AMLO, Torreón, Coahuila 10 abril 2012

AMLO, Torreón, Coahuila 10 abril 2012

Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras

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Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional.

Érika Ramírez

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.

Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.

El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/

).

La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.

Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.

Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.

Las cifras

Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.

Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.

Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.

Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.

Trasnacionales en México

Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.

El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.

En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).

Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.

El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.

Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.

En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.

“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.

“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”

La Auditoría Superior y la Constitución

En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”

López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.

La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.

El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.

Violaciones a los DH

Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.

El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.

Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”

Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Coahuila: mineros en calidad de servidumbre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.

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Mina a cielo abierto Real de Ángeles, en Mexicali, Baja California, de la cual se extrae oro y plata.

Angélica Enciso L.

Destrucción de flora y fauna, uso intensivo de agua, producción de toneladas de residuos peligrosos y daños a comunidades por la contaminación de aire y suelo, así como acústica, son consecuencias de la minería a cielo abierto y la megaminería subterránea que se extiende en territorio nacional.
En gran parte del país, pero sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco, "la actividad minera ha generado por décadas gran cantidad de desechos" y contaminación, señala el Instituto Nacional de Ecología en el estudio Tecnología de remediación para sitios contaminados.
Apunta que, en general, todas las etapas de un proceso minero, con excepción de la prospección (estudios preliminares), causan problemas...

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Gana más Calderón que el rey de España

Deben autoridades vigilar la compra del voto: AMLO

En Nacajuca, Tabasco, el precandidato del Movimiento Progresista pidió a los magistrados y consejeros electorales verificar que recursos públicos, estatales particularmente, no se utilicen para favorecer a los candidatos.

Nacajuca, Tab. Andrés Manuel López recomendó a magistrados y consejeros electorales vigilar de manera permanente que los recursos públicos, particularmente de los gobiernos estatales, no se utilicen para comprar el voto.

También, que haya equidad en los medios de comunicación, en lo cual -reconoció- "ya se está avanzando porque los mismos medios están actuando con responsabilidad, nos están dando espacio a todos".

En entrevista, al término del primero de cuatro mítines que hoy llevará a cabo en su estado natal, señaló que los comicios en el estado de México, Michoacán, Coahuila "y etcétera, etcétera, etcétera" son ejemplo "de lo que no se debe hacer".

El precandidato presidencial del Movimiento Progresista indicó que esa vigilancia debe ser permanente, después de que "en las pasadas elecciones se reunían gobernadores y hacían una bolsa de dinero para financiar una campaña en favor del candidato de su partido con el plan de comprar votos. Llegaban con maletines llenos de dinero", recordó.

Como también, dijo, de los gobiernos estatales "se destinan" recursos para "comprar conciencias, lealtades, el voto" y "luego se dejan endeudados a los estados".

O como ocurrió "en el estado más cercano al Distrito Federal, (donde) dieron tarjetas con dinero a cambio de los votos". Y en Morelia, Michoacán, continuó, "lo mismo, lo mismo".

Así que "más que estar alegando qué está prohibido y qué está permitido" en las precampañas, "lo que tiene que cuidar la autoridad electoral es que no se compre el voto, que no se suplante la voluntad, el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a su autoridad; que no se trafique con la pobreza de la gente, que no compren los votos".

Por eso, "diría a nuestros adversarios que se pongan a hacer campaña, visiten los pueblos. A ellos les desconcierta mucho que se permita estar en plazas públicas, porque están acostumbrados a los espots de televisión y al chicharito para que puedan responder cuando les hacen preguntas".

López Obrador fue interrogado sobre la anulación de los comicios en Morelia. "Que se lleve a cabo de nuevo la elección, y que se procure que sea limpia, que no se caiga en lo mismo (graves irregularidades)... Hay que respetar la decisión que ya se tomó".

No quiso opinar si deben anularse como consecuencia los comicios de Michoacán. "Vamos a esperar lo que resuelva la autoridad, no quiero estar peleando en lo electoral", aseguró.

Después de Nacajuca estuvo en Jalpa de Méndez, donde llamó a "hacer el esfuerzo de unidad para que salga adelante nuestro movimiento".

Se dirige a Cunduacán y en Huimanguillo, concluye.

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• Otros están acostumbrados a no despeinarse y viajar en aviones privados, sostuvo en Tabasco

AMLO: me siento como pez en el agua en los mítines; no me inquieta la amenaza del PAN

En Teapa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador habló ante cientos de simpatizantes. En el día también visitó Frontera, Jalapa y TacotalpaFoto Carlos Ramos Mamahua

Centla, Tab., 28 de diciembre. Me siento como pez en el agua con los mítines públicos que se permiten en la precampaña y me siento tranquilo –frente a la amenaza del Partido Acción Nacional (PAN) de interponer una queja en su contra por actos anticipados de campaña–, señaló Andrés Manuel López Obrador. Que hagan lo que ellos quieran porque nosotros estamos tranquilos, trabajando, manifestó en entrevista, en la cual reiteró que de su parte no habrá ninguna impugnación contra el resolutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) que prohíbe a los precandidatos únicos aparecer en los promocionales de los partidos que los postulen.

En el histórico puerto Frontera de este municipio, el precandidato aseguró que no violenta la ley, luego que el IFE definió que en las precampañas está permitido realizar mítines en plazas públicas, con ciudadanos en general, el tema que justamente motiva a los panistas a presentar su queja.

Nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, acuden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque “están acostumbrados a andar en helicópteros, en aviones privados, a hacer actos como éste, pero en lugares cerrados y con aire acondicionado, no se despeinan.

Entonces a ellos no les ajustan las cosas, pero nosotros estamos para hacer campaña o precampaña a ras de tierra. Por eso estamos bien, no queremos ya ningún tipo de impugnación (ante el TEPJF), reiteró.

Desde temprana hora, en el estadio de béisbol del puerto, tras pronunciar un discurso ante centenares de personas, incluidos priístas –según explicó el propio precandidato desde el templete, cuyo fondo fue una gran manta con su imagen y el eslogan El cambio verdadero está por venir–, subrayó que se ajustará al marco legal, aunque la ley no está muy apropiada... no es del todo explicable, pues contempla que ahora estamos en precampaña, pero el 15 de febrero inicia un receso de 45 días, y luego arrancan las campañas.

Confiado y sonriente, el aspirante presidencial de la coalición Movimiento Progresista –que integran los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciuda- dano– dijo que está listo para continuar con sus giras. Este jueves concluye la etapa de recorrido por su estado natal en Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán y Huimanguillo. El 4 y 5 de enero estará en Morelos, al día siguiente en Quintana Roo. El 7 y 8 en Yucatán. El 9 en Campeche y así vamos a recorrer todo el país.

Siempre cuidadoso de no incurrir en ningún acto anticipado de campaña, hasta aclaró en Jalapa –el último punto del recorrido del miércoles– que Arturo Núñez, orador que lo antecede en los discursos, es el mejor posicionado en las encuestas de la izquierda para ser, cuando la ley lo permita, candidato al gobierno de Tabasco. No es precandidato, eh, no me vayan a acusar de actos anticipados de campaña.

Y bajo esos términos se hace la presentación de Núñez Jiménez en los templetes, quien ayer habló del abandono en que se encuentra su estado, frente a mantas que decían Tabasco, gobierno corrupto.

López Obrador en su primer discurso del día señaló que sus adversarios lo acusan de muchas cosas para infundir miedo y descalificarlo, al grado de tacharlo de terco, amargado o utilizar tomas que den la impresión a la gente de que soy furioso, pero no odio a nadie, no soy un amargado, soy muy feliz en mi vida.

También dicen que me parezco a no sé quien, pero yo no tengo por qué buscar ejemplo fuera del país. No tengo nada que ver con Hugo Chávez aclaró luego en entrevista. Esto lo usaron mucho para afectarme en 2006, (pero) quiero que quede claro: yo me inspiro en nuestros héroes nacionales: (Miguel) Hidalgo, (José María) Morelos, (Benito) Juárez, (Francisco) Villa, (Emiliano) Zapata, (Francisco I.) Madero, el general Lázaro Cárdenas.

De igual manera apuntó: no vamos a quitarle al rico para darle al pobre, como se malinterpretó de manera tendenciosa en la pasada contienda presidencial, por el eslogan Por el bien de todos, primero los pobres. Lo que proponemos, sostuvo, es que el presupuesto se distribuya con justicia.

Porque yo, apuntó por la tarde en Tacotalpa –el mitin más concurrido del día, con la asistencia de miles de simpatizantes y militantes de izquierda– tengo tres principios: no robar, no mentir, no traicionar. Van bien las cosas, tengan confianza, nunca los voy a traicionar. Voy a seguir haciendo de mi vida una línea recta. Mi filosofía es que venimos a la tierra a servir, no a que nos sirvan

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• Molinar: se apelará ante el TEPJF acuerdo del IFE

Por campaña anticipada, AN denunciará a AMLO y a Peña

El PAN informó ayer que apelará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre las acciones que pueden efectuar los aspirantes únicos, y presentará dos quejas por actos anticipados de campaña contra Enrique Peña Nieto, del PRI-Panal-PVEM, y otra contra Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista.

El secretario de acción de gobierno del blanquiazul, Juan Molinar, explicó que por ahora la ley sólo permite la realización de actos de precampaña de precandidatos en competencia interna. En el caso de Peña Nieto, agregó, no puede hacer actos públicos pues ya fue declarado candidato el 17 de diciembre pasado.

En el supuesto de que los haga, como lo ha señalado, incurriría en la realización de actos anticipados de campaña, lo que es una violación grave al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), según el PAN.

Sobre López Obrador, dijo, sólo puede hacer actos de precampaña dirigidos a quien pudiera tener un nivel de intervención directa en la designación o ratificación dentro del partido o coalición que lo postulará como candidato, es decir, un órgano partidista o un determinado sector de la militancia.

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• El proceso del pasado 13 de noviembre fue violentado por el mismo Calderón y el narco

Anular la elección de gobernador, siguiente paso que debe dar el TEPJF, señala el PRD

Juan Molinar Horcasitas, secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, y Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, celebraron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular los comicios en Morelia, MichoacánFoto Notimex y María Meléndrez Parada

El PRD celebró la anulación de la elección en Morelia, pero dijo que el siguiente paso es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declare la nulidad de los comicios en todo Michoacán, dado el cúmulo de irregularidades generadas, que involucraron, por una parte, al propio presidente Felipe Calderón, con recursos federales en favor de su hermana, y por otro, la participación del crimen organizado en apoyo a candidatos del PRI.

Tras conocerse la decisión de la sala regional del TEPJF en Toluca, que declara nulo el proceso del pasado 13 de noviembre para elegir alcalde de Morelia, el sol azteca señaló que si los mismos elementos son considerados para el caso de la gubernatura, es factible que también invalide el proceso para gobernador, como han exigido las dirigencias nacional y estatal del PRD.

El dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, señaló que a pesar del riesgo que conlleva, el partido no guardará silencio ante una elección que incumplió con los márgenes de legalidad y cuyo proceso fue violentado por el mismo Ejecutivo federal, y en la que el narcotráfico fue el que decidió quién sería el siguiente gobernador del estado.

Advirtió que el PRD no va a consentir como partido político ni a nivel de la dirección nacional que Michoacán sea el referente que abra paso a la instauración de un Estado mafioso en 2012, por lo que se mantendrá inamovible en su exigencia para que el proceso del pasado 13 de noviembre sea investigado hasta sus últimas consecuencias y se anule.

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• Condenan senadores de PRI y PRD actitudes de servidores públicos panistas

Investigará el Conapred actos discriminatorios de funcionarios

• Estudiará órgano del PAN la sanción que deberá a aplicar a Carlos Talavera

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) determinó dar inicio a una investigación de oficio derivada de las declaraciones del ex jefe de brigada del programa Oportunidades en Uruapan, Michoacán, Carlos Talavera Leal, quien se expresó de manera denigrante de campesinas beneficiarias de programas sociales, toda vez que a la luz de la ley pueden constituir un presunto acto de discriminación, afirmó Hilda Téllez, directora adjunta de Quejas y Reclamaciones del organismo.

Por separado, Juan Molinar, secretario de acción de gobierno del PAN, informó ayer que la dirigencia partidista iniciará un proceso disciplinario contra el ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Dijo que se integrará un expediente sobre el caso y se presentará ante la Comisión Nacional de Orden del partido, para que ésta determine la sanción que se le puede aplicar.

Resaltó que expresiones como las utilizadas por Talavera no benefician de forma alguna al PAN, y por ello se toman acciones inmediatas.

En entrevista con este diario, la funcionaria del Conapred señaló que las autoridades correspondientes ya fueron notificadas, en este caso, el titular de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Neftalí Salvador Escobedo Zoletto) y de la propia Sedeso (Heriberto Félix Guerra), y que el organismo se encuentra a la espera de su respuesta.

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Se inconforma el PRD por omisión del IFE que favorece al blanquiazul

Como lo había anunciado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso un recurso en contra de la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de denegar las medidas cautelares solicitadas para el retiro de los promocionales de los precandidatos del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo contenido, según el sol azteca, está dirigido a la población abierta y no a la militancia panista, trasgrediendo la legislación electoral.

De igual modo, en el documento, el PRD se queja que el instituto ha dilatado la resolución del fondo del asunto, causando agravio al partido en la medida en que incide en la equidad de la contienda. A juicio del PRD, su recurso ante el IFE debe desahogarse por la vía del procedimiento especial sancionador, que impone un plazo de cinco días para resolver el fondo del asunto, aunque el IFE se ampara en algunos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que indica que ese plazo corre a partir de que la autoridad cuenta con elementos para iniciar la investigación.

En el documento se indica que el 21 de diciembre el PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron, por separado, sendos recursos en contra del contenido de la propaganda de los promocionales de los precandidatos panistas. Al día siguiente, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró improcedentes ambas impugnaciones, sin que hasta ahora el IFE haya resuelto el fondo del recurso.

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El año que termina, el peor del sexenio en derechos humanos: ONG

El año que está por concluir ha sido tal vez el peor del actual sexenio en materia de derechos humanos, puesto que los asesinatos y desapariciones de activistas continuaron, lo que coloca al país en un grave déficit democrático y con un aumento exponencial del número de víctimas de la violencia, advirtieron miembros de organizaciones de defensa de las garantías individuales, en un balance de 2011.

Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, expresó que “este ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando. Sigue habiendo asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas. Ha sido un año brutal y no hay nada que festejar”.

Aunque el gobierno federal ha promovido algunas modificaciones legales en este ámbito, como la reforma constitucional del pasado 10 de junio, hemos visto un aumento exponencial del número de víctimas, y la continuación de prácticas lamentables, como mandar a policías a matar estudiantes. Pensamos que ya tocamos fondo, y siguen ocurriendo barbaridades en todo el país.

Todo ello, dijo Gloria Ramírez, configura un déficit democrático, en donde cada vez queda más clara la ingobernabilidad del país y la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a sus instituciones. Cerramos el año con muchos agravios: el aumento de la impunidad, la pobreza y la desigualdad

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Demandan en la FES Aragón frenar inseguridad

Nezahualcóyotl, Méx., 28 de diciembre. Académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón solicitaron la intervención del gobierno del estado de México para solucionar el problema de inseguridad y venta de droga que afecta a la comunidad de esa institución educativa, ubicada en la zona norte de esta localidad.

Según la denuncia de los profesores de este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que en los alrededores operan 40 negocios disfrazados de comedores que venden bebidas alcohólicas.

Tanto alumnos como trabajadores de la FES, situada entre el fraccionamiento Bosques de Aragón y la colonia Impulsora, sufren constantes robos, tanto a ellos como a sus vehículos que estacionan en las inmediaciones de la escuela.

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• Ayer en la mañana se realizó una reconstrucción de hechos en la Autopista del Sol

Denuncian integrantes de la normal de Ayotzinapa sobornos del gobierno para que abandonen su lucha

• Un funcionario estatal ofreció 100 mil pesos a los padres de los estudiantes muertos, aseguran

Ayer, peritos de la Procuraduría General de la República y elementos de la Policía Federal fueron hasta el lugar del enfrentamiento del 12 de diciembre pasado para tomar evidencias en la escena del crimen. En la imagen, presuntos policías ministeriales durante los hechos donde murieron dos estudiantes normalistasFoto Sebastián Luna

Chilpancingo, Gro., 28 de diciembre. Padres de familia, egresados y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos denunciaron que el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Víctor Aguirre Alcaide, pretende dividir su movimiento al ofrecer hasta 100 mil pesos para que desistan de la lucha en demanda de juicio político contra el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien responsabilizaron nuevamente de la muerte de sus dos compañeros, ocurrida el pasado 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol.

En conferencia de prensa este miércoles, Juan Carlos Mena, profesor egresado de la normal, detalló que el subsecretario (Víctor Aguirre) se acercó a los papás de los dos compañeros estudiantes muertos y les ofreció 100 mil pesos a cada familia; propuso la misma cantidad de dinero a los miembros de la comisión de relaciones exteriores del comité estudiantil de la escuela, para que ya no alborotaran, y les dijo que los esperaba a las 10 de la mañana en sus oficinas.

Agregó que intentaron hacer lo mismo con los dirigentes del Consejo Comunitario Lucio Cabañas Barrientos de Atoyac; el funcionario utilizó el teléfono 744-10-54-939 a nombre de Raymundo de la Vega, quien no existe, para comprar conciencias, pero no le funcionó

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• Los comicios de 2012 podrían alentar la corrupción, advierte el obispo

Con el cambio de gobierno arreciaron las balaceras en Coahuila: Raúl Vera

El obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, señaló que desde el cambio de gobierno en esa entidad, el pasado 1º de diciembre, han arreciado las balaceras en la región.

“No sabemos si es un reacomodo entre cárteles de narcotraficantes, si sólo es manifestarse de manera violenta ante el nuevo gobierno o si es fuego cruzado entre maleantes y las fuerzas armadas, pero cualquiera que sea la lectura, quien pierde siempre es la población”, lamentó.

Por ello, dijo, no se entiende que se haya mantenido una estrategia en la que no se guardan los acuerdos internacionales respecto a las acciones que puedan dañar a la población civil y que las autoridades debían haber previsto.

En entrevista telefónica, el prelado aseguró que si alguien lamenta que no haya habido una estrategia contra el crimen organizado que verdaderamente valga la pena, donde se desmonte el lavado de dinero y se encarcele a quienes lo hacen; se desmonte la corrupción en las estructuras de gobierno y se remueva y se juzgue a quienes están de cómplices, es la población del norte de la República, pues nadie puede negar que Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua han sido entidades afectadas por el clima de inseguridad.

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• Denuncia nueva campaña sucia contra el organismo gremial por tal motivo

Intentan vender Altos Hornos de México a chinos y coreanos antisindicales, afirma líder minero

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros aseguró que el empresario Alonso Ancira lleva a cabo pláticas con empresas coreanas y chinas para venderles Altos Hornos de México, las cuales le han exigido para comprarla que estén sin problemas sindicales, con sindicatos domesticados a la empresa o de plano sin sindicatos.

Indicó que por esta razón este empresario, junto con otros como el dueño de Grupo México, Germán Larrea, llevan a cabo una nueva campaña sucia de infundios contra este sindicato, y difunden que las empresas están supuestamente alarmadas por presuntas acciones de intimidación y amenazas de parte del sindicato minero para afiliar a trabajadores de la maquila en el norte del país.

Esta organización detalló que Alonso Ancira utiliza el membrete de la Alianza Minera Nacional para crear confusión entre los trabajadores y otras empresas respecto de las verdaderas intenciones de esa campaña, pues ese empresario ha estado en pláticas con empresas coreanas y chinas para venderles Altos Hornos de México.

Asimismo, esa campaña esconde la intención inmediata de venderle o entregarle el contrato colectivo de trabajo a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que se ha convertido en una organización de esquiroles y oportunistas que pretenden dominar en el ámbito laboral del sector minero nacional, como lo están intentando con Javier Villarreal en Sonora y con Tereso Medina en Coahuila, según aseguró.

También insistió en que “la CTM hace ya bastante tiempo que abandonó las filas de sindicalismo auténtico con que fue fundada en su origen, y hoy está entregada al servicio de los más recalcitrantes empresarios enemigos de la clase trabajadora y de los políticos panistas que a su vez pretenden la desaparición de todo sindicalismo democrático e independiente.

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México SA

• EU: el cuento de nunca acabar
• Obama, con la soga al cuello
• Más deuda para pagar deuda

Carlos Fernández-Vega

Increíble: el acuerdo interanual que en materia de deuda pública alcanzaron el gobierno de Barack Obama y el Congreso estadunidense se prolongó sólo por unos cuantos meses. Endeudada hasta la coronilla, la Casa Blanca exige autorización para contratar deuda. El mandatario del vecino del norte dijo que solicitará a los legisladores que aprueben elevar el límite de endeudamiento en 1.2 billones de dólares, es decir, lo mismo que cinco meses atrás urgentemente solicitó y le concedieron.

El pasado 2 de agosto, tras una serie de jaloneos y desencuentros entre Obama y los legisladores, el Congreso estadunidense finalmente aprobó un acuerdo definitivo en materia de deuda, con el fin de que el inquilino de la Casa Blanca mantuviera el tren de endeudamiento gubernamental y de paso evitar la moratoria, con sus obvias consecuencias internacionales. Se suponía que tal acuerdo (elevar el límite de tal débito). Por aquellos no lejanos ayeres, el saldo de la deuda pública estadunidense rondaba los 14.5 billones de dólares, y en tan sólo cinco meses la soga al cuello volvió a apretar.

Como en su momento se citó en este espacio, la del gobierno estadunidense es la deuda más elevada del mundo: antes del acuerdo definitivo ascendía a 14.5 billones de dólares, algo así como 14 veces el producto interno bruto mexicano. Concluido el próximo proceso electoral en el vecino del norte, tal débito fácilmente rondará los 17 billones. Las naciones que integran la Unión Europea (cuyos gobiernos, al igual que el de Obama, han cargado la crisis a los más jodidos, sin que éstos, jamás, hayan participado en la toma de decisiones) reportan un débito conjunto ligeramente inferior al estadunidense, con la salvedad que son 27 los Estados comunitarios.

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Dinero

• Gana más Calderón que el rey de España
• Los sucesos que mayor impacto tuvieron en 2011
• Televisa, Telmex, Hank, casino Royale, el moreirazo

Enrique Galván Ochoa

No es raro ver a la reina Sofía de España viajar en Iberia. Los súbditos juzgarían mal que lo hiciera en avión privado, aún más en estos tiempos de crisis. Sin embargo, no se conocía el presupuesto de la Casa Real. Por primera vez en la historia, el rey dio a conocer el presupuesto de que dispone cada año. Percibió en 2011 un total de 292 mil 752 euros por concepto de dotación y gastos de representación. Según las cuentas de la Casa Real, la cantidad asignada al rey como dotación (sueldo) asciende a 140 mil 519 euros; el resto corresponde a gastos de representación. Por su parte, las mujeres de la familia real (la reina, Letizia, la princesa de Asturias, y las infantas) cobraron 375 mil euros en conjunto. Todos los miembros de la familia real están sujetos al pago de todos los impuestos y se les practican las correspondientes retenciones. En total, cerca de 500 personas trabajan para ellos. Si hacemos cuentas, el presidente Felipe Calderón percibe un sueldo mayor al del rey de España: el de éste equivale a 2 millones 537 mil 580 pesos anuales, mientras que el del presidente Calderón excede los 4 millones de pesos. Y ni qué decir de los gastos de representación; los de Calderón prácticamente son ilimitados.

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La judicialización de los procesos electorales

Tras revisar un recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló ayer los comicios para presidente municipal de Morelia, Michoacán, celebrada el pasado 13 de noviembre. El tribunal federal concluyó que el aspirante ganador, el priísta Wilfrido Lázaro Medina, violó las normas que garantizan la equidad entre los participantes en la contienda, al aparecer en televisión durante el cierre de campaña del aspirante de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista a gobernador de la entidad, Fausto Vallejo.

Resulta por lo menos dudosa la afirmación del ex candidato panista a edil de Morelia, Marko Cortés, de que el fallo adoptado ayer por el máximo órgano de justicia electoral blinda la democracia: cabe recordar que ese mismo organismo, que ahora declara inválidos los comicios en Morelia y ordena su reposición, se resistió a hacer otro tanto durante la calificación de la polémica elección presidencial de 2006, a pesar de que sus integrantes admitieron la presencia de irregularidades graves en favor del candidato oficial y reconocieron que el gobierno de Vicente Fox puso en riesgo la validez de esos comicios.

Frente a la falta de consistencia y el doble rasero que se observa en los fallos del tribunal ante circunstancias similares, la decisión adoptada ayer pareciera, más que una muestra de fortaleza democrática, un claro ejemplo de la tendencia actual de partidos y candidatos a llevar al terreno de la disputa judicial decisiones que tendrían que definirse por medio de las urnas. Otras muestras de que se busca judicializar los procesos electorales son los anuncios, formulados ayer por el propio PAN, de que se buscará la anulación de la elección a gobernador en Michoacán, y de que se acudirá a los tribunales para denunciar al precandidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos anticipados de campaña. Semejante tendencia no es positiva para la de por sí menguada credibilidad de las instituciones electorales en general, y del TEPJF en particular; por el contrario, en el caso de este último, la decisión de ayer alimenta una percepción de parcialidad en favor del partido gobernante.

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La legalización del despojo a la nación

Napoleón Gómez Urrutia

La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, por una vía fast track de última hora en el Senado, después de haber sido aceptada en la Cámara de Diputados, es una confirmación más de que el actual gobierno conservador beneficia excesivamente al sector privado, al mismo tiempo que persigue y hostiliza a los trabajadores, a sus líderes y criminaliza sus luchas sociales. Ahora abiertamente protege a los hombres de capital, con cargo directo a los recursos del erario, que son propiedad de todos los mexicanos, los cuales se integran con las contribuciones que la población aporta a la Secretaría de Hacienda, aunadas a los ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. Estos recursos no deben constituirse arbitrariamente en fondos bancarios para la inversión privada, pero es obvio que esto sucede porque la banca está casi por completo en manos extranjeras y éstas no procuran el beneficio nacional, sino sus intereses.

Nuestra estructura fiscal es de las más endebles en el mundo. Si a su debilidad se le agrega ahora este financiamiento indebido al sector privado, ello la acrecentará, porque además el gobierno les regresa gran cantidad de recursos fiscales por el tratamiento especial de que injustamente gozan desde hace años. Es claro que el gobierno con esta ley renuncia de hecho a realizar la obra pública de infraestructura que, incluso en medio de inconsecuencias de criterio, había venido realizando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito variable aunque tangible. El actual gobierno federal demuestra no sólo su predilección por el capital privado, por encima de los intereses sociales de la nación, sino que le ofrece con esta ley inmensos recursos públicos, lo cual sólo significa que no ha realizado obra pública de consideración, sino que ahora les entrega esa función a las empresas que puedan desarrollarla, que seguramente serán las más poderosas, y donde el gobierno otorga garantías a esos proyectos con los propios recursos públicos, incluso en los tropiezos que por incompetencia o corrupción cometan las empresas privadas participantes.

Diversas voces cuestionaron en el Senado la adopción de la Ley de Asociación Público-Privada, y en medios, como La Jornada, que no están dispuestos a dejar pasar en silencio un despojo más a la nación. Casi en secreto logró el gobierno echar adelante esta nueva figura que institucionaliza la corrupción que se ha vuelto práctica común, ahora bajo la cobertura de una ley que el amplio espectro de la sociedad no pudo conocer y mucho menos revisar. Todo quedó tras la oscuridad y los arreglos entre bancadas legislativas.

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Otro modo de votar

Guillermo Almeyra

Según el sistema heredado de los gobiernos del PRI, México vive en un proceso electoral permanente, pues las elecciones en los estados o en el DF, los procesos de renovación parlamentaria y los comicios para elegir presidente de la República no son simultáneos, sino se escalonan para que el presidente –el gran elector– pueda mediar entre los diversos grupos, cooptar a unos y separarse de otros, dosificar su política sexenal. Eso da también un amplio margen al electoralismo, el clientelismo político, las alianzas sin principio de todo tipo, y dificulta en extremo el control de la sociedad sobre los llamados representantes de la misma, que no rinden cuentas a nadie.

Aparentemente, la vida política se reduce a ese juego de sombras. Pero la verdadera vida bulle al margen de los procesos electorales. En ella toman forma y se define la relación de fuerzas ente las clases y subsectores en pugna y, de modo indirecto, incluso las tendencias electorales. Por consiguiente, actuar en la sociedad y apoyarse en los oprimidos e impulsar su autorganización y sus iniciativas para modificarla es fundamental para quienes aspiran a desplazar al establishment conservador y reaccionario y, mucho más aún, para los que esperan cambiar el sistema.

En todo el mundo rural serpentea la protesta social y el descontento. Si las regiones autónomas zapatistas en Chiapas subsisten, a pesar de su debilidad, la miseria y sus problemas con otros grupos indígenas de la zona, es porque cuentan con un respaldo social en todo el México rural. Pues desde el sureste hasta el norte, desde Guerrero hasta Veracruz, aparecen experiencias autónomas, policías comunitarias elegidas en asamblea, formas de democracia directa y de solidaridad comunitaria, resistencias a la violencia oficial y la del capital, incluyendo la del narcotráfico, que es una parte importante del mismo, tanto en el sector financiero como en el productivo, y ayuda poderosamente a aumentar las ganancias de todos los capitalistas, reduciendo los derechos y el nivel de vida de los trabajadores de todo tipo.

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21 entidades ocultan deuda por 48 mil MDP

Veintiún entidades federativas han ocultado su endeudamiento por más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La deuda total de los estados supera los 360 mil millones de pesos y pone en riesgo las finanzas públicas, alerta la Auditoría Superior. Los pasivos más importantes los concentran el Gobierno del Distrito Federal, del perredista Marcelo Ebrard, y la pasada administración del priísta Enrique Peña Nieto, en el Estado de México: más de 95 mil millones, que equivalen al 26.3 por ciento del total.

Nancy Flores

El Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México, administrado hasta el 15 de septiembre pasado por el precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades federativas más endeudadas del país, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los 95 mil millones de pesos.

En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las 21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315 mil 18 millones 300 mil.

“De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones en ingresos federales”, detalla el Análisis.

En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado, la Auditoría Superior observa que “el riesgo ni siquiera se puede determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones”.

El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que “la deuda de los estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan tasas muy altas”.

Pero los adeudos que dejó el exlíder nacional del PRI en Coahuila no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200 millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.

Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil 973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300 mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.

Más deuda

Los pasivos por contratación de empréstitos de esas administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de noviembre, Standard & Poor’s dio a conocer que le asignó calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un crédito de hasta 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831, constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.

En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones fueron contratados con documentación falsa.

Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del ocultamiento de la deuda “está en ambos frentes: por una parte, cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos de control y regular con mayor claridad la información que se debe de reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí deberían hacerlo”.

Los más endeudados

La Auditoría Superior señala que “el proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica”.

Agrega que “el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90 por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria actual”.

De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos; Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, representado por el priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800 mil.

En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287 millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, aún en manos del perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400 mil pesos.

El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que “hay estados que tienen la situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen”.

Crisis previsible

En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, la Auditoría Superior destaca “el riesgo moral” de los estados. Ello implica que “las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal –Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país”.

Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.

El máximo órgano de fiscalización de México señala que “si no se toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica y el desarrollo social del país.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país. Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de Baja California Sur.

Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas, explica que en Baja California Sur “se ha tratado de mantener un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer. Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a pagar la deuda”.

La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al 13 de septiembre pasado.

Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión pública productiva. “Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad se llevó a inversión pública”.

[RECUADRO]

Bono cero, nueva vía de endeudamiento

La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.

Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un “bono cero” –deuda– por 50 mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.

Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). “Es cierto que algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí mismos”.

El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila, coincide. “Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital. Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el capital”.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque ésas dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de 2012.

Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la mayoría de las legislaciones estatales. “Lo que se quiere es que no suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe. Ahora lo tienes que denunciar”.

Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta deuda “es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la economía”. (Mariela Paredes)

Estados que sí reportaron su deuda total

Entidad	Deuda
Jalisco	21,122.9
Sonora	17,287.4
Sinaloa	4,879.3
San Luis Potosí	4,823.5
Nayarit	3,150.9
Aguascalientes	2,603.1
Querétaro	2,219.8
Baja California Sur	2,030.8
Morelos	1,269.6
Campeche	328.6

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011

Fuente: Revista Contralínea 262 / 04 diciembre de 2011