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De los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo, 53 son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 37 de éstos en coalición con el Partido Nueva Alianza (Panal). En el palacio de gobierno de la capital despacha el priista Francisco Olvera Ruiz.
Nada cambiará. El próximo 3 de julio los hidalguenses elegirán a sus nuevos presidentes municipales, síndicos y regidores. La hegemonía priista se consolidará en el estado que debe su nombre a Miguel Hidalgo y Costilla, vaticinan especialistas.
En la contienda electoral de 2005, la oposición se apoderó de 46 ayuntamientos: 24, el Partido de la Revolución Democrática (PRD); 18, el Partido Acción Nacional (PAN); dos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y dos, el Partido del Trabajo (PT). En los comicios por la gubernatura estatal, celebrados en 2010, la diferencia entre las fórmulas Alianza Unidos Contigo (PRI-Panal-PVEM) e Hidalgo Nos Une (PAN-PRD-Convergencia) fue de apenas el 5.29 por ciento del total de los votos validados.
Hoy sólo 31 de los municipios están en manos de la oposición: 14, del PRD; nueve, del PAN; seis, del PVEM (que ganó sin aliarse con el PRI); uno, del PT, y uno, de Convergencia.
Además, para el proceso electoral en curso, el PRI registró planillas en los 84 municipios; en 23 de éstos en coalición con el Panal y el PVEM. En cambio, el PRD y el PAN sólo registraron 32 y 30 planillas, respectivamente; a través de la fórmula Hidalgo Nos Une, ambos partidos obtuvieron 49 registros más. Por su parte, Convergencia carece de representación en 38 ayuntamientos, el PVEM y el PT en 36, y el Panal en 15.
La clave del priismo es su histórica pero vigente maquinaria clientelar, corporativa y populista, aseguran Aidé Hernández García y Josefina Hernández Téllez, profesoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tal maquinaria, explican, moviliza desde los sectores gubernamentales hasta los medios de comunicación, con “sus formas sutiles de imposición”.
De las entrevistas a 400 ciudadanos, previo las elecciones de julio de 2010, las investigadoras concluyen que votar por el PRI en Hidalgo “no es opcional”. La tradición, las despensas o apoyos económicos y la necesidad de conservar su empleo llevan a los hidalguense a optar por el partido más longevo del país.
Funcionarios que se sirven de líderes locales para repartir despensas; doctores que dan consultas gratis o las presentaciones de la cantante Gloria Trevi en las explanadas de las colonias populares son escenas preelectorales comunes en Hidalgo. “Ya no creo en los partidos políticos; prefiero votar por quien me ofrece más”, es también afirmación común, principalmente entre los electores de los sectores marginados.
En la antesala de las elecciones presidenciales de 2012, el PRI hace todo por conservar Hidalgo como bastión. Además, las condiciones le favorecen: tiene las instituciones, los recursos e incluso los medios de comunicación, asegura Hernández García, maestra en ciencia política y autora de los artículos “Elecciones municipales, un estudio de caso: Pachuca de Soto”; “Las elecciones 2010 en Hidalgo y la cobertura de los medios en el proceso electoral”; y “La cultura política de los hidalguenses”.
Asimismo, los partidos de oposición fuertes tampoco representan “tanta competencia”. El PRD, invisible y fragmentado; el PAN, con una división interna que le impide consolidarse. En este panorama, la mayor contienda del tricolor es con el abstencionismo, que en los comicios electorales de 2008 y 2010 alcanzó el 62.6 y el 51.8 por ciento, respectivamente.
Hernández García y Hernández Téllez refieren la improbable reducción de este fenómeno. Para la primera, síntoma de desilusión y enojo; para la segunda, del desencanto pero también de la ignorancia de la población: “Sentir que no importa lo que hagamos como sociedad, si al final de cuentas las cosas no cambian”.
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Nayarit: promesas inalcanzables y derroche de recursos
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Nayarit es uno de los estados de la República menos poblados. Su padrón electoral (de 750 mil ciudadanos) representa menos de la mitad del de la delegación Iztapalapa o del municipio de Ecatepec. Sin embargo, los topes de campaña, por 18 millones de pesos, han sido rebasados por tres de los cinco candidatos registrados. Los reportes oficiales de gastos indican que tan sólo en propaganda para medios electrónicos y anuncios espectaculares, los aspirantes del PRI, PAN y PRD han superado el presupuesto destinado a la construcción de vivienda en la entidad para el presente ejercicio presupuestal (8 millones de pesos). Sin una oferta política definida, los candidatos prometen lo que nunca podrán cumplir....
Gobierno de Ney González, reprobado por la ASF
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Ney González Sánchez, actual gobernador de Nayarit, deja rezagos económicos en el estado. Auditorías realizadas a los recursos locales y federales evidencian un probable daño a la hacienda pública por más de 66 millones de pesos, además de 74 millones en subejercicios y errores. El máximo órgano de fiscalización del país es contundente: dictámenes “negativos” en siete de las auditorías practicadas al gobierno estatal...
Coahuila, el cacicazgo de los Moreira
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En Coahuila, la elección del futuro gobernador podría ser sólo un cambio de estafeta entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdez: al cobijo de una maquinaria electoral orquestada desde 2005, el hermano del exgobernador mantiene una amplia ventaja sobre sus oponentes. En una entidad que hoy vive asolada por la violencia y la inseguridad, las descalificaciones y acusaciones entre quienes aspiran a gobernarla es la tónica que ha marcado el proceso electoral. Los coahuilenses deciden entre los Moreira y el compadre del presidente....
ATACAMA, CHILE., 18 de octubre (Proceso).- “Como a las 10:30 de ese 22 de agosto un rescatista que apoyaba los trabajos de sondaje (introducción de sondas a la mina) pudo ver el papel escrito por los mineros en el que decía que los 33 estaban vivos.
Bajó corriendo (al campamento) a contarle a los familiares. Gritaba como un loco: ‘Están vivos, están todos vivos’. Ahí estallaron gritos de júbilo, empezaron todos a llorar, a abrazarse, algunos se tiraron al suelo a rezar… fue muy emocionante”.
El relato es de Berta Manrique, viuda del histórico líder minero Alamiro Guzmán. Luego de 17 días de permanecer incomunicados en el fondo de la mina San José –el derrumbe que los dejó encerrados ocurrió el 5 de agosto–, los mineros avisaban que estaban vivos.
Berta Manrique dice que la enorme alegría que sintieron se truncó pronto porque ninguna autoridad confirmaba o desmentía la noticia… había que esperar a que el presidente Sebastián Piñera diera la información, lo que ocurrió tres horas después de que en el campamento se supiera que los mineros habían sobrevivido.
Fuentes consultadas por Proceso aseguran que a las 7 de la mañana de ese 22 de agosto el equipo de rescate tenía la certeza de que los mineros vivían. Ellos habían pintado una raya roja en el martillo de la sonda introducida a la mina.
El manejo de Piñera
Ese domingo Piñera se desayunó con la noticia de que su suegro, Eduardo Morel –enfermo de cáncer– había muerto. Aun así fue a la mina San José en el desierto de Atacama, unos mil kilómetros al norte de Santiago.
Ahí sacó de su bolsillo el mensaje: “Estamos bien en el refugio los 33”. Ese pedazo de papel se volvió desde entonces un fetiche. Piñera lo lleva consigo y lo muestra a la menor provocación, como el pasado 24 de septiembre, cuando se entrevistó con el gobernador de California Arnold Schwarzenegger.
Es tanto el protagonismo del presidente chileno que lo han criticado incluso desde su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI). El 26 de septiembre en el programa de TVN Estado Nacional, el senador de la UDI Pablo Longueira afirmó que “el gran problema del gobierno de Sebastián Piñera es que es de Sebastián Piñera”.
Agregó: “No he escuchado nunca a un ministro ni al presidente hablar de la Alianza por Chile”, en referencia a la coalición de la UDI y Renovación Nacional (RN) que llevó a Piñera a la presidencia.
El lunes 4, en una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile el mandatario exhibió su protagonismo: “Espero poder rescatarlos (a los mineros) antes de partir a Europa porque para mí es muy importante compartir ese momento no solamente con los 33 mineros, con los cuales he conversado muchas veces, sino también con sus familiares”.
Piñera viajará a Europa del 17 al 22 de octubre por lo que –según trabajadores de la mina San José– pidió al ingeniero Andrés Sougarret, jefe del equipo de rescate, no recubrir el túnel de 623 metros por el que sacarían a los mineros; pretendía acortar los tiempos.
Sougarret –considerado máximo experto mundial en minas subterráneas– explicó al presidente que eso era muy riesgoso por la fragilidad del ducto en su parte más baja ya que a esa profundidad el subsuelo es arenoso. Al final se optó por recubrir sólo los últimos 100 metros.
El rescate se logró antes de que Piñera se fuera a Europa gracias a que la perforadora T130 de la empresa Geotec (del ministro de Defensa Jaime Ravinet) avanzó más rápido de lo previsto. Además, el gobierno le dio a Sougarret todo lo que pidió. Por ejemplo para operar la perforadora T-130 trajo a los expertos Jeff Hart y Matt Staffel, que estaban en Afganistán perforando pozos de agua para las tropas de Estados Unidos.
Hasta el miércoles 13 el costo del rescate era secreto, pero los réditos políticos para Piñera ya son evidentes. Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) divulgada el 7 de septiembre, en dos meses la popularidad del mandatario pasó de 54 a 57% y el grupo de personas que cree que su gobierno es de los empresarios bajó de 54 a 42%.
Más aún: el rescate de los mineros colocó como posible presidenciable de la Alianza por Chile al ministro de Minería, Laurence Golborne cuya gestión obtuvo 87% de aprobación, cifra inédita desde que el CERC hace estas mediciones, hace 20 años.
Camuflaje
La cobertura del rescate copó la agenda informativa en Chile: el lunes 11 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) reveló que 79% de los chilenos cree que los medios aprovecharon la imagen de los mineros para aumentar las ventas o el rating.
Al mismo tiempo restaron importancia a otros hechos noticiosos. Uno de ellos pasó casi inadvertido: el gobierno presentó una iniciativa de ley que renueva la invariabilidad tributaria a las empresas mineras hasta 2023. Esto significa que hasta esa fecha el gobierno no podrá aumentar a estas compañías las tasas impositivas, que de por sí están entre las más bajas del mundo.
El proyecto de ley se presentó el pasado 1 de septiembre pero el Senado lo aprobó el martes 12, cuando se inició el rescate de los mineros; 43 senadores votaron a favor de la iniciativa, uno en contra y tres se abstuvieron. Ahora sólo un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional detendría su entrada en vigor.
La invariabilidad tributaria no es nueva. En 2005 –durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos– las empresas mineras recibieron este beneficio cuyo plazo vence en 2017. La iniciativa aprobada por el Senado lo prorroga seis años.
Según Hugo Fazio, economista del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo, con esta ley “Chile renunciaría durante un largo periodo a una política soberana en relación con la mayor riqueza natural con la que cuenta”.
Explica que esta ley “amarra las manos a varios futuros gobiernos” en relación con los impuestos a las mineras, al mismo tiempo que “proporciona a los consorcios privados un punto de apoyo para cuestionar cualquier resolución soberana que en ese lapso pueda adoptarse”.
Según un informe elaborado en 2004 por la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras, 45 de las 47 grandes compañías del ramo que operan en Chile no pagan impuestos pues declaran pérdidas.
Esto es relevante si se considera que Chile es el mayor productor mundial de cobre y que en los últimos tres años las mineras –la mayoría de ellas extranjeras– han obtenido ganancias de más de 60 mil millones de dólares.
Explotación laboral
A pesar de sus abultadas ganancias las grandes empresas no trabajan en condiciones de seguridad ni respetan los derechos laborales.
Daniel Sanderson, uno de los 300 mineros que trabajaban en San José dice a este semanario que las compañías “sacan todo el mineral y se dan el lujo de no dejar un peso en la región (de Atacama)”.
Afirma: “Hacen cagar la salud de los trabajadores, te pagan un salario miserable (…) Arriba, en la mina Candelaria (propiedad de la estadunidense Phelps Dodge) el que más gana recibe 500 mil pesos (mil dólares) por trabajos supersacrificados en los que se arriesga la vida”.
Añade que en San José él ganaba 500 mil pesos “pero me estaban pagando mi vida”. Explica: “Era tanta la contaminación que había dentro de la mina que cuando yo tosía y escupía la saliva salía como una pasta de zapatos, negra”.
Dice que los fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) responsables de verificar las condiciones laborales de las minas, “están todos coimeados (sobornados)” por las empresas. “De hecho, cuando fue el accidente del Gino Cortés (minero que perdió una pierna en esta mina en julio pasado) nadie hizo nada. Subían los fiscalizadores y pasaban directo a las oficinas de los jefes, recibían su pago y se iban. Nunca entraban a la mina a fiscalizar las condiciones laborales”.
Sanderson asegura que ese era el momento de cerrar la mina.
Expresa su rabia: “San José era una mierda. La plata se la llevaban los puros jefes y no invertían nada en uno”.
Añade: “Si uno pedía un par de filtros de trompa (mascarillas para purificar el aire) te decían: ‘No hay’, ‘espérate hasta la otra semana’. Yo tenía que andar comprando con mi plata los filtros en la feria de las pulgas, hasta que me aburrí y dejé de usarlos. Era tanto el calor y la tierra que ya todo te llegaba a dar lo mismo. Las condiciones de la mina eran pésimas. Había cuatro ventiladores y cuatro perforadores jumbo” para extraer los minerales de esta mina que tiene forma de espiral. “¿Qué es lo que hacían los jefes de turno? Apagaban los ventiladores para encender los perforadores, porque si hacían funcionar todo al mismo tiempo se caía el sistema eléctrico. Preferían parar la ventilación a parar la producción”.
Recuerda que hace un año se incendió un camión dentro de la mina –“casi mueren 17 compañeros”– y que la compañía ocultó el accidente, como ha ocultado muchos otros.
Desde que se supo que los 33 mineros que estaban atrapados seguían vivos, el Sernageomin aumentó las labores de fiscalización pero básicamente en la pequeña minería. Según Jorge Pavlevic, presidente de la Asociación Minera del Taltal, el organismo ha clausurado desde entonces 18 minas en la región de Antofagasta. En esa región 70% de las minas pequeñas tiene aviso de cierre. En Atacama ocurre algo similar.
En entrevista con Proceso, el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga sostiene que la tasa de accidentes en las grandes minas ha crecido en las últimas dos décadas y agrega que ni el gobierno ni las compañías dan a conocer las cifras. Y señala una de las razones del aumento de accidentes: “Ahora existen turnos de 12 horas siendo que hace 40 años sólo se permitían turnos de ocho”.
Alcayaga dice que el gobierno se aprovecha de la crisis de San José para lanzar una “persecución contra la pequeña minería”. Su objetivo: “Entregar los yacimientos donde ésta opera a las grandes empresas mineras”, afirma.
MÉXICO, D.F., 18 de octubre.- Sacudido en su modorra legislativa por el pasado, que nunca se va por completo, Francisco Javier Salazar Sáenz se apresuró a establecer las diferencias entre una mina de carbón y una de cobre, para distinguir también las tragedias que se abaten sobre una y otra y, en fin, para que no se establezcan parangones entre las conductas gubernamentales en uno y otro caso.
Lejana ya la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 mineros, el rescate de 33 trabajadores chilenos en la mina de San José, cercana a Copiapó en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, la trajo abruptamente a la actualidad por el rudo parangón que de inmediato se estableció entre ambas situaciones, que tuvieron un desenlace contrastado. Hasta ahora no han sido recuperados los restos de las víctimas en la región carbonífera coahuilense, mientras que al cabo de un vasto, inteligente y sostenido esfuerzo se salvó la vida a los empleados de la empresa San Esteban, omisa en su conducta de establecer medidas de seguridad, como lo fue Industrial Minera México, filial del Grupo México.
Salazar era entonces secretario del Trabajo. Había llegado allí tras una breve carrera política, iniciada desde su papel como líder de los profesores universitarios en San Luis Potosí. Nacido en el Distrito Federal, cursó ingeniería química en la UNAM y concluyó la carrera en la Universidad Iberoamericana. En la potosina se hizo doctor en ciencias sociales, derivación que juzgó oportuna para defender su credo religioso y político, que en su caso se integran. Además de su trabajo en la representación sindical del personal docente universitario, tanto en San Luis como en el ámbito nacional, militó en el tradicionalismo panista potosino. Fue diputado federal por primera vez de 1994 a 1997, al cabo del cual buscó ser candidato a gobernador, sin conseguirlo, como tampoco lo conseguiría en 2003, cuando en las elecciones internas fue vencido por Marcelo de los Santos.
Ya para entonces Salazar era subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, cuyo titular era el hoy finado Carlos Abascal. Estaban unidos ambos por una ideología férreamente conservadora, por lo que no resultó extraño que al transitar Abascal a Gobernación, para reemplazar a Santiago Creel, Salazar Sáenz lo sustituyera.
En febrero de 2006 se le encomendó atender la emergencia de Pasta de Conchos. Por tratarse de un desastre, hubiera sido un asunto atendido en Gobernación. O en Economía, dado que es competencia de esa secretaría regular las concesiones mineras. Pero se responsabilizó del caso a Salazar Sáenz, tal vez porque se percibió en la coyuntura el escenario adecuado para un lance político de mayor alcance, la defenestración de Napoleón Gómez Urrutia de su liderazgo en el sindicato minero.
Gómez Urrutia había cultivado una buena relación con el presidente Fox y el secretario Abascal, a quienes el gremio minero aclamó después de que se tomó nota de la elección del secretario general, acto que le había sido negado por el último secretario del Trabajo del régimen priista, Mariano Palacios Alcocer. Remediada esa situación, floreció el vínculo entre el dirigente sindical y el gobierno de la alternancia. En esos años el sindicato mantenía una disputa con una de sus contrapartes, el Grupo México. La causa inmediata era un litigio sobre acciones de las empresas adquiridas por ese grupo de la familia Larrea al gobierno federal. Finalmente, no sin un largo trayecto en tribunales, el sindicato recibió 55 millones de pesos, importe de las acciones que al ser privatizadas varias compañías mineras debía entregar al sindicato.
La derrota así infligida al Grupo México, más la exigencia permanente de mejores salarios para los trabajadores de sus minas, tensó y agrió las relaciones con el sindicato minero. Mucho ha de haber influido una creciente rivalidad personal entre el presidente del consorcio, Germán Larrea, y el líder gremial, Gómez Urrutia. Cada uno de ellos había sucedido a su padre en la tarea que los enfrentaba, y mientras que los progenitores establecieron una relación provechosa para ambos, el desencuentro rigió el trato entre los jóvenes herederos.
Fue ostensible que por pedido del grupo empresarial el gobierno de Fox mudaría su propia relación con los mineros. De esa manera, cuando la atención del secretario Salazar debería estar plenamente orientada a rescatar a los mineros de Pasta de Conchos, se anunció que el liderazgo de Gómez Urrutia estaba siendo impugnado, y en menos de una semana, mediante un procedimiento tramposo y apresurado, se colocó a un líder postizo en el lugar del secretario general hasta ese momento reconocido.
El papel de Salazar ante la tragedia fue cumplido de mal modo. El viernes siguiente al domingo trágico, antes de una semana de ocurrido el desastre, el secretario anunció el fin del intento de rescate. Se dictaminó entonces que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que la catástrofe impidió desde el momento mismo de su ocurrencia que los mineros sobrevivieran. En ese supuesto, era inútil esforzarse por localizarlos y rescatarlos. Simplemente se les dio por muertos. Tan definitiva fue en los hechos la decisión de clausurar la mina –acaso para que un diagnóstico imparcial no determinara que la inseguridad industrial había causado la tragedia–, que no se han rescatado los cuerpos, los restos de los mineros atrapados por el infortunio y una mezcla de factores humanos que debieron ser castigados.
Incapaz de lidiar con la angustia de los deudos, Salazar peleó con ellos, insinuó que los mineros ingresaban a la mina ebrios o drogados, recibió abucheos y proyectiles que mancharon su ropa, pero no su reputación. Terminó su gestión en la Secretaría del Trabajo sin hacer otra cosa que proteger al personal de esa dependencia involucrado en los antecedentes del desastre y coincidir plena y puntualmente con los intereses de la empresa, que ha dejado enterrados a sus antiguos empleados para ocultar la codicia que la hizo ahorrar a costa de la vida de los mineros. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en Chile a la hora de su propio desastre.
Al comenzar este sexenio, Salazar ingresó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, bajo la presidencia de Germán Martínez, y el año pasado fue elegido diputado federal, por la vía plurinominal, sitio reservado a los militantes de largo trayecto, a los grandes apellidos o para premiar servicios prestados. Fue vicepresidente de la mesa directiva al lado de su correligionario y tocayo Francisco Javier Ramírez Acuña, durante el primer año de la legislatura. Fue conservado allí durante el segundo año, el que está corriendo, bajo la presidencia del priista Jorge Carlos Ramírez Marín. En uno y otro caso, su papel lo obliga a dirigir los debates, en ausencia del presidente. Lo hace distraídamente. Y las más de las veces atestigua desde su alta posición (físicamente hablando) lo que ocurre en la llanura de San Lázaro.
En esa alta posición fue sorprendido por la vuelta del pasado, nunca ido del todo, pues no ha cesado la exigencia de las familias de Pasta de Conchos por recuperar los cuerpos de sus seres queridos, enterrados por decisión de Salazar al servicio del Grupo México. Su triste actuación en esa mina coahuilense, en el conflicto minero que artificialmente encendió –aunque el dirigente fantoche que inventó haya sido vuelto al rincón de los trebejos, de donde Salazar lo sacó–, no había sido olvidada. Se hace vigente ahora su gestión, en contraste con la del ministro de Minería chileno, que trabajó a favor de la vida, como Salazar a favor del dinero.
La transmisión del rescate de los 33 mineros chilenos constituye una prueba flagrante de cómo las noticias de los grandes medios de comunicación, por buenas que sean, son una perversión de la realidad.