México: Vivienda. Ominoso rescate en puerta

Gerardo Fernández Casanova
Entre las muchas bombas de tiempo sembradas por los panistas en su abominable paso por la presidencia, la de la vivienda está ya madura para estallar y lo hará de manera estrepitosa. Por lo pronto las principales empresas desarrolladoras están técnicamente quebradas y a la espera de ser venturosamente rescatadas con cargo al erario. Es el cuento de nunca acabar y, si se acaba, te lo vuelvo a contar. Ya se pueden tomar riesgos absurdos en los negocios auspiciados desde el gobierno empresarial que, a fin de cuentas, sus promotores serán salvados para “evitar males mayores a la economía”. Incluso se pueden cometer los más garrafales errores que, de todas formas, quien pagará por ellos no será quien los comete sino el gobierno; pero tampoco es el gobierno sino cada uno de los habitantes del país, sin deberla ni temerla.
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Ley de APP, la última apuesta de Calderón

En unas semanas, la Cámara de Diputados discutirá la ley más polémica de los últimos años: la de las Asociaciones Público Privadas, que, según especialistas, implica la privatización de todos los sectores y servicios públicos. La iniciativa –presentada por el Ejecutivo en octubre de 2009– representa la última carta de Felipe Calderón para capitalizar el respaldo del sector empresarial a favor del PAN en las próximas elecciones

Ana Lilia Pérez

Con miras a las próximas campañas presidenciales, Felipe Calderón se juega en el Congreso de la Unión su última carta para regresarle al Partido Acción Nacional (PAN) el apoyo del sector empresarial que el blanquiazul perdió en el desempeño de su gobierno: la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que, en términos llanos, abre a la iniciativa privada todos los sectores, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado; de allí que el politólogo e historiador Arnaldo Córdova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defina dicha ley como el “fin del Estado mexicano”.

La posibilidad de lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación, seguridad pública y, sobre todo, energético llevó a las cámaras empresariales a replantear su respaldo a la continuidad del PAN en el gobierno federal, condicionado aún a la aprobación de la LAPP, que en octubre pasado fue avalada por el Senado de la República y está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

Aunque los empresarios tampoco están de brazos cruzados, la cabildean en público y privado. Algunos, como el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa, colocan en la agenda pública la “urgencia” de que la Cámara de Diputados ratifique la ley para su entrada en vigor.

En San Lázaro, la minuta actualmente se encuentra en comisiones, y se espera que sea una de las primeras en llevarse al pleno hacia febrero o marzo; sin embargo, algunos grupos parlamentarios, como el del Partido del Trabajo (PT), se preparan para combatirla “dada su agresividad sin precedente en contra de las atribuciones y potestades económicas del Estado”, dice la legisladora Ifigenia Martínez Hernández.

Una ley torcida

El 10 de noviembre de 2009, Felipe Calderón envió al Senado su proyecto para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público (LAASP).

Asociaciones que en la práctica comenzaron a ejecutarse desde hace más de una década en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En el sector energético, con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), y, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el nombre ya de asociaciones público privadas, término que tampoco es novedoso, sino copia del modelo que inició Inglaterra a inicios de la década de 1990.

Que la iniciativa llegara al Senado y no a la Cámara de Diputados como correspondía, según las atribuciones de cada una, no fue casual, sino parte del cabildeo para asegurar su aprobación, revela el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez, quien critica que en este sexenio el Senado se ha convertido en vía de aprobación de leyes a modo para Felipe Calderón.

De allí que “en los temas más delicados de la vida nacional, el presidente envíe sus iniciativas al Senado y no a la Cámara de Diputados, como corresponde de acuerdo con las atribuciones constitucionales de cada una”, refiere el político chiapaneco, que cuenta en su récord seis legislaturas federales y una local.

En efecto, pese a que en el pleno, senadores de distintos grupos parlamentarios –incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– definieron la ley como el proyecto más privatizador de los últimos 50 años, el pasado 12 de octubre la aprobaron con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

De la política de Salinas a la ley de Calderón

En la historia de México, si por algo se distingue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es por la ola de privatizaciones de empresas estatales: monopolios privados, rescates multimillonarios y el correspondiente déficit en los ingresos. Pero ni entonces se planteó la idea de que los privados administraran áreas como la seguridad pública, incluidas las cárceles; el sector salud o las identificadas como de seguridad nacional, como si lo hace la LAPP de Felipe Calderón.

“Sólo falta que se proponga una Cámara de Diputados outsourcing o que se contraten outsourcing diputados”, critica el diputado Mario Di Costanzo.

La LAPP argumenta la imperiosa necesidad de que “la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos”.

La supuesta pretensión de “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.

Su aprobación en el Senado implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las malas prácticas: licitaciones dirigidas, adjudicaciones directas, contrataciones irregulares a cambio de comisiones, dádivas o sobornos son el pan de cada día en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, involucradas lo mismo grandes trasnacionales que las pequeñas compañías. Ahora, la LAPP legaliza este tipo de prácticas, alerta el diputado Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Los bienes materia de expropiación podrán ser tasados por valuadores externos y no únicamente por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Las escrituras tampoco requerirán del aval de la Secretaría de la Función Pública.

Sí contempla el sector energético

En noviembre, la minuta aprobada por el Senado llegó a San Lázaro. Desde la mesa directiva, se impuso un veto para que la Comisión de Energía no participara en su análisis y discusión, con el argumento de que, desde el Senado, se había excluido el sector energético de las APP. Ello azuzó la inquietud de revisar a detalle la minuta, explican a Contralínea legisladores integrantes de esa Comisión.

El análisis que de manera individual haría cada uno les develó que la ley que aprobó el Senado no tiene candados suficientes para blindar el sector energético –el más lucrativo del país– de este tipo de asociaciones, como se manejó oficialmente, denuncia Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Ifigenia Martínez, exvicepresidenta de la mesa directiva del Senado, explica que, en la redacción “imprecisa”, está el truco para que la LAPP tenga posibilidad de ejecutarse “en cualquier materia”, principalmente en Pemex, y “para ello utiliza una redacción imprecisa encaminada a interpretarse como la posibilidad de participación de materia petrolera, similar a la utilizada para justificar la celebración de contratos de servicio público, ahora llamados incentivados”.

La redacción de la ley que el Senado aprobó encendió la alerta en San Lázaro. “Es imposible de aprobar esta ley si tiene resquicio para su aplicación en materia energética, es imposible de aprobarla en esa materia. Definitivamente no, allí no se puede y punto”, suelta tajante César Augusto Santiago, quien fungió como director general adjunto de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Cabildeos oscuros

El proceso legislativo que ha tenido la LAPP está lleno de claroscuros. Cuando entró a San Lázaro, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política “informó” a los coordinadores del interés de que se aprobara antes del 15 de diciembre, es decir se buscó que entrara como una de tantas leyes y dictámenes que en cascada se validaron previo a la tregua navideña.

Sin embargo, “algunos diputados logramos que no se desahogara sin un análisis previo y, mucho menos, se votara”, refiere Enrique Ibarra, diputado del PT por Jalisco.

En el estira y afloja, los coordinadores parlamentarios del PRI, Francisco Rojas; Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas; y del PT, Pedro Vázquez, acordaron revisar los alcances de la ley mediante algunos foros en febrero y marzo próximos, antes de que la LAPP se someta a votación.

El análisis que los legisladores del PT, principales opositores de la LAPP, expondrán ante el pleno durante la discusión de la ley deduce que la propuesta calderonista que avaló el Senado es “un mecanismo claro de facilitación privatizadora”.

Argumentos falaces

En su iniciativa, Felipe Calderón argumenta que la LAPP impulsará la competitividad económica del país y, “en general, la calidad de vida de la población con la inyección de capital para el desarrollo de obras”.

Aunque desde su nombre parecería orientada a fortalecer el régimen de economía mixta, “en esencia es todo lo contrario: significa favorecer al sector privado a toda costa, abandonando funciones primordiales y entregando para su gestión sin intervención del gobierno todo tipo de servicios públicos y la construcción de infraestructura para su operación”, explica Ifigenia Martínez, una de las economistas más prestigiadas de México, la primera connacional en obtener el grado de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard.

“Tal intención se pretende apoyar –continúa Martínez– en la supuesta mayor eficiencia del sector privado y en la supuesta necesidad de adoptar tecnología de punta en las actividades gubernamentales para la prestación de servicios públicos. No obstante, la experiencia ha demostrado muchas veces el carácter ruinoso de esa participación privada en actividades públicas.”

El saldo de los esquemas que precedieron a las APP es contundente:

La privatización de la banca comercial y el posterior rescate a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (después llamado Instituto para la Protección de Ahorro Bancario) implicaron un costo fiscal de 1 billón 248 mil millones de pesos, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación inscritas en el informe final de la comisión de investigación sobre el IPAB. Para septiembre de 2010, el pasivo estimado era de 780 mil millones de pesos.

La privatización y posterior rescate carretero, que en 1997 tuvo un costo de 58 mil 100 millones de pesos, se triplicó una década después por los intereses generados: 98 mil 700 millones de pesos, según estimación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El otro esquema que precedió a las APP es el de los Pidiregas, aplicados particularmente en el sector energético. El resultado: sin activos visibles, la deuda de Pemex vía Pidiregas en los sexenios panistas suma 896 mil millones de pesos; los de la CFE, 263 mil millones.

Ni una ni otra paraestatal se hicieron más competitivas y eficientes. En el caso de Pemex, de ser la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 2000 (sólo después de Saudí Aramco, Pedevesa, Exxon Mobil y la NIOC de Irán), hoy se ubica en el número 11.

El caso de la CFE es quizá más polémico: las deudas adquiridas vía Pidiregas sirvieron para capitalizar docenas de compañías privadas, en su mayoría extranjeras. Sin una ley todavía sobre las APP, esta paraestatal tiene ya pactados compromisos de este tipo prácticamente para todas las fases de producción, y aunque cada día sus pasivos son más abultados, la CFE no ofrece a los usuarios ni mejores servicios ni tarifas más bajas, por el contrario, actualmente es la empresa que acumula más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por “tarifas y cobros abusivos”.

Respecto de los PPS, esquema más afín con las APP, su desarrollo de ninguna manera ha sido a favor del bien público. De acuerdo con diversas investigaciones de la reportera Érika Ramírez, en el ámbito federal y particularmente en el sector salud, han sido utilizados para beneficiar a empresarios vinculados al PAN y algunos claramente identificados como financieros de campaña de Felipe Calderón (Contralínea 122, 173), con proyectos que además han costado hasta cinco veces el precio original pactado.

Abultados costos

La ley de Calderón argumenta la necesidad de las APP por la inyección de capital para el desarrollo de infraestructura, pero como ha ocurrido con los PPS en el sector hospitalario, los proyectos que se desarrollen mediante estas nuevas asociaciones costarán dos y hasta tres veces más que si el proyecto lo desarrollara el gobierno, advierten economistas.

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En riesgo de quiebra, 978 bancos “rescatados” por EU

MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- Pese a que las autoridades estadunidenses pregonan el éxito del programa de rescate bancario, mediante el cual se inyectaron 4,200 millones de dólares, al menos 98 instituciones están en riesgo de caer en una “situación de quiebra”, advirtió hoy el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con un estudio elaborado por el diario, basado en un análisis de los resultados financieros del tercer trimestre de los bancos que entraron al plan de rescate, dichas entidades bancarias registran “erosión de sus niveles de capital y préstamos de alto riesgo, lo que ha generado serias advertencias de las entidades reguladoras.

Conocido como Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por sus siglas en inglés), el plan de rescate incluyó la canalización de 4 mil 200 millones de dólares para su capitalización. Sin embargo, reportó el diario neoyorquino, 98 bancos enfrentan “condiciones delicadas” y advierte que “peligra” la continuidad de esos negocios.

El plan de ayuda fue aprobado por el Congreso estadunidense en 2008, durante el gobierno de George W. Bush, para que pudieran enfrentar la crisis financiera, derivada por la acumulación de activos “tóxicos”, como las hipotecas de altos riesgo.

La mayor parte de esos bancos, destaca el diario, están "plagadas de préstamos caprichosos de los que puede que no se recuperen".

El estudio afirma que a pesar de que el plan de rescate estaba dirigido a bancos con buena salud financiera, "el alcance de los problemas que tienen hoy en día estas instituciones sugiere que un buen número de ellas se encontraban en un estado lamentable desde el principio".

Ese mismo diario realizó un estudio similar en el segundo trimestre de este año en el que detectó a 86 entidades en situación "delicada", aunque hasta ahora sólo han sido siete los bancos que han entrado en bancarrota desde que se implementó el plan de ayuda hace dos años.

A mediados de este mes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, defendió el éxito del programa de rescate financiero y afirmó que "se situará como uno de los programas de respuesta a una crisis más efectivos jamás puesto en marcha".

Irlanda: nuevo capítulo de una historia interminable/I

Brian Cowen. Irlanda en crisis

Orlando Delgado Selley

MEXICO, D.F., 26 de noviembre (apro).- Europa sigue desgarrándose. Sus economías y sus poblaciones no hallan reposo. Cuando algunos países atisban apenas la salida, incierta aún, otros se enfilan al despeñadero. El turno es de Irlanda.

Con una población de 4.5 millones de habitantes –apenas mayor que la del estado mexicano de Michoacán-- y un Producto Interno Bruto de 172 mil 500 millones de dólares –el 11.5% del producto de México-- a Irlanda le tocó ahora prácticamente inmolarse para hacerse acreedor a un rescate de la Unión Europea (UE) por casi 113 mil millones de dólares (poco más de 85 mil millones de euros) y poder salir de la asfixia que le produce un dramático déficit público de 32% de su producto.

De “entre severo y despiadado” calificó la prensa europea el brutal plan de austeridad que deberá emprender el gobierno irlandés, que encabeza Brian Cowen: eliminar 25 mil empleos en el sector público; recortar sin piedad el gasto social en unos 13 mil 250 millones de dólares (10 mil millones de euros); reducir pensiones y el salario mínimo y –para completar la socorrida fórmula-- aumentar casi todos los impuestos, crear otros y eliminar deducciones.

Y lo que vendrá después del rescate es lo que ya vimos en los demás países europeos que han debido someterse a ajustes drásticos, y que en México lo vivimos también hace años: la secuela de perdedores y ganadores. Millones aquellos, muy pocos, pero poderosos, éstos.

Entre los primeros: los que fueron echados de sus empleos y no han podido colocarse de nuevo, los que tuvieron que dejarle sus casas a los bancos, los jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran.

Entre los ganadores: los que nunca pierden, porque cuando ocurre que sus empresas pierden los gobiernos les rescatan. La historia de siempre.

Todo apunta a que el gobierno irlandés concluirá su mandato antes de término, porque ha perdido el apoyo de los grupos aliados y porque la población entera está irritada ante el anuncio del ajuste. El gobierno pagará el costo de haber actuado tarde. Otros gobiernos han privilegiado sus intereses electorales a los requerimientos de países enteros.

Pero la de Irlanda es sólo un capítulo nuevo de una historia que no empezó en agosto de 2007 con el famoso estallido de la burbuja inmobiliaria. En realidad empezó mucho antes. El capítulo uno de la historia inició cuando los bancos dejaron de otorgar créditos y hacerse cargo de que se pagaran. En la última década del siglo pasado ocurrió un fenómeno de gran importancia: los bancos tan pronto formalizaban el registro de un crédito y entregaban el dinero, lo vendían. Un crédito era vendido a un vehículo financiero –una filial del mismo banco creada específicamente para comprarle créditos, cortarlos, rebanarlos y venderlos en paquetes-- que emitía títulos representativos de los créditos que empaquetaba y los vendía en el mundo entero.

A este fenómeno financiero los magos bancarios le han denominado titulización, que indica que cualquier crédito, sin importar su tiempo de conclusión, 15, 20 ó 30 años para uno hipotecario, puede venderse; es decir, hacerse líquido, convertirse en dinero, a través de su atomización en paquetes que estructuran muchos créditos. En la década de los noventa y la primera de este siglo, el mercado financiero creció extraordinariamente ya que había una gran cantidad de dinero a la búsqueda de altos rendimientos y muchos vehículos financieros ofreciendo esas titulizaciones que otorgaban rendimientos atractivos. El problema era que también contenían un riesgo: que los acreditados originales no pagaran.

Los bancos se volvieron originadores de créditos que inmediatamente distribuían. Al hacerlo recuperaban el dinero que habían destinado para ese crédito y podían volver a prestarlo. La fuente principal de ingresos de los bancos dejó de ser el margen financiero, que es la diferencia entre la tasa de interés que cobran a quien tiene un crédito y la tasa de interés que le pagan a sus depositantes, pasando a ser las comisiones y honorarios por dar créditos y luego por venderlos. El negocio estaba en el volumen y para conseguirlo había que dar muchísimos créditos, incluso a quienes era probable que tuvieran grandes dificultades para pagarlo. Al banco ya no le importaba ese riesgo, porque lo vendería, lo que los llevo a actuar irresponsablemente.

El centro de la operación bancaria estaba ahora en conseguir los recursos que pudieran ser prestadas múltiples veces. Los depósitos de las personas eran completamente insuficientes: había que ir al mercado de mayoreo de dinero. La operación era la siguiente: los bancos emitían obligaciones a mediano y largo plazo que pagaban cierta tasa; los inversionistas las compraban si la tasa era atractiva. El riesgo de la operación estaba medido por la calificación que le otorgaban agencias financieras especializadas (Moody’s, Fitsch, Standard & Poor’s). Así, para prestar los bancos pedían dinero prestado. ¿Quién le prestaba? Inversionistas institucionales, bancos internacionales, fondos de inversión libres, fondos de pensión y otros).

Los bancos irlandeses, por ejemplo el Anglo Irish Bank, el Bank of Ireland o el Allied Irish Banks, dieron créditos hipotecarios a los habitantes de ese país para que compraran casas y todo lo que quisieran. Los recursos que esos bancos podían conseguir en Irlanda eran insuficientes para cubrir la exorbitante demanda de crédito, de modo que colocaron obligaciones en el mercado mundial. Sus acreedores son bancos ingleses, alemanes, franceses, fondos de inversión libre, que fueron los que se quedaron con las obligaciones de esos bancos privados. Este funcionamiento constituye el primer capítulo de la historia. (Continúa)

o_selley2001@yahoo.com

Pasta De Conchos: Fox Me Pidio Culpar A Inocentes Para Salvar A Funcionarios Publicos - Moreira

http://www.youtube.com/watch?v=eQMfzLjMEIQ

¡La hicieron!

Luis Urzúa, de 54 años, topógrafo y jefe de turno, emergió a la superficie a las 21:54 horas en el reloj chileno. Fue el último en ser rescatado de la mina de San José tras el derrumbe del 5 de agosto, en el que quedó atrapado junto con 32 compañeros a 622 metros de profundidad. Urzúa se convirtió en el líder natural del grupo por sus 31 años de experiencia. En las primeras semanas de la tragedia organizó a sus hombres y logró que comieran sólo dos cucharadas de atún cada 48 horas, cuando aún no tenían contacto con la superficie. El presidente Sebastián Piñera le dio un fuerte abrazo y le dijo que fue un buen jefe. El trabajador manifestó al mandatario que ojalá no vuelva a ocurrir una situación similar.

Rescate, contrastes y devastación

Editorial de La Jornada

Más de dos meses después del derrumbe en el yacimiento de San José, en el norte de Chile, dieron inicio las operaciones finales de salvamento de los 33 mineros que se encuentran a más de 600 metros de profundidad como consecuencia de ese siniestro. Es inevitable contrastar las maniobras mencionadas, en las que participan las autoridades chilenas y compañías mineras nacionales e internacionales, con la indolencia, rayana en lo criminal, que mostraron en su momento el gobierno y los empresarios mineros en México tras el accidente registrado en la mina Pasta de Conchos, de Coahuila. Cabe recordar que, en los días y meses posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las pésimas y peligrosas condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal: Grupo Minero México y su propietario y presidente, Germán Larrea Mota-Velasco. Paralelamente, la presidencia foxista emprendió una campaña de hostilidad y persecución contra la dirigencia sindical que criticó las omisiones y negligencias de la compañía.

El gobierno chileno no podría ser calificado como hostil a los intereses de los empresarios –todo lo contrario– y las compañías mineras en Chile no son menos depredadoras que sus contrapartes en otros países, incluyendo México; sin embargo, la conducta de ambos sectores da cuenta de un mínimo sentido de responsabilidad y de respeto a la vida humana, elementos que, por desgracia, estuvieron ausentes en el episodio de hace cuatro años en nuestro país.

El comportamiento empresarial y gubernamental en Chile tiene aspectos positivos, pero exhibe también una indignante insensibilidad mostrada hacia la situación de los 300 sobrevivientes del accidente del pasado 6 de agosto, quienes se quedaron sin trabajo y hoy reclaman, sin la atención de los reflectores mediáticos, el pago de sus salarios atrasados. Por elementales razones de congruencia, la operación de salvamento de los 33 mineros atrapados debiera ser acompañada con las indemnizaciones correspondientes de todos los trabajadores afectados, dentro y fuera del socavón.

No obstante, resulta reprobable el afán de lucro político y económico con que el gobierno de Piñera y los medios de comunicación nacionales e internacionales han aprovechado el accidente en semanas recientes: mientras que el primero utiliza el rescate como escaparate político, los segundos se han encargado de convertir la difícil situación de los mineros atrapados en un circo mediático, cuya motivación última no es precisamente el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino la generación de oportunidades de negocio y el incremento de audiencias. La conversión en reality show de una circunstancia trágica en la que han estado en peligro tres decenas de vidas humanas, así como la transformación del sufrimiento y el riesgo en un producto de entretenimiento y promoción de imagen política son, por donde se les vea, una inmoralidad.

Los accidentes como el ocurrido en San José son frecuentes y hasta abundantes en el mundo, y suelen terminar con pérdidas de vidas. La comunidad internacional debe emprender una revisión a fondo de las consecuencias nefastas y devastadoras de la minería en términos ambientales y sociales, y atender las condiciones de precariedad, inseguridad y explotación en que viven los mineros en casi todo el mundo. Hoy día, la extracción de minerales configura uno de los contrastes más perversos de la economía global, pues no sólo produce enormes márgenes de ganancia para los conglomerados trasnacionales que la practican, sino también vastas cuotas de sufrimiento humano y destrucción comunitaria y ecológica. Los ejemplos abundan: desde los episodios de mineros accidentados en México y Chile hasta los recolectores de diamantes en territorio africano, pasando por los estañeros de Bolivia, los legendarios extractores de carbón de la cuenca minera de Asturias y los trabajadores de los yacimientos en China, donde los derrumbes, las explosiones y las inundaciones en minas cobran vidas humanas con una frecuencia inaceptable, en accidentes que podrían evitarse si se exigiera a las corporaciones mineras mayores inversiones en seguridad.

En suma, los gobiernos del mundo debieran tomar el episodio comentado como ejemplo, y consagrarse a regular en forma rigurosa a las firmas que operan en ese sector económico, ciertamente indispensable, a efecto de reducir su peligrosidad y su escandalosa capacidad de destrucción humana, social y ambiental.

Momento En Que Es Rescatado El Presidente Rafael Correa De Ecuador Del Hospital 30/09/10

http://www.youtube.com/watch?v=tPIsiL4JGcc

Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?

México SA
Bancomext, “rescatista” descapitalizado

Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?

Aerolíneas: cuento de hadas kafkianas

Aeronaves de Mexicana y Aeroméxico en el aeropuerto de la ciudad de MéxcoFoto Francisco Olvera.

Carlos Fernández-Vega

El Bancomext (un banco del Estado cuyo objeto, por ley, es financiar el comercio exterior del país y participar en la promoción de dicha actividad”) ha sido vilmente utilizado por el gobierno federal (de Miguel de la Madrid a la fecha) como el gran “rescatador” de empresas privadas que nada tienen que ver con dicho sector (por ejemplo, constructoras, tiendas de autoservicio, telefónicas y líneas aéreas, entre tantas otras), y artificialmente ha sido relegado de su función original por medio de inventos como Proméxico, convertido éste en un verdadero elefante improductivo.

A pesar de que desde tiempos de Fox esta institución fundamental para el desarrollo del país está en la mira para su exterminio, hasta ahora los genios de la tecnocracia no han podido acabar con ella; la han descuartizado, descapitalizado (en lo financiero y en lo laboral) y minimizado, pero mientras terminan con ella le encontraron un uso totalmente apartado de su objeto legal: préstamos a granel y “rescates” a discreción para los amigos de Los Pinos, y en este contexto embona a la perfección Gastón Azcárraga Andrade y socios que lo acompañan en el Nuevo Grupo Aeronáutico SA de CV, como ahora se conoce a la empresa propietaria de Mexicana de Aviación y otras menudencias.

Así, de nueva cuenta el gobierno federal gustosamente apoya a esta aerolínea (“rescatada” hasta el exceso a lo largo de los años y los sexenios) en su nueva aventura financiera, a costillas del erario. Avalará (bonita palabra que encubre el fin real, que no es otro que volverle a sacar las castañas del fuego) el bono que por 250 millones de dólares emitirá el citado consorcio, y para ello otra vez utilizará los recursos del Bancomext, institución que nada tiene que ver en el entuerto, pero que por “instrucciones de arriba” lo hará, como en su momento lo hizo al asumir los pasivos de una telefónica avecindada en Monterrey, una carretera concesionada a Tribasa, los juegos especulativos de una cadena de autoservicio o los excesos de una cementera.

Bancomext es de las pocas instituciones públicas que han quedado fuera del presupuesto federal, toda vez que la instrucción de los dos últimos accidentes políticos instalados en Los Pinos ha sido “que se rasque como pueda, si puede”. Y para ese par el problema es que sí ha podido, aunque no precisamente por la dedicación del par de joyas del sector empresarial que impusieron en la dirección de dicho banco (Mario Laborín y Héctor Rangel Domene, ambos ex funcionarios de Bancomer), sino por la capacidad y entrega del personal que todavía no logran echar a la calle.

En 2008 y 2009, por instrucciones de Los Pinos y del doctor “catarrito”, las famélicas arcas del Banco Nacional de Comercio Exterior se abrieron para atender las urgencias financieras de las grandes empresas nacionales (Vitro, Cemex, Comercial Mexicana y varias más, con sus “hombres de negocios” al frente), y para justificar tal acción el gobierno federal disfrazó la cortesía de programa de “apoyo” a pequeñas y medianas empresas. Y en plena kermés, Mexicana de Aviación, con Gastón Azcárraga a la cabeza, también se atavió de pymes para que Bancomext le soltara alrededor de mil millones de pesos. Ahora, en 2010 éste tendrá que apoquinar 250 millones de dólares para que el susodicho “bono” tenga final feliz, y si no es así asumir el pasivo, pues es aval de la operación.
Es el juego de nunca acabar, y no hay presupuesto que alcance. A capa y espada los tecnócratas neoliberales defienden el libre mercado, y si en el intento alguien revienta, pues será su problema, porque así lo marcan las reglas del juego. Pero como diría Orwell, “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros” (Rebelión en la granja). Las pymes caen como moscas, y nadie les echa un lazo, a pesar de ser las grandes generadoras de empleo en el país, pero a los grandes empresarios amigos de Los Pinos les sale una roncha y, por instrucciones del inquilino en turno, el erario se vuelca en su “rescate”, sin garantía alguna de retorno y sin importar si habrá resultados.

Lo anterior viene a colación porque un año antes de que el gobierno zedillista “rescatara” a las líneas aéreas nacionales (Mexicana de Aviación y Aeroméxico), y junto a ellas a los bancos y banqueros involucrados, los hermanos Gastón, Enrique y Pablo Azcárraga Andrade no sólo participaban en el Grupo Posadas, como hacen ahora, sino que formaban parte del consejo de administración de ambas aerolíneas; de hecho, Enrique presidía el de Mexicana de Aviación (reprivatizada al cierre del sexenio de Miguel de la Madrid) y Gastón el de Aeroméxico (en aquel entonces conocida como Aerovías de México, y reprivatizada en el salinato). Casi tres lustros atrás esta honorable familia empresarial reventó el citado par de aerolíneas, sólo para que el gobierno de Zedillo las volviera a “rescatar” en 1995, vía Fobaproa.

Pues bien, en 2005 (Mexicana de Aviación) y 2007 (Aeroméxico) el atinado gobierno panista (Fox-Calderón) las volvió a reprivatizar, y Mexicana de Aviación terminó en las mismas manos de quienes la reventaron en 1994. Cuando el de las ideas cortas y la lengua larga se las “regresó” a los Azcárraga Andrade, con Gastón a la cabeza, la calificadora Fitch Ratings advirtió que dichos empresarios esperaban pagar los 165.5 millones de dólares (el precio de ganga, perdón de venta) con una mezcla de capital propio y nueva deuda, lo que “pudiera potencialmente afectar el riesgo de negocios dependiendo del resultado final de la estructura organizacional y financiera, la cual deberá ser definida”. Es decir, en el mejor de los casos, adquirieron la otrora paraestatal con dinero sólo suficiente para el “enganche”, y ya con el negocio en el bolsillo recurrieron, recurren, al crédito y al apoyo de los amigos de Los Pinos para “terminar de pagar”, y si no tienen con qué, pues allí están Bancomext y el erario. Total, en este inacabado cuento de hadas kafkianas (como el de las carreteras concesionadas, los bancos, los ingenios azucareros, y tantos otros) siempre pagan los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Estaba el inquilino de Los Pinos en su fiesta partidaria, cuando a la multitud amenazó: “demostremos lo que somos y lo que queremos”. De inmediato, la mexicanada se retorció y le dijo: “párale, ya chole, que lo has demostrado hasta el exceso”.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Venta de garaje y “rescate” público

México SA
Satmex al borde de la quiebra

SCT: reguladora, acreedora y deudora

Venta de garaje y “rescate” público

Carlos Fernández-Vega

¡Sorpresa! La historia se repite en un segmento estratégico para el sector de las comunicaciones en México (de hecho en cualquier parte del mundo), que no es otro que el satelital. Una vez más, la empresa Satmex está al borde de la quiebra y sin visos de solución, lo que pone al gobierno mexicano en delicada situación por ser, al mismo tiempo, autoridad reguladora, acreedor ofendido y, por si fuera poco, accionista del mismo consorcio que está a punto de escuchar Las Golondrinas, si tarda el “rescate” con recursos públicos.

La de Satélites Mexicanos, Satmex, es prácticamente la misma historia (sufrida y pagada por los contribuyentes) de muchas otras empresas del Estado mexicano que –a lo largo de las últimas tres décadas– formaron parte de la venta de garaje en la que se convirtió la política privatizadora gubernamental, historia que ha representado el desvío de miles y miles de millones de pesos para “rescatar” los consorcios entregados al capital privado, no obstante que la intención, así fuera en el discurso, de tal política no era otra que “allegarse recursos para atender las urgencias sociales del país”, las cuales, dicho sea de paso, lejos de atenderse se han incrementado de forma espeluznante.

Pues bien, días atrás el impune Juan Molinar Horcasitas, ahora a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reconoció que la realidad económica de Satmex “es complicada”, con una deuda cercana a 410 millones de dólares, urgencia de recursos financieros adicionales por más de 700 millones para lanzar dos nuevos satélites y mantener su operación y viabilidad. Mil 100 millones de billetes verdes, en números redondos, para que el citado consorcio salga del hoyo y el país mantenga sus comunicaciones satelitales medianamente en funcionamiento. Eso sí, el ex director del IMSS aseguró: “no creo que el Estado debe asumir el rescate financiero de la compañía, y en todo caso considerar otro tipo de opciones, como la requisa”.

Palabras más, palabras menos, el gobierno mexicano ha dicho lo anterior un millón de veces, pero en los hechos ha entrado al “rescate” de Satmex (como en tantas otras ex paraestatales) en varias ocasiones, siempre con la advertencia de que el “salvamento” en turno “será el último”, algo por demás imposible cuando se conocen no sólo las mañas de los tecnócratas, sino los problemas estructurales del consorcio resultantes de su privatización en el sexenio zedillista, toda vez que, en el mejor estilo de Carlos Salinas de Gortari, los por demás estratégicos satélites mexicanos fueron “vendidos” a un grupo de empresarios farmacéuticos (familia Autrey) que nada, absolutamente nada, sabían de este negocio, como tampoco sabían de banca y acero, y a pesar de ello se quedaron con el hoy extranjerizado Multibanco Comermex y Altos Hornos de México, entre otras gangas.

Molinar Horcasitas dice que la autoridad en el sector “no rescatará” a Satmex, pero no resuelve el complicado hecho de que uno de los acreedores de este consorcio es el propio gobierno mexicano, el cual al mismo tiempo es el dueño de 25 por ciento de las acciones de Satélites Mexicanos, empresa fundada en 1997 (hasta entonces bajo control gubernamental y con números negros) como resultado de la privatización zedillista y la experiencia farmacéutica de sus nuevos propietarios. Es la vieja historia de que con una mano el gobierno mexicana “quita” a una empresa privada para “recuperar” dineros públicos, y con la otra da (obviamente del erario) los recursos necesarios para su “rescate” y así evitar la quiebra, es decir, lo mismo que sucedió en el sexenio de Vicente Fox, cuando en 2005 el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola (el de los patos y el nuevo aeropuerto que nunca se construyó), dijo más o menos lo mismo que Molinar, mientras rápidamente “rescataba” a los dueños la otrora paraestatal.

Como suele acontecer en prácticamente todos los casos relacionados con la venta de garaje de empresas paraestatales, a los contribuyentes el caldo siempre les sale infinitamente más caro que las albóndigas (el inventario es grueso: bancos, aseguradoras, ingenios azucareros, líneas aéreas, carreteras, etcétera, etcétera), mientras el dinero público no deja de fluir para atender estas urgencias privadas. Como en el caso del narcotráfico, aquí sólo hay que seguir el dinero (follow the money) para saber quiénes han sido los beneficiados por las políticas públicas de privatización, “rescate”, “saneamiento” y extranjerización de la otrora planta productiva del Estado.

Para dar una idea del berenjenal en el que está metido el gobierno mexicano, retomo pasajes del México SA publicado el 19 de febrero de 2005, cuando –¡sorpresa!, otra vez– Satmex se encontraba al borde de la quiebra. Y decía así: producto del irracional, costosísimo y perenne circuito privatización-estatización, el gobierno federal tiene ante sí una delicada cuan paradójica ecuación que, gústele o no, tendrá que resolver a la brevedad, porque si comete el más mínimo error en su doble carácter de acreedor y empresario insolvente, el erario corre el riesgo de perder alrededor de 190 millones de dólares y la viabilidad financiera de un consorcio estratégico el de terminar en el bote de la basura, del que los zopilotes trasnacionales suelen obtener los mejores negocios.

El circuito privatización-estatización ha incluido a prácticamente todos los sectores de la actividad económica del país y los satélites no fueron la excepción. Entonces, como ahora, Satmex estaba al borde la quiebra, con pasivos cercanos a 800 millones de dólares. Indoblegable, la SCT pintó su raya: “no habrá rescate”. Y lo rescató, como Molinar entenderá.

Las rebanadas del pastel

Para la memoria: en 1997, al concretarse la privatización, Carlos Ruiz Sacristán, a la sazón titular de la SCT, aseguraba que con los cambios practicados –los constitucionales incluidos– se iniciaba una nueva era de “inversión, competitividad a nivel internacional, rentabilidad económica y social, calidad y eficiencia operativa” para que el sector se consolidara como “factor primordial del desarrollo nacional”. Sucedió todo lo contrario: se creó la empresa privada Satmex, a la que se concesionaron tres posiciones orbitales, se le asignó la propiedad de los satélites Solidaridad I y II, así como el Morelos II. En 1999 falló el Solidaridad I y dejó de operar; en 2005, al borde de la quiebra, esperó el “rescate” público, y en 2010 también.

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Zedillo: nombramiento y pago de facturas

De acuerdo con información proporcionada por la trasnacional financiera estadunidense Citigroup –propietaria del segundo banco más importante de nuestro país, Banamex– el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se incorporará como miembro del consejo de administración de ese consorcio en abril próximo, durante la reunión anual de accionistas.

A primera vista, el nombramiento podría pasar como reconocimiento a la reputación de “economista experto” que el ex mandatario se ha forjado desde que, a su salida del cargo en diciembre del año 2000, se dedicó a moverse en distintos ámbitos empresariales, académicos y en organismos financieros, lo cual lo ha llevado a desempeñarse como funcionario de varias compañías trasnacionales, como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific, algunas de las cuales se vieron ampliamente beneficiadas durante su mandato.

Esta supuesta virtud colisiona, sin embargo, con la impericia económica con que el egresado de la Universidad de Yale se condujo durante sus años en el poder. Debe recordarse, por principio de cuentas, la crisis en la que se vio sumido nuestro país días después de la llegada de Zedillo a la Presidencia de la República, en la que confluyeron por igual las maquinaciones inconfesables del gobierno de Carlos Salinas y la incompetencia económica de su sucesor, por más que el primero se empeñe en sostener –como ocurrió el pasado martes– que ese quebranto económico fue responsabilidad exclusiva del segundo. Pese al enorme costo que esta crisis arrojó en términos de pobreza y zozobra social, el gobierno zedillista optó por abandonar a su suerte a los estratos medios y bajos, y emprendió, en cambio, sendos procesos de “rescate” en favor de un puñado de empresarios.

En consonancia con la oleada privatizadora desatada durante el salinato, Zedillo impulsó y logró la aprobación de modificaciones legales que permitieron a firmas extranjeras –Citigroup, entre ellas– hacerse de la propiedad de los activos del sistema bancario en México. Al mismo tiempo, el flamante consejero de Citigroup socializó los pasivos de las empresas privatizadas en el sexenio anterior, y su gobierno alentó, diseñó y ejecutó, con el respaldo de legisladores priístas y panistas en el Congreso de la Unión, un “rescate bancario” que constituye el mayor atraco a las arcas públicas en la historia del país.

México SA
La reprivatización de Salinas benefició a especuladores

Cosecha Zedillo chambas de lujo por su “rescate”

Carlos Fernández-Vega

Poco más de tres lustros después de concluir –oficialmente– su estadía en Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari alegremente brinca a la palestra para defender su decisión de reprivatizar la banca y, de pasadita, afirmar que al cierre de su administración el balance de los bancos no era desfavorable; enfrentaban problemas, pero no una situación de crisis”. ¿En serio?, porque en los hechos las ex sociedades nacionales de crédito se convirtieron en un jugoso negocio de casino en el que la casa siempre gana.

Pues bien, va el último tramo (ver México SA del 25 y 26 de febrero) del paseo por las instituciones bancarias reprivatizadas, con base en información de documentos oficiales divulgados en 1993-1994, para conocer qué tan favorable era su balance y qué tan lejos estaban de una situación de crisis: en junio de 1994, el 63 por ciento de los bancos que pasaron a manos privadas se encontraban en quiebra técnica, mientras que 37 por ciento restante estaban a un paso de tal condición; al cierre del primer semestre de ese año, la cartera vencida de las ex sociedades nacionales de crédito significó 96.2 por ciento de su capital contable, casi tres veces más que en diciembre de 1991, de acuerdo con la aquel entonces denominada Comisión Nacional Bancaria.

Año tras año el margen de maniobra de dichas instituciones se fue reduciendo: en 1991 la cartera vencida representó 35 por ciento del capital contable; en 1992, concluida la reprivatización, se incrementó a 65 por ciento; en 1993 llegó a 83 por ciento y, como se menciona, en el primer semestre de 1994 el 96.2 por ciento; dos años después de la venta, la cartera vencida de los bancos reportaba un incremento de 431.52 por ciento, de tal suerte que ni siquiera aplicando íntegramente las utilidades acumuladas en el periodo (casi 23 mil millones de nuevos pesos, equivalentes a 61 por ciento del precio que se pagó por los bancos) podría paliarse el peso que significaba la cartera vencida en el margen de maniobra de la banca comercial.

Lo anterior como promedio, porque algunas instituciones reportaban signos de verdadera asfixia: la cartera vencida de Banco de Oriente resultaba 185.23 por ciento superior a su capital contable (2.23 veces más que en agosto de 1991, cuando fue privatizado a favor del Grupo Margen, de los hermanos Margain Berlanga); Serfin (vendido a Operadora de Bolsa, de Adrián Sada, en febrero de 1992) registraba una cartera vencida 43 por ciento mayor que su capital contable; Comermex (cedido a la familias Autrey, Legorreta y Robinson Bours, de Bachoco), la cartera vencida resultaba 35 por ciento superior al capital contable; Unión y Cremi (de Carlos Cabal Peniche, el empresario “modelo” presumido por Carlos Salinas de Gortari), reportan carteras vencidas superiores en 21 y 37 por ciento a sus respectivos capitales contables. Los más grandes del sistema, Banamex (Roberto Hernández) y Bancomer (Eugenio Garza Lagüera) se encontraban muy cerca de cruzar la barrera: al cierre del primer semestre de 1994, la cartera vencida del primero equivalía a 83.23 por ciento de su capital contable, mientras que en el segundo caso la proporción se situó en 87.5 por ciento. De hecho, más de 55 por ciento de la cartera vencida total correspondía a Banamex, Bancomer y Serfin. Y así por el estilo.

Desde que se privatizó la primera institución bancaria (Multibanco Mercantil de México, el 11 de junio de 1991, a favor del Grupo Financiero Probursa, con José Madariaga Lomelín como cabeza visible) la constante de los neo banqueros (en realidad especuladores bursátiles la mayoría de ellos) fue recuperar lo más rápido posible lo que –se supone– pagaron por los bancos reprivatizados, para lo cual los exprimieron a más no poder. Así, en septiembre de 1993 –apenas 14 meses después de concluido el proceso reprivatizador– las utilidades de la banca comercial reportaban un vigoroso crecimiento y, de acuerdo con las estadísticas que en aquel entonces proporcionó la Asociación Mexicana de Bancos, los nuevos propietarios de las 18 ex sociedades nacionales de crédito vendidas por la administración salinista habían recuperado, en promedio, 42 centavos de cada peso invertido para quedarse con ellas.

Sin embargo, la rebanada no fue igual en todos los casos. Banamex, vendido a la casa de bolsa Accival, oficialmente fue entregado a sus nuevos propietarios el 26 de agosto de 1991. Entre esa fecha y septiembre de 1993, Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, juntos con sus accionistas, recuperaron 48 centavos de cada peso; Bancomer, asignado el 28 de octubre de 1991 a Valores Monterrey, de Eugenio Garza Lagüera, 46 centavos de cada peso; y Serfin, propiedad de Operadora de Bolsa desde el 27 de enero de 1992, 55 centavos de cada peso; Bancrecer, a cargo de Roberto Alcántara desde el 20 de agosto de 1991, 75 centavos de cada peso; Multibanco Probursa (originalmente Multibanco Mercantil de México, el primero en venderse, el 10 de junio de 1991, a José Madariaga Lomelín y socios), 61 centavos de cada peso. Y así por el estilo.

Cuando se concretó la reprivatización, un viejo banquero mostró su preocupación, pues la mayoría de las instituciones se vendieron a personas con “cultura netamente bursátil”, es decir, “a personas cuya costumbre es hacer grandes negocios, con mínimos riesgos y en muy corto plazo”. Y sucedió lo que era lógico: un año después, en septiembre de 1994, el promedio de recuperación, según la misma fuente, se aproximó a 95 centavos de cada peso. Lo que vino después es conocido: quiebra, “rescate”, “saneamiento”, extranjerización, 16 años después, sólo un banco reprivatizado permanece en manos mexicanas, las de sus compradores originales: Banorte.

Como se constata, “los bancos enfrentaban problemas, pero no una situación de crisis” (Salinas dixit).

Las rebanadas del pastel

Mientras Ernesto Zedillo no deja de cosechar chambas y de cobrar facturas por su “rescate” bancario (ayer lo colocaron en el consejo de administración de Citigroup, el supuesto dueño de Banamex), el inspirado subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, justificó la matanzinga que registra México con la siguiente oda a la neurona pasmada: “uno de los logros en la guerra contra el narcotráfico es que los inversionistas reconocen, con su toma de decisiones, el imperio del Estado de derecho en el país”, algo que, por lo demás, se confirma fehacientemente con el hecho de que en los tres años de Calderón los capitalistas mexicanos han sacado del país 57 mil 700 millones de dólares, “la mayor emigración de activos desde el error de diciembre de 1994” (La Jornada, Roberto González Amador)… Va un enorme collar de besos y abrazos para Camila, por su cuarta velita en el pastel.

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Bonos Pemex: pierden millones en publicidad

Dinero
*Bonos Pemex: pierden millones en publicidad
*El rescate de autopistas
*Vendedores estrella

Enrique Galván Ochoa

¿Yquién va a asumir la responsabilidad de los millones de pesos invertidos –y perdidos– en la campaña de publicidad de los bonos nonatos (no nacidos, no natus)? Muy quitado de la pena, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, confirmó ayer lo que comenté en este espacio: definitivamente no serán emitidos dada la enorme turbulencia económica y financiera, al menos en 2009. Cuando lanzó la campaña de publicidad ya había signos de que venía un agudo periodo de inestabilidad, aunque se negaban a admitirlo. Querían hacernos creer que los ciudadanos mexicanos participarían de las ganancias petroleras si daban su aval a la entrega de Pemex al extranjero. En realidad ya habían hecho arreglos para que fueran manejados en la Bolsa de Valores. Lo más probable es que los bonos de 100 pesos –devaluados antes de nacer– no aparezcan en lo que resta del sexenio. Gastaron muchos millones en algo que no existía. ¿Van a descontarle algo de sus enormes ingresos al señor Reyes Heroles? No es lo mismo amañar encuestas electorales que administrar la compañía petrolera nacional.
Vendedores estrella
El karma suele ser canijo, pero intravenoso. Diez empleados de una pequeña compañía distribuidora de equipo eléctrico, ubicada en las cercanías de París, recibieron como premio un viaje a Río de Janeiro por ser los mejores vendedores. Tenían meses compitiendo por dar los mejores resultados a su empresa. Todos, y sus respectivas esposas, viajaban en el vuelo de Air France que cayó en las heladas aguas del Atlántico.
Capufe, el rescate carretero
Creada como organismo descentralizado, Caminos y Puentes Federales cumplió 50 años de vida con muchos baches. Juan Molinar Horcasitas envió al director general de Desarrollo Carretero, José San Martín Romero, a la celebración que tuvo lugar en Cuernavaca. Un capítulo negro de su historia lo constituye el rescate de autopistas concesionadas al sector privado, que dio nacimiento a la red FARAC. Salinas de Gortari las repartió entre sus amigos y Zedillo tuvo que sacarlas del hoyo, a muy alto costo. Primero destinaron 100 mil millones de pesos, no fueron suficientes; al final del sexenio del presidente que nunca traía cash, la cifra se había duplicado, luego se perdió la huella. El salvamento está siendo pagado con dinero de los contribuyentes. Los políticos aprendieron muy bien la lección. ¿Ya no las volverán a concesionar? No, al contrario, varios caminos están en proceso de licitación. Resulta buen negocio que quiebren.
e@Vox Populi
Asunto: manipulando la estadística
Algo que me confunde, irrita y encabrita cuando veo los índices de inflación que proporciona algún funcionario público, o algunos analistas económicos, es lo alejados que están de la realidad. Tal vez calculen la inflación sobre el precio de los productos básicos, pero no sólo de frijoles y tortillas vive una familia. Hay muchas otras mercancías que se requieren en cada comida, así como ropa, calzado, transporte y un montón de cosas. Cada vez que voy al mercado, al supermercado o a la tienda de la esquina, y eso es varias veces a la semana, encuentro que los precios aumentan en promedio de 20 a 30 por ciento. ¿Y los salarios, cuándo? Digo, si es que uno es de los afortunados con tener empleo.
Miguel Dávila/Tepic
R: Amigo nayarita: la única forma como podrían aumentar los salarios es aplicando una regla japonesa: a los altos ejecutivos no se les permite ganar más de siete tantos que la secretaria o el mozo más modestos. Si éstos perciben 2 mil 500 pesos a la quincena, por ejemplo, el presidente –de una compañía o del país– no puede ganar más de 17 mil 500. Veríamos cómo les entrarían las prisas por subir el mínimo.
Asunto: retiros en efectivo
Te escribo para quejarme otra vez de Bancomer, que ha promovido a lo largo de los últimos dos años su tarjeta azul como la única que no cobra comisión por disposición en efectivo en el cajero automático y resulta que hoy, al hacer una disposición de $400 me cobraron $100. Al reclamar vía telefónica me informaron que a partir del primero de junio se cobra el 5% de las disposiciones, y si el retiro es inferior a $1,000 cobrarán $100, lo cual representa una comisión estratosférica. Enrique: ¿hay alguien que pueda regular estas comisiones?
Josefina De León/Distrito Federal
R: No hay, es inaudito, pero no hay. El sistema bancario funciona en un marco metalegal, en la metafísica de la impunidad. Bancomer no cobraba comisión, era un gancho para atraer clientes. Eso terminó justo cuando se discutía en el Congreso una legislación para poner topes a comisiones e intereses, pero no prosperó.
Asunto: el voto en blanco
He oído diferentes opiniones respecto de castigar a los partidos políticos con un voto en blanco. Realmente me parece una muy tonta manera de manifestar nuestro desacuerdo. Si queremos un cambio, hay que cambiar de gobernantes. Así que si yo voté, por ejemplo, PAN, ahora voto PRD, etcétera. Que se muevan de donde están. A ver si así logramos que se pongan a chambear y se dejen de payasadas. Lo malo es que dentro de la amplia gama de candidatos no hay a cuál irle. Como diría mi sobrina de 10 años: ¿qué prefieres, caca, pedo o chis? Lástima de gastos.
Gabriela E. Loera/Distrito Federal
R: Es una genio tu sobrinita. Pertenece a una generación que ya no va a perder el tiempo en discusiones sobre la situación en que se encuentra el país. Ya lo saben, están claros de que lo único posible es el cambio.
Asunto: sábado de fut
Hola, Enrique: mañana sábado jugarán dos selecciones de futbol: La de la república del Salvador (de la humanidad) contra la de El Salvador. Una con tapabocas y la otra sin él. ¿Cuál es cuál?
Efraín Solís Almanza/Distrito Federal
R: Mmmm. Ya me pusiste a pensar. ¿A cuál le va el chamoy?
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/

Más salvamentos para los empresarios favoritos del régimen

México SA
*Más salvamentos para los empresarios favoritos del régimen
*Cunde la enfermedad panista del “catarrito” cerebral

Carlos Fernández-Vega

Es tal la velocidad de rescates” y “salvamentos” que a raíz del “catarrito” desarrolla el gobierno federal con sus empresarios favoritos, que nada raro sería presenciar cómo, en breve, revientan las menguadas finanzas públicas. Uno tras otro, los grandes barones se han acercado al –con ellos– generoso inquilino de Los Pinos para que, por medio de su autodenominada “política anticíclica”, sea el erario el que les saque las castañas del fuego.
Y en esta dinámica todo indica que al de por sí abultado inventario de empresas y empresarios tocados con la varita mágica de los dineros públicos se sumará el sector automotriz trasnacional y nacional, el cual, de acuerdo con sus voceros, de plano ya no la ve llegar. Entre lo más reciente que se ha informado destaca que en abril pasado la producción de vehículos en el país se desplomó 6.6 por ciento, las exportaciones 41 por ciento y las ventas internas 38.2 por ciento a tasa anual.
En este contexto, más rápido que una saeta el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, José Gómez Báez, encontró la solución: “la recuperación del sector automotriz depende de que el gobierno federal implemente un programa de renovación del parque vehicular, pues la industria tiene capacidad para colocar en el mercado interno 2 millones de vehículos”.
Pues bien, tal petición, como tantas otras con igual objetivo, debió plantearse desde cuando menos dos años atrás, pues desde entonces comenzaron a observarse caída en ventas, restricciones crediticias para la adquisición de vehículos nuevos, mayores costos de producción y descenso en las exportaciones a Estados Unidos, mercado al que se destina alrededor de 85 por ciento de los vehículos que se ensamblan en México.
Tal vez adelantándose al siguiente “rescate”, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados recién divulgó un estudio sobre la “situación actual del sector automotriz en México”, del que destaca lo siguiente: “la situación financiera en las filiales de las armadoras automotrices en México difiere de las matrices en Estados Unidos, aunque presentan el riesgo de menores ingresos por financiamiento ante la contracción de las ventas y las restricciones al crédito y, en consecuencia, no están exentas de ser sujetas a modificaciones estructurales provenientes de las decisiones que se tomen en los corporativos. De hecho se han llevado a cabo paros técnicos en algunas plantas mexicanas y se ha recortado personal en algunas otras”.
En México, refiere el análisis, la industria automotriz recibe principalmente apoyos a la exportación. “En la actual coyuntura, Nacional Financiera otorgará 9 mil 500 millones de pesos para dar liquidez temporal a las principales empresas financieras del sector, con lo que se espera que dichas firmas cuenten con un margen de tiempo para restructurar sus deudas y resolver compromisos apremiantes de corto plazo durante 2009. El principal riesgo que enfrentan las empresas mexicanas automotrices es la reducción de ventas en 2009, que generará un menor nivel de ingresos y, por otro lado, el incremento de la cartera vencida”.
La fabricación de vehículos en el país se orienta al mercado externo, al que se destinó 79.2 por ciento de la producción total en 2008. En el primer trimestre de 2009 se incrementó a 79.7 por ciento, mientras la canalizada al mercado interno pasó de 19.5 por ciento en el primer trimestre de 2008 a 20 por ciento en el mismo periodo de 2009. La producción para el mercado interno cubre aproximadamente 42.7 por ciento de la demanda total de automóviles y el restante 53.3 por ciento se cubre con vehículos importados.
La tendencia descendente en el volumen de ventas de la industria automotriz se viene reportando desde 2007 debido a diversos factores, principalmente por la disminución de la demanda por parte de los consumidores, en parte, por el encarecimiento en el valor de los vehículos y, por otra, la restricción del crédito para la adquisición de vehículos nuevos. “Aún antes de la crisis financiera internacional, que recrudeció en el último trimestre de 2008, la industria ya observaba una disminución en las ventas debido a la debilidad de la demanda externa. Esto se agudizó a partir de la crisis financiera que afectó a las principales empresas fabricantes de automóviles”.
Entre las principales razones por la que esta industria se ha desarrollado en el país destaca la existencia de mano de obra barata. Los bajos salarios en México representan una de las principales “ventajas comparativas” de la industria automotriz, lo que ha permitido su expansión desde la década de los sesenta. En 2000, en México, el salario promedio por hora de trabajo en este sector era aproximadamente de 3.21 dólares en términos nominales. En 2008 se estima que sea alrededor de 3.48 dólares, casi el mismo nivel salarial que se registraba en 2002 debido a la apreciación del dólar respecto al peso. Aún así, con la actual crisis se han efectuado varios paros técnicos en diversas plantas que operan en la República, entre ellas la de General Motors en Silao, Guanajuato, en la que están en riesgo 2 mil 900 empleos.
Sobre la situación de las tres principales trasnacionales automotrices apunta: General Motors de México obtuvo en 2008 una utilidad neta por 937 millones de pesos, 27 por más que en 2007, pero su principal riesgo lo componen las bajas ventas y las cuentas por cobrar, con una cartera vencida equivalente a 45 por ciento de sus ganancias netas; Ford es más sólida que sus competidores, y se espera que con los “apoyos” de Nacional Financiera (logre) estabilizar su situación; Chrysler México: su deterioro financiero se observa en menores niveles de rentabilidad, flujo de efectivo y alto nivel de cancelaciones. Sus gastos de operación y promoción han representado el 84.3 por ciento de los ingresos totales en los últimos tres años.
El horno, pues, listo para el “rescate”.
Las rebanadas del pastel
Se fortalece la enfermedad panista del “catarrito” cerebral: dice Vicente Fox que la emergencia sanitaria en el país “no es mucho más que una gripa que hay que cuidar, porque no es tan dañino”, mientras el inquilino de Los Pinos asegura que “México superará pronto lo más difícil de la crisis económica”. Para estos casos patéticos, la única vacuna posible es el voto, aunque lamentablemente enfrente hay otros tantos contagiados.
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“Que rescaten al Pueblo”

* “El Pueblo necesita trabajo” y “No más dinero para Wall Street y la guerra” coreó una multitud de estadounidenses frente a la Bolsa de Valores de Nueva York para repudiar la acción de Washington que ya otorgó miles de millones de dólares a grandes corporaciones mientras NO ha hecho lo suficiente para ayudar a personas que sufren por la crisis financiera
* Otras 663,000 personas a la calle / El índice del desempleo estadounidense aumentó en marzo al 8.5%, el mayor desde 1983 / Economistas advierten que el recorte de plantillas laborales continuará por el resto del 2009
NUEVA YORK, EE.UU., 3 de abril (AP/REUTERS/AFP).- Cantando y coreando “¿De quién es esta calle?” y “Esta calle nos pertenece”, además de “El Pueblo necesita trabajo”, una multitud de personas realizó el viernes una protesta frente a Wall Street para repudiar el porqué el Gobierno ha otorgado miles de millones de dólares a las grandes corporaciones, en tanto no ha hecho lo suficiente, dijeron, para ayudar a personas que sufren por la crisis financiera.En la calle que es el corazón del mundo financiero, Monica Moorehead, directora gerente del periódico izquierdista Workers World, dijo que la multitud, que se congregó en medio de una intensa lluvia, protestaba contra el sistema capitalista que ayuda al gigante de las aseguradoras AIG y a otras empresas “a robarnos el dinero”.Hace algunas semanas, estalló un gran escándalo a nivel nacional cuando se informó que AIG, que recibió 170,000 millones de dólares de los contribuyentes, había asignado 165 millones de dólares a pagar bonificaciones a ejecutivos, muchos de los cuales llevaron a la empresa al borde de la quiebra.La multitud agitaba pancartas que decían “No más dinero para Wall Street y la guerra” y “Que rescaten al Pueblo”, en respuesta a los planes de “rescate” para las grandes corporaciones.Los manifestantes desfilaron en medio de barricadas erigidas por la policía, y se proponían marchar a lo largo de la calle Broadway, en el centro de Manhattan, rumbo a la sede de AIG y de varios bancos que se mantienen a flote gracias al dinero de los contribuyentes. Varias de las empresas emplazaron guardias de seguridad en sus entradas.La marcha debía concluir en la estatua de un toro, en Wall Street. El toro simboliza la pujanza de la Bolsa de Valores en sus buenas épocas.La multitud proyecta realizar una segunda demostración el sábado.La policía informó que cuatro personas fueron arrestadas por intentar bloquear el tráfico en la mitad de Broadway.Mientras, el índice del desempleo estadounidense aumentó en marzo al 8.5%, el mayor desde 1983, ya que las empresas eliminaron 663,000 puestos de trabajo.El informe del Departamento del Trabajo es una prueba más de los estragos causados por la recesión. La mayor parte de los economistas que el recorte de plantillas laborales continuará por el resto de este año.Las últimas estadísticas del desempleo difundidas el viernes contrastaron con los 654,000 cesados que habían pronosticado los economistas.Desde que comenzó la recesión en diciembre del 2007, la economía ha perdido 5.1 millones de empleos, y casi dos tercios de esas pérdidas ocurrieron en los últimos cinco meses.El número de desempleados aumentó en marzo a 13.2 millones. Además, el número de personas obligadas a trabajar parcialmente por “razones económicas” aumentaron en 423,000 a 9 millones. Se trata de personas que desearían trabajar a tiempo completo pero que vieron reducidas sus horas laborales o no pudieron encontrar empleo a tiempo completo.Cuando son tenidos en cuenta los trabajadores a tiempo parcial y los que han dejado de buscar empleo desanimados por sus inútiles gestiones, el índice de desempleo habría sido del 15.6% en marzo, el más elevado desde 1994. Así, decepcionantes informes sobre el mercado laboral y el sector de servicios en la mayor economía del mundo pusieron a prueba el viernes al naciente optimismo que siguió al acuerdo del G-20 sobre un plan de 1.1 billones de dólares para combatir la crisis económica global.Así, la actividad en el amplio sector servicios de Estados Unidos bajó en marzo por sexto mes consecutivo, ya que los consumidores mantuvieron un freno sobre sus compras al tiempo que el panorama del empleo se deterioraba aún más.Mientras, la mayoría de las Bolsas europeas cayó este viernes, pero Wall Street subió pese al anuncio de pésimas cifras sobre el desempleo en Estados Unidos, que recordaron a los mercados la gravedad de la crisis económica mundial.Asimismo, los precios del petróleo retrocedieron el viernes luego de que el Gobierno reportó que el índice de desocupación en Estados Unidos aumentó a su tasa más alta desde 1983 pues se perdieron 663,000 empleos más.El crudo de referencia para entrega en mayo retrocedió 13 centavos a 52.51 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).La profunda pérdida de empleos en Estados Unidos y otros países ha hecho que la demanda para la gasolina y otros combustibles se desplome. Las personas sin empleo no viajan a sus oficinas, las fábricas no producen tantos bienes y la calefacción o la electricidad de millones de hogares se han apagado.“Nadamos en petróleo”, dijo el analista Stephen Schork. “Nadamos en petróleo porque la producción es fuerte y la demanda débil... y así va a permanecer en el corto plazo”.El Departamento del Trabajo reportó el viernes que el índice de desempleo aumentó a 8.5%. Si se tomaran en cuenta los trabajadores de medio tiempo y las personas que simplemente han dejado de buscar empleo porque no creen posible encontrar uno, entonces el índice habría sido de 15.6% en marzo, el más alto desde que se comenzó a llevar un registro en 1994.

El parto de Londres

Ricardo Monreal Avila

La expresión “el parto de los montes”, es decir, el desencanto colectivo por un evento del que se espera grandes resultados (los elefantes barritan como si fueran a dar a luz, pero del monte no salen paquidermos sino ratones), podría aplicarse a la reunión del G-20 que inicia hoy jueves en Londres.El G-20 es el foro de cooperación y consulta de los ocho países más industrializados y las 12 economías emergentes, entre las que se encuentra India, Brasil y México, que en conjunto representan el 84% de la actividad económica mundial.La pregunta es si Londres será capaz de generar un nuevo orden económico y financiero para salir de la actual crisis mundial o, por el contrario, si será la cumbre de la inercia y la impotencia, que desperdició la oportunidad de relanzar la economía planetaria.Por lo pronto, el foro está precedido de enfoques encontrados sobre cómo salir de la crisis. Mientras para Estados Unidos la vía es un mayor rescate fiscal de bancos y empresas (es decir, mayor endeudamiento público), para Alemania y Francia la solución no es un mayor déficit fiscal, sino una mejor regulación de los mercados. No es un diferendo menor. Tiene que ver con el papel del Estado en la economía y la relación de los actores económicos con sus gobiernos. Para Europa, esta crisis es por exceso de gasto y de crédito en la economía, donde las entidades públicas fueron omisas y laxas. Para Estados Unidos, en cambio, es un problema de falta de crédito y de capital entre las empresas, que requiere un incremento en el gasto público para poner en pie a la economía. El viejo dilema del pensamiento económico, oferta o demanda, ahorro o inversión, capital o trabajo, mercado o Estado, afloró en Londres y enfrenta a sus participantes.El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, amenaza incluso con reventar la cumbre de Londres si no se incorporan los puntos de vista de su gobierno, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, rechaza cualquier propuesta que implique incrementar los rescates fiscales con cargo al déficit público gubernamental. Se ha comparado la reunión de Londres con la cumbre de Breton Woods de 1944, en donde surgió un consenso internacional sobre la forma de manejar, administrar y reformar la economía mundial. Breton Woods fijó la supremacía de las políticas económicas estabilizadoras dominantes en los últimos sesenta años, centradas en el control de la inflación, el déficit fiscal, la balanza de pagos y la apertura comercial, sacrificando objetivos que tradicionalmente favorecían el mercado interno como el proteccionismo comercial, los subsidios al campo y el fomento de la industria nacional o local.Sin embargo, las condiciones de hoy son diferentes. Breton Woods nació de una guerra mundial, donde Estados Unidos fue el ganador económico. Hoy no existe esa conflagración (al menos no aún), la economía norteamericana se encuentra en terapia intensiva y, lo más importante, su posición hegemónica está ahora amenazada por el surgimiento de otras potencias como China y la UE.Además, la mayor parte de las economías globalizadas cruzan en este momento una etapa de proteccionismo económico (la cláusula “Buy América” tiende a reproducirse en otros países), frente a la visión claramente aperturista que traía detrás Breton Woods. Sin embargo, el hecho de que el G-20 no impulse abiertamente desde ahora un nuevo orden financiero internacional como respuesta a la crisis, no significa que la necesidad de éste haya desaparecido. ¿Cuáles podrían ser las nuevas reglas del juego?La principal es aceptar que, sin una participación más efectiva del Estado los mercados no se autorregulan, sino se autodesestabilizan. Uno de los inversionistas más importantes y beneficiados con la globalización financiera, George Soros, lo señala de la siguiente manera: “El paradigma existente, es decir, la creencia en que los mercados financieros tienden al equilibrio, es tanto falso como engañoso” (Para entender la crisis económica actual, ed. Taurus, México 2008). Europa tiene razón. Una regulación más efectiva y una supervisión más eficaz, a nivel global, es la primera regla para reordenar el sistema financiero mundial. No se trata de más Estado sobre los mercados, sino de una fiscalización más precisa sobre los agentes económicos. Tan desastroso es el Leviatán sin contrapesos, como el Behemot sin rienda. La transparencia y rendición de cuentas que tanto se exige al Estado, ahora debe pasar por el mercado. Las llamadas “contabilidad creativa” y “reingeniería financiera” que prohijaron los activos tóxicos que hoy envenenan al sistema financiero internacional, simplemente no hubieran florecido de haber existido un ente público regulador con músculo y colmillos.Otra de las nuevas reglas debería ser la desaparición de los “paraísos fiscales”, que se convirtieron en infiernos patrimoniales para millones de ahorradores, jubilados y pensionados que vieron esfumar sus ahorros, mediante fraudes maquinados y abusos institucionales de confianza. Además de ser los principales centros de lavado de dinero de toda la economía ilícita que muestra la contracara de la globalización (tráfico de drogas, armas, personas, piratería y dinero).Otra nueva regla es la relación entre gasto público y rescates fiscales. En términos cuantitativos, los porcentajes destinados a los rescates financieros en el G-20 rondan el 4% del PIB, alrededor de un millón de millones de dólares. De acuerdo con diversos especialistas, debería ser dos y hasta cuatro puntos más. En este aspecto, Estados Unidos tiene razón. Pero sería un error destinar estos cuantiosos recursos fiscales a rescatar a banqueros en lugar de ahorradores, a redimir a empresarios en lugar de empresas y trabajadores, a salvar fortunas de especuladores en lugar de consumidores y productores endeudados. Esto implica que los paquetes fiscales deberían beneficiar directamente a los grupos socioeconómicos más golpeados por la crisis (clases medias y populares), que son los pivotes del consumo, y a atender los rezagos estructurales en materia de educación, pobreza y medio ambiente. Cada vez hay más consenso alrededor de que el “crecimiento verde” es una de las puertas de salida de la actual crisis.Si en esta cumbre del G-20 no nace un sistema financiero orientado a lograr una economía global mejor gobernada, más empleadora, más limpia y más justa, será “el parto de Londres”.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

El discurso que casi todos quisieran decir

Nadie imaginó un discurso así. Nadie ante un auditorio pasmado frente a la crítica. Nadie previó el juicio agudo, certero, plagado de nombres y apellidos.

El 29 de diciembre de 2008, policías federales encañonaron con fusiles R15 al convoy de Miguel Ángel Mancera, procurador de Justicia del Distrito Federal. Sus escoltas pensaron que enfrentaban un "levantón". Pero no, el hecho obligó al secretario Genaro García Luna a ofrecer una disculpa al funcionario capitalino por el actuar de sus muchachos.

El analista Antonio Navalón y el periodista Ramón Alberto Garza hablan del Ritual de Davos.

El voto es la única luz que debe guiar a los políticos. Los mexicanos tienen que encenderla para ver un cambio real y duradero.

Los remedios se agotan y los bancos siguen sin capital. ¿Qué sigue? La nacionalización, un término que incomoda a más de uno, es la opción que se hace presente.

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