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lunes, enero 16, 2012

Fallecen seis indígenas por hambre en la Tarahumara


Rayuela
A El Chapo le bastaron 11 años. No cabe duda que México es una incubadora de millonarios.

*Grave problema de desnutrición en comunidades debido a la sequía de 2011: El Barzón

*Al menos 6 personas han muerto de hambre en la sierra Tarahumara

*Se dejaron de producir 20 mil toneladas de maíz de autoconsumo; fundación entrega ayuda a rarámuris.

Habitantes de las comunidades Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi, del estado de Chihuahua, se forman para recibir ayuda alimentaria en centros de acopio ubicados en el municipio de Temósachi.

Ciudad Juárez, Chih., 14 de enero. En poblados del municipio de Carichí, ubicado en la sierra Tarahumara, al menos unas seis personas han muerto de hambre, de acuerdo con las actas de defunción, informó la organización campesina El Barzón y confirmó el gobierno del estado.

El Barzón cuenta con copias de las actas de las personas fallecidas, en las cuales el médico legista puso como causa de muerte la desnutrición que enfrentan pobladores de esa región –sin comida suficiente hasta por cuatro meses consecutivos– como consecuencia de la sequía.

Las comunidades donde murieron de hambre las seis personas son Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi, donde el índice de mortalidad por la falta de alimento es un factor que ha propiciado casos de lesiones y de muertes de los adultos de 55 a 60 años de edad, reportó la agrupación campesina.

Hubo algunos casos de fallecimientos de niños por la falta de alimentos, pero esta situación se atendió y no han muerto más menores por este problema, dijo Jesús Velázquez, titular de la Coordinadora de la Tarahumara del gobierno estatal, encargada de llevar apoyos alimentarios a esa zona.

Expresó que se ha avanzado en el plan emergente de alimentación en la sierra Tarahumara. Hemos andado en muchísimas comunidades y seguiremos en otras más; estamos trabajando en la nueva calendarización.

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Con engaños y sin un traductor, indígenas firman contratos leoninos

*Uno de los documento de Demex especifica que será la única con derecho a la operación y venta de la energía eléctrica generada ahí

*La mayoría son empresas españolas que convirtieron en sus empleados a dueños de los predios que albergan 500 aerogeneradores.

Generadores de electricidaden el parque eólico del istmo de Tehuantepec.

Juchitán, Oax. Los más de 500 aerogeneradores que erizan el paisaje en miles de hectáreas al sur del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desde La Ventosa hasta Santo Domingo Ingenio, se han cimentado en el engaño, la mentira y la violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que constituye la cara sucia de la energía limpia: la eólica, producida por la fuerza del viento en la región, la cual es considerada una de las de mayor potencial del mundo en la materia.

Así lo expresaron a La Jornada –por separado– integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), autoridades agrarias, ejidatarios o comuneros y propietarios de tierras en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, La Venta, Unión Hidalgo, San Blas Atempa, Juchitán e Ixtepec, y las organizaciones sociales Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que acompañan los movimientos de resistencia al Corredor Eoloeléctrico del Istmo (CEI).

La importancia de la eoloelectricidad se ha acrecentado ante la grave problemática del cambio climático, más aún después del desastre de la central nuclear de Fukushima, en Japón, lo que refuerza el valor estratégico de la región del istmo de Tehuantepec, históricamente codiciada por diversas potencias, especialmente Estados Unidos.

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*Joaquín El Chapo Guzmán: 11 años prófugo, rico y fortalecido

*Según Washington, el líder del cártel de Sinaloa es el capo más poderoso del mundo
Su evasión vulneró un sistema carcelario considerado incorruptible y a prueba de escapes
Joaquín El Chapo Guzmán Loera cuando fue presentado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, en junio de 1993.

Joaquín El Chapo Guzmán Loera se transformó en 11 años de narcotraficante caído en desgracia (preso en un penal de máxima seguridad, su organización disminuida y su principal socio, Luis Héctor El Güero Palma Salazar, detenido), en el capo más poderoso del mundo, según autoridades de Estados Unidos, y en uno de los hombres más influyentes del planeta, a decir de la revista Forbes.

Con paciencia, a lo largo de ocho años de encarcelamiento, tejió complicidades y preparó la fantástica fuga que le permitiría salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, el 19 de enero de 2001. En libertad, se asoció con Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, dos de los principales jefes del tráfico de drogas en México, con contactos en Colombia, Estados Unidos y Europa.

Esa sociedad le ha permitido enfrentar y en algunos casos destruir –en paralelo a las embestidas gubernamentales de los gobiernos panistas–, grupos que históricamente habían sido sus rivales, como los Arellano Félix o, con los cuales rompió relaciones, como aconteció con los cárteles de Juárez y de los Beltrán Leyva.

Con su evasión, Guzmán Loera puso en evidencia la vulnerabilidad de un sistema carcelario que se consideraba incorruptible y a prueba de fugas. También, en 11 años, la voracidad de su organización, al mismo tiempo que las cruzadas o guerras contra el trasiego de enervantes de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, modificaron el mapa de las operaciones del narcotráfico en México.

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miércoles, noviembre 02, 2011

El desbarrancadero educativo

Jóvenes en demanda de acceso a la educación.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con todo y que la discusión sobre la obligatoriedad del bachillerato se limitó al ámbito de los diputados y senadores, y que está también a consideración de las representaciones legislativas de los estados, se impone abrir un serio debate sobre las políticas sociales y educativas que se requieren con urgencia en el país.

Con algunos sesgos neoliberales en su enfoque y otros tantos huecos analíticos, el Informe sobre la educación media superior que ha divulgado recientemente el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE, 2011; www.inee.edu.mx) contiene indicadores que revelan que hay una enorme cantidad de jóvenes fuera de la escuela, deserción masiva y obsolescencia y dispersión de lo que se aprende y se enseña.

El bachillerato mexicano representa un abismo insalvable para millones de jóvenes y adultos que están pasando masivamente a ser parte del enorme rezago educativo que se reproduce desde hace décadas en México. De acuerdo con el estudio citado, 7.3 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años tienen educación secundaria, pero no pueden acceder a los estudios de educación media superior. Y de los que alcanzan a ingresar, cerca de la mitad se van quedando en el camino, sobre todo si se trata de jóvenes pertenecientes a poblaciones indígenas o del campo.

Las cifras y los hechos son alarmantes. Estamos ante una situación de planes y programas de estudios fragmentados, con regulaciones y calendarios diversos y sin complementariedad, no obstante que hace unos pocos años dio inicio la pretensión de regular el sistema con la creación de una subsecretaría de la SEP que ha pasado casi inadvertida, por decir lo menos, por los bachilleratos públicos pertenecientes a las universidades e instituciones de educación superior federales y estatales que concentran la gran mayoría de la matrícula. Sus intentos de organizar un enfoque de competencias y reglas de operación comunes han tenido como respuesta el rechazo de las más importantes universidades, y ha sido desastrosa también su insistencia en eliminar la filosofía.

El gasto educativo nacional por alumno para este nivel es altamente deficitario, y en el estudio en referencia se estima que 16 de cada 100 alumnos inscritos abandonan sus estudios entre un ciclo y el siguiente (página 28). Estas condiciones son más graves en cerca de la mitad de los estados de la República. Todos los datos que se presentan demuestran que este nivel educativo se ha convertido en el desbarrancadero de los jóvenes y en el mayor cuello de botella para su futuro.

Con todo y que el estudio del INEE no incluye el panorama de la educación privada (que ha de ser verdaderamente escalofriante) ni lo que se ha alcanzado en las modalidades a distancia (bastante recientes pero muy importantes), la perspectiva general del ciclo da para pensar que la obligatoriedad constitucional del bachillerato tendrá que considerar políticas públicas y una verdadera discusión sobre las estrategias necesarias para alcanzarla.

De que ello es indispensable, ni duda cabe, pero de que se estén elaborando en serio programas transexenales que hagan posible el incremento en el flujo de recursos, maestros, escuelas, infraestructura, tecnologías, nuevos planes y programas de estudio, entre otras tantas cosas relevantes, no existen evidencias.

Los precandidatos de la izquierda a la Presidencia de la República han sido quienes han abordado el asunto del bachillerato de forma más clara e incisiva, pero los datos que aquí se apuntan deberían ser motivo de reflexión, pues no se trata sólo de la ampliación de los niveles de ingreso o de contar con un mayor número de becas, sino también de contar con políticas de gran altura que puedan propiciar cambios de fondo en la docencia, la investigación y la currícula, la infraestructura, la articulación horizontal entre los tipos y modalidades y los recursos que se requieren. De otro modo, todo quedará, de nuevo, subordinado a la lógica del asistencialismo sin atacar realmente a fondo la brutal realidad que se vive.

miércoles, agosto 24, 2011

La corrupción en el Turissste salpica a la Presidencia

En lo que va del sexenio de Calderón, la Presidencia de la República ha entregado más de 62 millones de pesos al ISSSTE a través de su agencia turística, Turissste. Aunque las encomiendas están fuera de sus atribuciones y carece de la capacidad necesaria para realizarlas, ésta es la única empresa contratada para la organización de eventos oficiales, conferencias de prensa y ceremonias, incluidas las conmemoraciones del inicio del gobierno calderonista. La utilización del Turissste –entregado a allegados de Elba Esther Gordillo– para triangular contrataciones en el gobierno federal la ha convertido en una institución que “salpica corrupción”, afirma la diputada Esthela Damián.

Mayela Sánchez

El Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) se encarga de organizar las ceremonias oficiales de Felipe Calderón Hinojosa y los eventos de la Presidencia de la República, desde el inicio del sexenio. A cambio, tan sólo entre 2007 y 2010, esta dependencia había recibido 62 millones 256 mil pesos, a pesar de que fue creada para ofrecer servicios turísticos a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y al público en general, como lo establece su Estatuto Orgánico.

La incapacidad del Turissste para organizar los eventos de la Presidencia ha sido puesta en evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dar a conocer su revisión a la Cuenta Pública 2009.

La ASF muestra que, al menos durante ese año, el Turissste subcontrató a otras empresas la totalidad de los convenios hechos con la Presidencia de la República. La oficina presidencial, a su vez, no verificó que la agencia turística tuviera la capacidad requerida para hacerse cargo de sus eventos.

La omisión de la Presidencia trasciende la observación del órgano fiscalizador: desde 2007, el Turissste ya organizaba los eventos oficiales del presidente, y continuó haciéndolo al menos hasta 2010, como consignan las facturas obtenidas por Contralínea a través de una petición de información pública.

Los documentos dan cuenta de que desde la llegada de Calderón Hinojosa a Los Pinos, la única empresa encargada de los servicios oficiales del mandatario es el Turissste.

Desde ceremonias oficiales y recepciones de autoridades de otros países, hasta conferencias de prensa y celebraciones de fin de año en Los Pinos, todo ha sido facturado por esta agencia.

El pasado 13 de febrero, el diario Reforma publicó un reportaje sobre cómo el Turissste es usado por diversas dependencias públicas para triangular contrataciones. La reportera Karla Garduño Morín documentó que entre 2006 y 2010, 27 oficinas del gobierno federal firmaron al menos 185 contratos con el Turissste por un monto de 1 mil 862 millones de pesos “para realizar eventos que exceden sus atribuciones y su capacidad”.

Garduño Morín apuntó que la incursión del Turissste como una empresa organizador de eventos se justifica con la elaboración del Manual de Organización del Sistema de Agencias Turísticas, publicado en el Diario oficial de la federación el 13 de noviembre de 2006.

Según este documento, al Turissste se le confiere la atribución de “operar y organizar la celebración de congresos, grupos y convenciones, conforme a las solicitudes de los derechohabientes y organismos gubernamentales”.

Es así que el órgano desconcentrado del ISSSTE es socorrido por diversas dependencias del gobierno federal para la organización de eventos de toda índole. Una de éstas es la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna.

De acuerdo con la información recabada por Reforma, de agosto de 2009 a 2010, la dependencia contrató al Turissste en 30 ocasiones, ya fuera para la presentación del programa Escuela Segura o para la organización de sus cursos de capacitación.

Otra institución que contrata recurrentemente al Turissste es la Lotería Nacional, cuyo actual director, Benjamín González Roaro, fue titular del ISSSTE en el sexenio foxista.

El diario consigna que de 2006 a 2009, la dependencia acumuló 41 contratos que suman 12 millones 400 mil pesos, y que lo mismo incluyen la organización del Foro Mundial de Loterías, que cena-bailes y espectáculos cómico musicales.

Pero en el caso de la Presidencia de la República, ésta ha entregado al Turissste prácticamente la totalidad de sus gastos para las ceremonias y eventos oficiales del presidente, revelan las facturas en poder de Contralínea, relativas a los gastos de orden social, ceremonial, de congresos y convenciones.

La incursión del Turissste como organizadora de eventos se da a menos de un mes de la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares a la dirección del ISSSTE, cargo que ocupó desde el inicio del sexenio hasta febrero de 2010.

El 29 de junio pasado, la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, reveló en una conferencia de prensa el arreglo político-electoral que pactó en 2006 con Calderón Hinojosa, entonces candidato a la Presidencia.

A decir de Gordillo Morales, el acuerdo consistió en darle apoyo electoral al panista a cambio de posiciones en cargos públicos para gente cercana a ésta. Uno de esos puestos fue la dirección del ISSSTE, concedida a Yunes Linares, entonces aliado suyo.

Y fue justamente el excandidato a gobernador en Veracruz quien nombró a quien desde entonces está al frente del Turissste, Rossana Ortega Rivas.

La elaboración del Manual de Organización del Sistema de Agencias Turísticas es atribuible a la dirección del Turissste. Además, la hermana de la titular del Turissste, Sandra Ortega Rivas, está “estrechamente ligada” –según la nota de Reforma– al exdirector del ISSSTE Yunes Linares desde que éste fungió como secretario del gobierno veracruzano durante la gubernatura de Patricio Chirinos Calero.

La relación entre ambos fue de nueva cuenta exhibida el pasado 14 de julio, durante la comparecencia del director del ISSSTE, Jesús Villalobos López, ante la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados.

En esa ocasión, el legislador Roberto Pérez de Alva Blanco mostró una fotografía en donde aparecen abrazados la también encargada del ISSSTE en la zona Norte de la ciudad de México y el expriísta.

Pérez de Alva Blanco, quien es presidente nacional de acción política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenece al partido Nueva Alianza, vinculado a Gordillo Morales.


Los eventos de Calderón

Durante los primeros cuatro años del sexenio, prácticamente todos los gastos de las recepciones a diplomáticos y personalidades nacionales o extranjeras, la celebración de ceremonias patrióticas y oficiales, los congresos, convenciones y seminarios, y hasta los festejos por el aniversario de la llegada de Calderón Hinojosa a Los Pinos fueron facturados por el Turissste.

En total, la Presidencia pagó en ese periodo 63 millones 331 mil pesos en “servicios oficiales”, de los cuales el 98 por ciento fue a parar a manos del Turissste. Únicamente la adquisición de regalos y de arreglos florales quedó exenta de ser adjudicada a esta agencia turística.

El asunto no es menor: durante 2009 el Turissste subcontrató todos los servicios que habría de prestar a la Presidencia, y a cambio recibió una comisión de 10 por ciento de las empresas a las que subrogó los trabajos. Ello “impactó directamente en el costo de los servicios que a su vez el ISSSTE, a través de Turissste, facturó a la Presidencia de la República”, indica la ASF.

Para entonces, la agencia de turismo ya tenía, cuando menos, dos años de ser la única empresa contratada por la Presidencia para la organización de sus eventos.

Además de ceremonias patrióticas y oficiales, en la facturación que el Turissste hizo a la Presidencia figuran pagos como el de 310 mil pesos por “servicio de alimentos” para conmemorar el primer aniversario de las elecciones presidenciales de 2006, como consta en la factura 1332.

Además de festejar los controvertidos comicios que lo llevaron a la Presidencia por una diferencia de 0.56 por ciento, Calderón también celebró el primer año de su gobierno. Alimentos, flores, autobuses, “servicios de apoyo logístico” y hasta la renta de un equipo de cómputo fueron adjudicados al Turissste. El evento tuvo un costo para el erario de 1 millón 856 mil 350 pesos.

Para 2009 –el año en que la ASF detectó que Turissste subcontrató todos los servicios que la Presidencia le había conferido– la conmemoración del tercer año de gobierno de Calderón Hinojosa costó 4 millones 335 mil 700 pesos, conforme a la factura 13520.

El panista también recurrió al Turissste para rentar cuatro autobuses que trasladaron al gabinete y a los invitados especiales al evento que, con motivo de su primer informe de gobierno, se organizó en el Auditorio Nacional. Por el servicio se pagaron 13 mil 500 pesos.

Otros 200 mil pesos se le entregaron a la agencia turística por la elaboración, colocación y retiro de 1 mil pendones en Palacio Nacional, que anunciaban el informe presidencial.

El Turissste también se encarga de organizar las reuniones de fin de año en la residencia presidencial. Una de ellas fue la que se celebró el 18 de diciembre de 2008 entre el mandatario y la “diligencia nacional” (sic) del SNTE, cuyo costo –expedido en las facturas 7648 y 7655– fue de 120 mil 140 pesos.

Otros eventos adjudicados al Turissste son la visita que el equipo de futbol de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo a la residencia oficial de Los Pinos en 2009, y que costó 30 mil pesos, o la “convivencia en el día de la Candelaria” (sic) de ese mismo año, por la que se pagaron 342 mil 400 pesos.

El Turissste también factura las conferencias de prensa de Calderón, como la avalada en la 4515, que por concepto de “apoyo logístico” implicó el pago de 20 mil 572 pesos.


Turissste “salpica corrupción”

La diputada federal Esthela Damián Peralta explica que la contratación de Turissste por parte del gobierno federal se ha vuelto recurrente debido a que con ello evita hacer licitaciones públicas.

Y es que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé una excepción a tal obligación siempre que la dependencia o entidad pública contrate bienes o servicios con una empresa paraestatal.

Pero en el caso del Turissste, valora la legisladora perredista, esta prerrogativa se usa inadecuadamente “pervirtiendo la norma”. El propósito, apunta Damián Peralta, es la triangulación de las contrataciones a través de una institución pública, previo acuerdo de las partes involucradas.

“Se está ocultando la corrupción a través de una institución del gobierno federal”, advierte la legisladora, quien está al frente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.

La también integrante de la Comisión de la Función Pública considera que las acciones del Turissste sí son sancionables, pues al ofrecerse como una agencia organizadora de eventos se aparta de las funciones que por estatuto le competen.

A la “malversación” de una facultad expresa en la ley, se podría añadir otra irregularidad por realizar subcontrataciones con quienes no necesariamente ofrecen la mejor calidad y el menor precio. “Ahí yo no encuentro manera en que este asunto quede a salvo”, señala la diputada.

Cuestionada acerca de si la contratación del Turissste como única encargada de los eventos de la Presidencia podría formar parte del pacto entre Gordillo y Calderón, la legisladora considera que no hay elementos suficientes para afirmarlo. Mas concede: “Lo que sí te puedo decir es que el Turissste salpica corrupción”.


En la mira de la ASF

El artículo 71 del Estatuto Orgánico del ISSSTE establece que el objeto del Turissste es planear, normar, dirigir y realizar servicios turísticos para beneficio de sus derechohabientes y del público en general. Es por ello que a ojos de la ASF la organización de eventos y ceremonias no está dentro de las atribuciones de la agencia.

En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, el órgano fiscalizador a cargo de Juan Manuel Portal, muestra que el Turissste es contratado por diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no corresponden con servicios turísticos.

Entre éstos enlista una “convivencia cultural” que en 2009 requirió la Secretaría de Educación Pública por un monto de 12 millones 230 mil pesos; La Procuraduría General de la República requirió los servicios de la agencia por el día de reyes, día del niño y día de la madre. En total le pagó 9 millones 61 mil pesos; El ISSSTE –entonces todavía bajo la dirección de Yunes Linares– contrató al Turissste para el evento Cancionissste 2009, en el que se presentó la cantante Lucero; para la Secretaría de Gobernación, el Turissste organizó dos eventos del día del niño, uno de los cuales incluyó la participación del cantante Alberto Vázquez.

Para llevar a cabo estas celebraciones, el Turissste solicitó cotizaciones al menos a tres prestadoras de servicios. Su elección se hizo de forma “discrecional”, considera la ASF, pues no hubo criterios que justificasen la selección.

No es la primera vez que la ASF da cuenta de las anomalías en que ha incurrido el Turissste. El año pasado, una revisión al Fideicomiso del Bicentenario descubrió que la dependencia fue contratada para realizar el evento conmemorativo del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, a pesar de no tener la capacidad para desarrollar un evento de esa magnitud.

En mayo de 2010, Contralínea publicó las irregularidades detectadas por la ASF en su revisión a la Cuenta Pública 2008 (edición 182). Entre ellas destaca la subcontratación que el Turissste hizo con la empresa Make Pro, SA de CV, para que se encargara de los trabajos convenidos. Ésta, a su vez, subrogó los trabajos a su filial Corporación Interamericana de Entretenimiento, vinculada a Televisa.

Para la realización de este trabajo Contralínea buscó a la titular del Turissste, Rossana Ortega Rivas, pero al cierre de edición no tuvo respuesta ni de su oficina ni de la jefa de servicios de información del ISSSTE, Mónica Flores. El encargado de medios nacionales de la Presidencia de la República, Alejandro Caso, tampoco dio respuesta a la petición de entrevista.

Fuente: Revista Contralínea 247 / 21 de agosto de 2011

domingo, junio 26, 2011

Telmex y SCT incumplen programa social de telecomunicaciones

La empresa del hombre más rico del mundo, Teléfonos de México, incumple el programa de cobertura social que habría de beneficiar a 10 millones de personas marginadas. Casi 267 millones de pesos se han entregado de manera puntual a la empresa de Carlos Slim Helú sin que hasta la fecha miles de comunidades reciban los servicios de telecomunicaciones contratados. Pese a las faltas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha sancionado a la empresa. Telmex es la única beneficiaria del fondo federal de cobertura social en materia de telecomunicaciones, cuyo saldo asciende a 843 millones de pesos.

Mayela Sánchez

Contrario al solícito modo con que en los últimos años ha concesionado la principal red de fibra óptica del país y parte del espectro radioeléctrico, el gobierno federal ha desdeñado durante casi una década la operación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (Focosote), que habría de beneficiar a 10 millones de personas de escasos recursos.

Del incumplimiento es responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en tanto encargada de su operación; pero también lo es la empresa Teléfonos de México (Telmex), beneficiaria de la concesión de los dos únicos proyectos que se han puesto en marcha desde 2002 para llevar servicios de telefonía a poblaciones urbanas y rurales marginadas.

Ahora mismo, la SCT y Telmex se encuentran entrampadas en el más reciente conflicto que se ha suscitado dentro del sector telecomunicaciones, luego de que el pasado 27 de mayo la Secretaría negara a la empresa de Carlos Slim Helú una concesión para ofrecer servicio de televisión restringida. Lo anterior, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación había otorgado un amparo a Telmex, en el cual reconocía que la omisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para responder en tiempo a la petición de la empresa, se traducía en una opinión favorable a ésta.

A pesar de la demora con que la dependencia informó de su negativa, ésta no ha sido mayor a la pasividad mostrada para sancionar a Telmex por el incumplimiento de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06, conforme a los cuales para marzo de 2009 la compañía telefónica tendría que haber llevado el servicio de telefonía a, cuando menos, 6 mil 22 localidades marginadas, de las 11 mil 76 previstas por el Focosote.

En el conflicto que sostienen el gobierno federal y la empresa de Slim Helú, ésta ha argumentado que su entrada al mercado de la televisión restringida beneficiaría a los usuarios al ofrecer menores precios y mejor calidad en el servicio.

Pero al mismo tiempo, Telmex ha dejado cientos de comunidades pobres sin acceso a telefonía pública o con fallas en el servicio y ha hecho cobros indebidos a los usuarios, como consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión al fideicomiso, al amparo del cual opera el programa de cobertura social de la SCT.

La auditoría, que forma parte del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, es la única inspección que el órgano fiscalizador ha hecho al Focosote desde su creación hace casi 10 años, a pesar de los exhortos de algunos senadores para transparentar su ejercicio.

El asunto no es menor si se considera que dicho Fondo recibió del gobierno federal 750 millones de pesos como aportación inicial para su operación, los cuales bien pudieron agotarse en el primer año de su ejercicio, dada la amplia necesidad de servicios de telecomunicaciones en el país, estima la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, especialista en telecomunicaciones.

De la millonaria bolsa entregada al Focosote, hasta mayo del año pasado casi 267 millones habían ido a parar a manos de Slim Helú, de acuerdo con los saldos de sus estados financieros, cuyas copias posee Contralínea.

Datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que hasta marzo de 2011 el fideicomiso tenía recursos disponibles por 843 millones de pesos, sin que a la fecha existan nuevos proyectos para utilizarlos.


Telmex incumple

Aunque el Focosote se creó desde noviembre de 2002, fue hasta el 2 de febrero de 2005 y el 4 de septiembre de 2006 que se suscribieron los primeros y únicos contratos que en casi una década han aprovechado los recursos del fideicomiso. Según un comunicado de la SCT, con tan sólo esos dos proyectos se habría de beneficiar a 10 millones de personas.

La empresa de Slim Helú –cuyo título de concesión le obliga a ofrecer el servicio universal de telefonía como una contraprestación– resultó ganadora de las dos licitaciones públicas que ampararon los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06.

En éstos se lee que la empresa obtendría pagos no recuperables por máximos de 274 y 377 millones de pesos, respectivamente, así como la autorización para operar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por 10 años.

En dichos acuerdos, Telmex se compromete a llevar el servicio público de telefonía básica local y de larga distancia tanto residencial como a través de casetas públicas a un total de 11 mil 155 localidades de escasos recursos. Un convenio modificatorio al primer contrato redujo la cifra a 11 mil 76 comunidades.

El acuerdo C-411-001-05 y su convenio modificatorio estipulan que Telmex tendría “como máximo 12 meses para instalar la infraestructura de la Red e iniciar la prestación del STB1 [Servicio Telefónico Básico Tipo 1]” en 1 mil 971 localidades previstas.

Una vez iniciada la prestación del STB1, contaría con seis meses más para iniciar la operación de un número de líneas telefónicas equivalente a la décima parte del total de viviendas electrificadas en cada comunidad.

En estas localidades el servicio sería proporcionado sin gastos de instalación, pago de renta mensual y se cobraría una tarifa máxima equivalente al promedio de las tarifas registradas de telefonía pública. Asimismo, el primer aparato telefónico sería proporcionado sin costo alguno para el usuario.

Para atender las 1 mil 880 regiones restantes, dispondría de 24 meses a partir de la firma del contrato y 12 meses más para poner en operación cuando menos el equivalente de líneas telefónicas al 5 por ciento de viviendas electrificadas. En éstas sí podría aplicar gastos de instalación, aunque mantendría las mismas características del servicio.

El segundo contrato fija plazos de 24 y 36 meses para la instalación de la infraestructura, más un semestre para la operación de líneas telefónicas en un porcentaje similar al establecido en el acuerdo anterior.

Esto significa que los trabajos de instalación y operación del primer contrato y los correspondientes a la primera etapa del segundo debieron concluir entre agosto de 2006 y marzo de 2009. Sin embargo, Telmex no cumplió con los plazos establecidos.

De acuerdo con la revisión de la ASF, para agosto del año pasado aún faltaban por instalar 7 mil 892 líneas telefónicas del contrato C-411-001-05 y 5 mil 792 de la primera fase del contrato C-411-001-06. De las líneas previstas en la segunda etapa de éste, hacían falta 32 mil 208 líneas –prácticamente la mitad de las programadas– a un mes de que venciera el plazo establecido.

Además del incumplimiento en la instalación de líneas telefónicas, se reportaron 2 mil 421 líneas que no funcionaban y 4 mil 731 que lo hacían pero con fallas técnicas, tan sólo durante 2009. También hubo 813 casos en los que el usuario había pagado por la instalación o por el aparato telefónico, en contravención con lo estipulado en los contratos.

En inspecciones físicas a comunidades de Oaxaca y Aguascalientes, (cuyas densidades de penetración del servicio de telefonía son de 7.6 y 20.5, respectivamente, por cada 100 habitantes), se detectaron 62 casos en los que no se instalaron las líneas telefónicas programadas, mientras que se reportaron 139 situaciones de cobros indebidos por la instalación o el aparato telefónico, y 62 por deficiencias en el servicio y en la instalación de las líneas.

Otro problema fue la falta de información, ya que en 103 casos a los usuarios no se les entregó el contrato formalizado con Telmex, a 152 no se les dejó el cuadro de tarifas, a 128 no se les informó que tenían acceso a internet y a 106 no se les proporcionó un número telefónico para reportar fallas.

Por si fuera poco, hubo discrepancias entre los informes entregados al Comité Técnico del fideicomiso –que preside la SCT– y los datos consignados en el Reporte del cumplimiento de la misión y fines, que se incluye en los informes trimestrales de información financiera entregados a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma Secretaría.

En esos informes, además, no se identifica el avance en el número de localidades atendidas, por lo que, a ojos de la ASF, no se puede medir el grado real de cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicación ofrecidos por Telmex.


SCT, responsable

A pesar del incumplimiento en que incurrió Telmex, la SCT no le ha fijado ningún tipo de sanción. De acuerdo con la Auditoría Superior, la Secretaría sólo le notificó de una falta por haber reportado líneas de 29 localidades después de la fecha establecida, por la cual la telefónica debía pagar 140 mil 800 pesos –equivalentes al 0.05 por ciento del dinero del Focosote que se le ha entregado.

Pero la empresa solicitó “dejar sin efectos” tal requerimiento, sin que para agosto del año pasado (cuando concluyó el proceso de auditoría) la SCT hubiera hecho algún pronunciamiento al respecto.

Además, la empresa tampoco ha cumplido con la entrega de reportes semestrales de índices para medir la calidad en el servicio y la SCT ha sido omisa al pedírselos.

La Auditoría advierte que aun cuando la SCT sancionara a Telmex por no cumplir con los plazos establecidos, no podría hacerlo por las fallas en el servicio ofrecido, ya que los contratos no establecen penas para ese tipo de irregularidades.

Para Clara Luz Álvarez González de Castilla lo más “grave” que evidencia la revisión al Focosote es la mala gestión que ha tenido desde su creación, y que se manifiesta en el copioso monto que sigue sin destinarse a proyectos sociales de telecomunicaciones.

Autora de los libros Derecho de las telecomunicaciones e Internet y derechos fundamentales, así como de diversos artículos en materia de telecomunicaciones, Álvarez González de Castilla imputa tal responsabilidad a todas las entidades que participan en el Comité Técnico del fideicomiso, a cuya cabeza está la SCT y su actual titular, Dionisio Pérez Jácome.

En dicho Comité también participan representantes de entidades públicas como la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, la Cofetel, la Coordinación General del Sistema Nacional e-México, la Comisión Federal de Competencia, así como representantes de la industria de las telecomunicaciones en el país.

La especialista en telecomunicaciones enfatiza que el tema de la cobertura social ha estado completamente ausente durante este sexenio, pues además de no destinársele más recursos al fideicomiso, tampoco se han elaborado nuevos proyectos para aprovechar el dinero disponible. “Es como si vieras que hay gente muriéndose de hambre y tienes comida para darle y no se la das”, equipara.


Rezago, el precio de la omisión

Desde la aparición del Focosote, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, el sector de las telecomunicaciones ha vivido episodios relevantes y controvertidos. Uno de ellos fue la modificación que se intentó hacer a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión para favorecer a las televisoras Televisa y TV Azteca con la entrega de espectro digital de frecuencias.

También lo fueron la entrega de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a Televisa-Telefónica Movistar-Megacable, en un concurso en el que el consorcio fue el único participante, y la licitación de espectro radioeléctrico para telefonía móvil, en la que resultó ganador el grupo formado por Televisa (que después desistió) y Nextel, a cambio de un pago ínfimo al gobierno.

Pero ninguno de estos sucesos, ni de otros que han suscitado reyertas entre las empresas operadoras y la autoridad, han puesto atención en el tema de la cobertura social, ni mucho menos han colocado en la agenda los pendientes del Focosote.

Aunado a ello, en lo que va del sexenio calderonista el número de poblaciones con servicio telefónico en el país no ha mostrado avance, pues desde 2007 se mantiene en 55 mil 353, de acuerdo con datos de la SCT. Lo mismo ha ocurrido con las localidades comunicadas con telefonía rural, que desde hace cuatro años se estancaron en 51 mil 396.

Mientras tanto, la densidad de penetración de servicio de telefonía en el país se redujo entre 2005 y 2010, con lo que para el año pasado se encontraba en 17.9 líneas telefónicas por cada 100 habitantes. En el estado de Chiapas la situación es más crítica, pues la penetración ahí es de 5.7, lo que significa que menos de seis personas de cada 100 cuentan con servicio de telefonía en la entidad.

En el otro extremo se sitúa el Distrito Federal con el mayor nivel de penetración. Sin embargo, éste tampoco es muy alentador, pues apenas llega a 43.9 de cada centenar de habitantes.

Eso se traduce en un nivel de penetración de telefonía fija en el país menor al que existe en Brasil y Chile, además de representar la tercera parte de la penetración que tienen Alemania, Francia y Reino Unido.

Ramiro Tovar Landa, consultor en regulación y competencia económica, considera que en México no sólo ha faltado una cobertura universal en telecomunicaciones, sino que la ausencia de ésta ha dejado al país rezagado respecto de otras naciones.

En este tenor, considera que el Focosote no ha sido un instrumento utilizado por las dos últimas administraciones para cumplir con su obligación de brindar servicios de telecomunicaciones a las poblaciones marginadas. “No solamente en las cuentas se nota que no ha cumplido con sus objetivos, en los hechos también”, reprocha.

Para ejemplificar la gravedad de la brecha que persiste en cobertura de telecomunicaciones, Tovar Landa refiere datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los cuales señalan que apenas el 16.6 por ciento de las viviendas rurales cuenta con línea telefónica, mientras que en las urbanas hay 3.5 veces más.

En servicio de internet la brecha es de 2.5 por ciento en zonas rurales contra 33 por ciento en áreas urbanas. En contraste, la penetración del servicio de televisión abierta –controlada actualmente por Televisa y TV Azteca– es de 99 por ciento en las ciudades y 97 por ciento en zonas rurales.

Dada la poca efectividad que el Focosote ha demostrado para reducir este rezago, el catedrático considera conveniente desaparecerlo y sustituirlo con un nuevo esquema que obligue a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones a ofrecer servicios de cobertura social como una contraprestación. Actualmente, el único operador que tiene estipulada esta condición es Telmex.

La propuesta de Tovar Landa sobre el futuro del fideicomiso coincide con la planteada por la ASF, que recomienda a la SCT que “evalúe la conveniencia de extinguir[lo]”.

Para Álvarez González de Castilla la solución no está en desaparecer el fideicomiso, pues dice que ello no contribuiría a que se cumpliera con el mandato de dar cobertura en telecomunicaciones a las poblaciones de menores recursos, establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Considera que “el enemigo a vencer” no es el fideicomiso, sino la forma en que se está manejando.

El diputado Francisco Hernández Juárez, integrante de la Comisión de Comunicaciones y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resalta la relevancia que tiene el tema de la cobertura social en telecomunicaciones, sobre todo en el contexto actual de confrontaciones entre operadores y el gobierno.

“Hoy es más vigente que nunca porque todo el conflicto se está centrando en el tema de la competencia, la regulación que el gobierno debe realizar y sobre la judicialización que se ha generado en el ámbito de las telecomunicaciones.”

Para conocer la postura de la SCT y de Telmex, Contralínea solicitó entrevistas a través de sus respectivas oficinas de comunicación y relaciones públicas. La subdirectora de Comunicación de Telmex, Concepción Rivera Romero, respondió que la información relativa al Fondo “se proporciona solamente a las autoridades”. Hasta el cierre de edición, la SCT no había respondido la petición.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

miércoles, febrero 23, 2011

Negocios de la corona española en Pemex

Con millonarios contratos en el sector energético y créditos de la banca de desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón capitaliza el grupo Abengoa. Los recursos del presupuesto federal se convirtieron en una de las principales vías de ingreso del consorcio español que opera como intermediario en Pemex. Docenas de empresarios mexicanos alegan supuestos fraudes y tráfico de influencias del consorcio, entre cuyos accionistas y directivos figuran políticos españoles, aristócratas, funcionarios y familiares de la corona española, como Carlos Borbón dos Sicilias, primo hermano del rey Juan Carlos I, su consejero y representante en el mundo empresarial. Abengoa sería una de las firmas en las que el rey de España tiene intereses económicos.

Ana Lilia Pérez / primera parte

Por enésima ocasión le negaron el acceso. El director general para México del consorcio español Abengoa, Luis Rancé Comes, ordenó al personal de seguridad impedir el paso de una obstinada empresaria de Campeche que, insistente, reclamaba el pago de los trabajos que su pequeña compañía hizo para Telvent, subsidiaria de Abengoa, en una obra encomendada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Envuelta en su impecable traje sastre, sofocada aún por el largo viaje, Susana Salinas se topó de frente con el musculoso brazo de un hombre que, flanqueado en la puerta, le impedía cruzar el umbral. De un empellón, Susana se abrió paso hasta la recepción. Segura de que Rancé y el director de proyectos Alejandro Guerrero de nuevo la evadirían, decidió improvisar un plantón.

De su portafolio, extrajo un folder en el que escribió: “¡Luis Rancé, exijo mi pago!”. Extendiéndolo de frente, entre sus manos, se sentó a esperar una audiencia fallida. De la dirección general, llegó la respuesta: “No le pagarán y no regrese”, machacó el guardia y la expulsó.

Un año antes, en septiembre de 2006, Telvent contrató a Industrias y Publicidad Noble, la compañía de Susana Salinas, para que realizara los patines para la inyección de nitrógeno en la planta de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Jalpa de Méndez, Tabasco. “Nos pagaron la primera y la segunda estimación de obra; luego, nada. Nos dijeron que siguiéramos trabajando, que nuestro dinero estaba seguro. Nosotros seguimos. Teníamos 20 trabajadores en campo más los supervisores. Para cubrir gastos, tuvimos que pedir créditos y dejamos en fianza el patrimonio familiar. Al fin que estábamos con una empresa española que cobraría a Pemex muchos millones, pensábamos. Nuestro pago estaba asegurado, o al menos eso creíamos”.

A punto de terminar los trabajos, la compañía aún no les abonaba nada. Susana decidió apersonarse en las oficinas de Abengoa. Por más que intentó sensibilizar a los españoles al exponer su desesperación de que los créditos para costear el contrato generaban interés sobre interés, regresó a Campeche con la cuenta vacía, pero con la promesa de que, en cuanto concluyera la obra, le liquidarían y le darían nuevos trabajos.

El 98 por ciento del trabajo estaba cumplido cuando Telvent le rescindió el contrato con el argumento de incumplimiento. “Me informaron que no me pagarían porque todo estaba mal. Era absurdo, porque tengo las bitácoras de obra que el director del proyecto, Alejandro Guerrero, y su jefe Ignacio Mérida firmaron de conformidad en cada avance”, dice y muestra los documentos, todos con el visto bueno de los directivos de Telvent. Con la documentación certificada por un notario público, decidió reclamar su pago en tribunales al grupo Abengoa. “Entonces –prosigue–, no sabía con quién me enfrentaba”.

Los beneficios de Calderón

Entre los accionistas y directivos de Abengoa, figuran Carlos Borbón dos Sicilias, Emilio Cassinello y Paula Chaves, reputados políticos españoles, aristócratas, funcionarios y sus familiares. El primero no sólo es primo hermano del rey Juan Carlos I, sino su consejero y representante empresarial, de allí que la prensa española identifique al grupo Abengoa como una de las firmas en las que el rey tiene sus intereses económicos.

El consorcio ingresó al mercado mexicano en 1993 como Sainco (Sociedad Anónima de Instalaciones de Control). Para Carlos de Borbón, el mercado no le era ajeno, dado su encargo como funcionario del Banco de México, según inscribe su biografía oficial. Tampoco a Emilio Cassinello, directivo de Abengoa que entre 1982 y 1985 fue embajador de España en México.

En 1997, registraron la subsidiaria Abengoa México e ingresaron como presidente del corporativo a Luis Rancé Comes, directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, el hombre de las relaciones públicas y políticas desde el sexenio de Vicente Fox. Se trata de uno de los empresarios que aparece en las indagatorias que la Secretaría de la Función Pública integró en 2005 como parte de una red de empresarios y empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares de Pemex Refinación asignados durante la administración del hoy senador Juan Bueno Torio.

Pero ha sido el gobierno de Felipe Calderón el que ha entregado a Abengoa el mayor número de contrataciones en su historia de negocios en nuestro país, por montos que le aportan el 50 por ciento de los ingresos totales que el corporativo obtiene en América.

Ello sin duda es del agrado de Carlos de Borbón, esposo de la princesa Ana de Orleans, primero en el puesto de la línea de sucesión a la corona después de los descendientes directos del rey Juan Carlos. No en balde Felipe Calderón ha recibido una suerte de distinción, como la condecoración de la Orden Isabel la Católica, que en junio de 2008 recibieron él y su esposa Margarita Zavala de manos del rey Juan Carlos.

El consorcio tiene registrados como proveedores del gobierno federal a sus empresas Abengoa; Abener; Abener Energía, SA; Abener México, SA, de CV; Abener Energía El Sauz, SA de CV; Telvent Energía, y Medio Ambiente, SA (antes Sainco); Telvent México, SA de CV; Telvent Energía, SA; Telvent Git; Befesa México; Befesa Limpiezas Industriales, SA de CV; Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV; todas domiciliadas en el 174 de la calle Bahía de Santa Bárbara, colonia Verónica Anzures, Distrito Federal, a unas calles de la sede de Pemex. También a las firmas Telvent Tráfico y Transporte, SA, y Telvent Git (en Madrid, España) y Abener Energía (en Sevilla, España).

Entre 2008 y 2010, a nombre de Abengoa México facturaron 8 mil 176 millones de pesos a Pemex. Uno de estos contratos, asignado en 2009 por Pemex Gas y Petroquímica Básica para la transformación del agua desmineralizada a vapor, representó un monto de 7 mil 429 millones 410 mil pesos.

Telvent Energía, por ejemplo, facturó más de 600 millones de pesos a Pemex Refinación por implantar el sistema SCADA en siete poliductos. A Telvent México, III Servicios le pagó más de 100 millones de pesos por un diagnóstico de riesgos de estaciones de bombeo de ductos de Pemex Refinación (Pajaritos, Progreso, Juan Díaz Covarrubias, Loma Bonita, Tierra Blanca, Arroyo Moreno, Mendoza, Maltrata y San Martín Texmelucan), trabajos que, según su naturaleza, debía hacer la paraestatal.

El gobierno de Calderón les entregó también créditos de Nacional Financiera (Nafin) por montos que fueron clasificados como “confidenciales”, según la respuesta que Nafin dio a Contralínea mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.


Subcontratación, el método

Sin infraestructura ni planta laboral, Abengoa recibe contratos de obra, servicios y suministros por adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Pemex, por ejemplo, le ha adjudicado unos 50 proyectos, algunos estratégicos y costosos, como la automatización de procesos en las terminales de almacenamiento y distribución de combustibles del país.

Entre ellos, la instalación del calentamiento de crudo ligero en la Sonda de Campeche, contrato 418815809, por 324 millones de pesos; la ingeniería, adquisición, instalación y pruebas para el Proyecto del Sistema Supervisorio Operativo de Procesos para las instalaciones del Activo Integral Ku-Maloob Zaap –420836814– por 110 millones 425 mil 854 pesos; la construcción de líneas del sistema de deshidratación de crudo para el traslado del aceite a la Terminal Marítima de Dos Bocas –420847804–, por 73 millones 847 mil 375 pesos.

También, el reacondicionamiento de la subestación eléctrica de potencia Samaria, del Activo de Producción Samaria Sitio Grade, contrato 415112993, por 6 millones 501 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el Campo Hormiguero, contrato 4169088180 por 15 millones 625 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el campo José Colomo, contrato 4169088190 por 12 millones 458 mil pesos; y la construcción y puesta en operación de separadores trifásicos de hidrocarburos en el Activo Integral Bellota Jujo, contrato 425029819 por 68 millones 780 mil pesos.

Pero las adjudicaciones no parecen del todo legales, revela Armando Barragán, exejecutivo del consorcio Abengoa, cuya relación con la empresa inició durante su periodo como directivo de Pemex Refinación, y justo cuando los españoles iniciaron su relación contractual en la paraestatal. Entonces, como director de proyectos, “recibí la instrucción de ayudar a la compañía y yo los ayudaba”, admite.

—¿A cambio de dádivas?

—Ellos lo manejan de una manera muy diferente, de una forma política y de allí manejan todo. Todo lo que tengan que otorgar, lo otorgan.

—¿Cómo qué?

—Lo que requieran; lo que les estén pidiendo.

—¿Le tocó conocer lo que dan a los funcionarios a cambio de los contratos?

—A mí, por ejemplo, una vez me dijeron mis jefes de Pemex que me iba de viaje a España, y bueno, a mí Pemex me pagaba todo. Ellos (Abengoa) me dijeron: “¿Y si te damos el boleto de avión para tu familia?”. “Mmm… pues me los llevo”, respondí. Y me proporcionaron los boletos.

Al cabo del tiempo, la relación se hizo tan estrecha y para el grupo Abengoa resultó tan rentable que, cuando a Armando le rescindieron su contrato en Pemex, “por no ayudar a una empresa priista”, dice, lo integraron como directivo del consorcio. La finalidad era que con sus contactos y amigos operara los contratos que Pemex les adjudicaría.

“Cuando salgo (de Pemex), y como conozco mucho, pues me contratan para que les ayude. Me dicen: ‘Ayúdanos. Tú conoces a todo mundo y puedes ayudarnos’. Me fui con ellos. Pudimos hacer el trabajo más rápido.”


Operaciones oscuras

La carta fuerte del grupo Abengoa en sus propuestas contractuales es un supuesto know how y tecnología. Su ejecutivo, Armando Barragán, dice que no hay tal, que “no tienen tecnología; la que venden a Pemex es canadiense y el software es lo mismo que los mexicanos. En realidad, no ofrecen nada”. Aunque lo que les ha resultado más lucrativo, explica, “son los contratos leoninos que firman con subcontratistas en los que al final son ellos los que terminan costeando los trabajos que Abengoa cobra”.

Lo que le ocurrió a Susana Salinas y su empresa Industrias y Publicidad Noble no es un caso aislado.

Una vez que la firma obtiene un contrato, recluta compañías locales a las que presentan en Pemex y CFE como si fuesen parte de su plantilla, narran otros tres empresarios. Si bien podría suponerse que representan una opción de empleo para docenas de compañías mexicanas, el resultado es completamente opuesto, pues en la ejecución de los contratos les abonan sólo las primeras estimaciones de obra, condicionándoles el pago al término total de los trabajos; pero cuando su conclusión se acerca, les rescinden el contrato y hacen válidas las fianzas de los subcontratistas. Por ello, las relaciones contractuales entre el grupo Abengoa y muchos de sus subcontratistas terminan dirimiéndose en los juzgados.

El contrato que Pemex Refinación le asignó a Telvent para automatizar las TAD es representativo: el 95 por ciento de las subcontratistas demandó a la compañía por supuesto fraude. Armando Barragán, responsable del grupo Abengoa en este contrato, explica las razones:

“Los contratos eran leoninos; estaban pactados a precio alzado, por lo que no podían hacerse modificaciones de obra ni de monto, pero en ellos se estipulaba mucho menos obra que la que era en realidad, para que sus precios fueran menores. Ya cuando empezaban a trabajar y se daban cuenta que era mucho más obra, pedían que se modificara el contrato. Como eran compañías que trabajaban de buena fe, se les decía ‘te voy a hacer los ajustes’, se confiaban y decían ‘ok, yo trabajo’. Luego se argumentaba que incumplieron y se les aplicaban penalidades del 20 por ciento por 10 días de atraso y 2 por ciento diario. Al final, las contratistas le debían a la compañía.”

—¿Esto es deliberado?

—Sí, es deliberado. Saben que no te vas a dar cuenta.

—¿Cuántas empresas calcula durante el tiempo en que usted trabajó y que terminaron en pleito?

—Como el 95 por ciento. Yo estuve trabajando con ellos cerca de ocho años. Los contratos grandes que yo manejaba de aproximadamente 30 compañías, 25 salieron con problemas. Pero el problema no termina allí, sino que ellos se cobran de mala fe. Dicen “a esta compañía la vamos a penalizar”. Llega un momento en que entregan los equipos, terminan los trabajos y no les pagan. Porque a muchas compañías, aunque entreguen a tiempo, les descuentan muchísimo.

Armando Barragán devela detalles que explican las ganancias del grupo Abengoa:

“Como corporativo, trabajan un sistema denominado pago por banco a 180 días. Cuando el proveedor lleva la factura, ellos la revisan. En la revisión se pueden tardar de 15 días a dos meses. Cuando la aceptan, te dan la instrucción: ‘si quieres cobrar la llevas al banco’, y de sus líneas de crédito te pagarán 180 días después, pero si quieres cobrar antes deberás pagar comisión por factoraje. Cuando quieren perjudicar a una compañía, se van con el factoraje más alto, más intereses, de entre 8 y 10 por ciento.

“Ellos se quedan con la mitad de los intereses o los puntos TIE que se manejen; la otra mitad es para los bancos. Es dinero fresco que entra a la compañía nuevamente. Ya seas contratista o proveedor, te aplican un descuento obligado que lo aceptas o lo aceptas porque normalmente el consorcio se queda con los contratos grandes (del gobierno). Entonces no te queda más que irte con él a venderle.”

Los supuestos defraudados

En 2007, PEP contrató al grupo Abengoa para proporcionar el servicio de “voz y datos” en más de 170 pozos, con el cual la paraestatal debía disponer de información en tiempo real durante la operación de los pozos. Se les encargaron también los sistemas satelitales.

Adrián Fernández Delfín, un empresario tabasqueño que hasta antes de Abengoa daba ambos servicios a Pemex de manera directa, fue subcontratado a través de Telvent. Los españoles, dice, lo localizaron a través de los mismos funcionarios de Pemex que les asignaron el contrato.

“En la zona de Veracruz, realicé todos los servicios de los sistemas satelitales y de comunicación de voz y datos. Luego los de voceo y alarmas audibles para los pozos desde Ciudad del Carmen hasta Reynosa. Ellos ganaron la licitación, pero no sé cómo si no tenían personal para estos trabajos; me buscaron ya cuando los tenían asignados. Uno se pregunta ‘¿cómo le hacen?’. Son muy raras las facilidades que tienen para ganar un concurso sin que acrediten ninguna infraestructura, pues a nosotros Pemex nos pide acreditarlo.

“Empecé a trabajar con ellos en 2007. Desde el inicio, no querían pagarme los trabajos, que ellos llaman ‘órdenes de compra y pedidos’. Me dijeron que cuando terminara, me pagarían; y trabajé con ellos hasta 2009. Cuando reclamaba mi pago, me salieron con que yo les debía. Luego, de plano, me dijeron que no me iban a pagar. Presenté una demanda en Tabasco, pero la diligencia fue en México. Fui a hablar con Alejandro Guerrero (directivo de Abengoa) y me mandaron la guardia de seguridad para sacarme”, detalla en entrevista.

Por los servicios de sistemas de intercomunicación, Telvent facturó a PEP casi 18 millones de pesos. Por los servicios de intercomunicación para prevención y respuesta a emergencias, 23 millones de pesos.

Jorge Cámara Domínguez, de Ingeniería Cadeli, es un caso excepcional entre los subcontratistas de Abengoa. En 2009, logró ganar el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra el consorcio, integrado en el expediente 651/2007.

Cadeli es una empresa mexicana especializada en sistemas contra incendio, proveedora del gobierno federal y del sector privado desde hace 25 años. En los contratos que Refinación adjudicó a Telvent para automatizar las terminales de abastecimiento y distribución, se requería de equipos que sólo Cadeli maneja. Pero en lugar de que Pemex se los adjudicara de manera directa, fue un funcionario de la paraestatal, dice Cámara, el que le recomendó a los directivos de Telvent subcontratarlo.

También le pagaron sólo las primeras estimaciones; la misma historia descrita: rescisión del contrato antes de cubrir los pagos, penalizaciones, hasta que el asunto llegó a tribunales. Pero Cámara aporta un dato que explica por qué Abengoa logra hacer válidas las fianzas, incluso sin informar a los subcontratistas:

“El truco lo hacen con las fianzas para hacerlas válidas y de esa forma recuperar los primeros pagos que le dan a la subcontratista. Hacen negocios con las afianzadoras para poder cobrar con la simple reclamación, y que después la afianzadora se pelee con el contratista para recuperar su dinero. El negocio se hace con los grandes brokers de las fianzas. El acuerdo es ‘yo reclamo la fianza, tú me pagas’ y después la afianzadora recupera su dinero.”

Enrique Santoscoy, de Integral Safety Systems México y de
Comercialización Técnica del Norte, se vio de pronto con las afianzadoras reclamándoles el pago que supuestamente hicieron al grupo Abengoa por sus “incumplimientos”. Es uno de los subcontratistas que la española reclutó para automatizar las terminales de Pemex Refinación. Le encomendaron las de Acapulco y Tepic.

“Cuando deciden cancelarte el contrato, te ejecutan las fianzas inmediatamente y la afianzadora te las cobra. Estás en dos pleitos legales: uno contra Telvent y otro contra la afianzadora. Ellos le apuestan a que tú no tengas capacidad financiera para defenderte. En un contrato de 4 millones de pesos, te demandan por 20 millones. Le apuestan a que no te defiendas y no le metas dinero bueno al malo. Por lo tanto, ya no les cobras. Pero su estrategia no es no cobrarte, sino hacer válidas las fianzas. Si sacamos el monto o la cantidad de empresas que trabajamos en ese proyecto, que fueron alrededor de 10 y a todas las demandaron por 20 millones de pesos, son 200 millones de pesos los que van a deducir de impuestos.”

—¿Acudieron con los directivos de Pemex para exponerles la situación?

—Así es, pero la respuesta fue que éste era un pleito entre particulares. La verdad es que el consorcio tiene muy buenas influencias; definitivamente sus relaciones son mucho más fuertes que las de nosotros.

Protección oficial

En julio de 2009, Javier Peña Gamboa publicó en su blog la denuncia que su compañía presentó en contra de Telvent por supuesto fraude. De todos puntos, del país le llegaron comentarios de subcontratistas de Abengoa en situaciones similares. Pensando en que en bloque obligarían a los españoles a cumplir sus obligaciones contractuales, Javier pensó organizar a los subcontratistas. La respuesta, dice, “fueron amenazas de directivos de la empresa”.

“Hago responsable públicamente a todos los directivos de Telvent si algo le ocurre a mi persona. Sí tenemos miedo mi familia y un servidor de lo que nos puedan hacer, pero estamos sacando fuerzas para luchar por nuestra dignidad, nuestro patrimonio y, sobre todo, para que más de 20 padres de familia no pierdan el sustento que les representa trabajar en esta pequeña empresa”, inscribió en su blog en octubre de ese año.

Javier Peña Gamboa es un hombre serio. En Campeche se le conoce como uno de los primeros empresarios de la zona en afiliarse al Partido Acción Nacional, y de ser quien, en la década de 1990, presentó a los Mouriño –Manuel Carlos y su hijo Juan Camilo– con el presidente de su partido, Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de México.

“Nosotros nos preguntamos: ‘¿De veras tienen un padrino tan poderoso que los protege e influye para que hagan tantos negocios?’”, rememora Javier Peña, quien, junto con otros subcontratistas, documentó sus casos ante la Presidencia de la República y la Dirección General de Pemex. Incluso tuvo ocasión de comentarlo personalmente al titular de la paraestatal. Confiaba que el presidente Calderón atendiera el caso. La respuesta fue el mutis oficial y la asignación de nuevas y más redituables contrataciones para el grupo Abengoa, y en la vida pública, numerosos encuentros de Felipe Calderón y de su gobierno con el rey Juan Carlos y la realeza española.

Bajo los cuestionados esquemas de trabajo descritos por sus subcontratistas, el grupo ha recibido contratos para construir terminales, líneas de transmisión y subestaciones de la CFE; infraestructura, tratamiento de aguas, remediación de pozos, alarmas, automatizaciones, sistemas de control de emisiones y servicios tecnológicos para Pemex, entre otros.

Accionistas y gestores de alto nivel

Abengoa es una empresa de origen sevillano, fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver, fallecido en 2002. En las primeras décadas, junto con sus hijos Javier y Felipe Benjumea y sus sobrinos Joaquín Abaurre y José Luis Aya, manejó la firma como una pequeña empresa familiar, hasta que la fue capitalizando con contratos de los ayuntamientos y las relaciones públicas y políticas que iba tejiendo.

Diversas notas periodísticas de la prensa española documentan que bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una simulación en la compra de sus acciones –de Xfera por Telvet–, la familia Benjumea decidió abrir su negocio a influyentes personajes de la políticas y en la función pública de España, lo que además le garantizaba contrataciones gubernamentales. Actualmente, el directivo de mayor envergadura pública es Carlos de Borbón Dos Sicilias.

Nacieron el mismo año, se criaron bajo el mismo techo, se educaron en las mismas escuelas. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, sucesor de Francisco Franco, nació en Roma el 5 de enero de 1938. Su primo Carlos María Alfonso Marcelo de Borbón Dos Sicilias vino al mundo 11 días después. Cursaron juntos el bachillerato en Las Jarillas y luego en el Instituto de San Isidro, en Madrid.

A sus 26 años de edad, al morir su padre, el infante Alfonso de Borbón, Carlos se convirtió en jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, luego en duque de Calabria y también en conde de Caserta. Catorce años después, su primo Juan Carlos subía al trono de España, heredero de la Dinastía de Borbón.

En 1994, Juan Carlos le dio a su primo el título de infante de España, distinción que sólo se otorga a los hijos del rey y al príncipe de Asturias. Con dicho título, Carlos de Borbón recibe trato de alteza real. Así, Juan Carlos dejó clara la cercanía y confianza con su primo, según consideraciones de la prensa.

Carlos de Borbón es el hombre de los negocios del rey Juan Carlos. “Compagina su labor profesional, vinculada al mundo de las empresas y las finanzas, con la defensa de la naturaleza, y representa al rey en todas las actividades que el monarca le encarga”, cita su biografía en la página oficial de la Casa Real de Borbón (www.constantinianorder.org).

Amén de su parentesco, en los círculos empresariales a Carlos de Borbón se le identifica como el operador de los negocios privados del rey. De allí que se aluda a los beneficios que en aquel país se le han dado a Abengoa, como ahora se hace también en México, particularmente con la feria de contrataciones entregadas por el gobierno federal.

Además de su alteza real Carlos de Borbón Dos Sicilias, como reza el directorio de Abengoa, entre sus directivos y accionistas aparecen diplomáticos de carrera como Emilio Cassinello Auban; políticos y exministros de gobierno, como el de Presupuesto de Felipe Aznar, Ricardo Martínez Rico o Cándido Velasquez, del círculo estrecho de Felipe González o Paula Chaves Iborra, involucrada en un escándalo de tráfico de influencias para favorecer al consorcio con un contrato que le adjudicó su papá, Manuel Chaves, presidente del Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, para construir la Ciudad Digital de Almería, proyecto de 27 millones de euros del presupuesto público de esa localidad.

Contralínea solicitó entrevista con Luis Rancé para saber su postura respecto de la información planteada por los subcontratistas y su excolaborador en Abengoa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011

martes, noviembre 09, 2010

Pues sí: la fraudulenta Iniciativa México


Salinas y Azcárraga. Talk show filantrópico.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (apro).- Quizá sólo quienes se la pasaron pegados a la pantalla de televisión durante tres meses, teleadictos del más reciente talk show filantrópico ideado por Televisa y sus secuaces, podrían concluir sin vacilación que Iniciativa México “nos pertenece a todos” y que tras su conclusión, este domingo 7, la nación es otra. Pero el resto sabemos que, efectivamente, fue un fraude.
Una estafa, una más del entramado de intereses que preside Televisa.
Ni siquiera el aumento a los premios, que en el inicio contemplaba para el primer lugar la ridícula cifra de 2 millones de pesos y un millón para cada uno de los otros cuatro finalistas, pudo darle un significado distinto al de un espectáculo televisivo de impostada caridad.
El objetivo de Televisa, Televisión Azteca y los medios coludidos fue, desde el principio, muy claro: Hacer sentir otra vez de manera abierta su poder y, después de una inversión de 58 millones de pesos –con los que premiaron a 50 participantes--, garantizarse recursos del Estado para hacerse pasar por muy justicieros.
Y lo lograron: El modelito instaurado por Enrique Peña Nieto, quien la semana pasada hizo aprobar al Congreso local la entrega de 73 millones de pesos anuales hasta el 2022 al Teletón –otro invento de Televisa y sus secuaces--, ya fue imitado por Felipe Calderón, quien prometió entregar un peso por cada uno de los entregados por Iniciativa México a los ganadores y, como el gobernador del Estado de México, adelantó que para los concursos siguientes aumentará a dos pesos lo aportado por el gobierno.
Un aspirante presidencial que tampoco desaprovechó la cadena nacional de televisión para quedar bien fue el priista Manlio Fabio Beltrones, y retó a Calderón a financiar 100 proyectos de Iniciativa México con recursos gubernamentales.
Así, el poder mediático podrá disponer de recursos del Estado para su causa filantrópica a que palian lacras sociales, mientras encubre y justifica las políticas que las generan.
No podía ser de otro modo si los promotores de la Iniciativa México son los magnates que se han enriquecido con el despojo del patrimonio nacional, los monopolistas que aplastan cualquier competencia y que aniquilan cualquier intento que ponga en riesgo sus intereses.
Fue de risa ver a Claudio X. González, operador de Carlos Salinas, evaluar los proyectos de los finalistas, junto a empresarios como Armando Paredes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula que violentó la ley electoral en 2006 con toda impunidad.
Y algo al mismo tiempo triste e indignante: El rector José Narro usó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para convalidar la estafa de Iniciativa México, por lo visto con un lucro para sus particularísimas ambiciones.
Por supuesto, no está en entredicho el trabajo social de los cuatro finalistas y seguramente es también inobjetable la mayoría de los 47 mil proyectos inscritos, cuya vigencia no obedece a salir en la tele, sino a un compromiso con la comunidad. A ellos, felicidades.
Ya se oyen los maullidos de los gatos…

Apuntes
Hablando de fraudes, en la edición de Proceso de esta semana, en que celebra el 34 aniversario de su fundación, se acredita cómo César Nava falsificó la mayor parte de supuestos 371 mil nuevos militantes del PAN en la campaña de afiliación que lanzó hace un año. Se afiliaron apenas 81 mil ciudadanos, una quinta parte de lo pregonado por él. En efecto, al inicio de la campaña nacional de afiliación denominada “Entra en acción”, que se inició el 22 de noviembre y concluyó el 6 de diciembre de 2009, el PAN tenía registrados un millón 50 mil adherentes y ahora, según cifras del Registro Nacional de Miembros (RNM), actualizadas al 27 de octubre de este año, sólo están registrados un millón 131 mil 866 adherentes, es decir, apenas 81 mil 866 militantes más de los que había al iniciar la campaña…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Iniciativa México, el partido de las televisoras

MÉXICO, D.F., 9 de noviembre (apro).- El domingo 7 de noviembre se realizó la “gran final” de Iniciativa México con un enorme despliegue mediático que recordó el estilo y la propuesta del Teletón, surgido hace 13 años, como un mecanismo para disfrazar de filantropía lo que en realidad es un ejercicio de exención fiscal para los grandes donantes.

Iniciativa México es algo mucho más ambicioso que el Teletón. No sólo se trató de premiar a los seis finalistas de una lista de poco más de 47 mil inscritos y convocar a la audiencia a que “votara” por las organizaciones a partir de las cápsulas televisivas desplegadas a modo, para que funcionaran como “el espectáculo de los nuevos héroes mexicanos”, según Emilio Azcárraga Jean.

Por lo pronto, Iniciativa México le aportó a las dos televisoras, pero, en especial, a Televisa una red de comunicación y de enlace con casi 50 mil organizaciones no gubernamentales que se pueden convertir también en un potencial político para un escenario electoral que reclame a “ciudadanos independientes” como candidatos o figuras emblemáticas que reciban el apoyo de la pantalla comercial.

Tal como han expresado algunos observadores desde adentro de la propia Iniciativa México, se trata de la gestación de un “partido de las televisoras” o de un neocorporativismo que ya no pasa por las clientelas partidistas y gubernamentales, sino por el palomeo del poder mediático.

Las “buenas iniciativas” impulsadas tuvieron el buen tacto de no afectar ninguno de los intereses del poder mediático. Ninguno de los rubros del concurso se relacionó, por ejemplo, con la iniciativa de crear nuevos medios de comunicación alternos a los ya existentes. Ni radios comunitarias, ni medios cibernéticos, mucho menos productores independientes de contenidos audiovisuales forman parte de los mexicanos que son “agentes del cambio”.

La sospecha de una ambición política más amplia, no evidente, está presente desde que el 7 de junio se realizó un gran despliegue mediático para promover a la Iniciativa México. Con humildad, en un tono característico de un candidato, Azcárraga Jean remató así su discurso durante la presentación de la iniciativa:

“Ojalá, dentro de 100 años, alguien se acuerde un buen día, que en 2010, los mexicanos supimos poner de lado nuestras diferencias para reconocer lo mejor de nosotros mismos y para conseguir la transformación que el país aguarda.”

Por supuesto, los que tienen diferencias con Televisa no entran dentro de ese gran acuerdo. Aquellos medios que no participan en su agenda, pueden ser objeto de ataques inusitados en pantalla, como sucedió entre el 6 y 9 de septiembre en contra del Grupo Reforma, editor de los periódicos Metro y Reforma.

Tampoco se integraron a la campaña teledirigida periódicos como La Jornada, Diario de Yucatán y mucho menos revistas como Proceso que anticipó en su portada de aquella ocasión que Iniciativa México se trataba de darle una nueva careta a la oligarquía encapsulada en torno a las televisoras.

En la final del evento, el lugar protagónico ya no lo ocupó la organización Ashoka, que tendría el “voto de calidad” frente a los intereses mediáticos, ya que cuenta con una amplia experiencia en 70 países promoviendo a los “emprendedores sociales”.

El sitio de aval moral fue para el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien, quizá de manera involuntaria, puso el empeño del buen nombre y de la autonomía de la principal universidad pública del país para avalar esta especie de Big Brother de las organizaciones ciudadanas. Siendo suspicaces, tal vez Iniciativa México sea la plataforma para impulsar a “candidatos ciudadanos” como el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, siempre y cuando garantice la continuidad de los intereses del duopolio televisivo.

Por lo pronto, tras la Iniciativa México ya surgió otra “campaña paraguas” con una mayor carga ideológica: Todo es Mejor en Familia. Según Televisa, se trata de ser “un fuerte promotor de la unión familiar” y dar “consejos prácticas para reforzar valores”.

Todo es Mejor en Familia no promueve la multiplicidad y diversidad de las familias, incluídas aquellas formadas por parejas del mismo sexo; mucho menos aquellas encabezadas por sólo uno de los padres. Se trata de enlazarse con las familias tradicionales (padre, madre, hijos, abuelas, etcétera).

Como en el caso del Teletón, de la Iniciativa México y de otros eventos de “valores”, lo único que brilla por su ausencia es la transparencia en el manejo de los fondos que alientan estas empresas mediáticas.

www.jenarovillamil.wordpress.com.