La iniciativa

Luis Javier Garrido

La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.

1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta guerra dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.

2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer constitucional la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer legal la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, legalizar de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.

3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.

4. En los tres periodos de nuestra historia independiente en que la extrema derecha ha pretendido gobernar a México, y que han sido desastrosos para los mexicanos por su fanatismo depredador, los rasgos han sido los mismos. Al igual que en la primera república centralista (1836-1842) y que en la segunda (1843-1845), en la actual alternancia panista (2000-2011) el desprecio a la legalidad que evidencia un gobierno sustentado en los poderes eclesiástico y castrense y en las clases privilegiadas es absoluto.

5. Un proyecto tan descabellado como el que de Los Pinos se envió al Congreso, que trastoca por completo el orden constitucional y contraviene el marco legal internacional en materia de derechos humanos, se entendió desde hace meses que no iba a ser aprobado por las cámaras y que era sólo una moneda de negociación del gobierno panista para seguir abriendo, mediante una que otra contrarreforma, la vía a la entrega del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y la legalización de las acciones bárbaras de las fuerzas armadas. Pero la información publicada por La Jornada el miércoles 20 y el jueves 21, en el sentido de que un sector de priístas y algunos perredistas están actuando ya en subordinación al panismo para intentar dar un albazo el lunes 25, aprobando buena parte de las exigencias calderonianas, ha alarmado a amplios sectores.

6. El móvil fundamental de esta estrategia de endurecimiento de las políticas oficiales está a la vista y no puede esconderse. La extrema derecha mexicana ha llevado hasta sus extremos su ambición de mantenerse en el poder para satisfacer una serie de intereses privados y no le preocupa destruir el precario estado de derecho ante los que entiende como riesgos para sus objetivos transexenales, el principal de los cuales es el descontento manifiesto de la administración Obama ante la forma en que se han implementado las políticas de militarización en función de la Iniciativa Mérida.

7. La iniciativa de Calderón sobre seguridad obedece a la ideología ultraconservadora del régimen, a los indicadores económicos que evidencian una agravación de la crisis generada por las políticas neoliberales, a la demanda de un sector de militares embravecidos por las críticas a su actuación, al miedo sicopatológico de los funcionarios panistas al pueblo y, desde luego, a la sique alterada de quienes están ejerciendo los cargos de responsabilidad estatal ante el escenario del 2012, pero sobre todo a las exigencias estadunidenses, que se manifiestan en los continuos señalamientos del fracaso de la instrumentación que han hecho los panistas de “la guerra contra el narco”, y de la ineptitud y corrupción de las fuerzas armadas mexicanas para cumplir tareas policiales.

8. La propuesta de modificaciones constitucionales y legales de Calderón no va a ser aprobada tal cual, desde luego, pero de no ser detenida y enviada a la congeladora por un grupo de legisladores conscientes, aquello que se apruebe de la iniciativa original, por muy poco que sea, va a ser desastroso para el país; de ahí la alerta en la sociedad.

9. El aspecto más grave de las políticas de militarización desbocada del territorio nacional no ha sido que éstas se lleven a cabo coartando de manera flagrante los derechos de los mexicanos y trasgrediendo principios centrales del marco constitucional, sino que esto haya sido posible por la corrupción de los legisladores, que no cumplieron con su función de frenar los desvaríos irracionales de un Ejecutivo al margen de la legalidad y, sobre todo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han cumplido con el mandato de ser garantes de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y son corresponsables de que México se halle hundido en la ilegalidad y en la barbarie.

10. El único freno posible a la irracionalidad de la clase política tiene que ser así, una vez más, el pueblo organizado, que una y otra vez le espete al gobierno de Felipe Calderón y a sus políticas de violencia un enérgico: ¡Ya basta!

Diputados acuerdan dar más facultades a las Fuerzas Armadas

Los diputados federales mantienen en sigilo las negociaciones para aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional, basada en la minuta que les envió el Senado de la República hace un año y, sobre todo, en el intenso cabildeo que ha realizado el Ejército Mexicano. Las bancadas partidistas acordaron conservar con “bajo perfil” el tema y presentar la propuesta al pleno en la última semana del presente periodo ordinario de sesiones. PRI, PAN y PRD consideran aprobar sin discusión, y antes de vacaciones, una ley que facultará a las Fuerzas Armadas de México para realizar espionaje e intervenir en asuntos de seguridad pública.

Zósimo Camacho

En la Cámara de Diputados, las bancadas de los partidos mayoritarios –Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)– llegaron a un acuerdo para modificar la Iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Senado el 27 de abril de 2010. Los líderes de las fracciones partidistas acordaron integrar las demandas del Ejército Mexicano a la minuta para que legalmente las Fuerzas Armadas de México puedan realizar intervención de comunicaciones, cateos, operaciones encubiertas, recopilación de información en lugares públicos y detención de delincuentes en flagrancia.

Ante la polémica que el tema genera, los legisladores acordaron no hablar de la iniciativa y mantener las negociaciones en sigilo. “La [reforma a la] Ley de Seguridad Nacional se presentará en el pleno el penúltimo o el último día del periodo de sesiones y se votará sin mayor discusión”, señala un legislador que participa en las negociaciones y que solicitó no ser identificado. Así, la nueva ley podría aprobarse en cualquiera de las dos últimas sesiones del mes: 26 o 28 de abril.

El diputado agrega que las bancadas partidistas han reconocido que las exigencias de los militares son “atendibles”. Especialmente, el Ejército Mexicano no aceptará que de nueva cuenta se le deje fuera, como ocurrió con la vigente Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.

La legislación vigente regula de manera exclusiva las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación fuera el único encargado de preservar la seguridad nacional. “Y los militares deben realizar sus actividades en el filo de la legalidad o, incluso, de manera ilegal”, explica el legislador.

En efecto, la ley que rige actualmente las actividades de inteligencia prevé por primera vez la intervención de comunicaciones (cuentas de correo por internet y teléfonos), pero facultó para ello exclusivamente al Cisen. Incluso, en la legislación se le dedica un capítulo completo, el segundo, al Centro.

“Los militares están encabronados. Los dejaron fuera de la ley pasada y se sienten relegados. La legislación fue acaparada por el Cisen. Todo lo hizo a su modo y, hasta la fecha, sigue bloqueando la participación de las Fuerzas Armadas en la elaboración de una nueva ley de seguridad nacional”, agrega el diputado federal.

El cabildeo del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados ha estado encabezado por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta la fecha, la ley no faculta a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar actividades de seguridad pública y, por lo tanto, no existen protocolos que rijan las actividades de la “lucha” contra el narcotráfico.

Fuerzas Armadas y labores de inteligencia

En entrevistas por separado, los diputados federales que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional coinciden en que se debe establecer un sistema único que norme las actividades de todas las secretarías, instituciones y dependencias que realizan actividades de inteligencia. Así, se incorporarían al marco jurídico las actividades que ya realizan el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Además, se les incorporaría en esferas que hasta la fecha no son de su competencia.

Reacios a hablar del tema, los diputados terminan por confirmar a Contralínea que existe “una posibilidad” de que una nueva ley de seguridad nacional, que abrogue la actual, se apruebe antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura (el 30 de abril de 2011).

Antes de pedir licencia como diputado federal y coordinador de la bancada del PRD –para buscar la postulación de su partido como candidato al gobierno del Estado de México–, Alejandro Encinas presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. La propuesta confirmó los acuerdos: “Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional”, explica luego de bajar de tribuna el único perredista de la presente Legislatura que ha ocupado una secretaría en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

—Es decir, se incorporarán en la ley las actividades de espionaje que realizan el Ejército y la Armada –se le inquiere.

—Sí. Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional. Se requieren labores de inteligencia que reúnan actividades civiles y militares en materia de obtención de información. Aquí hay que entender que las labores de inteligencia no son de espionaje: son de la construcción de información suficiente para garantizar el respeto a la ley y los derechos de los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Rogelio Cerda, señala que lo que busca la nueva ley es “mejorar en sustento la capacidad procedimental para que quienes tienen que desarrollar funciones en el marco de la seguridad nacional del país tengan soporte legal”.

Cerda, del grupo parlamentario del PRI y quien asumió la presidencia de la Comisión de Defensa luego de que Ardelio Vargas pidiera licencia para separarse del cargo como legislador e incorporarse al gobierno de Puebla, señala que el debate no se centra en el espionaje. En la nueva legislación, explica, se establece que la seguridad nacional “es mucho más compleja que sólo aquello que tiene que ver con conspiración, sabotaje, asonada; el tema es mucho más amplio y más arduo”.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Gustavo González Hernández, está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas “están dando una lucha importante en el tema de la principal amenaza de México; y sí es interesante el diálogo cívico-militar que se está dando de cuál debe ser el mejor esquema para que ellos (los militares) también tengan la salvaguarda de que están actuando conforme a derecho”.

De la seguridad pública a la seguridad nacional

Entre los acuerdos ya alcanzados por las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados, también destaca el de la “gradualidad”, es decir, en el establecimiento de tres tipos de seguridad a garantizar por el Estado mexicano: seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Entre más importante sea la amenaza, más instituciones y secretarías se involucrarán en su combate.

Alejandro Encinas explica que la “gradualidad” definirá una situación de riesgo: “Sabremos cuándo un asunto de seguridad pública se convierte en un asunto de seguridad interior, y cuándo se convierte en un problema de seguridad nacional; con ello, también se establecerá cuáles son los momentos de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles corresponden a la autoridad civil”.

Agrega que en este tema “fundamental” todavía no se llega a un acuerdo definitivo. “Pero estamos tratando de construirlo y estamos muy cerca”.

A este respecto, Rogelio Cerda explica que el acuerdo para que exista el concepto de “gradualidad” en la Ley de Seguridad Nacional ha sido alcanzado ya. Sin embargo, reconoce que aún se trabaja para establecer en qué consistirá con puntualidad. “Estamos realizando ejercicios, en el marco de la minuta, gradualizando los riesgos que tiene el país, para que en la función del incremento del riesgo se vayan incorporando el número de oficinas, departamentos y secretarías que se involucren en los temas. Vamos de menor a mayor”.

El legislador por el PAN Gustavo Hernández González señala que, actualmente, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, en materia de seguridad pública, en dos situaciones: “Coadyuvando con una autoridad administrativa en casos aislados y a petición de las autoridades administrativas, y cuando hay una afectación de más largo alcance tanto temporal como geográficamente; en este caso tiene que haber un procedimiento de declaratoria para que intervenga el Ejército y se restablezca el orden jurídico constitucional”. Agrega que lo que se busca con la nueva ley es “fortalecer jurídicamente estas atribuciones e incorporar otras en la ley que no han sido reconocidas explícitamente”.

Sobre si habrá una nueva ley antes de que finalice el presente periodo ordinario de sesiones, Rogelio Cerda señala: “Estamos trabajando; pronto ya vamos a tener una postura oficial. La conclusión del estudio que estamos realizando sí se dará en este periodo. No sé si alcance el tiempo para discutirla; pero estamos trabajando a tambor batiente”.

Acuerdos para una nueva ley de seguridad nacional

Regulación de las actividades de inteligencia que realizan las Fuerzas Armadas

Incorporación de las Fuerzas Armadas a algunas labores de seguridad pública

“Gradualización” y tipificación de amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional

Fuente: Contralínea 229 / 17 de abril de 2011

Un país doblegado, un gobierno débil, un presidente estresado

Con una economía tambaleante, con el narcotráfico golpeado pero vivo y en acción, con los asesinatos, ejecuciones y levantones de civiles inocentes encima –los daños colaterales de los que nadie se hace responsable–, Felipe Calderón se adentra, en declive, en su quinto año de gobierno, con el contexto inevitable de los retos electorales que esperan a su partido en 2011. Y el de por sí dramático panorama lo completan las revelaciones hechas mediante los memorándums que ha dado a conocer el sitio de WikiLeaks a través de los cuales los diplomáticos de Estados Unidos desnudan al presidente mexicano y a sus principales colaboradores como débiles, inseguros, doblegados…

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Estados Unidos desconfía de Felipe Calderón, de las Fuerzas Armadas de México, de los funcionarios federales y de todas las policías del país, según se desprende de 17 cables de la diplomacia estadunidense referidos a este país y que difundió el sitio de internet WikiLeaks.

Los cables –que WikiLeaks ofreció a los diarios The New York Times y El País, donde en parte fueron publicados– hacen evidente el poder que ejercen en México las agencias de inteligencia de Washington y la alarma del gobierno estadunidense por la corrupción que ha generado el narcotráfico.

Los despachos secretos y clasificados que la embajada de Estados Unidos en México envió al Departamento de Estado (y viceversa) muestran a un Washington dispuesto a respaldar a Calderón en la lucha contra el narcotráfico, pero a cambio de extender en el país sus redes de espionaje, aprovechando la incapacidad del gobierno mexicano.

Las 52 páginas de los 17 despachos diplomáticos de Estados Unidos sobre México que WikiLeaks había liberado hasta el cierre de esta edición muestran a un gobierno calderonista doblegado ante Washington debido a su incapacidad y a las fallas tácticas en su guerra contra el narcotráfico.

Los documentos confirman lo que ha revelado Proceso y que ha pretendido desmentir el gobierno de Calderón: que los golpes más fuertes a los cárteles del narcotráfico se produjeron gracias a la información de los servicios de inteligencia del Pentágono, de la DEA y de la CIA.

Esas instancias de Washington operan en México coordinadas sobre todo con la Secretaría de Marina, pues Estados Unidos desconfía del Ejército y de las corporaciones policiacas federal, estatales y municipales, las cuales, señalan los cables, han sido corrompidas por el narcotráfico.

Pese a las aclaraciones y a los intentos del gobierno de Barack Obama de minimizar el efecto negativo de la difusión de esos cables en la relación bilateral, el golpe a Calderón ya está dado y Los Pinos y la Casa Blanca iniciaron sendas campañas de control de daños.

A continuación Proceso transcribe los fragmentos más importantes de los 17 cables secretos desclasificados por WikiLeaks.

Calderón, “bajo estrés”

El cable 124636 –enviado por la oficina de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a la embajada en México el 4 de diciembre de 2009 y clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”– señala:

“Estamos interesados en actualizar nuestro análisis sobre el liderazgo del presidente Calderón para tener mejor informados a los legisladores de Estados Unidos. Referencias anteriores han indicado que Calderón y su gobierno están actualmente bajo un gran estrés debido a la guerra contra las drogas, el colapso económico y la derrota de su partido en las elecciones de medio periodo. Pese a los informes recientes seguimos interesados en saber cómo estos acontecimientos están afectando su personalidad y estilo de gobernar y cómo ese estilo afecta el funcionamiento del gobierno; especialmente a la luz de los cambios recientes en el gabinete (…) Le daremos la bienvenida a cualquier información que se nos pueda proveer por medio de las siguientes preguntas:

“A) ¿Cómo reacciona el presidente Calderón a los puntos de vista que difieren de los de él? ¿Le gusta debatir con la gente que no está de acuerdo con él? ¿Prefiere escuchar sus opiniones, pensar sobre éstas y darles una respuesta? ¿Está rodeado de personas que tienen una variedad de opiniones o prefiere a aquellos que a todo le responden ‘sí señor’?

“B) ¿Cómo describiría usted el estilo de gobernar de Calderón, como el de un hombre de ideas o como el de un gerente que gusta de manejar todo? ¿Cuáles son los efectos de su estilo de gobernar en aquellas personas que trabajan para él?

“C) ¿Cómo describiría usted la personalidad de Calderón? ¿Qué valores, creencias y comportamientos considera Calderón más valiosos y qué cualidades son las que respeta más en otras personas: lealtad, respeto, honestidad, etcétera?

“D) ¿Cuáles son los planes de Calderón para el resto de su mandato?

Seguridad y economía

El cable 4787 fue enviado el 17 de julio de 2009 de la oficina de Clinton a la embajada en México, con la clasificación de “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”:

“El equipo de seguridad y el económico del gobierno del presidente Calderón continúan atrayendo la atención de Washington al más alto nivel… por lo que nos gustaría que respondieran a las siguientes preguntas sobre la evolución de la dinámica del equipo de seguridad y el económico:

“A) ¿Cuál es la dinámica entre los integrantes del equipo de seguridad? ¿Qué tan bueno es el trabajo conjunto entre los principales miembros del equipo de seguridad (Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, general Guillermo Galván, almirante Francisco Saynez, Fernando Gómez Mont y Jorge Tello Peón)? La actualización de los detalles sobre la dinámica de trabajo sería particularmente de utilidad, incluyendo las amistades notables, alianzas, rivalidades y sospechas.

“B) ¿Con cuánta frecuencia se reúne el equipo de seguridad? ¿Hay alguien que haya emergido como el líder o coordinador más connotado? ¿Quiénes son los principales arquitectos de las operaciones antinarcóticos del gobierno? ¿En la planeación de las operaciones de seguridad quién, además de Calderón, tiene la última palabra?

“C) ¿Cuál es el estado de ánimo entre los miembros del equipo de seguridad? ¿Están optimistas sobre el estatus de la actual estrategia contra las drogas? ¿Piensan que se puede ganar la lucha? ¿Hay desacuerdos significativos sobre la actual estrategia? (…) ¿Cuál sería el funcionamiento del equipo para crear una estrategia? ¿Cómo le hacen para recuperarse cuando el equipo sufre una derrota?

“D) ¿Cuál es la dinámica actual dentro el equipo económico? ¿Quiénes son los principales arquitectos de la actual estrategia económica? ¿Qué tan posible es la salida de alguno de los integrantes de este equipo en el futuro cercano?”

Estado de excepción

El tercer cable clasificado como “secreto” fue enviado al Departamento de Estado el 28 de octubre de 2009 por John Feeley, encargado de asuntos diplomáticos de la embajada en México:

“El secretario de la Defensa (Sedena), Guillermo Galván Galván, abordó recientemente la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar estado de excepción en ciertas áreas del país, que proveerían más bases sólidas y legales para el papel militar en la lucha nacional contra los narcóticos. El secretario de Gobernación Gómez Mont, de manera alternativa, ofreció un punto de vista diferente citando un fallo de la Suprema Corte como un precedente suficiente para dar las bases legales a los militares (…)

“Nuestro análisis sugiere que los beneficios legales de invocar un estado de excepción son inciertos y que los costos políticos podrían ser altos. Aunque no puede ser descontada en un futuro cercano la posibilidad de dicho tipo de declaración, el gobierno de México está lejos de considerarse definido en torno a la eficacia o necesidad de un movimiento inmediato en esa dirección.

“Gómez Mont dijo a funcionarios de Estados Unidos durante la reunión del 19 de octubre que la invocación del artículo 29 sería ‘altamente polémica’ y socavaría su inmediata necesidad.

“El costo de declarar estado de excepción en lugares como Ciudad Juárez podría ser alto y casi con certeza podría provocar un aumento en el escrutinio internacional y nacional de la comunidad de derechos humanos. Sin embargo, una negativa del Congreso a la invocación del artículo 29 podría ser vista como un rechazo público a la estrategia antinarcóticos de Calderón.”

“Tips” de inteligencia

El cable “secreto” 3061, enviado al Departamento de Estado por el embajador Carlos Pascual el 23 de octubre de 2010, dice:

“Dennis Blair, el director nacional de Inteligencia, se reunió unos 40 minutos con el presidente Calderón el 19 de octubre en el Palacio Nacional. La plática se centró en la cooperación e intercambio de información de inteligencia y en la integración de operaciones entre funcionarios mexicanos y estadunidenses. Calderón también hizo amplios comentarios sobre los acontecimientos políticos en América Latina y sobre el papel de Estados Unidos.

“El centro de la conversación fue que México debe continuar mejorando su coordinación y capacidad de respuesta entre sus fuerzas de seguridad para actuar de manera efectiva sobre tips de inteligencia sin importar la fuente, incluidos los canales internos de inteligencia mexicanos.

“La Policía Federal mexicana sigue manteniendo sus bases de operación en la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa es más descentralizada, pero aún tiene que definir una plataforma de cooperación con la Policía Federal. Cuando se realizan operativos en áreas rurales de terrenos inhóspitos, la complejidad de movimientos de grupos grandes de seguridad en un corto lapso regularmente se traduce en la fuga de individuos contra quienes se realizan los operativos. Calderón dijo (que) esta situación lo pone ‘muy triste’ y que la considera ‘un gran error’ de parte de ellos (las fuerzas de seguridad).

“Blair dijo que el ingrediente del éxito es generar confianza entre la comunidad para que dé tips contra traficantes de drogas. Para lograr eso la gente necesita sentirse segura y debe creer que la policía puede mantener la seguridad pública. Y esto también significa que la información de inteligencia debe usarse rápido, de forma efectiva y responsable.

“Blair preguntó a Calderón acerca de su perspectiva en torno al desarrollo político de la región, y cómo Estados Unidos podría continuar incrementando su efectividad diplomática. Calderón enfatizó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra activo en todos lados, incluido México. Se extendió en sus comentarios hasta subrayar que él cree que Chávez financió la oposición del PRD durante la campaña presidencial de hace casi cuatro años.”

Ciudades clave

El cable 2882, “confidencial”, fue enviado por Pascual al Departamento de Estado el 5 de octubre de 2009:

“En una cena ofrecida por la PGR (Procuraduría General de la República) a una delegación de funcionarios del Departamento de Justicia, Tello Peón, el coordinador nacional de Seguridad, y el subsecretario de Gobernación (Gerónimo) Gutiérrez Fernández, dijeron a la delegación de funcionarios visitantes que les gustaría explorar con seriedad la concentración de los esfuerzos conjuntos en dos o tres ciudades clave para revertir la actual ola de violencia e inestabilidad y para demostrar éxito en la lucha contra las organizaciones del tráfico de drogas en los próximos 18 meses.

“Ellos (Tello Peón y Gutiérrez Fernández) sugirieron comenzar en Ciudad Juárez, Tijuana y otra ciudad con una célula conjunta de planeación, para revisar qué recursos se podrían utilizar de manera colectiva.

“Gutiérrez Fernández lamentó el temor (…) que forma parte de la sociedad contemporánea de México, donde la gente que vive en Yucatán, con niveles de seguridad al estilo europeo, tiene miedo de la inestabilidad que hay en algunas ciudades. Expresó una preocupación real por el riesgo de “perder” ciertas regiones. (La situación) está perjudicando la reputación internacional de México, causando daño a las inversiones extranjeras y generando un sentido de impotencia gubernamental, dijo Gutiérrez.

“Consideró que, para comenzar, necesitamos un buen análisis conjunto sobre los grupos criminales que hacen explícitas sus vulnerabilidades… Tello Peón sugirió la formación de una célula de planeación integrada con expertos de cada lado que se concentren en algunos programas específicos para los próximos dos años.”

Derechos humanos

El 9 de septiembre de 2009, el embajador Pascual envió al Departamento de Estado el cable 2676, “confidencial”:

“El 7 de septiembre, funcionarios de la embajada (estadunidense) se reunieron con oficiales de la Sedena para discutir el inicio de un diálogo sobre derechos humanos que nos permitiera entender los procesos legales en el sistema de justicia militar mexicano y aclarar preguntas específicas con respecto a denuncias sobre violaciones. El general Jaime López Portillo, el oficial de más alto rango en materia de derechos humanos dentro de la Sedena, encabezó a la delegación mexicana, que incluyó a un director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Pese a que de manera anticipada, por medio de oficiales de la Sedena y canales de la SRE, nosotros entregamos una lista específica sobre varios casos que involucran denuncias sobre violaciones de derechos humanos, y que nuestra reunión había sido coordinada con un mes de anticipación a través de la Oficina de Protocolo de la Sedena, López Portillo no recibió nuestras preguntas antes de que se realizara la reunión.

“Esto no era una señal de la disposición de la Sedena a discutir los casos, sino que, al contrario, reflejó la falta de experiencia e involucramiento en el tópico de derechos humanos y las de alguna forma rígidas reglas con que opera la Sedena para transmitir información sobre la burocracia.”

Récord de homicidios

El 23 de enero de 2009, la embajada en México envió al Departamento de Estado el cable 193, clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”:

“2008 estableció un nuevo récord de homicidios relacionados con el crimen organizado, al registrarse más de 6 mil asesinatos.

“(…) En 2008 cambió la naturaleza de la violencia generada por los cárteles: la violencia del crimen organizado se caracterizó por un significativo incremento de la brutalidad, un desdén por el potencial de los daños colaterales y una mayor frecuencia de ataques a soldados y policías. Las organizaciones del tráfico de drogas de México orquestaron con más frecuencia actos de violencia para enviar mensajes de intimidación a las fuerzas de seguridad, al público y a los políticos.

“Decapitaciones y la prominente colocación en lugares públicos de cuerpos desmembrados, relativamente raros hace dos años, son ahora un común denominador en todo el país.

“(…) Aun cuando los cárteles todavía no han lanzado ataques directos contra personal o agentes del gobierno de Estados Unidos (en México), han demostrado poca reticencia para atacar a algunos de nuestros más confiables aliados dentro de las agencias mexicanas de aplicación de la ley.

“Desde 2007 han sido asesinados 10 agentes mexicanos, contactos cercanos de la DEA, siete de los cuales eran integrantes de Unidades Especiales que habían sido sometidas a escrutinio.

“De manera similar, en los últimos dos años han sido asesinados 51 contactos del FBI.

“Más de 60 de los mejores agentes de México en los que depositamos nuestra confianza y con quienes colaboramos en investigaciones sensibles, compartimos información de inteligencia (…) han sido asesinados por los cárteles.

“(…) La amenaza al personal de Estados Unidos podría aumentar si la violencia sigue incrementándose y si más funcionarios gubernamentales y líderes políticos son blancos de ataques. Una reacción que podría incitar a los cárteles a realizar esto sería que percibieran sus pérdidas como consecuencia del respaldo del gobierno de Estados Unidos al de México.

“Seguiremos monitoreando las amenazas potenciales y permaneceremos alertas a la información que sugiera que los traficantes de droga consideran de manera creciente que la mano de Estados Unidos es la responsable de sus pérdidas.”

Fallas de inteligencia

El cable 3195, enviado el 10 de noviembre de 2009 al Departamento de Estado por el embajador Pascual, está clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”:

“La estrategia de seguridad del presidente Calderón carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas. Funcionarios de la embajada que trabajan con el gobierno de México reportan que está fracturado el uso de estrategias y de información de inteligencia táctica en parte porque confían mucho en el respaldo de Estados Unidos.

“El gobierno de México enfrenta varios retos institucionales para desarrollar de manera más efectiva, analizar y utilizar la información de inteligencia.

“Uno de los aspectos más críticos es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México. Funcionarios de la embajada (estadunidense) reportan que, por ejemplo, la Sedena tiene bien establecidas unidades de inteligencia que desarrollan operaciones contra jefes de los cárteles. En general ellos no comparten información o análisis con las fuerzas que han sido desplazadas a los lugares para la lucha antinarcóticos, como Ciudad Juárez.

“A nivel local las fuerzas de la Sedena desplazadas a las plazas calientes raramente desarrollan o utilizan información de inteligencia táctica. De hecho no cuentan con cuerpos profesionales de inteligencia para recolectar información, operan virtualmente a ciegas excepto cuando reciben tips anónimos. Tomando en cuenta la divulgación el año pasado de casos de corrupción de alto nivel, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son objeto de sospechas similares a las que padece la Sedena.

“Funcionarios de la embajada destacan de manera particular la dificultad de construir una efectiva estructura de inteligencia en la frontera norte de México (…) La rivalidad entre el procurador general de la República (Eduardo) Medina Mora (recientemente reemplazado por Arturo Chávez Chávez) y Genaro García Luna, de la SSP, minimiza dramáticamente la cooperación e intercambio de información entre las dos agencias.

“Los miedos a la corrupción están bien fundamentados, tomando en cuenta el número de operaciones que han sido suspendidas o que han fracasado por la fuga de información.

“Galván Galván, el secretario de la Defensa, en una reunión reciente con funcionarios de Estados Unidos expresó poco interés en robustecer la cooperación con otras agencias, por las luchas internas y la desconfianza en las instituciones del gobierno de México.

“Expertos de la embajada dicen que las autoridades mexicanas con más regularidad se apoyan en los tips que les proporcionan las agencias estadunidenses y las organizaciones de inteligencia, y que muchas de las capturas de figuras importantes de los cárteles de la droga se realizaron con asistencia de Estados Unidos (…)”

La caída de Beltrán Leyva

El cable 3573, clasificado como “secreto”, lo envió el embajador Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009:

“Las fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) de México, respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos, en una operación realizada el 16 de diciembre mataron a Arturo Beltrán Leyva, la baja al más alto nivel de una figura de un cártel bajo el gobierno de Calderón. La operación es una victoria clara para el gobierno mexicano y un ejemplo de la excelente cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“La unidad que realizó la operación recibió entrenamiento amplio por parte de Estados Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no resuelve el problema de las drogas de México, pero esperamos que genere un momentum necesario para lograr avances sustantivos contra las organizaciones del tráfico de drogas.

“Funcionarios de las agencias de aplicación de la ley en la embajada (estadunidense) dijeron que la operación de arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar información detallada sobre su ubicación.

“La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado una capacidad de respuesta rápida a información de inteligencia. Su éxito pone al Ejército (Sedena) en una posición difícil para explicar por qué ha sido reacio a actuar sobre información de inteligencia buena y a realizar operaciones contra objetivos de alto nivel.

“Las agencias de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre Arturo Beltrán Leyva), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos.

“La Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero sólo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también se puede contar como un perdedor neto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva. La SSP considera que son su responsabilidad los blancos (líderes) de la organización de los Beltrán Leyva, y García Luna ya ha dicho en privado que esta operación debió haber sido suya.”

Grupo Bilateral

El cable 83, enviado al Departamento de Estado el 29 de enero de 2010 por la embajada, tiene clasificación de “secreto” y dice:

“La inauguración del Grupo Bilateral de Trabajo sobre Defensa (DBWG, por sus siglas en inglés), el 1 de febrero, se dará en un momento clave de nuestros esfuerzos para profundizar la relación bilateral y para apoyar los primeros pasos del Ejército de México hacia su modernización.

“El DBWG puede ayudar a garantizar que el gobierno de México se mantenga concentrado en hacer todo tipo de actualizaciones institucionales, incluida una mayor atención a los derechos humanos y la ampliación de la participación regional para fortalecer la lucha inmediata contra el crimen organizado y su efectividad, para que su posición militar vaya acorde con el siglo XXI y sea una de las democracias líderes en la región.

“Este año ayudaremos a México a institucionalizar sus capacidades civiles para la aplicación de la ley, reduciendo la fase en que el Ejército deba realizar funciones que tradicionalmente corresponden a la policía.

“La corrupción gubernamental está expandida (…) entre los líderes de las agencias de aplicación de la ley y sus subalternos.

“El reto que enfrentarán en la DBWG es convencerlos de que la modernización y no la retirada son la clave para seguir adelante, y que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la modernización (…)

“La Sedena carece de autoridad para realizar arrestos y es incapaz de procesar información y evidencias para ser utilizadas en casos judiciales.

“Misiones conjuntas de análisis (de información de inteligencia), una en Tijuana y San Diego, y otra en Ciudad Juárez y El Paso, fueron diseñadas para expandir nuestros esfuerzos bilaterales y abordar una debilidad (…): el disfuncional bajo nivel de colaboración entre el Ejército Mexicano y las autoridades civiles a lo largo de la frontera.

“Nuestros lazos con los militares (mexicanos) nunca habían estado tan unidos en términos no sólo de transferencia de equipo y entrenamiento, sino en todo tipo de intercambio de información de inteligencia que esencialmente está haciendo la diferencia contra el crimen organizado.”

El papel de los militares

El undécimo cable desclasificado por WikiLeaks –el 3077, enviado el 26 de octubre de 2010 al Departamento de Estado por la embajada y clasificado como “secreto”– señala:

“El director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, se reunió con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, el 19 de octubre, en la víspera de un encuentro con el presidente Calderón y miembros de su gabinete de seguridad. La mayor parte de la plática se concentró en el papel de los militares en la lucha contra el narcotráfico (…)

“Galván claramente está buscando cooperación del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de su institución en el combate a las organizaciones del tráfico de drogas, pero tratando de mantener las acciones militares dentro de sus propios canales, en lugar de ampliar la colaboración con la comunidad de las agencias de aplicación de la ley de México.

“La Sedena corre el riesgo de perder su prestigio público y de ser criticada sobre asuntos de derechos humanos si se extiende su papel en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo él (Galván Galván) espera que el Ejército mantenga su actual mandato los próximos siete o 10 años. Galván sugirió que incrementar la asistencia de Estados Unidos en información de inteligencia podría reducir ese periodo.

“Galván indicó que está interesado en establecer los más altos niveles de cooperación con Estados Unidos (…) y hacer a su institución responsable de capturar blancos de alto nivel, incluyendo a dos miembros de Los Zetas y al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

“Él dijo que la Sedena está implementando una operación, la cual consta de tres etapas, específicamente para atrapar al Chapo. La primera etapa, que ellos han concluido, es establecer una fuerza física en el área de sus operaciones para recolectar información de inteligencia.

“Hizo notar que han encontrado 10 o 15 lugares por donde él (El Chapo) se mueve, pero que El Chapo comanda una amplia red de apoyo constituida por informantes y que tiene un cinturón de seguridad de hasta 300 hombres que dificultan el lanzamiento de operativos para su captura. La segunda fase consiste en desplazar un círculo de soldados dentro de las áreas donde opera, la cual Galván espera iniciar pronto. La tercera etapa es su captura.”

Monterrey y “Los Zetas”

El cable 066, clasificado “para uso oficial”, fue enviado al Departamento de Estado por el consulado en Monterrey el 28 de febrero de 2010:

“Entrada la noche del 27 de febrero, hombres encapuchados lanzaron ataques con granadas contra cinco oficinas policiacas municipales dentro del área metropolitana de Monterrey.

“Fuentes policiacas reportaron que los policías que estaban presentes durante los ataques huyeron de sus puestos. Ahora está claro que la lucha que se libra entre el cártel del Golfo y Los Zetas ha alcanzando a Monterrey.

“Tomando en cuenta la profunda penetración de Los Zetas en las fuerzas policiales de las municipalidades donde se perpetraron los ataques, una explicación más clara de éstos fue un mensaje que envió el cártel del Golfo a la policía para que se desista de su apoyo a Los Zetas y para que cambie de bando.

“Información desclasificada reporta que el líder de Los Zetas, Miguel Heriberto Lazcano Lazcano, se cree que está escondido en Monterrey y que estaba planeando una ofensiva contra el cártel del Golfo en Tamaulipas. Esta información está acompañada de reportes provenientes de otras fuentes y de miembros del Grupo de Trabajo de la Aplicación de la Ley, que sostiene que Saltillo, Coahuila, podría ser considerado un refugio para Los Zetas.”

El fracaso de Cancún

El cable 141, “confidencial”, enviado por la embajada al Departamento de Estado el 26 de febrero de 2010, afirma:

“Fracasó de manera dramática el ambicioso plan del gobierno de México de usar su presidencia de la cumbre del Grupo de Río (realizada en Cancún del 22 al 23 de febrero) para crear un foro más operacional para la cooperación regional.

“La Cumbre de Unidad Latinoamericana celebrada en la turística ciudad de Cancún fue pobremente concebida, manejada de manera inadecuada y mal ejecutada.

“La Declaración de Cancún presenta una larga lista de asuntos pendientes sin especificar ningún detalle de cómo operarían para traducirlos en acciones internacionales efectivas…”

Frontera sur

El 25 de enero de 2010, la embajada envió al Departamento de Estado el cable 77, clasificado como “confidencial”:

“Desafortunadamente nuestras visitas a tres puntos transfronterizos entre Guatemala y México, en Chiapas, revelaron que ninguno de los dos países trabaja con seriedad para aplicar las leyes y detener el tráfico de armas.

“Los funcionarios fronterizos hicieron un intento por ilustrar un cruce fronterizo seguro, pero en sus explicaciones resaltaron serias inconsistencias de procedimiento que minimizan un control efectivo. Mientras los agentes fronterizos inspeccionan a 100% de los individuos y autos que cruzan legalmente el puente, la información recogida se guarda en un centro de datos local que no está conectado a un centro de datos federal o internacional con información sobre criminales.

“Esta conferencia subrayó la debilidad de los controles en la frontera sur de México, que está contribuyendo al problema de la migración indocumentada y al tráfico de armas y drogas.”

Relaciones con Venezuela

El cable 3178, “secreto”, fue enviado el 27 de octubre de 2008 por la embajada al Departamento de Estado:

“Desde que asumió el poder, el presidente Felipe Calderón ha intentado reparar las relaciones con Venezuela, y la Cancillería ha dicho que lentamente están logrando avances. Sin embargo, persisten varios puntos de fricción, como la falta de un embajador de Venezuela en la Ciudad de México, sospechas sobre actividades extraoficiales de diplomáticos venezolanos en México y la expropiación de bienes mexicanos por parte del gobierno venezolano, que ha evitado y probablemente continuará evitando que exista una relación verdaderamente cálida.

“México no ofrece el tipo de terreno fértil para el activismo bolivariano, como ocurre en otros países del hemisferio. La desconfianza sobre el intervencionismo extranjero y las lecciones aprendidas en las elecciones presidenciales de 2006 probablemente evitarán que el movimiento bolivariano tenga un impacto significativo en el escenario político y social mexicano.

“Como Venezuela, México también está buscando establecer su liderazgo en la región, particularmente en Centroamérica.”

La opinión española

El cable 059 fue enviado al Departamento de Estado por la embajada de Estados Unidos en España el 16 de enero de 2009. Clasificado como “confidencial”:

“La secretaria de Estado para Iberoamérica del gobierno español, Trinidad Jiménez, el 8 de enero ofreció un almuerzo en honor de Tom Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos.

“Jiménez agradeció a Estados Unidos por centrar su atención en la frontera entre México y Guatemala… La funcionaria española sugirió a Shannon que España y Estados Unidos deberían verse –lo mismo que México y Brasil– como aliados más que rivales.”

Aznar y Colombia

El 9 de mayo de 2008, la embajada en España envió al Departamento de Estado el cable 518, “confidencial”:

“Del 30 de abril al 1 de mayo el subsecretario Tom Shannon visitó Madrid y se reunió con el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, y con el expresidente del gobierno español José María Aznar.

“Aznar le enfatizó a Shannon la importancia de Colombia y México, y urgió a Estados Unidos a mantener un fuerte respaldo a esos países.

“Aznar mencionó que habló con el presidente Felipe Calderón antes de la Cumbre de Nueva Orléans y que Calderón le expresó su preocupación por la reducción del apoyo del Congreso estadunidense para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Iniciativa Mérida.

“Aznar dijo que Colombia y México son países clave en la región. Dijo que Estados Unidos y España deberían trabajar juntos para lograr que México sea más activo en la región. Aunque reconoció que el involucramiento de Brasil es positivo, éste necesita ser complementado por una mayor participación de México.

Ante el fracaso económico, estado de excepción

Marcos Chávez

El floreciente estado de excepción impuesto gradualmente por Felipe Calderón, con la complicidad de la mayoría de los priistas y panistas del Congreso, quien decidió abandonar sus deberes como Ejecutivo de la “democracia” a la mexicana para convertirse en el jefe del Estado militar-policiaco, ofrece una amplia gama de beneficios a los seducidos por la satrapía.

Por ejemplo, le permite a Calderón gobernar por medio de la ilegalidad y la anticonstitucionalidad; fabricar el espectáculo del terror con la creciente montaña de cadáveres que cotidianamente deja como saldo la cruzada en contra del narcotráfico, con el objeto de someter a la población a través del miedo; aprovechar la alteración de la realidad como sucedió con la epidemia de influenza para experimentar por primera vez, a escala nacional, el control social; impávidamente, que los militares combatan de manera ilegal con la ilegalidad, asalten el espíritu federalista de la Carta Magna o agredan con toda impunidad a los ciudadanos que nada tienen que ver en el asunto, sin que sean sancionados civilmente, hecho que los ha convertido en los líderes de la violación de los derechos humanos y de las legítimas denuncias de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones, ante la indiferencia oficial. Al cabo esos atropellos no se cotizan en el mercado de valores ni son tomados en cuenta por las empresas des-calificadoras del llamado “riesgo-país”. También posibilita cercenar las libertades civiles y los derechos ciudadanos con inconstitucionales leyes patrióticas, de estilo bushoniano, que abrieron las puertas al inescrupuloso manejo político o de otra naturaleza del espionaje telefónico, las detenciones o el arraigo con argumentos de dudosa calidad jurídica, endebles o artificiales creados, sin la protección consagrada por las leyes, y que son operados por autoridades de oscura reputación, desde los altos mandos del Estado policiaco-militar y sus subordinados, hasta los jueces. Sólo basta la presunción o la invención de algún eventual indicio que sea considerado dentro del catálogo de ilícitos para que sea aplicado el puño de hierro. Las tentaciones sediciosas no dejan indemne a cualquier ciudadano. Puede suceder lo que alguna vez escribió el poeta Blas de Otero: “Bien lo sabéis / vendrán por ti, por mí, por todos / (…) Escrito está / tu nombre está ya listo / temblando en un papel / aquel que dice Abel o yo, tú, él”.
El manto protector de la excepción sirve, asimismo, para manejar caprichosamente el gasto público, desmantelar al Estado, su sistema de salud, subrogar guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social a la depredación empresarial y de familiares, u otorgar contratos para Petróleos Mexicanos por encima de la ley. Los muertos de la influenza y los infantes calcinados en Sonora, víctimas de la privatización del Estado y la voracidad de los hombres de presa, entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, tía en segundo grado de Margarita Zavala de Calderón, son consecuencia del genocidio neoliberal; los “ahorros” presupuestales a costa de los muertos.
Según Manlio Fabio Beltrones, el Congreso está “preocupado” porque Calderón abusa del arraigo, “una figura de buena fe, que costó mucho trabajo dársela al Ejecutivo”, que si las próximas detenciones asociadas al narcotráfico no son acompañadas de las consignaciones directas del Ministerio Público “se estará lastimando [la] figura [del arraigo], que fue elemental y que nunca se la habíamos dado a otro gobierno. Utilizarla políticamente va en contra del Estado mexicano” (La Jornada, 4 de junio de 2009). ¿Atribulados? ¿“Buena fe”? ¿Temor porque su empleo “político” atenta en contra del “Estado mexicano”? Manlio, como Calderón y la elite política, supone que los mexicanos son un hatajo de retrasados mentales.
Si de algo no se puede acusar al priista es de ingenuo. Tampoco de actuar de “buena fe”. No se llama Cándido. No se necesita tener una dilatada carrera política como él ni conocer las turbias catacumbas de los laberintos del poder donde se mueve con alegre soltura para saber los riesgos que implica otorgar jurisdicciones excepcionales a quien pueda ejercerlas, tengan o no tentaciones autoritarias, sin establecer los límites legales e institucionales. Quien tiene al menos dos dedos de frente sabe que no es necesario otorgar más atribuciones. Por el contrario, lo fundamental no sólo es obligar a los príncipes a ajustarse a la Constitución, sino recortar las atribuciones que le concede el sistema político presidencialista para establecer un verdadero y democrático equilibrio de poderes. Con los instrumentos que legalmente dispone el Ejecutivo, es más que suficiente para hacer una limpieza del sistema en todos sus ámbitos, desde los relacionados con el narcotráfico hasta con los que usufructúan de sus parcelas de poder, medran y se enriquecen a costa del Estado y la sociedad. Como bien sabe, lo esencial es ceñir a los grupos dominantes y los aparatos represivos del Estado al imperio de las leyes. El “pulcro” desempeño de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la policía política no admite el lujo del equívoco. Lo testifica el lúgubre destino de los militantes de la guerrilla desaparecidos entre sus fauces. Con ello se hubiera evitado involucrar al Ejército en tareas ajenas a las claramente señaladas por la Constitución que han redundado es su mayor descrédito.
Desde su campaña, Calderón manifestó nítidamente sus pavlovianos estímulos despóticos como para darle más facultades. Tampoco se precisaba darle la oportunidad de que las manifestara descaradamente, si es que el panista michoacano alguna vez hizo el mínimo esfuerzo para ocultarlos. En la pantomima de la “democracia” mexicana, los priistas contribuyeron al albazo de Calderón para encumbrarlo y legalizarlo. Manlio y los congresistas conocen perfectamente hasta dónde llegaron los excesos cometidos por los gobiernos priistas, al carecerse de los controles que los restringiera o que existiendo los poderes Legislativo y Judicial se volvieron los cómplices de sus tropelías. Vicente Fox actuó como los ejecutivos priistas, al igual que lo hace Calderón, aunque han tenido que negociar cuotas de poder con los priistas para alcanzar sus fines personales, conservadoras y teocráticas. Los gobernantes estatales y municipales se ajustan a esa norma, independientemente del ropaje partidario. Manlio apela a la “buena fe”, pero quien puede dudar que los asesinatos de los priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, en 1994, cuando era gobernador de Sonora, no fueron más que suficientes para terminar con su “inocencia” y entender que el Cronos mexicano también devora impíamente a sus hijos.
Pero aún bajo el supuesto de que el sistema político mexicano fuese impoluto, un ave raris de la historia, ocho años de gobierno de nuestro “socio” George Bush fueron suficientes para demostrar hasta dónde pueden llegar tanto las “guerras infinitas” como el terrorismo de Estado contenido en la “ley patriótica”, similar a la que la mayoría de los legisladores aprobaron para México. El apoyarse en los militares para legitimarse, para compensar la debilidad política y falta de credibilidad, también tiene históricamente sus experiencias siniestras. María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel o Isabelita Perón, que gobernó Argentina entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, quiso afianzarse en los militares para combatir la guerrilla y el ascendente movimiento social. Para salir a las calles e intervenir arbitrariamente, éstos exigieron y obtuvieron poderes excepcionales. José López Rega, el Brujo para sus enemigos y Daniel para sus cómplices de la ultraderecha, se encargó de la otra parte de la Guerra Sucia, de los otros secuestros, torturas, asesinatos, con los paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina o “Triple A”, que recuerdan a los Tecos, el Muro o la Guía en México, orígenes del famoso Yunque y los diferentes grupos de la ultra mexicana que llegaron con Fox y Calderón al gobierno. Los militares se comprometieron en esa tarea como un paso táctico en su estrategia: tomar sangrientamente el poder con el grupo encabezado por Jorge Rafael Videla, y llevar a cabo su “proceso de reorganización nacional”, el cual duró hasta su derrumbe en 1981, dejando una estela de decenas de miles de muertos y exiliados. Alberto Fujimori también obtuvo poderes excepcionales, antes de asaltar el Congreso e imponer el Estado de excepción.
Manlio Fabio no puede apelar a la “buena fe” porque mentiría descaradamente. Puede sentirse engañado, traicionado por el nuevo Huitzilipoztli sediento de sangre y dispuesto a emplear cualquier medio para tratar de asegurar una mayoría legislativa para su gobierno mesiánico y ultra. La “preocupación” de Manlio y los legisladores priistas no es por las consecuencias del huevo de la serpiente que ayudan a incubar y sus perversos costos para la sociedad. Si fuera así, ya estarían legislando para enmendar su desmesura. Su temor se debe a que, en su asalto a la razón, Calderón declaró que no distingue partidos, que como al doctor Víctor Frankenstein, el monstruo que ayudaron a crear y que creían tener acorralado se les escape de su control y con su odio y la sed de venganza los destruya; que inicie una persecución en contra de ellos y los someta por su turbio y dinosáurico rabo, o que les invente anomalías. Su acobardada respuesta después del asalto michoacano es sospechosa. Que se les difumine la Presidencia que ya sienten entre sus manos; que demuela las ambiciones presidenciales del sonorense.
Las evidencias indican que Calderón liberará a los funcionarios que ha apresado ilegalmente después de las elecciones. Pero el daño sociopolítico ya está hecho sin que lo conmueva.

Para leer articulo completo AQUI.

EXPERIMENTOS CRIMINALES

Francisco Rodríguez Pérez

Sustentada en su narcocampaña, la Presidencia de la República tiene el control político de las elecciones.

Los recientes hechos en contra de Gobernadores de oposición (y la impunidad de los del PAN-Gobierno) la “guerra sucia” del panismo apunta hacia un "golpe espectacular" contra algún Gobernador del PRI antes de los comicios del 5 de julio, según se observa en el trayecto de esa guerra terrorista.

Ya empezaron con Michoacán. Ya habían desprestigiado a la Gobernadora, y al aspirante petista, en Zacatecas. Ya le “pegaron” a Nuevo León. Ahora intentan “golpear” a nuestro Gobernador.

La narcocampaña orquestada desde Los Pinos, se prepara para desprestigiar, con acusaciones electoreras, a José Reyes Baeza Terrazas, con el pretexto de “defender” a Juan Blanco, el exalcalde panista de Chihuahua.

El señalamiento es grave, y más aún que los operadores, los autores materiales, los ejecutores de las órdenes presidenciales, sean el Presidente del Senado, y aspirante al parecer auto fallido, al Gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz, y los legisladores panistas, federales y locales, por Chihuahua.

Si algún estado ha sufrido los embates de la “declaración de guerra”, realizada por Calderón antes de ser Presidente, ha sido Chihuahua, y, particularmente, Ciudad Juárez, donde son más evidentes los estragos.

Si algún Gobernador ha sido leal a las instituciones y decidido, ese es Jose Reyes Baeza, quien ha permitido que se ensayen aquí las locas ideas de un Presidente que ha perdido el rumbo o que, quizá, nunca ha tenido rumbo. O tiene un rumbo que, simplemente, no nos gusta.

Más allá de la coyuntura electoral Reyes siempre ha manifestado su apoyo al Presidente de la República en su combate al crimen organizado.

Se van largos los “legisladores” panistas de Chihuahua al pretender “defender” a un presunto delincuente de cuello, Blanco, echando pestes contra Reyes Baeza, tratando inútilmente de ocultar que el ex alcalde panista está siendo acusado por panistas y ex socios, no por el Gobernador. Y que el asunto es del Poder Judicial, no del Ejecutivo estatal. Están errando en lo obvio.

Si, como dice la señora Ortuño, aquí se protege al crimen organizado y al narco. Eso tiene que preguntárselo a la Procuraduría General de la República, a los mandos castrenses, a la coordinación del Operativo Conjunto Chihuahua. Esa acusación de la señora Ortuño y sus compas, no hay de otra, se le revierte al Presidente Calderón, hasta los Señores Obispos de Chihuahua avalan la conducta de JRB ante las opiniones adversas en estos momentos difíciles.
Los acusadores de Reyes no tienen preparada ninguna denuncia ante quien corresponda esto es una táctica más de la “guerra sucia” electoral.

Se delatan. Por ello, por el tufo electorero, por el intento de golpe mediático de esta acción, gracias al voto de los legisladores del PRI y del PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó un exhorto impulsado por la bancada del PAN dirigido, en contra del Gobierno del Estado, respecto al deprimente Caso Blanco.

Pero el “golpe” ya lo dieron.

El problema de los comicios de este 2009 no son quienes intentan ganar diputaciones, alcaldías y alguna de los seis gobiernos estatales, sino la ostentosa guerra sucia que desde el poder encabeza el Presidente Calderón con todos los instrumentos de facto que tiene a su disposición, con los que trata de anular, desde ahora, la voluntad popular.

La influenza, el combate al narcotráfico y, la gravísima crisis económica, acusan una misma dinámica, un estilo peculiar de "gobernar": primero se oculta o se minimiza el problema, y después se sobredimensiona hasta otorgarle "facultades extraordinarias" al Ejecutivo federal.
Lo sucedido con la influenza es el sello de la casa. Ahí comenzó el ensayo para aplicar el "estado de excepción". Y la redada aplicada en Michoacán contra autoridades electas presuntamente vinculadas a La Familia pasó por alto el mínimo apego al estado de derecho. Lo mismo ocurrió en Nuevo León.

La jugarreta política aplicada en Michoacán cobra mayor relevancia, si se trata de un mensaje directo al PRI y a sus Gobernadores, ya que no se descartaría que este tipo de operativos se pudieran extender a entidades, como Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Durango, Veracruz y Chihuahua, que son básicos para los planes de recuperación del poder presidencial por parte del PRI.

Se trata de una nueva edición, corregida y aumentada, de la “guerra sucia” orquestada por el panismo en el 2006, mucho más peligrosa, ya que empezó con diagnósticos perversos y se ha expresado en experimentos criminales.

Calderón avanza hacia el estado de excepción

El brote de una epidemia de influenza porcina que estalló en Estados Unidos y especialmente en México a mediados de abril y que amenaza con propagarse a todas partes ha puesto en estado de alerta a la sociedad de ambos países y obligado a sus gobiernos a actuar al respecto. Se trata de un virus de origen animal, hasta ahora desconocido, con una capacidad preocupante de contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión de emergencia el 25 de abril para decidir el rumbo a tomar en el caso que debiera elevarse el nivel de alerta de pandemia, que hasta ese día era de 3, en una escala de 1 a 6. (Véase el artículo siguiente “Crisis de agua; epidemia de influenza”).
Como en las anteriores crisis que vienen sacudiendo a la sociedad mexicana desde 2006 (política, económica, alimentaria y del medio ambiente) en el caso de esta reciente y peligrosa crisis sanitaria, nuevamente se ha puesto de manifiesto la incompetencia e irresponsabilidad del gobierno panista de Felipe Calderón. Aún más, en esta ocasión preséncianse amenazadores avances de su parte para arrojar al país a un estado de excepción.
El sábado 25 de abril, Calderón emitió un decreto que otorga facultades extraordinarias a las autoridades de la Secretaria de Salud justificadas en las acciones para prevenir y combatir la existencia y trasmisión del virus de influenza. Entre estas facultades están las de aislar a las personas que padecen la enfermedad y a los portadores de gérmenes y se otorga el derecho de las autoridades de ingresar “a todo de local o de casa habitación” en el ejercicio de sus labores de control de la epidemia.
Estas decisiones no pueden verse aisladas, sólo como medidas de una campaña sanitaria desprendidas de una práctica e ideología políticas que son las razones de ser del gobierno de Calderón, el cual está inmerso en una situación cruzada de graves contradicciones sociales. En 2007 el ejército salió de sus cuarteles y desde entonces no ha dejado las calles, comprometido en “una guerra contra el narcotráfico” que ha incrementado la represión, la violencia y la arbitrariedad del comportamiento gubernamental. Esta medidas son acciones culminantes de los primeros días de la emergencia nacional; los métodos implementados por las autoridades hasta hoy han provocado pánico, miedo e histeria colectivos, principalmente en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Primero el gobierno federal subestimó manifiestamente el brote de la epidemia. El 23 de abril, el secretario de Salud, Córdova Villalobos, escenificó en menos de diez horas actos de incongruencia mayúsculos y confirmó hasta la saciedad lo antes dicho. Al mediodía declaró que no había nada que temer con motivo de los datos y acontecimientos ya sabidos (muertos, contagios) y después, cerca de la medianoche, declaró exactamente lo contrario, anunciando las medidas de emergencia nacional que desquiciaron por completo la vida cotidiana del DF y el Estado de México, zonas de la mayor concentración demográfica del país.
A esta conducta incompetente e irresponsable hay que añadir las graves consecuencias políticas que apenas comienzan a vislumbrase, que se desprenden del específico momento en que se encuentra el sistema de dominación.
Calderón y la camarilla panista que ocupan Los Pinos, representan el primer gobierno federal dependiente por completo del gran capital financiero nacional e imperialista y del ejército. Es heredero ciertamente del aparato de control masivo, en especial de los trabajadores, erigido por el priismo durante sus setenta años de dominación. Los panistas no lo han desmantelado y lo usan en lo que pueden. La abierta y descarada alianza de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, bastaría para demostrarlo y constituye el único vínculo con cualquier tipo de “apoyo” social para su gobierno. Pero se trata de un residuo de las formas corporativas y organizativas de un bonapartismo en su etapa senil, en decadencia completa.
El conflicto con el sindicato minero, otro legado del vetusto charrismo priista, por otra parte confirma que las bases proletarias se rebelan contra la subordinación a los designios presidenciales. De hecho la larga resistencia de las huelgas de los mineros de Cananea, Taxco y Sombrerete representan combates decisivos del movimiento obrero, que concita una creciente solidaridad. (Véase adelante “El proletariado sigue sin cabeza”).
El anterior gobierno de Fox, gozó de un margen de maniobra popular más amplio por el personaje que “derrotó al PRI”, margen que pronto se agotó al surgir sin tapujos su crudo carácter reaccionario de “gobierno de los empresarios”.
Calderón y su camarilla han encontrado en la crisis actual la oportunidad de legitimar ante al población una medida cuyas semillas son potencialmente peligrosísimas. La octava medida del decreto antes mencionado dice: “Ordenar las medidas atingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión”: este paso hacia un estado de excepción se pretende justificar con la emergencia sanitaria actual. Muchas preguntas se plantean naturalmente. ¿ Esta mediad impedirá la manifestación del primero de mayo?, ¿ Se permitirán protestas públicas, manifestaciones, mítines, huelgas, movimientos ciudadanos de cualquier tipo?
El movimiento popular, las organizaciones democráticas revolucionarias estamos ante un desafío importante. No podemos permitir debemos luchar organizada y unitariamente contra todo intento del gobierno de Calderón y la ultraderecha de imponer un estado de excepción en México.

Crisis de agua; epidemia de influenza

Una ciudad altamente vulnerable

Por Jaime González

No habían pasado dos semanas desde que la ciudad de México había sufrido una grave y extendida carencia de agua (la cual, por cierto, no ha sido superada), cuando el jueves 23 de abril por la noche los gobiernos federal y del Distrito Federal anunciaron, de modo repentino y sorpresivo, una serie de medidas para intentar frenar una grave epidemia de influenza.
Esta situación puede apreciarse por la magnitud de las medidas: se suspendieron las clases en las escuelas, se suspendieron actos y concentraciones públicos, y se anunció una campaña de vacunación dirigida especialmente al personal médico y a las enfermeras de los hospitales. La urgencia y precipitación con que las medidas fueron decretadas se hicieron evidentes el viernes por la mañana, cuando una parte de la población que no se había enterado de la suspensión de clases llevó a sus hijos a las escuelas, para encontrarlas cerradas.
Y el sábado 25, las medidas anunciadas por el propio Felipe Calderón Hinojosa extremaron el rigor de la emergencia decretando que el gobierno federal podrá recluir a los enfermos en sus casas, y el ingreso sin aviso de las fuerzas del orden a domicilios particulares. Aunadas a otras disposiciones, de hecho Calderón ha declarado un estado de excepción en toda l república mexicana. Tales disposiciones, en tiempos como los actuales en que el gobierno ha sacado al ejército a las calles, entrañan un gran peligro para el pueblo mexicano
En un país profundamente dividido por el fraude electoral del 2006 y sus secuelas, no es de extrañarnos que muchas personas se hayan sentido confundidas, y que haya habido quienes creyeron que se trataba de una campaña para infundir miedo, con fines políticos o electorales. Pero el mismo día 24, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó mediante un comunicado en su sitio de internet (www.who.int) que 854 personas en la ciudad de México habían sido reportadas con enfermedad tipo influenza, y que 59 de éstas habían muerto. Asimismo, se reportaban otros 24 casos de este tipo de enfermedad y tres muertes en San Luís Potosí, así como brotes en otras partes del país.
La razón por la cual las OMS le prestó tanta atención a la epidemia de influenza es que el análisis realizado por laboratorios canadienses de 18 muestras provenientes de los enfermos de México mostraban que se trata de una variedad desconocida hasta hoy de un virus de influenza altamente letal y contagioso. El tipo de virus detectado, catalogado como influenza A/H1N1, es similar al que ocasionó la más grande y mortífera pandemia (es decir, epidemia ocurrida en varios continentes simultáneamente) en toda la historia de la humanidad: la “influenza española” de 1918, que ocasionó la muerte de alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo.
Con sus 20 millones de habitantes en la ciudad misma y en las áreas conurbadas, hay pocos lugares en el mundo donde una epidemia con este nivel de peligrosidad pueda presentar una amenaza tan grande como en la ciudad de México: los enormes hacinamientos en el transporte público, en los centros comerciales y en diversas actividades y áreas de la ciudad facilitan el contagio y la rápida expansión de una enfermedad como la influenza. Adicionalmente, la ciudad de México es un importante centro de operaciones económicas y de comunicaciones a nivel mundial, y existe un enorme flujo de pasajeros que viaja hacia prácticamente todos los países del mundo.
La preocupación de la OMS fue tal que su directora, Margaret Chan, suspendió repentinamente una visita a los EUA, para regresar al centro de su organización en Ginebra, Suiza.
El mismo día 24, los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades de los EUA (www.cdc.gov) secundaron casi simultáneamente la ingente preocupación de la OMS. Asimismo, aclararon que se trata de un virus altamente transmisible de un humano a otro.
Es posible que el brote de esta peligrosísima cepa de la influenza A/H1N1 se haya originado en México. La mutación que dio origen a esta cepa, por supuesto, es un hecho biológico del cual no se debe culpar a nadie. Hay, sin embargo, varios aspectos muy preocupantes en lo que respecta a la conducta y a la política del gobierno mexicano.
Primero que nada, según el comunicado de la OMS, los casos de enfermedad tipo influenza comenzaron a ser reportados en el Distrito Federal desde el 18 de marzo. La epidemia tuvo que llegar a más de 800 casos, muchos de ellos pacientes hospitalizados, y a producir 59 muertes, para que las autoridades comenzaran a reaccionar y a alertar a la población.
De acuerdo a una denuncia publicada en el diario El universal el sábado 25 de abril por médicos residentes en hospitales de la Secretaría de Salud en el DF, hacía semanas que se sabía que venían muriendo dos y tres personas diarias a causa de enfermedad tipo influenza, y ya se habían presentado casos de personal de salud que había quedado contagiado (con por lo menos dos personas trabajadoras de salud muertas a consecuencia de este contagio). Por parte de las autoridades hubo amenazas de represalias contra cualquier médico residente que hablara con los medios sobre la gravedad de la situación que se estaba presentando en los hospitales.
Además de la torpeza médica y sanitaria mostrada por las autoridades ante el avance de la epidemia, ¿cómo es posible que en México no se cuente con la tecnología necesaria para analizar las muestras, y detectar las características genéticas de las cepas de virus de influenza?
El hecho es que el análisis tuvo que ser realizado en EUA y en Canadá. Esto significa que en varias ramas de la investigación científica, al igual que sucede en tantos otros campos (como es el caso de varios productos agrícolas fundamentales y de la tecnología petrolera) el gobierno mexicano ha abandonado la política de autosuficiencia, y se encuentra totalmente a merced de los EUA y de otros países del llamado “primer mundo”.
Durante la segunda mitad del siglo veinte, México estuvo en la vanguardia del mundo semiindustrializado en varias ramas de la investigación científica. Hoy, la ciencia mexicana ha quedado muy atrás ante el avance de países como Brasil y la India. Bien por Brasil, y bien por la India, y no digamos China; pero sólo podemos imaginarnos la estrechez de criterio y la mediocridad de la visión de los gobiernos mexicanos que han descuidado el avance científico en nuestro país.
La respuesta al brote ha sido tardía y precipitada. Peor aún, ante los hechos anteriormente presentados, es imposible despejar la impresión que fueron la OMS, Canadá y los EUA quienes presionaron al gobierno de México a admitir la gravedad de la situación y a declarar las medidas de emergencia.
En segundo lugar, y no menos importante, está la temible vulnerabilidad de la ciudad de México. Esta ciudad es heredera de un rasgo de rezago y falta de planeación, que arrastra desde el virreinato: la llamada macrocefalia política y económica, en la que en una sola ciudad se concentran tanto el poder político como el económico.
Ninguno de los partidos registrados ha presentado una propuesta para superar este problema, y ningún funcionario electo ha presentado siquiera una visión, ni mucho menos ha tenido la voluntad, de emprender el tipo de desarrollo distribuido en las treinta y dos entidades federativas, que es el tipo de desarrollo que el país necesita.
La ciudad de México, uno de los grandes centros económicos, culturales y de población que hay en el mundo, es también una ciudad profundamente vulnerable. La destrucción sembrada por el sismo de septiembre de 1985; la escasez de agua en muchas zonas conurbadas y de la ciudad misma; los desesperantes congestionamientos y la ineficiencia del transporte, son sólo algunos de los síntomas de la disfuncionalidad que padecemos. A todo ello, hoy se suma la epidemia de influenza.
La ciudad es cada día menos funcional desde el punto de vista de sus habitantes; sin embargo, representa una oportunidad extraordinaria para los mil millonarios que continúan acumulando riquezas sin importar los desastres que su sistema económico ha venido sembrando.
Hoy, la ciudad y el país entero reclaman que a la brevedad se comiencen a dar los pasos hacia un modelo de desarrollo planificado, que es el único que puedo resolver los ingentes problemas de la crisis urbana de la ciudad de México. Dicha planificación deberá hacer posible, además del desarrollo equitativo de las 32 entidades federativas, soluciones como el transporte colectivo, y la protección de áreas naturales, mismas que el desarrollo caótico ha venido destruyendo de manera irracional.

H1N1: Estado de Excepción y Elecciones

Asimetrías

H1N1: Estado de Excepción y Elecciones

Por Fausto Fernández Ponte

“La campaña contra el H1N1 es una estrategiatipo “think tank”, que sólo se usa cuando quieren tener al pueblo enun sopor hipnótico”.
-Ivonne Marín.-
I
La administración de la crisis de salud representada por el brote epidémico atípico del virus de la influenza porcina ­o H1N1­ pare ceacusar todas las características de un Estado de Excepción empleando metodologías de control social mediante el terror.
Señálese que en un Estado de Excepción se permite todo, incluso cancelar procesos constitucionales normales como las elecciones,concentraciones de obreros o campesinos, etcétera, justificado desde la lógica del poder político y sus aparatos burocráticos civil ymilitar de carácter coactivo/coercitivo.
En una excepcionalidad así la violencia del Estado se torna inconstreñiblemente metaconstitucional aunque no moral o ética desde una estricta perspectiva jurídica. La justificación es la suma de causales ­una epidemia, por ejemplo --como en México--, que dieron origen al establecimiento de dicha excepcionalidad.
De hecho, el Estado de Excepción ya existe por el decreto presidencial que cancela incluso las garantías y derechos individualesy sociales constitucionales, aun aquellos en proceso de promulgación. Ese Estado de Excepción parece ser el destino de una secuencia de sucedidos no distintos a los de un “coup d´État”.
¿”Coup d´État o golpe de Estado? No sería exagerado arribar a esa conclusión. Para los estudiosos de la filosofía, la historia, el derecho y otras ciencias políticas y sociales y de la realidad con métodos científicos --como los del historicismo y el materialismo dialèctico y el histórico-- esa conclusión lógica sería inevitable. Y es que esa situación de excepcionalidad ha sido decretada apresuradamente por fiat del titular de la rama ejecutiva (de vena ideológica conservadora y, ergo, oscurantista que se opone a la enseñanza de filosofía y la historia en el sistema educativo) mediante uso de técnicas de control social. Y una de esas técnicas es la difusión masiva y repetitiva premeditadamente alarmista de mensajes orientados a crear psicosis e histeria y, de esa guisa, temores rayanos en terror para paralizar al a población y las iniciativas ciudadanas para protestar por la crisis y superarla e incluso actividades productivas.
En síntesis, la ecuación tiene secuencia dialéctica propia: una campaña de terror sustentada sobre un peligro ­brotes atípicos de una potencial epidemia vírica-- cuyo verismo y alcance se exageran, para inducir conductas colectivas predecibles y conformar, así, un prototipo de conformismo y pensamiento único de la sociedad.
II
Trataríase, según piénsase en ciertos cenáculos de la intelectualidad y la academia y entre ciudadanos suspicaces y avisados, que el peligro “excepcional” que corremos presuntamente los mexicanos justificarían incluso posponer o, de plano, cancelar los comicios convocados para realizarse el 5 de julio próximo.
Ello, si cierto demostradamente, despide un tufillo hediondo a“coup d¨État” para que los personeros panistas del poder político del Estado puedan lograr su implícitamente declarado propósito de establecer un Estado Policiaco o Totalitario bajo modalidades legales,como lo confirmarían las iniciativas de ley calderonistas.
Esas iniciativas de ley, como sabríalo el leyente informado,fueron propuestas al Senado de la República por el Presidente deFacto, Felipe Calderón, para legalizar el proceso ocurrente de militarización del país --la cual es flagrantemente inconstitucional­ so pretexto de combatir al narcotráfico.
Parece diseñada con el propósito de inhibir las interacciones y las iniciativas societales en virtualmente todos los ámbitos del quehacer, incluyendo aquellos de protesta social de la ya político-reivindicatoria y económico-productivo.
La cara leyente Marín, citada en el epígrafe de ésta entrega,reflejaría bien, a nuestro ver, el sentir y el perspicaz parecer de no pocos mexicanos y de otras mujeres y hombres en países acerca del brote atípico del virus de influenza porcina, conocido mejor como H1N1.
Y la colega Flor Berenguer, en un texto de su autoría muy informado, escribe:
“Las posibilidades reales de contraer influenza son mínimas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud; la alerta para México es (de) tipo 3 (…) no hay evidencias que la enfermedad animal se traslade masivamente sin contacto directo a la población, con muy poca transmisión del virus de persona a persona”.
La cara leyente Yeidckol Polenvsky, Senadora de la República porel PRD, afirma: “Existe temor (de) que el gobierno esté manipulando la magnitud real del brote epidémico con fines electorales y para desviar la atención pública de la crisis económica, el descontento social y de la intención de militarizar al país”.
III
Ciertos leyentes, empero, como Régulo León-Arteta, tienen otro parecer: “Hoy pudieran haberse salvado muchas vidas si desde antes de la revista que realizó (Barack) Obama a su gabinete mexicano se hubiese dado la voz de alarma, ¡ya!”.
El caro leyente Andrés Ruiz Furlong, en su turno, escribe: “Aún comprobada, la “epidemia” , el actual desgobierno no puede eludir su responsabilidad”. Dice que tanto el secretario de despacho de Salud del Presidente de Facto Calderón como el gobernador Enrique Peña Nieto “son muy ojones para ser palomas”.
Pero, ¿qué hay realmente detrás del telón de fondo y los móvilesveros de los operadores de la tramoya? ¿Por qué éste juego al parecer frenético y sospechoso de manipulación oportunista de los personeros panistas del poder político del Estado cuyo efecto es una psicosis colectiva y una histeria social aguda?
Para empezar, ausente o minimizado, si no es que deliberadamente omitido, es el discernimiento objetivo (por lo que toca a los personeros panistas del poder político del Estado) del fenómeno del desarrollo epidémico atípico del virus H1N1, seguido de una reacción exacerbada diseñada con fines de control social.
Esas interrogantes carecen de respuestas objetivas, pero susubjetivismo tiene raigones hondos en la psique colectiva de amplios estratos de la sociedad mexicana, a partir de un hecho que sí ofrece el atributo de la objetividad: la carencia de credibilidad del poder político panista-priísta-perredista en general del Estado.
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Fiat: decreto. Órdenes tajantes e indiscutidas. Decisiones imperiales.
Raigones: raíces.

Obispos, contra FeCal

La Iglesia católica rechaza la iniciativa de “reformas” a la Ley de Seguridad Nacional que envió al Senado el espurio Felipe Calderón / Los prelados de todo el país subrayan que la violencia NO es la solución a los problemas de México / El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y defensores de las garantías fundamentales se suman al repudio
MEXICO, D.F., 23 de abril (APRO/LA JORNADA).- La Iglesia católica se pronunció hoy en contra de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que envió al Senado el presidente Felipe Calderón, en particular la parte que tienen que ver con la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.En el marco de la 87 Asamblea plenaria, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos del país subrayaron que la violencia no es la solución a los problemas del país.En conferencia de prensa, Teodoro Enrique Pino, obispo de Huajuapan, afirmó que “el camino de la violencia genera más violencia” y dijo que “legitimar la presencia del Ejército mexicano, sólo se trata de una respuesta emergente a un problema desbordado”.Añadió que, “ante una situación de emergencia, se dan ese tipo de respuestas”, y afirmó que la Iglesia Católica “no está de acuerdo en un camino de violencia, venga de donde venga”.A una semana de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, Calderón envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y establecer una especie de “estado de excepción”, que blinda los operativos del Ejército en actividades policíacas.
En su iniciativa, FeCal plantea la creación de una figura denominada “declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, con la que se justifica la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.Asimismo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, defensores de las garantías fundamentales y representantes de la jerarquía católica se manifestaron en contra de las iniciativas de ley que Felipe Calderón envió al Senado de la República con las que propone modificar la Ley de Seguridad Nacional -que buscan, entre otras, legalizar la presencia del ejército en labores de seguridad pública— debido a que crean condiciones de que se vulneren los derechos de la ciudadanía.Integrantes de ONG consideraron que las iniciativas contravienen acuerdos internacionales de Derechos Humanos que México está obligado a cumplir y la propia constitución; además de que se corre el riesgo de que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúen en la impunidad. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, subrayó que las acciones militares que desde el inicio del sexenio emprendió el gobierno espurio en contra del Crimen Organizado “significan la renuncia de Calderón a consolidar soluciones civiles a los problemas internos, las autoridades civiles son las únicas que tienen cabida en un marco democrático”.Consideró que las iniciativas calderonistas son preocupantes porque podría aumentar el número de violaciones a Derechos Humanos por parte de elementos castrenses. Agregó que las acciones militares en seguridad pública sólo tienen como prioridad “ser vistosas más no efectivas”, además de que son “ilegales” porque corresponden a cuerpos policiacos y ministerios públicos.El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, subrayó que las iniciativas de Calderón “contravienen abiertamente la Constitución y el Derecho Internacional en materia de garantías fundamentales. En situaciones de excepción cabe la posibilidad de suspender garantías ciudadanas, siempre bajo una serie de reglas; sin embargo, (las propuestas) denota la suspensión de derechos sin argumentos, lo que deviene en acciones anticonstitucionales”.Las iniciativas, consideró, “en el fondo se basan en un planteamiento totalmente autoritario de la política en materia de seguridad”, pues en diversas ocasiones, incluida la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal, el gobierno aseguró que la presencia del Ejército en las calles era temporal y paulatinamente retornaría a sus cuarteles. Sin embargo, ahora Calderón “quiere convertir en ley la labor del ejército en tareas de seguridad pública”.Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, que la aprobación de esas iniciativas traería consecuencias negativas para el respeto de las garantías fundamentales; por lo que urgió a legisladores y sociedad en su conjunto a no permitir que se trastoquen las leyes.Al respecto, el titular de la CDHDF consideró que legalizar el uso del ejército contra el narcotráfico podría crear condiciones para la violación de los derechos humanos, sobre todo en lo que a abusos por parte del ejército se refiere.