Documento oficial de la Fuerza Aérea de EEUU revela las verdaderas intenciones del acuerdo militar con Colombia

Por Eva Golinger, Abogada venezolano-estadounidense

Rebanadas de Realidad - ATTAC-El Grano de Arena, 09/11/09.- Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia "garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur".

Esta afirmación contradice las explicaciones dadas por el presidente Álvaro Uribe y el Departamento de Estado de EEUU sobre el acuerdo militar firmada el pasado 30 de octubre entre Washington y Colombia. Los gobiernos de Colombia y EEUU han mantenido públicamente que el acuerdo militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El presidente Uribe ha reiterado múltiples veces ¬ incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina ¬ que su acuerdo militar con Washington no afectará a sus vecinos. No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de EEUU confirma lo contrario e indica que las verdaderas intenciones y objetivas detrás del acuerdo son para poder realizar operaciones militares a nivel región para combatir la "amenaza constante de los gobiernos anti-estadounidenses".
El acuerdo militar entre Washington y Colombia autoriza el acceso y uso de siete instalaciones militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. Adicionalmente, el acuerdo permite "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones" por todo el territorio colombiano, sin restricciones. Junto con la inmunidad plena que este acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EEUU utilice cualquier instalación en el país, incluyendo a los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de la soberanía colombiana.
El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y habla sobre la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) de EEUU. "Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales".
No es difícil imaginar cuales gobiernos en Suramérica son considerados por Washington como "anti-estadounidenses". Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e incluso Ecuador, comprueban que son los países del ALBA que son percibidos por Washington como una "amenaza constante". De clasificar un país "anti-estadounidense" es considerarlo un enemigo de Estados Unidos. Bajo este contexto, es lógico pensar que EEUU reaccionaría frente a una región llena de "enemigos" con una agresión militar.
La lucha contra el narcotráfico es secundaria
Según el documento, "El acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con los Estados Unidos. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico". Aquí es evidente que la lucha contra el narcotráfico es un asunto secundario. Este hecho contradice las explicaciones dados por los gobiernos de Colombia y Washington que han intentado aparentar que el objetivo principal del acuerdo militar es para combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea prioritiza a las operaciones militares continentales necesarias para combatir "amenazas constantes", como los gobiernos "anti-estadounidenses" en la región.
Palanquero es la mejor opción para el alcance continental
El documento de la Fuerza Aérea explica que "Palanquero es sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de la infrastructura dentro de Colombia. Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones en la región y su ubicación aislada ayudará a minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense. La intención es utilizar la infraestructura existente... mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos".
Espionaje y guerra
Adicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar estadounidense en Palanquero, Colombia aumentará las capacidades de espionaje e inteligencia, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades para ejecutar una guerra en Suramérica. "El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia y está en el interés de las dos naciones. [La] presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita".
El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar entre Washington y Colombia: están preparándose para una guerra en América Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia ¬ su agencia de inteligencia y espionaje ¬ y descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela. Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. Hace dos semanas, también fueron hallados 10 cadáveres en el estado Táchira por la frontera con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían infiltrado a territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma parte de un plan de desestabilización contra Venezuela que busca crear un para-estado dentro del territorio venezolano y así debilitar al gobierno del Presidente Chávez.
El acuerdo militar entre Washington y Colombia sólo aumentará esta tensión y violencia regional. Ahora con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se hace evidente ¬ sin duda ninguna ¬ que Washington está buscando promover una guerra en Suramérica, utilizando a Colombia como su base de operaciones. Frente a esta declaración de guerra, los pueblos de América Latina tienen que mostrar unidad y fuerza. La integración latinoamericana es la mejor defensa contra la agresión imperial.
El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue redactado en mayo 2009 como parte de la justificación del presupuesto para el 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad del Libro Blanco: La Estrategia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en Bariloche el 28 de agosto pasado. He puesto el documento y la traducción no-oficial de los segmentos sobre la base de Palanquero en la página web del Centro de Alerta para la Defensa de los pueblos, un espacio que estamos construyendo para asegurar que las denuncias e información estratégica estén disponibles para que los pueblos puedan defenderse con contundencia frente a la constante agresión imperial.

Manuel Rosales contrató sicarios para asesinar al presidente Chávez

Manuel Rosales, ex-gobernador del Estado Zulia y candidato presidencial de la oposición, pidió asilo en Perú, argumentando que era un “perseguido político” de Hugo Chávez, cuando en realidad estaba acusado de hechos de corrupción demostrados fehacientemente. En Lima habló con la prensa el 22 de abril de 2009, donde aseguró que seguía "en la lucha para liberar a la patria". Estas revelaciones que ha hecho el diario “El Nuevo Herald”, demuestran que las denuncias de magnicidio formuladas en Venezuela tenían asidero real. Las fuentes son inobjetables: vienen de Colombia y de Miami. ¿Qué más podemos esperar de esta oposición demencial?

Gonzalo Guillen / El Nuevo Herald

La Fiscalía General de Colombia tiene el testimonio de un ex militar colombiano condenado por paramilitarismo según el cual el entonces gobernador del estado venezolano de Zulia, Manuel Rosales, participó en un complot con escuadrones de la muerte para asesinar al presidente Hugo Chávez.
En extensa entrevista con El Nuevo Herald, el ex soldado Geovanny Velásquez Zambrano, condenado a 40 años de prisión por haber cometido masacres con paramilitares en la región colombiana de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, sostuvo que las reuniones ocurrieron el jueves 23 y el viernes 24 de diciembre de 1999.
Velásquez hizo un recuento de estas reuniones el 22 de mayo ante un reportero de El Nuevo Herald en un despacho judicial de Bogotá tras rendir declaraciones en el mismo sentido a la Fiscalía General. También aseguró que asistió a dos reuniones en las que Rosales, ex gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial de la oposición, ofreció pagar $25 millones para poner la operación en marcha.
Rosales no acudió a una cita previamente acordada con El Nuevo Herald en Lima, donde se encuentra asilado. Tampoco respondió llamadas telefónicas directas ni otras a través de un colaborador suyo en esa ciudad, así como correos electrónicos enviados para que diera su versión.
El ex gobernador ya había sido señalado de estar supuestamente detrás del plan para matar a Chávez.
Sin dar detalles, el diputado chavista a la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, aseguró en noviembre del 2006 que Rosales se había reunido con paramilitares colombianos en la localidad colombiana fronteriza de Puerto Santander.
En enero del 2006 el político chavista Gian Carlo Di Martino acusó a Rosales de haberse reunido supuestamente en Colombia con "militares golpistas que planeaban derrocar a Chávez''.
En esa ocasión, Rosales afirmó que "no existen pruebas y no las podrá presentar jamás porque no existe ninguna evidencia''.Y enfatizó: "Porque tengo varios años que no voy a Colombia''.
Después de que Velásquez concediera una extensa entrevista a El Nuevo Herald delante de dos funcionarios judiciales y un defensor de derechos humanos, desconocidos intentaron infructuosamente ahorcarlo en la cárcel con una media de nylon.
Luego, recibió una golpiza que le propinaron otros presos por haber hablado con este diario. El lunes 8 de junio nuevamente se salvó de morir asfixiado con una funda de polietileno que desconocidos le pusieron en la cabeza.
Los primeros detalles del presunto plan de asesinato de Chávez fueron publicados por El Nuevo Herald desde abril del 2003 cuando Rafael García, el destituido jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), declaró en entrevista exclusiva que funcionarios de alto nivel del gobierno de Colombia, entre quienes se encontraba el director del DAS, Jorge Noguera, realizaron reuniones para asesinar a líderes de Venezuela y desestabilizar políticamente a ese país.
"Existió un plan de desestabilización contra el gobierno venezolano y hay mucha gente comprometida en el asunto'', afirmó entonces García, quien fuera estrecho colaborador de Noguera, hoy preso.
García, quien no mencionó a Rosales como parte del plan, ratificó este testimonio en un documento obtenido por El Nuevo Herald hace un mes y que está en poder de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.
El plan también contemplaba el asesinato de Jesse Chacón, ministro del Interior y de Justicia; de Isaías Rodríguez, Fiscal General, y de José Vicente Rangel, vicepresidente de Venezuela, indicó García.
Velásquez sostuvo en la entrevista con El Nuevo Herald que estuvo dos veces con Rosales: "Un jueves en Cúcuta y un viernes en Ureña'', dijo.
La primera reunión fue "en el conjunto cerrado Los Molinos del Norte [Cúcuta], como a las diez de la mañana''.
Aquella vez, "estuvieron Rosales, [el narcotraficante y comandante paramilitar Jorge Iván Laverde, alias] El Iguano y unos empresarios que al verlos yo los recuerdo. Son manes [hombres] de plata de Venezuela que estuvieron ahí''.
Tan pronto como Rosales habría ofrecido los $25 millones, Velásquez indicó que "El Iguano se paró y dijo: ‘Yo acepto la oferta, yo tengo los muchachos para matar a ese señor, pero que sea en Ureña o sea en San Antonio' '', pues en Caracas, agregó, sería más difícil.
Laverde actualmente está preso e incomunicado en Colombia. En sus confesiones ya ha mencionado los nombres de altos oficiales del Ejército colombiano que cooperaron con los frentes paramilitares en la comisión de delitos de lesa humanidad y narcotráfico en la frontera de Colombia con Venezuela.

Leer mas AQUI.

Colombia: el estilo Uribe

JUAN GASPARINI

BOGOTA, 17 de julio (apro).- En Colombia todo resulta exuberante. A la inigualable biodiversidad de un territorio recorrido por tres cordilleras, que abrigan a 45 millones de habitantes, se suma Juan Valdez, el inefable café de bandera. La controversia del interminable conflicto interno, mezcla a guerrilleros, paramilitares y agentes de la fuerza pública. De las polémicas no se exime el presidente de la República, Álvaro Uribe, quien al cabo de dos mandatos, mantiene en vilo a la población sobre si volverá a presentarse en las elecciones de marzo venidero, su "encrucijada del alma". Fuente de un debate inagotable sobre el manejo cesarista que le imprime al aparato gubernamental, disfruta del 70% de aceptación en los sondeos. Su embrujo perdura entre la mayoría de los colombianos, aparentemente dispuestos a someterlo a un plebiscito.

"Falsos positivos"

El mes de julio se ha mostrado particularmente lluvioso y frío en Bogotá. Las luces grises del cielo acarician los ventanales de la tarde, en el despacho del vicepresidente de la nación, Francisco Pacho Santos.

De formación periodista, su figura cobró notoriedad gracias al célebre Gabriel García Márquez en uno de sus libros paradigmáticos de no ficción, consagrado a los secuestros del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

"Le digo que ese es el número del que salieron las amenazas", machaca por el teléfono celular, supuestamente ignorando la presencia de un cronista extranjero, a quien muestra su descomunal biblioteca.

La trama subyacente pareció emerger días más tarde en el diario donde hiciera carrera, El Tiempo, ventilando una anécdota reveladora. Santos admitió que había expulsado de sus oficinas a Miguel Narváez, subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia civil, reprochándole intromisiones telefónicas en perjuicio de su subordinado, Carlos Franco, a cargo del programa nacional de derechos humanos, otro de los integrantes de los primeros círculos del poder.

Esa imagen de un gobierno con un pie en el tenebroso pasado de peleas sin cuartel contra un enemigo insurgente presuntamente infiltrado en las estructuras del Estado, con todo el mundo bajo sospecha, y otro pie en los deseos colectivos de un país que aspira a sacarse de encima el espionaje domestico y la vigilancia ilegal de la política institucional, agitan los tramos finales del segundo mandato de Álvaro Uribe. El DAS reporta al presidente, pero el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no ha podido aún desentrañar quien impartió las ordenes desde 2004 en adelante para llevar a cabo las "chuzadas", como se denomina la intercepción de comunicaciones sin control judicial. "Estamos investigando y estableceremos quienes lo han hecho", declara impasible Iguarán, sentado de espaldas a un significativo fresco del Quijote, deslumbrado ante los platillos de la balanza de la justicia, oscilando entre el peso de los códigos y de la espada. La vasta operación encubierta se expandió en la penetración de los correos electrónicos y las cuentas bancarias de sindicalistas, ong`s, periodistas y jueces de la Corte Suprema de Justicia, acompañados de seguimientos contra defensores de los derechos humanos, sus padres, hermanos, esposas, maridos, hijos y entenados. De voz suave y gestos lentos, Iguarán no pierde la calma. Hace un balance desapasionado de gestión, cuando le faltan pocas semanas para que expire el período de cuatro años. "Nuestra prioridad han sido las violaciones a los derechos humanos, sin dejar de perseguir el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, y los vínculos de funcionarios de la democracia con los paramilitares y la guerrilla", dice. En el marco de sentencias condenatorias gravisimas contra Colombia, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reabierto expedientes que dormían en la impunidad, masacres y magnicidios que jalonaran la crónica del pasado reciente, empuñando con decisión las indagaciones sobre la última atrocidad descubierta, los llamados "falsos positivos". Así se llama al hecho de liquidar inocentes inermes por parte de agentes de los órganos de seguridad oficiales, con lo que abultaban su currículum y trepaban rápido en su carrera militar, al amparo de una directiva secreta del ministerio de Defensa que otorga primas a los uniformados por cada "subversivo" abatido. "Hay más de mil casos, con dos mil víctimas, que involucran a 500 miembros de la fuerza pública; se han pronunciado unos 40 dictámenes y ya hemos llevado ante los jueces a 230 personas, pese a que algunos mandos medios tratan de obstaculizar nuestro trabajo", resume Iguarán. Pero asegura no haber "encontrado ningún elemento que nos pueda conducir a afirmar que estas ejecuciones extrajudiciales es una política de Estado".

El estilo "cesarista"

La biógrafa del estilo Uribe para gobernar, la periodista María Jimena Duzán, atribuye al presidente la responsabilidad política de todos los desmanes. En un libro implacable desnuda la mentalidad del primer mandatario, azuzando permanentemente a los militares para optimizar resultados, congregando a los mandos en puntos distantes de la geografía todos los lunes a puertas cerradas, generando "una competencia desmedida para conseguir positivos".

El escáner pinta un hombre obsesivo por modelar el país a su medida, "siempre en campaña", con "poco interés en redistribuir el ingreso y por insistir en mantener un régimen de privilegios a costa de los que menos tienen", estigmatizando a quienes disienten convirtiéndolos en enemigos, como si estuvieran fuera de la ley. Impermeable al drama de los desplazados internos, quizás cuatro millones que han debido huir de las hostilidades, Uribe es reacio al canje humanitario de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de insurgentes presos, una guerrilla a la que sólo le reserva la derrota militar, objetivo no alcanzado tras siete años de gobierno. Sus ministros son, "a lo sumo, unos buenos viceministros", meros "ayudantes del jefe", virtuales convidados de piedra, "obsecuentes alumnos", fascinados de admiración por un personaje "providencial, que no le teme a la muerte". Del resto, todos los sábados, durante los "consejos comunales" en diferentes zonas del país, regaña en directo frente a las cámaras de televisión a ministros, gobernadores y alcaldes. Por cierto, el titular del Ejecutivo menosprecia a los demás pilares democraticos, no siendo ajeno a los escándalos judiciales de los miembros de su bancada en el Legislativo, por sus nexos con los paramilitares genocidas, habiendo fomentando en otros congresistas el cohecho para obtener votos en aras de su reelección en segunda vuelta de 2006. Esos sumarios están hoy bajo competencia de la Suprema Corte de Justicia, con decenas de parlamentarios electos que purgan prisión o han sido separados de sus escaños. El respeto de los derechos humanos ha mejorado de manera insuficiente para el conjunto de las ong`s. El gobierno persiste en mostrar que los indicadores repuntan, invitando sin condiciones a unos 100 periodistas, de noviembre de 2008 a la fecha, para que pasen y vean. El Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra en alza, desciende la pobreza, el tráfico de drogas, las amenazas y la criminalidad. El grado de popularidad de Álvaro Uribe desde su arribo al Palacio de Nariño en 2002 no mengua. Como se ha dicho, araña el 70% de opiniones favorables. Las razones abrevan en su proyecto de "seguridad democrática", que restableciera el imperio de la ley en las ciudades y rutas, intensificando la represión contra las FARC, para lo cual incrementó el impuesto de guerra. "Antes no se podía viajar porque te secuestraban, y había barrios enteros a los que era imposible entrar", resumen ciudadanos de a pie. La gente común consultada por el reportero da la impresión de importarle poco que una franja importante del sostén electoral de Uribe haya emergido de la base social que dio origen al paramilitarismo, porque se le reservan a las FARC el papel de haber provocado el surgimiento de esas formaciones, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dichas bandas llegaron a constituir un archipiélago de micro-estados en rebeldía, alistando a muchachos campesinos a sueldo, además de menores enrolados a la fuerza, una tropa formada por mercenarios británicos e israelíes, financiados por hacendados, empresarios, finqueros, políticos, comerciantes y ganaderos hartos de la coerción sistemática de las guerrillas de izquierda. El diseño dispuso de la asistencia de las Fuerzas Armadas y de la ayuda intelectual de dos teóricos argentinos, Mario Sandoval y Juan Antonio Rubbini Melato, destapados en los ensayos de los expertos independientes en derechos humanos, Iván Cepeda y Jorge Rojas. Tampoco es relevante para no pocos observadores que la desmovilización de esos paramilitares, 32 mil según las cifras oficiales, haya caído en una amnistía a la sudafricana, con penas simbólicas de 5 a 8 años de cárcel para quienes reconozcan voluntariamente sus crímenes: 21 mil homicidios confesados por 600 de los 3 mil 713 victimarios arrepentidos asentados en las estadísticas de Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz. Habitualmente nadie les pregunta nada cuando entregan las armas, como testimonian centenas de desmovilizados con quienes se puede hablar libremente en el principal centro nacional de acogida, en Medellín. Todo esto, en virtud de un decreto firmado por Uribe en 2003, de la Ley de Justicia y Paz elaborada en 2005 por el Parlamento, con la extradición a Estados Unidos de los 18 cabecillas paramilitares en 2008 por narcotráfico, en vez de transferirlos a la justicia ordinaria en Colombia. Si la comunidad internacional quisiera remediar la situación, podría hacerlo el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, ausente de iniciativas pese a dos visitas al país, quien amagara con intervenir alegando la comisión delitos de lesa humanidad dejados de lado por los tribunales locales. "Hace mucho tiempo que le hemos proporcionado una enorme cantidad de pruebas a Moreno Ocampo y no sabemos porqué no actúa", exclama Susan Lee, especialista de Amnistía Internacional (AI) para Colombia, de paso por Ginebra en vísperas del viaje periodístico a Colombia que aquí se relata.Alrededor de 230 mil víctimas se han presentado para reclamar reparación. Los diputados y senadores todavía no han concertado una norma en favor de quienes sufrieron la barbarie de los agentes del Estado. Sólo ha entrado en vigor un plan de indemnización de carácter administrativo, puesto recientemente en marcha por Uribe, en auxilio de los deudos de los blancos paramilitares. "Nos hace falta un Nunca más, es una vergüenza nacional. Acá hubo descuartizamientos con motosierras, fosas comunes, apropiación indebidas de tierras, hornos crematorios y serpientes venenosas", se lamenta un dirigente de la oposición, que prefiere el anonimato para evitar represalias.

Falta por ver cual será el destino de la cruzada contra las FARC emprendida por Uribe. Disminuidas sicológicamente por el fallecimiento de su líder fundador, Manuel Marulanda, Tiro Fijo, y con dos bajas suplementarias entre los siete comandantes de su "Secretariado", Raúl Reyes e Iván Ríos, tres de los restantes habrían buscado refugio en la vecina Venezuela, un dato confirmado por un alto funcionario de la corte presidencial. La noticia anuncia el debilitamiento de las FARC, pero dificulta su desmantelamiento, por el valor simbólico del icono que configura su dirección colegiada. Fuentes concordantes le atribuyen unos 17 mil combatientes, y la intención de pertrecharse con misiles rusos tierra-aire, susceptibles de ser adquiridos en el mercado negro y cuestionar la superioridad que han impuesto los helicópteros y aviones en las areas de enfrentamiento. Finiquitar con su existencia tardaría unos cinco años más de lucha, en línea con trascendidos oficiales, sueño presidencial de incierta concretización.

Para lograrlo se necesitaría que el Plan Colombia financiara desde Estados Unidos con 700 millones de dólares anuales, atendiendo las necesidades manifestadas por el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas, "y ya sabemos que eso no será eterno", advierte el canciller Jaime Bermúdez, mientras espera que Washington le confirme 575 millones de dólares para 2010.

El faltante podría decantarse de los dividendos que acarrearía la mudanza, a cinco bases navales y aéreas colombianas, del dispositivo antinarcóticos y contraterrorista norteamericano que abandonará el complejo ecuatoriano de Manta en septiembre próximo, otra de las tareas estrategicas en manos del canciller Bermúdez, quien antes de ser nombrado ministro de exteriores ocupó la embajada de Colombia en Buenos Aires.

En cualquier hipótesis "estamos en el fin del fin", aventura el general Padilla. Su visión de las FARC las sitúa aliándose con el narcotráfico al finalizar la "Guerra Fría" dos décadas atrás. Estima que desde entonces su declive ha sido ineluctable. Ahora, con índices categóricos de rechazo popular, afligidas por la deserción y hostigadas militarmente, su desarticulación como alternativa de poder es irreversible. Sin embargo, imagina que ese fin "será distinto a lo ocurrido en América Central", donde la neutralización militar de los movimientos guerrilleros en Guatemala y El Salvador precedió al pacto pacificador. "Tenemos que reducirlas a su minima expresión para forzarlas a negociar en condiciones que nos convengan", anticipa. Descarta una solución a la Sri Lanka, mediante el aniquilamiento físico individual de todos sus miembros. Estrecha la mano y concluye sonriendo para la foto con el entrevistador: "El pueblo colombiano no lo toleraría, y no vamos a terminar como los militares argentinos que no pueden andar por la calle".

Libra Interpol orden de captura contra Lucía Morett

Ordenan detener a Lucía Morett; el PT advierte que sostendrá su candidatura

SDPnoticias.com/SDP

Morett busca ser legisladora del Partido del Trabajo; sin embargo, Álvaro Uribe pretende evitarlo, al solicitarle a la Interpol, que ordene su detención.
El diario Reforma, reportó que pese a la reciente solicitud de la Interpol de ordenar la captura de la candidata a diputada federal, Lucía Morett, el Partido del Trabajo le dará todo el respaldo jurídico para evitar que sea detenida, después que el viernes la Interpol giró una orden de aprensión en su contra, obedeciendo una solicitud del gobierno colombiano.Al respecto, el representante del PT ante el IFE, Silvano Garay, advirtió que "es nuestra candidata y habrá todo el apoyo jurídico para Lucía Morett por parte del Partido del Trabajo".El representante petista, dijo que antes de que Morett, a quien Colombia acusa de haber realizado actividades terroristas en su país participando con las FARC, sea detenida, se deben de cumplir con todos los requisitos que establece la ley.Cabe recordar que esta orden se da a unas horas de los comicios intermedios en este país.Lucía Morett, quien forma parte del Frente Amplio Progresista que encabeza Andrés Manuel López Obrador, buscará una plurinominal en el PT por la quinta circunscripción.

ESTO MUESTRA EL GRADO DE DESESPERACION DEL FECAL Y SU MAFIA PARA SOSTENERSE EN LOS PILLOS CHINGAO!...recurrir hasta con su colega narco del Uribe.

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 3 de julio (apro).- La Interpol expidió hoy una orden de captura en contra de la mexicana Lucía Morett, la estudiante universitaria que sobrevivió a un ataque del ejército colombiano contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
La orden de captura fue librada por petición del gobierno de Colombia, informó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los servicios de inteligencia colombianos.
En conferencia de prensa, el director del DAS, Felipe Muñoz, explicó que la "notificación roja fue publicada y difundida el día de hoy por la secretaría general de la Interpol"."El DAS, a través de la subdirección de Interpol en Colombia, solicitó la publicación de la notificación roja contra la ciudadana mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, en virtud de una orden de captura expedida" por el juez a pedido de un fiscal de antiterrorismo, indicó.Morett, de 28 años, quien es candidata del Partido del Trabajo a diputada federal, es requerida en Colombia por "concierto para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividad terrorista".La aspirante a diputada federal, quien en caso de triunfar, obtendría fuero constitucional, también es solicitada por la justicia de Ecuador.El 1 de marzo del año pasado, Lucía Morett, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobrevivió junto con dos mujeres colombianas, a un bombardeo del ejército colombiano contra un campamento de las FARC establecido en territorio ecuatoriano. Durante la balacera murieron 25 guerrilleros, entre ellos el número 2 del grupo armado, Raúl Reyes.

Espían en Colombia a opositores de Uribe

BOGOTA, Colombia, 13 de junio (AFP).- La Oposición de Izquierda colombiana denunció este sábado que la Policía realiza espionaje telefónico y seguimientos a sus dirigentes, y lo atribuyó a una estrategia del Gobierno para silenciarlos.El presidente del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Jaime Dussán, dijo que estos hechos ocurren pese al escándalo que envuelve al servicio de inteligencia (DAS) -adscrito a la presidencia- por realizar escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos opositores, periodistas y a otros funcionarios.“Si bien nos han dicho que los equipos del DAS no se están utilizando, nos hemos enterado de que hay equipos de la Policía que se están usando en este momento y que se está ‘chuzando’ (espiando) a miembros de la oposición, a periodistas, a intelectuales”, declaró Dussán a radio Caracol.“Se sigue actuando de manera ilegal por parte del gobierno en esta materia”, añadió el legislador, indicando que es un “mecanismo para presionar a la oposición con el fin de que no se sigan denunciando hechos delictivos por parte de altos funcionarios, miembros del DAS o de la Policía”.Dussán señaló que el caso fue denunciado el viernes ante el procurador general, Alejandro Ordóñez, a quien pidieron abrir una investigación.