VIOLACIONES a la CONSTITUCION y a los DERECHOS HUMANOS con la LSN

.....Y ahora con su dizque "terrorismo", Felipe Calderón pretende legalizar un Estado DICTATORIAL y FASCISTA en México, por instrucciones de Washington y el Pentagono.

Cuadro comparativo LSN "predictamen, minuta, iniciativa"

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Calderón debe respetar la Constitución

* Se vulneran las garantías individuales
* Calderón debe respetar la Constitución
* El gobierno evade su responsabilidad

Oficio de Papel
Miguel Badillo

En medio de la crisis de violencia y la incapacidad de un gobierno fallido que conduce el panista Felipe Calderón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es violada todos los días y muchos mexicanos consideran que llegó la hora de que el presidente renuncie.

A la letra y en los hechos, las garantías individuales consagradas en la Constitución prácticamente han perdido su fuerza y su valor porque el Poder Ejecutivo dejó de respetarlas. Los sentimientos de la nación hoy sangran y mueren lentamente. Se vive, de esta forma, bajo el control de un gobierno federal que ha dejado de cumplir con sus responsabilidades básicas y la situación, al final de esta administración – impugnada desde las elecciones de 2006 – no sólo resulta insostenible sino preocupante para el futuro de millones de mexicanos que han perdido casi todas sus libertades: el libre derecho de tránsito por el territorio nacional, las garantías de seguridad jurídica, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a tener un futuro digno.

Los casi 40 mil mexicanos muertos y la falta de investigaciones e integración de expedientes por cada uno de ellos, sólo revela la impunidad y falta de justicia que vive el país, en donde la Constitución parece más estorbar a los gobernanetes en turno que hacer uso de ella para volver a la calma y seguridad social.

Las desapariciones forzadas de millones de personas y la falta de respuesta por parte del gobierno, marcaran a Felipe Calderón como un presidente omiso, negligente y obstinado con una guerra contra el crimen organizado que desde el inicio estaba destinada al fracaso.

En ese contexto el gobierno de Calderón ignora las garantías individuales de los mexicanos y deja al Poder Ejecutivo en una situación crítica y de repudio social, pues hoy como nunca el miedo, la inseguridad, la desconfianza y la violencia tienen a la población secuestrada.

A esa crisis hay que sumar la corrupción gubernamental que ha inundado a las instituciones porque lo importante, lo legal, ha dejado de tener importancia.

Hace dos años escribimos en este espacio que Felipe Calderón tenía la obligación moral y constitucional de aplicar en su gobierno y en su fallida estratégica contra el crimen organizado, el Artículo 29 de la Constitución, que establece claramente que, en caso de “invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrán suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación”.

La Constitución establece, sin embargo, que dicha suspensión deberá darse por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que ello se contraiga a determinado individuo. Llevamos casi cinco años de terror.

Pues mal, Felipe Calderón no asumió su responsabilidad y, como ha caracterizado a su gobierno, los agravios contra la población carecieron de esa declaratoria constitucional, le han permitido una y otra vez cambiar el discurso: ha pasado de la guerra a la batalla, de su responsabilidad asociada a la intervención del Ejército al deslinde de culpas hacia los gobiernos estatales y municipales.

Calderón ha perdido también la oportunidad de hacer valer la soberanía nacional al solicitar el aval y el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, para combatir problemas nacionales generados por la permisividad del país más poderoso del mundo, frente a sus adictos y a su propio crimen organizado que envía armas a territorio mexicano para terminar con millones de mexicanos.

La felicitación de Felipe Calderón al gobierno de Barack Obama tras la tortura, persecución y ejecución de Osama Bin Laden sólo revela la confusión de su administración. ¿Lo felicitó por violar las leyes y la soberanía de un país como Pakistán? ¿Acaso México no está en la misma situación? ¿Pedirá también Calderón la intervención de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano para combatior al narcotráfico?

Mientras tanto, en México el imperio de la impunidad está presente y han sido los medios de comunicación los que han dado cuenta de cómo el gobierno federal calderonista ha violado de forma sistemática las garantías constitucionales consagradas en la Constitución.

Calderón no hizo partícipe al Congreso de esta responsabilidad, pero tampoco de analizar con los legisladores la estrategia fallida contra el crimen organizado que, al final, se transformó en un bumerang contra mexicanos inocentes. Pero el Congreso tampoco está a salvo de responsabilidades, porque desde la tribuna también pudieron llamar a cuentas a Calderón, frenar la escalada de violencia y dar un nuevo sentido a las soluciones: aprobar, por ejemplo, presupuestos históricos para la educación, para la generación de fuentes de empleos y para reducir la enorme desigualdad de una economía que genera grandes fortunas, pero también las más tristes historias de injusticia y desigualdad.

Los mexicanos, en resumen, con la guerra de Felipe Calderón como “jefe supremo de las Fuerzas Armadas”, han perdido las garantías de igualdad – por que ahora se declaran buenos y malos sin que medie un proceso judicial, se les asesina sólo con la presunción de culpabilidad –; han perdido también las garantías de libertad – porque las desapariciones forzadas y los secuestros ya no importan, aunque se denuncien ante las autoridades “competentes” –; los mexicanos han perdido las garantías de propiedad — porque en los tribunales civiles campea la corrupción y sólo se respeta una palabra, la del dinero– , y finalmente porque las garantías de seguridad pública simplemente se han olvidado y el aislamiento social amenaza a estados como Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Durango, Sinaloa, en donde la violencia se ha apoderado de pueblos y ciudades, sin que autoridad alguna pueda hacer algo al respecto.

En estops momentos de crisis es omento de abrir y usar la Constitución, y el gobierno tiene la obligación de respetarla, pues de lo contrario la poblacion podría tomar en sus manos la justicia y ya hay muchos ejemplos en el mundo de lo ocurrido.

En el Artículo Sexto, la Constitución establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En este gobierno, sin embargo, representantes del Poder Judicial se han atrevido a manipular y tergiversar este derecho de los mexicanos, al dictar resoluciones resoluciones contrarias a derecho que satisfacen a poderes fácticos generados al amparo de la corrupción. Con lo cual se violan la libertades de expresión y de prensa, y se deja vulnerable a la poblacion para estar bien informada.

El Artículo Séptimo también se ha visto vulnerado porque “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. en ningún caso, además, podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”, dice nuestra Constitución.

Y cuando vemos retenes, revisiones y, sobre todo, la amenaza de un arma de alto poder en las calles de la ciudad, tenemos que recordar el Artículo 11 constitucional que a la letra dice: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho, no obstante, estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa”.

Este artículo nunca habla del Ejército. Esta es, de hecho, una de las peticiones del poeta Javier Sicilia al encabezar durante tres días este histórico movimiento de la población civil: “Que el Ejército regrese al cuartel y que Calderón cambie la estrategia pero ya”.

Aún más, el Artículo 17 de nuestra Constitución señala claramente que ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Porque toda persona, “hasta los malos” –como los llama Calderón – tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Y finalmente, en el terreno económico, Felipe Calderón también está transitando como un presidente fallido en los términos del cumplimiento de la Constitución. El Artículo 25 asegura que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado, por lo tanto, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al final, después de revisar estas garantías individuales, queda claro porque Calderón falló: el modelo económico de México también padece la falta de soberanía, sujeto y sumiso a las necesidades de la economía estadounidense que también está fallando, porque sus empresarios no invierten, sus consumidores no compran y su gobierno sólo ofrece pírricas victorias como la captura y muerte de Osama Bin Laden.

A Calderón se le acaba el tiempo y la sociedad civil puede tener la última palabra, mientras los políticos panistas han demostrado su incapacidad para conducir al Estado y hacer valer la Constitución.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

La iniciativa

Luis Javier Garrido

La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.

1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta guerra dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.

2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer constitucional la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer legal la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, legalizar de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.

3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.

4. En los tres periodos de nuestra historia independiente en que la extrema derecha ha pretendido gobernar a México, y que han sido desastrosos para los mexicanos por su fanatismo depredador, los rasgos han sido los mismos. Al igual que en la primera república centralista (1836-1842) y que en la segunda (1843-1845), en la actual alternancia panista (2000-2011) el desprecio a la legalidad que evidencia un gobierno sustentado en los poderes eclesiástico y castrense y en las clases privilegiadas es absoluto.

5. Un proyecto tan descabellado como el que de Los Pinos se envió al Congreso, que trastoca por completo el orden constitucional y contraviene el marco legal internacional en materia de derechos humanos, se entendió desde hace meses que no iba a ser aprobado por las cámaras y que era sólo una moneda de negociación del gobierno panista para seguir abriendo, mediante una que otra contrarreforma, la vía a la entrega del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y la legalización de las acciones bárbaras de las fuerzas armadas. Pero la información publicada por La Jornada el miércoles 20 y el jueves 21, en el sentido de que un sector de priístas y algunos perredistas están actuando ya en subordinación al panismo para intentar dar un albazo el lunes 25, aprobando buena parte de las exigencias calderonianas, ha alarmado a amplios sectores.

6. El móvil fundamental de esta estrategia de endurecimiento de las políticas oficiales está a la vista y no puede esconderse. La extrema derecha mexicana ha llevado hasta sus extremos su ambición de mantenerse en el poder para satisfacer una serie de intereses privados y no le preocupa destruir el precario estado de derecho ante los que entiende como riesgos para sus objetivos transexenales, el principal de los cuales es el descontento manifiesto de la administración Obama ante la forma en que se han implementado las políticas de militarización en función de la Iniciativa Mérida.

7. La iniciativa de Calderón sobre seguridad obedece a la ideología ultraconservadora del régimen, a los indicadores económicos que evidencian una agravación de la crisis generada por las políticas neoliberales, a la demanda de un sector de militares embravecidos por las críticas a su actuación, al miedo sicopatológico de los funcionarios panistas al pueblo y, desde luego, a la sique alterada de quienes están ejerciendo los cargos de responsabilidad estatal ante el escenario del 2012, pero sobre todo a las exigencias estadunidenses, que se manifiestan en los continuos señalamientos del fracaso de la instrumentación que han hecho los panistas de “la guerra contra el narco”, y de la ineptitud y corrupción de las fuerzas armadas mexicanas para cumplir tareas policiales.

8. La propuesta de modificaciones constitucionales y legales de Calderón no va a ser aprobada tal cual, desde luego, pero de no ser detenida y enviada a la congeladora por un grupo de legisladores conscientes, aquello que se apruebe de la iniciativa original, por muy poco que sea, va a ser desastroso para el país; de ahí la alerta en la sociedad.

9. El aspecto más grave de las políticas de militarización desbocada del territorio nacional no ha sido que éstas se lleven a cabo coartando de manera flagrante los derechos de los mexicanos y trasgrediendo principios centrales del marco constitucional, sino que esto haya sido posible por la corrupción de los legisladores, que no cumplieron con su función de frenar los desvaríos irracionales de un Ejecutivo al margen de la legalidad y, sobre todo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han cumplido con el mandato de ser garantes de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y son corresponsables de que México se halle hundido en la ilegalidad y en la barbarie.

10. El único freno posible a la irracionalidad de la clase política tiene que ser así, una vez más, el pueblo organizado, que una y otra vez le espete al gobierno de Felipe Calderón y a sus políticas de violencia un enérgico: ¡Ya basta!

Calderón: sólo le faltan los dientes

Reforma legal, riesgo para protestas sociales y políticas

• Si se consideran una "amenaza" las fuerzas armadas podrán intervenir
• Militares, marinos y el Cisen intervendrán comunicaciones
• Circulación restringida de vehículos y mercancias, otro punto a discusión

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de "movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo", cuando considere que "constituyan un desafío o amenaza" a la seguridad interior.

El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con "cualquier herramienta que resulte necesaria", pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, "puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección".

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• De aprobarse la reforma sería como un golpe de Estado con la ley en mano, dicen

Rechazan senadores más militarización

Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.

El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.

Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.

"Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano", advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.

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• Se firmaron 22 contratos por 25 años cada uno para comprar energía a empresas privadas

En 2010 la CFE pagó 15 mil mdd a extranjeros por electricidad

• Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, Intergen y TransAlta, beneficiarias de los compromisos
• La empresa compró caro y vendió barato el gas para la operación de centrales privadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprometió en 2010 el pago de unos 15 mil millones de dólares a empresas extranjeras para garantizar el suministro de electricidad que la paraestatal compra a los productores independientes de energía, revelan informes oficiales.

Al concluir 2010, último año de gestión de Alfredo Elías Ayub al frente de la CFE, se tienen establecidos 22 contratos por 25 años cada uno, para la compra de energía eléctrica a las empresas privadas. Entre las firmas beneficiadas por este esquema destacan Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, Intergen y TransAlta.

Además, la CFE compró caro y vendió barato el gas para la operación de las centrales privadas. Durante el año pasado pagó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a otros proveedores 18 mil 112 millones 409 mil pesos para el suministro de gas a las plantas privadas, y recuperó de los productores externos de energía 18 mil 104 millones 85 mil pesos, lo que representó un descuento a los productores independientes de 8 millones 324 mil pesos.

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• El Ejecutivo la solicitará si considera que esos hechos son un obstáculo a la seguridad interior

Intervención militar ante bloqueos vehiculares o actos contra embajadas

Así lo marca el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que está sujeto a aprobación

El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional prevé la intervención militar cuando, a evaluación del Ejecutivo y del Consejo de Seguridad Nacional, algún atentado contra representaciones diplomáticas y su personal o a organismos internacionales se considere un "obstáculo a la seguridad interior".

En el sexenio de Felipe Calderón han sido asesinados o heridos sólo algunos agentes de oficinas de seguridad de Estados Unidos, y se han cometido agresiones con explosivos únicamente contra consulados de ese país en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León.

Entre éstos, en 2008 fue arrojada una granada al consulado de Estados Unidos en Monterrey; el 11 de abril de 2010 se detonaron explosivos en la representación de Nuevo Laredo; el 13 de marzo del mismo año fue asesinada una empleada estadunidense del consulado en Ciudad Juárez; en ese hecho también murieron su esposo, de la misma nacionalidad, y el marido de otra trabajadora de la misma oficina. Asimismo, el 15 de febrero fue asesinado en San Luis Potosí el agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jaime Zapata, y su compañero Víctor Ávila resultó herido.

Nuevo artículo

Los diputados de PRI y PAN que revisan la minuta del Senado incluyeron un nuevo artículo 5 con 21 fracciones para definir una lista de acciones ilegales que se considerarían "obstáculo a la seguridad interior" y, en ese sentido, requerir operativos del Ejército o la Marina.

La relación de "obstáculos" que el proyecto plantea deben ser declarados son los siguientes:

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Inconstitucionales, las modificaciones a la minuta de ley de seguridad: Gómez

El cambio que pretenden realizar en San Lázaro es una regresión muy grave, advierte el legislador

El Senado de la República debe resistir y rechazar las modificaciones "inconstitucionales" a la minuta de Ley de Seguridad Nacional que se proponen en el proyecto de dictamen elaborado por los diputados, advirtió el perredista Pablo Gómez.

El legislador fue el autor de la disposición que prohíbe al Presidente de la República utilizar al Ejército para reprimir movimientos sociales, laborales y electorales, misma que quedó asentada en el artículo 65 de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el Senado el 27 de abril de 2010. Por ello, en entrevista, consideró que el cambio en contra que pretenden los diputados es una regresión muy grave.

En el Senado, recalcó, se aprobó una ley que da certeza al Ejército en su participación en el combate al crimen organizado, pero protege al mismo tiempo los derechos humanos de los ciudadanos. "Como legisladores tenemos que defender las libertades públicas, no podemos hacer leyes contrarias a lo que establece la Constitución o vayan en contra del ejercicio de las libertades de las personas."

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No se busca velar por las garantías de la gente, sino las del gobierno: ONG

El dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que se discute en la Cámara de Diputados "es regresivo, se quiere volver a un Estado autoritario. No se busca dar seguridad a los ciudadanos, sino al Estado", consideraron ayer varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

En entrevistas por separado, dirigentes y representantes de organizaciones civiles coincidieron en que el contenido de este dictamen "es gravísimo y representa un retroceso; es una posición firme para criminalizar la protesta social; quieren legalizar el Estado policiaco y militar de Felipe Calderón".

Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que esta iniciativa "es una propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los generales cabildearon con los diputados para que les aprobaran lo que rechazó el Senado".

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• Vergonzoso que el Presidente señale a delincuentes como responsables de masacres: sacerdote

Los migrantes son blanco del gobierno y de narcotraficantes, dice activista de AI

• Pide el religioso a Felipe Calderón reconocer el fracaso de su política en materia de seguridad

Arriaga, Chiapas, 21 de abril. Los migrantes están entrando en un país en guerra donde son el blanco tanto del gobierno como del narcotráfico, donde también los mexicanos son las víctimas, señaló Rubén Figueroa, defensor de Amnistía Internacional, en el contexto de la octava estación del Viacrucis que representa un grupo de centroamericanos.

El activista anunció el inicio de un fortalecido movimiento de resistencia y lucha, para evitar que el Instituto Nacional de Migración (INM) instale otras cuatro garitas en Chiapas, que colocaría a este estado con más módulos de este tipo en América Latina. "Será una lucha social de todos los migrantes de México y Latinoamérica", refirió.

El sacerdote Heiman Vázquez, responsable de la casa del migrante Hogar de la Misericordia, pidió al presidente Felipe Calderón reconocer el fracaso de su política en materia de seguridad, que ha llenado de sangre y luto miles de hogares en el país, que admita que ya no gobierna muchos estados del norte ahora fallidos.

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Sancionar a funcionarios que violen derechos de indocumentados, exigen

El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado, Francisco Herrera León, demandó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM) investigar y sancionar a funcionarios relacionados con hostigamiento, persecución y violación de derechos humanos de indocumentados, dado el clima de violencia que prevalece contra los extranjeros que cruzan el territorio nacional.

El legislador priísta propuso que se impartan cursos de capacitación, principalmente en materia de derechos humanos, a todos los servidores públicos adscritos a las delegaciones del INM, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, donde se da el mayor número de agresiones contra los migrantes.

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Listo, el nuevo marco legal para detectar y proteger a migrantes

El gobierno mexicano, obligado a acatar un protocolo de atención, señala
Fabiola Martínez

El gobierno federal pondrá al alcance de los migrantes víctimas de algún delito o de los solicitantes de refugio la posibilidad de ser canalizados a albergues especiales de la red nacional de atención a víctimas y recibir atención médica, sicológica y jurídica.

Además, una vez que se haya comprobado que se trata de una víctima, se le otorgarán documentos que le permitirán su estadía legal en México, en tanto se atiende su denuncia.

En el caso de víctimas de trata de personas, se deberá asegurar que éstas no sean alojadas en una estación migratoria.

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Hay corrupción en el Seguro Popular, asevera legislador

Los fondos se deben otorgar con base en servicios prestados, sugiere

En la operación del Seguro Popular existe "una corrupción tremenda". Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, "se cometió el error" de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos, aseguró Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Ante representantes de la industria farmacéutica, asistentes al Congreso de Market Access, organizado por Eyeforpharma, el legislador señaló que para corregir las fallas del Seguro Popular, el cual se plantea como el tercer pilar de la seguridad social, se requiere una nueva reforma legal, por la cual el dinero que se envíe a las entidades sea con base en los servicios que se otorguen y ya no por el número de afiliados, indicó.

En 2011, el presupuesto para el Seguro Popular es de 65 mil millones de pesos y la mayoría debe ser utilizado directamente por los gobiernos estatales.

Dijo que es difícil calcular el monto de recursos que se pierden por la falta de transparencia, “pero puso de ejemplo las compras de medicamentos. Mientras algunas entidades adquieren un producto a un costo, en otros estados se paga varias veces más por el mismo fármaco.

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Protesta de Reporteros Sin Fronteras por deportación de periodista italiano

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifestó ayer su protesta por la deportación "de manera rápida y arbitraria" del periodista italiano Gianni Proiettis, colaborador del diario italiano Il Manifesto. Esta organización urgió al gobierno mexicano a rexaminar su decisión, que "fue tomada sin tener en cuenta los procedimientos jurídicos en vigor".

Reporteros Sin Fronteras aseveró que el periodista italiano, con residencia desde hace 18 años en México, "no habría sido notificado previamente de su obligación de abandonar el territorio ni de las razones de esta decisión. Su derecho a solicitar asistencia consular de su país o de un abogado, e informar a sus allegados no le fueron respetados, en violación de los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos, ratificados por México y contenidos en la ley mexicana de inmigración".

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Los indígenas, sin alternativas para su desarrollo autonómico

Se pronunciarán por la liberación de cinco de sus compañeros

San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de abril. En Chiapas, la inversión en ecoturismo e infraestructura, en la lógica gubernamental de desarrollo, está siendo una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida de los pueblos originarios, que pugnan desde hace años por el reconocimiento de su autonomía como pueblos, en el marco de la libre determinación, y que en la práctica ejercen en su proceso autonómico. Esto sostiene la “declaración mundial en apoyo a los indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña”, que se dará a conocer en breve.

Estos pueblos “conservan históricamente sus recursos naturales y su territorio desde un equilibrio de relación racional y humana; en esa lucha de supervivencia se encuentra la resistencia civil de las y los ejidatarios de San Sebastián, adherentes a la otra campaña en la zona de Agua Azul”.

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Astillero

• Necesariato marino y militar
• Civiles rebasados
• Durango, narcopoder
• Cártel de Sinaloa gana

Julio Hernández López

No le quedó más remedio ayer al calderonismo que echar mano de una carta poco jugada para tratar de equilibrar la balanza de opiniones respecto de la pretensión de imponer reglas de seguridad nacional que significarían dejar puertas abiertas al autoritarismo de quien ocupe Los Pinos para mover a su contentillo fuerzas armadas, tanto por disturbios públicos en general (centrada aparentemente la intención en el caso de los narcotraficantes insurrectos) como por razones claramente políticas, laborales o electorales. Ninguna voz influyente o respetable se atrevió a respaldar el clausulado con el que se pretende dar legislativamente un bono dictatorial a Felipe Calderón para que lo use cuando lo considere conveniente, así que fue necesario improvisar palabras públicas de una voz infrecuente, ni más ni menos que la correspondiente a una de las cabezas del binomio armado en cuestión, específicamente el jefe de la Marina que se ha ido convirtiendo en el cuerpo de acción preferido por informantes y operadores de Estados Unidos y por la obsecuente casa del presidencialismo fallido.

Así, a falta de otros declarantes, el secretario de Marina fue impulsado ayer a dar una "inusual" conferencia de prensa en Veracruz (el adjetivo referente a lo desacostumbrado de esa comparecencia ante periodistas lo aportó Alfredo Méndez, el enviado de La Jornada al puerto donde ayer se celebró, sin la presencia de Felipe Calderón, la defensa patria hecha 97 años atrás), en la que obviamente defendió la tesis guerrera de que soldados y marinos deben seguir en las calles, pues las autoridades "se han visto rebasadas por el poder del crimen organizado" (las autoridades estatales, dijo, eximiendo a las federales de las que forma parte: gobernadores "rebasados"; Los Pinos y sus hombres armados, relevo obligado).

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México SA

• Empleo, discurso y cuento de hadas
• Más de 8 millones en el desempleo
• Calderón: sólo le faltan los dientes

Carlos Fernández-Vega

El más reciente reporte sobre la situación del empleo y la ocupación en el país forma parte del cuento de hadas que cotidianamente se divulga desde el micrófono oficial. La realidad (eterna enemiga del régimen) es muy distinta, como lo documenta el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, institución que sintetiza así a la Presidencia del empleo: la base del programa económico calderonista es la informalidad y la precariedad del trabajo.

El CAM, en un addendum a su Reporte de investigación número 89 (Empleo y desempleo durante el desgobierno de Felipe Calderón 2006-2011), elaborado por Luis Lozano Arredondo, David Lozano Tovar, Javier Lozano Tovar y Nubia M. Conde Menchaca, advierte que “el actual gobierno federal, con diferentes pretextos, oculta y/o retrasa la publicación de los datos absolutos de su política económica –que por ley debe dar a conocer–, e intenta ocultar en el mundo de los porcentajes la realidad que vive el país”, toda vez que el desempleo real (con base en la metodología de la Organización Internacional del Trabajo) se aproxima a 15.5 por ciento de la población económicamente activa, proporción equivalente a más de 8 millones de mexicanos (contra 2.1 millones reconocidos oficialmente).

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Navegaciones

Passio Mexicana

Pedro Miguel

Ya comenzaron las penitencias y vienen las escenificaciones de la Pasión, una historia de traición, injusticia, arbitrariedad, tortura, humillación y sacrificios humanos. Si los que urdieron el acuerdo de autocensura de la Iniciativa México tuvieran una pizca de coherencia, también habrían debido recomendar a su rebaño no difundir esa salvajada: tundir, espinar y flagelar a tres pobres tipos; obligarlos a cargar, Gólgota arriba, los pesados tablones en los que luego serán clavados; escupirlos y escarmentarlos en el trayecto; dejar que se retuerzan un rato y, luego, romperles las piernas a palos o perforarles el costillar, sin omitir, claro, el meterle en la boca una esponja empapada en vinagre a ese de los tres que, agonizante, pide un poco de agua.

Uno se pregunta si la extremada violencia física y sicológica exhibida en el Viacrucis puede ser edificante para alguien; al menos, si se juzga a posteriori de más de dos mil años, y a la vista de lo que ocurre en México en este complicado 2011, no ha sido de gran utilidad para redimir, y ni siquiera para escarmentar. Gracias a la ley de la máxima ambición, a la degradación moral intrínseca al neoliberalismo y a la monumental irresponsabilidad del gobierno, el amor del cuchillo a la carne está más desatado que nunca, y los agentes de la violencia enloquecida superan en crueldad, y por mucho, a los centuriones romanos y a la chusma linchadora de Jerusalén. Eso vale para delincuentes que exterminan a sus rivales, para militares y policías que liquidan sin mayor trámite a presuntos culpables, para grupos paramilitares con dominio territorial que masacran a sujetos reducidos de súbito a la condición de esclavos, y para la perversión, el nerviosismo o la simple lógica de exterminio de cualquiera de los bandos ante simple gente que pasa por allí.

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El Correo Ilustrado

Denuncia violación a las garantías individuales

Con motivo de la celebración del 16 Congreso de la Federación Sindical Mundial, asistimos a la ciudad de Atenas, Grecia, José Luis Contreras Montes (ex presidente de la ANAD y de la ALAL), Luz María Rivera, María Guadalupe Moreno Figueroa y el suscrito, todos integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

El viaje se realizó por la aerolínea Iberia con arribo a Madrid y escala en Roma, donde descubrimos el rompimiento de candados de maletas y registro de nuestro equipaje que documentamos en el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México. Al comentar el incidente con otros integrantes de la delegación mexicana supimos que también viajando por otras líneas aéreas y con otras ciudades de llegada a Europa, pasó lo mismo. Conclusión: son las autoridades de embarque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las que hacen o permiten esta franca violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Narcotráfico: información contradictoria

El secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, porfió ayer en la perspectiva optimista que mantiene el gobierno federal de su estrategia contra el crimen organizado. A decir del almirante, las organizaciones del narcotráfico en el noroeste del país "se están desbaratando"; atribuyó los recientes combates en Veracruz a que "la delincuencia organizada trata de apoderarse de algunas plazas" y afirmó que la dependencia a su cargo enfoca sus operativos a combatir a Los Zetas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, describió a ese grupo de ex militares como "el mayor riesgo para la seguridad interior por la radicalidad y el alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas". En un reporte enviado a integrantes de la Cámara de Diputados, el general secretario señaló que Los Zetas operan en todo el oriente del país, desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, y destacó que tienen influencia en cuando menos 20 entidades de la República.

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¡No más viacrucis!

Gabriela Rodríguez

Es Viernes Santo y estamos a dos días de celebrar cuatro años de la despenalización del aborto en la ciudad de México. Con todo respeto a los creyentes, la cercanía de estos dos acontecimientos me obliga a subrayar la necesidad de exigir a los políticos que separen sus creencias religiosas de su función pública. Porque la mezcla de estas dos esferas es una amenaza para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, en especial de los derechos de las mujeres.

Desde el 26 de abril de 2007, los representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decretaron la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto por decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación; con ello reforzaron la laicidad del Estado y, además, permitieron que las mujeres ejercieran el derecho a una maternidad libre, informada y responsable.

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Pueblo cucapá: entre el terremoto y la represión

Jaime Martínez Veloz

A un año del terremoto de más de 7 grados que sacudió al valle de Mexicali y que tuvo como epicentro la zona donde se asienta el pueblo indígena de Cucapá El Mayor, las cosas van de mal en peor. El terremoto ocasionó daños severos a la mayoría de sus viviendas y al sitio de desembarque que utilizaban como acceso al mar los pescadores indígenas, principal fuente de ingreso de los integrantes de la esta comunidad.

El movimiento que sufrió el subsuelo significo la inundación del camino de acceso, sin que hasta ahora el gobierno haya hecho los trabajos de rehabilitación, por lo que los pescadores indígenas agrupados en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cucapá Chapay Seisjhiurrar Cucapá solicitaron a las autoridades federales que se autorizara un nuevo sitio de desembarque en el golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, las cuales por exceso de burocracia no respondieron oficialmente, pero se comprometieron a que esto lo subsanarían internamente, por lo cual los indígenas no tendrían problemas para realizar sus actividades de pesca.

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El general faccioso

Felipe Calderón y Guillermo Galván.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. 13 de febrero (Apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, no se atreve a decirle “no” al presidente Felipe Calderón.
No ha querido detenerlo en su decisión de seguir ensangrentando al país, causando agravio y dolor a miles de ciudadanos, más que bajas verdaderamente significativas a la delincuencia organizada.
Ha puesto al Ejército a disposición de los intereses políticos de su jefe y ha sometido a un intenso desgaste a la principal institución armada del país. A cambio, desde luego, de impunidad.
Más que un general responsable de la integridad de la nación, ha apostado por un proyecto político. Su lealtad es para su comandante en jefe, no para la construcción de la institucionalidad democrática.
Aunque esa transformación no depende sólo de él, nada ha hecho por modificar la obsoleta organización y reglamentación de las Fuerzas Armadas, concebida para un régimen autoritario como fue el del PRI.
En aras de complacer a su jefe, rebasa el carácter no deliberante que define a las milicias en los estados democráticos.
El general ha tomado partido. No sólo hace suyas las propuestas políticas de Calderón, sino que desde la autoridad que le dan las armas, le pide al Congreso que acepte la llamada reforma política de su jefe.
Así lo hizo el pasado martes en la XCVII celebración de la Marcha de la Lealtad y así lo refrendará el próximo viernes 19, el Día del Ejército.
Hasta antes de que Calderón decidiera hacer de los militares pivote de su “guerra” a narcotraficantes –no al narcotráfico– la discusión en algunos sectores era qué tipo de Ejército requería un país con México, con una ubicación geoestratégica que hace casi innecesario un cuerpo destinado para la guerra.
Hacia el norte, es inconcebible una confrontación armada con el Ejército estadounidense. Al sur, con Guatemala la lógica hablaría de una guerra desigual; lo mismo con los países del Caribe, aunque en el caso de Cuba, aunque mermado, se trata de un ejército profesional, preparado desde hace medio siglo para la guerra.
Desde hace dos décadas se venía perfilando la vocación de servicio social del Ejército, más allá de su función de salvaguardar las fronteras e instalaciones estratégicas del país.
Para fortuna del país, el gobierno de Calderón no se ha visto en la necesidad de un masivo auxilio a la población civil a causa de un desastre natural.
Si así ocurriera, cuántos de los 90 mil elementos que el Ejército está destinando al proyecto de Calderón contra narcotraficantes tendrían que destinarse para enfrentar una eventualidad de esas dimensiones.
No podría tener dos frentes simultáneos. De esos 90 efectivos, 45 mil son de refresco y se relevan cada mes, sin considerar la “fatiga” del equipo. Los otros cien mil elementos del Ejército constituye personal administrativo, como corresponde a un cuerpo de 500 generales, como los que hoy tiene Ejército mexicano, por encima, incluso, del de Estados Unidos, el más poderoso del mundo.
Si el narcotráfico y la delincuencia organizada son ahora una amenaza a la seguridad nacional, sus mandos hace muchos años que estuvieron en condiciones de acotarlo. Y no quisieron. O no pudieron.
jcarrasco@proceso.com.mx

Abono para el golpismo

JOHN M. ACKERMAN

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que Felipe Calderón presentó ante el Senado la semana pasada prepara el terreno nada menos que para un eventual golpe de Estado. No contento con haber violado la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas a cargo de labores de seguridad pública e imponer, de facto, un estado de excepción a lo largo del país, hoy el jefe del Ejecutivo busca legalizar estas prácticas y arrogarse poderes discrecionales para, de forma unilateral, suspender a su antojo las garantías básicas de los ciudadanos. La médula de nuestro sistema democrático está en riesgo.La iniciativa busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia conformada exclusivamente por subordinados de Calderón, con la facultad de declarar formalmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza las Fuerzas Armadas podrían intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública, lo cual también implicaría la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación y de libre tránsito, y hasta de nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones a la ley también permitirían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacional. En la actualidad, el artículo 29 de la Constitución permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública” y en todo momento con el aval del Poder Legislativo. Al obligar al Ejecutivo a recibir autorización de los senadores y diputados se asegura que el presidente no tome a la ligera la eventual suspensión de nuestros derechos.Sin embargo, hoy mismo ya existe un estado de excepción de facto en Ciudad Juárez y otros sitios que viola de manera cotidiana los derechos fundamentales de la población sin que el Congreso de la Unión lo haya autorizado en ningún momento. Un ejemplo destacado de esta situación son los retenes establecidos a lo largo y ancho del país, que violan abiertamente los artículos 11 y 16 de la Carta Magna. El artículo 11 protege el derecho al libre tránsito y señala que “todo hombre (sic) tiene derecho para… viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. El artículo 16 indica que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.De acuerdo con nuestra ley fundamental, Calderón estaría obligado a regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, o bien a solicitar una autorización formal al Congreso de la Unión para mantener estas ilegales e ilegítimas prácticas. Esto ya ha sido señalado en numerosas ocasiones por juristas de la talla del doctor Diego Valadés. Pero en lugar de escoger una de estas dos opciones, Calderón busca la salida fácil de presentar una iniciativa orientada a “normalizar” tan ominosas prácticas anticonstitucionales sin tener que recurrir al procedimiento establecido en el artículo 29 de la Carta Magna. La propuesta también busca legalizar la práctica anticonstitucional de encargar la seguridad pública a las fuerzas militares. El artículo 129 señala tajantemente que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que existen otros artículos de la Constitución (el 89, por ejemplo) que abren la puerta para la eventual participación de las Fuerzas Armadas en actividades de auxilio a las autoridades civiles, por ejemplo en el caso de desastres naturales, actividades de reforestación o el resguardo de instalaciones de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, el artículo 129 prohíbe de manera tajante que las Fuerzas Armadas suplan o tomen el lugar de las autoridades civiles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido muy clara al respecto y con mucha razón. De lo contrario, se empezarían a desmoronar los pilares mismos de nuestro sistema democrático al permitir que una autoridad civil pueda ser desplazada por una autoridad castrense.En la exposición de motivos de su iniciativa, Calderón cita de manera engañosa una jurisprudencia de la SCJN en la materia (Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional –interpretación del artículo 129 de la Constitución– Tesis de Jurisprudencia 38/2000). De acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta tesis permitiría que las fuerzas militares se encargaran de labores de seguridad pública. Sin embargo, una lectura cuidadosa tanto del texto de la jurisprudencia como de la ejecutoria revela que la Corte únicamente permite el auxilio de las autoridades civiles por los militares, nunca su sustitución.La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional de Felipe Calderón es a todas luces desproporcionada y emula de forma lamentable a George W. Bush en su “guerra contra el terrorismo”. Con el pretexto de combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad pública, Calderón busca adjudicarse cada día mayores facultades unilaterales y discrecionales, así como debilitar al Congreso de la Unión para coronar su sueño de una presidencia dictatorial. Habría que hacer un enérgico llamado a nuestros representantes populares para que detengan a tiempo este torpe intento de minar los cimientos del estado de derecho y el sistema democrático en el país.