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domingo, enero 22, 2012

Televisa-TV Azteca: el plan chantaje

El plan chantaje: de rivales a cómplices

En pleno año electoral los dos principales consorcios televisivos –que en teoría son competidores pero que en la práctica actúan de consuno– presionan al Estado y exigen su cuota de poder, las prebendas que creen merecer. Gobiernos que en un principio los tuvieron como aliados han tenido que pagar un precio muy alto por esta complicidad y ahora aparentemente están doblegados por fuerzas monopólicas que crecieron hasta convertirse en un poder dentro de otro y que ahora le imponen condiciones a todos....
Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga. Complicidad.

La mañana del lunes 16 llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del consorcio, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego.

Acudieron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.

Con esa fusión Televisa se convertiría en propietaria de 50% de la empresa telefónica, siempre y cuando se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de mil 600 millones de dólares por parte del corporativo encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Una operación de esta índole, advierten especialistas, sería contraria a la competencia, pues convertiría en socias a las dos grandes cadenas de televisión abierta.

Pérez Motta les dijo que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él, sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez. Esta última fue designada integrante de la Cofeco el 15 de septiembre pasado por Felipe Calderón.

Padilla y De Angoitia salieron contrariados de las oficinas de la Cofeco en Santa Fe. Según versiones extraoficiales sólo contaban con dos de los cinco votos necesarios para autorizar la concentración.

Otras versiones investigadas por Proceso y que se difundieron en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la Cofeco podría autorizar la fusión a condición de que se adopten medidas para regular el mercado de la televisión restringida –que domina Televisa– y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo con el proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) presentado en agosto último.

Desde ese momento las presiones dejaron de darse tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan 93% de la televisión abierta.

En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional del duopolio, se difundieron noticias contra Eduardo Pérez Motta y contra el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.

Las coberturas fueron idénticas. La noche del lunes 16 se informó en El Noticiero de Joaquín López Dóriga acerca de una demanda de la diputada federal perredista Esthela Damián Peralta, quien pidió la renuncia de Pérez Motta a la Cofeco con el argumento de que el funcionario protege las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla. Dos días después ambas televisoras dieron amplia cobertura al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que comparezca Mony de Swaan por los contratos que adjudicó presuntamente de manera ilegal a dos de sus amigos.

En medio de estas presiones en pantalla, la tarde del miércoles 18, Felipe Calderón acudió a las instalaciones de Televisa San Ángel para reunirse en privado con los directivos de la empresa. En algunas cuentas de Twitter se comentó que discutieron los escenarios de la fusión de Televisa y Iusacell, la cancelación del proyecto de la tercera cadena de televisión, así como el apoyo a la “tercera cadena pública” que el gobierno calderonista quiere implantar por medio del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

No fue sino hasta el día siguiente cuando la Presidencia confirmó la reunión. En un escueto comunicado informó que Calderón “acudió a las instalaciones de Televisa para sostener un encuentro con directivos y editorialistas de dicha empresa. Durante la reunión intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional”.

Linchamiento mediático

Dos días después de la visita de Padilla y De Angoitia, Pérez Motta dio a conocer el documento Reflexiones sobre las presiones mediáticas de los últimos días donde aclara que el caso sobre el mercado de la masa y la tortilla “concluyó con sanción hace más de cinco años”.

En la parte medular de su documento Pérez Motta recordó el linchamiento realizado en las pantallas de Televisa y TV Azteca contra Isaac Saba, el empresario que se asoció con General Electric para buscar a principios del sexenio la concesión de una tercera cadena de televisión:

“Las declaraciones de la diputada (Esthela Damián Peralta) así como la cobertura noticiosa que han recibido en televisión abierta recuerdan, por poner sólo un ejemplo, el caso del empresario mexicano Isaac Saba (q.e.p.d.) que en sociedad con una cadena estadunidense solicitó en 2006 una concesión para ofrecer una tercera cadena de televisión que habría sido competidora de las actuales televisoras.

“La solicitud fue seguida, a los pocos días, de una intensa cobertura televisiva de supuestos abusos del empresario en un mercado totalmente distinto que, coincidentemente, se desvaneció en cuanto el empresario retiró su solicitud de concesión. Desde entonces, no hay noticias públicas de otras solicitudes de este tipo…

“Las presiones para mí o para los demás comisionados, en televisión o por otros medios, seguramente continuarán e incluso se intensificarán en los próximos días. No es la primera vez y seguramente no será la última. Es normal y no queda más que aguantarlas: es parte de la labor de un regulador”, sentenció Pérez Motta.

El contrataque se agudizó el jueves 19. El vocero del Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera, anunció que Grupo Iusacell demandará a Eduardo Pérez Motta por “filtrar” información sobre el caso Televisa-Iusacell a la casa de bolsa Scotia Capital.

“Les dio información a los analistas de una casa de bolsa y esto llegó a los inversionistas interesados en la inversión de Televisa”, advirtió Niño de Rivera.

Además amenazó con interponer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, otra ante la Secretaría de la Función Pública y una tercera, como solicitud de recusación, ante la propia Comisión Federal de Competencia.

Sorpresivamente, a través de su cuenta de Twitter –@RicardoBSalinas– al mediodía del viernes 20, Ricardo Salinas Pliego redactó tres mensajes:

El primero: “EPM Queremos para todo México, un internet móvil y rápido que sí funcione, como la red 4G de Iusacell, pero en cada rincón del país”.

El segundo: “EPM Queremos seguir bajando el costo de los celulares a más de 100 millones de mexicanos, como lo hizo Unefón al ofrecer $1 el minuto”.

Y el último: “EPM Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches!”.

En respuesta el titular de la Cofeco emitió otro comunicado en el que plantea: “Así como no deben admitirse presiones, tampoco pueden aceptarse favores. Si Iusacell se siente afectado por lo que considera que son actuaciones mías, los invito a que ejerzan su derecho de proceder legalmente.

“Lo que sí puedo garantizar es que, como siempre, mi voto sobre la concentración Televisa-Iusacell, el cual estoy analizando, se basará estrictamente en el mandato de la Ley de Competencia y, por lo tanto, responderá exclusivamente a mi apreciación del impacto de la operación en las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados, sin responder a las presiones de ningún actor.”

Antes de la amenaza de tres demandas y del “perdón” de Ricardo Salinas Pliego, desde el viernes 13 comenzó a circular en las redacciones periodísticas y en las oficinas del órgano regulador un anónimo en el que se acusa a Pérez Motta de “filtrar” asuntos que no han pasado por el pleno.

“¿Por qué Eduardo Pérez Motta pretende impedir que se consume la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa? ¿Quiere mantener el monopolio por los siguientes 15 años? ¿Por qué protege el statu quo? ¿Por qué impide que exista una verdadera competencia para Telmex-Telcel? ¿Por qué privilegia a los malos servicios en perjuicio de los consumidores?”

Más concentración

El argumento de que la inversión de mil 600 millones de dólares de Televisa en Grupo Iusacell ayudará a una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil ha sido recurrente para justificar la sociedad entre los dos agentes que controlan los contenidos, la producción y la distribución de las señales de televisión abierta y televisión restringida en el país.

Por medio de la Cofetel se solicitó un “estudio confidencial” a los consultores Dimitri Ypsilanti y Agustín Díaz Pines, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de efectuar una revisión del mercado de las telecomunicaciones en México y emitir su opinión sobre la fusión de Iusacell y Televisa.

El documento, elaborado entre el 23 y 28 de octubre últimos, cuya copia obtuvo Proceso, considera que es “necesaria” y “benéfica” la entrada de un nuevo operador basado en la alianza Televisa-Iusacell.

Sin embargo, en la nota al pie de la página 61 los analistas de la OCDE admiten que “sin embargo, mientras las perspectivas en el mercado de las telecomunicaciones podrían ser bienvenidas, las perspectivas para el mercado de la televisión tendrían implicaciones negativas para la competencia”.

Es el único párrafo, de las 110 cuartillas del estudio, donde admite que la sociedad entre ambos grupos será contraproducente para el mercado de la televisión abierta.

Desde el 11 de julio pasado Grupo Nextel, exsocio de Televisa en la polémica Licitación 21, presentó ante la Cofeco una denuncia contra la fusión de ambos grupos. Argumentó que, de autorizarse, “se creará un monopolio sin precedente en el mercado de la televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida”.

Aportó, entre muchas otras, las siguientes cifras:

–De las 468 estaciones de televisión abierta del país, 256 pertenecen a Grupo Televisa y 180 a TV Azteca; es decir 93% de todas las estaciones.

–Grupo Televisa y TV Azteca alcanzan participaciones de 66% y 33%, respectivamente, en términos de audiencias. Es decir tienen 99% de la televisión abierta.

–Entre marzo y abril de 2011 los 411 programas con mayor rating fueron transmitidos por las cadenas de televisión de ambas empresas. Estos programas son los más vistos también en televisión de paga.

–Ambas televisoras tienen 90% del mercado publicitario en la pantalla comercial; concentran 60% de toda la publicidad en México y acaparan 40% de la publicidad oficial federal.

–Al fusionarse Grupo Televisa con Grupo Iusacell, la empresa de Azcárraga Jean “se convertirá en la única con posibilidad de dar servicios de total play”. Con esto Televisa controlaría los dos principales proveedores de televisión de paga (Cablevisión y Sky), a TVI y a Cablemás, además de Grupo Iusacell.

–El dominio publicitario sería en todas las plataformas: televisión abierta, televisión de paga, telefonía celular e internet, creando “barreras de entrada”. “Las prácticas de los concesionarios de televisión por cable, asociados a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), también constituyen barreras de entrada”, advirtió Nextel (Proceso 1811).

Finalmente Nextel retiró su demanda ante la Cofeco después de que negoció con Grupo Salinas la suspensión de los más de 60 litigios judiciales que interpuso este corporativo contra la Licitación 21.

Sin embargo los datos y las consideraciones de Grupo Nextel son válidos. En Estados Unidos ésta y otras empresas telefónicas analizan ante la Securities Exchange Commision (SEC), autoridad reguladora del mercado bursátil estadunidense, si no hubo un presunto fraude de Grupo Televisa a accionistas minoritarios al negociar la fusión con Grupo Iusacell.

Alianza improcedente

Por su parte, la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, afirma que la Cofeco debería no sólo investigar la fusión de Azcárraga Jean y Salinas Pliego en Grupo Iusacell, sino los indicios de que existe “una colusión de intereses” entre dos empresas televisivas que deberían ser competidoras.

“Esta es una práctica monopólica absoluta y es una de las más sancionadas por las leyes de competencia en todo el mundo”, plantea Carpinteyro en entrevista.

También advierte que existe no sólo el riesgo de que se conviertan en “un monopolio de la opinión pública”, sino también en un poder de control mediático y político más fuerte.

“Hay muchos indicios de que la línea editorial de ambas televisoras es cada vez más similar”, indica. “La Cofeco no debería sólo estar analizando la fusión, sino también la colusión de intereses”, apunta.

La exfuncionaria firmó junto con decenas de especialistas e integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) un desplegado en el que le piden a la Cofeco que rechace “por notoriamente improcedente” la alianza entre Grupo Iusacell y Televisa.

“La Constitución Política de nuestro país prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas contrarias al interés público y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en pocas manos”, plantea el documento redactado por Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, y por Alberto Aziz Nassif, coordinador del Consejo Consultivo de este organismo.

Por su parte, Ernesto Vargas, presidente de Grupo Dish, principal competidor de Televisa en televisión satelital, advirtió en conferencia de prensa que si la Cofeco autoriza la fusión, deben incluirse condiciones para regular el mercado de la televisión restringida, actualmente dominada por Televisa.

Sostuvo que si se autoriza la fusión, Grupo Dish, que actualmente tiene 2.3 millones de suscriptores en todo el país, podría desaparecer en dos años, tal como le sucedió a DirecTV cuando no pudo competir con Sky, filial de Televisa.

“Preferimos que haya concentración siempre y cuando Cofeco regule la cancha: que exista el must carry para que el canal 2 o el canal 13 sean vistos en todos los sistemas de televisión restringida; para que existan opciones de producción independiente”, argumentó.

–¿Influye el escenario de las elecciones federales de 2012? –se le preguntó.

–Si no fuera por 2012, las presiones serían menores. Influye por la fuerza que han adquirido ambas televisoras.

“Somos víctimas de lo que los gobiernos han dejado hacer frente a la televisión abierta. Es un poder dentro de otro poder”, afirmó Vargas.

jueves, julio 21, 2011

El imperio Murdoch hace agua

El cierre de News of the World, tabloide que no había dejado de publicarse en Inglaterra desde la época victoriana, es sólo una de las caras del conflicto que amenaza a Rupert Murdoch, el magnate de los medios. Un escándalo de espionaje telefónico desencadenó pesquisas que descubrieron una red de corrupción entre periodistas y agentes policiacos y de seguridad británicos. El problema ya alcanzó al gobierno del Reino Unido y es motivo de una investigación en Estados Unidos, donde Murdoch –quien en México está asociado con Emilio Azcárraga Jean– tiene grandes intereses…
La última edición del periódico dominical.

Leonardo Boix

LONDRES (Proceso).- El jueves 7, cuando los directivos del grupo News International –filial de News Corporation, del magnate australiano Rupert Murdoch– anunciaron el cierre definitivo del periódico dominical News of the World, hubo una gran conmoción en Gran Bretaña: el semanario más popular y antiguo del Reino Unido, con un tiraje de más de 3 millones de ejemplares, ya no estará en los kioscos cada domingo.

Su primer número se editó en 1843, durante el reinado de Victoria I. El último salió a la venta el pasado domingo 10. Su titular fue Thank you & goodbye (Gracias y adiós).

El cierre deriva del escándalo que propició el semanario por intervenir líneas telefónicas. En torno al caso del secuestro y asesinato, en 2002, de la adolescente Milly Dowler, la policía descubrió que personal de News of the World había intervenido la señal del celular de la víctima y había escuchado algunos mensajes de voz hecho por el que Murdoch se disculpó públicamente el viernes 15.

También se acusa al semanario de haber escuchado ilegalmente conversaciones telefónicas de los padres de Holly Wells y Jessica Chapman, las niñas asesinadas aquel año en la localidad inglesa de Soham; de los deudos de las víctimas de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, y de familiares de soldados británicos muertos en Irak y Afganistán.

Además el dominical era investigado por Scotland Yard (la policía londinense) por supuesto espionaje telefónico a políticos, deportistas y figuras del espectáculo; entre ellos el exprimer ministro Gordon Brown, el futbolista David Beckham y los actores Sienna Miller y Jude Law.

El escándalo salpicó al gobierno británico: el viernes 8 fue detenido en Londres el amigo cercano y exjefe de prensa del primer ministro David Cameron, y también exdirector de News of the World, Andy Coulson, acusado de pagar a un detective privado para que llevara a cabo las escuchas telefónicas ilícitas.

Ese día también fue arrestado Clive Good­man, exeditor de “asuntos de la realeza” del dominical y quien ya había estado preso cuatro meses en 2007 por haber contratado al detective privado Glenn Mulcaire para que efectuara el espionaje telefónico.

Las detenciones ocurrieron poco después de que el primer ministro defendió públicamente su decisión de contratar en 2007 a Coulson y confirmó la apertura de una investigación por el espionaje telefónico.

El primer ministro anunció el inicio de otra indagatoria que abordará la ética periodística en Gran Bretaña y que podría llevar al cierre del Comité de Quejas a la Prensa.

“Nos hicimos amigos (de Coulson) y creo que hizo su trabajo para mí de forma efectiva. Nos volvimos amigos y sigue siendo mi amigo”, subrayó Cameron. Tras ser cuestionado sobre si se “equivocó groseramente” al contratarlo para un cargo clave en el gobierno, afirmó: “La gente decidirá”.

En tanto, Scotland Yard abrió dos investigaciones: una sobre las escuchas ilegales y la violación de la privacidad de unos 4 mil personajes y la segunda sobre supuesta corrupción de agentes de la policía, luego de recibir denuncias de que éstos aceptaron sobornos de periodistas de News of the World para dar información confidencial.

Tras el sorprendente cierre del semanario inglés comenzaron a conocerse otras acusaciones contra el tabloide. Una de ellas fue que algunos de sus reporteros sobornaron a personal de seguridad de la reina Isabel II para obtener información privilegiada de la familia real.

La información vendida por los agentes corruptos incluía números de teléfonos y datos acerca de los movimientos y actividades de la monarca, de su esposo y de otros miembros de la realeza, incluidos el príncipe Carlos y su esposa y los príncipes Guillermo y Enrique. Este hecho fue considerado una violación a la seguridad nacional.

Los pagos y sobornos a los policías de la unidad de protección real y diplomática fueron descubiertos en 2007 por ejecutivos del grupo News International, quienes decidieron no informar a Scotland Yard de la evidencia hallada en algunos correos electrónicos dentro de una investigación interna de la compañía.

Fuentes allegadas al grupo de medios indicaron que las autoridades de la empresa “quedaron estupefactas” al conocer el contenido de los correos electrónicos. “Es inconcebible que esta información no se haya entregado a la policía en 2007”, afirmó un portavoz de la empresa.

“Esta crisis toca ahora a la jefa de Estado (la reina) y hay un peligro serio de seguridad nacional. Si la policía que protegía a Isabel II estuvo dispuesta a vender este tipo de información, ¿quién sabe de qué otra cosa han sido capaces?”, agregó.

News of the World habría pagado 160 mil dólares a policías corruptos para acceder a información secreta. Se cree que varios agentes policiacos y reporteros del semanario podrían ser arrestados en las próximas semanas.

Otra de las denuncias llegó del exprimer ministro Brown, quien el martes 12 acusó a News International –que también edita The Sun, The Times y Sunday Times– de usar a criminales como fuentes para sus reportajes. En entrevista con la BBC, el expremier confesó haber llorado cuando supo que The Sun publicaría en 2006 que su hijo Fraser padece fibrosis quística. La nota se publicó. La información fue obtenida mediante espionaje telefónico.

Brown también acusó al Sunday Times de haber obtenido información de sus cuentas bancarias para tratar de desprestigiarlo cuando era jefe del Tesoro británico.

“Si yo, que contaba con todas las medidas de seguridad como cabeza del Tesoro y luego como primer ministro, fui blanco de esas tácticas inescrupulosas, ¿qué habrá sido de los ciudadanos comunes?”, dijo Brown.

El exjefe de gobierno acusó a la organización de Murdoch de tener contactos con el “submundo criminal” y dijo que el Sunday Times trató de publicar un artículo “con el propósito de sacarme del gobierno”.

La lesión de un príncipe

Las sospechas comenzaron por un asunto menor: un texto sobre una lesión leve del príncipe Guillermo, publicado en 2005. Eso encendió las alarmas sobre la posible existencia de espionaje y llevó a una cadena de revelaciones que culminaron con el cierre de News of the World y con el arresto de su exdirector Andy Coulson.

En 2005 el periodista Clive Goodman, quien se ocupaba de los asuntos de la realeza, escribió una nota sobre un estiramiento en un ligamento cruzado del príncipe Guillermo, lesión que lo obligó a visitar a un médico.

Una semana después Goodman publicó que Guillermo le había pedido prestado equipo de rehabilitación a un amigo, Tom Bradby, periodista de la red ITV News.

El Palacio de Buckingham no entendía cómo se había filtrado información tan específica, dado que muy pocas personas conocían esos episodios. La alusión a una conversación entre Bradby y el príncipe hizo evidente que la fuente de News of the World no podía ser otra que los propios mensajes de texto que los dos amigos habían intercambiado vía celular.

Esas sospechas abrieron el camino para una investigación de Scotland Yard. En enero de 2007 Goodman fue a dar a la cárcel acusado de interceptar mensajes de teléfonos celulares. Junto a él compareció Glenn Mulcaire, un investigador privado al servicio de News of the World y también acusado de haber intervenido el celular de Milly Dowler. En ese momento News International se deslindó: aseguró que Good­man había actuado solo al contratar a Mulcaire, afirmación que nadie creyó.

Coulson, entonces director de News of the World, renunció. Pero no permaneció desempleado mucho tiempo, ya que poco después fue contratado por Cameron, quien encabezaba el Partido Conservador.

El asunto de las intervenciones telefónicas pudo no haber pasado a mayores de no ser porque The New York Times se ocupó del tema el año pasado. En septiembre de 2010, reporteros del rotativo neoyorquino –rival del grupo de Murdoch desde que éste compró The Wall Street Journal– descubrieron que las escuchas ilegales de News of the World no implicaban sólo a Goodman, sino también a Coulson. Lo publicado por el Times fue determinante para que el escándalo se desbordara.

Compra frustrada

Por otra parte, la crisis dio al traste con la intención de News Corporation de comprar British Sky Broadcasting (BSkyB), el mayor proveedor de televisión restringida en Inglaterra e Irlanda, con unos 10 millones de suscriptores en ambas islas.

El ente regulador de los medios británicos, Ofcom, confirmó que se había comunicado con el Comité Parlamentario de Cultura y con la policía del Reino Unido para determinar si News Corporation estaba en condiciones de avanzar en la compra de esa plataforma satelital.

Puesto que BSkyB estaba en la mira de Murdoch, el precio de sus acciones cayó 17% y redujo su valor en el mercado en 500 millones de libras (unos 800 millones de dólares). El año pasado News Corporation había ofrecido 12 mil 800 millones de libras (20 mil 400 millones de dólares) por BSkyB, aunque el comité directivo de la empresa rechazó la propuesta.

El miércoles 13 los principales partidos políticos de Gran Bretaña –el Conservador, el Liberal Democrático y el Laborista– se unieron en una moción de votación en la Cámara de los Comunes para oponerse a los planes de compra de Murdoch mientras sigan las investigaciones en torno a News of the World. Aunque la votación tendría peso político no podría impedir la transacción.

Ese mismo día, presionado por la moción de los tres partidos políticos del Reino Unido, Rupert Murdoch retiró su oferta.

Del otro lado del Atlántico

La crisis amenaza con poner en riesgo los medios de Murdoch en el mundo. En Estados Unidos posee la cadena televisiva Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post y los estudios de cine 20th Century Fox.

Murdoch, con una fortuna personal estimada en 6 mil 300 millones de dólares, que según la revista Forbes es una de las 13 personas más influyentes del mundo y ocupa el lugar 117 entre los más ricos del planeta, también tiene 27 cadenas de televisión que cubren 40% de Estados Unidos, aunque sus licencias pueden ser revocadas si se descubren actividades criminales o de corrupción.

En ese sentido el senador Jay Rockefeller, presidente del Comité del Senado estadunidense para Asuntos de Comercio, Ciencia y Transporte, urgió a efectuar una investigación como la que se lleva a cabo en el Reino Unido para determinar si el conglomerado de Murdoch violó leyes en Estados Unidos.

“Me preocupa que las intervenciones telefónicas en Londres por parte de News Corporation puedan haberse extendido a víctimas de los atentados terroristas del 19 de septiembre de 2001 o a otros ciudadanos”, dijo. Incluso instó al FBI a investigar posibles violaciones a la Ley contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.

Para Kevin Zeese, abogado del grupo ProtectOurElections.org, Murdoch se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 1985, “para aprovecharse de nuestras leyes”.

En ese sentido Melanie Sloan, directora ejecutiva del grupo de Washington Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW), apuntó que las investigaciones del Congreso son “esenciales” pues hay evidencia de que hay “una cultura de corrupción” en News Corporation.

Los llaman a cuentas

En Gran Bretaña, para Ed Miliband, quien busca ganar rédito con la crisis que afecta al gobierno, este escándalo “es una oportunidad para un gran cambio”, aunque sostuvo que los errores cometidos por Cameron “amenazan la habilidad del primer ministro para liderar las reformas que necesita el Reino Unido”.

Rupert Murdoch –presidente de News Corporation–, su hijo James –gerente de News International– y Rebekah Brooks –directora ejecutiva del consorcio hasta el viernes 15– fueron convocados por el comité de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes para ser interpelados el próximo martes 19. Ni los Murdoch ni Brooks han confirmado si acudirán al Parlamento británico.

Lo cierto es que el multimillonario australiano viajó de emergencia a Londres el domingo 10 para hacerse cargo de la crisis que rodea a su conglomerado y planificar una eventual venta de sus empresas en Gran Bretaña, ante lo que los expertos ven como el principio del fin del “imperio Murdoch”.

Azcárraga, el socio mexicano de Murdoch

Azcárraga. Negociazos.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La mano del magnate australiano Rupert Murdoch, considerado el Ciudadano Kane de la era multimedia, está metida en Televisa, específicamente en Sky, la empresa de televisión satelital que se ha convertido en la segunda fuente de ingresos y utilidades para la compañía de Azcárraga Jean frente a los números negativos de la televisión abierta.

Sólo en el segundo trimestre de 2011 Sky cerró con 3 mil 122 millones de pesos en ventas, un crecimiento de 10.2% respecto del año anterior, y generó utilidades por mil 496.4 millones de pesos, 16% más que en 2010. En contraste, la televisión abierta tuvo ventas por 5 mil 478 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.7% respecto de 2010, y un decrecimiento de 8.7% de sus utilidades al registrar 2 mil 618.7 millones de pesos, según el reciente reporte trimestral de Grupo Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores.

La participación de Murdoch en Innova, filial creada en 1996 para el lanzamiento de Sky México, se incrementó de 30 a 41.3% desde 2007, mientras que Televisa disminuyó ligeramente su propiedad accionaria al pasar de 60 a 58.7%, según el reporte F-21 de diciembre de 2010, que Grupo Televisa entrega anualmente a las autoridades bursátiles estadunidenses.

El incremento de la participación de Murdoch en Sky México va de la mano con la estrategia que ha aplicado a escala global: asfixiar a sus competidores, presionar políticamente y luego buscar la compra de las acciones para ganar el mercado, práctica que Televisa ha aplicado puntualmente en los mercados nacional y latinoamericano.

Tan similares son sus prácticas que la revista Expansión, en su número especial del 20 de diciembre de 2010, calificó a Emilio Azcárraga Jean como “el Rupert Murdoch mexicano”. El reportaje citó así al consultor Xepus Ginebra, de Media Planning Group: “Ambos (News Corporation y Televisa) son negocios controlados prácticamente por una persona, se enfocan a generar contenido distribuido en multiplataformas, con una fuerte influencia política en los países donde operan y con la actitud de hacer grandes apuestas de inversión”.

La sociedad Murdoch-Televisa

La presencia del magnate australiano en Televisa comenzó a negociarse con Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, para lanzar la plataforma de televisión satelital conocida como DTH (televisión directa al hogar) que permitiría la transmisión de decenas de canales vía satélite, desplazando en eficacia a la televisión por cable.

En 1990 se formó en Gran Bretaña el consorcio British Satellite Broadcasting (BSB), formado por varias compañías de televisión y Pearson, la poderosa editorial inglesa. Lanzaron un satélite construido por Hughes Communications y despertaron el interés en todo el mundo por este nuevo negocio de televisión de paga.

Los altos costos de operación de BSB forzaron a una fusión con su competencia, Sky Television, creada por Murdoch, con el amplio beneplácito del gobierno conservador inglés. Entre 1993 y 1994, el dueño de News Corporation demostró a través de canales deportivos, de películas y de noticiarios de corte sensacionalista (ya era dueño de los estudios Fox en Estados Unidos) que podía desafiar a la legendaria BBC, la cadena pública inglesa. Tres millones de británicos se suscribieron a sus servicios y más de 30% de los hogares con televisión de 17 países europeos contrataron los servicios de la llamada BSkyB. En 1998 fue el primero en ofrecer 200 canales.

El éxito europeo quiso replicarse en América Latina. Murdoch se asoció con los magnates de medios en la región: Azcárraga Milmo, de Televisa; Roberto Marinho, del consorcio brasileño O Globo, y Liberty Media, para crear Sky Latinoamérica.

En México la empresa se denominó Inno­va. Televisa tuvo 60%, News Corporation 30% y Liberty Media el 10% restante.

En contraste, el magnate venezolano Gustavo Cisneros, a través de su filial Darlene­ Investments, impulsó una sociedad con la constructora de satélites Hughes, filial de General Motors, y con la familia Vargas, de Multivisión, para crear DirecTV, competencia de Sky.

En México la guerra contra DirecTV fue brutal. Sky lo sacó del mercado al negarle el acceso a los canales de televisión abierta al tiempo que las inversiones de General Motors quebraron y no fue suficiente para sostener la plataforma que llegó a tener 11 millones de suscriptores en América Latina. Durante casi ocho años Sky tuvo 95% de los suscriptores de televisión satelital en México.

En abril de 2003 la junta de directores de General Motors aprobó la venta de Hughes­ Electronics, propietaria mayoritaria de DirecTV, a News Corporation, de Murdoch, por 6 mil millones de dólares. El australiano absorbió así a su competencia. En 2004 se dio la fusión entre DirecTV Latin America y Sky Latinoamérica.

Para diciembre de 2007, Azcárraga Jean y Murdoch firmaron un acuerdo con Orbital Sciencies Corporation para la construcción y puesta en marcha de un satélite para servicios exclusivos de Sky en México y Brasil. Televisa informó en aquella ocasión a la Bolsa Mexicana de Valores que ese satélite duplicaría la capacidad actual de Sky México.

Para esas fechas la composición accionaria de Innova se modificó: DirecTV, propiedad de Murdoch, incrementó de 30 a 41.3% su propiedad y Televisa pasó de 60 a 58.7%.

Los informes oficiales de Televisa ante las autoridades estadunidenses y la Bolsa Mexicana de Valores definen a News Corporation como “una empresa líder en distribución de programas y películas” y a Televisa como “empresa de comunicación número uno de habla hispana”.

Dish, la competencia

Desde finales de 2008, y sobre todo entre 2009 y 2011, Sky se ha enfrentado a la competencia de Grupo Dish, formado por MVS de la familia Vargas, la compañía EchoStar y Grupo Telmex como socio de facturación. En menos de dos años Dish llegó a tener más de 2.6 millones de suscriptores y Sky tuvo que enfrentarse a un competidor con fuerte respaldo.

En 2008 Sky tenía 1 millón 759 mil suscriptores. En 2009 subió a 1 millón 959 mil y su gran salto fue en 2010, cuando cerró con 3 millones 44 mil. El reporte del segundo trimestre de 2011 señala que actualmente tiene 3.6 millones de clientes.

La clave fue crear dos servicios de televisión satelital más baratos para competir con Grupo Dish: la empresa VeTV y MiSky, que incluye sólo los 25 canales más vistos, cantidad menor que la oferta de 238 canales que ofrece el servicio de Sky.

Sin embargo, las presiones de Televisa a los organismos reguladores, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la de Competencia o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para frenar la expansión de Grupo Dish y bloquear la autorización de MVS como proveedor de servicios de internet en banda ancha se han incrementado en 2011, de la mano de la guerra publicitaria y comercial contra Grupo Carso, de Carlos Slim.

Como Murdoch en Gran Bretaña, el consorcio de Azcárraga se vale de su enorme capacidad de cabildeo político y de espionaje y presiones a sus principales clientes publicitarios.

Por lo menos en 2006 Televisa aplicó el llamado Proyecto Múnich, una estrategia en conjunto con David Robillard, entonces director de la agencia privada de investigaciones Kroll, y el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero.

El Proyecto Múnich, divulgado por la revista Etcétera, plantea como objetivo “un esfuerzo de inteligencia competitiva ofensiva”. En otras palabras, espiar no sólo las cuentas corporativas, sino los antecedentes privados de los ejecutivos más prominentes de sus mayores clientes publicitarios.

Kroll aclaró que para establecer su investigación emplea “técnicas de inteligencia, pesquisas de campo, la revisión exhaustiva de bases de datos públicas y privadas, así como la consulta de fuentes confidenciales de información”.

Robillard desmintió la información publicada por Etcétera, pero confirmó que Kroll ha hecho trabajo con Televisa para ayudar “a encarar los riesgos a los que se enfrenta.

“En ningún momento participamos en la obtención de información privada”, advirtió en una carta el 2 de mayo de 2006.

sábado, marzo 05, 2011

¿Quién le teme a Carlos Slim?

Publicado en emeequis

Sólo en el contexto de crispación y rivalidades que han desatado los consorcios de la comunicación puede entenderse la acusación del presidente de la Canitec, Alejandro Puente, cuando asegura que Carlos Slim se ha convertido enun peligro para la seguridad nacional.

No es la declaración de un desfasado líder de izquierda, ni de un rancio profesor de economía política. El licenciado Puente coordina a las empresas de televisión por cable, que hacen negocio en esta economía de mercado. La malquerencia que le tiene a Slim no se debe a una inopinada vocación anti acaparadora sino, simple e interesadamente, a que el Grupo Carso quiere incursionar en un campo hasta ahora acaparado por las firmas que integran la Canitec.

Las empresas de televisión por cable desde hace algunos años ofrecen, además, servicios de telefonía. En condiciones de igualdad de mercado Telmex debiera proporcionar, a su vez, servicios de televisión de paga. En todo el mundo, las empresas de telecomunicaciones venden paquetes con televisión, telefonía e Internet. Telmex no puede hacerlo porque el título de concesión que recibió Slim cuando se hizo cargo de ella, establece que no puede difundir servicios de televisión.

En 1991, cuando Slim cerró la compra de Telmex, no había ocurrido la digitalización de las telecomunicaciones que hoy en día amalgama datos, audio y video. Esa restricción se ha mantenido debido a las exigencias de las empresas de televisión por cable. Inicialmente creadas por docenas de empresarios en todo el país, la mayor parte de esas firmas fue adquirida por Televisa en los años recientes. Hoy el consorcio de Emilio Azcárraga Jean controla esas redes, además del sistema satelital Sky. Así que cuando a los directivos de la TV por cable les inquietan las dimensiones de los negocios de Slim, no es por convicción antimonopólica sino porque ponen en riesgo el monopolio que Televisa ejerce en la televisión de paga.

Todo poder en exceso implica riesgos. Por eso hay reglas que acotan la especulación de las empresas cuando son dominantes en un mercado. En las telecomunicaciones, la aptitud del Estado para evitar comportamientos monopólicos es sumamente limitada debido a insuficiencias de las leyes y al apocamiento o las ambiciones de los funcionarios.

Ante el poder de cualquier empresario, hacen falta normas y autoridades regulatorias. Como se trata de servicios al público, que además propagan mensajes de manera amplia como sucede en los medios de comunicación, es preciso que esa regulación esté orientada por el interés de la sociedad. Y eso es lo que no ha ocurrido en México.

Una política antimonopólica en el campo de las telecomunicaciones, hace tiempo hubiera terminado con el acaparamiento de Televisa y Televisión Azteca en el mercado de la televisión abierta. Cuando dicen que ahora sí, ya merito, pondrán a licitación frecuencias para una nueva cadena de televisión nacional, las autoridades de las comisiones federales de Telecomunicaciones y Competencia anuncian una decisión pertinente pero con demasiados años de retraso. Esas mismas autoridades resolvieron fortalecer a Televisa al asignarle a un precio muy bajo una concesión de telefonía celular (motivo de la discutida Licitación 21) con el propósito de que estuviera en mejores condiciones para enfrentar a Telmex.

Durante dos décadas, las empresas de Slim han dominado el campo de la telefonía imponiendo tarifas y ciñendo el crecimiento de sus competidores. En el campo de la televisión, Televisa y Azteca han impedido que surjan otras opciones. El monopolio en la telefonía ya no existe. El de la televisión aún se mantiene. Y una de las opciones para que haya contrapesos a las actuales televisoras radica en la posibilidad de que Telmex y otras empresas puedan ofrecer televisión de paga (a través del cableado telefónico) o abierta, si hubiera licitación de frecuencias y concursaran por ellas.

De nada sirve exorcizar retóricamente la capacidad de maniobra de los más poderosos. El Estado tiene obligación de regular a las empresas dominantes en cualquier mercado. El alto costo y la frecuentemente infame calidad de la telefonía fija y celular, así como de las conexiones a Internet que venden Telmex, Telcel y otros operadores, requieren de una acción estatal que defienda a los consumidores. La concentración de señales y la pobreza en los contenidos de la televisión, hacen urgente la diversificación de ese mercado comenzando por el reconocimiento del derecho de Telmex a ofrecer televisión de paga… aunque aumente el enfado de las empresas que actualmente acaparan la televisión por cable.

sábado, abril 10, 2010

Registrar nuestros celulares: ¡jajajajajaja!

¡No nos van a callar!
Desfiladero


Apartir de mañana, incluso a la mejor desde esta medianoche, alrededor de 30 millones de mexicanos seremos víctimas directas de un acto de represión política y económica sin precedente. Por no confiar en Felipe Calderón, y negarnos a registrar nuestros teléfonos celulares ante su gobierno, dejaremos de contar con ese medio de comunicación, suspenderán nuestra línea y nos robarán el dinero que hayamos invertido en la compra de tiempo-aire para utilizarla.

Gracias a los senadores del PAN y del PRD (Gustavo Madero, Carlos Navarrete, Santiago Creel y Pablo Gómez, entre otros), cuyas bancadas rechazaron que el absurdo castigo se pospusiera un año, la medida afectará, además, a quienes sí registraron su aparato pero de todos modos no podrán hablarnos. Y dañará a los magnates de la telefonía móvil, quienes, de acuerdo con Carlos Fernández-Vega (México SA de ayer viernes), sufrirán una pérdida anualizada cercana a 60 mil millones de pesos... de los que unos 42 mil millones dejarían de ingresar a la chequera... de Carlos Slim.

Quienes no registraron su teléfono celular, en franca desobediencia civil, tienen sobradas razones para justificarse. Si Ernesto Zedillo puso al frente del Registro Nacional de Vehículos (Renave) al torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, hoy preso por incontables crímenes; si Luis Carlos Ugalde vendió los datos de 70 millones de votantes a empresas extranjeras, todo México da por hecho que los empleados de Calderón subastarán el padrón del Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos (Renaut) entre los bancos que andan a la caza de deudores fugitivos, los call-centers que ofrecen cualquier clase de bisutería y las bandas que se dedican al secuestro y el narcotráfico.

Millones de mexicanos que se vieron obligados a dejar de cubrir el saldo y los intereses (y los intereses sobre los intereses) de sus tarjetas de crédito, y que no pueden permitirse el lujo de ser localizados en sus teléfonos fijos por los acreedores, no van a inscribirse en el Renaut para que éste los entregue a los bancos y les arruine, aún más, la vida. De igual modo, tampoco lo harán quienes desde la salida del sol (incluso los domingos) hasta que brillan las estrellas reciben continuas llamadas de tiendas departamentales o aseguradoras que, mediante tortura sicológica, intentan doblegarlos para que adquieran algún servicio.

Y ni qué decir de quienes, con toda sensatez, no descartan que el gobierno filtre sus datos más íntimos al crimen organizado. ¿Qué pasará hoy? ¿Se formarán multitudinarias colas a las puertas de las oficinas registradoras? ¿La telecracia montará un espectáculo para sacar de sus moradas a los indecisos y animarlos a obedecer al cuarto para las 12? ¿Las autoridades se mostrarán con-mo-vi-das por la respuesta popular y, mañana, pospondrán la caída de la guillotina hasta que el último solicitante haya sido anotado en el censo?

Veremos... Por lo pronto, quienes de ninguna manera piensan doblegarse preparan medidas alternativas para evitar la incomunicación. En efecto, los teléfonos celulares pueden ser sustituidos, a partir de mañana o desde hoy mismo, por Internet. (Ojo: Desfiladero sabe que muchos de sus lectores y lectoras militan en las filas de la tercera edad y desconfían de Internet. Si a usted, señor, o a usted, señora, le pasa esto, pídale asesoría a sus nietos o a sus vecinos más jóvenes, y verá qué fácil es utilizar las herramientas que en seguida se mencionarán.)

Las opciones más accesibles son cuatro: correo electrónico, Skype, Facebook y Twitter. Si usted se comunica 20 o 30 veces al día con alguien, a través de mensajitos de celular, abra una cuenta de correo electrónico y póngase de acuerdo con esa persona para compartir la llave de entrada al buzón (password) y mandarse, entre sí, cartas de esa cuenta a esa cuenta (servidores tipo Hotmail son los más útiles en este caso). El mismo procedimiento puede emplearse entre varias personas (por ejemplo, una familiar, siempre y cuando el Ejército no la acribille en Tamaulipas).

El servicio de Skype permite hablar, de computadora a computadora, mediante un juego de audífonos con micrófono, y nos deja ver a nuestro interlocutor, y mostrarle nuestra cara, si los aparatos que ambos utilizan disponen de cámaras de video. (Estas instrucciones harán bostezar a quienes manejan estos sistemas habitualmente; van dirigidas, sobre todo, a quienes aún viven fuera de Internet, para que descubran de qué recursos pueden valerse ante la emergencia que se avecina.) Otra ventaja de Skype es que sirve para hablar horas y horas a cualquier lugar del mundo con alguien que también lo tenga, y prácticamente no cuesta.

La tercera alternativa es Facebook. Usted, señor, usted, señora, puede inscribirse gratis en www.facebook.com, llenando un cuestionario muy sencillo, para contar con una página propia y de inmediato invitar a todas sus amistades a compartirla, bien para comunicarse con una de ellas en forma íntima, o con el grupo en su conjunto de manera abierta. El autor de esta columna y otras personas que ya veían venir este nuevo golpe autoritario crearon una página en Facebook a nombre de Lisbeth Salander Wallander, con una idea bien clara: que sirva como punto de encuentro entre quienes pretendan desarrollar al máximo sus posibilidades de comunicación sin teléfonos celulares.

También está a la mano, desde luego, el sistema Twitter, pero si usted quiere mayor información al respecto, hágase amiga, amigo, de Lisbeth Salander Wallander, y allí conocerá a especialistas voluntarios que le ayudarán a resolver sus dudas. Desde mañana, o quizá a partir de esta medianoche, decenas de millones de celulares se convertirán en simples agendas telefónicas, cámaras fotográficas y de video, archivos de imágenes, canciones y palabras, cajitas de juegos electrónicos y relojes despertadores, pero ya no nos permitirán hablar con nadie, ni intercambiar mensajitos aderezados, casi siempre, con la onomatopeya ¡jajajajajaja! ¿Nos reiremos tanto en la vida real como en nuestras conversaciones de texto? Quién sabe, pero nos vamos a reír mucho más cuando panistas, yunquistas y perredistas comprendan la verdadera dimensión del error que cometieron. ¡No nos van a callar!

Estudiantes contra la guerra

La muerte de dos estudiantes de posgrado el 20 de marzo en Monterrey, y de dos niños de cinco y nueve años el 4 de abril en Nuevo Laredo, asesinados en ambos casos por elementos del Ejército, así como las frecuentes denuncias de irrupciones de soldados en domicilios particulares (como ocurrió el domingo pasado en Valladolid, Yucatán), y la participación de militares en secuestros con fines de extorsión en Ciudad Juárez, han tocado en lo más hondo a la comunidad universitaria del norte del país.

Estudiantes del ITESM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, así como de la UAM, el ITAM y la Universidad del Valle de México, preparan una movilización el próximo 23 de abril, que se llevará a cabo en diversas ciudades de la República para exigir que se acabe la guerra de Calderón y las tropas regresen a sus cuarteles.

Entre tanto, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, demandará ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que el gobierno capitalino entregue a esa casa de estudios el presupuesto completo que se comprometió a darle. Marcelo Ebrard, dicen los que saben, lo concederá si, y sólo si, María Esther Orozco queda al frente de la institución, pese a que la comunidad académica y escolar se inclina por Hugo Aboites.

Y mientras los levantacejas siguen fúricos por la entrevista del fundador de Proceso al número dos del cártel de Sinaloa, nadie repara en que la portada de esa revista es al mismo tiempo un calendario, en el que aparecen el Mayo y don Julio...

México SA

Renaut y señales de humo

29 millones sin registro

Empresarios sonrientes


A escasas horas de que concluya el plazo para el registro de teléfonos móviles, vía Renaut, algunos empresarios –nacionales y foráneos– muestran su felicidad ante la ingrata perspectiva de perder multimillonarios ingresos por la decisión de alrededor de 29 millones de usuarios (algo así como 34.5 por ciento del total) de no darse de alta en tan atractiva cuan segura base de datos y correr el riesgo de que su línea sea cancelada.

De acuerdo con la estadística de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, al cierre de enero pasado existían 84.1 millones de usuarios de telefonía móvil en el país (en realidad de líneas, porque un usuario puede tener varios aparatos), es decir, alrededor de 600 mil más con respecto a diciembre de 2009. De ese total (que, es de suponer, habrá crecido de febrero a la fecha) oficialmente se han registrado (8 de abril de 2010) cerca de 55 millones (según el nada confiable contador que aparece en el portal electrónico de la dependencia), de tal suerte que la autoridad estaría obligada a cancelar algo así como 29 millones de líneas, cada una de las cuales, en promedio, generaría ingresos para los susodichos empresarios por 160 pesos diarios (70 por ciento de ellos para el consorcio de Carlos Slim).

Así, de no modificarse la tendencia de altas en el Renaut, la perspectiva para los magnates de la telefonía móvil en el país se traduce en una pérdida anualizada cercana a 60 mil millones de pesos, o si se prefiere por allí de 4 mil 500 millones de dólares, de los que alrededor de 42 mil millones dejarían de ingresar a la de por sí gruesa chequera del hombre más rico del planeta. Ese sería, en números cerrados, el balance negativo para los empresarios de los celulares, producto de una decisión de autoridad que busca el control de los usuarios y no su beneficio por medio de tarifas más bajas y acordes a la tendencia internacional.

Para que lo anterior no suceda y los empresarios celulares mantengan sus multimillonarios ingresos, en las últimas 48 horas (según el plazo establecido y considerando las nada confiables cifras del contador de la Cofetel) deberían registrarse o darse de alta algo así como 604 mil usuarios por hora, es decir, 10 mil 70 por minuto o, si se prefiere, 168 por segundo. Lo más seguro es que la Comisión infle las cifras finales para mostrarse vincitora de la afrenta y demostrar que la confiabilidad de la autoridad es innegable.

Sin embargo, por mucha celebración de la Cofetel, y las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, las cifras reales del Renaut las tendrán a la mano los empresarios de telefonía celular, es decir, quienes deberán enfrentar la multimillonaria caída real de ingresos, toda vez que la siempre atinada autoridad ya dijo que para toda aquel que no entre al aro la suspensión del servicio telefónico está garantizada, sin más. Así, en perspectiva, millones recurrirían a las señales de humo para comunicarse, o al simple cuan generalizado truco de comprar chips piratas vía Internet o en el mercado más cercano a su corazón.

El de la telefonía móvil se ha convertido en uno de los negocios más suculentos, concentrados y de mayor crecimiento en el país: de 1990 a enero de 2010, el número de líneas se incrementó la friolera de 130 mil por ciento, de 64 mil a 84.1 millones, que representan utilidades netas superiores a 15 mil millones de dólares anuales. Nada ha hecho la autoridad para evitar la concentración del mercado, controlar a los voraces empresarios de este sector ni para aligerar la pesadísima carga a los usuarios (abultadas tarifas y comisiones que por mucho rebasan los estándares internacionales), pero muestra las garras de papel y se aferra a cosas como el Renaut para demostrar, aunque sea con cifras por demás cuestionables, que está vigilante y atenta a los intereses ciudadanos.

Habrá que esperar las cifras oficiales definitivas, pero de cualquier forma la cuestión central con el susodicho registro es lo que en este espacio se planteó días atrás: ¿quién garantiza a la ciudadanía que la información personal por ella aportada no terminará en una comercializadora, en un banco, en una aseguradora, en una empresa que vende cualquier cantidad de mugres, en un partido político o en una banda de secuestradores o extorsionadores? ¿Quién, que los usuarios no serán bombardeados telefónicamente por todos tipo de negocios y sus productos innovadores o, lo que no sería raro, en el listado electoral de los partidos políticos, o en el directorio de defraudadores, extorsionadores o secuestradores? ¿La autoridad, desde donde se trafica con bases de datos (por ejemplo el Registro Nacional de Vehículos, Renave, o el padrón electoral del IFE)?

Las rebanadas del pastel

De la lectoría al borde de un ataque de nervios, por falta de pago salarial: “somos trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), mejor conocido como las prepas del DF. Estamos bajo el régimen de honorarios. En lo que va del año hemos tenido retrasos en nuestros pagos hasta de cinco días (el pago de febrero lo recibimos el 5 de marzo). Este mes es la fecha (7 de abril) que no hemos recibido nuestro pago correspondiente a marzo. Nos indica el personal de Finanzas que los cheques y el presupuesto están autorizados desde antes de que acabara marzo, pero que no ha recibido autorización para liberar el pago. Hemos preguntado en Recursos Humanos y se niegan a darnos información del porqué en el retraso del pago, y tampoco dan fecha de pago. Aunado a esto, va a haber un recorte de salarios, el cual no nos fue informado con tiempo, para lo cual nosotros ya trabajamos un mes sin contratos y sin ser advertidos de que va a haber dicho recorte al salario para el mes ya trabajado. De hecho, nos dan a firmar el contrato el mismo día que cobramos, de modo que no tenemos ninguna certeza de cuál será el monto a cobrar para el próximo mes, porque de manera unilateral realizan los recortes. En 2009 nos redujeron el salario en alrededor de 40 por ciento de lo que obteníamos a principios de año. A ellos parece importarles poco que tengamos deudas que pagar, familia que alimentar e incluso pasajes para poder ir a trabajar, o ¿acaso ellos nos darán para pagar los intereses y comisiones por no pagar a tiempo las deudas que tenemos?” (por obvias razones se reservan los nombres).


miércoles, noviembre 04, 2009

La necesaria deliberación pública


Uno de los tantos horrores que vivimos en México es la ausencia de un debate parlamentario verdaderamente político, que supere el pragmatismo y el inmediatismo de las discusiones en la Cámara de Diputados. Descorazona la esterilidad de muchas de las intervenciones de nuestros legisladores e irrita la frivolidad de otros. De ahí la importancia de devolverle a la tribuna su sentido como espacio para tratar los grandes problemas nacionales, y no sólo para pedir recursos, insultar al adversario o montar show. Por eso me parece notable lo ocurrido el martes 27 de octubre, cuando se discutió abiertamente un hecho político que, aunque no le compete directamente a esta Legislatura, afecta a todo el país: el aborto.
Es indiscutible que toda protección a la vida es loable y necesaria. Pero proteger la vida es un valor universal que acepta excepciones (la legítima defensa, el aborto, la eutanasia y la guerra, entre otras) y no debe utilizarse como una argucia jurídica contra el derecho a interrumpir un embarazo. En las reformas que se han dado en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, dicha “protección” es un eufemismo dirigido a impedir el aborto legal tal como existe en el Distrito Federal. O sea, dicha “protección”, que va “hasta la muerte natural”, no está dirigida a otorgar real “protección” a las embarazadas que desean tener a sus criaturas (mediante seguros de desempleo, apoyos en atención médica u otros) ni a proteger a las personas de los accidentes de trabajo o de tránsito, por ejemplo. Estas reformas parecen dirigidas básicamente a complacer a la jerarquía católica.
No estuve presente en la discusión del 27 de octubre en la Cámara de Diputados, pero Iván Pedroza me envió la versión estenográfica por correo electrónico, con un breve comentario: “Al inicio, la sesión parecía una simple declaración de principios sobre el tema, pero el PAN recogió el guante y se subió a hacer gala de prejuicios y de su ofensiva confusión entre la moral privada y la ética republicana. Ese fue su principal error, que comete tan a menudo: pintar como exterminadores de fetos a quienes plantean la libertad de elegir. No te pierdas la alocución sentimentalona de Salazar Sáenz sobre el ultrasonido de su hija ni la disertación preescolar de Paz Gutiérrez Cortina (alias Paz Fernández Cueto) sobre los huevos de las tortugas. No dejes pasar el impío sarcasmo de Fernández Noroña (cuya estridencia encarna una voz de protesta largamente contenida en la representación política y hoy más necesaria que nunca), los argumentos republicanos de Porfirio Muñoz Ledo ni los dilemas éticos que planteó Laura Itzel Castillo. La única intervención del PRI, a cargo de Ana Estela Durán, defendió el Estado laico y argumentó a favor del derecho a decidir de las mujeres; supongo que la ambigua posición de ese partido hizo que nadie más se atreviera a treparse a la tribuna. Suficiente pobreza ideológica exhiben sus gobernadores al dejarse mangonear por la non sancta Iglesia”.
La versión estenográfica que recibí cuenta con 21 cuartillas a renglón seguido, no tiene desperdicio y la comentaré próximamente. ¿Por qué el Canal del Congreso sólo se ve por televisión restringida (Cable, Sky, televisión directa vía satélite… distintas tecnologías)? Según datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que abarcan hasta junio pasado, hay 7 millones 346 mil 657 suscriptores en el país (aproximadamente 7% de la población). Es criminal la falta de espacios de reflexión y discusión razonada y, encima, ¡el Canal del Congreso resulta elitista! En nuestro país, hasta en la última ranchería hay televisores. ¿Por qué no hay una señal pública que transmita a todos los rincones lo que ocurre en el Congreso?
En el caso del aborto, una razón de peso es que en el debate público la derecha pierde. A principios de los noventa asistí a varios programas televisivos sobre el aborto.
Uno, el de Nino Canún
–Y usted... ¿qué opina?–, duró de las 10 de la noche a las cuatro de la mañana. La votación del público estaba mayoritariamente a favor de la despenalización. Y así en cada mesa redonda que se televisaba. ¿Qué ocurrió entonces? La jerarquía católica presionó a los empresarios y éstos amenazaron con retirar su publicidad si se hablaba de aborto. ¡La censura impulsada por las buenas conciencias llamadas “A favor de lo Mejor por México”!
Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Y lo único bueno es que estas reformas están sacudiendo conciencias: ya 650 mujeres de distintos estados se han amparado contra ellas, y se siguen organizando más; unas jóvenes feministas han establecido el Fondo María para pagar el traslado al Distrito Federal de las compatriotas que necesitan abortar; un gobernador priista, Natividad González Parás, usó su veto para frenarlas en su estado; y la diputada Beatriz Benavente, de San Luis Potosí, logró que 10 diputados del PRI, uno del PRD y uno del PT plantearan una acción de anticonstitucionalidad contra la reforma ¡desde el propio Congreso potosino! Todo hace pensar en el dicho “no hay mal que por bien no venga”.
Supuestamente los legisladores tienen la responsabilidad de organizar su labor defendiendo principios, socializando ideas, creando opinión política y propiciando un aprendizaje cívico. Pero si no hay debate público, ¿qué posibilidad existe de ampliar horizontes o cambiar perspectivas? ¿De qué sirve que uno o dos partidos arrasen con “levantadedos”, de espaldas a la sociedad, si no hay verdadera deliberación y real interés en ir al fondo de los problemas?

martes, junio 09, 2009

El boicot de Televisa a Telesur


Existe un “cerco informativo” y un “claro boicot” de las principales empresas mediáticas mexicanas, en especial de Sky y Cablevisión –las dos grandes filiales de televisión satelital y por cable de Televisa–, en contra de Telesur, el canal multiestatal financiado por seis países de Sudamérica y que desde hace ocho años intenta entrar a las pantallas mexicanas, acusa Andrés Izarra, presidente de esta compañía con sede en Venezuela.

En entrevista, durante su reciente visita a México, Izarra relata: “Tuvimos una muy mala reunión con Sky” –la filial satelital de Televisa les negó el acceso–; y añade que la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec) los ha bloqueado y que Enrique Yamuni, el propietario de Megacable, la tercera empresa de televisión por cable, les dijo: “Nunca, jamás, estarán en mi empresa porque Telesur es chavista”.“Al menos se le agradece a Yamuni que haya sido más claro. Los demás simplemente nos han puesto trabas”, indica Izarra con un dejo de ironía.Telesur también ha tenido problemas con los sistemas de televisión pública mexicanos. Izarra revela que después de menos de un mes de transmitir su programación en la televisión pública de Hidalgo, el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong le dijo que tuvieron que suspender el acuerdo por “presiones internas”. Lo mismo sucedió con la televisión pública de Michoacán. Ahora sólo el sistema de televisión de Coahuila transmite alguna información del canal sudamericano.

El “cerco mediático”

El monopolio de la televisión privada en México “es un caso excepcional en el continente”, advierte Izarra, ya que “incluso en países como Brasil, donde existe una cadena tan fuerte como O’Globo, se han permitido nuevas opciones y cadenas televisivas”.En cambio, “en el mercado mexicano Televisa sigue comprando muchas televisiones por cable. Con Telmex (recién asociada con MVS para distribuir servicios de televisión satelital) tampoco hemos tenido mayor posibilidad”, añade.
–La percepción que existe en México es que Hugo Chávez está acabando con la libertad de expresión y que Telesur es un instrumento de su gobierno. ¿Por qué esta percepción? –se le cuestiona.
–Es la percepción del monopolio mediático mundial. Nosotros tenemos un partido político que es la televisión. Globovisión impone candidatos, quita candidatos. Cuando en 2002 dieron el golpe de Estado, arremetieron en contra de las radios y estaciones de televisión comunitarias. Por eso, cuando dicen que en Venezuela se está atentando contra la libertad de expresión, en realidad, lo que vivimos es un cerco mediático muy fuerte.
–¿Qué ha sucedido en su relación con las estaciones de televisión públicas como Canal Once o Canal 22?
–Nos hemos reunido con todos. No hemos logrado todavía un acuerdo, a pesar de múltiples reuniones. En la gestión pasada del director de Canal 22, Enrique Strauss, un muy buen tipo, tuvimos acercamientos. Quizá también ha hecho falta más insistencia de nuestra parte.
–¿Cuáles son los argumentos que les han dado en empresas como Sky, filial de Televisa y que controla 95% de la televisión satelital en México?
–No dan ningún argumento. Dicen que no hay capacidad satelital, que busquemos asociarnos a través de terceros.Telesur transmite desde hace dos años un canal de 24 horas, informativo, al cual se puede acceder de manera gratuita. La mayor parte de los fondos provienen del gobierno de Venezuela, pero también participan en la propiedad y en el diseño de la programación los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua.Izarra informó que recientemente el gobierno de República Dominicana se integrará a Telesur como socio, tendrá una parte accionaria y un asiento en la Junta Directiva.La programación de Telesur es definida por el Comité Estratégico de Programación. Izarra insiste en que, hasta el momento, se calcula que su señal es captada en 20 países de América Latina y el Caribe, así como en parte de Europa y Asia, a través de la suscripción de acuerdos y convenios con otras televisoras regionales independientes.Entre los convenios de colaboración que ha suscrito Telesur se encuentran los establecidos con Al Jazeera, la polémica televisión árabe que desplazó a CNN en la cobertura del conflicto en Medio Oriente, la BBC de Londres y el Canal France International, entre otros.“México, que tiene una industria televisiva tan fuerte, podría florecer con una visión distinta. No es lo mismo ver a América Latina desde Atlanta, que ver la información de América Latina desde la propia visión latinoamericana”, subraya Izarra.
–¿Cree que el gobierno de Barack Obama signifique algún cambio en términos del “cerco mediático” contra Venezuela y Telesur?
–Obama no ha desarrollado una política clara hacia América Latina, salvo que se reunió recientemente con Lula. Está abrumado por una serie de asuntos más urgentes. Ni siquiera ha cambiado al equipo de Bush que manejaba la política hacia América Latina.“En lo personal, no espero de Obama grandes cambios. Hay algunos signos que indican que se ha superado esa visión guerrerista, injerencista que antes predominaba entre los halcones. Por lo menos hay una visión diferente”, afirma. l

martes, marzo 17, 2009

Carta abierta a Ricardo Salinas Pliego


Quizás le interese conocer la reacción de una estudiante ante la conferencia que usted dio recientemente, en la cual habló sobre su visión del país y de sí mismo. “Una dosis de cini$mo para el ITAM”, es el título del artículo que publicó esa joven en el periódico universitario después del encuentro. Allí escribe que las palabras de usted despertaron “la aprobación de unos y el efervescente descontento de muchos”. Y yo me sumo a aquellos que salieron del recinto pensando que usted se había dedicado a pitorrearse del gobierno; a mofarse de la ley; a tergiversar la realidad; a engañar a quienes lo estaban escuchando, a demostrar la actitud desafiante que le ha permitido llegar a ser quien es ahora. Porque usted fue a hablar del exitoso modelo empresarial que ha inaugurado en México. Pero es una forma de acumular riqueza, hacer negocios e influir en la política con efectos nocivos para el país. Por ello vale la pena examinar el modelo Salinas Pliego a fondo y a través de sus propias palabras.
–Usted dice que “rompe esquemas” al ofrecer bienes y servicios a los millones de mexicanos que habitan la base de la pirámide. Usted insiste en que está incorporando a los excluidos a la modernidad a través de tiendas como Elektra e instituciones como Banco Azteca. Usted ataca a los do-gooders, que lo califican de usurero, diciendo que son un peligro para los pobres porque quieren acabar con los beneficios que usted provee. Pero al mismo tiempo se ampara cuando el gobierno le exige que usted haga público el costo anual total del financiamiento de sus productos. Si no está aplicando tasas que resultarían escandalosas, por qué no hace explícito a sus clientes lo que acabarán pagando por un refrigerador, una licuadora o un crédito con las tasas de interés que cobra?
–Usted dice que es falso que se opone al ingreso de Wal-Mart al mercado de los servicios financieros que Grupo Salinas ofrece a través de Banco Azteca. ¿Pero no es cierto que mediante su operador en el Senado –Jorge Mendoza– usted logró doblegar a los legisladores para que aceptaran colocar candados sobre los llamados “corresponsales bancarios” –Wal-Mart, Banca Coppel, Famsa– que hubieran competido contra usted y contravenido sus intereses? ¿No es cierto que linchó en el noticiero de TV Azteca a José Esteban Chidiac, el diputado que luego frenó la iniciativa en contra de la competencia que usted había logrado impulsar? ¿No es cierto que usa la pantalla para intimidar a los legisladores y así vetar leyes que afectan sus intereses?
–Usted argumenta que “es necesario reforzar los contratos” y “ofrecer seguridad” en México. Pero su trayectoria no revela que haya cumplido con lo que exige. Según la acusación formulada hace algunos años por la Securities and Exchange Commission torno al caso Codisco-Unefon, entrega reportes a las autoridades regulatorias estadunidenses en los que no revela las transacciones de compañías que controla. Usted entrega reportes falsos en los que esconde su involucramiento en esas transacciones. Usted rechaza hacer públicas las operaciones que deben ser reportadas de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Usted rehúye entregar información crucial para quienes invierten en sus compañías.
Usted viola la ley del país en donde vive una parte de sus inversionistas y se enriquece personalmente a sus expensas. Usted después se ve obligado a pagar una multa por ello y a sacar a su compañía de la Bolsa estadunidense. Usted incluso logra evadir la sanción en México, valiéndose del apoyo político de Marta Sahagún.
–Usted sugiere que en México es imperativo “combatir la corrupción” y sin duda eso es cierto. Pero parecería que en diversas ocasiones usted no sólo la ha promovido sino también se ha beneficiado de ella. Como botón de muestra está la devolución gubernamental de 550 millones de pesos que le hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por intereses supuestamente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox. He allí un gesto de agradecimiento del presidente saliente a quien le había prestado la pantalla a él y a su esposa. Un ejemplo del “capitalismo de cuates” que usted y sus amigos en el gobierno le han ayudado a construir.
–Usted afirma que le “gusta competir”. Pero cómo olvidar la campaña de satanización que –desde la pantalla– desata contra cualquiera que piense en promover la idea de una tercera cadena de televisión. Cómo olvidar el denuesto a Isaac Saba cuando contemplaba la idea.
–Usted reitera que es indispensable “proteger la propiedad privada”. Pero usted mismo ignoró ese imperativo con la toma ilegal de las instalaciones televisivas del Cerro del Chiquihuite y las del Canal 40 durante el gobierno de Vicente Fox. Como lo escribe Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación, en un desplegado publicado en abril del 2008: “Como bien recuerda, fue usted quien, amparado en su relación equívoca con la pareja presidencial, en el año 2003 ordenó impunemente la agresión de las instalaciones y el personal del Canal 40”.
–Usted afirma que “nunca le han dado nada”; que la televisión no es un bien público sino una concesión que compró y que le costó muy cara. Quisiera recordarle los pormenores de esa transacción. Como lo escriben Sam Dillon y Julia Preston de The New York Times su libro Opening Mexico, usted ganó sorpresivamente la licitación de TV Azteca, pagando mucho más que sus competidores. Pero lo hizo con 25 millones de dólares enviados por Raúl Salinas de Gortari –hermano del entonces presidente– a tres cuentas en Suiza controladas por usted. Cuando esas transacciones irregulares salieron a la luz, usted mintió sobre ellas. Y sólo después, confrontado con documentos de las cortes suizas, admitió que había recibido un “préstamo”. Por cierto, nunca hubo una investigación para determinar el uso de información privilegiada.
–Usted insiste en que no hay monopolios o duopolios en la televisión; que hay “mucha oferta televisiva”, como Sky; que la concentración se debe a que la gente prefiere ver TV Azteca. Su postura es de una falsa ingenuidad arrolladora. Ignora el hecho, verificado y contundente, de que dos empresas televisivas concentran el 95% (437 canales) de las concesiones. Y ese problema no se va a resolver “apagando la televisión al que no le guste”, como sugiere. Haría falta una nueva ley de medios para lograrlo.
–Usted argumenta que la concesión a TV Azteca se la dieron “con ciertas condiciones que ahora pretenden cambiar” con la reforma electoral. Eso es válido en cualquier sistema democrático: una concesión para el uso y aprovechamiento del espectro no implica que el Estado abdique de su dominio sobre ese bien público.
–Usted dice que la reforma electoral es un “robo legalizado”, una “expropiación”, algo similar a salir con la bolsa del mercado llena y sin pagar. Pero lo que se le olvida mencionar es que los spots los partidos se transmiten en los tiempos de que desde hace años el Estado dispone en la radio y en la televisión. A usted no le han robado un peso aunque quiera hacernos creer que es así. Habría mucho más que escribir y debatir en torno a su caso, pero basta decir que al escucharlo aquel día en el ITAM recordé el diálogo en la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, donde Cecil Graham pregunta “Qué es un cínico?”, y Lord Darlington le contesta: “Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada”. Es obvio que usted no le concede el menor valor a la responsabilidad corporativa, a los procesos democráticos, a la transparencia, a la construcción de un país con una clase empresarial que sepa competir en vez de bloquear, innovar en vez de expoliar, respetar la ley en vez de violarla. Pero al mismo tiempo reconozco que usted –paradójicamente– le hace un bien a México. Su desdén por todo es tan obvio que rompe, extrae, mutila, ignora y pervierte las reglas de la manera más abierta. Más evidente. Más clara. Y al hacerlo revela lo que está mal; pone en evidencia la podredumbre que hemos permitido, el chantaje que hemos padecido, la debilidad gubernamental que hemos presenciado, la complicidad institucional que ha creado a personajes como usted.
Y sí, usted es un hombre –en muchos sentidos– creativo, visionario, emprendedor, que toma riesgos, invierte y crea empleo. Pero también es alguien que no ha tenido el menor reparo en recurrir a las peores prácticas sin que el gobierno alce un dedo para impedirlo.
Usted innegablemente es una criatura del sistema que urge cambiar. Y lo lograremos; lo supe al leer el texto crítico de aquella joven estudiante; lo supe al presenciar el hubriscon el cual usted se comportó y que lo llevará a excederse algún día. Pero mientras llegue ese momento, cuando el país reconozca que usted no es modelo a emular sino síntoma a combatir, quisiera pedirle un favor: por lo menos, cuando hable, no insulte nuestra inteligencia.

martes, febrero 10, 2009

El IFE en las fauces de Azcárraga


MÉXICO, D.F., 9 de febrero (apro).- Alguna vez militante de la izquierda que hasta emparentó con Heberto Castillo, un hombre de enorme estatura profesional, ética y política, Leonardo Valdés reconoció, en la primera plática que tuve con él, que había sido nombrado consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) por el apoyo de políticos del talante del panista Diego Fernández de Cevallos y del priista Jesús Murillo Karam.
Propuesto para el cargo por la facción perredista Nueva Izquierda, cuyos líderes son astutos para cotizarse alto en el mercadeo político --capaces de alternar alianzas y patrocinios con el felipismo y el beltronismo--, Valdés aseguraba que no tenía compromiso con nadie y que, pese a su obvia debilidad, no claudicaría, por ejemplo, ante Felipe Calderón.
--¿Será capaz de decirle "no"?
--Si cualquier funcionario público propone que el IFE viole la ley, el presidente del IFE contundentemente dirá no.
En esa charla, el mediodía del 10 de marzo del 2008 --un mes después de que fuera nombrado por la Cámara de Diputados, en la que el PAN antepuso sus odios y mezquindades al fortalecimiento del IFE al vetar al ministro Genaro Góngora Pimentel--, el consejero presidente garantizó también que no se dejaría atemorizar por ningún poder informal.
"Digámoslo con toda claridad --predicó--: Los medios de comunicación son un poder en nuestra sociedad y también ejercen presión sobre las autoridades públicas. Yo quiero ser tajante: ¡Ni siquiera el cuarto poder podrá atemorizar al consejero presidente del IFE!"
Justo un año después de su elección, y exactamente cuando comienzan las precampañas, Valdés --y con él los bloques panista y priista de consejeros electorales-- deberá corresponder su prédica con la práctica, no en general ante el "cuarto poder" o "los medios", sino específicamente ante Televisa y Televisión Azteca, que tenazmente han violado la Constitución y las leyes al incumplir su deber legal de transmitir los promocionales partidistas y del propio IFE.
Y aquí comienza el problema: Aunque el viernes inició el procedimiento especial sancionador contra la empresa de Emilio Azcárraga y la de su sicario, Ricardo Salinas Pliego --porque ya no le quedaba opción--, el IFE de Valdés está comenzando a sucumbir a las esperadas y lógicas presiones de las dos televisoras, que hacen lo que les viene en gana con total impunidad, sobre todo por la cobarde y cómplice pasividad de Calderón.
No extraña, por supuesto, el comportamiento de este personaje --prisionero de los peores intereses, como los de la televisión, que lo impusieron en el cargo y que lo sostendrán mientras les sirva-- ni tampoco escandaliza la debilidad de los consejeros del IFE, que por algo están ahí, lo que alarma es que apenas en el inicio del proceso sancionador ya se haya acobardado la autoridad.
En efecto, lo que era --y es-- una contumaz violación a la Constitución y a diversos preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (Cofipe) y de la Ley Federal de Radio y Televisión, fue para el IFE, durante una semana, sólo un conjunto de "comportamientos atípicos", y cuando decidió proceder contra las televisoras, por la obviedad del caso, opta por ignorar la dimensión y gravedad del desafío.
Y es que según los dictámenes elaborados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con base en los cuales el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, dio inicio al proceso de sanción, se acreditan las conductas violatorias de Televisa y Televisión Azteca al Cofipe, y a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, pero también la violación al artículo 41 de la Constitución, al menos en el caso de Sky, la empresa de televisión restringida propiedad también de Azcárraga, tal como lo publicó Proceso en la edición que está en circulación.
Pero resulta que en el comunicado emitido la tarde de ayer domingo por el IFE, en el que se informa que hoy lunes 9 de febrero notificará a las televisoras del inicio del proceso sancionador, sólo se alude a presuntas violaciones a las dos leyes aludidas y a normas reglamentarias, pero se ignora la violación constitucional.
Según comprobaron los funcionarios del IFE, entre otras irregularidades cometidas por la empresa propiedad de Azcárraga, la señal de Sky correspondiente al canal 13 de TV Azteca se modificó de tal manera que en señal abierta se transmitieron los spots partidistas e institucionales, pero en la señal restringida se difundió programación de canal 13, de la Fundación Azteca y aun de la leche Lala y de la Secretaría de Salud.
En su argumentación jurídica, y después de describir ésta y otras irregularidades, el dictamen de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se establece que "los hechos descritos llevan a la convicción de que existe una violación a los artículos 41, base III, apartados A y D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", además de diversos artículos del Cofipe y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El IFE de Valdés, con esta omisión, imita lo que Televisa y Televisión Azteca hacen con quienes consideran enemigos, los desaparece, y con ellos es obvio que, de entrada, las eventuales sanciones estarán desprovistas del rigor que exige el comportamiento golpista de Azcárraga y su sicario Salinas Pliego.
Así, conforme a lo que dispone el artículo 350 del Cofipe, si acaso se les podrá imponer una amonestación pública o multa de hasta 100 mil días de salario mínimo --menos de 5 millones y medio de pesos--, pero ni siquiera puede esperarse que se subsane la omisión de spots en el tiempo comercializable de los canales y menos que se dé vista a la Secretaría de Gobernación para que aplique a su vez otras sanciones.
Lo que se perfila es, así, un castigo más bien simbólico, un rasguño al Trigrillo Azcárraga de fauces grandes y conductas impunes… Salvo que Valdés, efectivamente, no se atemorice y proponga, públicamente, una sanción verdaderamente ejemplar del tamaño de la provocación… Apuntes
Justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación acreditó las violaciones graves a las garantías individuales en San Salvador Atenco, Estado de México --en las que el gobernador Enrique Peña Nieto y el procurador Eduardo Medina Mora se levantan como los más recientes heraldos de la impunidad; sigue Ulises Ruiz, de Oaxaca--, en el Guanajuato que se pretende imponer al país no sólo se acredita otro caso más de tortura a manos de policías --que a los panistas ni inmuta--, sino que el obispo de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, aplaude la vejación de la que fueron víctimas dos monjas de la Inmaculada Concepción de María, Juana Gómez Ángeles y Josefina Rivera Mata. "Son unas farsantes ladronas", las definió el muy cristiano obispo, a quien le parecen aceptables las vejaciones si se le aplican a la competencia, en virtud de que las religiosas pertenecen a la iglesia de Marcel Lefebvre, el obispo que desafío al Concilio Vaticano II y desde entonces desconoció a la autoridad Papa y en general a la iglesia de Roma, un episodio que hizo dividir al fascismo mexicano: Por un lado, El Yunque, que está ampliamente extendido en el PAN, y por el otro los Tecos, que operan en el PRI y en el PAN, organizaciones que hasta la fecha operan en el secreto… Menos mal que ahora casi todo el mundo se pronuncia por cambiar el modelo económico, porque de otro modo Carlos Slim sería catalogado, desde ya, como "un peligro para México" por advertir, sin catastrofismos, la severa crisis que atormenta el país y que, según Calderón, está de poca…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

sábado, febrero 07, 2009

Inicia el IFE proceso contra televisoras


MÉXICIO, D.F., 6 de febrero (apro).- El Instituto Federal Electoral iniciará un "procedimiento especial sancionador" contra Televisa, Televisión Azteca y Sky, por la transmisión en bloque de propaganda política de los partidos.

El pasado fin de semana, las dos principales empresas de televisión en el país, Televisa y TV Azteca, interrumpieron sus programas deportivos, culturales e infantiles para transmitir en bloque la propaganda político-electoral de los partidos y las autoridades electorales del país. Cada interrupción tuvo una duración de entre dos y seis minutos. El IFE consideró "atípica" la actitud de las televisoras y les exigió una explicación al respecto.

De acuerdo con una comunicado del Instituto, la Secretaría Ejecutiva del IFE analizó las respuestas de los concesionarios de televisión y consultó el contenido con todos los consejeros electoral.

De tal manera, el Instituto Federal Electoral "ha decidido iniciar el procedimiento especial sancionador a las empresas Azteca SA de CV (TV Azteca), Televimex SA de CV (Televisa) y Novavisión S de RL de CV (Sky)", confirmó el organismo.

Sobre Cablevisión, el Instituto agregó que la Secretaría Ejecutiva aún revisa la documentación correspondiente para determinar si procede o no iniciar también un "proceso especial sancionador".

El próximo lunes, las empresas serán informadas sobre la determinación del IFE, mientras tanto, el Instituto señaló que trabaja "en la elaboración de los proyectos de cada uno de los procedimientos referidos, derivados de probables incumplimientos relacionados con las transmisiones de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, en la actual etapa de precampañas".

Una vez que sean notificadas, las empresas televisivas tendrán un plazo de 24 horas para responder y presentar sus alegatos de descargo. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), prevé sanciones de hasta 100 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cifra que se duplica en caso de reincidencia; y en casos extremos, hasta el retiro de la concesión en caso de continúen las mismas actitudes de desacato de la normatividad en materia de emisión de spots.