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sábado, agosto 13, 2011

Derecho a la salud, un viacrucis

Víctimas de un endémico desabasto de médicos y medicinas, los habitantes de Xochiojca, en la sierra veracruzana de Zongolica, han solicitado por más de 15 años la construcción de un centro de salud en la localidad. Las recurrentes negativas a su petición, así como un falso compromiso de la autoridad han convertido en un viacrucis el goce de un derecho elemental consagrado en la Constitución.

Mayela Sánchez/Rubén Darío Betancourt, fotos/enviados

Xochiojca, Zongolica, Veracruz. Los habitantes de esta comunidad de la sierra están desesperados, pues llevan más de 15 años con una misma petición: que se les habilite un centro de salud.

También están decepcionados: sienten que fueron engañados por la autoridad. Y es que en 2007, afirman, la entonces encargada de la Jurisdicción Sanitaria 7 del estado, Eva Campos, se comprometió a equipar un centro de salud y dotarlo con un médico y medicinas si la comunidad se encargaba de construirlo.

Los pobladores de Xochiojca cumplieron su parte. Gestionaron ante las autoridades municipales los recursos económicos necesarios para la obra, consiguieron el terreno y los materiales para la construcción, la gente contribuyó con faenas y al cabo de siete meses habían levantado el añorado inmueble.

Con la obra prácticamente terminada, las autoridades comunitarias acudieron nuevamente a la Jurisdicción Sanitaria para comunicarle a Campos de sus avances y para que les informase qué había gestionado ella.

La respuesta los dejó pasmados: la encargada les dijo entonces que lo de la unidad médica no podía avanzar porque primero habrían tenido que gestionar el proyecto en la oficina de Planeación de la Secretaría de Salud estatal para ver si era factible.

Ni el reclamo de que ese procedimiento nunca les fue explicado ni el argumento de que el inmueble ya estaba construido persuadieron a la autoridad sanitaria para acceder a equiparlo.

La evasiva fue sencilla, pues la Jurisdicción nunca firmó con las autoridades de Xochiojca un documento que avalara el supuesto compromiso.

“Nosotros nos atrevimos a construir este edificio porque la señora Eva Campos se comprometió a equipar[lo]… Si a nosotros nos hubiera dicho desde un principio ‘saben qué, ni lo hagan porque no va a ser factible’, con eso que nos hubiera dicho”, expresa Francisco Méndez Hernández.

“Yo creo que ella imaginaba: ‘yo les pongo de traba que me hagan el edificio, ¿de dónde van a sacar para hacer el edificio?’”, concibe el exagente municipal y presidente del comité de construcción.

La presencia ocasional de un ingeniero que se hospeda en uno de los desnudos cuartos y el uso que le dan como salón de reuniones a lo que habría de servir como sala de espera es lo único que libra al inmueble del abandono.

Sin embargo, la comunidad se resiste que ése sea su desenlace. En diciembre de 2008, a través de sus autoridades comunitarias, enviaron una carta al entonces diputado federal por el distrito de Zongolica, Pedro Montalvo Gómez, exponiéndole la situación y solicitando su intervención; en mayo de 2009 hicieron lo mismo con la actual diputada federal por el mismo distrito, María Isabel Pérez Santos.

Para junio siguiente, una misiva similar llegó a la oficina del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán. Y el 4 de abril pasado, la situación fue nuevamente planteada al actual gobernador, Javier Duarte Ochoa, quien durante la campaña electoral que lo llevó a la gubernatura, prometió a los veracruzanos que el tema de la salud sería prioritario durante su gobierno.

Los pobladores refieren que en abril pasado, personal de la Secretaría de Salud local estuvo por primera vez en Xochiojca para conocer el inmueble. Nuevamente sin ningún documento de por medio, los funcionarios se comprometieron a darles una respuesta en 15 días. Han pasado ya tres meses.

Sin médicos ni medicinas

“¿De qué nos sirve tener un local si en primera no podemos tener un médico?”, reflexiona Víctor Manuel Porres, habitante de Xochiojca. El cuestionamiento es compartido por otros miembros de la comunidad, que se han congregado para hablar de la falta de atención médica que padecen con vergonzosa habitualidad.

Leer articulo completo AQUI.

domingo, enero 09, 2011

Ebrard: la ignorancia del "mejor" alcalde no disculpa


Un diagnóstico de la Comisión de Población y Desa-rrollo de la Asamblea Le-gislativa del Distrito Federal (ALDF) señala que cuatro de cada 10 capitalinos carecen de acceso a la seguridad social. En dos delegaciones: Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se concentra cerca de 40 por ciento de esa ciudadanía en condiciones de desamparo social.

De los 8 millones 800 mil habitantes de la ciudad de México, 3 millones 700 mil carecen de IMSS, ISSSTE, servicios sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF) o algún otro sistema de protección. El universo descubierto alcanza 43 por ciento; 900 mil personas en Iztapalapa y 500 mil en Gustavo A. Madero.

El diagnóstico de la comisión concluye que el derecho a la salud es un derecho social y su consagración constitucional se convierte en un enunciado retórico si el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta obligación.

El propio secretario de Salud, Armando Ahued, asegura que la crisis económica ha incrementado, hasta 30 por ciento, la demanda de servicios sanitarios. Ha sido preciso, reconoce, levantar tres hospitales y ampliar los horarios de atención: Tenemos sobrecarga de trabajo. Mucha gente que antes recurría a los hospitales privados ahora, con los costos de la atención médica, acude al sector público. Y a pesar del esfuerzo de los médicos no se puede dar atención expedita. Ahued solicitó a la ALDF recursos adicionales (2011) por 5 mil 500 millones de pesos para mantener y desarrollar la infraestructura.

En riesgos de trabajo, el cuadro es asaz sombrío. Descontando la cifra negra del no registro, en el Distrito Federal pueden ocurrir hasta siete muertes mensuales. La falta de cobertura pesa sobre estos dramas. Fallecimientos por hipertensión, diabetes, cánceres vinculados a químicos tóxicos e infartos por estrés, acompañados de padecimientos frecuentes por contacto con diversos agentes del ambiente laboral. Los pequeños establecimientos con maquinaria que demanda grandes tomas de energía se cuentan entre los más expuestos. La higiene y la seguridad en el trabajo es un gran pendiente. Se han relajado las normas, mientras cunde el outsourcing.

Así que –en los 13 años perredistas al frente del GDF– los servicios de salud de Marcelo Ebrard no están, precisamente, ni en el mejor momento ni a la altura de los derechos ciudadanos. Incluso ha ganado presencia el incoherente Seguro Popular (que le atrae recursos a cambio de afiliaciones), aún disponiendo del programa de gratuidad diseñado en la era AMLO.

Ante los retos sanitarios capitalinos, Ebrard ubicó su visión en posiciones abiertamente proempresariales, optando por la ruta menos adecuada: elogiar el diagnóstico de Funsalud y premiar en el Día del Médico a un ¡biomédico!: Guillermo Soberón.

Justo el diagnóstico que impuso, con Fox y Frenk, ese Seguro Popular sumiendo al sector –incluyendo al DF– en la peor situación sanitaria del México moderno. Mismo Seguro que usa abusivamente Calderón para presumir sus compromisos en salud y autocalificar su desempeño como titular del Poder Ejecutivo pregonando la fantástica cobertura universal.

Ebrard cree entender que el sistema de salud está fragmentado y pareciera estar en proceso de extinción para los servidores públicos. Y, sin embargo, se atreve a pontificar que se debe retomar la iniciativa del Dr. Soberón para tener un sistema unitario de salud pública (?)

¿Retomar? Como si esa mendaz iniciativa no hubiera ya engendrado el fraudulento Seguro Popular. Y todavía agregó Ebrard: Hay 12 millones sin acceso a servicios y por ello no debe posponerse una reforma al sector. ¿Doce millones? ¿De qué fuente? ¿A qué reforma se refiere?

Sus declaraciones calzan exactamente con la propuesta calderonista del autocuidado de la salud: En un sistema integral de protección social, sostuvo Ebrard, debemos ubicar a cada persona, saber su edad, de qué ha estado enferma, de qué puede enfermar y conducir a nuestra población hacia el cambio de hábitos alimenticios, al cambio de hábito respecto de su propia salud. Ese es el objetivo.

¡No! Después de diseñar modernas políticas preventivas –que brillan por su ausencia en el DF– el propósito es muy otro. Se trata de brindarle a nuestra población atención médica oportuna resolutiva y de calidad cuando la requiriera. Meta que, ciertamente, hoy por hoy no puede presumir Ebrard.

Hasta los encargados de la Casa del Adolescente del Hospital Materno Infantil Inguarán denunciaron que –en esa misma deslucida conmemoración– Ebrard ignoró olímpicamente ¡sus 20 años de existencia!, cuando anunció la construcción de una clínica para jóvenes, la primera especializada para dicho segmento en la ciudad.

Según Ebrard, México es un país muy desigual en salud. Si la izquierda mexicana quiere llegar por primera vez a la Presidencia debe dejar las amenazas e incorporar a su proyecto a las clases medias. Necesitamos una agenda para este siglo.

Como ya lo hicieron antes –muy cómodamente– los panistas de la alternancia (Fox y Calderón) comprando la agenda soberonista para la reforma de la salud y la seguridad social, ¿ahora también Ebrard la presentará como suya para no tener que esforzarse mayormente en el asunto?

Lo que constituye una auténtica amenaza para la salud de los capitalinos (y del país) es el programa soberonista de Funsalud que Ebrard enarbola cómodamente frente al reto de erguir su agenda. Justamente, la que necesitamos para este siglo y a la altura del reformista pragmático reconocido como el alcalde del mundo.

Pero su ignorancia no admite disculpa. Será oportunamente penalizada en la liza electoral.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

sábado, noviembre 13, 2010

El Botín

El Botín

Caso IMSS llega a la Cofeco

La Redacción

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- A petición del IMSS, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) analizará el caso que involucra a dos ejecutivos de los laboratorios Stendhal en presuntos actos de corrupción con el área de licitaciones del Seguro Social, para determinar si éstos violaron la Ley General de Competencia.

Sin hacer juicio alguno sobre los hechos, el organismo indicó que el tema “se ha hecho del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia a fin de que ésta determine si existe violación a la Ley General en la materia”.

Detalló que la grabación hecha pública corresponde a una “conversación entre particulares” en la que se habla de una licitación.

El comunicado del instituto se limita a informar que puso el tema en conocimiento de la CFC, pero no detalla de qué licitación se hablaba, ni quiénes participaron en la conversación.

El IMSS informó el miércoles pasado, en otro comunicado, que tomó conocimiento de la grabación de origen anónimo difundida en el noticiero de Televisa con Joaquín López Dóriga.

El miércoles por la mañana el IMSS reportó que “estos hechos motivaron que el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, suspendiera a César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”.

A Mora Eguiarte se le señala presuntamente en los contenidos de la grabación. En ese sentido en su momento el IMSS informó que la suspensión tuvo la finalidad “de facilitar las indagaciones sobre la naturaleza de esos hechos y probables irregularidades”.

miércoles, octubre 27, 2010

La “Ley Simi”

Alejandro Encinas Rodríguez

Nadie puede negar el serio problema de abasto de medicamentos en el IMSS ni la profunda inconformidad de los derechohabientes por no gozar del abasto oportuno de las medicinas que requiere su tratamiento médico. Esta es una realidad urgente que hay que atender pues ningún trabajador que cotice a ese Instituto ni sus familias, deben quedar sin la adecuada atención médica y medicamentos de calidad.

Sin embargo la reforma, que se quiere imponer en el Congreso de la Unión para “resolver” este problema mediante la entrega de un vale canjeable en farmacias privadas, es una falsa solución, que además de generar mayores dificultades financieras y operativas en el propio Instituto; encubre un gran negocio a favor de las cadenas farmacéuticas e inicia la privatización de la institución más importante de seguridad social de nuestro país.

La iniciativa, conocida ya como la “Ley Simi”, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el “dictamen” no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el “dictamen” omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.

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domingo, agosto 15, 2010

Desde Venezuela: Tres mentiras y tres verdades sobre Cuba

Con el tema eléctrico, la oposición venezolana ha vuelto a demostrar cuán lejos puede llegar en su síndrome de “negacionitis”. Bastaron 24 horas de visita en Venezuela del Ministro de Informática y Comunicaciones cubano Ramiro Valdés, para que se inflamara el coro periodístico de los medios privados contra la Isla y su Revolución. Han dicho de todo: desde que Valdés vino a dirigir el sistema eléctrico (un absurdo que debió provocar carcajadas en el mismísimo Alí Rodríguez Araque), hasta que fue convocado por Venezuela para censurar Internet (argumento todavía más risible, en un país repleto de infocentros, con 77 de cada 100 personas conectadas a la red).

Publicado por Patria Grande, Venezuela

Una vez más, quienes practican como deporte el oficio de negarlo todo asumen a Cuba como blanco, pero en el fondo apuntan más allá. A la oposición le revuelve el estómago que Venezuela haya cambiado la orientación de su brújula. En lugar de implorarle soluciones al Norte (algunos tiburones trasnacionales habrían hecho las delicias con la actual situación del Guri), la Revolución bolivariana ha encontrado en sus propios técnicos, junto a brasileños, argentinos y cubanos, una vía para enfrentar de conjunto uno de sus principales desafíos.

En el caso específico de los cubanos, se trata de especialistas que visitaron, sin alarde ni rimbombancia mediática, algunos estados del país, a fin de identificar acciones de colaboración allí donde Cuba acumula una mayor experiencia: la instalación de grupos electrógenos para descentralizar la generación y distribución de electricidad, y las políticas para el ahorro y uso eficiente de la energía.

Pero para los enfermos de “negacionitis” no vale ninguna explicación. Se les hace la boca agua con cualquier pretexto útil para saborear una de sus tesis más apetecidas: la supuesta cubanización de Venezuela. Así lo confirma la prensa privada de los últimos días, con argumentos que, aunque sea brevemente, valdría la pena detenerse a desmontar:

1. El sistema eléctrico de la Isla, siendo supuestamente uno de los más atrasados de la región, es la causa de apagones interminables y, por ende, no sirve como referente de soluciones a Venezuela.

Desde mayo de 2006, Cuba está exenta de apagones, como resultado de la aplicación de una Revolución energética que logró compensar los desequilibrios entre demanda y oferta de electricidad.

Ciertamente, los años más duros del llamado Periodo Especial trajeron consigo drásticos cortes eléctricos en la Isla, pero la crisis de generación logró solventarse progresivamente con la sustitución de equipos electrodomésticos ineficientes, el cambio de bombillos incandescentes por ahorradores, la instalación de grupos electrógenos capaces de generar más de 2000 MegaWatts y la exploración cada vez más sistemática de fuentes alternativas de energía, entre otras medidas.

Otro logro de la Revolución energética tiene que ver con la reducción de pérdidas en la trasmisión y distribución de electricidad. A través del cambio de medidores, la solución a problemas de bajo voltaje y la rehabilitación de las redes eléctricas, la Isla rebajó las pérdidas de distribución hasta menos de un 15%, muy por debajo de lo conseguido por muchos países de América Latina, incluido Venezuela.

2. Cualquier ayuda procedente de Cuba se inscribe dentro de un presunto modelo “neocolonizador”, que encubriría sus propósitos de tutelaje tras una fachada de solidaridad.

Uno de los argumentos más ridículos al respecto fue esgrimido nada menos que por Antonio Pasquali, quien llegó a denunciar en un programa de televisión un “chip controlador”, supuestamente colocado por cubanos en tarjetas electrónicas.

La lógica de Pasquali, tal vez influida por una fase aguda de “negacionitis”, es la misma que ve detrás de cada médico cubano a un espía, en los instructores de arte de la Isla a torturadores disfrazados, en las medicinas suministradas por Barrio Adentro instrumentos para practicar auténticos lavados de cerebro.

Nada de lo anterior extraña. Que un país como Cuba haya llegado tan lejos en las propias narices de los Estados Unidos, aún en medio de los daños multimillonarios provocados por el bloqueo, solo puede explicarse validando las potencialidades de su proyecto socialista.

Y sería mucho pedirle a quienes padecen “negacionitis”. Para ellos, no tienen ningún significado los miles de médicos cubanos que prestan sus servicios en acto de solidaridad por el mundo. Ni la calidad del sistema educativo de la Isla, que garantiza, por ejemplo, un puesto laboral seguro a la totalidad de los egresados universitarios. Ni quienes, desde el ámbito deportivo, ubican a la nación caribeña en la vanguardia de certámenes olímpicos y mundiales. Como si pudieran formarse deportistas, artistas, educadores, intelectuales y médicos por arte de magia, y no como resultado de políticas proporcionalmente mucho más ambiciosas que los recursos disponibles para la pequeña Isla.

En realidad, las relaciones entre Venezuela y Cuba han saltado al siglo XXI como referente de eso que llaman “otro mundo posible”. Nada tienen que ver con tratados caducos de libre comercio, ni con el rígido pragmatismo impuesto por el Dios mercado. Es solidaridad equitativa entre hermanos, que se unen incluso para ayudar a terceros. Si no que lo diga, por citar un ejemplo reciente, el pueblo de Haití.

¿Que Venezuela vende a Cuba petróleo a precios preferenciales? Es cierto. Pero la Isla le reciproca con servicios antaño inasequibles para los más necesitados. Solo un dato: hasta el 5 de febrero de 2010, habían recibido atención médica en Cuba -incluidas costosas operaciones quirúrgicas– 22 mil 962 pacientes venezolanos, quienes, en su mayoría, viajaron a la Isla junto a un familiar acompañante. En todos los casos, la transportación, el hospedaje, la alimentación y, por supuesto, el tratamiento de salud, fueron gratis.

3. El modelo cubano es hijo de una filosofía de pensamiento único, cuyas recetas se pretenderían traspasar a Venezuela.

Este es uno de los argumentos más trillados, y por eso mismo, uno de los más sintomáticos de estupidez. Tanto adjetivo demonizador se ha pronunciado contra Cuba, que algunos, lastimosamente, terminan privándose de la posibilidad de entenderla como un país normal.

Cierto que el bloqueo ha dejado su impronta negativa en la Isla, pero los cubanos son expertos en buscar soluciones ingeniosas y se las arreglan para exhibir indicadores de salud, educación y cultura todavía soñados en América Latina.

Al desandar sus calles, uno siente cómo va deshaciéndose la maleta de prejuicios que carga encima. Las principales avenidas, como regla desiertas de policías, contradicen frontalmente el supuesto del Estado represor. Hay orden, pero no a costa de balas de caucho, gases lacrimógenos o chorros de agua. Los tiroteos y muertos de antaño sobreviven en el recuerdo de los más viejos, pero contrastan con el sosiego de jóvenes que, aún después de medianoche, se aferran al aire de mar permanentemente provisto por el Malecón de La Habana.

La invocada vigilancia del Estado totalitario, presuntamente omnipresente, se estrella contra el hecho de que los cubanos comentan y se cuestionan todo con absoluta libertad. Cada habitante de la Isla se cree con las claves para arreglar el mundo y perfeccionar su socialismo, porque la política en Cuba se concibe como espacio para la argumentación y no para la sumisión ideológica.

Ese es el espíritu que prevalece también en las universidades, convertidas con la Revolución en verdaderos hervideros de ideas. El ingenuo visitante esperará encontrar alumnos disciplinados en las doctrinas de Marx, Engels y Lenin, pero tropezará asombrado con una especie de sancocho filosófico dentro de los planes de estudio: desde las creativas interpretaciones del marxismo de Antonio Gramsci, pasando por las teorías sobre el poder de Michel Foucault, hasta los escritos sociológicos más recientes de Pierre Bourdieu. Es hasta posible que en las facultades cubanas de Ciencias Políticas se dedique menos tiempo a estudiar el pensamiento socialista, que a hurgar en los clásicos del liberalismo burgués.

¿Cómo analizarían tales hechos los enfermos de negacionitis? Seguramente como hasta ahora: pasándoles por encima con sus aplanadoras mediáticas. Para ellos, demonizar a Cuba es un negocio rentable en tanto permite demonizar también a Venezuela y, por extensión, al Presidente Chávez.

Pero no alcanzan a calcular que, más tarde o más temprano, la realidad se impone. Aún con 50 años de bloqueo, Cuba saca fuerzas para sobreponerse a sus problemas y andar por el mundo crecientemente acompañada.

Venezuela, por su parte, apuesta a un socialismo del siglo XXI cuyo solo nombramiento sugiere diferencias respecto a la praxis que le antecedió. La Revolución bolivariana -cada vez más revolucionaria y menos vulnerable a tentaciones reformistas- va fundando a su paso lo que debe ser fundado: por aquí las misiones, por allá las comunas, por todas partes un nuevo sentido de la vida, aunque los enfermos de negacionitis sigan negándolo todo, sin darse cuenta de que, por ese camino, terminarán negándose a sí mismos.

martes, mayo 26, 2009

Atención médica de elite para 96 mil burócratas



Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén del servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos –derechohabientes o no– que a duras penas obtienen este beneficio constitucional
En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios.
Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrenta a un servicio deplorable.
El Sistema Nacional de Salud es una quimera para la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).
La PEA en México es de 42.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social: 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), más sus respectivos derechohabientes. El 50 por ciento de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.
Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben atención médica en un sistema donde las mujeres mueren por parto, los hombres de diabetes, los niños por un resfriado, y cualquiera por descuido o negligencia. Es el rostro de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencias y maltrato.
Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema –integrado por el ISSSTE, IMSS, ISSFAM y Pemex–, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, habitación privada, love set, teléfono y televisor con control remoto, dieta saludable y una confortable cama para la familia. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Eso queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.
Por el servicio de salud que se recibe se califica el tipo de ciudadano que se es en México, dice el legislador Joaquín de los Santos Molina, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
“Hay mexicanos de primera y de segunda. Quizá el Ejecutivo quiera revestir de legalidad que a sus funcionarios les contrate servicios de salud privados, pero es completamente inmoral, sobre todo porque es el gobierno quien impone ese trato a los mexicanos, cuando el ejemplo que debía dar es la igualdad, es decir, mandar a sus funcionarios públicos a recibir atención pública”, dice el legislador.
Prebenda presidencial
De acuerdo con el Manual de percepciones de la administración pública federal, es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace. Para su gestión “en un marco de austeridad y transparencia”, Felipe Calderón autorizó cuatro seguros: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente, y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados.
Con ello dio continuidad a la prebenda de Vicente Fox para que la burocracia evitara el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal”.
La SHCP contrató el seguro con la trasnacional Metlife en marzo de 2008, por 1 mil 304 millones 347 mil 826 pesos, es decir, unos 80 millones de pesos mensuales, vigente para el periodo del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.
Los beneficiados son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos, 7 mil 86 padres.
En total, 263 mil 391 asegurados. La póliza cubre el diagnóstico y tratamiento médico, cirugía, hospitalización y rehabilitación. El esquema no sólo impacta a las finanzas públicas, sino al sistema de salud pública, que también contempla a este segmento privilegiado como derechohabientes.
Proporcionalmente, el servicio médico de cada funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos costaría a los contribuyentes 303 pesos diarios, pero para Metlife, todos tienen un valor distinto: la salud de un secretario de Estado y cada uno de sus beneficiarios cuesta 333 salarios mínimos mensuales por persona (unos 18 mil 248 pesos). Es decir, la póliza mensual de cada secretario (y cada uno de sus familiares) cuesta a los contribuyentes lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo. Hay 107 asegurados en esta modalidad.
La salud de un subsecretario cuesta 295 salarios mínimos mensuales, lo mismo que su cónyuge y cada uno de sus hijos, así como los oficiales mayores, jefes de unidad, y sus respectivas familias, es decir unas 1 mil 709 personas.
La atención médica de los directores generales cuesta 259 salarios mínimos mensuales (4 mil 452 personas); sus adjuntos, 222 salarios (entre funcionarios y derechohabientes suman 5 mil 154 beneficiarios); directores de área, 185 salarios (19 mil 956 beneficiarios); sus subordinados directos, 148 salarios (con sus derechohabientes suman 51 mil 969 beneficiarios); los jefes de departamento, 111 salarios (funcionarios y derechohabientes, 64 mil 817); el personal de enlace, 74 salarios (funcionarios y derechohabientes, 115 mil 227).
El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder. Por ejemplo, en las bases, Hacienda le estipula que la empresa contratada debía integrar un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a Metlife que incluyera al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del expresidente Fox.
En unas semanas se licitará la renovación del seguro de gastos médicos mayores (que concluye en septiembre de 2009) y varias compañías preparan ya sus propuestas.
“En un momento en que el país está en crisis, debe haber congruencia de los altos funcionarios. Los nueve años del régimen panista se han caracterizado por la poca preocupación por el ahorro y la austeridad, es decir, no son gobiernos austeros, ni que se hayan preocupado en recortar salarios, ajustarlos un poco a la baja, por el contrario, se ha incrementado el gasto corriente, se han incrementado los privilegios, y una de las expresiones es el sistema de salud privado del que disfrutan”, señala Sergio Aguayo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Joaquín de los Santos, miembro de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, dice que debe eliminarse esta prebenda. Critica: “No es posible que Hacienda autorice este gasto cuando el país está en recesión; pero además, ante la displicencia de esa secretaría, las dependencias rembolsan a sus funcionarios hasta lo que gastan en aspirinas, cuando ese presupuesto debía destinarlo a suministrar medicamentos en el sector público, sobre todo en las clínicas rurales donde no hay nada, lo que he confirmado personalmente”.
El trato preferencial que el presidente hace en materia de salud atenta contra las políticas públicas, considera Clara Jusidman Rapoport, miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En entrevista, analiza que las disparidades en la atención de la salud de cada uno de los mexicanos “contribuyen a profundizar la desigualdad social”.
“Por intereses de diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el gremio médico, el grupo de poder político del sector salud y los grupos conservadores y neoliberales, hemos mantenido un sistema de salud segmentado: salud para ricos, salud para clases medias, salud para trabajadores y sus familias, salud para población pobre y población excluida de todo los servicios”, detalla la también presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social.
En 2003, Jusidman fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó el análisis del derecho a la salud –estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se trata, asegura la investigadora del Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, de uno de los derechos más vulnerados a las clases pobres del país. Tal situación, “hace que cada vez más las clases medias y altas, entre las que se encuentran los servidores públicos, se alejen de los servicios públicos de salud y acudan a los privados y por lo tanto se profundice el papel que la provisión de salud tiene en aumentar la desigualdad y ciudadanías diferenciadas”.
Salud de elite
Si bien los funcionarios del gobierno de Calderón no gozan de óptima salud –revela la siniestralidad del contrato Metlife–, con la prebenda presidencial se atienden con especialistas en todas las ramas de la medicina. En contraste, los usuarios del IMSS o el ISSSTE esperan en promedio seis meses para que los diagnostique un especialista, señalan las quejas ante los órganos internos de control en ambos servicios a las que tuvo acceso Contralínea.

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