La Haya: denuncian a Calderón y a capos mexicanos

Frente a la violencia desatada en México que ha dejado en los últimos cinco años más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos, un grupo de activistas ha solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).



El abogado Netazí Sandoval, encabezó la iniciativa en la que se plantea que en su país se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Sandoval explica que "el objetivo principal de la CPI es sancionar a los grandes artífices que planearon estas operaciones y forzar a las autoridades a que juzguen a estos criminales".

Empresas privadas de Pemex, detrás de la ganga del petróleo mexicano

Tres empresas privadas propiedad de Pemex –­radicadas en los paraísos fiscales de Islas Caimán y Holanda– se benefician de la ganga del petróleo, revela la Auditoría Superior de la Federación. Los multimillonarios descuentos también favorecen a Repsol y Shell, vinculadas con la petrolera mexicana a través de acciones y sociedades trianguladas. Ante una posible investigación del Congreso sobre la aplicación de los factores K y K’ –que habrían causado una sangría al erario por 8 mil 600 millones de dólares, en una década–, la paraestatal se blindó desde 2009.

Nancy Flores/Tercera y última parte

El negocio del crudo mexicano barato no se limita a los descuentos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrece a sus clientes extranjeros, en particular a Estados Unidos, y que habrían mermado más de 8 mil 600 millones de dólares al erario durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. También implica operaciones trianguladas al interior de la paraestatal más importante de México.

Ello porque la petrolera recurre a un esquema en el cual los ingresos por ventas de crudo de exportación se reducen por dos vías: los “ajustes de precios por competitividad” –llamados Factor K y Factor K’– y los pagos por contraprestaciones a favor de sus propias empresas privadas, encargadas de vender el crudo y cobrar las facturas.

Así, el precio fijado públicamente para la mezcla mexicana de exportación va perdiendo varios millones de pesos durante el proceso de venta de cada cargamento. Tan sólo las depreciaciones por “competitividad” establecen decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado (Contralínea 253, 2 de octubre de 2011).

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, la pérdida para el erario ascendería a 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. El detrimento podría superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año, como lo ha informado este semanario.

Las “contraprestaciones”

En el esquema ideado por Pemex, sus empresas privadas PMI Comercio Internacional –autonombrada el brazo comercial de la petrolera–, PMI Services, BV, y Pemex Finance, Ltd, juegan un papel fundamental. Las dos últimas, además de ser sociedades unimembres (sin oficinas ni empleados), tienen en común haber sido constituidas con el carácter de privadas, pero con dinero público extraído de la petrolera.

Radicadas respectivamente en Holanda e Islas Caimán –territorios considerados como paraísos fiscales por la laxitud de sus leyes hacendarias–, éstas aparecen como “clientes designados” de la subsidiaria PMI y, como tales, tienen la capacidad de negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira.

En esas transacciones, PMI también opera los descuentos a los precios de cada barril exportado –lo que incluye a los crudos Olmeca (superligero) e Istmo (ligero)– por medio de los factores K y K’.

Una vez que se cierran los tratos de las exportaciones, PMI Services y Pemex Finance se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros, principalmente empresas trasnacionales como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc. En esta lista también se encuentra PMI Norteamérica, SA de CV, una cuarta empresa privada de Pemex involucrada en estas operaciones.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, “el 1 de diciembre de 1998, PMI celebró con Pemex Finance, PMI Services y Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”.

En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.

La triangulación no acaba ahí. La relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.

De acuerdo con el reporte del máximo órgano de fiscalización en México, el fin de toda esta trama es obtener financiamientos privados, anteriormente conocidos como Pidiregas y ahora como deuda pública destinada a desarrollar proyectos de infraestructura.

Las triangulaciones financieras tienen su origen en la restricción de los mecanismos de financiamiento que caracterizan a los mercados internacionales, descubre la “Auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-18T4I-02-0438ASF”.

De acuerdo con dicho reporte, en 1998 Pemex creó un programa de financiamiento estructurado: una operación comercial basada en la compra-venta de derechos de cuentas por cobrar elegibles a clientes designados, ubicados en Estados Unidos, Canadá, México y Aruba, con el objetivo de financiar los proyectos Pidiregas de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

Se refiere al contrato Receivables Purchase Agreement, signado el 1 de diciembre de 1998, en el cual participan PEP, PMI Comercio Internacional, PMI Services y Pemex Finance.

Las triangulaciones

En el esquema ideado por la petrolera mexicana, cada una de esas cuatro empresas resulta fundamental. La cadena inicia en la subsidiaria PEP –constituida el 16 de julio de 1992 como paraestatal–: ésta vende a PMI Comercio Internacional todo el petróleo crudo que México destina a la exportación.

El dinero que se genera por esta comercialización interna no necesariamente entra a las arcas de la paraestatal, como lo demuestra una operación comercial realizada en diciembre de 1998. A principios de ese mes, PEP vendió cuentas por cobrar presentes y futuras de petróleo crudo pesado mexicano y, para el día 14, transfirió 1 mil 500 millones de dólares producto de las ventas al fideicomiso privado Master Trust, “en el marco del Convenio de Derivación de Fondos”, señala la Auditoría Superior.

De este esquema, una segunda etapa se ubica en la labor de PMI Comercio Internacional. Constituida el 24 de mayo de 1989 como sociedad anónima –por Pemex, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal–, esta filial compra las cuentas por cobrar presentes y futuras del crudo mexicano a PEP, e incorpora al programa de financiamiento estructurado a sus clientes designados.

Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Chevron USA Inc, PMI Norteamérica, SA de CV, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co, entre otros clientes, son informados de la operación a través de una Notice of sale and assignment of account receivable, documento que indica que el pago debe realizarse en la cuenta bancaria collection account, a nombre de Pemex Finance, PMI Holdings y PMI Comercio Internacional.

Una vez realizado esto, PMI Comercio Internacional vende a PMI Services los derechos de cobro de las cuentas por cobrar. Al tiempo, administra y maneja el servicio de esas cuentas en beneficio de Pemex Finance, la compañía radicada en Islas Caimán.

La trama diseñada por Pemex para operar las ventas del petróleo crudo de exportación va más allá. PMI Services, constituida el 31 de marzo de 1988 como empresa privada en Ámsterdam, Holanda –pero propiedad de la paraestatal–, se encarga de comprar a PMI los derechos de las cuentas por cobrar; vender esas cuentas a Pemex Finance a una tasa de descuento promedio del 9 por ciento sobre los derechos de cobro adquiridos; y obtener un beneficio del 0.006 por ciento del “service margin”, sobre la cobranza a realizarse a los clientes designados.

A su vez, Pemex Finance concentra los fondos sobre los derechos de cobro adquiridos de las cuentas por cobrar elegibles; retiene mensualmente de la cobranza de los clientes designados el margen de ganancia del 0.006 por ciento destinado a PMI Services; y realiza los pagos de capital de la deuda de emisión de bonos, con las cuentas por cobrar elegibles no destinadas a la recompra de nuevas cuentas generadas por PMI Comercio Internacional.

Pemex Finance es un vehículo financiero constituido el 18 de noviembre de 1998, como sociedad de responsabilidad limitada bajo las leyes de las Islas Caimán. En la actualidad, su único accionista es The Pemex Finance Trust, un fideicomiso de beneficencia pública constituido por BNP Paribas Private Bank & Trust Cayman Limited.

Y aunque su capital social autorizado fue de sólo 1 mil dólares, las operaciones que realiza son multimillonarias. Tan sólo en 2009 Pemex Finance operó el 87.7 por ciento de los 341 millones 672 mil barriles de petróleo crudo Maya y Altamira que México exportó. Así, el “programa de financiamiento estructurado” permitió a esa empresa adquirir el derecho de cobro de cuentas de 12 clientes designados, por 18 mil 951 millones 274 mil dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos.

Además, entre 1998 y 2000 emitió una deuda en los mercados internacionales por 5 mil millones de dólares. El objetivo, según la paraestatal mexicana, fue “obtener recursos para la compra de los derechos de cobro de las cuentas por cobrar elegibles vendidas por PMI Services”. Para respaldar esta operación, Pemex le concedió un préstamo subordinado por 714 millones 750 mil dólares.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la versión de Petróleos Mexicanos y PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Shell y Repsol, beneficiadas

En 2009, las trasnacionales Shell y Repsol YPF figuraron entre los 22 clientes de PMI Comercio Internacional. Ambas empresas se encuentran vinculadas a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de operaciones trianguladas: la primera mantiene una sociedad al 50 por ciento con PMI Norteamérica, en la refinería Deer Park; en la segunda, Pemex posee el 9.8 por ciento de las acciones a través de sus empresas privadas PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL.

Las transacciones podrían haber involucrado descuentos, de acuerdo con las reglas creadas por la paraestatal mexicana para ajustar los precios del petróleo de exportación a “niveles competitivos”.

De acuerdo con la “Auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-18T4I-02-0438ASF”, en 2009, PMI Comercio Internacional tuvo 26 contratos vigentes con 22 clientes, para la comercialización de petróleo crudo. De éstos, 15 fueron evergreen (renovables), seis de largo plazo y cinco ocasionales.

El firmado con la estadunidense Shell Trading Company tuvo la condición de ocasional, mientras que el de la española Repsol YPF Trading y Transporte fue evergreen. Los otros cuatro contratos ocasionales se pactaron con Atlantic Trading and Marketing, Inc; CEPSA International, BV; Citgo Petroleum Corporation y Koch Supply & Trading, LP.

Pemex busca blindar el Factor K

El acta de la 88 sesión del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional revela que Petróleos Mexicanos buscó blindar su actuación respecto de los multimillonarios descuentos al precio del crudo de exportación, desde septiembre de 2009.

La “protección” sobre sus actos se discutió al prever futuros cuestionamientos hechos por legisladores, durante las comparecencias de quien fuera titular de la paraestatal más importante de México, Jesús Reyes Heroles González Garza.

En aquella sesión, los representantes de Pemex sostuvieron lo siguiente: “Sería conveniente que se presentara ante el Consejo de Administración un estudio comparativo entre las políticas y las mejores prácticas internacionales. Para ello, un tercero independiente podría realizar un análisis respecto de las decisiones comerciales que pueden llegar a impactar de forma importante, como en el caso de los ajustes al Factor K de la fórmula de precios, para atender el tema que ha surgido recurrentemente en varias comparecencias [ante el Poder Legislativo] y salvaguardar de cualquier pugna el actuar de la empresa”.

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

Pemex privatiza 26 mil MDP en operación de Repsol

Petróleos Mexicanos vuelve a utilizar su esquema de triangulación de recursos públicos a sus empresas “privadas”, radicadas en paraísos fiscales. Esta vez se trata de la adquisición del 5 por ciento de acciones de Repsol YPF, a través de su filial holandesa PMI Holdings. El método garantizará que esa compañía “privada” y PMI Holdings Petróleos España, también de carácter “privado”, se queden con las utilidades, mientras que Pemex asumirá las pérdidas, revela un acuerdo del Consejo de Administración aprobado por Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal petrolera. El dinero público implicado sólo en esa operación supera los 26 mil millones de pesos.

Nancy Flores

Blindadas por su carácter de compañías “privadas” extranjeras, PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL, se agencian un negocio de, al menos, 26 mil 51 millones 404 mil pesos. Aunque el dinero ha salido de las arcas públicas mexicanas, sus utilidades serán administradas como capital privado en cuentas particulares radicadas en el paraíso fiscal de Holanda y en España.

Y es que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha apostado otra vez a la inversión triangulada del dinero público. Así, en nombre y con recursos de la paraestatal, PMI Holdings tiene la nueva participación accionaria del 5 por ciento de la española Repsol YPF (que implica unos 21 mil 760 millones de pesos) y PMI Holdings Petróleos España, el 4.9 por ciento histórico (por 4 mil 291 millones 404 mil pesos).

Ambas forman parte de la red de 25 empresas “privadas” que la petrolera del Estado posee en México y en el extranjero al margen de la legislación nacional. A su vez, son integrantes del Grupo PMI, constituido por 11 compañías que controla la subsidiaria PMI Comercio Internacional, también de carácter privado y con autonomía fáctica financiera.

En materia petrolera, el Grupo PMI juega un papel clave: se encarga de operar la comercialización del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Asimismo, de importar las gasolinas y otros petrolíferos al país. Todo ello, en total discrecionalidad, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así, al intermediar la compra de acciones de Repsol YPF, Pemex no estaría obligado a rendir cuentas ni a transparentar su multimillonario negocio: los tratos que se operan a través de sus 25 compañías no son auditables. Ello, por su carácter de privadas y porque están sujetas a leyes extranjeras. No obstante, tanto la paraestatal como el exsecretario de Energía han defendido la supuesta legalidad de la compra de acciones. La operación para aumentar la participación de Pemex en la petrolera española Repsol fue transparente y auditable, aseguró a la prensa el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 9 de septiembre.

Erario asumirá las pérdidas

La opacidad de esta operación no se limita a la ausencia total de información y consulta al Consejo de Administración; tampoco, al manejo de los recursos públicos directamente implicados en las transacciones comerciales y en las futuras utilidades. También alcanza las pérdidas que se registren más adelante.

El acta de la sesión ordinaria 818 del Consejo de Administración de Pemex –firmada el 10 de noviembre de 2010 por la exsecretaria de Energía y actual titular de Banobras, Georgina Kessel; por David Madero Suárez, presidente suplente del Consejo, y por Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía– revela que la paraestatal asumirá con dinero público las pérdidas y contingencias financieras que enfrenten sus 25 empresas privadas, así como los negocios contraídos por éstas. Tal sería el caso de la participación accionaria de PMI Holdings y PMI Holdings Petróleos España en Repsol YPF.

El acuerdo establece textualmente: “Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, inciso f, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en tanto se aprueban todas las políticas a que se refiere dicho precepto, el Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, aprueba como política específica que para los casos en que algunas de las filiales de Pemex haya convenido cubrir los faltantes de los esquemas de asociación que hayan celebrado, Petróleos Mexicanos pueda asumir una nueva obligación contingente de transferir los montos necesarios para hacer frente a dichos faltantes hasta por 50 millones de dólares, generándose una obligación contingente a su favor en caso de actualizarse la contingencia respectiva”.

En esa sesión participaron, entre otros, Juan José Suárez Coppel, Gerardo Ruiz Mateos, Ricardo Aldana Prieto, Carlos Arnoldo Morales Gil, Miguel Tame Domínguez, Rafael Beverido Lomelín, Homero Niño de Rivera Vela; así como los consejeros independientes Fluvio César Ruiz Alarcón, Rogelio Gasca Neri, Héctor Moreira y Fortunato Álvarez Enríquez. Ninguno se opuso al acuerdo.

La discusión se centró en las pérdidas que registró en 2010 la refinería Deer Park, copropiedad de la trasnacional Shell y PMI Norteamérica, SA de CV, una de las 11 empresas del Grupo PMI.

El acta, de la cual Contralínea posee copia, acota: “Esta política estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se instruye al director general para que a más tardar el primer bimestre de 2011 presente para opinión del Comité de Estrategia e Inversión las políticas a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Pemex, a efecto de que previa opinión de dicho Comité se someta a la aprobación del Consejo”.

La vigencia, sin embargo, fue únicamente una formalidad. A la fecha, esa política ya forma parte de las reglas generales de la paraestatal y aplica para las 25 empresas privadas y sus negocios.

Lejos de cuidar el patrimonio de los mexicanos, los consejeros profesionales avalaron totalmente la aplicación de esta normatividad. Durante la discusión, el doctor Gasca Neri “preguntó por qué abarcaba hasta diciembre de 2010 y no 2011”, cita el acta de sesión. A lo que, de inmediato, el consejero Ignacio Quesada respondió “que se pretendía establecer una política completa, pero como se tenía que autorizar una transacción específica en la presente sesión [el rescate de PMI Norteamérica y su inversión en la refinería Deer Park], se daba una vigencia a la política hasta el final del año”.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, la refinería sólo ha representado ganancias para la trasnacional, pero no para Pemex. Entre otros de los beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación. Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluye la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.

Las ganancias se privatizarán

En el esquema utilizado para la compra de acciones de Repsol YPF los resultados serán los mismos: Pemex asumirá las pérdidas al tiempo que las utilidades se desvanecerán. Es más, en este trato ni siquiera queda garantizada la devolución de la inversión por más de 26 mil millones de pesos. Y es que la administración de Suárez Coppel considera legal la privatización del dinero público que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente las del Grupo PMI.

Aunque su principal función es comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– los bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.

Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de Pemex durante una reunión sostenida con representantes de la ASF a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.

De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.

“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.

Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.

En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, de acuerdo con Pemex, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.

Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación. En esta lógica, el negocio de Repsol YPF únicamente beneficiará los bolsillos privados de un puñado de funcionarios a cargo del Grupo PMI.

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó conocer la versión de Pemex, a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Revista Contralínea 251 / 18 de septiembre de 2011

Pide Corte de EU a Twitter datos de personas ligadas a Wikileaks

*Una legisladora de Islandia, Julian Assange y un hacker holandés, entre los mencionados en la resolución

*La página web condena el "hostigamiento" y dice que Facebook y Google recibieron órdenes similares
La página de Wikileaks en la red social Twitter es seguida por más de 600 mil personas a escala mundial
Brigitta Jonsdottir, parlamentaria islandesa, denunció que Washington quiere conocer todos los tweets que ha enviado desde 2009.

Afp, Reuters y Notimex

Estocolmo, 8 de enero. Una corte estadunidense ordenó a la red social Twitter entregar detalles de las cuentas de la web de Wikileaks y de varios seguidores como parte de una investigación por la divulgación de 250 mil documentos confidenciales que comprometieron a la diplomacia estadunidense.

Wikileaks reveló el sábado que autoridades estadunidenses solicitaron detalles de la cuenta de Twitter, de noviembre pasado al día de hoy, de su fundador, Julian Assange, y de otras personas, entre ellas Bradley Manning, soldado a quien se culpa de haber filtrado los documentos; el hacker holandés Ron Gongrijp y la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, así como de otras personas cercanas al sitio, con lo que se demuestra la existencia de una investigación por espionaje en Estados Unidos.

Wikileaks manifestó que dichas personas nunca han trabajado para la página web y que “el Departamento de Estado reclamó los mensajes privados, los contactos, las direcciones IP (Internet) y los datos personales de la cuenta de Julian Assange y de dichas personas que son asociadas con Wikileaks”.

La información que busca conseguir el gobierno estadunidense incluye registros de conexión, sesiones iniciadas, correos electrónicos y direcciones residenciales, así como detalles de facturación, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Un tribunal del distrito de Alexandria, Virginia, dirigió el 14 de diciembre de 2010 un mandato, firmado por la juez Theresa Buchanan, a la red social Twitter pidiéndole informaciones que los jueces calificaron de pertinentes en el marco de una investigación criminal en curso, según documentos obtenidos por la agencia de prensa Afp.

Twitter, que el 5 de enero fue autorizado por el tribunal a hacer público el mandato, informó dos días más tarde a Jonsdottir.

El sitio de Internet comunicó que si en 10 días la interesada no le notificaba la apertura de un procedimiento judicial de impugnación a la demanda de Estados Unidos, tendría que entregar las informaciones solicitadas.

Twitter realmente combatió (el mandato) en nombre de sus clientes, porque tales informaciones no deberían transmitirse, declaró Jonsdottir el sábado.

“El gobierno estadunidense quiere conocer todos mis tweets (comentarios en la red social) desde el primero de noviembre de 2009. ¿Estarán conscientes de que soy miembro del parlamento islandés?”, preguntó.

En Islandia, los ministros de Relaciones Exteriores, Oessur Skarphendisson, y de Interior, Oegmundur Jonasson, calificaron de inaceptable que las autoridades estadunidenses intenten obtener la información de Twitter de Jonsdottir.

Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien comparecerá en Londres el 11 de enero próximo por delitos sexuales imputados por Suecia, señaló en su cuenta de Twitter que si Irán hubiera tratado de obtener información de periodistas o activistas de naciones extranjeras, grupo de derechos humanos de todo el mundo se hubieran manifestado.

En tanto, el abogado de Assange, Mark Stephens, aseveró en un comunicado desde Londres que “Wikileaks condena fuertemente este hostigamiento de individuos por el gobierno de Estados Unidos”.

En un comunicado, Wikileaks dijo tener motivos para creer que (la red social) Facebook y (buscador) Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia estadunidense.

La página de Wikileaks en Facebook tienen millón y medio de seguidores y en Twitter más de 600 mil a escala mundial.

Wikileaks ya se puso en contacto con abogados estadunidenses. En su opinión, dicha solicitud confirma la existencia de una investigación secreta llevada a cabo por un gran jurado estadunidense, lo cual significa que una inculpación (de Assange) es inminente.

Reubicarán a personas en riesgo

En tanto, el Departamento de Estado estadunidense anunció que el gobierno reubicará a algunas personas nombradas en los cables divulgados por Wikileaks.

P. J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, enfatizó que entre las personas en riesgo están activistas de la sociedad civil, periodistas y funcionarios de gobierno, cuyas discusiones con funcionarios estadunidenses podrían enfadar a gobiernos extranjeros y algunas fuerzas políticas.

Estamos concentrados en las personas que han sido identificadas y evaluamos si hay riesgo de violencia para ellas, especialmente en sociedades represivas de todo el mundo, indicó Crowley sin citar a los involucrados o mencionar alguna amenaza específica. Agregó que Estados Unidos ha advertido a gobiernos extranjeros que no busquen represalias contra quienes aparecen nombrados en los documentos de Wikileaks.

“Hemos dejado claro a gobiernos que cualquier acción adversa contra individuos identificados por Wikileaks afectará las relaciones”, señaló.

PEMEX ESCONDE 75 MIL MDP EN PARAÍSOS FISCALES

De 2007 a 2009, Petróleos Mexicanos ha ocultado más de 75 mil millones de pesos en dos paraísos fiscales. El dinero proviene de utilidades generadas por la refinería Deer Park y el llamado Grupo PMI: 10 empresas constituidas en el extranjero por la paraestatal con carácter de “privadas”. La Secretaría de la Función Pública avala que la vigilancia del dinero en dicha red empresarial se haga sólo a través de “órganos de gobierno de Pemex”

Nancy Flores

En lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha manejado más de 75 mil millones de pesos fuera del presupuesto público, por órdenes de altos funcionarios de PMI Comercio Internacional. En las decisiones habría participado incluso la actual directora de esa filial, María del Rocío Cárdenas Zubieta.
La multimillonaria bolsa dispone de las utilidades que habrían generado entre 2007 y 2009 la refinería Deer Park –propiedad de Pemex y de la trasnacional Shell– y cuatro de las 10 empresas del Grupo PMI –todas constituidas por la paraestatal con carácter de “privadas”–, se desprende de dos indagatorias practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En esos tres años, el dinero se habría resguardado y operado en euros a través de cuentas bancarias privadas radicadas en el extranjero, especialmente en los paraísos fiscales de Holanda e Irlanda.
Actualmente, el Grupo PMI es encabezado por PMI Comercio Internacional y se conforma por dos empresas tenedoras de acciones o holdings, tres comercializadoras y cinco prestadoras de servicios: PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc; PMI Services, BV.
A su vez, ese grupo forma parte de una intrincada red que suma un total de 25 empresas “privadas”, ciento por ciento propiedad de Pemex y sus subsidiarias. Dichas compañías operan en México y en el extranjero desde finales de la década de 1980; la mayoría, como sociedades instrumentales o de papel: carecen de personal y de oficinas.
Por más de dos décadas, el esquema –que incluye al Grupo PMI– ha permitido a Pemex realizar operaciones financieras en siete paraísos fiscales: Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islas Caimán, Delaware (Estados Unidos), Holanda y Las Bahamas. Según acusaciones de la ASF, emitidas desde 1999, ninguna compañía rinde cuentas a la hacienda pública ni se sujeta a las leyes mexicanas.
Dinero oculto en paraísos
En el caso del dinero que ahora se resguarda en Irlanda y Holanda se encuentran involucradas la holandesa PMI Holdings, BV, cuyos rendimientos ascenderían a más de 30 mil millones de pesos; PMI Norteamérica, SA de CV, con sede en México y con ganancias superiores a los 24 mil millones de pesos; PMI Trading, Ltd, de nacionalidad irlandesa, con utilidades por 22 mil 500 millones; PMI Marine, también constituida y operada en Irlanda, con ganancias por más de 160 millones de pesos, de acuerdo con una proyección basada en los números reportados a la ASF para la revisión de la Cuenta Pública 2007.
Aunque las cuatro empresas “privadas” son propiedad de la paraestatal, “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generadas en las empresas del Grupo PMI, éstas se quedan acumuladas como inversión en esas empresas”, indica el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007.
Agrega que “esta situación no se estaría presentando actualmente si las inversiones en las empresas PMI Norteamérica, PMI Trading y PMI Marine no se hubiera efectuado a través de empresas que intermediaron las operaciones, en contravención con los objetos sociales de PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, que le fueron autorizados por el mismo Consejo de Administración [de la paraestatal] y por la Secretaría de Programación y Presupuesto, actualmente Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Y es que al momento de su creación, en 1988, PMI Holdings, BV, tuvo por objeto fundamental servir de instrumento corporativo para hacer más eficiente el manejo de la participación accionaria de Pemex en la empresa española Petróleos del Norte, SA. Según la paraestatal, por sus características jurídicas de sociedad unimembre, “no requeriría personal alguno para el desarrollo formal de sus funciones”.
En ese mismo año, la petrolera mexicana constituyó la empresa PMI Holdings, NV (ahora PMI Holdings Petróleos España) en el paraíso fiscal de Antillas Holandesas. Ésta tuvo por objeto administrar a PMI Holdings, BV.
No obstante que ambas tenían claramente establecidos sus objetivos, en enero de 1993 sus directores –servidores públicos de PMI Comercio Internacional– constituyeron PMI Norteamérica. A su vez, esta última aportó el 50 por ciento del capital con el cual se creó Deer Park Refining, Ltd. El otro 50 por ciento lo posee la trasnacional Shell.
Dos años antes, en 1991, Pemex y PMI Holdings Petróleos España constituyeron en Irlanda PMI Trading. Actualmente, esta empresa sin oficinas ni empleados se encarga de la importación de petrolíferos; además, en nombre de Pemex, participa en el mercado internacional de derivados.
La historia de la cuarta empresa involucrada en el manejo de utilidades fuera del presupuesto público, PMI Marine, se inició el 16 de diciembre de 1993. Ese día, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción la constituyó en Irlanda, con el objetivo social del transporte marítimo de petróleo y productos de petróleo.
Funcionarios, detrás de las decisiones
Sin dar nombres, la ASF señala que la decisión de no reportar las ganancias de las empresas privadas a Pemex y, por consiguiente, de manejar los miles de millones de pesos al margen de la hacienda pública, recae enteramente en funcionarios de PMI Comercio Internacional.
“El haber utilizado las figuras instrumentales de las empresas del Grupo PMI, situación de tracto sucesivo, a futuro, ha provocado que la decisión sobre repartir o no dividendos sobre el valor económico generado, o bien, utilizarlos dentro del mismo Grupo PMI o en beneficio de Pemex ya no dependa de este último, sino de los servidores públicos de PMI Comercio Internacional que participan en las ‘asambleas de accionistas’ de esas empresas unimembres, que han transformado su objeto de haber sido simples tenedoras de acciones, al de ser inversoras y realizadoras de transacciones comerciales cotidianas, mediante contratos de prestación de servicios con PMI Comercio Internacional, o aún, entre ellas.”
Entre los funcionarios se encontraría María del Rocío Cárdenas Zubieta. De acuerdo con su breve currículum, publicado en la página de internet de Pemex, antes de asumir la dirección de la filial, en diferentes etapas se desempeñó como directora de las empresas PMI Services North America, Inc; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Norteamérica, SA de CV.
Otro funcionario que habría participado en las decisiones es Bernardo de la Garza Hesles, actual director comercial de Petróleo Crudo y miembro del Consejo de Administración de Pemex Internacional España, SA, indica el historial mercantil de esa empresa, obtenido por Contralínea a fines de 2009 en el Registro Mercantil de Madrid.
El mismo historial da cuenta de otros dos nombres que, sin embargo, no figuran en los directorios de la paraestatal ni de sus subsidiarias: Raúl Fortunato Cardoso Maycotte e Ismael Hernández Amor.
Éstos dos últimos también aparecen como miembros del Consejo de Administración de PMI Holdings Petróleos España, al lado de Luis Crispin Gamica Sánchez, de acuerdo con la historia contenida en el Tomo 22243 Sección 8 Hoja 397040 del Registro Mercantil de Madrid, y de la cual Contralínea posee copia.
SFP avala esquema
Los altos funcionarios de PMI Comercio Internacional continuarían tomando decisiones en detrimento de las finanzas públicas. Hasta ahora, la Secretaría de la Función Pública mantiene vigente su aval al esquema, mismo que dio desde la década de 1980 cuando era la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
De acuerdo con el reporte de la ASF, la Función Pública “informó que la vigilancia de todas las empresas filiales no paraestatales se ejerce a través de los órganos de gobierno de Pemex y organismos subsidiarios”.
En su respuesta a la Auditoría Superior, la SFP indicó que dichos órganos “han realizado diversas recomendaciones, entre las que destaca definir un esquema de seguimiento integral de las no paraestatales que permita su control corporativo y no sólo financiero y que, además de proteger los intereses de las entidades participantes, cuente con mecanismos de evaluación para analizar la conveniencia de mantener su participación, así como la transparencia y la rendición de cuentas en sus operaciones”.
El escaso involucramiento de la Función Pública se da a pesar de que las operaciones financieras que Pemex realiza con esas empresas tocan paraísos fiscales, cuyo riesgo más acusado son los esquemas de evasión de impuestos y de lavado de dinero.
Tesorería centralizada en Holanda
De acuerdo con el análisis del máximo órgano de fiscalización, ninguna de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de las cuatro empresas “privadas” que no han reportado sus utilidades a la hacienda pública se manejaría en México. Y es que la auditoría 07-1-18T4I-02-1118 revela que, desde octubre de 2007, dos de esas compañías constituyeron una “tesorería centralizada” con sede en Holanda.
Se trata de PMI Holdings, BV, que desde entonces ofrece “servicios financieros” a PMI Norteamérica, la única sociedad privada con nacionalidad mexicana. Esta última tiene como principal actividad su participación accionaria del 50 por ciento en la refinería Deer Park. El otro 50 por ciento corresponde al capital de la trasnacional Shell.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Cárdenas Zubieta, directora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

[INFOGRAFÍA]
Grupo PMI
·Empresas tenedoras:
-PMI Holdings, BV
-PMI Holdings Petróleos España
·Empresas comercializadoras:
-PMI Trading, Ltd
-PMI Norteamérica, SA de CV
-PMI Marine, Ltd
·Empresas de servicios:
-PMI Services North America, Inc
-Pemex Services Europe, Ltd
-Pemex Internacional España, SL
-PMI Holdings North America, Inc
-PMI Services, BV

Diputados buscarán revisar esquema empresarial de Pemex
El diputado Felipe de Jesús Cantú, presidente de la Comisión de Energía e integrante del Partido Acción Nacional, dice que los resultados de la Auditoría Superior de la Federación respecto de las empresas privadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) son “un buen llamado de atención para revisar y tener un elemento de juicio contundente, para ver si esto tiene que cambiar en la legislación o es una omisión de la legislación existente”.
Considera importante “no sólo conocer el modus operandi (de las empresas privadas de Pemex), sino también constatar que se estén apegando a la legislación mexicana, de la que finalmente obtienen todos sus recursos”.
Cantú admite que hasta ahora ni la Comisión de Energía ni la de Vigilancia han estudiado el tema de las operaciones financieras de Pemex en paraísos fiscales. No obstante, indica que será a partir de este mes cuando empiecen a analizarlas.
“En febrero, el Ejecutivo tendrá que presentar el plan de energía para los próximos 15 años y tiene que estar señalada en particular cada una de las áreas, si no por empresa o por división, sí por tema; y el internacional juega un papel importantísimo, considerando que las exportaciones de petróleo a diferentes países le han dado por más de 40 años la principal fuente de ingresos al gobierno federal. Evidentemente que es de preocuparse que se esté asegurando el mejor manejo y las mejores condiciones para el país”.
En entrevista con Contralínea, el diputado Cantú indica que la Comisión de Energía ha avanzado en “temas que tienen que ver con las reconfiguraciones, particularmente con la de Minatitlán, que tiene un retraso significativo. También se ha cuestionado la eficacia de Chicontepec, que es un tema donde seguramente tendremos que estar al tanto y eso también será en febrero”.
Respecto del tema de corrupción, dice que éste se ha tratado en la Comisión de Vigilancia, donde también participa. “Allí se han hecho planteamientos de cómo asegurar el combate de cualquier acto de corrupción o presunta corrupción que se haya presentado en Pemex”, pero, admite, hasta ahora tampoco han abordado el asunto de las empresas privadas en paraísos fiscales. (NF)


[INFOGRAFÍA 2]
El Grupo PMI, según Comercio Internacional
En su página de internet, PMI Comercio Internacional incluye las siguientes raspuestas a las “preguntas frecuentes”:
¿Qué es el Grupo PMI?
El Grupo PMI es un conjunto de empresas que Petróleos Mexicanos constituyó a partir de 1988 dentro de su proceso de modernización para realizar operaciones de comercio internacional de hidrocarburos.
¿Cuál es el objeto del Grupo PMI?
El Grupo PMI tiene como objeto principal realizar operaciones comerciales de petróleo crudo y de productos derivados del petróleo en el mercado internacional. Igualmente, las empresas del Grupo PMI, dependiendo de las funciones de cada una de ellas, proporcionan servicios especializados, tales como administrativos, financieros, comerciales, legales, de administración de riesgos, de fletamento de buques y de inteligencia de mercado.

Empresa holandesa gana licitación para Cédula de Identidad Ciudadana

ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- La Secretaría de Gobernación dio a conocer esta noche que la empresa holandesa Smartmatic International Holding BV es la ganadora para elaborar la controvertida Cédula de Identidad Ciudadana (CIC).
Pese a que el fallo de la licitación estaba previsto que se diera a conocer el jueves 19, y luego de que hoy martes se pospuso por la mañana, fue hasta la noche que la Secretaría de Gobernación informó que la empresa holandesa es la ganadora del contrato por un total de 299 millones 476 mil 100 pesos, cifra sujeta, se aclaró, a disponibilidad de presupuesto determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque la semana pasada la Cámara de Diputados no aprobó ni un peso para la Cédula de Identidad, sí autorizó mil 2 millones de pesos al Registro Nacional de Población (Renapo) y el mantenimiento de los Registro Civiles que, según información extraoficial, serán usados para ese documento. En sesión pública, los funcionarios de la Secretaría de Gobernación informaron esta anoche que se desecharon cinco propuestas de empresas mexicanas por no cumplir con los requisitos de la convocatoria emitida el 24 de septiembre. Se trata de las empresas Mainbit; Image Technologic; Latin ID; Solstic y Cosmocolor SA de CV que no reunieron los requisitos para conformar la infraestructura informática necesaria para el procesamiento, almacenamiento y respaldo de datos biométricos que integrarán el Registro Nacional de Población (RNP) y mediante la cual se elaborará la Cédula de Identidad Ciudadana. La creación del RNC y la CIC ha concitado polémica sobre todo porque tendrá como consecuencia la desaparición de la credencial de elector y revolverá, en los hechos, la lista de electores del gobierno federal, tal como ha documentado el semanario Proceso.