¡Viva la muerte!

Felipe Calderón, la MIERDA que usurpa Los Pillos.

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 6 de junio (apro).- La conmemoración en México del Día de la Libertad de Expresión, este martes 7, tiene el sello de la infamia: Intimidación, censura, acoso, represión y desaparición contra centenares de periodistas, 38 de los cuales han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, ocho más de los que acumuló Vicente Fox en todo su sexenio.

En una década, la que lleva el Partido Acción Nacional (PAN) en el ejercicio de gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 68 asesinatos de periodistas, 13 desapariciones y 21 atentados a instalaciones de medios de comunicación, crímenes que en su mayoría están en la impunidad.

Pero estas cifras de vergüenza para los mexicanos, que coloca a nuestro país como el más peligroso del hemisferio y el segundo del planeta para el ejercicio periodístico --por lo que se mide la vigencia de la libertad de expresión--, le inspiran al gobierno de Calderón exactamente lo mismo que los cerca de 40 mil muertos en su “guerra” contra un sector del narcotráfico: Desprecio.

No puede entenderse de otra manera la indolencia oficial para articular acciones de prevención y castigo a las sistemáticas y crecientes agresiones contra periodistas y medios de comunicación, que no sólo provienen de los criminales, a los que el Estado está obligado a combatir, sino de las propias estructuras gubernamentales.

Hay que aclararlo: Las acechanzas contra la libertad de expresión de los periodistas, que lesionan no sólo este derecho de los periodistas, sino en lo fundamental el derecho de la sociedad a la información, no provienen sólo del Ejecutivo federal en la esfera oficial, sino de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado.

Y vale precisar, también, que las acometidas no son sólo burdas, como la violencia física de policías o las amenazas al estilo del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sino sutiles y maliciosas, como el condicionamiento de la publicidad gubernamental a medios de comunicación, un modelo que ya se ha arraigado en todos los niveles de gobierno de todos los signos políticos.

Así, en la misma medida que crece la escalada de violencia contra periodistas y medios de comunicación –los independientes, por supuesto, cada vez más escasos--, aumenta también el vilipendio y la negligencia gubernamentales, que son literalmente criminales porque la impunidad alienta las agresiones.

Una prueba fehaciente de esta inaceptable conducta es la implementación del programa de protección a periodistas, al que el gobierno de Calderón se comprometió el 2 de noviembre de 2010 y que, si de por sí observaba graves omisiones, la publicación de su reglamento de operación se ha retrasado por lo menos cinco meses.

Aun si ser la panacea para prevenir y sancionar la violencia contra periodistas, porque además –como ya es común en el gobierno-- ha desoído las propuestas de las organizaciones gremiales, este plan gubernamental implicaba por lo menos una pálida muestra de voluntad política para proteger mínimamente, desde el poder público, la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

De manera que lo que puede anticiparse, entonces, es que la violencia física y sicológica contra los periodistas continuará y malamente, gracias a la impunidad, se seguirán cegando vidas de éstos.

Por eso, además del reguero de cadáveres derivados de su “guerra” por su fanatismo policiaco-militarista, el desdén de Calderón por el periodismo independiente y la libertad de expresión evoca al general franquista José Millán-Astray quien, para atacar al escritor Miguel de Unamuno, exclamó: “¡Viva la Muerte!”

Apuntes

El clan Hank es en México emblema del hampa, mezcla de política, crimen e impunidad, sin las cuales el humilde profesor rural Carlos Hank González, el patriarca fallecido, no hubiese podido acumular la fortuna de que goza su descendencia. Jorge Hank Rhon, el magnate de Tijuana, habrá de pasar unos años encarcelado, pero el caso apesta. La captura cimbró al PRI, no sólo en el Estado de México, donde el desplome del candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena --conocido en El Yunque con el seudónimo de Tito--, ya estaba en el dígito, y en la carrera hacia el 2012 --con el dócil Ernesto Cordero--, sino en Baja California, donde los priistas ya no tienen candidato y los panistas sí: Francisco Blake, el secretario de Gobernación, que más parece “parejita” del policía García Luna. Ya se sabe: Calderón es muy inepto para conducir el gobierno, pero carece de escrúpulos...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

¡La hicieron!

Luis Urzúa, de 54 años, topógrafo y jefe de turno, emergió a la superficie a las 21:54 horas en el reloj chileno. Fue el último en ser rescatado de la mina de San José tras el derrumbe del 5 de agosto, en el que quedó atrapado junto con 32 compañeros a 622 metros de profundidad. Urzúa se convirtió en el líder natural del grupo por sus 31 años de experiencia. En las primeras semanas de la tragedia organizó a sus hombres y logró que comieran sólo dos cucharadas de atún cada 48 horas, cuando aún no tenían contacto con la superficie. El presidente Sebastián Piñera le dio un fuerte abrazo y le dijo que fue un buen jefe. El trabajador manifestó al mandatario que ojalá no vuelva a ocurrir una situación similar.

Rescate, contrastes y devastación

Editorial de La Jornada

Más de dos meses después del derrumbe en el yacimiento de San José, en el norte de Chile, dieron inicio las operaciones finales de salvamento de los 33 mineros que se encuentran a más de 600 metros de profundidad como consecuencia de ese siniestro. Es inevitable contrastar las maniobras mencionadas, en las que participan las autoridades chilenas y compañías mineras nacionales e internacionales, con la indolencia, rayana en lo criminal, que mostraron en su momento el gobierno y los empresarios mineros en México tras el accidente registrado en la mina Pasta de Conchos, de Coahuila. Cabe recordar que, en los días y meses posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las pésimas y peligrosas condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal: Grupo Minero México y su propietario y presidente, Germán Larrea Mota-Velasco. Paralelamente, la presidencia foxista emprendió una campaña de hostilidad y persecución contra la dirigencia sindical que criticó las omisiones y negligencias de la compañía.

El gobierno chileno no podría ser calificado como hostil a los intereses de los empresarios –todo lo contrario– y las compañías mineras en Chile no son menos depredadoras que sus contrapartes en otros países, incluyendo México; sin embargo, la conducta de ambos sectores da cuenta de un mínimo sentido de responsabilidad y de respeto a la vida humana, elementos que, por desgracia, estuvieron ausentes en el episodio de hace cuatro años en nuestro país.

El comportamiento empresarial y gubernamental en Chile tiene aspectos positivos, pero exhibe también una indignante insensibilidad mostrada hacia la situación de los 300 sobrevivientes del accidente del pasado 6 de agosto, quienes se quedaron sin trabajo y hoy reclaman, sin la atención de los reflectores mediáticos, el pago de sus salarios atrasados. Por elementales razones de congruencia, la operación de salvamento de los 33 mineros atrapados debiera ser acompañada con las indemnizaciones correspondientes de todos los trabajadores afectados, dentro y fuera del socavón.

No obstante, resulta reprobable el afán de lucro político y económico con que el gobierno de Piñera y los medios de comunicación nacionales e internacionales han aprovechado el accidente en semanas recientes: mientras que el primero utiliza el rescate como escaparate político, los segundos se han encargado de convertir la difícil situación de los mineros atrapados en un circo mediático, cuya motivación última no es precisamente el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino la generación de oportunidades de negocio y el incremento de audiencias. La conversión en reality show de una circunstancia trágica en la que han estado en peligro tres decenas de vidas humanas, así como la transformación del sufrimiento y el riesgo en un producto de entretenimiento y promoción de imagen política son, por donde se les vea, una inmoralidad.

Los accidentes como el ocurrido en San José son frecuentes y hasta abundantes en el mundo, y suelen terminar con pérdidas de vidas. La comunidad internacional debe emprender una revisión a fondo de las consecuencias nefastas y devastadoras de la minería en términos ambientales y sociales, y atender las condiciones de precariedad, inseguridad y explotación en que viven los mineros en casi todo el mundo. Hoy día, la extracción de minerales configura uno de los contrastes más perversos de la economía global, pues no sólo produce enormes márgenes de ganancia para los conglomerados trasnacionales que la practican, sino también vastas cuotas de sufrimiento humano y destrucción comunitaria y ecológica. Los ejemplos abundan: desde los episodios de mineros accidentados en México y Chile hasta los recolectores de diamantes en territorio africano, pasando por los estañeros de Bolivia, los legendarios extractores de carbón de la cuenca minera de Asturias y los trabajadores de los yacimientos en China, donde los derrumbes, las explosiones y las inundaciones en minas cobran vidas humanas con una frecuencia inaceptable, en accidentes que podrían evitarse si se exigiera a las corporaciones mineras mayores inversiones en seguridad.

En suma, los gobiernos del mundo debieran tomar el episodio comentado como ejemplo, y consagrarse a regular en forma rigurosa a las firmas que operan en ese sector económico, ciertamente indispensable, a efecto de reducir su peligrosidad y su escandalosa capacidad de destrucción humana, social y ambiental.

Jóvenes sin trabajo, sin escuela

Miguel Angel Granados Chapa
ma@granadoschapa.com

Como cada año, los jóvenes que no fueron aceptados en la Universidad Nacional y el Politécnico organizaron movimientos de protesta, junto con los aspirantes a ingresar al bachillerato y otras modalidades de la enseñanza media superior. Esta vez buscaron que su protesta fuera oída mediante una huelga de hambre practicada durante la semana pasada por 54 estudiantes y un padre de familia.

En las primeras horas del sábado 15 autoridades educativas convinieron con los excluidos modalidades para que no queden en esa situación: mediante becas de 950 pesos estudiarán en planteles particulares el primer semestre, al cabo del cual si su promedio lo amerita, ocuparán los lugares que deje vacantes la deserción temprana. Otros serán atendidos de inmediato en el sistema de universidad abierta, igualmente con miras a incorporarse al sistema presencial.Así se resolvió en el Distrito Federal la movilización de los excluidos, no aceptados o rechazados (expresión esta última eliminada del lenguaje políticamente correcto) Pero situaciones semejantes están planteadas en prácticamente todas las entidades del país, pues el sistema preuniversitario y de enseñanza superior puede recibir un número mucho menor que el de los demandantes. En total, unos 250,000 aspirantes a las licenciaturas y 80,000 en el nivel de preparatoria o equivalemte se quedaron este año sin lugar. Esas cifras, con toda su gravedad, son parte de un fenómeno de mayor amplitud y profundidad. Siete millones de jóvenes, dijo el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM el jueves pasado, al abrir el curso 2009-20010, la quinta parte del total de quienes tienen entre 12 y 29 años de edad, no estudian ni trabajan. Carecen de empleo y de escuela, es decir, no tienen horizontes.El rector Narro habló ante los seres humanos privilegiados que hallaron acomodo en la UNAM. Este año la población de esa casa de estudios se enriqueció con 85,000 alumnos: más de 34,000 ingresaron al bachillerato, más de 41,000 escogieron una de las 82 licenciaturas que ofrece esa magna institución; 10,000 cursan los 83 programas de maestría ý doctorado y los 33 de especialización que ofrece la Universidad Nacional. Sólo uno de cada seis solicitantes pudo ingresar en ella, hizo notar el rector Narro Robles, proporción semejante al universo de quienes acuden a la enseñanza superior en todo el país, que son sólo el 27% de quienes están en edad de hacerlo.Quienes no alcanzan lugar en las aulas tampoco encuentran empleo. Cada año millón y medio de nuevos aspirantes a trabajar se incorporan al mercado laboral. Cada vez en menor medida es posible que encuentren plaza en él, ni siquiera en ocupaciones por debajo de su nivel de capacitación. Para justificar su lema de campaña, según el cual sería el Presidente del empleo, Felipe Calderón instauró el programa de primer empleo, un mecanismo de auspicio mediante subsidio a los empleadores que aumentaran su plantilla de personas con jóvenes. Ha tenido un desarrollo muy por debajo de las expectativas que creó, pues se empantanó en la burocracia, al grado de que administrarlo cuesta más que el monto que entraña dispensar de la cuota patronal a quienes ofrezcan empleo de jóvenes novatos.A pesar de que en las cuatro últimas décadas se ha abierto considerablemente el universo de la enseñanza media superior y la educación de nivel universitario, el aumento de la población en edad de acudir a las instituciones respectivas inmediatamente sobrepasa sus posibilidades.— México, D.F.

ma@granadoschapa.com , porque sus magros presupuestos no les permiten acrecentar su cupo en la medida de la demanda. Y lo mismo, o más grave aun ocurre en el ámbito del empleo. La falta de crecimiento económico padecida por la sociedad mexicana durante los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, empeorada por el decrecimiento de los meses recientes desemplea a miles de personas e impide que un número todavía mayor obtenga el trabajo y el salario que las dignifique y les permita subvenir a sus necesidades.Aturdido el gobierno, y pasmada la sociedad ante la caída de los horizontes juveniles, sólo asisten impasibles ante el horrendo espectáculo de generaciones enteras perdidas. No somos capaces de responder a preguntas como las que planteó el doctor Alfonso Ramón Bagur, director del Fondo mexicano para la educación y el desarrollo, en el número de Este país de abril pasado, con que esa revista celebró su propia mayoría de edad: “¿Tenemos conciencia de la importancia de los jóvenes o apenas los vemos y los atendemos, esperando que no den lata y estén tranquilos? ¿Qué se legisla para ellos? ¿Quién les busca trabajo? ¿Quién les proporciona cultura y sentido de nación? ¿Quién los cuida para que sean mejores? ¿Qué políticas de estado se están implementando para atender a esa población de la que depende el futuro de México? ¿Qué está haciendo el sistema educativo mexicano para mejorar la educación de los jóvenes? ¿Qué pasos se están dando ahora para atender a los cerca de 18 millones de niños que en 15 años más serán los jóvenes del país y que calificarán a sus gobernantes, padres e instituciones?”.Habrá quien se contente con salir del paso y arreglar la protesta de los centenares de excluidos que la concluyeron una vez que resolvieron su problema inmediato. Pero si no se traza y practica una política para la juventud, todos pagaremos el costo de nuestra indolencia.