Playa Las Cuevitas, en Nayarit.
COMPOSTELA, Nay., 29 de enero (Proceso).- El desarrollo turístico proyectado en esta región, goza del respaldo del gobernador Ney González y de la policía del estado. Representantes de comuneros que fueron desalojados por la fuerza de sus terrenos frente al mar, denuncian que los han amenazado y hasta torturado para que abandonen sus viviendas y los pequeños negocios con los que apenas subsisten. El exdirector del Fideicomiso Bahía de Banderas, Pedro Álvarez Hormaeche, asegura que a todos se les pagó lo destruido y lamenta los “excesos” policiacos.
En medio de la euforia por el turismo y sus ganancias, el gobernador Ney González Sánchez se colocó a la cabeza de un acelerado proceso de privatización de las principales playas de este municipio, que hasta ahora se habían mantenido prácticamente vírgenes.
Hace menos de tres años, el lanzamiento de la marca turística Riviera Nayarit se tradujo en una intensa campaña internacional para atraer inversiones a la entidad. Al mismo tiempo, el gobierno nayarita inició aquí la entrega de grandes extensiones de terrenos a compradores particulares y al Fondo Nacional de Fomento del Turismo (Fonatur) para la construcción de centros turísticos de lujo.
A través del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), que desde 1995 preside el jefe del Ejecutivo estatal en turno, en los últimos años los inversionistas adquirieron predios con frente de playa expropiados a ejidatarios de esta región, por los que pagaron entre 130 y 150 pesos el metro cuadrado y que una vez urbanizados se cotizarán en más de 3 mil pesos el metro.
Por decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, expedido el 18 de noviembre de 1970, ocho ejidos de Bahía de Banderas y Compostela sufrieron la expropiación de 4 mil 136 hectáreas de terrenos costeros, con el fin de destinarlos a desarrollos.
Desde la creación del Fibba, el interés de los inversionistas estuvo enfocado primordialmente hacia las playas de Bahía de Banderas, donde se ubica Puerto Vallarta, Jalisco, pero fue en años recientes cuando se despertó el auge del desarrollo turístico de las costas nayaritas de Compostela.
El 18 de diciembre pasado, al rendir su cuarto informe de gobierno, Ney González presumió que durante 2009 Nayarit ocupó el primer lugar nacional en captación de inversión turística, con 617 millones de dólares, que representan 37% de ese rubro en el país, seguido por Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco y Tamaulipas.
Lo que no dijo fue que su gobierno ha respaldado con la fuerza policiaca a los inversionistas en el desalojo de pobladores asentados en algunos de los predios que se pretenden desarrollar en Compostela, donde viviendas y pequeños restaurantes han sido incendiados o derrumbados con maquinaria pesada, además de avalar la apropiación de caminos públicos y el bloqueo de accesos al mar.
Represión y torturaDe acuerdo con testimonios recabados por Proceso en las comunidades de la zona, los habitantes que opusieron resistencia a los desalojos y al cierre de caminos sufrieron amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta tortura de policías de la entidad.
El caso más grave fue el del pueblo El Monteón, donde en mayo del año pasado policías antimotines y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado golpearon y sometieron con gases lacrimógenos a decenas de lugareños que pretendían llegar a la playa Canalán.
En ese lugar, los empresarios Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney y Juan Cristóbal Bremen Villaseñor adquirieron 25 hectáreas de uso común del ejido, incluyendo el camino original al mar; a cambio, abrieron un acceso alterno por una área pantanosa.
Sergio Montes Virgen, testigo de la represión –de la que existe un video disponible en el sitio de internet YouTube–, recuerda que en el operativo fueron detenidos 12 hombres y cuatro mujeres, a quienes se les consignó bajo varios cargos, entre ellos el de agresión a los policías.
Hermano de una de las víctimas, Montes Virgen denuncia que los detenidos fueron torturados por agentes de la procuraduría para que se autoinculparan y dijeran quién era el líder del movimiento, pero nadie habló. En las semanas siguientes salieron bajo fianza, pero hasta la fecha tienen que ir a firmar al juzgado.
En este pueblo, donde la venta del terreno a los inversionistas fue realizada directamente por el ejido La Peñita de Jaltemba, un grupo de ejidatarios, entre ellos Flavio Gómez Covarrubias, denuncia que la operación se efectuó de manera ilegal, pues se violó el amparo 557/2007, interpuesto contra la regularización del ejido a través del Procede, pues algunos miembros de la mesa directiva y sus allegados se apropiaron para su beneficio particular de terrenos de uso común del ejido, según los argumentos de la demanda.
En un recorrido realizado por las playas Chacala, Boca del Naranjo, Canalán, Punta Raza, Las Cuevitas y El Playón, ubicadas en el municipio de Compostela, el reportero corroboró que la mayor parte de las entradas están actualmente resguardadas por elementos de la procuraduría estatal, del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de empresas de seguridad privada, que controlan el acceso de turistas y lugareños.
Cientos de metros antes de llegar a Boca del Naranjo, donde se encuentra parte de los terrenos vendidos al Fonatur para la construcción del centro turístico El Capomo, hay un retén donde elementos de la procuraduría estatal impiden el paso a los vehículos. A quienes pretenden bajar caminando los interrogan y se registran en una libreta sus nombres, lugar de origen y motivo de la visita. A la orilla del mar, uno de los policías patrulla en una cuatrimoto.
En la zona federal todavía quedan sobre la arena restos de las palapas de los pequeños restaurantes que fueron desalojados el año pasado. No todos recibieron indemnización.
María Reynalda Camacho Peña, habitante de La Lima de Abajo, fue la última en salirse. Denuncia que, ante su resistencia a dejar el negocio con el que sostenía a su familia, su palapa fue incendiada mientras comían ahí unos turistas canadienses.
En el acceso a la playa Las Cuevitas hay un portón que permanece parcialmente cerrado y bajo la vigilancia de varios agentes a bordo de una patrulla del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Su trabajo es tomar nota de cada vehículo que entra al lugar. Un letrero advierte que se trata de una propiedad privada y, con muchas condiciones, establece como horario de acceso a la playa de las 9:00 a las 19:00 horas.
“A nosotros nos robaron”, dice Juan Franco, representante de un grupo de ejidatarios inconformes con las liquidaciones que les pagó el Fibba por las 304 hectáreas de uso común expropiadas al ejido El Capomo: 110 mil pesos por hectárea, apenas 11 pesos el metro cuadrado.
No obstante, de acuerdo con copias de recibos firmados ante la mesa directiva del ejido, cada uno de los 303 ejidatarios recibió, por varios conceptos, un total aproximado de 190 mil pesos.
Juan Franco afirma que el fideicomiso descontó a cada ejidatario una cantidad, que no precisa, para pagar 25 hectáreas a los campesinos que fueron expropiados en la zona de Las Cuevitas. Pero como no se les reintegró ese dinero, consideran que ese predio pertenece al ejido.
Paraíso policiacoBajo un campamento improvisado con palapas, dos agentes de la Policía Estatal custodian permanentemente la entrada a El Playón y con grandes piedras bloquean el paso de vehículos.
Aquí se encuentra el polígono El Playón del Llano, donde, según se registra en un documento obtenido por el reportero, el Fibba planea construir un club de playa con una inversión de 50 millones de pesos.
El presidente de la Asociación de Colonos de El Playón, Javier Torres Landa, también acusa al Fibba de los daños y perjuicios ocasionados en la colonia Paraíso Escondido por la demolición de varias construcciones, bardas e infraestructura hidráulica y sanitaria.
Hasta ahora, en diversos procedimientos jurídicos, el Fibba se ha deslindado de lo ocurrido y, a pesar de que el predio está registrado a su nombre, niega haber colocado la cerca perimetral y haber ordenado la vigilancia y las demoliciones en el área.
Sin embargo, Torres Landa logró que un notario diera fe del momento en que el encargado de la vigilancia por parte de la Policía Estatal, Christian Cardona, dijo que estaban ahí por órdenes del Fibba.
En el crucero de Tonino, una madrugada de diciembre de 2007, policías vestidos de negro se introdujeron a la casa donde César Osvaldo Valle Robles vivía con su esposa y sus dos pequeñas hijas, en un predio ejidal heredado de su padre. Su hermano Alejandro narra que los agentes tuvieron ahí afuera a la familia mientras sacaban los enseres domésticos y los subían a un camión del servicio público. Inmediatamente, trabajadores con maquinaria pesada recibieron la indicación de demoler la casa.
Al día siguiente, César, Alejandro, un sobrino y un cuñado de ellos, así como un abogado, fueron a ver el lugar donde estaba la casa. Elementos de la procuraduría los detuvieron y trasladaron a Tepic. Salieron libres 12 horas más tarde, tras la intervención del senador perredista Francisco Javier Castellón Fonseca.
Alejandro Valle señala que el terreno en disputa tiene una superficie de 16 hectáreas y es reclamado por el Fibba como parte de los predios expropiados en el ejido La Peñita de Jaltemba, pero agrega: “Mi padre murió en 1973 y no sabemos que le hubieran pagado algo, y a nosotros tampoco”.
Hasta el momento, el único proyecto iniciado en la zona es el desarrollo turístico residencial Punta Raza, ubicado en la playa del mismo nombre, sobre una superficie de 293 hectáreas expropiadas al ejido La Peñita de Jaltemba y con una inversión prevista de alrededor de 118 millones de dólares.
Promovido por el grupo empresarial C&C Capital, cuyos socios principales son Héctor Cárdenas y Carlos Brockmann, el proyecto Punta Raza se apropió de alrededor de 2.5 kilómetros de un camino construido por los ejidatarios en la zona federal, acusa Flavio Gómez.
El Instituto de Derecho Ambiental A.C. presentó en octubre pasado una denuncia popular ante la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las irregularidades no paran. En Chacala, el Fibba vendió un polígono de 38 hectáreas a la empresa Promotora Chacala S.A. de C.V., encabezada por el empresario tapatío José Álvaro Martínez de la Peña. Como resultado de la transacción, quedaron cercados con malla ciclónica un camino real utilizado desde tiempos de la Colonia y un tramo de la calle principal del pueblo, que conduce a los dos hoteles más antiguos de la comunidad.
En julio de 2008 fue colocada una cerca de malla ciclónica y fueron desalojados, mediante el pago de indemnizaciones de diversos montos, los propietarios de una veintena de viviendas y pequeños restaurantes asentados frente a la playa. En cuanto salieron, los inmuebles fueron demolidos con maquinaria pesada.
Leobardo Muñoz, un pescador que ha vivido más de 30 años en una parte del terreno, es el único que no ha dejado el lugar porque promovió un juicio de amparo para evitar ser desalojado de la casa en la que vive con su esposa y sus ocho hijos, dos de ellos casados, con sus respectivas familias. Varias veces le han ofrecido dinero para que se vaya, pero él no cede, pese a que le dicen que de todas formas los iban a sacar sin darles indemnización.
Actualmente, dos agentes de seguridad privada controlan el paso de personas y vehículos por esa zona.
Chambas bilingüesMientras las playas de Compostela permanecen semidesiertas, bajo custodia policial, y los poblados costeros resienten los daños ocasionados a sus economías locales por estas medidas, el gobernador pinta un panorama idílico sobre la situación en la Riviera Nayarit, al asegurar que sus paisanos ya no tienen que viajar a Estados Unidos para ganar dólares, pues ahora pueden hacerlo en las costas de su entidad. “Sólo hay que aprender a hablar inglés”, dice.
Según las cifras oficiales, sólo el año pasado se gastaron 105 millones de pesos en la promoción de la Riviera Nayarit. En diciembre, Ney González declaró: “No estamos en oferta, queremos al inversionista que venga a respetar el medio ambiente, que venga a construir con baja densidad, que venga a generar empleo de calidad, es la regla de oro”.
Sin embargo, los resultados de la promoción del desarrollo turístico hasta ahora no son alentadores.
En noviembre de 2008, la organización ambientalista Greenpeace denunció que Nayarit es “víctima del turismo depredador”. Mediante un comunicado, describió:
“Los destinos turísticos de Bahía de Banderas, Rincón de Guayabitos y San Blas, en Nayarit, presentan graves problemas de contaminación, crecimiento irregular, zonas carentes de servicios básicos, invasión de arroyos por asentamientos irregulares, alteración del hábitat de especies de flora y fauna, quema de desechos sólidos en el tiradero de basura a cielo abierto, contaminación de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales y accesos cerrados al mar”.
Laura del Valle y Limes, presidenta de la Alianza para la Protección y Desarrollo de la Costa de Chila, dice que la estrategia del gobierno estatal para desarrollar las playas de Compostela “ha sido del estilo de ‘arrasa y quema’, pues no hemos visto un proceso incluyente, no se ha tomado en cuenta a la gente; por el contrario, el pueblo en general está resintiendo atropellos muy graves”.
La llegada de los nuevos inversionistas del sector turístico, indica, es “una nueva conquista, otro proceso de colonización”, pues las cosas se han hecho con amenazas e imposiciones.
“Los empresarios están construyendo sus desarrollos sobre tierras que eran de campesinos, entonces tienen que incluirlos, pero no sólo como sus mozos o sirvientas con sueldos mínimos, sino respetar a quienes ya tenían negocios y vivían de ahí, conservar sus espacios propios de trabajo y darles el lugar que se merecen”, puntualiza Laura del Valle.
Por su parte, Pedro Álvarez Hormaeche, director del Fibba hasta el 16 de diciembre pasado y ahora magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit, acepta que en algunas playas como Punta Raza, Boca del Naranjo y Chacala, el Fibba y el gobierno del estado participaron en las negociaciones con ejidatarios y prestadores de servicios turísticos para el desalojo de los predios, con el propósito de brindar certeza jurídica a los inversionistas.
Niega que hayan existido presiones, amenazas o intimidación contra las personas para que salieran de los terrenos expropiados y de la zona federal de las playas, pues asegura que se trató de “negociaciones libres, respetuosas y voluntarias” y “a los que se les tumbó algo, ya se les cubrió; se negoció y se les pagó”.
Respecto de la inconformidad por el monto que se dio a cambio de los terrenos expropiados, dice que 21 campesinos del ejido La Peñita de Jaltemba interpusieron juicios de amparo que están en trámite, pero que el resto, junto con los de Las Varas y El Capomo ya recibieron su liquidación completa.
“Es una tristeza –dice en entrevista telefónica– que alguien que haya recibido dinero del Fibba o del gobierno, argumente ahora que ha sido despojado o violentado en sus garantías individuales o en su certeza jurídica, pero no podemos evitar que la gente diga esas cosas para lograr un beneficio.”
Acusa al ejidatario Flavio Gómez, de El Monteón, y a un grupo “muy pequeño” de ejidatarios de traer “esa desazón a la zona, esa incertidumbre que genera su voz constante, después de que cuantas veces se les ha comprobado y puesto en evidencia que su voz no es válida, no es correcta.
“La inconformidad era ilegítima, pero estuvo mal también la forma policiaca, a mi juicio hubo una equivocación en ese sentido. Yo no soy el jefe de la policía ni soy el procurador, sin embargo tampoco quiero ser un juzgador, no soy ni tengo por qué juzgar a nadie”, concluye.
Luis Echeverria y Gustavo Diaz Ordaz
Jefferson Morley durante la entrevista
Playa Las Cuevitas, en Nayarit. 
Imagen del 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.Foto Armando Lenin Salgado 
Exonerado la semana pasada por la justicia mexicana, el expresidente Luis Echeverría Álvarez quedó juzgado para la historia apenas ocurrida la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, ratificó el jueves 26 el argumento con el que la justicia federal llevó las acusaciones contra Echeverría: hubo genocidio aquella noche de Tlatelolco, pero él no fue responsable.El colegiado confirmó el amparo obtenido por el exmandatario desde el 12 de julio de 2007, cuando el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, aseguró que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró “ni una sola prueba” sobre su responsabilidad, pese a sostener que en la plaza de las Tres Culturas sí ocurrió ese delito de lesa humanidad y que éste aún no había prescrito.El criterio predominante en la justicia mexicana fue que no pudo procesar a ningún responsable de aquellos hechos sangrientos porque los acusados estaban muertos –empezando por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz– o la acción penal había prescrito. Más aún, que Echeverría, ahora de 87 años y en ese entonces secretario de Gobernación, “no tuvo nada que ver” en la matanza.Con esta determinación no sólo concluye la prisión domiciliaria a la que Echeverría estuvo sometido desde el 28 de noviembre de 2006, por su probable responsabilidad en esos hechos, sino que prácticamente se terminan las acciones judiciales en su contra.En junio de 2005, la justicia federal también exoneró al exmandatario en definitiva de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada en San Cosme por el grupo paramilitar Los Halcones cuando él era presidente.Con el juicio de la historia a cuestas –ante la que Echeverría pasó como responsable de ambas matanzas–, la ratificación del amparo fue criticada por la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, que hizo ver al gobierno de Felipe Calderón que la impunidad por los delitos del pasado se agrava con el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país.En un comunicado difundido el viernes 27 por la subdirectora para las Américas, Kerrie Howard, AI señaló que el Estado mexicano incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantiza la impunidad.La organización humanitaria, que tiene su sede en Londres, responsabiliza por igual a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial: La exoneración es un síntoma de la incapacidad de los sucesivos gobiernos y procuradores, legislaturas y tribunales de mantener y cumplir los compromisos humanitarios de México.Sin rodeos, Howard estableció: “Los graves abusos cometidos a los derechos humanos en el pasado reciente en México continúan ensombreciendo el presente”.
Añadió: “La negación de la justicia, verdad y reparaciones a las víctimas se repite diariamente, al tiempo que la impunidad por estas violaciones sigue siendo el principal obstáculo para el establecimiento de instituciones de justicia confiables y capaces de mantener los estándares de derechos humanos y de proteger a los ciudadanos”.Howard hizo ver que ese “legado de impunidad e injusticia” florece en el actual clima de violencia e inseguridad que se vive en México.Y responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón de no haber “reconocido ni tratado el legado de violaciones a los derechos humanos. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias”.Las críticas de la representante de AI aludieron a la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo extitular, Ignacio Carrillo Prieto, recientemente se deslindó del fracaso de esa instancia creada ex profeso para investigar y establecer las responsabilidades sobre las graves violaciones a los derechos humanos –torturas, desapariciones y ejecuciones– ocurridas entre los años sesenta y parte de los ochenta, durante el régimen del PRI.
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