
sábado, febrero 18, 2012
jueves, octubre 13, 2011
Cédula de Identidad, a IPN-Cosmocolor


Convenio con el IPN
La urgencia del gobierno federal para reproducir estas tarjetas ha llevado al Renapo a establecer relaciones con el Centro de Investigación en Computación del IPN, cuyo titular es Luis Villa Vargas.
Los vínculos con el IPN
De las relaciones con el Instituto Politécnico Nacional, indica, se plantea una “solución integral”. Ésta tiene que ver con el desarrollo de sistemas y capacitación. También se tienen contemplados la generación de 3 mil puntos de recabación adicionales, “que son maletines para la captura del biométrico de los muchachos y el soporte que se requiere para toda esta operación”.


Cosmocolor inconforme
Observaciones de la ASF, pendientes
Niños, sin protecciónUno de los argumentos del Estado para promover la afiliación de los niños y adolescentes de México es la seguridad. Los discursos del secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, y del presidente Felipe Calderón argumentan que la inscripción de la población infantil “obedece a que son un segmento de la población, probablemente el más expuesto a la vulnerabilidad de sus derechos y hay que protegerlos contra cualquier amenaza”.No obstante, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, critica esta postura, pues la garantía de seguridad, señala, se da a través de la institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección de los derechos de los niños. Los argumentos oficiales “son frágiles”, asegura, y aunque jurídicamente están en el derecho y conforme a la ley para llevarlo a cabo hay un tema de carácter técnico y de viabilidad: “El derecho a la identidad no está en una cédula de identidad, sino en un acta de nacimiento. La tipificación de los chicos que han sido sustraídos de su núcleo familiar no se resuelve con una cédula sino con investigación e inteligencia policiaca”.Señala que los mexicanos se deben preguntar “cuál es la tarea y el sentido de las acciones del gobierno para garantizar la defensa de los derechos de los niños”. Además, considera, que no es lo mismo “resguardar a los niños” que cuidar sus derechos. Cuando resguardas a éstos creas institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección”.El documento Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México (versión actualizada 2008-2011), publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), indica que casi el 6 por ciento del producto interno bruto está destinado para atender a la niñez.Durante este periodo, indica la Unicef, “la inversión federal en niños y adolescentes osciló entre 737 mil millones y 819 mil millones de pesos al año, a valores constantes de abril pasado. En total, en el periodo referido se invirtieron 3 billones 123 mil 554 millones de pesos en los niños del país, lo que implica una inversión promedio de 5.85 por ciento del producto interno bruto de México y de 30.25 por ciento del gasto programable total”.El gasto empleado en salud corresponde a 34.41 por ciento; vivienda y su infraestructura, 0.19 por ciento; alimentación y nutrición, 4.6 por ciento; asistencia social, 3.72 por ciento; educación, 46.94 por ciento; deportes, recreación y cultura, 0.65 por ciento; urbanización y desarrollo regional, 8.61 por ciento; medios masivos de comunicación, 0.01 por ciento; y en el rubro de protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación sólo se emplea el 0.87 por ciento.
La SCJN desecha controversia constitucionalEl 7 de septiembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.El senador panista Felipe González defiende la puesta en marcha de este proceso y expone que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 36, fracción primera, que es obligación de los residentes inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que las leyes dicten.“De la misma forma, el segundo párrafo del artículo 36 establece que la organización y el funcionamiento del citado registro y la expedición del documento de identidad son servicios de interés público. Por lo tanto, es una responsabilidad que le corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que se vayan estableciendo en la ley.”El 25 de enero pasado, la Cámara de Diputados interpuso ante la SCJN una controversia constitucional en contra de Calderón y su gabinete, al considerar que la Cédula de Identidad Ciudadana incurría en ilegalidades: la primera, “el Ejecutivo no puede por sí solo regular o reglamentar un aspecto que la ley le ha conferido al Legislativo, mismo que no ha normado respecto a la Cédula”. La segunda corresponde a la violación de los derechos humanos con la obtención de los datos biométricos y la lectura del iris de los mexicanos.Jaime Cárdenas Gracia comenta que después del fallo de la SCJN la única vía que podrían utilizar los ciudadanos para evitar la “violación de sus derechos humanos” será mediante el amparo.
Estado policiacoDe acuerdo con especialistas, defensores de derechos humanos y de la niñez, la Cédula de Identidad Ciudadana violenta la integridad de los menores, pues en ningún país se recaban los datos biométricos y las huellas dactilares de las personas en un sólo documento.David Peña, abogado defensor de derechos humanos, indica que “ni en Estados Unidos, una de las naciones más desarrolladas del mundo, existe un registro de las huellas dactilares de sus ciudadanos, en tanto no hayan cometido ningún delito. La CIC responde más a un Estado policiaco de la actual administración, que a la protección de los mexicanos” (Contralínea, 7 de agosto de 2011).Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, añade que “es excesiva la cantidad de elementos biométricos que se han incorporado, sobre todo cuando en el estándar internacional no está sustentado en los esquemas de identidad policiaca, sino de identificación de una persona. Éstos están definidos con el pasaporte, que es un documento biométrico de reconocimiento mundial”.De la revisión de las solicitudes que hacen los gobiernos de México, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Reino Unido para identificar a sus ciudadanos se desprende que ninguno conjunta los biométricos, con huellas dactilares y la lectura del iris.El director del Renapo justifica: “Hay que tener cuidado porque el tema, por ejemplo del iris, es una cuestión nueva. No tiene mucho tiempo y los sistemas de identificación de los países tardan mucho tiempo en tomar decisiones hasta que se logra instrumentar; por consiguiente, no son tan dinámicos, no son cambiantes las innovaciones tecnológicas”.

lunes, octubre 10, 2011
9 exdirectores del Politécnico cobran más de 10 MDP al año


El Instituto Politécnico Nacional (IPN) eroga cada año 10 millones 298 mil 237 pesos en “sueldos” para los exdirectores generales. Según esa casa de estudios, los pagos se “justifican” porque éstos participan en el Consejo de Exdirectores.





sábado, agosto 13, 2011
Canal Once, fuera de la ley
Cambio de nombre, de logotipo, anuncios en pantalla, cargos fuera del organigrama, convenios con el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), programación comercial, uso partidista… son todas violaciones al estatuto legal de XEIPN Canal Once, definido de acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, aseguran los representantes del Colegiado de Organizaciones Politécnicas.
“Nos hemos agrupado para defender a XEIPN Canal Once de los intentos de desincorporarlo del IPN, de hacerlo la tercera cadena nacional y convertirlo en una emisora con fines electorales”, dicen en entrevista con Proceso Rolando Menchaca García, miembro de Politécnicos en defensa de XEIPN Canal Once, expresidente de la asociación de exalumnos de la ESIME, fundador de la Agencia Espacial Mexicana; César Enciso, ingeniero en comunicaciones electrónicas; Ramiro Aguirre, presidente de la Organización Nacional Politécnica Cardenista; Primo Alberto Calva Chavarría, miembro del Consejo Nacional de Egresados del IPN, presidente del Consejo de Investigadores Politécnicos y director del Centro Nacional de Cálculo; todos ellos profesores-investigadores del IPN en activo.
Aseveran que pese a las pláticas sostenidas con Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general, con diputados, senadores y con el director del canal; de haber publicado un desplegado de prensa firmado por 15 asociaciones y hecho múltiples declaraciones públicas, sus peticiones han sido desestimadas. Por tanto, el siguiente paso que darán será una demanda legal a quien resulte responsable para que Canal Once sea restituido en su carácter de “apoyo” a la educación, a los resultados de las investigaciones, a la cultura técnica del IPN tal como lo define su Ley Orgánica.
Piden asimismo terminar con el convenio con OPMA que fue firmado el 12 de julio del 2010 y ratificado irregularmente este año. Adjudicar las frecuencias que opera OPMA directamente al Politécnico, ya que este tiene derecho de prelación. Total transparencia en el presupuesto, que éste sea adjudicado y ejercido por el IPN. Respeto irrestricto a los ordenamientos legales: la ley Orgánica establece que Canal Once es un órgano de apoyo al IPN y esto no puede modificarse salvo cambio de la ley. Conformación de un Comité Asesor, pues así lo establecen los ordenamientos; el que se instaló en la época en que Alejandra Lajous era directora, no ha sido cancelado pero tampoco se ha reunido desde el 2000.
La inconformidad con el manejo de Canal Once viene de lejos. No obstante haber sido adscrito al IPN, sucesivos directores han querido modificar su status e incluso desincorporarlo de la institución de enseñanza superior que este año celebra su 75 aniversario.
Canal 11 obtuvo hace 50 años su permiso adscrito al Instituto Politécnico Nacional. Fue la primera emisora pública del país, pionera en el ámbito de la cultura y la educación. Así operó muchos años. En 1983, cuando se funda el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), el director Pablo Marentes intenta agrupar bajo el mismo a Canal 11. Se genera descontento, lo que imposibilita el tránsito legal, y el 11 permanece independiente del organismo público recién creado y sigue perteneciendo al Politécnico.
El segundo intento se produce en el sexenio de Salinas, cuando Alejandra Lajous era directora. Se originan dos hechos paralelos: por un lado se despide, liquida, reduce al mínimo al personal de base adscrito al IPN que laboraba en Canal 11, y comienzan las contrataciones por honorarios. Por otro, se crea un fideicomiso, que aún opera de manera discrecional, para allegarse más recursos. Inicia así la comercialización de la pantalla en principio a partir de patrocinios, hoy existen anuncios en flagrante violación a la ley. Enseguida elaboraron un convenio mediante el cual el Canal Once sería separado del IPN. El entonces director general del Instituto, Oscar Joffre se negó a firmarlo. Durante la gestión de Ernesto Zedillo hubo un nuevo intento, el entonces director Diódoro Guerra se opuso y Lajous desistió aceptando constituir un Comité Asesor formado por la propia directora, por Efrén Parada Arias, Julio Téllez García y Primo Alberto Calva. Generaron modificaciones en la programación para incluir una barra exclusiva del IPN, se creó la barra infantil Bizbirije, montaron un departamento de arte cuyos diseños obtuvieron premios internacionales, crearon programas y series originales, y una campaña que hablaba del “orgullo de ser politécnico”. El Canal mejoró, aumentó su audiencia y delineó un perfil propio.
El gobierno de Calderón instala al frente de la estación a quien fuera su productor de campaña, Fernando Sariñana. El canal comienza a sufrir modificaciones en sus contenidos, en su imagen, en su orientación política. Le cambian el nombre a Once TV México y le agregan eslogans: “una tele más atrevida, entretenida, divertida, etc.” En 2009 su presupuesto se duplica con el fin de ampliar su cobertura, y en 2010 se crea un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación, el denominado OPMA. Éste obtiene ocho frecuencias abiertas, cuatro analógicas y cuatro digitales en las ciudades de Xalapa, Guadalajara, Morelia y Coatzacoalcos. Canal Once firma un convenio mediante el cual se compromete a entregar su programación a OPMA para que la retransmita de manera íntegra y sin interrupciones.
El presupuesto de 2011 es de 586 millones de pesos, este aumento lo autorizó el Congreso, se hace efectivo pero llega al OPMA, no al canal, el IPN no ejerce ni regula la partida presupuestal, queda al margen de las decisiones, el Canal 11 ya no le pertenece más que de nombre. “El IPN no tiene presencia en pantalla”. Todo ello está causando enorme inconformidad en el canal y entre los politécnicos, que defienden su soberanía sobre el Once.
viernes, agosto 05, 2011
El despertar juvenil
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Urge una radical renovación generacional y ética de la clase política nacional. Es iluso imaginar que a partir de una serie de reuniones públicas televisadas los mismos políticos de siempre se despertarán y ahora sí trabajarán en función del interés público. Lo que se necesita es un nuevo movimiento juvenil combativo y propositivo que sacuda a los políticos profesionales y prepare el camino para un relevo integral de la clase gobernante.
El movimiento tendría que ser verdaderamente nuevo y desplazar a muchas de las voces y organizaciones sociales actualmente “autorizadas” para hablar en nombre de la llamada “sociedad civil”. La renovación generacional debe aplicar no solamente para los políticos, sino también para la “comentocracia” y muchos de los dirigentes sociales que han envejecido y se encuentran desfasados.
A lo largo de la historia, México ha jugado un papel central en los procesos de transformación social a escala mundial. A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 establecieron las pautas para el nuevo constitucionalismo social que rápidamente se extendería a lo largo y ancho de Europa, y después al mundo entero. Posteriormente, la materialización del proyecto revolucionario durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera y el inicio del reparto agrario, demostró al mundo que era posible pasar de la propuesta a la acción para detonar una profunda transformación social desde el poder del Estado.
Durante los años 50, 60 y 70, México volvió a destacar en el escenario global por la fuerza de sus movimientos sociales en sectores tan diversos como los de maestros, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. Durante la década de los ochenta, la imposición de una lógica “neoliberal” en materia económica alrededor del mundo encontró una resistencia particularmente fuerte y consolidada en nuestro país. El movimiento que emergió fue tan fuerte que incluso en 1988 logró derrotar al partido en el poder, si bien la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas finalmente fue pisoteada por el fraude orquestado por Carlos Salinas.
En la década de los noventa, el movimiento internacional en contra de los efectos de una “globalización” desigual e injusta tuvo su momento fundacional en el “Encuentro Intergaláctico en contra del Neoliberalismo y por la Humanidad” organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el verano de 1996. Las movilizaciones históricas durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, EU, en 1999, y después en otros encuentros de la misma organización, así como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no se explican sin el ejemplo y la inspiración de los indígenas de Chiapas.
Hoy, México vuelve a destacar como un país ejemplar, ahora en materia de reformas legales para la defensa de los derechos fundamentales. Las reformas constitucionales en materia de transparencia, justicia penal, electoral, amparo y derechos humanos que han tenido lugar en los últimos años representan un cambio real y significativo en el marco legal del país. Lamentablemente, hemos visto que las modificaciones legales significan muy poco si los individuos a cargo de las instituciones siguen trabajando de la misma manera corrupta e ineficiente que en el pasado.
La tragedia que hoy vive México en múltiples ámbitos (seguridad, educación pública, elecciones, empleo, salud, desarrollo social, etcétera) no es responsabilidad sólo de las “instituciones” de manera abstracta, sino de hombres y mujeres que han privilegiado sus propios intereses y compromisos por encima del bienestar general. La necesaria transformación de México requiere en primer lugar de un relevo integral de los políticos actuales para dar cabida a nuevos liderazgos juveniles, solidarios, éticos y trabajadores.
La juventud mexicana se encuentra actualmente en crisis. Estudios recientes de la Coneval, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical coinciden en que el desempleo y la pobreza han aumentado en este sector. Asimismo, la situación laboral para los que sí tienen empleo se vuelve cada vez más precaria ya que las nuevas políticas de contratación reducen sistemáticamente las prestaciones del sector juvenil. Los informes de la Organización de las Naciones Unidas reflejan que esta realidad de desprotección y exclusión juveniles no es privativa de México, sino que abarca al planeta.
Pero también existe una gran oportunidad histórica. Hoy gozamos de un “bono demográfico” sin precedentes en el que el porcentaje de población juvenil es más grande que nunca en la historia, y el promedio de edad de los mexicanos es de apenas 26 años. Así que, de la misma manera en que los jóvenes se movilizaron en Egipto, Libia y España, las condiciones están listas para un movimiento similar contra la totalidad de la clase política en nuestro país.
Pero el brote de este movimiento de nuevo signo, que sobre todo debería reivindicar las demandas de los jóvenes menos privilegiados, de ninguna manera ocurrirá de manera automática o espontánea, sino que dependerá de las acciones y decisiones que tomen los actores sociales. El futuro político del país no dependerá de los resultados de las elecciones de 2012, y mucho menos de la posibilidad de consensuar un candidato supuestamente “ciudadano” entre dos o más partidos, sino de la capacidad de los jóvenes para organizarse en sus comunidades, escuelas, barrios y centros de trabajo, así como para implementar nuevas formas de protesta social y plantear innovadores caminos para el desarrollo nacional. l
johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
martes, junio 28, 2011
Investiga PGR a Romero Deschamps
• Fraude por 3 mil millones en cuotas
• Abre expediente SFP a Enrique Villa
• La guerra fallida de Felipe Calderón
La semana pasada comentamos la disputa que hay en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por recuperar la fortuna en miles de millones de pesos que está guardada en unos 10 fideicomisos constituidos hace más de 20 años en Bancomer y Banamex por el exlíder Joaquín Hernández Galicia a nombre de los trabajadores petroleros y que ahora el actual dirigente Carlos Romero Deschamps pretende apoderarse de ellos.
Aunque han habido varios negociadores oficiosos para destrabar los acuerdos entre los dos líderes, entre otros el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien ha tocado incluso las puertas de las oficinas del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y hasta las de Los Pinos, lo cierto es que en este momento se rompieron las pláticas y se ve más que imposible que puedan recuperar esa fortuna que ya acumula intereses millonarios y que sólo pertenece a los trabajadores petroleros.
Pero mientras La Quina y Romero Deschamps se pelean por el dinero, en una fiscalía de la Procuraduría General de la República se mantiene abierta y muy activa una averiguación previa en contra del actual dirigente petrolero por el delito de fraude por 3 mil millones de pesos correspondientes a las cuotas de los sindicalizados. De haber voluntad política para aplicar la ley y hacer justicia, la PGR podría consignarla ante un juez federal y éste librar órdenes de aprehensión en contra de Carlos Romero Deschamps y su tesorero el exsenador Ricardo Aldana.
Esta podría ser la oportunidad que busca el gobierno federal para asestar un duro golpe al priismo con miras a las elecciones presidenciales de 2012, pues es sabido de la fortuna que ha acumulado ese líder petrolero que, al igual que otros dirigentes priistas, vive como un verdadero magnate a costa de las cuotas sindicales de los trabajadores y las prebendas otorgadas por gobiernos priistas. Si alguien duda puede buscar información en la prensa sobre los miles de millones que el corporativo entregó al sindicato y que fueron desviados a la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia, Francisco Labastida. Aunque hay muchos ejemplos, baste mencionar a otros líderes como la maestra Elba Esther Gordillo o al líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quienes al igual que Romero Deschamps poseen fortunas incalculables difíciles de justificar con su salario.
La denuncia hecha ante la PGR a finales del año pasado en contra de Romero Deschamps, fue presentada por el líder petrolero disidente Mario Ross, quien en respuesta la semana pasada fue capturado violentamente mediante engaños por agentes judiciales del Distrito Federal, bajo diversas acusaciones de fraude, y enviado a un penal de Villahermosa, Tabasco, en donde esta semana podría recuperar su libertad después de pagar dos fianzas por decenas de miles de pesos.
Apenas 20 días antes otro dirigente petrolero opositor a Romero Deschamps, Pablo Pavón, también había sido capturado y enviado a prisión bajo acusaciones de supuestos fraudes, los cuales parecen más que procesos fabricados desde la cúpula de ese sindicato charro que ahora está en crisis.
Según fuentes cercanas al proceso de investigación en contra de Romero Deschamps, el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación habría reactivado las indagatorias para integrar adecuadamente el expediente correspondiente y sólo esperan las órdenes para proceder en contra del poderoso líder petrolero y evitar errores como los ocurridos en el caso del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, a quien detuvieron sólo unos días y una jueza lo dejó en libertad por fata de pruebas y un proceso viciado de origen.
El expediente DE/015/2011 de Enrique Villa
Activo servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, el doctor José Enrique Villa Rivera ha sido distinguido por el presidente de la República, por supuesto en fechas distintas, al frente de tres direcciones generales de igual número de organismos públicos: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este último es su empleo actual.
Como es costumbre, después de su renuncia al IPN, los 10 exdirectores de esta honrosa institución académica mantienen un salario vitalicio igual al que recibían al momento de su salida, que en el caso de Villa Rivera ascendería a unos 170 mil pesos mensuales, algo más que el sueldo del mismo jefe del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los expresidentes de la República y los exministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al dejar su encargo público mantienen su salario con todas sus prestaciones. ¿Qué justicia social tendría México si obreros, jornaleros y campesinos recibieran un salario vitalicio?
De regreso con el caso del doctor Villa Rivera, actual director general del Conacyt, enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En la acusación marcada con el expediente DE/015/2011 y recibida el 1 de junio de este año en la Secretaría Técnica de la Oficina del Secretario de la Función Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo acusa a el exdirector general de haber cobrado una indemnización por 512 mil 463.01 pesos, mediante el cheque número 0026186 de BBVA Bancomer, y un finiquito por 134 mil 246.47 pesos, con cheque 0026187 del mismo banco. En total el doctor Villa Rivera cobró por su renuncia al IMP, 646 mil 709.48 pesos. El salario mensual integrado del director general del IMP asciende a 197 mil 198.24 pesos mensuales.
El controvertido alegato del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP ante la Función Pública, es que Enrique Villa no debió cobrar una liquidación (512 mil 463.01 pesos) como tal, porque él renunció al cargo para ocupar la Dirección General del Conacyt, y en consecuencia no tenía más derecho que a un finiquito (134 mil 246.47 pesos) que por ley le corresponde.
Advertido de la acusación en su contra, el ahora director general del Conacyt se adelantó al dictamen de la Función Pública y devolvió el monto recibido por la liquidación, es decir los 512 mil 463.01 pesos, según informó la misma SFP, la cual mantiene abierto el expediente y en breve resolverá sobre este caso que, aunque se trata sólo de unos cuantos cientos de miles de pesos, está más relacionado con una cuestión ética y moral de los servidores públicos y el abuso que muchos hacen del poder público.
Otros cuatro exfuncionarios del IMP están en la misma situación que el doctor Villa Rivera, ya que también renunciaron a sus responsabilidades en ese Instituto para seguir a su jefe al Conacyt, pero cada uno de ellos cobró su liquidación y su finiquito, lo que los coloca en situación de riesgo, ya que ellos no han devuelto dinero alguno.
Aunque en la Secretaría de la Función Pública consideran que el exdirector del IMP no tendría responsabilidad administrativa alguna porque ya devolvió el dinero motivo de la acusación en su contra, habrá que esperar cómo va a resolver esa dependencia responsable de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, por el caso de los cuatro subordinados de Villa Rivera que se niegan a regresar la liquidación que ya se gastaron.
Las “pruebas” de la acusación
Como pruebas de su acusación, el sindicato del IMP presentó varios documentos originales ante la Función Pública.
Con fecha de 28 de febrero de 2011, el doctor José Enrique Villa Rivera envió su carta de renuncia al doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos y presidente del Consejo Directivo del IMP, en donde le informa:
“Muy estimado Sr. Presidente del Consejo Directivo:
“Con esta fecha me permito respetuosamente presentar ante el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo mi renuncia al cargo de Director General del IMP, por asumir nuevas responsabilidades. Expreso mi más profundo agradecimiento al Consejo Directivo y en particular a su Presidente, por el gran apoyo brindado durante mi gestión. Le ruego hacer extensivo este agradecimiento a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo.
“Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo”.
Rúbrica del doctor José Enrique Villa Rivera
Una segunda carta, también fechada el 28 de febrero, dirigida al director general del IMP, le expone:
“Atendiendo a circunstancias personales y a las condiciones operativas que imperan en el Instituto Mexicano del Petróleo, me permito comunicarle la terminación de la relación de trabajo que me vincula a este instituto, con efectos a partir del 28 de febrero de 2011.
“En ese tenor, agradeceré su gestión para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a que tengo derecho, y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral”.
Un tercer documento entregado como prueba ante la Función Pública, es el “Convenio de terminación de la relación de trabajo” signado entre el apoderado del IMP y el doctor Enrique Villa Rivera.
Adelantamos que la Secretaría de la Función Pública exonerará al director general del Conacyt de cualquier responsabilidad administrativa y, tal vez, también a sus cuatro compañeros de trabajo que lo han acompañado por las tres direcciones generales que ha ocupado durante los cuatro años y medio del gobierno de Felipe Calderón.
Los que podrían ser sancionados son los funcionarios del Instituto Mexicano del Petróleo que firmaron los acuerdos de liquidación, pues se habrían excedido de sus derechos y funciones para beneficiar económica e indebidamente a cinco directivos que renunciaron a sus labores.
La lucha de Calderón
Como debe ser, la prensa vio con distintos ojos el diálogo de la semana pasada entre el presidente de la República y su gabinete de seguridad con familiares de víctimas de la “guerra” provocada por el gobierno federal. Las notas principales decían que Calderón debería pedir perdón por los 40 mil muertos, otras aseguraban que ya lo había hecho y unas más destacaban el diálogo positivo entre los familiares de las víctimas y el gabinete de seguridad encabezado por el presidente.
Lo cierto es que Felipe Calderón nunca pidió perdón por convicción propia, sino que fue obligado a pedir perdón a las familias de más de 40 mil víctimas y a millones de mexicanos que han tenido que padecer su “guerra” en contra del crimen organizado. Ese no fue un acto voluntario y mucho menos auténtico del presidente de la República, cuando el poeta y padre de una de las víctimas, Javier Sicilia, le exigió al mandatario pedir perdón a los mexicanos agraviados.
Convencido de que la “guerra militar” es la única alternativa que su gobierno puede ofrecer a la sociedad para disminuir la violencia y combatir a los cárteles de las drogas, Calderón dijo que pedía perdón y lo condicionó a que otros actores políticos y sociales, corresponsables de lo que sucede en todo el país, también pidieran perdón. Es decir, Calderón no cree que esté equivocado y que los más de 40 mil muertos es parte del costo que los mexicanos debemos pagar por dejar que él junto con las fuerzas armadas nos defiendan de los criminales.
Reacio a aceptar la crítica, el mandatario mexicano hizo a un lado los argumentos de los familiares de las víctimas y les advirtió que nada lo hará modificar las batallas armadas que se libran en calles, plazas públicas, centros comerciales, hogares, escuelas y zonas rurales de todo el país. Sin importar que sigan acumulándose las víctimas inocentes por esta guerra fallida del presidente.
Y sentenció, quienes piensen como Sicilia que el Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles y cambiar la estrategia de una lucha frontal que se libra en pueblos y ciudades, se equivocan, se equivocan y se equivocan. Pues bien, la historia lo juzgará y ya veremos quien se equivocó desde el principio.
lunes, mayo 30, 2011
El de Calderón, terrorismo de Estado


No habrá salida

Culpable

¿Dónde firmo?
Considera acatar orden de Los Pinos

Alto al tráfico de armas

Bajo fuego: “Pongan su carita en el piso”…
No está a la venta

El reino de este mundo
Slim recibe a Cristina Fernández

Expertos, contra negativa de SCT a Telmex
IPN estima que el 73% de aspirantes serán rechazados
Detienen a ex candidato panista a gobernador
Fuerte viento derriba carpa de circo

Bienvenidas las buenas ondas

Jornada de horror y violencia

Aseguran mega laboratorio de drogas

Lo malo de las exageraciones...

Grupo Oacaca, 10 años después
Malos mexicanos

martes, noviembre 09, 2010
El “desmantelamiento” del IPN

Desmantelar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa.
La autoridad politécnica, en voz de Efrén Parada Arias, secretario académico del IPN, no está de acuerdo. Para el funcionario, se trata de “confusiones interesadas” de “algunos grupos”. Asegura, en cambio, que “el Politécnico seguirá siendo una institución revolucionaria –por su origen y por su base filosófica– y que estará dirigida a trabajar, como desde el principio, con los sectores más desprotegidos de la población”.
Parada Arias señala que se trata, simplemente, de modificar los “aspectos operativos” de ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de los estudiantes de esta casa de estudios. Las reformas, a decir del doctor en tecnología de alimentos, responderían a necesidades normativas en materia de movilidad, cooperación e internacionalización y a las nuevas exigencias sociales y laborales.

“Mercantilizar” la educación
El proyecto, elaborado por la Secretaría Académica y que actualmente se encuentra en fase de “consulta”, incorpora términos que han generado polémica entre la comunidad politécnica. En el artículo 3 del proyecto se integra el término “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”.
“En nuestro país existe una tendencia general de trastocar el sistema de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, culturales y sociales, entre éstos el de la educación, para suscribirlos como mercancías”, asegura Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien imparte el taller El Derecho a la Educación.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en la última década del siglo pasado, sería el origen de la “mercantilización”, a decir del doctor en educación por la Universidad de Harvard, Hugo Aboites.
“En la legislación mexicana ya se utilizaba la palabra servicio, pero con otro sentido: como servicio a la comunidad o servicio social. Sin embargo, el TLCAN no sólo le quita a la educación el carácter de derecho, sino que la vuelve una mercancía, lo que tiene implicaciones muy fuertes”, agrega el investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.
Reglamentar cobros
Aunque los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional garantizan la gratuidad de la educación, los “donativos” impuestos a los estudiantes son, en realidad, pagos obligatorios. Así, por este concepto ingresan alrededor de 1 mil 700 millones de pesos –el 10 por ciento de su presupuesto total–, asegura Luis Niño de Rivera, profesor con 40 años de antigüedad en el Instituto. La legislación universitaria, expedida por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1981, señala en su artículo quinto: “La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita”.
Sin embargo, inscribirse en un programa académico, aprender un idioma, recibir atención médica, presentar un examen, practicar un deporte, todo implica pagar cuotas obligatorias, documentan alumnos del IPN. Su preocupación es que, de aprobarse el PRGE, estas prácticas se “reglamenten”.
La autoridad politécnica, en voz del secretario académico, niega que el PRGE atente contra la educación pública. Efrén Parada dice que, en el IPN, no existe ninguna asignación de cuotas por contraprestación de servicios, pero reconoce que la Secretaría de Hacienda les exige, al igual que a otras instituciones federales, ciertas “aportaciones”.
“Hay un catálogo de servicios en donde la propia Secretaría establece tarifas. Eso está mucho más allá de lo que quisiéramos hacer en esta materia porque forma parte de la estructura hacendaria.”
¿Usuarios o alumnos?
Efrén Parada señala que alumnos son las personas inscritas en algún programa académico. Y dice que usuarios, de acuerdo con el PRGE, serían quienes “atienden a una oferta específica”, como los servicios educativos complementarios: lenguas extranjeras, cursos, educación continua.
Sin embargo, en la última versión del PRGE se define como “servicios educativos” a todo lo que ofrece el Instituto, incluidos los programas académicos. Es decir, un alumno es también un usuario. Parada confirma lo anterior: “Un servicio educativo puede ser parte de lo que nosotros tenemos en la estructura académica regular; no necesariamente tiene que ser un diseño aparte”.
Las “salidas laterales”
El secretario académico del IPN acepta que el término “salida lateral” –incluido en la primera versión del PRGE– resulta polémico.
Se trata de la propuesta para que el IPN reconozca los estudios parciales de nivel medio superior o superior mediante un “certificado de competencias técnicas y/o laborales o un título de profesional asociado”.
Deterioro del nivel académico
Académicos señalan que la aplicación del Nuevo Modelo Educativo –que ahora con el PRGE se pretende reglamentar– ha deteriorado la calidad de la educación que imparte el Politécnico.
“Si yo comparo el nivel de mis estudiantes que actualmente llegan a posgrado y que son buenos estudiantes –tienen promedio de 8 y están becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología– con los estudiantes que tenía hace 10 años, la diferencia es notable”, confiesa Luis Niño de Ribera, profesor en la maestría de microelectrónica y en el doctorado en comunicación electrónica en la ESIME Culhuacán.
Golpear las matemáticas, “el lenguaje fundamental para poder hablar y entender la ingeniería”, es para el catedrático el motivo principal de que el nivel de los cursos que ahora imparte en el posgrado sea el que impartía en licenciatura.
“Esto no se puede entender más que como un acto deliberado para golpear la formación de los jóvenes en aspectos fundamentales de las matemáticas, para que en México no se desarrolle tecnología y ciencia.”
Movilidad, fuga de cerebros
La movilidad académica que, de acuerdo con el PRGE, consiste en el intercambio de estudiantes entre las unidades académicas del IPN y de éste con otras instituciones –del mismo país o del extranjero– contribuye también al desmantelamiento del IPN, asegura el profesor Víctor Moreno. Se trata, en realidad, de un mecanismo para institucionalizar la fuga de cerebros, pues sólo los estudiantes regulares (los que no adeudan materias) pueden participar en estos intercambios.
Pensar que en el Politécnico se genera todo el conocimiento mundial y, por tanto, cerrarse ante experiencias como ésta “sería fatal para la institución”, asegura Efrén Parada, quien define “movilidad” en términos de mejorar la formación de los estudiantes y la calidad del servicio educativo.
La movilidad significa, en el fondo, reforzar el mercado de estudiantes, asevera Hugo Aboites, estudioso del campo de la educación por más de tres décadas.
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