En el gobierno de Felipe Calderón, 52 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos. Ésta se recordará como la administración que llevó a México a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de Irak. En poco más de una década de gestiones panistas, 93 comunicadores victimados y desaparecidos. El crímen más reciente, ocurrido a fines de mayo en Veracruz.Mariela Paredes / Nancy Flores
Los 84 días de incertidumbre para la familia de Noél López Olguín culminaron en dolor. Desaparecido desde el 8 de marzo pasado, el cuerpo del periodista de 47 años fue localizado en una fosa clandestina el 31 de mayo, en el rancho Los Tres Hermanos, ejido Malacate, Jáltipan, Veracruz.
A López Olguín le tocó inaugurar las listas de los comunicadores desaparecidos y asesinados en 2011. Ambos registros acusan el México que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles nacionales e internacionales califican como país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al menos 63 reporteros han sido víctimas de la violencia: 52 asesinados y 11 desaparecidos.
La pérdida de quien laboraba en los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad se suma, a su vez, a otros 92 crímenes en contra de periodistas perpetrados en las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN), también llamados gobiernos de la “transición democrática”.
En poco más de una década del panismo, 78 comunicadores han sido asesinados y 15 más, desaparecidos, indican datos oficiales y estadísticas de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea. Ante estas cifras, es urgente atender la situación que vive el gremio peridístico en México, asegura Brisa Solís.
La directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) considera que la responsabilidad es compartida: “Tiene que haber una mejor calidad periodística, verificar bien las fuentes, tiene que haber una solidaridad dentro del gremio; y en el otro nivel [de la procuración de justicia], por supuesto, las instancias de gobierno tendrían que hacer su labor de manera más integral”.
El agravamiento de la situación es inocultable. Mientras Frank La Rue, relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, afirma que “México ha devenido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”, la organización Reporteros sin Fronteras acusa que este país es el más peligroso en el mundo para ejercer la profesión, por encima incluso de Irak.
Tan sólo entre enero de 2010 y mayo de 2011 se han registrado 16 asesinatos y cuatro desapariciones de reporteros. De continuar esta tendencia, al terminar 2011 podrían haber ocurrido nueve homicidios más, a razón de 10.4 periodistas asesinados anualmente en este país.
Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) critica que las medidas que ha tomado el gobierno en materia de protección a la libertad de expresión no representan un cambio en esta problemática, que ha costado la vida a decenas de comunicadores.
“El problema es estructural, tiene que ver con la procuración, con la impartición y con la administración de la justicia. Todos los eslabones del sistema de la justicia mexicana adolecen de rigor jurídico, de integridad en muchos casos, entonces no se presta o no se genera un clima de legalidad.”
El defensor agrega que, “lamentablemente, no hay un cambio favorable. Lo que uno percibe, lo que uno constata es que el clima de enrarecimiento es constante, generalizado y desafortunadamente no disminuye. Lo más lamentable del caso y lo que provoca este clima, este ambiente, no es otra cosa más que el tema de la impunidad. De cada 100 delitos solamente se llegan a consignar y a sentenciar dos, es decir, el premio a la transgresión de la ley es la impunidad porque el 98 por ciento de quienes transgreden la ley se salen con la suya”.
En materia de libertad de prensa y democracia, México ocupa la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010. Además, está catalogado como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.
El problema que padece la prensa es de corresponsabilidad, asegura Darío Ramírez, representante en México de Artículo 19. “No hay un malo, no hay un enemigo en sí. Hay muchos [enemigos] y se manifiestan de diferente manera. Es evidente que el Estado tiene cumplir con sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar [a los periodistas]. Los medios tienen la necesidad de fortalecer el periodismo, y también la sociedad: mientras que la sociedad no proteja a sus periodistas, a sus mensajeros, mientras no reconozcamos que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación”.
Saldos del panismo
En la actual administración calderonista, la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas ha aumentado en 241.8 por ciento respecto de la administración de Fox. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios de comunicadores anuales.
La información consultada por Contralínea indica que las entidades federativas en las que se han perpetrado más asesinatos son: Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. Mientras, Michoacán se coloca como el estado con mayor número de periodistas desaparecidos.
Aunado a ello, la CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos gobiernos del PAN; 351 de ellas –más del 50 por ciento– ocurrieron en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.
Y aunque el presidente de la República afirme que la violencia contra la prensa y la sociedad no es responsabilidad de su gobierno, sino del crimen organizado, los ataques –que van desde las amenazas, la cancelación unilateral de la publicidad oficial, los hostigamientos, hasta las agresiones físicas– son cometidos, en su mayoría, por autoridades federales, estatales y locales, refieren la CNDH, Cencos, Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.
El 49.03 por ciento de los ataques son cometidos por representantes de los gobiernos en sus tres niveles; el 26.45 por ciento, por el crimen organizado, y del 11.61 por ciento restante se desconoce la identidad de los perpetradores, indica el informe La violencia en México y el derecho a la información, elaborado en 2010 por Artículo 19 y Cencos.
De acuerdo con ese mismo informe, hasta ahora no habría evidencias de la participación de los agentes del Estado en tres modalidades de agresión: asesinatos, desapariciones y secuestros. Los crímenes contra los periodistas, sin embargo, se inscriben en el contexto derivado de la principal estrategia de la administración federal: la “guerra” contra las drogas.
Para el gobierno, la forma de combatir el narcotráfico es con la confrontación directa y esa estrategia, explica Balbina Flores, ha resultado en el asesinato de más de 40 mil civiles, entre ellos los comunicadores. “Pero el gobierno no piensa cambiarlo, y lo ha dicho públicamente, hasta el cansancio, en los últimos meses. Entonces no podemos más que decir que esto no va a cambiar”.
La representante en México de Reporteros sin Fronteras señala que las medidas que ha tomado la administración federal para la protección del ejercicio periodístico son insuficientes. “Han mostrado ineficacia en su aplicación. Concretamente podemos hablar de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue creada hace cinco años, ha tenido tres fiscales y que, hasta este momento, no hemos conocido de la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas”.
Informes elaborados por la CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa Comisión ha documentado entre 2005 y lo que va de 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron el 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, el 21.76 por ciento; de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 17.61 por ciento; y de las procuradurías generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, el 6.75 por ciento respectivamente.
La organización internacional Freedom House, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, considera en su evaluación 2011 que México es un país “parcialmente libre” para la práctica periodística.
Agresiones, en la impunidad
La situación que vive el gremio periodístico en México gira en torno a siete problemas específicos, refiere la panista Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados: impunidad en el sistema judicial, colusión de las autoridades con los agresores, infiltración del crimen organizado en las esferas del poder público, falta de voluntad política para resolver los casos, falta de eficacia en las averiguaciones previas, falta de preparación de los cuadros policiales y falta de solidaridad entre medios de comunicación.
La legisladora afirma que es en los estados donde la situación es más lamentable: los casos están congelados. “La impunidad es una constante”. En el ámbito federal las cosas no parecen distintas: de los 99 casos que atendió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) desde su creación –en 2006– hasta noviembre de 2009 sólo cuatro fueron consignados ante las autoridades judiciales.
El resto se resolvió de la siguiente manera: en 39, la Fiscalía se declaró incompetente; 25 se archivaron; en 16, determinó el no ejercicio de la acción penal; 15 se elevaron a averiguación previa.
Capacidad limitada de respuesta, inacción frente a los homicidios de periodistas e incumplimiento de los objetivos que le dieron origen forman parte de las autocríticas que se hiciera la Fiscalía al evaluar su propio trabajo en su informe de 2010. El 5 de julio de ese año, la FEADP fue “sustituida” por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Acciones para inhibir el flagelo
En México, considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, organizaciones civiles y gobierno proponen acciones para inhibir los riesgos:
- Secretaría de Gobernación. En diciembre de 2010, conformó el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas. Este órgano pretende implementar medidas de prevención y protección para quienes ejercen esta profesión. Hasta la fecha, sin resultados.
- Artículo 19 y Cencos. Mantienen el proyecto Campaña permanente de protección a periodistas en México (www.libertad-expresion.org.mx), iniciativa que reúne a 13 organizaciones de defensa de la libertad de expresión y protección a periodistas. Mediante informes, medidas de protección y monitoreo de los casos de agravio, ambas organizaciones buscan favorecer condiciones más seguras de trabajo.
- Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión. Este Frente, conformado el 10 de diciembre de 2009, es una iniciativa de trabajadores de los medios para enfrentar solidariamente el riesgo que implica el ejercicio periodístico y la restricción de la libertad de expresión.
Las acciones de la CNDH
En entrevista con Contralínea, Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene cuatro líneas específicas para auxiliar a los profesionales de la comunicación.
Una de ellas es la Cartilla de derechos y deberes de las personas, documento que plasma los principios básicos con los que se debe regir la conducta social. Si cada miembro de la sociedad actúa con legalidad, la violencia en general, y en consecuencia la violencia hacia los medios, podría cesar, explica Elizundia Treviño.
Otra línea se refiere a las medidas cautelares, que van desde un botón de pánico hasta escoltas y vehículos blindados para proteger a quienes por su condición de periodistas se encuentran vulnerables. No obstante, las facultades de esta Comisión únicamente le permiten emitir medidas, el otorgarlas queda en manos de las autoridades federales, estatales o locales, según corresponda.
La tercera se refiere a la creación de un observatorio en materia de agravio a periodistas, portal que permitirá registrar geográficamente y en tiempo real las agresiones en contra del gremio. Elinzundia Treviño explica que esta herramienta pretende ser un sistema de alerta temprana e identificar los focos rojos.
Aunque aún no se puede precisar la fecha oficial de su implementación y los detalles son hasta ahora confidenciales, el observatorio ya se encuentra en periodo de pruebas.
La cuarta línea no sólo es de la CNDH, sino también de Artículo 19. Ambas instituciones trabajan en la creación de un “libro verde” que, a decir de Elinzundia Treviño, “es una guía en caso de conflicto bélico para la labor de los periodistas, de tal forma que haya reglas por medio de las cuales los periodistas puedan ejercer su función y estén debidamente protegidos”.
Esta última iniciativa se basa en The green book, una guía general de procedimientos en situación de guerra y conflictos armados, elaborado por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en acuerdo con los medios de comunicación.
“México, Estado fallido en materia de comunicación”
“Estamos ante un Estado fallido en el campo de la comunicación”, asegura el doctor Javier Esteinou Madrid. El investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, critica que, desde la Revolución Mexicana, el Estado ha sido incapaz de respetar las garantías constitucionales en materia de la comunicación.
No fue capaz de construir un derecho de respuesta, de réplica; un acceso a los medios por parte de la población; tampoco, de poner límites a los poderes fácticos, debilitar los monopolios, defender a los periodistas, proteger a las radios comunitarias, observa.
En 90 años de la historia de la radio y en 60 años de la televisión, la clase política tampoco ha sido capaz de construir un nuevo modelo de comunicación que haga frente a los problemas estructurales de México. El país, detalla, está inmerso en una profunda crisis, que no es coyuntural ni es el asunto del narcotráfico ni de la inseguridad.
“El modelo global de sociedad está en crisis y ya no funciona. Para poder resolver esto nada más existen dos vías: una, la civilizada que requiere discusión, deliberación y alternativas, para lo cual se requieren procesos de comunicación; la otra es la violenta, la anárquica, la agresiva del caos social.”
No obstante, la clase política no ha permitido construir salidas comunicativas y, con esto, es a la vía violenta a la que se le está dejando la responsabilidad de resolver los problemas, a la del México bronco, señala el académico.
En este contexto, el uso de las redes sociales ha abierto nuevas formas de comunicación. Lejos de actuar como los medios electrónicos tradicionales que se resisten a dar espacio a la réplica, apelan al modelo de la retroalimentación. Además, poco a poco su ascenso modificará la forma de hacer periodismo no sólo en México, sino en el mundo.
Para el doctor Esteinou Madrid, hay un cisma con el uso de las nuevas tecnologías a partir de las redes sociales, porque “ha surgido el verdadero proceso histórico de la comunicación que nunca antes se había dado a nivel colectivo”.
Agrega que el uso de internet, no obstante que sea selectivo, permite a los actores interactuar entre sí: un emisor se puede convertir en un receptor y viceversa. “Estamos ante un nuevo modelo que sí se caracteriza por ser bilateral, no unilateral como los medios electrónicos tradicionales”.
El investigador considera que la televisión, la radio y la prensa escrita están “acorralados” en cuanto a su modelo antiguo: ya no les funciona más. “El sistema antiguo que no introduce las nuevas tecnologías ya no llama la atención, ya no es consumido o visto o escuchado por su auditorio; por lo tanto, decae y muere”.
Observa que el periodismo de investigación será parte esencial del futuro mediático, pues construye un conocimiento más profundo y por lo tanto un anclaje mucho más orgánico con la realidad, a diferencia de las “notas de maquinazo” que se elaboran rápidamente y de los mensajes inmediatos que se difunden en internet sobre un acontecimiento de interés social.
Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. El 25 de marzo de 2011, 715 medios de comunicación firmaron dicho Acuerdo, que sugiere, entre otros puntos, la protección a periodistas y solidarización ante cualquier amenaza contra los medios.
En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.
Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.
Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.
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