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sábado, abril 03, 2010

Simulaciones en educación

Alonso Lujambio y Elba Esther Gordillo.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 2 de abril.- Cuando las peores cosas pasan en el entorno cotidiano de las familias, siempre tienen la esperanza de que sus hijos encontrarán en la escuela –por encima de las iniquidades y diferencias étnicas, sociales, etcétera– a un buen maestro que les ayude a superar su situación.

En México, sin embargo, se ha organizado de tal manera la profesión del magisterio que ya no podemos contar con la certidumbre de una buena educación. Esto sucede porque, desde 2008, se acordó sustituir la puesta en marcha de una política de Estado para la profesionalización y el mejoramiento de la labor docente por un engendro que da poder y sostiene intereses particulares, denominado Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Se trata, efectivamente, de una “alianza”, entre las cúpulas del SNTE y de la SEP, que dispone del control de las plazas del magisterio –que antes se otorgaban bajo la forma de un pase automático al culminar los estudios normalistas– con fines electorales y de negociación con los gobiernos federal y de los estados, en donde lo educativo o la labor del docente tienen muy poco que ver.

Hace unos días se dieron a conocer los resultados del segundo Concurso de Plazas Docentes para 2010 –el primero se produjo a nivel nacional en el curso escolar 2008-2009–, sólo de cuatro estados del país: Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Nuevo León. Este tipo de pruebas, con 110 reactivos, pretenden evaluar cuatro áreas: dominio de contenidos curriculares, competencias didácticas, habilidades intelectuales específicas y normatividad, y ética docente.

Por el método del concurso, por quienes lo organizaron y por quienes en él participaron, los resultados arrojaron una realidad desastrosa. En Aguascalientes, de los 354 aspirantes a una plaza de nivel federal en primaria, sólo 80 alcanzaron un puntaje de “aceptable”; en Baja California, hubo 39 de 345; en Hidalgo, 186 de 671, y en Nuevo León, 293 de 503.

Esto significa que la gran mayoría de los aspirantes a plazas docentes deberán someterse ahora a un “proceso de nivelación académica”, mientras los que alcanzaron un puntaje de “aceptables” serán “elegibles” sólo en función de la disponibilidad de las plazas en cada entidad federativa. No se informa, sin embargo, de dónde salió el padrón de concursantes, quiénes ni con qué criterios se definieron las preguntas del examen, ni de qué manera se evaluó porque, para variar, el grupo que comanda la ACE no rinde cuentas de lo que hace.

Se trata de una simulación que no tiene un impacto importante para el mejoramiento de la profesionalización del magisterio, y los organizadores violan sus propios mecanismos operacionales. Por ejemplo, se dijo que para la promoción e ingreso a todas las nuevas plazas y vacantes definitivas se organizarían concursos nacionales –y no “intermedios”–, convocados y dictaminados por un órgano independiente, pero no se ha publicitado ni transparentado la integración o funcionamiento del mismo; además, esta vez no se invitó como observadores a organizaciones de la sociedad civil, como se había previsto. (Ver, por ejemplo, el pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de la Educación en el diario El Universal del 15 de marzo.)

En muchos países se ha desechado la realización de ese tipo de exámenes para dar paso a sistemas de evaluación más completos: con la observación directa de la práctica del maestro en el salón de clases, la referencia de sus pares, la demostración de sus habilidades de comunicación y escritura, su desempeño en el tiempo y sus capacidades de actualización. Los resultados de esa evaluación se relacionan con la puesta en marcha, de manera programada y articulada, de cambios curriculares, de mejoramiento de la infraestructura, de innovación con nuevas tecnologías educativas, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Aquí, las escuelas Normales están abandonadas desde hace años. La formación que reciben sus docentes no se corresponde con los actuales paradigmas del aprendizaje; las nuevas generaciones de profesores aprenden lo mismo que las anteriores, y, por si fuera poco, mientras se realizan las pruebas, la SEP está impulsando una reforma curricular en la educación básica (que ha sido profusamente criticada por expertos e investigadores) basada en el desarrollo de “competencias”, mientras los maestros siguen formándose en la práctica del enciclopedismo y de la repetición.

Así, todo va por distintos caminos, con lógicas divorciadas de una verdadera planeación académica de los procesos educativos y de enseñanza; con cambios en los planes de estudio sin que se discutan sus programas; con millones libros de texto que se distribuyen a pesar de las críticas sobre su contenido, y sin saber si cuadran o no con la nueva propuesta curricular; con plazas que se otorgan a una minoría a través de pruebas de contenidos genéricos, mientras que a la gran mayoría de docentes se les exige ahora dedicar horas y horas a preparar a sus alumnos para la próxima prueba ENLACE, Excale o PISA, para mantener esta simulación generalizada; al tiempo que se les convoca a incorporarse a la movilización política para apoyar a los candidatos de La Maestra, como ocurre ahora en Veracruz de forma muy evidente, pero que pasa en todos los estados con elecciones en puerta. ¿Así cómo…?

jueves, marzo 18, 2010

Exclusión que ofende

Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio
Al concluir en febrero último su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos, realizó una evaluación acerca del sistema educativo en México y cuyos resultados plasmó en su reporte general 27/02.

El contenido del documento desató la ira del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trajadores de la Educación (SNTE). El enojo del funcionario llegó a tal extremo que envió –¿o quedó sólo en la intención?– una carta diplomática a la ONU en la cual se queja de que en su informe el relator no incluyó el punto de vista de la SEP ni del sindicato que, para el caso, son lo mismo.

Causa extrañeza que el enviado del organismo internacional no haya podido congeniar ni debatir con las autoridades que controlan el sistema educativo del país, a pesar de que estuvo aquí más de 10 días. La verdadera razón del desencuentro se debió a que, por su vocación autoritaria, los jerarcas de la SEP y del sindicato no consultan los aspectos fundamentales de la educación con los sectores interesados; sólo imponen su voluntad.

Durante su estancia, el relator visitó escuelas y localidades del sur y del norte del país y se reunió con funcionarios federales, locales, y con representantes de asociaciones, institutos, universidades, estudiantes e investigadores. Para realizar su estudio tuvo a la mano documentos e información de primera mano acerca de la realidad educativa que se padece.

En el reporte que tanta molestia causó, Muñoz Villalobos plasmó sus hallazgos. En primer lugar, señaló que amplios sectores no pueden ejercer el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna. Determinó que esta exclusión es enorme; que está creciendo, lejos de disminuir y que esta situación refuerza la precaria existencia de millones de personas. Se trata, precisó, de un círculo vicioso generado por el propio sistema educativo que no cuenta con políticas de gobierno debidamente orientadas.

También constató que existe una educación de baja calidad para los más pobres, así como un proceso de desescolarización aun en contra de los que tienen la oportunidad de ejercer ese derecho, por vivir –ya sea en el campo o en la ciudad– en unidades territoriales de muy alta marginación.

Con los datos disponibles, el relator confirmó que existen 7 millones de personas analfabetas y casi de un millón y medio de niños y niñas sin acceso a la escolaridad. Asimismo, descubrió que unos 34 millones de mexicanos mayores de 15 años se ubican en condición de rezago educativo, y que en su totalidad son personas que tienen como condición la marginalidad. Se trata, sobre todo, de niñas, mujeres, indígenas, migrantes o jornaleros o, simplemente, pobres.

En un documento remitido al relator de la ONU, el maestro Manuel Ulloa documentó los niveles de exclusión prevalecientes en México. De acuerdo con este análisis, 2 millones 277 mil personas cuyas edades van de cinco a 14 años no pueden ejercer su derecho a la educación. De esta manera, precisa la investigación, se ha incrementado de manera alarmante el número de excluidos de este derecho, respecto de lo que ocurría en 1995. Esta población, se precisa, no sólo es parte de los excluidos, sino también de los marginados que genera el propio sistema educativo.
En el informe presentado por el relator se consignan datos que deberían de ser motivo de un debate nacional para analizar a fondo lo que ocurre en la educación nacional. No se trata sólo del incremento desproporcionado del ausentismo y deserción en las escuelas, sino del hecho de que incluso quienes permanecen en éstas reciben una educación de pésima calidad que no forma con solidez, ni crea aprendizajes para toda la vida; tampoco proporciona cultura ni ciudadanía.

De poco o nada sirve tener establecimientos escolares repletos durante 10 o 12 años; es decir, desde preescolar a la secundaria, para después mandar a toda esa población a una condición de analfabetismo funcional.

Entre los aspectos que el relator destacó en su informe, de seguro fueron tres los que calaron más hondo en las cúpulas de la SEP y del SNTE:

En primer lugar, cuestionó la aplicación generalizada de las pruebas estándares a profesores y a estudiantes –PISA, ENLACE, EXCALE o las que se simulan para el otorgamiento de plazas al magisterio– porque no atiende la diversidad de los contextos de aplicación, y porque está “proyectando injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos, y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de las políticas públicas”.

En segundo término, Muñoz Villalobos puso en duda la viabilidad de la denominada “Alianza por la Calidad de la Educación”, membrete con el que se pretende suplir la falta de una verdadera política de Estado en la educación, porque, “la misma no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio… tampoco responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas sirvan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.

La puntilla penetró hasta el fondo cuando en su tercer señalamiento el relator constató, simple y sencillamente, que la “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, no sólo conculca, desdibuja, corrompe y manipula las responsabilidades públicas en la educación, sino que “revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, y agrega una gran complejidad al panorama educativo”.

Este diagnóstico lo conocemos los mexicanos desde hace mucho tiempo y se ha documentado ampliamente. En esta ocasión un enviado de las Naciones Unidas difunde al exterior esta podredumbre, lo cual provocó un sacudimiento entre quienes siguen empecinados, en aras de sus propios intereses, en hacer de la educación una ruina, sin importarles que de esta manera se cancelan todas las posibilidades para nuestro desarrollo.

jueves, noviembre 12, 2009

El asalto a la educación pública

Luis Hernández Navarro

La educación pública y los maestros están bajo ataque. Organismos empresariales, sus intelectuales y funcionarios del sector educativo disparan a mansalva contra ellos. La educación se ha vuelto un obstáculo para el avance del país, dice un periodista. El magisterio no puede ser una actividad de quienes no pueden destacar en otras actividades, asegura otro. Los maestros son corruptos, afirma uno más. La mayoría de profesores son burros, advierte un canal de televisión. Ya no hacen faltan más maestros, sentencia una autoridad.
Estas acusaciones son falsas. Buscan crear un entorno favorable hacia la privatización de la educación pública y la expansión de la influencia empresarial en la agenda educativa. Buena parte de quienes las lanzan no conocen a los maestros de carne y hueso ni las escuelas públicas. Quienes hacen estas críticas esconden sus intereses empresariales, presentándose como académicos y ciudadanos preocupados por una educación de calidad.
Las críticas más sofisticadas utilizan como argumento el bajo desempeño escolar evaluado por ENLACE, una prueba en la que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha negado a participar porque no considera que sea el instrumento adecuado para medir y, sobre todo, proponer modificaciones y mejoras al sistema educativo nacional.
Esta ofensiva ni siquiera es novedosa. En muchos sentidos es una calca de la ensayada en Estados Unidos al calor de la revolución conservadora de Ronald Reagan. Como demostraron David Berlinger y Bruce Biddle en The manufactured crisis: myths, fraud and attack on America’s public school (La crisis fabricada: mitos, fraude y ataque a la escuela pública estadunidense), en ese país se fabricó una crisis de la educación pública similar a la que se quiere provocar en México.
El libro demuestra detalladamente cómo se construyeron los mitos hostiles contra la enseñanza impartida por el Estado y los maestros; el papel que desempeñaron empresarios y funcionarios públicos, y cómo fueron ignoradas, suprimidas y distorsionadas evidencias favorables sobre las escuelas y sus logros.
Artífice de esta campaña es la organización empresarial Mexicanos Primero. Presentada oficialmente ante la opinión pública en abril de 2007 con la misión de promover la educación de calidad, cuenta con enorme ascendencia en círculos gubernamentales. Su presidente es Claudio X. González, también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, e integrante de los consejos de administración de los Grupos Alfa y Carso, y de Televisa, entre otros consorcios. Participan en su patronato figuras como Emilio Azcárraga, Alejandro Bailleres, Fernando Landeros, Carlos Hank y Carlos Slim Domit.
Por supuesto, la educación pública en nuestro país tiene graves problemas. Pero la solución a ellos no es su privatización ni la competencia entre maestros y escuelas ni, mucho menos, la denigración de los profesores.
Los maestros mexicanos desempeñan su labor en condiciones usualmente difíciles. Por ejemplo, más de 26 mil escuelas de los 223 mil 144 planteles de educación básica existentes no tienen agua. Más de 100 mil instalaciones no cuentan con drenaje. Ochenta por ciento de los inmuebles escolares no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Según Eduardo Bravo Esqueda, ex responsable del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, los estudiantes acuden a centros en los que permanecen seis horas diarias en un espacio donde los baños no funcionan, están sucios; donde las lámparas no sirven, donde los pisos están cuarteados, donde viven sometidos a una temperatura de 40 grados centígrados o a inclemencias del tiempo en invierno.
La campaña contra los trabajadores de la educación ha fabricado una imagen de ellos como flojos, corruptos, abusivos, ignorantes y apáticos. El estereotipo es falso e indigno. Soy testigo directo de ello.
Durante 15 años asistí a reuniones y conferencias magisteriales en todo el país. Visité y me hospedé en las modestas casas de maestros rurales y urbanos democráticos. En la mayoría había pequeñas bibliotecas con libros que habían sido leídos. Encontré a multitud de profesores en cursos de mejoramiento profesional, asistiendo a normales superiores o estudiando carreras universitarias, que seguían con atención la prensa nacional. Invariablemente estaban preocupados por la pobreza de sus alumnos y por lo difícil que era enseñarle a esos bodoquitos de hambre, que llegaban al salón de clases con un café en el estómago. Sigo frecuentando a algunos. Su actitud ante el saber y la enseñanza no ha variado.
Desde hace tres años, mil maestros de unos 10 estados de la República se reúnen en la ciudad de México a finales del mes de julio, al terminar el ciclo escolar. Se instalan en el Monumento a la Revolución durante una semana para realizar una escuela de formación. Allí levantan carpas y tiendas de campaña. Comienzan el día a las seis de la mañana haciendo ejercicio, ofreciendo honores a la bandera y celebrando una mística. Asisten a conferencias impartidas por especialistas educativos, participan en mesas de trabajo y en plenarias donde resumen los aprendizajes del día. Rematan con una cena y un acto musical. Se comprometen a llevar a la práctica lo que allí aprenden. Cada uno de los asistentes paga sus gastos.
Al margen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 10 estados, grupos de entre 200 y 500 mentores efectúan regularmente talleres educativos de dos días de duración. Allí analizan la forma de recuperar las lenguas indígenas, cómo enfocar el estudio de la historia, el español y las matemáticas. Exploran las vías para desarrollar una educación alternativa.
Estos ejemplos no son excepcionales. Hay muchas experiencias similares. En ellas comparten, por ejemplo, cómo enseñan en comunidades donde los niños ven su estancia en la escuela como mera estación de paso hacia su marcha a Estados Unidos, donde serán trabajadores indocumentados. Una materia de la que la SEP parece no preocuparse y que la prueba ENLACE no evalúa en un país en el que cada año emigran alrededor de 450 mil personas.
Fuente: La jornada

jueves, octubre 15, 2009

Una crisis educativa crónica


A pesar de los fuertes reclamos de actores que se multiplican, el gobierno actual sigue sin entender la magnitud del desastre educativo –el cognitivo, el de los contenidos de lo que se aprende y deriva en capacidades, habilidades y conocimientos–, pues la caída de los recursos destinados a la educación ha sido una constante, y la crisis que se padece, crónica ya, se agrava cada vez más.
En 1993, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito por la administración federal, los gobiernos de los estados y el SNTE, se buscó “corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo”, pero las políticas aplicadas desde entonces apuntan a su exacto contrario: mayor burocratismo y centralismo que, por lo demás, son mucho más acendrados y corruptos que antes.Lo que después de aquella fecha se acordó para garantizar la educación como un derecho humano general tampoco ha servido de mucho, ni se ha respetado el monto anual que el Estado debe destinar al gasto en educación pública y a los servicios educativos. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Educación, dicho gasto “no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país…”, mientras que a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas debe destinarse “al menos 1% del PIB”. (Diario Oficial de la Federación, 4/01/2005.)Pues bien, en 2006 el gasto en educación fue de 636 mil millones de pesos, equivalentes a 6.95% del PIB, y en lugar de buscar los aumentos requeridos para alcanzar la meta consensuada, los recursos han ido disminuyendo año con año, impactando en forma negativa las condiciones educativas de las grandes mayorías de la población. Las calamidades se observan claramente en la cruda vida cotidiana de las aulas, tanto en las escuelas de nivel básico como en las preparatorias y universidades. En el presupuesto de 2007, de 6.95% del PIB se pasó a 6.3%, y empezaron a resentirse los acuerdos de la alianza PAN-SNTE, que ya copaban las decisiones en la Secretaría de Educación Pública, para echarle tierra a los pésimos proyectos y fraudes cometidos con la Megabiblioteca “Vasconcelos”, con la Enciclomedia o con la contrarreforma de los planes y programas de estudio de secundaria. La nueva mampara para cubrir todos los errores y hacer creer que se contaba con una política educativa se presentó bajo el rampante título de “Alianza por la Calidad de la Educación”, que no fue sino otro fracaso. En los presupuestos de 2008 y 2009, los recursos dedicados a la educación se mantuvieron estancados, pues en ninguno de estos años se pudo incrementar el presupuesto más allá de 6% del PIB. Y, peor aún, para 2010 se ha anunciado un recorte general en el sector que la ANUIES ha considerado “el peor proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo”. La razón: que lanza hacia abajo los fondos, subsidios y condiciones de desarrollo de las instituciones de educación superior, con una reducción de 6.2% respecto a 2009 que, en términos del PIB, representaría una caída de 0.66% o 0.60%.Por lo que se refiere al valor social de los conocimientos, de la investigación científica y tecnológica, del apoyo a sus procesos y resultados, las cosas tampoco marchan bien. El presupuesto asignado para 2010 tiene una disminución aproximada de 3%, y tampoco se avanza en la definición de montos que puedan dar certidumbre de que se alcanzará en este sexenio el propuesto 1% del PIB para las actividades de investigación y desarrollo. Las propuestas de la comunidad científica, sus demandas e insistencias al respecto no encuentran ningún interlocutor válido en el gobierno federal.El proyecto de presupuesto de 2010 está ya en revisión en la Cámara de Diputados, y muy seguramente habrá modificaciones importantes en el paquete educativo, así como en los montos dirigidos a los universitarios y a la comunidad científica, pero sin que dichos cambios puedan contrarrestar las enormes y muy graves consecuencias que en el sistema educativo han tenido ya la recesión y la contracción constante de los recursos.Lo peor es que tampoco existe la confianza de que esas magras cantidades tengan la aplicación y el destino adecuados, excepto en el ámbito de las universidades públicas y los proyectos de investigación científica, donde siempre se trabaja con lo menos procurando resultados. En otros niveles educativos y rubros de orientación del gasto, buena parte del dinero invertido puede traducirse en un desperdicio económico y social.Esta crisis orgánica y crónica que se vive puede observarse en los bajísimos resultados de las evaluaciones –como se ha confirmado con los datos de las pruebas “Enlace”–, en los contenidos de los libros de texto y en la pobreza pedagógica de los programas de educación básica y media superior –que han recibido reiteradas críticas de los investigadores educativos–, todo lo cual se traduce en que se está formando una generación de niños y jóvenes que no tienen ni idea de lo que aprenden, que no pueden comprender lo que leen ni desarrollar una redacción adecuada para comunicarse de forma coherente. Las causas primordiales de este panorama: recursos a la baja, y políticas que no se dirigen hacia una verdadera reforma educativa.

miércoles, septiembre 09, 2009

Desesperado

México: Circo, maroma y teatro de Calderón ante el desplome del país y de él mismo
HIP!, HUP!.......Pinche peda!
1. El presidente ilegítimo panista Felipe Calderón –ante las seguras protestas masivas- decidió no presentarse a leer el pasado primero de septiembre su tercer informe anual ante el pleno del legislativo y se conformó con enviarlo por escrito. Como también lo hizo su antecesor, el presidente Fox, prefirió organizar un gran acto privado con dos mil incondicionales –cercado por 10 mil policías y soldados del ejército- en el que dijo un largo discurso pletórico de promesas de cambio y llamados a la unidad, pero a su alrededor. La realidad es que Calderón está desesperado ante la agudización de los problemas del país: desplome de la producción, las inversiones, el empleo, los ingresos; crecimiento de la inseguridad, fracaso del ejército frente al narcotráfico, y no encuentra salida. Quiere tapar su incapacidad llenando la TV y la radio con sus discursos políticos.
2. Desde 1932, tras la renuncia del presidente Ortiz Rubio, todos los gobiernos han terminado el período formal de su mandato. Para México esto no ha sido bueno, más bien es vergonzoso, porque “por ley” ha tenido que soportar los seis años de cada gobierno a pesar de que esté destruyendo al país. Aquel principio de que “el pueblo pone a los gobiernos y el pueblo puede quitarles el poder” ha sido una bobería. El pueblo no pone ni quita, solo trabaja para mal vivir. A los gobernantes los ponen por la clase política y los empresarios de acuerdo a sus conveniencias muy particulares. Basta con recordar lo más reciente: Fox, luego Calderón, a los tres años de gobernar fueron totalmente derrotados en las urnas, los electores les dijeron: ¡váyanse, no los queremos, son unos farsantes! Negociaron con el PRI y como si no hubiera pasado nada.
3. Fox, quizá por inexperiencia, después de su derrota estuvo a punto de renunciar. Yo escribí un artículo puntual al respecto hablando de palabras y gestos de despedida de Fox y otros coincidieron con mis observaciones. Los gobiernos priístas, los de Salinas y Zedillo en particular, por el contrario, en las elecciones de medio sexenio se había reconfirmado adquiriendo más fuerza. Quizá por eso Fox se aturdió antes que sus amigos le aconsejaran que se quedara. Calderón, por el contrario, no ha pensado en renunciar: hábilmente está cambiando a sus funcionarios para que todo siga igual. Desde que Calderón, al iniciar su gobierno, ordenó que el ejército custodie las calles, buscó demostrar una gran solidez. En sus discursos, con desplantes autoritarios, plantea que no tiene miedo a nada, que el ejército lo respalda y que no dará paso atrás alguno.
4. El flamante secretario de Hacienda, después de confesar que la crisis económica golpeó a México con mucho más fuerza que a otros países –obviamente por las funestas políticas económicas que se han venido aplicando- habló de que México tiene un “boquete financiero de 300 mil millones de pesos que deben recuperarse de alguna manera”. Y el mejor medio que han inventado estos funcionarios del equipo económico es haciendo más gigantesco el endeudamiento externo y haciendo que el pueblo pague impuestos indirectos vía aumento de precios de los artículos de primera necesidad. La realidad es que no tienen madre. ¿Por qué no obligan a pagar más a los que más ingresos tienen? ¿Por qué no se obliga a pagar a Televisa, TV Azteca, Cocacola, Bimbo y otras empresas que saquean al país con sus negocios?
5. Hoy se publicó que ante los serios riesgos de viabilidad financiera que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente Felipe Calderón anunció que solicitará al Congreso de la Unión poder utilizar por primera vez una parte de las reservas de la institución, que ascienden a más de 147 mil millones de pesos. Que los recursos se destinarían a inversión en infraestructura, equipamiento y medicamentos, según el director del IMSS, Daniel Karam, quien junto con Calderón planteó además la urgencia de encontrar medidas adicionales al uso de las reservas, porque está vía resulta insostenible. ¿Por qué entonces con todo cinismo Calderón aparece todos los días diciendo que está a punto de alcanzar el servicio universal de salud si el IMSS, el ISSSTE y SSA casi carecen de camas, médicos, medicinas, enfermeras y consultas?
6. También hoy se ha publicado que más de 650 mil alumnos de bachillerato (81.2 por ciento del total) se hallan en los niveles insuficiente y elemental en habilidades matemáticas –lo que significa que sólo saben resolver operaciones básicas, como sumar y restar–, mientras unos 408 mil, 50.1 por ciento, también se ubican en esos niveles, que son los más bajos, en comprensión lectora, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) para el nivel medio superior. La respuesta cínica de Lujambio, el secretario de Educación, es simple: “esto demuestra la transparencia, “que nada del sistema se quede en lo oscurito”. ¿Puede responsabilizarse a los alumnos o a los maestros si ellos siempre han dependido de las políticas educativas institucionales que los mismos gobiernos imponen?
7. El PRI gobernó 70 años y el PAN lleva casi nueve años, ¿Debemos esperar acaso otros 60 años para que se superen los graves problemas del país, o bastan los nueve años para ver que el PAN en breve tiempo ha igualado o superado en corrupción e ineficiencia a sus antecesores? Se dice que en todo tiempo el pueblo tiene todo el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, pero también es una simple frase mientras ese pueblo no se organice y luche. El país se está endeudando cada vez más; los pocos recursos del que podía hacer uso en situación desesperada se han agotado; el 70 por ciento de la población cada día se empobrece más; los empresarios acumulan mayores riquezas y las despilfarran a su antojo. Los problemas se acumulan y la crisis se profundiza por incapacidad gubernamental. ¿Surgirá una revolución salvadora?

domingo, abril 05, 2009

Crisis brutal del sistema educativo

“Toda la educación en el país está en la zona de desastre”, denunció Manuel Bartlett, ex titular de la SEP / Al espurio NO le importa la educación: con la renuncia de Josefina Vázquez Mota a la SEP, privilegia los “acuerdos parlamentarios” por encima de elevar la calidad de la educación
MEXICO, D.F., 4 de abril (UNIVERSAL/LA JORNADA).- El gobierno espurio está privilegiando los acuerdos parlamentarios por encima de elevar la calidad de la educación, aseguraron ex funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).Luego de la salida de Josefina Vázquez Mota para contender por una diputación federal, el especialista en educación Olac Fuentes y Manuel Bartlett, ex titular de la SEP, aseguraron que el sector se encuentra en crisis porque aumenta el número de rechazados de instituciones de nivel medio superior y superior y no ha dado resultados favorables la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada el 15 mayo del 2008.
En entrevista, Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación Básica, aseguró que la ACE ha implicado la renuncia de la Secretaría a muchas de sus facultades y una injerencia indebida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.Afirmó que se debe postergar la reforma en el nivel básico, ya que es improvisada, desordenada y deficiente.Dijo que se debe reconsiderar la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), ya que está basada en el recuerdo de los conocimientos e incluso obstaculiza y penaliza los intentos de enseñanza.Consideró necesario mejorar los mecanismos de selección de maestros, que permitan anticipar su calidad y no sólo basarse en un examen de conocimientos que no toma en cuenta, como en otros países, factores como la capacidad didáctica, disposición, facilidad para trabajar con niños y en medios sociales difíciles, que en general son el primer destino de los maestros.De la relación de la SEP con el sindicato, refirió que Vázquez Mota tuvo que “torear muchos problemas” por la fuerza que el propio ejecutivo federal espurio le reconoce a Elba Esther Gordillo.Consideró que es oportunidad para colocar las cosas en su lugar, “habría una oportunidad hipotética de acotar a La Maestra, pero se puede mantener la misma línea”.Por su parte, Bartlett aseguró que estamos ante una “crisis brutal” del sistema educativo.Criticó que la calidad educativa se mida con estándares marcados por criterios financieros, “que no saben nada de educación”.Dijo que Calderón debe mostrar un verdadero interés por elevar el nivel educativo, pues “toda la educación en el país está en la zona de desastre”.Advirtió que si no hay un cambio en la política educativa para dar espacio a los rechazados de instituciones como la UNAM y el IPN, el sector entrará en crisis. Destacó que Calderón envíe a sus colaboradores a la Cámara de Diputados sólo con “fines políticos”.La salida de Josefina Vázquez Mota de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es una muestra más del “desinterés absoluto” de la administración calderonista por el sistema educativo nacional, pues “se quitan y ponen funcionarios que lanzaron toda clase de promesas sobre la calidad de la educación, en una clara actitud demagógica”, afirmaron especialistas.En tanto, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que “aún está por designarse al nuevo titular de la SEP, y con ello, saber si Felipe Calderón aún es rehén de Elba Esther Gordillo Morales, a quien podrían entregarle la totalidad del sistema educativo nacional, lo que sería una tragedia para el país”. Al darse a conocer oficialmente la renuncia de la ex secretaria de Educación Pública para contender por una diputación plurinominal por el Partido Acción Nacional en las próximas elecciones del 5 de julio, César Navarro, catedrático del Instituto Mora y especialista en temas educativos, señaló que al igual que sus antecesores en el cargo durante las administraciones panistas, se caracterizó por su “enorme incapacidad y desconocimiento del sistema educativo”, pero también por tratar de imponer un modelo formativo “neoliberal y privatizador”.La SEP, agregó, se ha convertido en una “moneda de trueque, a la que llegan toda clase de personajes con aspiraciones políticas pero con una gran mediocridad en el planteamiento de sus propuestas educativas, pues la propia Vázquez Mota acabó como un cero a la izquierda en la conducción de esta dependencia, donde las decisiones efectivas las tomaba la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, y su equipo”.En tanto, Hugo Casanova Cardiel, catedrático del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, afirmó que a casi tres años de su llegada a la dependencia, Vázquez Mota, se va con un “tremendo saldo deudor”, tras una administración en donde prevaleció una “pugna personalista” entre la propia ex secretaria y Gordillo, luego de crecientes desencuentros que llevaron al sindicato a lanzar un “ultimátum” contra la SEP en octubre pasado, ante el incumplimiento de los acuerdos pactados, lo que fue rechazado por la dependencia. A más de dos años de su nombramiento como titular de la SEP, agregó Casanova Cardiel, su paso por la dependencia ha sido “catastrófico”, pues se administración, afirmó, se identificó por dar palos de ciego al irse perdiendo el modelo educativo de los regímenes de la posrevolución, “mientras que los años del calderonismo han sido una verdadera debacle para la educación”.Líderes de la CNTE aseguraron que Vázquez Mota deja una larga lista de pendientes, ante el “total fracaso” de la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el pasado 15 de mayo.