740, como “universo seleccionado”– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total que la paraestatal publicó el 28 de febrero pasado en su Reporte de resultados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2011, por 1 billón 728 mil 213 millones de pesos.

Del informe de la Auditoría Superior se desprende que los recursos se habrían manejado en cuentas bancarias “particulares” de las empresas “privadas no paraestatales” PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España, SRL; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Services, BV. Todas ellas propiedad directa o indirecta de Pemex y bajo la coordinación de su filial PMI Comercio Internacional.

El billón de pesos implicaría operaciones de ventas de petróleo, costos de ventas, compras de insumos (por ejemplo, de las gasolinas que se importan a México), inversiones en el extranjero, dividendos cobrados, inversiones con instituciones financieras, obligaciones fiscales, participación en resultados de las inversiones en el extranjero, costos asociados, capital social, utilidades generadas por los accionistas, intereses ganados por inversiones, dividendos pagados, intereses ganados de préstamos realizados entre las propias compañías PMI, gastos de administración y de venta, flujo de efectivo y contratación de créditos.

La triangulación del dinero

La ruta del dinero trazada por la paraestatal tiene su origen en México: de aquí salen los recursos económicos (para inversiones, transferencias, adquisiciones y pagos) y en especie (los petrolíferos que se comercializan en el extranjero). Y su destino va desde los paraísos fiscales de Islas Caimán, Irlanda y Holanda, hasta Inglaterra, España, India, China, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente.

La conexión con los primeros dos paraísos fiscales se realiza a través de una onceava “empresa privada”, propiedad de la paraestatal: Pemex Finance, Ltd, constituida el 18 de noviembre de 1998 en Islas Caimán y que contrata deuda en los mercados internacionales. Sus adeudos los respalda con las cuentas por cobrar por la venta en el extranjero del petróleo mexicano. Esta compañía se relaciona comercialmente con PMI Services y PMI Holdings –ambas con sede en Holanda– y PMI Nortemérica, radicada en México.

Además de asentarse en territorios con leyes fiscales muy laxas, las tres primeras empresas no paraestatales tienen como característica en común que son sociedades unimembres, sin oficinas ni empleados (un esquema empresarial similar al que recurren trasnacionales para evadir impuestos y lavar dinero, de acuerdo con el instituto Global Financial Integrity). PMI Norteamérica tampoco tiene empleados y sus oficinas se localizan en la Torre de Pemex y en Estados Unidos.

Para operar ese billón de pesos, la paraestatal habría recurrido a la triangulación de recursos. PMI Services y Pemex Finance son “clientes designados” de la subsidiaria PMI Comercio Internacional, y como tales tienen la capacidad para negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira. Ambas se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros (como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc), pero también a PMI Norteamérica.

Ello, porque “el 1 de diciembre de 1998 PMI Comercio Internacional celebró con Pemex Finance, PMI Services y [la subsidiaria] Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”. En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.

Además, la relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.

Para estos fines, la caimanera Pemex Finance, la holandesa PMI Holdings y PMI Comercio Internacional comparten la titularidad de una cuenta bancaria collection account, donde se depositan todos los pagos de los clientes del petróleo mexicano.

Aunado a ello, la labor de PMI Services consiste en prestar servicios a Pemex Finance en la selección de las cuentas por cobrar presentes y futuras, como parte del mecanismo del programa de financiamiento estructurado de esa última, revela la auditoría. En 2010, PMI Services “presentó una utilidad neta de 709 mil dólares, equivalentes a 8 millones 765 mil pesos, superior en 31.3 por ciento comparado con 2009, originado por el margen que cobra por esos servicios”.

Parte del dinero también habría alcanzado a Irlanda, a través de PMI Trading y PMI Marine. El vínculo más relevante en estos se establece con la primera compañía, constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos en ese paraíso fiscal, desde donde se ejecutan todas las importaciones de gasolina y productos petrolíferos a México, por ejemplo.

En 2010 estas operaciones ascendieron a 299 mil 754 millones de pesos. Pero en este sexenio, el dinero que habrá pasado por esa “no paraestatal” sumará 1 billón 700 mil millones de pesos: 237 mil 132 millones en 2007; 328 mil 636 millones en 2008; 197 mil 484 millones en 2009; y 286 mil 34 millones en 2011, de acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011). Además se espera que en 2012 se gasten otros 280 mil millones de pesos por importaciones.

A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, PMI Trading también ejecuta todas las exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación. Esto, porque firmó un contrato con la subsidiaria para la compra-venta, en el cual la segunda se obliga a vender a la primera la totalidad de los productos disponibles para la exportación.

No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociadora, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.

Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; como también en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.

Los otros países

Otros territorios involucrados en el manejo del billón de pesos en 2010 son Inglaterra, donde radica PMI Services Europe; España, sede de PMI Holdings Petróleos España y Pemex Internacional España; Estados Unidos, que alberga a PMI Services North America y PMI Holdings North America.

En Estados Unidos, además, se realizaron transacciones de compra-venta de productos petrolíferos. Al igual que en la India, China, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente, naciones consideradas entre los principales clientes del petróleo mexicano.

El sistema financiero internacional

Para mover poco más de 1 billón 212 mil millones de pesos al margen del presupuesto público en ese ejercicio, la paraestatal no actuó sólo a través de sus empresas “privadas” extranjeras, también involucró al sistema financiero internacional. Y el JP Morgan Chase Bank fue una de las instituciones más importantes para Pemex y el Grupo PMI en este intrincado esquema.

En diciembre de 2010, correspondiente a la Cuenta Pública fiscalizada por la Auditoría Superior, siete de las 10 compañías PMI suscribieron un acuerdo para crear una tesorería centralizada, que quedó en poder de la holandesa PMI Holdings. Ésta creó varias cuentas de cheques en dólares en el JP Morgan, con sede en Nueva York para tal propósito.

La bolsa centralizada involucra a las tenedoras de acciones PMI Holdings Petróleos España y PMI Holdings; a dos comercializadoras, PMI Norteamérica y PMI Trading; y tres prestadoras de servicios, PMI Services North America, PMI Holdings North America y PMI Services.

En su informe, la Auditoría Superior revela que la filial “PMI Comercio Internacional mencionó que, en un principio, se había sugerido la posibilidad de que cualquiera de las compañías PMI Comercio Internacional o PMI Holdings desempeñara las actividades de tesorero del proyecto. Sin embargo, concluyeron que la indicada sería PMI Holdings, por tener el carácter de empresa privada extranjera, a la que no le resultarían aplicables las disposiciones legales mexicanas, en virtud del principio de extraterritorialidad de las leyes y, por lo tanto, gozaría de una mayor flexibilidad para desempeñar las funciones y propósitos que perseguía la tesorería centralizada; por el contrario, en el caso de que se hubiera decidido que fuera PMI Comercio Internacional, ésta estaría sujeta a los preceptos normativos que regulan la actuación de cualquier entidad paraestatal”.

Los objetivos del proyecto también conocido como In-house bank son: el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros que tuvieran disponibles las empresas del Grupo PMI, mediante los diferenciales entre las tasas activas y pasivas; la utilización de recursos internos en la expansión e inversiones en activos fijos y nuevos negocios a futuro por parte de PMI Holdings; mayor control en el efectivo de las empresas del Grupo PMI; recuperación de las pérdidas fiscales reportadas al cierre de 2009 por PMI Holdings; y menor cobro de comisiones por operaciones de cuentas bancarias.

De acuerdo con el informe de auditoría, la filial PMI Comercio Internacional eligió para este proyecto a JP Morgan. A mediados de febrero pasado, la Comisión del Mercado de Valores de Canadá demandó a esta institución financiera junto con otras cinco (Citigroup; Deutsche Bank; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC; Royal Bank of Scotland, y UBS) por la presunta manipulación del índice Líbor.

Según la autoridad canadiense, para maximizar sus beneficios estos seis bancos habrían alterado de manera “artificial e ilegal” el tipo de interés del mercado interbancario de Londres, utilizado como referente internacional en materia de préstamos.

Antes del proyecto de la tesorería centralizada, el JP Morgan Chase Bank ya participaba de algunos movimientos financieros del Grupo PMI. En esa institución, PMI Norteamérica tenía una de sus tres cuentas de cheques en dólares (las otras dos, en el Scotiabank Inverlat y en el BBVA Bancomer). Esta compañía privada, constituida con recursos públicos por la paraestatal, también habría hecho inversiones time deposit en el Bank of Tokyo Mitsubishi, el Bayerische Landesbank y el Standard & Chartered Bank.

Además, el Grupo PMI habría recurrido al Bank of New York Mellon, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho y Santander, instituciones a las que Pemex y sus subsidiarias recurren para sus operaciones en el extranjero, de acuerdo con la respuesta a la solicitud ciudadana de información 1857200095509.

Privatización del erario

Aunque su origen son las arcas públicas de la paraestatal, los recursos pierden su carácter de patrimonio nacional una vez que se encuentran en el exterior. Y es que, a decir del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, éstos forman parte de la bolsa privada de PMI.

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México, a punto de volverse importador de crudo: Pascual

• Cae la producción y no invierte en exploración y extracción
• A solicitud del gobierno de Calderón, EU se ha involucrado en áreas del sector energético, informó cuando era embajador

Roberto González Amador

México está a punto de convertirse en importador de petróleo. La producción de crudo en el país declina rápidamente. A pesar de algunos pronósticos optimistas del gobierno mexicano, no hay opciones realistas para revertir esta disminución en el corto o mediano plazos. Es el reporte del ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, al Departamento de Estado, fechado en febrero de 2010.

En el despacho, el diplomático informa que silenciosamente la administración estadunidense se ha involucrado, a solicitud del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en áreas relacionadas con el sector energético nacional.

Las consideraciones del embajador Pascual están contenidas en un cable diplomático entregado por Wikileaks a La Jornada, y ofrecen una visión opuesta a la que las autoridades mexicanas dan a conocer públicamente sobre la capacidad de producción de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 18 de marzo de 2011, curante la conmemoración del 73 aniversario de la Expropiación Petrolera, Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal, declaró, dirigiéndose a Felipe Calderón:

A través de los nuevos modelos de contratos y del programa de inversión que hoy ejerce Pemex, su gobierno dejará sentadas las bases y el ritmo productivo que llevarán nuevamente a la producción petrolera a más de tres millones de barriles diarios en el siguiente sexenio.

El cable 10MEXICO514, despachado por Carlos Pascual a Washington el 12 de febrero de 2010, señala que debido a la disminución en la producción del principal campo petrolero de México (el de Cantarell, en la sonda de Campeche) y a la baja inversión de Pemex en labores de exploración y extracción, la producción mexicana de crudo disminuye rápidamente y el país puede convertirse en un importador neto en cinco años

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Firman México y EU Pacto Petrolero Transfronterizo: Entervista Director De PEMEX

http://youtu.be/2lv9T8mhJWw


http://youtu.be/Mn6Bz1XmmQE


http://youtu.be/w46K7qn3snI

Investigan cuentas bancarias de políticos

• Investigan cuentas bancarias de políticos
• Gobernación espía a la comunidad Vasca
• Jubilan en Pemex a Bernardo de la Garza

Bernardo de la Garza Hesles

Miguel Badillo

En los tiempos de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mantenía una buena relación con la banca. No podía ser de otra forma, porque a través de fideicomisos y cuentas bancarias dentro y fuera del país, se manejaban millonarios contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaba y negociaba con la poderosa organización sindical.

Era “La Quina” un gran cliente para la banca. De hecho, algunas de esas cuentas aún se registran en paraísos fiscales y el retiro de sus fondos todavía es materia de litigio. El llamado Quinazo, cuando Carlos Salinas de Gortari decidió terminar con la relación de complicidad de los gobiernos del PRI con los líderes petroleros, hizo que Hernández Galicia perdiera el control de cuentas bancarias millonarias.

En 2003, “La Quina” denunció que Carlos Romero Deschamps “robo” muchas de esas cuentas. En junio pasado, aquí en Oficio de Papel, reportamos con nombre y apellido el motivo del pleito: al menos 10 fideicomisos que fueron abiertos en la década de los 80 en Banamex y Bancomer. Allí se puso – al menos así se pensó - bajo buen resguardo aquel dinero público de gobiernos priistas vinculados con el STPRM. Son más de 5 mil millones de pesos y están allí en algún lugar de la banca, ahora de capital extranjero. Y, precisamente, por esa participación de bancos foráneos es que se ha complicado la negociación para recuperar esos recursos. Además, la institucionalización del sistema bancario – aunque con muchas observaciones – impide las negociaciones tras bambalinas para echar mano de esos fondos.

El pleito por el dinero del STPRM, una gran cantidad de él producto de la corrupción y las componendas políticas, podría ser el mismo caso al que se enfrenta el banco de Carlos Slim. Resulta que hasta sus circuitos bancarios llegó un depósito millonario por más de 800 millones de dólares. La transferencia se realizó desde Nueva York a través de una cuenta del banco estadounidense JP Morgan, a nombre de Irma Chávez, una mexicana que repentinamente se convirtió en millonaria y ya llamó la atención de las autoridades financieras y de los órganos de inteligencia. Sobre dicha transferencia mutimillonaria, sólo se conoce un documento que avalaría el movimiento bancario pero que, obviamente, no documenta el origen de los recursos, lo que hace sospechar a las autoridades que se trata de dinero sucio, producto de corrupción gubernamental, para ser más precisos.

Inbursa del magnate Carlos Slim conoce, en cambio, el nombre de la persona o empresa que envío esos recursos. Sin embargo, los directivos del área jurídica de Inbursa no pueden revelar dicha información porque estarían violando el secreto bancario y una decena de disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz. Lo interesante de la cuantiosa operación financiera, es que Irma Chávez no logró retirar ni un dólar de esa cuenta, a pesar de ser ella la beneficiada. Por eso preguntamos ¿dónde está el dinero y a quién pertenece?

Por lo pronto, algunos afirman que se trata de dinero que algunos políticos habrían depositado en dicha cuenta como una forma de asegurar los recursos sin aparecer como titulares. De ser cierto esta información que ya investigan las autoridades, estaríamos ante uno de los escándalos financieros relacionados con la política, como aquel ocurrido en el sexenio de Carlos Salinas, cuando su hermanito Raúl era el negociador de Los Pinos. Habrá que investigar más y, a pesar del silencio de os órganos financieros, volveremos al tema la próxima semana.

Espionaje a la comunidad Vasca

En medio de la crisis de gobernabilidad y violación a los derechos humanos vinculada con la guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal a cargo de Felipe Calderón se da tiempo para espiar a ciudadanos vascos radicados en el país, algunos de los cuales ya cuentan con nacionalidad mexicana.

Yon de Luisa Plazas, presidente del Club de Futbol América, y su padre Yon de Luisa Saseta, funcionario del gobierno municipal de Celaya, están entre las decenas de vascos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sigue puntualmente y vincula –sin presentar pruebas– con organizaciones ligadas a integrantes de ETA, según revela un informe confidencial.

No sólo corporaciones policiacas mexicanas participarían en el acoso, sino efectivos de la policía española. Lo que se pretende es entorpecer el camino hacia la vía política que se ha abierto en Euskal Herria, considera analista de temas de política internacional.

Fechado el 29 de diciembre de 2010, el informe que el Cisen envió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) vincula a Juan Carlos Recarte Gutiérrez, quien fuera acusado de pertenecer a Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad) con Domingo Flores Berástegui, Carmen Garmendia, Yon de Luisa Saseta, Yon de Luisa Plazas, Lázaro Galarza Larrayoz y Esteban Maiza.

Según este órgano de seguridad nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargado de la inteligencia civil del Estado mexicano, todas estas personas son integrantes del Colectivo Vasco en México, de acuerdo con un reportaje del periodista Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea.

Asegún la A.P PGR/SIEDO/UEITA/011/2011 remitida por el Cisen, obedece a una solicitud de información que requirió la SIEDO a dicho centro de investigación. “Se solicita información de la siguiente persona [Juan Carlos Recarte Gutiérrez], relacionada con el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEITA/077/2010, investigado por la posible comisión del ilícito de terrorismo internacional”.

Además, la SIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República, ordenó una investigación sobre los vínculos posibles de Recarte con ETA y organizaciones de apoyo a ésta; también, sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada y grupos subversivos en México. Finalmente, solicitó datos sobre su ingreso, estancia y actividades en el país; datos personales; cuentas bancarias; propiedades e información adicional.

En el informe enviado por el Cisen a la SIEDO se señala a Recarte –sin proporcionar pruebas– como exmilitante del aparato militar de ETA; se agrega que la Audiencia Nacional de España requiere su detención desde diciembre de 1990 por asesinato y pertenencia a la banda armada, y por tenencia de explosivos y depósito de armas, desde marzo de 1991.

El Cisen señala que Recarte utilizó en México el nombre de Francisco Miranda Nandras y que trabajó como taxista a finales de la década de 1990. No se encontró algún vínculo con la delincuencia organizada en México u otro país, ni con alguna organización subversiva. Sin embargo, el Cisen lo señala como asiduo del Centro Vasco, donde, de acuerdo con el organismo de inteligencia, convergen integrantes de la comunidad vasca que se identifican con causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Nacido en 1967, originario de Pamplona, España, Juan Carlos Recarte Gutiérrez fue detenido en México el 29 de diciembre de 2010. Un día después fue entregado a las autoridades españolas al “no comprobar” su estancia legal en el país.

Era señalado como uno de los responsables en la explosión del edificio de la Unión y El Fénix Español, el 17 de octubre de 1987, donde perdió la vida María Cruz Yoldi Arradres, repartidora del Diario de Navarra.

Según las autoridades españolas, Recarte habría participado en el atentado junto con Bautista Barandalla Iriarte (detenido en 1990 y excarcelado bajo vigilancia judicial en 2009 por complicaciones de salud), con el objetivo de afectar intereses franceses en suelo español. Barandalla fue condenado a 40 años de prisión. Para Recarte, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Ana Noé Sebastián, pedía 43 años de prisión. El pasado 24 de noviembre, Recarte Gutiérrez fue absuelto por la Audiencia Nacional de España al no comprobarse su autoría o participación en dicho atentado.

El seguimiento a Recarte es puntual. El Cisen reseña desde la fecha de su nacimiento, hasta su expulsión de México. El informe indica detalladamente dónde vivió en el Distrito Federal, las empresas en las que trabajó y qué cargo ocupaba en éstas. Además, señala que existen registros en los cuales Recarte tiene restricción de vuelo en el espacio aéreo de Estados Unidos.

El legado de De la Garza Hesles

Finalmente, Bernardo De la Garza Hesles dejó la Subdirección de Pemex Refinación tras un año de gestiones que marcaron uno de los años más costosos para la paraestatal. Por su papel operativo en las decisiones que se tomaron en el área que concentra el corazón de Pemex, este abogado egresado del ITAM será recordado por los accidentes en las principales refinerías de la petrolera y, paralelamente, por el incremento en las importaciones de gasolina, lo que también se tradujo en menores ingresos para la empresa petrolera mexicana.

De acuerdo con el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, en ese año el programa de ingresos del gobierno federal registró una caída de al menos 18 mil 522.8 millones de pesos entre 2010 y 2011. La razón de ésta pérdida para Pemex fue que el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue menor al precio productor de Pemex.

Pero De la Garza Hesles, según un comunicado de Pemex, dejó la paraestatal al solicitar su jubilación y recibir un “reconocimiento” por su trayectoria en la paraestatal. De esta manera, la empresa cerró con broche de oro la omisión que caracterizó su rendición de cuentas respecto a la gestión de Bernardo de la Garza Hesles.

En Pemex simplemente se hizo caso omiso de las quejas internas y externas respecto a la gestión de éste exfuncionario, quien logró unificar en su contra a legisladores de todos los partidos. Para empezar, con la jubilación de De la Garza Hesles queda pendiente el resultado de aquel punto de acuerdo al que se llegó en la Cámara de Diputados en marzo pasado para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado, precisamente por De la Garza Hesles a la empresa KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN.

En septiembre del año pasado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza presuntas anomalías de Pemex presentó un informe elaborado por legisladores del PRD en donde se advierte que la negligencia en las decisiones tomadas para la operación de Pemex-Refinación provocó accidentes que podrían no ser reconocidos por las aseguradoras extranjeras con las que Pemex mantiene contratos de cobertura. De confirmarse esta advertencia, el daño patrimonial para Pemex sería cuantioso.

La producción de gasolinas de Pemex se encuentra a la baja por problemas de mantenimiento y falta de inversión; sin embargo, De la Garza se jubila sin la correspondiente rendición de cuentas, un hecho inexplicable analizando las evidencias de los problemas que enfrentó durante su gestión.

El que sí tomó cartas en el asunto fue el STPRM, pues fue Carlos Romero Deschamps quien exigió al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la destitución de Bernardo De la Garza Hesles.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Pemex-Repsol: un tropezón que huele mal

La empresa española Sacyr envolvió en una complicada trampa a Pemex, instancias ambas que poseen acciones en la petrolera hispana Repsol. En sus planes estaba unirse accionariamente para tomar el control de la entidad española de hidrocarburos, pero los empresarios españoles, agobiados por las deudas, simplemente vendieron la mitad de sus acciones y dieron por terminado el acuerdo con Petróleos Mexicanos… y ésta quedó metida en un doble predicamento: falló su gran maniobra internacional y aquí se hizo evidente que el director de la paraestatal firmó contratos sin avisarle a su Consejo de Administración.

La torre de Pemex.

Jesusa Cervantes

Sin beneficios para México y con un injustificado endeudamiento de mil 120 millones de dólares por la innecesaria compra de acciones de Repsol YPF concluyó el fugaz acuerdo de “voto sindicado” firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la inmobiliaria española Sacyr Vallehermoso, que entre otras cosas inició una guerra por el control de la trasnacional.
El “hostil” acuerdo –así calificado por Rogelio Gasca Neri, consejero independiente de Pemex– se dio en sigilo, sin el permiso del Consejo de Administración de la paraestatal el pasado 29 de agosto.
De la misma forma, sin previo aviso al gobierno mexicano, a las autoridades de Pemex o a sus consejeros independientes, la inmobiliaria se deshizo de la paraestatal al vender la mitad del 20% de acciones que tenía en Repsol YPF, cancelando con ello el acuerdo.
Y mientras el equipo de funcionarios mexicanos impulsor del acuerdo con Sacyr ofrece explicaciones imprecisas y no da la cara públicamente, se fortalece ingresando a la nómina del gobierno federal a uno más de sus hombres: Antonio Murrieta Cummings, recién colocado en la gerencia de Administración Financiera del Corporativo Pemex.
Antonio Murrieta Cummings es hermano del secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta, y de Carlos Rafael, director Corporativo de Operaciones de Pemex, así como primo del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fausto Barajas Cummings, quien participa en los consejos de Administración de Pemex Petroquímica, Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Raúl Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y aún permanece en ese puesto. Raúl Murrieta y Videgaray fueron compañeros de Ernesto Cordero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde Felipe Calderón estudió una maestría.

Rompimiento anunciado

Luego de que en México los consejeros independientes de Pemex y el resto de la población se enteró por la prensa española de que la paraestatal firmó el 29 de agosto con Sacyr un acuerdo que la obligaba a comprar 4.6% de acciones de Repsol, para luego de manera “sindicada” ejercerlos conjuntamente y hacer valer su fuerza en el consejo de administración, el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel hubo de dar la cara y afirmar que su actuar fue “legal” y que no estaba obligado a pedir autorización al consejo.
Explicó que el costo para el gobierno mexicano fue de mil 600 millones de dólares; 480 millones los tomó de la caja de Pemex y el resto, mil 120 millones, lo obtuvo con la contratación de créditos con cuatro bancos: Inbursa, Crédit Agricole CIB de Francia, Natixis y HSBC de Inglaterra.
El 18 de octubre, a petición de los consejeros independientes Fluvio Ruiz Alarcón, Héctor Moreira Rodríguez y Fortunato Álvarez, se reunió de manera extraordinaria el Consejo de Administración de Pemex. Suárez Coppel dio una breve explicación de la relación Pemex-Repsol y el abogado de la petrolera, Marco Antonio de la Peña dijo que no se requería la autorización de ellos para firmar el convenio.
En privado Gasca Neri recriminó a Suárez Coppel que ni siquiera les entregara copia del acuerdo, que alegara que no requería de permiso y calificó de “ilegal” la compra de acciones y de “hostil” el acuerdo. En general, sostuvo, el acuerdo hace que se “perciba un ambiente negativo y de desaprobación en los medios financieros, empresariales y políticos”.
Reclamó que el voto de Pemex en Repsol se estuviera atando, mediante el acuerdo, a los intereses de Sacyr.
Antes de este acuerdo Pemex tenía 4.8% de acciones de la petrolera española; La Caixa (caja e ahorro española) 13%, Sacyr 20% y el restante 62% estaba fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.
Con la compra de acciones de Pemex por mil 600 millones de dólares llegó a 9.9% que sumado al 20% de Sacyr, debido al acuerdo, alcanzaba 29.9% lo que les daba supremacía sobre el resto, derecho a tomar las principales decisiones en Repsol e incluso se buscaba impulsar, según el acuerdo, que Antonio Brufau dejara de ser director de la petrolera española y presidente de su Consejo de Administración.
En la reunión extraordinaria del 18 de octubre Gasca Neri fue más allá: dijo que no se podía atar el voto de Pemex al de Sacyr por 10 años –como establece el acuerdo– y develó los motivos de Sacyr para buscar el respaldo de Pemex: “Obtener dinero fresco para pagar sus deudas a través de la obtención de mayores dividendos en contubernio con Pemex”. El acuerdo previó también nuevas formas de distribución de dividendos entre los accionistas.
En 2006, cuando Sacyr adquirió 20% de Repsol, obtuvo créditos con 39 bancos por cinco mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011. “Esta situación”, dijo Gasca, “implica la necesidad apremiante de Sacyr por aumentar dividendos, ordinarios y extraordinarios, mediante la venta de activos de Repsol”.
Recordó que luego del anuncio del acuerdo Sacyr-Pemex, Crédit Agricole informó que la inmobiliaria tiene una deuda impagable e incluso le recomendó que venda “activos, entre ellos una parte importante de sus acciones en Repsol”.
Ante la recomendación, el consejero independiente sugirió desde el 18 de octubre cancelar el convenio Sacyr-Repsol, pues seguramente ya no podría alcanzarse el objetivo de tener 29.9% de acciones de Repsol en forma conjunta.
Suárez Coppel y el director de Finanzas de la paraestatal, Carlos Rafael Murrieta Cummings, no hicieron caso a Gasca y el pasado martes 20, a un día de que se venciera el plazo de Sacyr para restructurar su deuda, la inmobiliaria vendió 10% de sus acciones a los bancos acreedores para pagar parte de su deuda. Las instituciones bancarias a su vez ofrecieron esas acciones a Repsol, que las adquirió de nuevo.
Lo anterior, sin avisarle a su contraparte mexicana.

“Era previsible”

En entrevista con Proceso el consejero independiente que llegó a dicha posición a propuesta del PRD, Fluvio Ruiz Alarcón, reconoció que Sacyr nunca les informó nada de la venta de sus acciones y mucho menos que pretendiera acabar con el acuerdo.
Sin embargo aclaró: “Se jugó con esa posibilidad (de que vendiera y por lo tanto, que el contrato quedara sin efecto); era claro que iba a ser difícil que pudiera restructurar su deuda sin deshacerse de esas acciones. Desde hacía 10 días circulaba entre nosotros esa versión”.
Repitió lo que Pemex dijo a través de un impreciso comunicado: que Sacyr avisó a Pemex de la venta “una vez que se hizo la operación” y no antes.
El 20 de diciembre Pemex también estableció en su comunicado que “mantiene canales abiertos de comunicación y negociación con los distintos accionistas de Repsol y su administración. Repsol ha ofrecido realizar un convenio industrial para maximizar las oportunidades de colaboración conjunta, además de ciertas medidas que le darían un mayor peso en el consejo de la empresa. Pemex y Repsol mantienen pláticas acerca de las características y condiciones de estos acuerdos”.
Pero nunca precisó cuáles serían esas “ciertas medidas” que darían mayor peso en el consejo.
El consejero de Pemex explicó que la paraestatal perdió de facto el derecho de tanto, es decir que le ofrecieran antes que a nadie el 10% de acciones que vendió a los bancos.
Esto, detalló Ruiz Alarcón, porque Sacyr se acogió al punto 8 del acuerdo que define las salvedades para la aplicación de esa medida. Ese punto pone como salvedad que “cualquiera de los instrumentos derivados de cobertura contratados por cada una de las partes en relación con su participación en Repsol hiciera recomendable dicha transmisión…”, como fue el caso, pues Crédit Agricole así lo hizo.
Y por último, comenta, para evitar la obligación de ofertar de manera pública ese 10% de las acciones.
Incluso Repsol en el comunicado que emitió para justificar la compra inmediata del 10% de las acciones dijo: “La falta de acuerdo entre los bancos y Sacyr Vallehermoso habría producido un escenario de incertidumbre prolongada en esa compañía, lo que resultaría dañino para la cotización de Repsol y tendría efectos negativos adicionales sobre el proyecto de crecimiento de la empresa. Además, dado el gran número de bancos involucrados y la heterogeneidad de sus planes e intereses era previsible una venta masiva y desordenada de títulos”.
Repsol anunció que el jueves 22 realizaría sesión de consejo para determinar qué hacer con ese 10% de acciones que adquirió. Entre las opciones está: “Analizar la venta a inversores institucionales y/o inversores estratégicos, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de Repsol. Adicionalmente, parte de estas acciones podrían ser utilizadas como fórmula de remuneración al accionista”.
Sin embargo dicha reunión no se realizó o por lo menos no fue notificada a través de ningún medio oficial.
El consejero Alarcón dijo que al presentarse las salvedades del punto ocho del acuerdo Pemex perdió automáticamente su derecho de tanto, es decir a que se le ofreciera primero ese 10%.
Además, dijo, “al hacerse la venta también se anuló de manera automática el acuerdo entre Sacyr y Pemex pues el punto 10.1 del acuerdo establece que si una de las partes vende 50% de sus acciones, el convenio concluye de manera inmediata”.
Fluvio Alarcón rechazó que la paraestatal haya perdido con todos estos movimientos: “Pemex no necesariamente pierde pues el plan estrictamente financiero, a raíz de los importantes yacimientos existentes en Argentina y en donde Repsol es socio, incrementa el valor de la acción. Y por la situación económica, del día de la compra al de hoy Pemex ya recuperó 200 millones de dólares”.
Lo que se deberá definir ahora, continuó, es ver cuál será la relación o peso que tendrían los accionistas principales pues con la venta ahora Sacyr tiene 10%, Pemex 9.9% y La Caixa 13%. Están casi igual. “Relevado el acuerdo que generó tanto encono, ahora se abre la posibilidad de que las relaciones se establezcan sobre otras bases y existe la posibilidad de un convenio industrial, como por ejemplo que Pemex se asocie con Repsol para trabajar en aguas someras en otras partes del mundo o un intercambio de tecnología, pues Repsol tiene un sistema de análisis sísmico muy avanzado”.
Y defendió el acuerdo: con esa firma y esta nueva venta Pemex dejará esa actitud pasiva que tuvo durante 30 años en Repsol “y es posible que tenga mayor peso, quizá otro consejero más, pero no sabemos”.
Como resultado del fiasco con Sacyr, en enero el Consejo de Administración de Pemex sesionará de manera extraordinaria para definir una estrategia de internacionalización, aclarar qué tiene que pasar por la aprobación del consejo y qué no, y qué se hará en función de lo que decida hacer Repsol con ese 10%.

Los operadores callan

El 30 de octubre de 2011 el corresponsal de Proceso en Madrid reveló que un consultor español, que estuvo al tanto de la relación Pemex-Repsol-Sacyr, se enteró de que el acuerdo Sacyr-Pemex tuvo “el visto bueno del presidente Felipe Calderón y agilizaron los preparativos antes de la salida de Ernesto Cordero de la Secretaría de Hacienda”, para que autorizara los mil 600 millones de dólares que se necesitaron para la compra de las acciones, condición establecida en el acuerdo.
Y añadió: “En esa operación fue clave la gestión de Ignacio Quesada, director de Finanzas de Pemex y hombre cercano a Ernesto Cordero, para que Hacienda agilizara los recursos públicos con el propósito de comprar acciones”.
Ignacio Quesada Morales, a quien hace referencia el consultor español, es el director financiero de Corporativo Pemex y fue quien firmó el acuerdo con Sacyr Vallehermoso, junto con José Manuel Carrera Panizzo, representante de PMI Holdings BV, una filial de Pemex.
Apenas el 25 de octubre pasado, bajo las órdenes de Quesada Morales, se nombró a Antonio Murrieta Cummings gerente de Administración Financiera del Corporativo. Entre sus funciones está la de autorizar y delinear la distribución, integración y difusión de techos presupuestales en las direcciones corporativas, la coordinación e instrumentación de fondos revolventes y la cancelación y apertura de cuentas bancarias de las unidades administrativas del corporativo, entre otras.
Pemex y los involucrados en la operación del acuerdo no han dado una explicación pública, pero la paraestatal anunció algunos cambios: entre ellos que en PMI Internacional se nombró como director a Luis Felipe Luna Melo; de esta área forma parte PMI Holdings BV que fue otra instancia que firmó el acuerdo con Sacyr.

Cordero y Jordy Herrera autorizaron rebajas petroleras a favor de EU

Cinco secretarías de Estado, el Banxico y Pemex están involucrados en los descuentos discrecionales que aplica el gobierno federal al precio del petróleo, por más de 860 millones de dólares anuales. Entre los funcionarios que han avalado los factores K y K’ destacan el ahora precandidato del PAN a la Presidencia, Ernesto Cordero; el secretario de Energía, Jordy Herrera, y el director de la petrolera, Suárez Coppel. Las multimillonarias pérdidas del erario se “justifican” para “competir” contra los petroprecios de Venezuela, país vigilado escrupulosamente por México. Documentos oficiales dan cuenta de la estrategia de los funcionarios para mantener el tema alejado de los medios de comunicación.

Nancy Flores/Segunda parte

El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Ernesto Cordero Arrollo; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera Flores; y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se encuentran entre los funcionarios que han conocido y avalado los multimillonarios descuentos a los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira.

Tan sólo en este sexenio, el erario habría perdido más de 4 mil 300 millones de dólares en sus exportaciones del energético por las ofertas unilaterales que aplica, desde al menos hace una década, el gobierno federal. Actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional obtenidas por Contralínea revelan la discusión de una estrategia para evitar que los medios de comunicación investiguen estos descuentos millonarios que favorecen, principalmente, a Estados Unidos.

Otros panistas y servidores públicos de esta administración que han sido informados de las discrecionales rebajas son los secretarios y exsecretarios de Estado Bruno Ferrari García de Alba, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Salvador Vega Casillas, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel Martínez y Germán Martínez Cázares. En esa lista también se encuentra Agustín Carstens Carstens, director del Banco de México y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo informó Contralínea (edición 253, 2 de octubre de 2011), esas depreciaciones del crudo favorecen sobre todo a Estados Unidos, pero también a Italia, España, China e India. Y es que los denominados factores K y K’, que se aplican a las ventas internacionales del petróleo, fijan decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado.

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, representarían una sangría al erario de 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. Así, las pérdidas –que se “justifican”, de acuerdo con Pemex, como “ajustes de precio por competitividad”– podrían superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año.

Decisión unilateral

Pese a la importancia de los montos implicados, el Poder Ejecutivo establece de manera unilateral tanto el descuento como las condiciones del mismo. El Congreso de la Unión no sólo no participa en la designación de los “ajustes”, sino que ni siquiera es informado de la aplicación de éstos. Dicha situación motivó que la Cámara de Diputados creara la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, el 15 de marzo de 2005.

Pero de Vicente Fox a Felipe Calderón, nada cambió. La subsidiaria PMI Comercio Internacional sólo consensúa esta medida con cinco secretarías de Estado –Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores–, el Banco de México, Pemex Corporativo y sus subsidiarias Refinación, Exploración y Producción, y Gas y Petroquímica Básica.

Estas dependencias y organismos conforman el Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, revelan documentos oficiales. Éste se encarga de discutir, de manera periódica, los análisis técnico/comerciales del mercado, elaborados por el llamado “brazo comercial” de Pemex, y fijar los montos de las rebajas por cada cliente extranjero, especialmente para los radicados en Estados Unidos.

De esta unilateral medida, los análisis de mercado no son los únicos elementos que se mantienen bajo reserva, también los nombres de los servidores públicos que representan la voz y el voto de cada dependencia y organismo del Grupo Interinstitucional. Además de establecer los descuentos, esos funcionarios tendrían la obligación de informar a los titulares de las dependencias y organismos involucrados los acuerdos alcanzados en cada reunión.

De manera directa, tanto Jordy Herrera Flores como Juan José Suárez Coppel han avalado los multimillonarios descuentos, descubren actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. El primero, en su calidad de director de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que no variará ahora que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía.

Análisis del mercado

De acuerdo con PMI Comercio Internacional, filial comandada por María del Rocío Cárdenas Zubieta, cada vez que se modifican los factores K y K’ se realizan análisis técnico/comerciales de mercado. Éstos se encuentran reservados, según lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al revisar el recurso 0123/05, interpuesto por este semanario en mayo de 2005.

Sin embargo, copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de PMI –que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan algunos aspectos contenidos en dichos estudios. Basados en los principios de oferta y demanda, los análisis incluyen, por ejemplo, la medición del inventario de los clientes extranjeros.

En el caso de Estados Unidos –que consume el 84 por ciento de las exportaciones de crudo mexicano–, se considera una medición formal basada en reportes semanales elaborados por el Departamento de Energía de ese país, que muestran el movimiento de inventarios y el nivel de proceso de las refinerías, y una segunda medición con base en la percepción de mercado que deriva de la utilización de buques denominados VLCC.

El acta de la 12 sesión extraordinaria del Consejo, realizada el 18 de mayo de 2009, indica que para esa fecha las estimaciones se ubicaban en 80 mil millones de barriles almacenados alrededor del mundo, de los cuales el 50 por ciento se concentraba en la Costa Norte del Golfo de México.

Los análisis también determinan la cantidad y el tipo de crudo almacenado por cliente (ligero africano, medios y pesados de medio oriente, crudos venezolanos e iraníes), así como el costo del almacenamiento que se cubre con el valor futuro del energético.

Una vez que se tienen esos datos, se realiza una proyección que incluye una curva a mediano y largo plazo “en contango” (que significa la aplicación de un descuento al precio de las ventas de futuros). Así, para los clientes de Pemex se crean oportunidades de negocio al comprar petróleo a precios actuales. Éstos, incluso, pueden generar especulación en el mercado, al ser vendidos por esos clientes de forma inmediata, pero más caros a los precios que se negocian en los contratos de futuros.

Cuando la “curva a mediano y largo plazo en contango se debilita, existe un incentivo para ofertar el crudo almacenado, presionando puntualmente las cotizaciones de crudo a la baja”, dice el acta de la subsidiaria, consultada por este semanario.

El mismo documento revela la preocupación de los directivos de la paraestatal por ocultar esta información a la sociedad mexicana. Al discutir el impacto del descuento de 2.25 dólares por cada barril exportado entre noviembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, Bernardo de la Garza Hesles –actual subdirector corporativo de Pemex Refinación– explicó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, la “expectativa interna”.

Ésta, dijo, dependía de la coyuntura política que se vivía entonces. “El tema sensible que pueden explotar los medios [de comunicación] sería respecto al presupuesto y los ingresos, ya que los recursos petroleros serían un factor adicional a los que venían vulnerando al ingreso del país” (sic), dijo De la Garza Hesles. Sobre este punto, Reyes Heroles pidió que “se vigilara el enfoque [periodístico] con que se plantearía al público dicho tema”.

En su sexta página, el acta de la 12 sesión extraordinaria apunta que el exdirector de la paraestatal dijo a los consejeros y asistentes que “si en este caso el diferencial entre los crudos mexicanos [exportados con descuentos] con los crudos marcadores había estado particularmente cerrado, sería sensato establecer que se estaba presenciando un regreso a la normalidad”.

Ese regreso a la normalidad del que hablaba no significaría otra cosa que la caída de los petroprecios. El contexto de la declaración de Reyes Heroles se enmarcaba en la bonanza del mercado, con las más altas cotizaciones registradas en la historia petrolera que, por lo visto, no habrían beneficiado a las finanzas públicas de México.

Fiscalización a Venezuela

Los análisis técnico/comerciales que derivan en el abaratamiento del crudo nacional también incluyen una puntual fiscalización de las ventas realizada por sus principales competidores, Venezuela y Arabia Saudita. Entre otras cosas, se evalúa el comportamiento de sus precios, sobre todo el relacionado con el ajuste de éstos a la baja.

Así, se presume el escenario que enfrentará PMI en materia de cotizaciones en el corto plazo y mediano plazo. Es en esa “guerra” por ganar mercados en la que el brazo comercial de Pemex está dispuesto a depreciar los crudos de exportación.

Sobre el país que dirige Hugo Chávez, los estudios de Petróleos Mexicanos también han tenido por objeto determinar si existen diferencias entre el volumen de producción reportado por las autoridades venezolanas y el volumen reportado por agencias independientes, entre las que destaca la Agencia Internacional de Energía, evidencia el acta de la 88 sesión ordinaria del Consejo de Administración de PMI.

Fechado el 1 de septiembre de 2009, el documento indica que el entonces director de la paraestatal, Reyes Heroles, ordenó analizar también a Brasil y Canadá, “por ser posibles factores que afectaran la competencia de los crudos pesados en la Costa Norte del Golfo de México”.

Para la elaboración de este trabajo, se gestionó conocer las versiones de las secretarías de Energía, con Héctor Escalante Loma, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Relaciones Exteriores, con Adela Montaño, de la Coordinación de Comunicación Social; de Economía, con Joaquín Álvarez, director de Información; de la Función Pública, con Moisés Ciriaco Salvador, director de Prensa; de Hacienda, con Jorge Juárez, subdirector de Medios; del Banco de México, con Claudio Guzmán, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Pemex y PMI, con Francisco Montaño, coordinador de Información; así como del precandidato Ernesto Cordero, con su actual colaborador Antonio Cervantes. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguno.

“Ajustes de precio” internos

Los llamados “ajustes de precio” no sólo se dan en las ventas del crudo en el mercado internacional, también entre las subsidiarias Pemex Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional, revela la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el informe, “la emisión de los ajustes en precio se encuentran soportados por los términos y condiciones establecidas en el contrato de compraventa de petróleo crudo signado entre PEP y PMI, cláusula 6 ‘Precio’ y Anexo 2 ‘Precios y Periodos de Valoración’, así como en los convenios celebrados entre la partes”.

La Auditoría agrega que también en “la emisión de un procedimiento que establezca las actividades necesarias para realizar y elaborar la solicitud de ajuste de nota de crédito o débito por ‘ajuste en precio’ no resulta en un impacto normativo en el proceso de comercialización de petróleo crudo, en virtud de que dichos ajustes en precio no son ‘negociables’ y su cálculo se determina por la aplicación de los esquemas de valoración contractuales y acordados entre las partes”.

Según explicaron funcionarios de PEP a la Auditoría Superior, “las causas principales de tales ajustes son la aplicación de precios estimados en los cierres mensuales, los precios provisionales en las valoraciones especiales y los cambios en los precios de los crudos marcadores”.

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

Pemex: empresa pública, negocios privados

Marcos Chávez *

Si Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera una sociedad anónima y si Juan José Suárez Coppel fuera su gerente, dueño o principal accionista y compartiera los títulos de propiedad con Carlos A Morales, Miguel Tame,Rafael Beverido y María del Rocío Cárdenas, junto con otros socios más que, por ejemplo, podrían ser Felipe Calderón y su gabinete y los legisladores priístas, panistas o ecologistas, es obvio que tendrían todo el derecho de manejarla como se les antojara. Podrían elegir libremente a sus accionistas, convertir a la firma en una trasnacional “exitosa” como las de Carlos Slim, venderla o hundirla, como sucedió con Mexicana de Aviación, gracias a las pillerías de Gastón Azcárraga. Su destino sería un asunto particular, apenas digno del anecdotario de la jungla capitalista.

Las únicas restricciones que enfrentarían el hipotético Pemex, SA de CV, y sus imaginarios propietarios estarían determinadas por las leyes que normarían las relaciones entre los asociados, competidores, deudores, acreedores y trabajadores, consumidores, autoridades y demás personas físicas y morales involucradas, supuestamente para salvaguardar los intereses de unos y otros y velar por la moral y la salud del sistema de la “libre empresa”. Desde luego, en ese escenario figurado, utilizo las palabras “moral” y “salud” en un sentido retórico, porque en el mundo real, el modus operandi de los capitalistas y las compañías es diáfanamente viscoso y denso como el petróleo pesado, como lo constató el sociólogo estadunidense Edwin H Sutherland, también considerado uno de los más influyentes criminólogos del siglo XX.

En su trabajo La delincuencia de las grandes empresas (1948), donde estudia a las 70 corporaciones estadunidenses más grandes y su relación con la legalidad (comercial, publicitaria, financiera, laboral, el uso de patentes, marcas y derechos de autor y del consumidor), concluye que “el hombre de negocios ideal y la gran corporación son en buena medida como el ladrón profesional”, debido a su desprecio por las leyes y las autoridades que se inmiscuyen en sus actividades, por su misteriosa y seductora proclividad por violarlas reiteradamente como una política definida, “sirviéndose de lo que se pueden llamar métodos del crimen organizado”, como lo hacen “los ladrones profesionales”. La diferencia entre ellos es que mientras éstos admiten que son delincuentes cuando hablan con honestidad, los hombres de negocios se consideran honestos, respetables. Sólo se aceptan como transgresores cuando consideran que las normas están mal hechas. Para ellos, los malhechores pertenecen a la clase socioeconómica más baja.

En su estudio Los delincuentes de cuello blanco (1949) destaca que las personas con un elevado estatus socioeconómico, a los que nombra “barones ladrones”, violentan las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales (antimonopolios, de cambios, de valores, etcétera) y que su tasa de reincidencia es mucho más alta en comparación con otra clase de delincuentes (El delito de cuello blanco, La Piqueta, Madrid, 1999).

Pero el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no son recursos naturales privados. Constitucionalmente se encuentran bajo el dominio directo de la nación. Son inalienables e imprescriptibles. Su explotación corresponde exclusivamente a la patria. No son susceptibles de concesiones ni de contratos (por lo que no deben subsistir los que se hayan otorgado). El petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica son áreas estratégicas bajo la responsabilidad del Estado y de Pemex, entidad encargada de su aprovechamiento. Sus funcionarios son servidores públicos y sus tareas están sometidas a la Carta Magna y las leyes reglamentarias. Son los responsables del patrimonio y del funcionamiento de la paraestatal, de la industria petrolera y del uso racional de los recursos naturales, y deben rendir cuentas a los organismos comisionados de la supervisión.

El problema empieza cuando el Ejecutivo y el Legislativo ?responsables de velar por el imperio de las leyes? son los primeros en darle la vuelta a la Carta Magna con normas secundarias, con el objeto de someter el interés público a la acumulación del capital nacional y extranjero. La derecha neoliberal priísta-panista ha reinterpretado dolosamente la Constitución para reprivatizar la explotación de los recursos energéticos, despedazarla industria petrolera, transformar en negocio de particulares todas las actividades de Pemex, compartir la renta petrolera con las grandes empresas y convertir a la paraestatal en una simple administradora discrecional de los contratos incentivados de reputación anticonstitucional.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de velar por el estado de derecho, se mantiene ciega, sorda y muda ante las tropelías y los derechos de la población (al claudicar ante los intereses del poder político y económico y sustituir la toga por los faldones clericales, que degradan a la institución a la que representa) asumió una postura ambigua ante dichos contratos, se escurrió por las ramas al negarles el derecho a varios legisladores para someter a una controversia respecto de su constitucionalidad y dejó de lado el fondo de la litis. Era el último obstáculo para anteponer los preceptos constitucionales al pillaje y a la depredación del bloque dominante. Pero decidió arrogarse el papel de tapadera infranqueable de la impunidad. Enjuto favor les hizo a las mujeres al negarles su derecho a decidir en relación con el aborto. Ahí antepuso sus preceptos religiosos y subjetivos sobre los constitucionales, y nos regresó al oscurantismo. Le hizo el juego a Calderón, Lorenzo Servitje, Norberto Rivera y demás personajes de la actual inquisición, equiparable con el de la derecha religiosa estadunidense que le grita a Barack Obama “¡Jesús es el señor; Obama es el anticristo!”.

Desaprovechó una oportunidad para limpiar un poco su imagen y emitir una resolución racional, justa y democrática a una nación necesitada de verdaderas instituciones que puedan enfrentar los retos actuales de una sociedad que está siendo llevada al retroceso). Cuando los neoporfiristas de Pemex interpretan a modo la indeterminación y el silencio cómplice de la Suprema Corte y, para abrir boca, empiezan el reparto de espléndidos y oscuros contratos, como los tres bloques “maduros” para su exploración y explotación y por estas fechas concederán otros más, pese al estercolero heredado por los Pidiregas consolidados como deuda pública en 2009 y que pagamos con nuestros impuestos (un saldo de casi 1 billón de pesos, más 367 mil millones y 143 mil millones de pesos por concepto de amortizaciones e intereses pagados). Cuando la Secretaría de la Función Pública evidencia una vez más su incompetencia y su papel de trastienda, la Auditoría Superior aparece como un león desdentado y la mayoría legislativa encubridora mira hacia otro lado.

La sórdida relación entre “los socios asociados en sociedad” ?en palabras del poeta cubano Nicolás Guillén? directivos de Pemex, Sacyr Vallehermoso y Repsol es un capítulo más de la política petrolera neoliberal que despide el tufo de la transgresión de las empresas y de los delincuentes de cuello blanco.

La mala reputación enloda a los asociados

La del economista Suárez Coppel es una delicia. Es un Chicago Boy forjado en las desacreditadas y vulgares escuelas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Chicago mismo (corresponsables del colapso del neoliberalismo). Se dice que fue apadrinado por el oscuro Chicago Boy Francisco Gil Díaz, de siniestra memoria, como servidor público y que llegó a Pemex con la encomienda de consolidar la entrega de la industria a la voracidad de los hombres de presa, pese a su participación en el fracaso de la emisión de los bonos petroleros, la parodia del “capitalismo thatcheriano”, y que poco antes había sido despedido del Grupo Modelo al provocarle pérdidas patrimoniales y financieras con sus especulativas operaciones en los mercados bursátil y de futuros, como recordara Graco Ramírez.

La periodista Jesusa Cervantes señala en su obra Los hijos de Marta que era identificado como un capi “inamovible”, “el líder de la organización interna” de Pemex, ligado a Antonio Juan Marcos Issa, exasesor de los entonces directores de la paraestatal, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes entregaron millonarios contratos a las empresas favoritas del sexenio de Vicente Fox: Oceanografía y el consorcio Blue Marine, ligadas a los cachorros de Marta Sahagún.

Las periodistas Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, de Contralínea, documentan sus “transparentes” relaciones incómodas con su primo José Alfredo Coppel Salcido, propietario de Global Drilling Fluids de México (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/24/el-primo-incomodo-de-suarez-coppel/)y la vida regalada de barón que se da en la Quinta Avenida o en Londres, a costa de Pemex y de nuestros impuestos (http://www.voltairenet.org/Suarez-Coppel-dispendio-en-tiempo).

El acuerdo entre los socios Pemex-Sacyr Vallehermoso tiene su discreto encanto. Se realiza a través de la filial holandesa PMI Holdings, una de las 25 compañías creadas por Pemex, 11 de las cuales son manejadas por la división PMI Comercio Internacional, cuyas operaciones superan los 26 mil millones de pesos (Nancy Flores, “Pemex privatiza 26 mil MDP en operación de Repsol”; http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/18/pemex-privatiza-26-mil-mdp-en-operacion-de-repsol/). Son entidades creadas por una empresa estatal, con dinero público y que manejan éste. Pero funcionan como compañías privadas. No rinden cuentas a nadie. Nadie puede supervisarlas. Han sido abiertas en los llamados paraísos fiscales, lugares donde se instalan empresas fantasmas, públicas (el capitalismo público offshore) y privadas, anónimas, simples membretes. Con un pago mínimo, por esas zonas fluyen de manera triangulada miles de millones de dólares que no les gusta la supervisión. Prefieren la opaca discrecionalidad. Y como el Triángulo de las Bermudas, en los insondables abismos de dichos paraísos se pierden inquietantes historias. Se borran sus orígenes y reaparecen como capitales limpios, o blanqueados, si se prefiere.

Los economistas Thierry Godefroy y Pierre Lascoumes prefieren llamar a esos mercados como los parásitos fiscales y financieros del capitalismo, de contabilidad creativa, donde trabajan los piratas mercantiles que mueven capitales turbios, corruptos, sangrientos: dinero público y privado, del narco, de las iglesias (El capitalismo clandestino, Paidós, 2005).

Justificar la ampliación de la participación accionaria de Pemex en Repsol, que aumenta la deuda de la paraestatal (53 mil millones de dólares, antes de la operación), como parte de la estrategia de internacionalización de la empresa o la transferencia de tecnología, no son más que mentiras de lactante.

¿Qué pretenden ocultar Suárez Coppel, el gobierno mexicano y sus socios de mala reputación? ¿Qué favores le deben al “amigo” Luis del Rivero, presidente de Sacyr, qué compromisos quieren saldar, a cambio de qué pretenden evitar el derrumbe del español con el dinero público mexicano? Porque Sacyr Vallehermoso es una entidad quebrada debido a la crisis inmobiliaria española. La firma desconoce el negocio petrolero. Su inversión apalancada en Repsol es la típica operación de una empresa que compra lo que sea para diversificar su portafolio, elevar sus ganancias y luego vender especulativamente los papeles. Pudo invertir su dinero en una granja de cerdos o en una empresa limpiadora de cloacas. Da lo mismo. Pero necesita urgentemente capital para pagar las acciones que tiene de Repsol, compradas con créditos.

La reputación de esa trasnacional en Argentina, Bolivia y Perú es simpáticamente negra: la máxima extracción de hidrocarburos, la sobreexplotación de los yacimientos, sin realizar las inversiones necesarias para reponer o elevar las reservas; la destrucción ambiental; el fraude contable y bursátil para evadir el pago de impuestos y engañar a los compradores de títulos; la violación de los derechos laborales; la corrupción; y el desacato jurídico.

En 2005, la agencia federal Securities andExchange Commission de Estados Unidos desnudó su “creatividad contable”. Y Respsol abastece con gas peruano a la Comisión Federal de Electricidad, por medio de contratos que apestan a corrupción.

Mientras tanto, las reservas mexicanas de crudo, la producción, las exportaciones de éste y sus derivados declinan, y las importaciones de estos últimos se elevan sustancialmente, al igual que la depredación y el saqueo de los capitales privados. ¿También se inflan las cuentas bancarias de los calderonistas? Y la Refinería de Tula se reduce a una barda. Y los mexicanos pagamos más impuestos y precios más altos para sostener este esquema. Es la magia de la política petrolera priísta-panista.

*Economista

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011