Bolivia en busca del mar perdido

Hernán Uribe

Un sartal de afirmaciones emitidas desde Santiago y La Paz prosiguió al incidente de los soldados bolivianos que sin quererlo y en plena oscuridad ingresaron a Chile el 17 de junio por una difusa frontera. Este episodio circunstancial, se afirma, no influirá de modo alguno en la postura boliviana de lograr una salida al mar por el territorio que perdiera ante Chile un siglo y cuarto atrás.

Cuando los soldados bolivianos estaban ya de regreso a su país, el diario “El Mercurio” (Santiago) editorializaba el 22 de junio bajo el título “Ingreso ilegal de soldados bolivianos” y calificaba el asunto como violación de la soberanía de Chile al mismo tiempo que caracterizaba como “inaceptable la reacción del Ejército boliviano de recibir con honores militares a los soldados”.

Las autoridades chilenas del caso acompañadas de un bombo mediático armaron por enésima vez una alharaca contra Bolivia a raíz de un hecho que es frecuente en una frontera que carece de vigilancia adecuada por parte los dos países involucrados. Por allí y específicamente al poblado chileno de Colchane, sito en una región ex boliviana llegaron antaño y procedentes de tierra altiplánica guerrilleros sobrevivientes de la lucha que encabezara Ernesto Che Guevara y poco después se refugió ahí Antonio Arguedas, el ministro boliviano que hizo posible conocer el histórico Diario de Campaña del asesinado Guevara

Apenas conocida la situación, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera acotaba: “Estamos a la espera de que nuestros soldados, nuestros oficiales, regresen a su cuartel. Porque ellos estaban realizando una misión patriótica, una misión legal, constitucional”.Los 14 militares del caso perseguían a contrabandistas y viajaban en dos vehículos con placas chilenas que en Bolivia habían requisado a ladrones. Un periódico chileno informaba el 23 de junio que 150 automóviles fueron robados recientemente en aquella región para trasladarlos clandestinamente a Bolivia. Este suceso, aparentemente insólito, resume las características singulares reinantes allí.

Un par de meses atrás ya se había creado, reiniciado más bien, una tensa relación entre Chile y Bolivia desde que el 23 de marzo, “Día del Mar” el presidente Evo Morales proclamó que su nación recurriría a tribunales y otros organismos internacionales, “demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al Océano Pacífico”.”No podemos olvidar la historia, pero no vamos a ser presos de la historia” sentenció en alusión a que Chile en el siglo XIX se apoderó por las armas de la tierra boliviana que constituía su costa marítima.

Acto seguido, el presidente de Chile Sebastián Piñera calificó el anuncio de La Paz como una “Pretensión inaceptable” aunque no argumentó sus palabras. Empero, la postura chilena en la coyuntura la expuso el canciller Alfredo Moreno quien señaló que “No es aceptable que un país al cambiar su Constitución normativa intente abandonar los tratados internacionales vigentes”. Luego se difundió un mensaje del ministro de la Defensa, Andrés Allamand: “Las Fuerzas Armadas están preparadas para cautelar la soberanía territorial”.

La retahíla de expresiones por ambos lados prosiguió en seguida con motivo de la condecoración en Bolivia de los l4 militares y de la queja del presidente Morales por la acción conjunta de Chile y la DEA estadounidense en contra de un general boliviano implicado en narcotráfico y de los cual nunca se informó a las autoridades paceñas. La DEA, entidad estadounidense supuestamente dedicada a perseguir el comercio de drogas, fue expulsada de Bolivia en 2008 por su abierta intervención en asuntos internos del país.

La toma de posición por la parte chilena ha sido extremadamente ofensiva y produce la visión de países en guerra. Mas, el objetivo de este escrito no es reseñarlas, aunque se vale una muestra: “Nunca entregaremos las armas”…dijo un jefe policial chileno en referencia a las escasas que portaban los militares bolivianos, dándole así una tónica de trofeo de guerra.

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El modelo minero canadiense: Saqueo e impunidad institucionalizados

William Sacher

En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.

Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.

Canadá es un país de fuerte tradición minera, pues desde hace 150 años ha construido su prosperidad económica en parte sobre esta industria, y cuenta en la actualidad con alrededor de 200 minas en actividad. Durante décadas y hasta el día de hoy, la industria minera se aprovechó del “dejar-hacer” de los gobiernos canadienses para enriquecerse abusivamente, a costa de daños socioambientales irreversibles. Es más, para los actores de la industria, las jurisdicciones canadienses1 se han vuelto la panacea por sus ventajas fiscales y el apoyo inagotable del gobierno al sector minero.

Bajo la influencia política inevitable de este sector, las autoridades canadienses hacen esfuerzos por maximizar el flujo de los capitales públicos hacia la minería y minimizar los pagos en regalías e impuestos exigidos a las mineras. Esta ecuación conduce a la concentración de las riquezas minerales del país en pocas manos, mientras los costos socio-ambientales son transferidos al público canadiense casi sistemáticamente. Por todo eso, proponemos en este artículo la calificación de Mineralo-Estado para denominar al Canadá, inspirándonos en el concepto conocido como Narco-Estado.

Sin embargo, mientras se siguen explotando a gran escala los yacimientos de este país-continente,2 alrededor del 50% de los proyectos mineros que poseen las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Toronto (TMX) se ubican fuera de Canadá. Es más, muchas de las empresas registradas en la TMX ni siquiera son titulares de concesiones mineras en territorio canadiense. El 60% de las empresas mineras de exploración y explotación del planeta están inscritas en esta bolsa de valores, que representa el 80% de las transacciones del sector y el 36% del capital minero mundial. Esta concentración posiciona al Canadá como el líder mundial del

sector3 en donde las empresas mineras encuentran una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor del mundo, particularmente en América Latina, Asia y África. En las últimas dos décadas, la presencia internacional de las mineras canadienses no ha cesado de crecer, sobre todo a través de las juniors (empresas que se dedican exclusivamente a la exploración) pero también de sus hermanas mayores, las majors. En ciertos países, el dominio de las empresas canadienses es aplastante. Por ejemplo, de las 263 empresas mineras activas actualmente en México, más del 75% provienen de este país.4 En este artículo identificamos una serie de razones que explican este hecho.

Además de extender las características de su modelo de Mineralo-Estado a nivel internacional, a través del apoyo político y financiero a las empresas transnacionales, el gobierno canadiense les proporciona un apoyo diplomático inagotable. A eso se añade un vacío jurídico abismal al momento de incriminar a las transnacionales por los abusos que éstas cometieran en el extranjero, y el hecho de que los tribunales canadienses actúan raramente en contra de los intereses mineros. Es más, la preeminencia del derecho a la reputación y la instrumentalización de la justicia permiten a las empresas enjuiciar a actores críticos como periodistas, académicos y ONG, atropellando su libertad de expresión.

Haciendo una analogía con los conceptos de paraíso fiscal y bancario, las características mencionadas anteriormente nos llevan a denominar al Canadá paraíso judicial. En este paraíso, las empresas gozan de impunidad de hecho, aun si enfrentan acusaciones de abusos graves en materia de derechos humanos, económicos o ambientales. Esta impunidad permite que el Canadá conserve su reputación de “buen gobierno” en la escena internacional, y que las ganancias récord de sus transnacionales se sigan multiplicando a costa de externalidades de graves consecuencias.

150 años de minería en Canadá: una herencia agobiante La minería es una actividad industrial que, debido a sus formas de operación, produce impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura. Obviamente, la industria minera canadiense no es la excepción.

Antes de hablar del despliegue de las empresas mineras canadienses alrededor del planeta y de las múltiples controversias que lo acompañan, es preciso recordar el saldo socio-ambiental de 150 años de explotación intensiva del subsuelo en el propio territorio canadiense, donde se encuentran yacimientos de uranio, oro, amianto, cobre, níquel, zinc, plata, potasio y diamantes, etc. de calibre mundial. Antes de que se exporte al extranjero, el “saber-hacer” canadiense se constituyó y sigue constituyéndose en Canadá, causando una huella socio-ecológica irreparable, un acaparamiento de los grandes espacios del país y el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Medioambiente, la urgencia del tema

“En Canadá existen actualmente más de 10,000 minas abandonadas en donde pueden generarse niveles inaceptables de concentración de metales en las aguas subterráneas y superficiales, permaneciendo allí por decenas, e incluso cientos de años después de haber cesado la explotación”.5 En muchos casos, las empresas explotadoras se han declarado oportunamente, en bancarrota, dejando a cargo del Estado la gestión de estos desechos que necesitará de una inversión de cientos de millones, e incluso billones de dólares.6, 7 Sin embargo, según el verificador general de Canadá, en la mayoría de los casos, una limpieza completa y definitiva de estos sitios será imposible...

El desarrollo al estilo minero: fugaz y destructor

En cuanto a los supuestos beneficios producidos por las industrias extractivas en el ámbito socio-económico, las empresas mineras no han sido capaces de generar empleos numerosos21 y estables.22 Al contrario, además de ser altamente peligrosos,23 la mayoría de empleos creados son efímeros, pues acaban cuando las minas cierran, una vez que el mineral se ha agotado o por los “caprichos” del mercado. En Canadá existen decenas de ciudades abandonadas pobladas de jubilados deprimidos o de jóvenes sin perspectivas.24 A esto se añade la poca presencia de mujeres e indígenas en los puestos de trabajo....

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El desastre en México y las “agendas” del poder

Guillermo Fabela Quiñones *

Es injustificable que haya tanta pobreza en México, cuando en realidad el territorio nacional posee recursos suficientes para que no existiera ese flagelo. Cifras oficiales dan cuenta de que 54.8 millones de mexicanos están en esa condición, cantidad demasiado alta para una nación con amplias expectativas de formar parte de los llamados países del primer mundo. Si tuviéramos un Estado como el japonés, el alemán o el holandés, estaríamos en el nivel de potencia económica, pero como somos dirigidos por un puñado de tecnócratas inescrupulosos, dependientes además de la superpotencia del Norte, nuestra realidad es la de una nación tercermundista con amplias posibilidades de seguir descendiendo al nivel de un país africano.

Ciertamente, ha sido una desgracia para México la vecindad con Estados Unidos, cuya voracidad no tiene parangón con ningún otro imperio a lo largo de la historia de la humanidad. Pero más lamentable es que sólo en muy cortos periodos de tiempo el Estado mexicano ha tenido la fortaleza y capacidad para enfrentar las embestidas expansionistas de nuestros vecinos.

A partir de la instauración del neoliberalismo, la entrega de nuestros recursos a inversionistas extranjeros ha sido el común denominador, decisión reaccionaria que ha influido en un más acelerado proceso de empobrecimiento, como lo demuestran las estadísticas y la propia realidad nacional. Volvimos a los tiempos del porfiriato, cuando empresarios extranjeros tenían más derechos y garantías que los propios mexicanos.

Sin embargo, según Felipe Calderón, “estamos resolviendo los mexicanos los problemas ancestrales del país”, pues los municipios más pobres “han mejorado su situación”. Es obvio que vive muy alejado de la realidad, rodeado de cientos de guaruras que le impiden conocer algo de los problemas ancestrales que agobian a la mitad de la población del país. Aun cuando haya visitado algunas regiones marginadas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo ha hecho como si llevara una gruesa venda en los ojos, por eso, sin recato alguno, hace declaraciones tan absurdas. Lo cierto es que la pobreza en dichos estados ha ido en aumento, y en otros, donde no era tan aguda, como en Durango, Zacatecas y Nayarit, ahora se ha convertido en un lastre social de graves consecuencias, entre las que destaca el aumento de la violencia ligada a la delincuencia juvenil, pues la mayoría de delincuentes y víctimas de la violencia es joven.

Afirma Calderón que la pobreza durante su “administración” se combate con hechos, y puso como ejemplo la subestación eléctrica de Chemax, Yucatán. Y lo dice sin parar mientes en que envió a la pobreza a más de 40 mil trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro con tal de privatizar el sector y hacer un lucrativo negocio con la fibra óptica, que costó al erario nacional la friolera de 30 mil millones de pesos. Los hechos a los que hace referencia el inquilino de Los Pinos no encajan con una realidad ominosa que amenaza convertirse en apocalíptica, de continuar como vamos. De ahí lo equivocado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al pretender relevar al Partido Acción Nacional (PAN) en la casa presidencial, siguiendo la misma política neoliberal y neoporfirista que el propio partido tricolor puso en marcha en 1983.

Así como Humberto Moreira puntualiza que “nada justifica la urgencia del PAN” para aprobar cuanto antes una reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo, también es válido señalar lo mismo en lo que se refiere a la aprobación inmediata de la iniciativa del tricolor de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que daría facultades extralegales al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas contraviniendo los preceptos constitucionales. Al PRI le urge que se apruebe dicha iniciativa, incluso violando el reglamento de la Cámara de Diputados, pero Moreira opina, en lo referente a la iniciativa panista, que “se puede llevar al otro periodo de sesiones, es decir, no hay algo que implique que si no sale ahorita tiene algún problema para el país”. Entonces ¿por qué la prisa de los priistas en el Congreso para que se apruebe ahora la reforma a la Ley de Seguridad Nacional?

Lo que les interesa a ambos partidos ligados a la oligarquía son sus propias agendas, no el interés del país, flagelado por gravísimos problemas que la oligarquía ha propiciado con sus ambiciones irracionales, pues no hay explicación alguna para amasar tanta riqueza en medio de tanta pobreza. Así como vamos, tendrá que llegar el día en que el mercado interno se reduzca a su mínima expresión, con los problemas colaterales que tal situación acarrearía. Esto no parece importar a la minoría que se beneficia todavía con un modelo económico excluyente como ningún otro, al fin que sus riquezas ya están a buen recaudo en el extranjero. Con todo, no se ponen a pensar que también podría llegar la hora en que ni ellos mismos estarían a salvo, como ocurrió con el empresario lagunero Carlos Ignacio Valdés Berlanga.

*Periodista

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Piden justicia a dos años del homicidio de Teresa y Felicitas

Oaxaca, México.- La Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste, exigieron al gobierno estatal el esclarecimiento del asesinato de las locutoras Teresa Bautista y Felicitas Martínez, integrantes de la radio comunitaria “La Voz que rompe el Silencio”.

Felicitas y Teresa, en espera de justicia a dos años de su muerte

Al cumplirse el seis de abril, dos años que las jóvenes indígenas triquis fueron ultimadas en San Juan Copala, hasta el momento las autoridades judiciales no han dado a conocer avance en las investigaciones.

A continuación el comunicado:

Red de Radio Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano

6 de abril del 2010

A la Opinión Pública, Nacional internacional

A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo

A las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos

A los medios de comunicación honestos, radios comunitarias y medios libres.

Nuevamente la Red de Radios Indígenas y Comunicadores del Sureste Mexicano, se pronuncia al cumplirse dos años de los asesinatos de nuestras compañeras comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, integrantes de la radio comunitaria “La Voz que rompe el Silencio” y expresamos nuestro más enérgico reclamo de justicia, pues dicho crimen permanece impune hasta ahora.

Los actos de hostigamiento, intimidación y de persecución que el Gobierno Federal ha desatado en contra los comunicadores indígenas son sin lugar a dudas parte de la política de criminalización en contra del movimiento ciudadano de nuestro país. Esta criminalización y la militarización que se vive en territorios indígenas y en especial donde existe la mayor concentración de recursos naturales, busca imponer los megaproyectos mineros, ecoturísticos, hidroeléctrico, pesqueros y de represas entre otros, que benefician a las empresas extranjeras. Leer Nota completa

Bolivia: autonomías indígenas en camino

Por la vía de los hechos, 36 pueblos indios bolivianos han logrado imponer gobiernos propios en tierras que por siglos les han pertenecido. Ahora, el gobierno boliviano reconoce legalmente a las autoridades indígenas y entrega títulos de tierras comunitarias de origen.

IPS

Franz Chávez / IPS-Carta Voces de la Tierra

La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.
Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.
La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.
Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.
Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.


En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.
Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.
Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.
El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.
Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.
A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.
En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.
Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.
La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).
La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.
El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.
Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.
Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.
A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.
El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.
A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.
Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.
“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.
Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.
El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.
Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.
Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.
El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.
Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.
Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.

El capital mafioso contra los pueblos

Raúl Zibechi

Una de las consecuencias de más largo alcance de la crisis económica en curso es la potenciación de las actividades mafiosas como modo principal de acumulación de capital y, por tanto, de la financiación de las enormes deudas de los estados. En rigor, no es novedad que los negocios sucios sean una de las principales fuentes de ganancias de las multinacionales y de los estados. Lo nuevo es que la crisis refuerza esa tendencia del capital desde que a comienzos de los 70 el sector financiero sustituyó a la producción como motor del sistema.

Por supuesto, esto no sucede sólo en momentos de crisis. Desde que el capital se volcó al robo, la especulación y el pillaje de la naturaleza, de los pueblos, de naciones enteras y de otros capitales, en lo que se ha dado en llamar “acumulación por desposesión”, la diferencia entre dineros legítimos o legales y los ilegítimos e ilegales se ha difuminado rápidamente. Los ejemplos abundan. El Grupo de Trabajo de Alta Mar (High Seas Task Force) denunció que en 2005 había 800 barcos pesqueros que realizan pesca irregular en aguas de Somalia, país que no puede controlar la depredación de sus costas. Los pesqueros españoles capturan 200 mil toneladas anuales de atún de modo ilegal en Somalia, aportando 40 por cientro del consumo doméstico.
Sin embargo, la Unión Europea regula cuidadosamente la pesca en “sus” aguas. Esta misma semana, luego de arduas negociaciones, se levantó la veda de cuatro años y medio para la pesca de la anchoa en el mar Cantábrico, admitiendo sólo la captura de 7 mil toneladas anuales, restringiendo severamente zonas de pesca con la amenaza de revisar los permisos. Toda Europa regula la pesca en sus aguas: la del bacalao estuvo prohibida durante 10 años en el Atlántico norte.
Cuando el tsunami de 2004, aparecieron en costas de Somalia contenedores de basura tóxica que habían sido arrojados en secreto al mar. “Europa, a través de la mafia italiana, se deshace de residuos tóxicos en aguas somalíes”, señala un informe de Ecologistas en Acción. En el viejo continente cada tonelada de residuos tóxicos que se procesa cuesta entre dos y tres mil euros, pero verterlos en Somalia vale apenas dos euros y medio.
Por no hablar de Barrick Gold, multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo. Sus negocios en Sudamérica ya representan 47 por ciento de sus reservas probadas y probables. Diversos estudios sostienen que Adnan Khashoggi fue fundador de Barrick Gold y quien realizó la inversión mayoritaria junto con amigos que “organizaban el trueque de armas y drogas entre Irán, Israel y Nicaragua, que condujo en 1986 al escándalo de Irán y los contras”. Khashoggi tiene estrechos vínculos con Peter Munk, presidente de Barrick, y éste con George H. W. Bush. Barrick, junto con otras multinacionales mineras, fue responsable de la guerra de Zaire en 1997 que se saldó con 3 millones de muertos para apoderarse de las mayores reservas mundiales de coltan, mineral clave en el mundo de la electrónica.
El Nobel Alternativo 2004, Raúl Monenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, denunció las amenazas de muerte que reciben periodistas de la provincia de San Juan, Argentina, por decir la verdad sobre el impacto ambiental que provoca la minera canadiense Barrick Gold. Agregó que varios periodistas “sufren censura previa o son desplazados de sus programas por abordar pluralmente los daños ambientales que provoca la empresa minera”. La multinacional impidió también la presentación en Canadá de un libro que denuncia sus atrocidades en África.
Esta semana la prensa británica informó que el director de la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, Antonio María Costa, aseguró que el capital proveniente de la delincuencia organizada fue “la única inversión de capital líquido” en el segundo semestre de 2008, que estuvo a disposición de los bancos al borde del colapso. Se trata de 352 mil millones de dólares de las ganancias del negocio de las drogas que contribuyeron a salvar la situación en plena crisis de liquidez del sistema financiero. “El dinero de las drogas”, dijo Costa, “se convirtió en un factor importante” para muchos bancos, lo que permite pensar que el capital financiero es cada vez más capital mafioso.
El tema tiene dos derivaciones para quienes queremos cambiar el mundo. La primera es constatar que el robo y destrucción del medio ambiente y de los pueblos es hoy la principal forma de acumulación de capital. Esto quiere decir que el expolio se intensificará porque es el camino más rápido para salir de la crisis. Cuando Estados Unidos y sus aliados hablan de combatir narcotráfico y terrorismo debe entenderse que se proponen destruir otros capitales, mafiosos o no, como forma de seguir concentrando riqueza. Y poder. Pero esa misma actitud los convierte en mafias institucionales toda vez que recurren a los mismos métodos.
La segunda cuestión tiene que ver con el tipo de régimen político adecuado para proteger y estimular el pillaje. Se trata de regímenes electorales que permiten la rotación de los equipos dirigentes, pero bloquean cambios estructurales. Se trata de democracias tuteladas por el poder blando de los medios masivos de comunicación que condicionan la agenda política, y por el poder duro del imperio, el capital financiero y las multinacionales. El Estado ha sido modelado y desbordado por el capital mafioso; no podrá ser la palanca principal de los cambios necesarios.
Se avecinan tiempos difíciles. El capital mafioso, hegemónico hoy en una América Latina que no sale –no puede o no quiere– del modelo extractivista (minería y monocultivos), necesita estados a su imagen y semejanza, lo que explica las razones por las que algunos aparatos estatales naufragan en la impotencia. Una agudización de un problema histórico que merece debates que orienten la acción colectiva.

El trasfondo de las bases militares en Colombia es apoderarse de los recursos de la región

Para el Jefe de Estado venezolano, EE.UU. está visualizando el Orinoco y su faja petrolífera, el Amazonas y su rica cuenca, el Paraná-Río de la Plata y su inmenso acuífero. Afirmó que los militares estadounidenses operarán en cualquier parte del vecino país.

VTV

El presidente de la República, Hugo Chávez, destacó que el verdadero trasfondo de la instalación de las bases militares estadounidenses en Colombia tiene como objetivo la energía y las reservas de agua. "Ellos saben que para tomar la Faja del Orinoco deben hacer muchas cosas. Una de ellas tumbar este gobierno, porque (saben) que nunca tendrían acceso a las grandes reservas de petróleo y de gas de Venezuela", aseveró el Jefe de Estado venezolano durante su programa dominical Aló Presidente, Nº 338. Sostuvo además que el interés también está en el "Amazonas y la reserva de petróleo que Brasil descubrió recientemente, el acuífero más grande del mundo El Paraná-Río de La Plata que está en cuatro países: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay". Recordó que como EEUU ya no puede actuar con libertad en estos países como lo hicieron en el pasado, ahora se ven en la necesidad de instalar bases en la nación neogranadina. "Colombia parece que se va convertir en el último reducto de las fuerzas imperiales en el continente (pues) se presta para que los yanquis instalen todo su poderío tecnológico y adecuen pistas, angares, recursos y expedicionarios para tener capacidad de cobertura en todo la región", afirmó Chávez. Tropas estadounidenses vs. Impunidad
Otro de los puntos destacados por el Jefe de Estado es que los militares estadounidenses que vayan a Colombia tendrán inmunidad, debido a que "pueden hacer lo que les dé la gana (...) la justicia colombiana no puede ni tocarlos y eso viola todo lo que es el Derecho Internacional, la Carta de la OEA y la soberanía de Colombia y de la región (...) El imperio reclama inmunidad para sus tropas", alertó. Advirtió que tal es la degeneración de las tropas estadounidenses, que las mismas mujeres soldados deben protegerse de las violaciones. "Hay el testimonio de una soldado gringa que revela que debía andar con un cuchillo de arriba abajo para que no la violaran (...) Fue la única forma de que no la tocaran", reveló. Asimismo recordó el caso de una niña colombiana que fue violada por dos soldados. "Amenazaron de muerte a la mamá porque fue a denunciarlo", precisó. A su juicio, "el gobierno de Colombia irrespeta la dignidad de todos los pueblos de Suramérica".
Plan Político de Unión
El Primer Mandatario Nacional habló asimismo de la necesidad de relanzar el proyecto unitario Plan Político de Unión en respuesta a la agresión que pretende generar Washington desde Bogotá. Precisó que la unión es vital "para evitar que el imperio convierta a Colombia en una plataforma para agredir al propio pueblo colombiano y a los pueblos vecinos de América Latina". Exhortó a los militares, indígenas, jóvenes y pueblo colombianos para que no caigan en la trampa y no se dejen de usar.
Argumentos imperiales
Destacó además los distintos argumentos que utiliza el gobierno de EEUU para justificar la instalación de bases. "Ahora dicen que no son bases (...) pero realmente es toda Colombia la que están convirtiendo en una sola base, porque ya comenzaron a salir detalles del acuerdo (...) no van a poder mantenerlo en secreto. Los militares gringos van a estar autorizados para operar en cualquier parte de Colombia. Ellos dicen que pedirán permiso y que se limitarán al territorio de Colombia... mentira, quien se va creer ese cuento", afirmó. "Todos sus adelantos de inteligencia estratégica van a volcarse sobre Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay (...) Van a poner todo un centro operacional que les permita cubrir Suramérica con sus aviones espías, satélites, cuerpos de inteligencia y contrainteligencia... Esa es la verdad", alertó.

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