Esta historia guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados en 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político. El contexto: la contienda rumbo a 2012. Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR. Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.
La llamada fue alrededor del mediodía y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles”, que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.
Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.
En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.
Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Cisen que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.
Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.
Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.
Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.
La red
La tarde del 9 de septiembre de 2008, Alejandro Rodríguez Rosas llegó al restaurante El Portón de la plaza comercial San Jerónimo. Buscó una mesa y pidió un café. Mientras esperaba hizo un par de llamadas con su teléfono celular. Minutos más tarde llegó un hombre al que saludó de manera amigable. Ambos platicaron poco más de media hora. Antes de despedirse intercambiaron unos sobres amarillos tipo nómina. En uno había documentos; dinero en efectivo en el otro. Quienes los vigilaban alcanzaron a escuchar que el funcionario del Cisen decía: “Muy bien, jefe Dena”.
Días más tarde, Rodríguez salió de su oficina en su vehículo y tomó Periférico rumbo al norte de la ciudad. Nunca se dio cuenta de que lo seguían. Se estacionó en la calle Antonio Cárdenas, a las afueras de una casona en Lomas de Huizachal, por el rumbo del campo militar. Media hora después salió acompañado del mismo hombre con el que fue visto en el restaurante. Ambos llevaban unos fólderes cuando abordaron una camioneta Lincoln que apenas avanzó una cuadra, hasta la calle Felipe Ángeles. Entraron a una casa y al poco rato Rodríguez salió solo, abordó su vehículo y regresó al Cisen.
En otra ocasión, por la noche, el funcionario abandonó su trabajo acompañado de Enrique Zaldívar González, jefe del departamento de Servicios Técnicos. Los dos se dirigieron a la calle Lago Ginebra, por el rumbo de la Torre de Pemex, donde entraron a las oficinas de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.
Eso era lo que los agentes comisionados al seguimiento esperaban descubrir. Así que, a finales de septiembre, visitaron las instalaciones de la compañía haciéndose pasar como clientes interesados en contratar sus servicios. Ahí los recibió Luis Miguel Dena Escalera, un individuo que se presentó como director y que resultó ser el mismo con quien días antes habían visto a Rodríguez Rosas.
Comenzaron por preguntar acerca de los costos de la investigación de personas. Dena comentó que “había ciertas investigaciones que resultaban caras”, ya que por lo regular se operaba en ellas con “anuencia de la autoridad”. Así, el costo variaba en función del número de personas a investigar y el cargo que ocuparan, además de que se precisaba contactar con gente que les vendiera “información 100% fidedigna”.
A la reunión se sumó Guillermo Lago Montes, a quien Dena presentó como uno de los directivos de la empresa. Uno de los agentes preguntó cómo se podía obtener información confiable sobre un gobernador. Dena respondió que en esos casos tenían que buscar a sus contactos en la Secretaría de Gobernación: ese tipo de datos se obtenían a través del Cisen. Charlaron un poco más y se despidieron.
Ya afuera de las oficinas, los agentes estacionaron su vehículo en una calle cercana y montaron guardia. Observaron que al anochecer Dena salió acompañado de Lago Montes y que ambos se dirigieron al mismo restaurante de San Jerónimo, donde ya lo esperaba Rodríguez Rosas acompañado de Zaldívar González. Los cuatro sostuvieron una prolongada reunión. Al final, intercambiaron sobres amarillos, unos con documentos y otros con dinero en efectivo.
El búnker
En mayo de 2008, Luis Miguel Dena Escalera buscaba urgentemente una casa para rentar en un lugar tranquilo, fuera del bullicio y tráfico citadino; no quería que se notara que serían oficinas. Encontró un inmueble de dos plantas con jardín en la parte trasera, en una calle cerrada: Alberto Cárdenas, del Huizachal, zona residencial habitada sobre todo por militares retirados. Ante los dueños de la casa se presentó como director de una compañía de seguridad privada. El espacio le pareció ideal para sus “ejecutivos”: era amplio y tenía un cuarto de dos niveles en la parte posterior, junto al jardín, que podría servir de estudio para su novia, una pintora.
Los propietarios del inmueble notaron que Dena portaba varios teléfonos celulares en el cinturón y que conducía un vehículo muy lujoso. Él no se tomó la molestia de revisar las condiciones del contrato. Lo que quería era instalarse a la brevedad.
Al paso de los días, en lo que se formalizaban los detalles del contrato de arrendamiento, Dena comenzó a alardear de que conocía a funcionarios “muy importantes” en el Estado de México y pidió a los dueños del inmueble que le hicieran los recibos a nombre de la empresa de Lago Ginebra. Meses después, cuando la casa fue asegurada por la PGR, urgió a los propietarios a cambiar los comprobantes por otros a nombre de Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, otra empresa “fachada” dedicada a espiar y de la que, a diferencia de la anterior, no aparece acta constitutiva.
A sus 43 años de edad, Luis Miguel Dena Escalera era un hombre de complexión robusta, cabello lacio y de trato cordial que decía vivir en Cancún, Quintana Roo. Su empresa tenía oficinas ahí, al igual que en Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, donde nació. Comenzó su carrera en el servicio público en 1986 en el Instituto Nacional de Migración.
En marzo de 1994 ingresó al Cisen como delegado en Chiapas, pocos meses después del levantamiento zapatista. De ahí ascendió a director de Investigación del organismo en la Ciudad de México, por lo que acordaba con el director general, Jorge Tello Peón, quien a la postre se convertiría en asesor de seguridad de Felipe Calderón. Poco después fue nombrado delegado en la capital, y más adelante tuvo el mismo cargo en el Estado de México.
En su ficha judicial quedó registrado que trabajó en el Cisen hasta el 15 de noviembre de 2005 y que después entró a la Secretaría de Seguridad Pública como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, cargo al que renunció el 31 de julio de 2006, después de que versiones periodísticas lo vincularan con el narcotráfico.
Algunos meses antes de que Dena rentara el inmueble, uno de sus socios, Yosef Shevah Porat –mayor del ejército israelí especialista en artes marciales y tácticas antiterroristas– había arrendado una casa en Felipe Ángeles, una calle contigua. Este hombre permanecía en el país en calidad de “no migrante” y apareció en registros como “visitante con actividades lucrativas”. Huyó cuando se descubrió que apoyaba a Dena en labores de espionaje.
La casa del Huizachal fue cateada, a raíz de lo cual se encontró una credencial de elector con la foto de Dena Escalera a nombre de Antonio Ricardo Caballero Charón. También se halló equipo sofisticado para realizar grabaciones de audio y video oculto en anteojos, corbatas y carteras, así como aparatos inalámbricos capaces de grabar audio a través de paredes, pisos, puertas y techos. Junto a la documentación que lo acreditaba como “perito en aspectos técnicos y en medidas de seguridad electrónica de la información” aparecieron unos formatos de diploma vacíos, los cuales tenían “antefirmas de diversos funcionarios del Estado de México”.
El equipamiento de la casa de la calle Antonio Cárdenas con tecnología de punta para espiar se realizó durante julio de 2008. El encargado de ello fue Zaldívar González, especialista del Cisen. De acuerdo con el testimonio judicial de uno de los técnicos que participó en dicho equipamiento, los sistemas informáticos tenían una página web con los mismos datos e información que usaban en el Cisen, y “clonaron” el software donde se resguardaban los “panoramas informativos”, las “agenda de riesgos”, el “panorama nacional”, los “ciclos de inteligencia” y la “guía para realizar entrevistas en materia de inteligencia”, así como la “guía para utilizar la técnica de sonsacamiento en materia de inteligencia”, entre otros aspectos.
Los panoramas, las notas informativas y las sinopsis de Estado o de personas las realizaban con información de radio, televisión, internet, diarios y revistas, pero también privilegiaron “fuentes cerradas o confidenciales de acceso restringido” y la “intercepción de comunicaciones privadas”.
Junto a Dena, encabezaron la estructura de espionaje varios de sus viejos conocidos del Cisen, como Guillermo Lago Montes, un exempleado de Gobernación que laboró en distintas áreas de inteligencia de noviembre de 1980 a abril de 1993 y que, tras renunciar a la dependencia, se dedicó a brindar “consultorías privadas”, por las que llegó a cobrar hasta 150 mil pesos al mes.
En dicha estructura también figuraban Miguel Ángel Solís Hernández, exagente enfocado al estudio “sociopolítico de la información”; Alfredo Ávila Uribe, empleado de Gobernación de enero de 1986 a septiembre de 1993, especialista en “subversión” y temas “delictivos”; José Tagle Balderas, agente del Cisen de 1993 a 2006, donde planeaba estrategias de investigación.
Estos dos últimos sujetos, según el expediente judicial citado y cuya copia tiene Proceso, trabajaron en la coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva hasta 2007. A todos ellos se sumó Alejandro Rodríguez Rosas, quien desde 1991 era empleado activo del Cisen, donde fue subordinado de Dena entre 2005 y 2006. Él renunció “voluntariamente” al Centro el pasado 15 de febrero de 2009, poco antes de ser detenido.
Además de sus “ejecutivos”, Dena contrató a un grupo de “analistas”. Una de ellas, Adriana Morales Rodríguez, dejó un testimonio judicial. Reveló que a la información recopilada tenía que dársele un formato con puntos a desarrollar, como “sinopsis, vínculos, relaciones afectivas, información general, fortalezas, debilidades o vulnerabilidades, y la trayectoria profesional del indagado”. También, dijo, los analistas anexaban datos “confidenciales”, como domicilio, enemistades, lugares que frecuentan en su vida pública, situación patrimonial (bienes y cuentas bancarias), trayectoria laboral, vulnerabilidades profesionales y personales, vínculos políticos, teléfonos celulares y fijos.
Con esta información, los “ejecutivos” obtenían las llamadas “sábanas” o “edredones”, que eran los listados de números y llamadas entrantes y salientes, útiles para obtener lo “relevante”, es decir, información que alimentaba un programa de cómputo que permitía establecer gráficamente la “red de vínculos” de los espiados.
Los “panoramas” se elaboraban mediante intervenciones telefónicas que les permitían a los espías acceder a aspectos de la vida privada. A estos archivos de audio les llamaban “canciones”, y la “lista de artistas” incluía a personajes como Fidel Herrera Beltrán, el gobernador priista de Veracruz; Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Beatriz Paredes, presidenta Nacional del PRI; Germán Martínez Cázares, a la sazón dirigente nacional del PAN; el legislador panista Santiago Creel, el priista Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Navarrete, además del excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, y el perredista Alejandro Encinas, entre otros, de cuyos casos dio cuenta la prensa en julio y noviembre pasados.
“Huellas” mexiquenses
“Hay que esperar a que (el caso) se enfríe un poco”. Eso es lo que, según los defensores de uno de los afectados por el aseguramiento del inmueble de la calle Antonio Cárdenas, les dijo un funcionario de la PGR cuando se presentaron a reclamar la devolución de la casa. Habían pasado varios meses desde que exigieron a la dependencia responder por qué había sido asegurado el lugar.
La PGR no quiso obedecer al juez de distrito que ordenó en su sentencia de amparo dar detalles sobre la investigación, dice uno de los litigantes.
La actitud de la dependencia también extrañó al juzgado donde se consignó el caso, no sólo por las implicaciones políticas de los delitos por los que se dictó formal prisión a Dena y a 11 coacusados (una sobrina suya entre ellos, Teresita de Jesús Flores Dena, copropietaria en una de las empresas), sino porque quedaron sin concluir varias líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de quienes financiaron cada bloque de espionaje, valuado cada uno entre 350 mil y 450 mil pesos.
En uno de los cateos a las cuatro casas que se aseguraron como parte de las indagatorias se encontró un “contrato de prestaciones de servicios entre Laura Elena Ortiz Chapa y Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.”. Estaba junto a un engargolado con la leyenda “Centro de Información y Seguridad, CISET, agosto de 2008”, un órgano autónomo del gobierno estatal. En otro inmueble se localizó el “seguimiento” telefónico hecho a la actriz Angélica Rivera, prometida del gobernador mexiquense, y una serie de “encuestas” sobre el mandatario.
En el domicilio del exempleado del Cisen Guillermo Lago Montes, localizado en la calle Luis Cabrera, las autoridades encontraron grabaciones de las llamadas telefónicas hechas por la misma actriz junto con otros audios y documentos relativos a ella. En otro de los domicilios cateados en la colonia Popo hallaron reportes sobre los “avances en la transcripción de audios de Gaviota”. En varias ocasiones, según el expediente, la señora había señalado que sabía que sus conversaciones eran espiadas.
En lo que atañe a Dena Escalera, en su computadora personal se encontró una serie de trabajos de su autoría para el gobierno del Estado de México. Uno de ellos se titula Sectores de información para la Agenda de Riesgos del Estado de México, con los apartados: “Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Político, Laboral, Empresarial, Campo, Educativo, Cultos, Popular, Seguridad Pública, Subversión, Contrainteligencia, Medios de comunicación”.
En el rubro de Contrainteligencia, realizó un seguimiento especial a las “actividades de inteligencia” del Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública federal y “organismos extranjeros”.
Cuando el pasado 21 de enero la PGR efectuó una diligencia para devolver el inmueble de la calle Antonio Cárdenas a sus propietarios, los agentes federales tuvieron que llegar con una mudanza para llevarse el mobiliario y los equipos, y contrataron una grúa para sacar una camioneta Lincoln asegurada.
A la basura no le hicieron caso. En algunos botes aparecieron documentos que detallan cómo Dena y sus “ejecutivos” se preparaban para darle seguimiento a las elecciones de 2012. Alguien anotó en una hoja amarilla, fechada en septiembre de 2008, que tenían previsto un estudio de la última jornada electoral mexiquense para ubicar tendencias y solicitar información al IFAI sobre sus “objetivos”.
La Televisión cubana transmitirá a partir de este lunes el documental “La ruta del terror”, que incluye declaraciones del terrorista Francisco Chávez Abarca, empleado de Luis Posada Carriles para la campaña de agresiones con bombas en La Habana en 1997. 
Las declaraciones de Francisco Chávez Abarca y los planes que se tramaban contra Venezuela, revelan la continuidad de las acciones terroristas contra la isla y abren nuevas interrogantes sobre la complicidad entre la CIA, FNCA, Posada Carriles y los congresistas anticubanos.
Entradas
