Desobediencia civil revienta al Renaut

Dinero
"Nadie tiene más celulares que Calderón"

Desobediencia civil revienta al Renaut

Buró de consumidores

Enrique Galván Ochoa

Si toda la polvareda que levantó el Renaut tenía el propósito oculto de lograr un primer lugar mundial en algo para Felipe Calderón Hinojosa, ¡lo consiguieron! Millares de celulares de todas las marcas quedaron registrados con su nombre, CURP y fecha de nacimiento. Ni Obama o Lula tienen tantos. Y de paso lograron –¡al fin!– un ahorro en el gasto público porque los consumos serán pagados por los usuarios. Aunque tan resonantes logros se obtuvieron de un modo impensado: los datos de Calderón fueron tomados de las redes sociales de Internet y los mexicanos que se resistieron a dar su nombre real, pero no querían perder su línea, ya que hay la amenaza de que se las cancelarán –inclusive el saldo– si no registraban antes de la medianoche del sábado, usaron los del Presidente para requisitar sus móviles. No sólo de Calderón, también de Salinas de Gortari, Fox, Beltrones, Josefina Vázquez Mota, López Obrador y otros políticos. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación decidieron desactivar el portal del CURP para detener la piratería de claves. (No te sorprenda que también tu nombre aparezca varias veces en el listado.)

Desobediencia civil

Según Cofetel, a medianoche del sábado no se había registrado 32% de los celunautas. Sin embargo, el porcentaje podría ser mayor. El contador se alocó y en vez de incorporar registros de uno por uno comenzó a hacerlo de 500 mil en 500 mil. Faltando unos minutos para las 12 de la noche dio un brinco de 57,197,689 a medio millón más. A pesar de las amenazas de que serían canceladas las líneas, que perderían sus números y sus saldos, el Renaut fue rechazado en una expresión de desobediencia civil sin precedentes en la historia reciente del país. Alguna semejanza guarda con el voto blanco de las elecciones pasadas. ¿Cómo darle nuestro número y nombre –dicen– a funcionarios de gobierno si ya una ocasión vendieron completito el Padrón Electoral a la empresa ChoicePoint, que revendió cada copia en un millón de dólares? ¿Cómo confiar si el teléfono servirá de instrumento para la extorsión y el secuestro? En ciudades como Juárez y Reynosa, ha sido utilizado inclusive para crear situaciones de pánico colectivo. La ciudadanía pasó la factura a la clase política.

Registrados, no registrados y suspendidos

Envié por correo electrónico una encuesta a 2 mil 500 clientes de Telcel, Movistar, Nextel y Iusacell, que al mismo tiempo son miembros de El Foro México. A las 8 de la noche de ayer domingo había llegado la respuesta de 900. Corresponden 774 a Telcel, el mayor proveedor. En la gráfica de arriba aparecen los resultados.

@Vox Populi

Asunto: su cheque anda perdido

A casi dos meses de las inundaciones que afectaron la colonia Arenal, solamente he recibido tres cheques de $1,500.00 cada uno, pero el de daños no se ha podido cobrar ya que o lo tienen perdido, traspapelado o alguien intenta cobrarlo por mí. Fui a la calle de Chavero, donde se nos darían estos cheques, pero no saben dónde están. Acudí con Rafael Tato, Miguel Soriano, Omar Espinoza, todos de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, y no saben qué hacer; mi orden de pago por parte de Axa ya la rastreamos y la tienen como recibida en la segunda remesa, y ahora salen con que “a ver qué podemos hacer, porque ya se nos acabó el dinero que nos dieron para la reparación de daño”. La orden de pago de daños de Axa es la número 263852.

Francisco J. Peña Jiménez/Distrito Federal

R: ¿Se habrá ido alguien de puente con tu dinero? Vamos a seguirle la pista.

Asunto: buró de consumidores

Así como los empresarios crearon un buró de crédito que se fundamenta en mentiras, ¿por qué los consumidores no creamos uno serio, público y muy responsable, donde se incluyan dependencias gubernamentales y empresas no confiables y empezarlas a descartar para adquirir productos y servicios de ellas? Obligarlos además a que cumplan con calidad, precios justos, créditos con intereses bajos, rendimientos justos en inversiones.

Dr. Isidro Guajardo Hernández/Irapuato Universidad de Guanajuato

R: Es una propuesta muy oportuna ahora que va a discutirse una nueva legislación antimonopolios. El buró tendría que ser incluido entre los mecanismos de defensa del consumidor.

Asunto: las manchas de sangre

El sábado 10 de abril, a las 10:30 de la mañana, en el canal de televisión de Milenio trasmitieron un video un poco más completo de la filmación que hicieron funcionarios del estado de México en el momento en que están descubriendo el cuerpo de la niña Paulette. Se observan la sábana y el edredón con grandes manchas de sangre seca; inclusive para manipularlas mejor utilizan unas tijeras para despegar parte de la tela. La persona que está filmando dice: “La madrearon”. Lo anterior se agrega al cúmulo de contradicciones y situaciones sospechosas que ha manejado la policía ministerial del mencionado estado de México. (Fragmento del correo.)

Natividad González/Distrito Federal

R: Hay casi 20 mil ejecutados en la llamada guerra contra el narcotráfico, pero lo que nos obsesiona es el caso Po. ¿Se imagina cómo cambiaría México si nos preocupáramos por descubrir quiénes son los funcionarios que protegen a los malhechores, quiénes los financieros que lavan los capitales?

(Los textos completos aparecen en el foro.)

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/

México SA

¿Consumatum est?

27 millones por el no

¿Ley retroactiva?

Carlos Fernández-Vega

Oficialmente uno de cada tres usuarios de telefonía móvil se abstuvo de registrar su línea en el Renaut. Al concluir el sábado 10 de abril de 2010, el contador de la Cofetel reconocía que 68 por ciento de los aproximadamente 84.1 millones (cifras a enero de 2010) aceptaron la extorsión gubernamental, y que 32 por ciento (alrededor de 27 millones) dijeron no a la pretensión calderonista de cerrar aún más el círculo de control sobre los ciudadanos, un invento copiado de otras experiencias latinoamericanas, las que a su vez fueron copiadas de iniciativas europeas, igual de fallidas que la mexicana, toda vez que los índices de secuestro, extorsión, defraudación y conexos, lejos de disminuir, se han incrementado, aquí, allá y acullá.

Entonces, consumatum est, dirán en Los Pinacates. Pues resulta que no, porque de cualquier suerte las sorpresas continúan: 16 horas después de vencer el plazo fijado por la autoridad (16 horas del domingo 11 de abril), el susodicho contador se incrementó a 70 por ciento, 2 puntos porcentuales más (casi un millón 700 mil usuarios adicionales) que al cierre oficial del registro. Entonces, es cuestión de paciencia y de unas horas más para que el chafa contador de la Cofetel dé cuenta de que 150 por ciento de los usuarios sumisamente aceptaron subirse al nuevo mecanismo de control, por mucho que exista incredulidad plena sobre la capacidad gubernamental para mantener como confidencial, y bajo cinco llaves, la información personal de cada uno de los usuarios registrados.

Pero no todo fue inútil con el ejercicio del Renaut, pues permitió confirmar, por si hubiera dudas, que tampoco el gobierno calderonista puede garantizar la confidencialidad de la información personal contenida en la CURP (supuestamente resguardada por la siempre vigilante y efectiva Secretaría de Gobernación, lo mismo que en el caso del Renaut). Entonces, aquí cabe la pregunta: a la hora de contar, y luego del manoseo y trasiego de la clave única de registro de población, ¿cuántos miles o millones de teléfonos móviles y/o líneas telefónicas aparecerán registrados bajo el nombre de Felipe Calderón, Luis Donaldo Colosio, Arturo Chávez Chávez, Vicente Fox Quesada, Rafael Caro Quintero, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Luis Armando Reynoso Femat, Norberto Rivera Carrera, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Carlos Salinas de Gortari, Jacobo Zabludovsky, Mario Ernesto Villanueva Madrid, Adela Micha Zaga y tantos otros distinguidos personajes?

En vía de mientras, surge una duda que involucra no sólo la decisión calderonista y la sumisión de las empresas que proporcionan el servicio de telefonía móvil, sino al mismísimo estado de derecho: ¿con base en qué aplican retroactivamente una ley?, toda vez que el artículo 14 constitucional textualmente establece: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y millones de usuarios de telefonía móvil firmaron un contrato de servicio con las telefónicas mucho antes de que el multicitado registro obligatorio entrara en vigor. Por ejemplo, en mayo de 2003 se suscribió un contrato con Telcel, por medio del cual una de las partes se obliga a dar el servicio de telefonía móvil y la otra a pagar lo conducente. Esto se dio seis años antes de que la ley del Renaut entrara en vigor y siete antes del plazo fatal marcado por el gobierno calderonista, y hasta donde se sabe, cuando menos oficialmente, no hay estado de excepción en el país. ¿Qué dicen los abogados en torno a esto?

Sobre este tema, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisa lo siguiente: “la irretroactividad de la ley en perjuicio de los gobernados es una garantía individual consagrada en el artículo 14 constitucional, y la finalidad directa que percibe dicha garantía es que no se apliquen en forma retroactiva, en perjuicio de los gobernados, las distintas leyes que se expidan, mas no que al arbitrio de ellos se les apliquen en forma retroactiva las leyes que estimen les favorezcan. La citada garantía debe entenderse como el derecho del gobernado a reclamar la inconstitucionalidad de cualquier ley que se le pretenda aplicar retroactivamente en su perjuicio, pero no como un derecho para exigir que se le aplique determinada ley en forma retroactiva simplemente porque le favorezca…” Ni siquiera por razones de seguridad nacional puede aplicarse una ley de manera retroactiva, aunque tal vez sí por suspensión de garantías individuales lo que oficialmente no ha sucedido (aunque hay muchas dudas al respecto).

En abril de 2008 una comisión de senadores y diputados chilenos analizó una propuesta gubernamental que promovía la protección de los usuarios de telefonía fija y móvil de estafas y actos delictivos, para lo cual propone un registro nacional de telefonía móvil, en especial de la de prepago, con el fin de evitar el incremento de delitos a través de estos medios. En ese entonces el Senado de aquel país rechazó (17 votos contra dos) la aprobación de tal iniciativa, pues aunque el proyecto parece razonable sólo terminará imponiendo una carga extra a las personas honestas que tendrán que ir a inscribir sus celulares, sin considerar que muchas de ellas viven en zonas apartadas de las ciudades. La iniciativa estimulará un mercado más perfecto para los delincuentes, que podrán acceder a celulares robados en otros países, a telefonía satelital o simplemente podrán robar un celular inscrito y cometer igual un delito. Desde el punto de vista técnico, esta normativa quedará muy pronto obsoleta con el desarrollo de la telefonía IP y satelital. Sin embargo, lo más preocupante es el grado de control que se puede ejercer por parte del Estado sobre las personas, porque al implementarse este registro todos los chilenos estaremos sometidos a un escrutinio permanente de nuestra vida privada.

Y si lo anterior se parece mucho al caso mexicano, desde luego que no es coincidencia.

Las rebanadas del pastel

¿Cuánto costará a los mexicanos la sumisión de las empresas de telefonía móvil? ¿De a cómo –recursos públicos de por medio– fue el arreglo y la aceptación de, por ejemplo, la ex flamenca Telefónica Movistar?... Ya entrados en preguntas, ¿a qué Zapata se refería el inquilino de Los Pinos cuando dijo que aprobar las (sus) reformas que requiere el país es la mejor manera de honrarlo?, porque hasta donde se sabe Emiliano no se apellidaba Díaz Mori ni era oaxaqueño.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Gobierno policial

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- Entre sus afanes policiales y los compromisos con Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón no cesa en su propósito de control ciudadano.
El anuncio hecho el pasado jueves 14 por la Secretaría de Gobernación de suspender la Cédula de Identidad Ciudadana es sólo una manera de sortear las críticas a la emisión del documento.
En realidad, Calderón avanza en lo que verdaderamente le interesa: crear una base de datos con información personal de los futuros ciudadanos mexicanos.
El subsecretario de Población, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno mexicano creará una base de datos con los menores de edad y los extranjeros.
Esa base contendrá la información biométrica de los nuevos ciudadanos: huellas dactilares y oculares; además de la historia familiar de los individuos.
Con el argumento de que la Ley General de Población previó desde hace dos décadas la creación de un registro nacional ciudadano, y uno de menores de edad y extranjeros, la Secretaría de Gobernación pretende ir más allá de esa información.
Entre las intenciones de Calderón está la de integrar a esos datos antecedentes económicos, financieros y cuanta información de las personas tienen en su poder la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra dependencia. El resultado serán verdaderas fichas de control de las personas.
Sin el consentimiento de los nuevos ciudadanos, su información será concentrada y estará a disposición gubernamental.
A diferencia de países donde antes de elaborar estas bases de datos y emitir una cédula de identidad se regula el manejo gubernamental de esa información, en México el gobierno de Calderón se adelantó, ventajosamente, a la Ley de Protección de Datos Personales, que como tantas otras están congeladas en el Senado.
Tal es su prisa que ya tiene resueltas las licitaciones para la adquisición de la tecnología y para la elaboración de las bases de datos. Una de las empresas seleccionadas, por cierto, Smartmatic, de origen holandés, fue investigada por el FBI por presunta evasión fiscal.
El debate sobre lo que iba a ocurrir con la credencial de elector ocultó esos otros propósitos del gobierno calderonista.
Al cancelar la emisión de la cédula, la credencial para votar que emite el Registro Federal de Electores (RFE) se mantendrá como el documento de identificación oficial. Pero, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación sacó ventaja, pues el Instituto Federal Electoral incluirá en las nuevas credenciales de elector la Clave Única de Registro de Población (CURP) información biométrica de los electores.
Ya en el exceso y el autoritarismo, el gobierno de Calderón llegó a pretender el padrón electoral del RFE. No lo logró, pero para este año ya dispone de mil millones de pesos para empezar a elaborar las bases de datos de futuros ciudadanos.
Alineado en la lógica estadunidense de seguridad, Calderón quiere dejar las bases de un estado policial donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan ser controlados a partir de su información personal.
jcarrasco@proceso.com.mx

Remontar la cuesta

Olga Pellicer

MÉXICO, D.F., 14 de enero.- Las perspectivas para el lugar de México en el mundo durante el año que se inicia no son prometedoras. Hay muchas cuestas que remontar y pocos apoyos para subirlas. Vale la pena, sin embargo, reflexionar sobre lo que podría ayudar y los costos de no lograrlo. El tiempo se acaba; México se queda atorado o logra colocarse, al menos, a la mitad del camino.
Lo primero es levantar la estima por México ante la opinión pública nacional e internacional. El país tiene una imagen crecientemente negativa ante propios y extraños. Imposible ocultar los hechos dolorosos que la propician: la violencia, la corrupción, los retrocesos, la pobreza que aumenta, la economía que no crece, el sistema político que no funciona.
En consecuencia, la autoestima anda muy baja. Las encuestas nos dicen que los mexicanos tienen una pobre opinión del presente y esperan poco del futuro. Según la encuesta Mitofsky, al finalizar el 2009 los mexicanos coinciden en que la economía es peor que hace un año; en que la política está en esas mismas condiciones; en que la inseguridad ha empeorado. En resumen, se presentan “con un ánimo muy deteriorado, evaluando su situación en mal momento, con bajas expectativas y autoevaluaciones negativas”.
México trasmite al exterior ese malestar que se apodera del país. Para mejorar la imagen externa se requerirían logros internos, y esto no se alcanzará con los discursos televisivos del presidente prometiendo un futuro mejor. Sin embargo, algo podría mejorar con una buena política de comunicación, bien pensada, capaz de detectar cómo y con qué instrumentos lograr que la visión de México no esté dominada por el desánimo y la violencia. Poca esperanza queda cuando vemos la imagen que recorrió el mundo sobre la captura de un famoso narcotraficante. Cuando las fuerzas del orden adoptan actitudes similares a las del crimen organizado en su forma de capturar y agraviar, lo que se obtiene no es un sentimiento de orgullo por los fines alcanzados, sino un motivo de horror por lo que está pasando.
Ahora bien, existen otras formas de comunicación que ya no dependen del profesionalismo de las gentes del gobierno, sino de una nueva generación de comunicadores y creadores de redes sociales, la cual está surgiendo acompañada de las nuevas tecnologías. Ya no sabemos qué importa más, si los comunicados de la Presidencia, el noticiario de Televisa o los mensajes por Twitter en que participan millones de usuarios de internet. ¿Serán ellos quienes mayormente decidan sobre la imagen de México?
En el año que se inicia, México tiene oportunidad de colocar en el centro de la agenda otros temas y preocupaciones para mejorar, con ello, su mala imagen. Todo dependerá de cómo se haga y cómo se informe al respecto. Un tema es la reforma de las instituciones políticas. Existe la opinión generalizada de que éstas funcionan mal, los ciudadanos no quieren a los partidos políticos, están desilusionados de la democracia, tienen pésima opinión de sus representantes, piensan acertadamente que la transición hacia la democracia en México se pasmó.
La discusión sobre la reforma política que Felipe Calderón ha puesto sobre la mesa, pero que está en el aire desde hace muchos años por parte de numerosas fuerzas políticas, es algo que puede hacer remontar los ánimos, una oportunidad de lograr acuerdos, de mostrar que es posible mejorar, conciliar, opinar sin violencia, debatir y sentirse, al fin, orgullosos de dar un paso adelante. Se trata de negociaciones difíciles pero no imposibles. Todo depende de que los liderazgos políticos tomen conciencia de la urgencia de tener mejor gobernabilidad, y de que la ciudadanía logre incidir en llevar por buen camino los debates. Sin lugar a dudas, o al menos así lo espero, los twiteros desempeñarán un papel importante.
En los asuntos internacionales México tendrá un fuerte desafío que vencer al celebrarse aquí en el mes de noviembre la próxima conferencia mundial sobre cambio climático. Copenhague dejó muchas enseñanzas sobre las enormes responsabilidades del gobierno anfitrión desde la perspectiva de la buena diplomacia y de la actuación de las fuerzas del orden público.
Los diplomáticos mexicanos tendrán gran responsabilidad en todos los preparativos: decidir la integración de grupos de contacto; promover el equilibrio entre la diplomacia de eficiencia inmediata, que decide entre pocos, y la participación plural y amplia propia de cualquier conferencia de Naciones Unidas; redactar documentos de trabajo claves, y, desde luego, organizar toda la logística de buen funcionamiento y seguridad que supone una conferencia mundial.
Por otra parte, las fuerzas del orden tienen que estar preparadas para la presencia de la sociedad civil organizada, a veces en salones de discusión, otras en las calles, otras ante los funcionarios gubernamentales. La democracia danesa no salió bien parada de esta conferencia. La brutalidad de sus fuerzas del orden, los arrestos poco justificados, la imprevisión sobre los espacios que requerían las ONG, dejaron mala impresión de un país que, normalmente, hubiese obtenido una alta calificación por su sistema democrático y el funcionamiento de su seguridad.
Para México esa conferencia es un gran reto. Junto con muchos otros temas del ámbito internacional, al finalizar el 2010 tendrá motivos para pensar que en algo pudo remontar la cuesta, o que acabó hundiéndose en el camino.

De escalofríos, el control de Gómez Mont

Rogelio Hernández López

Fernando Gómez Mont Urueta habló con franqueza a un pequeño grupo de líderes sociales el viernes 11 de septiembre de 2009.
Eran alrededor de las 13:30 horas en la biblioteca Manuel Gómez Morín del viejo edificio en Bucareli. Allí escuché –y guardé en mi grabadora– unas frases del secretario de Gobernación que me dejaron cavilando, porque fueron sobre las presiones que padece por la inestabilidad política del país:
“…Ha sido un año de muchos asuntos críticos para el secretario: primero, el de seguridad; y luego, al de la crisis económica se nos antepone la sanitaria… y luego las elecciones y… ¿qué creen? Se generan muchísimos puntos ciegos…”
“Yo tengo que reconocer que mis sistemas de alerta institucional no están funcionando… ésta es la parte miserable de mi trabajo, porque cuando tienes tú una responsabilidad como ésta, tratas de tener sistemas de control de calidad, de funcionamiento, y únicamente en las crisis es cuando pones atención a ciertos asuntos…”
El secretario parece impaciente por tener más mecanismos de control gubernamental, me dije entonces. ¿Qué estará fraguando?
Fui juntando datos. En relación con la seguridad interior conocí dos proyectos que Gobernación había entregado a la Secretaría de Hacienda para su financiamiento y que no se han hecho públicos; cotejé sus presupuestos de egresos de 2006 a la fecha; peiné toda la información oficial que relacionara a esa secretaría con los problemas de seguridad.
Seguía acopiando información hasta que, en los primeros días de diciembre, el semidebate por la Cédula de Identidad Ciudadana me hizo conjuntar todos los datos duros que tenía. Y, al ponderarlos, no pude evitar un escalofrío.
Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población (Renapo), está construyendo, por primera vez en su historia, todo un sistema nacional de identificación personal:
1. Contendrá los datos básicos de cada uno de los mexicanos: acta de nacimiento, domicilio, actividad, fotografía, huellas dactilares y del iris ocular; mismos que serán anotados en el padrón de la cédula de identidad ciudadana.
2. Incluirá también los registros electrónicos de los ciudadanos que sean trabajadores asalariados o por su cuenta, de quienes sean proveedores y clientes de empresas, comercios y servicios, de los patrones y de las empresas. Y todos ellos entrarán a las normas del Padrón Único del Renapo.
3. Recibirá y apoyará con datos al modelo nacional de evaluación y control de confianza para los mexicanos que sean servidores públicos en las áreas de seguridad interna.
4. Apoyará y enriquecerá al modelo nacional de control de confianza con la creación de 32 centros estatales de control de confianza y certificación.
5. No tengo documentos, pero supongo que los registros de personas físicas y morales que tienen ingresos y están inscritos en el Servicio de Administración Tributaria de Hacienda también engrosarán la base de datos de ese sistema nacional de identificación personal.
6. Gobernación ya cuenta, por medio del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con un registro sistemático de acciones, acontecimientos y actores de los gobiernos, de la política, la producción, el comercio, la diplomacia y los servicios incluidos los medios de comunicación social. Eso ya lo sabíamos. Lo más nuevo es que ese centro oficial de inteligencia ha incrementado sus ingresos anuales –con Felipe Calderón, hasta en 800 por ciento– y fue designado como el eje de la inteligencia gubernamental en el Consejo Nacional de Seguridad, a pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene las funciones de secretario Ejecutivo.
7. Gobernación tendrá igualmente, quizá para cerrar los círculos, una nueva oficina de alertas de crisis que responderá directamente al secretario y que le permitirá reaccionar inmediatamente, desde su oficina central sin necesidad de desplazamientos físicos, y coordinar, incluso, las distintas áreas del gobierno federal relacionadas con la seguridad interior.
¿Qué significa todo esto? Que la Secretaría de Gobernación tendría más registros ciudadanos, más verificación de identidades, más inspección y certificación de roles económicos políticos y sociales, más poderío del Cisen y más reacción rápida para actuar.
A esas funciones cualquier diccionario las definiría como mayor control. Encontré los documentos que lo constatan.
Quizá, por la puesta en marcha y operación de todo ello estaba impaciente Fernando Gómez Mont Urueta aquel mediodía.
La cédula, bien planeada
En la Secretaría de Hacienda hallé el plan original del gobierno de Felipe Calderón para crear la Cédula de Identificación Ciudadana. Es la petición 26131 que fue firmada por la dirección del Renapo. Tiene la fecha del 6 de agosto de 2009, bajo el nombre técnico “Programa de adquisición de equipo de registro de personas. Análisis costo-beneficio”. Y lo que allí se planea no se ha informado por completo a la prensa; ni siquiera al Congreso de la Unión.
Por ejemplo, se cotizaron 2 mil 603 millones de pesos en total para esa inversión: 492 millones 460 mil pesos para la compra de 4 mil equipos, y 2 mil 110 millones 815 mil 297 pesos para software, operación y mantenimiento del nuevo activo, entre 2009 y 2012.
Tal cantidad destinada a un solo programa de inversión es superior en 200 millones a los 2 mil 402.8 millones de pesos que se dedicarían, durante 2010, para pagar a 16 mil 469 científicos y tecnólogos del Sistema Nacional de Investigadores.
Desde entonces se precisaba que la Dirección General del Renapo de la Segob sería la instancia responsable de aplicar ese proyecto de inversión y que en el presupuesto de 2010 se enmarcaría en la cartera 0904410001 del ramo 410-4.
Esos datos contrastan con los que surgieron en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, donde se informó que habían eliminado la partida de 1 mil 173 millones para la Cédula de Identidad, pero le habían dejado al Renapo 885 millones.
El presupuesto se aprobó en la tercera semana de noviembre, pero desde el 2 de octubre la Segob había convocado a licitación para la compra de los primeros 2 mil equipos; licitación que se otorgó a la empresa Smartmatic International Holding, con un costo de 299. 4 millones de pesos (boletín de la Segob del 24 de noviembre).
Además, al iniciar diciembre se anunció también oficialmente que ya estaba a punto de cerrarse la licitación y otorgarse el contrato, por unos 840 millones de pesos, para los programas de cómputo y servicios. Los costos divulgados serán para 2 mil equipos y su soporte informático. Faltan, según el plan original, otros 2 mil. Esto significa que la cédula está en marcha contra lo que se haya dicho en el Congreso o en el Instituto Federal Electoral.
El registro ciudadano más completo
La Cédula de Identidad, de acuerdo con ese documento, sustituiría a la Clave Única de Registro de Población (CURP). El propósito mayor, según el texto, es abrir un “proceso de registro y verificación de identidad vivencial, jurídica y biométrica, y se tendría la certeza de que la persona es quien dice ser”.
“Es necesario crear la nueva cédula porque la CURP no cuenta con elementos biométricos como son la fotografía del titular, sus huellas dactilares y el iris”.
El programa contempla extender 121 millones de cédulas en cinco años (2009-2014), cantidad basada en que la población que se estima es de 106 millones 682 mil 518 habitantes, más el crecimiento durante el horizonte planeado, y 3 millones anuales para reposición.
Será la base de otros padrones
El de la nueva cédula será el nuevo padrón ciudadano y la base para un registro nacional de las otras identidades de cada mexicano: desde el acta de nacimiento, documentos migratorios, fiscales, comerciales y civiles; está a debate si también la identidad electoral.
Y según los planes, el nuevo sistema de registro se llamará Servicio Nacional de Identificación Personal y lo controlará Gobernación. Este propósito fue anunciado en un acto donde estuvieron representados todos los poderes en Palacio Nacional, el jueves 21 de agosto de 2008, y está firmado.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad sostiene en su título XII: “Expedir la Cédula de Identidad. La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal y que sirva de base para el propósito de identificación personal en los trámites más relevantes. Tiempo de ejecución: tres años”.
Y de los otros padrones, allí mismo se van enumerando compromisos que involucran al Ejecutivo federal a los gobiernos estatales, municipales y los poderes Legislativo y Judicial.
“LXIV. Adaptar los registros electrónicos de trabajadores, de proveedores y clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.
“Los empresarios del país con el apoyo de los trabajadores se comprometen a homologar el ciento por ciento de los registros con la base de datos de la cédula única. Tiempo de ejecución: dos años.”
“XVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir al delito.
“La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las entidades federativas, se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México. Tiempo de ejecución: un año.”
“L. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.
“Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a actualizar las siguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir, policías y expolicías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, registro de armamento. Asimismo, se comprometen a aplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y generar mapas geodelictivos. Tiempo de ejecución: un año.”
“Artículo 2.1.1. Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.
“Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tiempo de ejecución: un año.”
“1.2 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados. Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de organismos públicos y privados de certificación, e impulsar la creación, en coordinación con las entidades federativas, de centros estatales de control de confianza certificados. Tiempo de ejecución: un año.”
Todo eso está en marcha. Quizá no se esté cumpliendo con los tiempos, pero la mayor parte de los compromisos están confirmados en el Programa para la seguridad nacional 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 20 de agosto de 2009.
El poderoso Cisen
Cavilando en los nuevos alcances que tendrá la Secretaría de Gobernación, recordé que había sido la instancia del Ejecutivo federal más poderosa hasta 1988, antes de que llegara a la Presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. Él fue reduciéndole funciones de control para desagregarlas en su oficina y en otras secretarías. No quería que Fernando Gutiérrez Barrios le hiciera sombra alguna.
Pero ahora, la Segob, dispone de los controles que tiene y tendrá el Renapo, el Instituto de Migración, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad y el Cisen.

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