Por Carlos Murillo González
Horizontes del sur se suma a la larga lista de masacres acontecidas en Ciudad Juárez a partir de la despiadada y cada vez más absurda “guerra contra el narco” declarada por el gobierno federal y acatada servilmente por el estatal y municipal. Primero los ataques a los centros de rehabilitación de usuarios a drogas, luego la matanza de Villas de Salvárcar; ahora Horizontes del sur.
El viernes 22 de octubre cerca de la media noche, un comando armado acribilla a las y los asistentes de una fiesta particular dejando hasta el momento 14 muertos y una cantidad similar de heridos; entre las víctimas se encuentran jóvenes, mujeres y niños. El acontecimiento viene a opacar el resto de asesinatos que se dieron ese fin de semana, mas no así la incompetencia del Estado, totalmente rebasado y a la vez cómplice de estas tragedias por su incapacidad para brindar protección a su sociedad.
Todo parece indicar que estamos ante una política de exterminio social tolerada y estimulada a través de escuadrones de la muerte, como sospecha el senador Ricardo Monreal, pues "estos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano" (“Ven limpieza social, no narcoguerra”, El Universal, 18/10/10) al hacer un balance sobre las cerca de 30,000 muertes violentas desde que inició la famosa “guerra”. Esta es una sospecha grave, por eso el Senado estudia la relación de los hechos bajo este criterio, tomando en consideración declaraciones y actuaciones de varios alcaldes del país, así como las estrategias de las operaciones policiaco-militares del gobierno federal.
Regresando al caso de Juárez, hoy convertida en la capital de la impunidad, pareciera que es un experimento donde se pone a prueba los límites de la tolerancia social al llevarla a extremos de violencia: desde el inicio de los desaparecidos Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez en 2008 para combatir el narcotráfico, el general Felipe de Jesús Espitia, coordinador de los mismos, declaraba cosas como “son enemigos menos” o “se están matando entre ellos mismos” cuando empezaban a aumentar escandalosamente el número de asesinatos a raíz de dichos operativos. Luego vendrían las grandes matazones en Creel, Chihuahua, el Valle de Juárez y Ciudad Juárez; los abusos y desapariciones con los militares; los secuestros y extorsiones con la llegada de la PFP, la persecución y asesinato a activistas sociales, científicos, derechohumanistas, artistas, estudiantes…
La misma actitud de los gobernantes refleja esa sensibilidad indolente que tanto repulsa a la sociedad: a la mañana siguiente de la masacre en Horizontes del sur, el alcalde de Juárez, Héctor “Teto” Murguía, daba inicio a una más de sus audiencias públicas rodeado de policías y sólo ante la insistencia de las y los periodistas fue que pudieron sacarle un comentario sobre el hecho; es decir un tácito “aquí no pasa nada”. Un día antes, el viernes al mediodía, una marcha y mitin convocada por el gremio médico entregaba a representantes del municipio y el estado, pero con la ausencia de alguien del gobierno federal, un pliego petitorio de exigencia de acciones contra la violencia; por la noche tuvieron su respuesta.
El rasgo común de quien muere violentamente en Juárez, según el criterio gubernamental es por estar involucrado en el crimen organizado, lo cual es una descalificación prejuiciada que ya le costó fuertes criticas al gobierno federal en boca de Calderón cuando la matanza de Villas de Salvárcar a principios del 2010. Pero un rasgo muy común del que casi no se habla, indica que la gran mayoría de las víctimas pertenecen a estratos pobres de la población.
Doblemente victimizadas, la justicia está ausente en nueve de cada diez casos de asesinato; estamos en presencia de un genocidio selectivo de personas consideradas indeseables o desechables para el Estado mexicano, pero por otro lado asistimos al colapso ético de las instituciones: no sólo es una política de desgobierno, como apunta el sociólogo Alfonso Herrera, también es una situación abiertamente provocada por la clase política en el juego del poder partidista y del alineamiento con las nuevas políticas de vecindad de Estados Unidos con nuestro país.
Esta nueva faceta del neoliberalismo en su etapa policiaca, indica claramente su tendencia exterminadora: países como México hacen el trabajo sucio de países como Estados Unidos al implementar diversas medidas de limpieza social en los segmentos más bajos de la sociedad, como sucede en Juárez o también con las y los indocumentados de Centro y Sudamérica que pasan por nuestro país rumbo al norte, como si con eso se evitara el colapso de la economía capitalista en su crisis actual.
Pero aquí no pasa nada. Ciudad Juárez sufre una especie de locura colectiva muy cabrona; una enajenación que es a la vez nuestro escudo y escape de una realidad que no alcanzamos a comprender en una guerra con enemigos invisibles y autoridades que no se ven. Nos vamos acostumbrando sin reaccionar a la violencia, como zombies, ante la mirada recelosa de los vecinos del norte y ante la incomprensión del país, que no se quiere mirar reflejado en el espejo de Juárez.
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Carlos Murillo González, sociólogo y maestro en ciencias sociales por la UACJ, miembro del Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Ciudad Juárez, investigador asistente de El Colegio de Chihuahua y adherente de La Otra Campaña; es autor del Libro La Sociedad Anónima: los factores socieoeconómicos y políticos del abstencionismo en el municipio de Juárez, entre otros escritos. Su experiencia abarca la docencia, la investigación, la asesoría, el activismo y la música.
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