PEMEX: 16 firmas compiten en Chicontepec

Pemex anuncia licitación en Chicontepec
*Las empresas buscan ganar contratos integrales de exploración y producción de Pemex; el *próximo 11 de julio las compañías elegidas presentarán su propuesta económica.
*La licitación incluye seis áreas contractuales para la realización de los trabajos.
*La firma adjudicará seis bloques del campo en julio de 2013 a través de contratos incentivados


CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que un total de 16 empresas participarán en la fase final de la licitación de Contratos Integrales de Exploración y Producción en Chicontepec.
En su cuenta de Twitter, la paraestatal expone que dicha licitación incluye seis áreas contractuales para la realización de los trabajos: Amatitlán, Soledad, Humapa, Miquetla, Miahuapan y Pitepec.
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IMSS, ISSSTE, Salud… el botín de Calderón

Álvaro Cepeda Neri *

Se creía que con el priísmo (fundado sobre las ruinas del Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana) la corrupción, es decir, el saqueo a los ingresos de las secretarías y empresas descentralizadas, había llegado a su máxima expresión por las raterías de los funcionarios de la élite, más sus grupos depredadores. Y que con el arribo de los panistas, con sus proclamas de honradez (que siguen confundiendo con honestidad, que no es lo mismo) y su moral más católica que cristiana, las instituciones supuestamente entrarían en un período de manejo transparente de rendición de cuentas.

Las cosas sólo empeoraron: Calderón y los suyos llegaron al presidencialismo, a las gubernaturas, presidencias municipales, a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de Salud (Ssa), la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, para que nuevos y sedientos derechistas religiosos se enriquecieran a manos llenas. Roban, delinquen, abusan de su autoridad, usan indebidamente sus atribuciones y facultades, además del tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En suma, los panistas están en la mira del Código Penal Federal y del título cuarto de la Constitución “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, y su respectiva ley reglamentaria.

El mismo Instituto Federal Electoral fue botín para investir a Calderón. Elba Esther Gordillo nombró a su presidente y éste por órdenes de ella, se adelantó para declarar vencedor a Calderón, en una maniobra que, con palabras del mismo Ugalde, fue “la corrupción política [que] es el abuso de la autoridad pública para un beneficio…” del Partido Acción Nacional (PAN)-Calderón, quien cínicamente afirmó que su triunfo reunió los requisitos del “haiga sido como haiga sido”. Si el triunfo de Salinas frente a Cárdenas en 1988 fue dudoso, más lo fue, para cargar desde entonces la ilegitimidad, la cuestionadísima victoria pírrica de Calderón sobre López Obrador. En una entrevista con León Krauze, Calderón afirmó que el ISSSTE, el IMSS y la Lotería Nacional no eran un botín.

Pero a partir del sexenio sobre todo de López Portillo hasta rematar con Calderón, éstas han sido objeto de saqueos, cajas chicas del presidente en turno y de los directores de esas instituciones, a las que ahora deben incluirse Pronósticos Deportivos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –desde Sánchez Vite a la insaciable Gordillo, la de las componendas con Fox y Calderón–. Actualmente una mafia de varios grupos de un cártel surtidor de medicinas, coludidos con funcionarios de la Ssa, el ISSSTE y el IMSS, son los saqueadores con la participación de los directores y el secretario del ramo, como es el caso de Daniel Karam, quien sólo es un adorno en el IMSS, tras el periodo de Molinar Horcasitas, cuando se descubrió el atraco de los laboratorios.

Calderón no ha tenido, por su mal gobierno y administración abandonada, cuidado en el nombramiento de sus amigos en los cargos públicos. Y permite que su cómplice Elba Esther Gordillo le designe a bribones en las instituciones que le regaló en pago por los apoyos y favores para su campaña electoral, y por continuar su mutuo encubrimiento en la rapiña. Acepta que Fox le “heredó” acuerdos políticos pactados desde entonces. “Y evidentemente hubo acuerdos. Ella planteó exigencias de participación en el gobierno que, coincido, no deben asombrar a nadie. Me parece que forma parte de la política en el sentido de preservar las posiciones afines a ésta en la administración pública […]. Yo creo que la política es para eso; no es un reparto de cuotas ni de botín”.

Obviamente Calderón no es ingenuo ni tonto, aunque lo parezca, y como trofeo para el robo es que le entregó el ISSSTE, la Lotería Nacional, Seguridad Pública, el SNTE y cientos de plazas (la de su yerno en Educación Pública) en las dependencias. Sabía Calderón de antemano que la Maestra no es una blanca paloma, sino un buitre dispuesto a llevarse a los que le pongan enfrente como despojos para su patrimonio, ya que ella es dueña de todo lo que tiene bajo su férreo y autoritario control.

Egresada de la “escuela” de Jonguitud Barrios y posgraduada con Salinas y su padrino Manuel Camacho (enlace entre López Obrador y Ebrard), supo aprovechar sus complicidades con Fox y Calderón con quienes tuvo tratos dentro de la política del PAN, consistente en dar cargos gubernamentales a cambio de apoyo. El toma y daca con Gordillo fue para que realizara sus arriendos. Pero Calderón quiere lavarse las manos con base en que el IMSS, el ISSSTE, Pronósticos Deportivos, la Ssa y la Lotería Nacional no son un botín, cuando los funcionarios y las mafias comerciales de ventas de medicinas y demás bienes saquean esas instituciones con una corrupción que ya superó a la del antiguo régimen. Los panistas, sus empresarios, sus socios –como Elba Esther Gordillo– y sus sicarios están robando como nunca antes. El PAN es el semillero del foxismo y del calderonismo.

*Periodista

Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011

El primo incómodo de Suárez Coppel

La Secretaría de la Función Pública investiga un supuesto conflicto de intereses en Petróleos Mexicanos que involucraría a Juan José Suárez Coppel y su primo José Alfredo Coppel Salcido, propietario de Global Drilling Fluids de México. A solicitud del director de la paraestatal, se auditarán cuatro contratos de Pemex Exploración y Producción con esa compañía, por más de 1 mil 350 millones de pesos; además, se revisarán las “gestiones” que Coppel Salcido haría ante esa misma subsidiaria a favor de empresas en quiebra técnica. A Suárez Coppel le preocupa tanto este caso, que ya se reunió con el secretario Vega Casillas para “explicarle” la “legalidad” de las contrataciones.

Nancy Flores

A Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), le preocupa su relación familiar con el propietario de Global Drilling Fluids de México. Tanto, que a inicios de julio de 2011 se reunió con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para explicarle que los contratos que su primo José Alfredo Coppel Salcido ha obtenido en Pemex Exploración y Producción (PEP) son “lícitos, transparentes y apegados a derecho”.

Eso, sin embargo, no es lo mismo que piensan los ejecutivos de algunas trasnacionales y los dueños de compañías mexicanas, inconformes con los procesos de adjudicación que ha ganado la pequeña empresa a lo largo de 2010. El aumento de las quejas y la publicación de notas y columnas periodísticas al respecto han obligado a Suárez Coppel a solicitar una exoneración formal.

De acuerdo con el oficio DG-176/2011 –del que Contralínea posee copia–, el pasado 4 de julio el director de la paraestatal más importante de México solicitó al contralor Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez que revise los actos denunciados. Las investigaciones de la contraloría federal alcanzarán tres contratos y un convenio modificatorio que involucran 1 mil 351 millones 875 mil 932 pesos, firmados entre febrero y noviembre de 2010, consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

“Me refiero a las notas periodísticas publicadas en días pasados, las cuales anexo para pronta referencia, en las que se comenta que la empresa Global Drilling Fluids de México, SA de CV, presuntamente controla las licitaciones de Pemex Exploración y Producción en el Área Marina.

“Por lo anterior, le solicito que el Órgano Interno de Control a su digno cargo investigue, en el ámbito de su competencia, sobre los hechos ahí relatados; en particular, respecto de los procedimientos licitatorios a que hacen referencia dichas notas, para que se proceda, en su caso, conforme a lo que establece el marco legal aplicable”, indica la comunicación del director general de Pemex, girada con copia a Vega Casillas.

Además de las tres licitaciones, sus contratos y el convenio modificatorio, el contralor Ramírez Rodríguez podría auditar las supuestas gestiones que Coppel Salcido realizaría a favor de empresas en quiebra técnica, según denuncian representantes de las trasnacionales inconformes.

Estos trabajos de “gestoría” habrían conseguido que la subsidiaria PEP ya “rescatara” las finanzas de algunas compañías vía asignación de contratos multimillonarios, aseguran a este semanario fuentes de primer nivel del gobierno federal que solicitan el anonimato por no estar autorizadas a informar.

El supuesto conflicto de intereses que involucraría a Suárez Coppel y a Coppel Salcido fue dado a conocer el pasado 24 de marzo por el reportero Alejandro del Río, en el periódico digital Entérate Tabasco. No obstante, fue hasta inicios de julio cuando el director de la paraestatal solicitó abrir una investigación y habló directamente con Vega Casillas sobre este caso.

Consultada al respecto, Pemex informa a Contralínea que la relación de su director Suárez Coppel con el accionista de Global Drilling Fluids “es de un parentesco muy lejano, y entre ellos no existe relación actual”.

Agrega que la empresa que dirige Coppel Salcido ha trabajado para Pemex desde 2003. Destaca que “en los últimos cinco años, Pemex Exploración y Producción ha realizado un promedio de más de 2 mil 500 contratos anuales y Global Drillings Fluids ha recibido, en este lapso, un total de cinco contratos; es decir, uno por año en promedio”.

Contratos cuestionados

Tras la solicitud de Suárez Coppel al contralor en Pemex, la Función Pública inició la investigación de tres contratos y un convenio modificatorio de monto entre Exploración y Producción y Global Drillings Fluids de México, por el posible conflicto de intereses y tráfico de influencias. Se trata de las contrataciones 423020819, 423020808, 423010800 y 423026803.

Esa última fue asignada el 24 de octubre de 2006, pero diversas modificaciones le permitieron mantenerse vigente hasta el año pasado. Este contrato no sólo destaca por las ampliaciones de tiempo, sino también de costo: es el más oneroso que revisará en breve el Órgano Interno de Control, según se desprende del Portal de Obligaciones de Transparencia.

Información de la filial –actualmente dirigida por Carlos Arnoldo Morales Gil– revela que el monto original del contrato, por 164 millones 636 mil 451 pesos, fue modificado en cinco ocasiones hasta alcanzar los 612 millones 491 mil 28 pesos.

El sexto convenio modificatorio de monto se firmó el 28 de febrero de 2010, cuando Suárez Coppel llevaba ya seis meses al frente de la paraestatal petrolera. Y aunque éste ascendió a 160 millones 354 mil 421 pesos, la Secretaría de la Función Pública estará en posibilidades de auditar la historia global de esa contratación; es decir, los más de 600 millones de pesos.

Dicho contrato fue celebrado por la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, tras la realización de una licitación pública internacional, y tuvo como objeto realizar un trabajo integral de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete I. Aunque la fecha de terminación se pactó originalmente para el 21 de octubre de 2008, ésta se amplió hasta 2010.

Por importancia de monto le sigue el contrato 423010800, signado por la misma unidad administrativa y Global Drillings Fluids el 4 de febrero de 2010. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, éste compromete recursos públicos por 294 millones 904 mil 331 pesos.

El objeto es muy similar al contrato anterior: realizar trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete IV.

Otro contrato que será auditado en los próximos días es el 423020808, para los trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete V. Firmado el 29 de abril de 2010 y con vigencia al 31 de diciembre de 2012, éste implica 284 millones 720 mil 303 pesos.

El cuarto contrato es el 423020819, para los trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete VII. Firmado el 12 de noviembre de 2010, su monto asciende a 159 millones 760 mil 268 pesos.

Antecedentes empresariales

Ésta no es la primera vez que la contratista Global Drillings Fluids de México es investigada por supuestas irregularidades. De acuerdo con información de Alejandro del Río, publicada el 21 de junio pasado en el diario Tabasco Hoy, en 2005 dicha empresa fue sancionada e inhabilitada por falsear información para ganar un concurso público en la paraestatal, pero un juez le otorgó un amparo y la inhabilitación quedó suspendida.

Esta historia la narra la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006: “En enero de 2005 se presentó una denuncia anónima ante el Órgano Interno de Control por la presunta falsificación de documentación que se integró al contrato adjudicado [500NT10613]”.

La contraloría abrió el expediente CI-S-PEP-001/2005 y resolvió que la denuncia era cierta. El 31 de mayo de 2005, en el Diario oficial de la federación, la Función Pública emitió la circular OIC-PEP-AR-18.575.0024/2005. En ésta, pedía a la Procuraduría General de la República, las entidades de la administración pública y las entidades federativas que “se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresas Global Drilling Fluids de México, SA de CV, y Ambar Mexicana, SA de CV, por un plazo de seis meses”. Ambas compañías, asociadas en el contrato 500NT10613.

Sin embargo, detalla el reporte de la Auditoría Superior, “las empresas presentaron el juicio de amparo 948/2005 en contra de la resolución dictada el 24 de junio de 2005”. Esto motivó que, el 3 de agosto de 2005, la Función Pública emitiera la circular CI-S-PEP-013/2005, para modificar el plazo de la inhabilitación a sólo tres meses.

“El 25 de enero de 2006, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al revisar el amparo RA-23/2006, confirmó la sentencia emitida el 10 de noviembre de 2005 por el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 948/2005”, a favor de Global Drilling Fluids y Ambar Mexicana.

En su nota –incluida en el anexo que envió el actual director de Pemex al contralor Ramírez Rodríguez–, Alejandro del Río destaca que durante la primera etapa de Suárez Coppel, como director de Finanzas de la petrolera estatal, Global Drilling Fluids de México ganó contratos por más de 2 mil 607 millones de pesos.

“En 2003, a meses de su constitución legal, se le asignó el contrato 413053818 por el servicio integral de fluidos de perforación para los pozos a perforar, terminar y reparar de la Región Marina Noreste, contrato firmado el 11 de junio de ese año por 782 millones 668 mil 774 pesos”.

El reporte periodístico agrega que, para 2006, la firma ahora bajo escrutinio volvió a ganar dos contratos que involucraron, en total, 1 mil 209 millones 982 mil 939 pesos.

Dar CLICK en los recuadros para ampliar la imagen:

[TEXTO PARA TWITTER: Conflicto de interés en Pemex: 4 contratos millonarios a primo del directo Suárez Coppel]

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011

Televisoras y Telmex, la guerra sucia

Carlos Slim, empresario.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 8 de marzo (apro).- Una mujer joven, al borde un ataque de nervios de interconexión, arroja su bolso en su cocina. Está molesta por el alto cobro de las tarifas que cobran Telmex y “su filial” Telcel. Muestra a la cámara un teléfono celular y uno fijo. La voz en off dice que en México pagamos tarifas de telefonía más caras que en Francia. Y para ilustrar a los ignorantes televidentes, aparece un joven paseando a un perrito, con acento francés que dice lo mismo. También una pareja de oficinistas se quejan por las altas tarifas de interconexión.

Sólo les faltó decir "Telmex-Telcel, un peligro para México", a tono con los mensajes de la guerra sucia del 2006.

Al final del spot nos enteramos que es de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), un organismo que nunca ha pagado anuncios en horarios de alta audiencia en la televisión comercial. Más bien se trata del parapeto corporativo para que Televisa y su socia TV Azteca se lancen a esta guerra de desplegados y de spots en contra de Carlos Slim.

Nunca se preocuparon antes por las tarifas telefónicas. Es más, nunca le han informado a sus propios agremiados que iban a emprender este tipo de campañas y a los abonados de la televisión restringida jamás les han hablado de temas poco cómodos para las televisoras, especialmente para Televisa, como el must offer y el must carrier.

Es evidente que esta campaña de spots sustituye a los anuncios que Telcel-Telmex suspendieron desde febrero en los canales de Televisa y de TV Azteca, en represalia por diferendos corporativos que ninguna autoridad es capaz de resolver.

Telmex no se ha quedado manca. Ya pagó en páginas de periódicos, y en sitios web, una frase que aparece ahora en todos lados: “Duopolio televisivo ataca para evitar competencia en TV: Telmex”.

Incluso Telmex comienza a hablar en el lenguaje de legisladores como el panista Javier Corral, quien durante años peleó contra el duopolio televisivo sin que Carlos Slim ni ninguna de sus empresas se dedicara a replicar su mensaje.

Otro mensaje de la empresa telefónica, emitido en la tarde de este 8 de marzo, teoriza: "Duopolio televisivo confunde libertad de expresión con libertad de presión: Telmex".

La guerra sucia es una guerra de desplegados periodísticos. La empresa Bestel, filial de Televisa en telefonía, pagó una plana entera en varios periódicos, dirigido “A la Opinión Pública”, para defenderse diciendo que gracias al contrato de 2 mil 80 millones de pesos (nunca hacen pública esta cifra, por supuesto) el ISSSTE “recibirá ahora servicios de alta calidad usando equipos con tecnología de última generación”.

Para documentar su dicho, publican dos fotos que son la joya del cinismo empresarial: una donde dice “antes ISSSTE con Telmex”, donde se ve un enredo de cables en torno a un transformador y otra donde dice “ahora ISSSTE con Bestel”.

Por su parte, la empresa Iusacell-Unefón, propiedad del Grupo Salinas, anunció en un comunicado que los operadores de telecomunicaciones en nuestro país solicitarán este 9 de marzo a la Comisión Federal de Competencia que abra una investigación sobre prácticas monopólicas en el mercado de la telefonía.

Dicha solicitud, advierte el comunicado, se entregará en las instalaciones de la Cofeco e invitan a "los representantes de los medios de comunicación".

¿Desde cuándo tanto interés en investigación sobre prácticas monopólicas que realizan tanto unos como otros?

A todas luces se trata de una guerra de odio corporativa que ya va siendo hora que la autoridad tenga a bien decir algo, a menos que piense que así se beneficiará a los usuarios de los servicios de triple play.

Comentarios: www.jenarovillamil.wordpress.com

Arrendadora Ocean y TMM defraudan por 23.5 MDD a Pemex Refinación: SFP

La Secretaría de la Función Pública detecta un fraude en Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquetanques. En la auditoría se presume que Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y TMM “se coludieron” para obtener los contratos. La contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones. Las sanciones suman más de 5 mil millones de pesos.

Nancy Flores

Las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Transportación Marítima Mexicana (TMM) habrían cometido un fraude a las arcas de Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, descubre una auditoría del Órgano Interno de Control en esa subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El caso, ventilado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 26 de enero, implica la adjudicación “irregular” de contratos para el arrendamiento de cuatro buquetanques a casco desnudo “con sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”, indica el comunicado de prensa 09/2011.

Los contralores detectaron que, en 2006, Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para adjudicarse la licitación pública 18576057-016-05. Además, en sus observaciones presumen que el proceso fue “manipulado” por funcionarios de la paraestatal en beneficio de las dos empresas.

De acuerdo con información oficial extraída de la auditoría, el sobreprecio de 23.5 millones de dólares se originó porque se “manipularon los estudios de costo-beneficio”. Éstos no corresponden a las características del servicio contratado, indica la auditoría en sus conclusiones.

Para los contralores, 14 servidores públicos de Pemex Refinación participaron en el supuesto fraude al “direccionar” las bases de la convocatoria.

“Se presentaron estudios de mercado que justificaban el arrendamiento de buquetanques a tres años; sin embargo, la licitación fue por contratos de cinco años a casco desnudo”, indican los datos a los que tuvo acceso Contralínea.

En estas condiciones de “favoritismo”, TMM arrendó las embarcaciones Amatlán II y Choapas II, y Arrendadora Ocean Mexicana, los buques Faja de Oro II y Potrero del Llano II.

En 2007 y 2008, Contralínea documentó algunas de las irregularidades detectadas en esa contratación, que ahora confirma la Función Pública. Por esas revelaciones, este semanario y sus periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y su cartonista David Manrique fueron condenados en primera instancia por daño moral.

El 3 de enero de 2011, la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmin Alonso Tolamatl, resolvió que las revistas Contralínea y Fortuna y los reporteros deberán restituir el patrimonio moral a favor de las empresas Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, y de sus accionistas Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand.

Según la sentencia, los periodistas hicieron “uso abusivo de sus derechos de expresión e información” porque el petróleo y las contrataciones y adquisiciones de Pemex y del gobierno federal “no son de interés público”. La resolución obliga a no publicar más acerca de los demandantes y a pagarles una indemnización aún no determinada.

Sanciones e inhabilitaciones

En 2006, una vez que los contratos fueron asignados a TMM y Arrendadora Ocean Mexicana, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación inició la auditoría al fletamento de los cuatro buquetanques a casco desnudo por un periodo de cinco años.

Aunque la investigación se concluyó en 2008 y en ella se determinó que había elementos suficientes para citar a proceso sancionatorio a diversos funcionarios de Pemex Refinación, las inhabilitaciones y sanciones se aplicaron hasta el 21 de diciembre de 2010. Según la Función Pública, esto se debió a “los medios de defensa que los inculpados ofrecieron”.

La dilación no sólo retrasó el proceso sancionatorio contra los servidores públicos, también mantuvo a salvo los millonarios negocios de las empresas. Fuentes de la SFP aseguran que, por los tiempos, no se les pudieron rescindir los contratos y, puesto que ya no son vigentes, las compañías tampoco serán inhabilitadas.

En su resolución, la Función Pública señala que 11 funcionarios de la Gerencia de Operaciones Marítimas son responsables de “emitir estudios de costo-beneficio deficientes y tendenciosos, lo que originó la adjudicación de contratos de arrendamiento de buquetanques a tarifas entre un 29 por ciento y 35 por ciento excesivas”.

Otros tres servidores públicos de la Gerencia de Administración fueron sancionados por haber autorizado el pago de las propuestas únicas presentadas, aun cuando dichas propuestas excedían, sin justificación, el estudio de mercado en 18 por ciento.

El negocio de los barcos

De acuerdo con información de la SFP, actualmente Pemex Refinación explora la posibilidad de adquirir buques directamente con las compañías armadoras en lugar de arrendarlos en el mercado nacional. Con ello, se busca evitar sobrecostos por la operación comercial.

El 28 de noviembre de 2010, Contralínea publicó que, para renovar su flota, esa subsidiaria planeaba adquirir cinco buquetanques sin licitación de por medio, por más de 2 mil 700 millones de pesos.

La adquisición beneficiaría a empresas intermediarias, según denuncias hechas por armadoras trasnacionales que habían quedado fuera de la restringida invitación.

Las adjudicaciones directas aún podrían darse, admiten fuentes de la Secretaría de la Función Pública consultadas, pues la licitación pública internacional R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos) se declaró desierta el 8 de octubre de 2010 tras protagonizar un cuestionado proceso.

De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.

Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denunciaron a este semanario fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.

También advirtieron que, cinco días después de declarar desierto el proceso, el 13 de octubre, la Dirección General de Pemex, que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación.

Los sancionados e inhabilitados

Gerencia de Operaciones Marítimas
Nombre	Cargo	Sanciones
Jorge Armando Basualto Ramírez	Gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Mario Magallón Cruz	Subgerente de Tráfico Marítimo y Fletamento	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Gilberto de Hoyos Peña	Jefe de la Unidad de Control de Gestión	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 354 millones 918 mil 409 pesos
Hugo Alfonso Zermeño Díaz	Superintendente General de Análisis de Fletamentos	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Alejandro Dorantes Valderrama	Superintendente General de Tráfico Marítimo	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Carlos Alberto Martínez de la Fuente	Superintendente General de Evaluación	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Antonio Refugio González Martínez	Encargo del Despacho de la Unidad de Control de Gestión	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 145 millones 994 mil 323 pesos
José Luis Ortiz Ochoa	Gerente de Coordinación de Operaciones	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 354 millones 918 mil 409 pesos
Augusto Guillermo Acosta González	Superintendente General de Evaluación de Operación Marítima	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Cruz Jaime Olvera Rico	Subgerente de Operaciones Marítimas	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Francisco Guillermo Cuneo Pérez	Superintendente General de Evaluación de Operación Marítima	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos
Gerencia de Administración
Guillermo González Lozano	Gerente de Recursos Materiales	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos
Edith Eugenia Blancas García	Subgerente de Contratación para Producción y Embarcaciones Marítimas	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos
Juan Antonio Zapata Muñoz	Superintendente de Compras 008	Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos

Otros sancionados

Por el supuesto fraude en Pemex Refinación, la Secretaría de la Función Pública abrió un procedimiento en contra del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano, “por haber adjudicado contratos, sin contar con la suficiencia presupuestal, ni autorización presupuestal multianual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la totalidad de los recursos comprometidos derivados de la Licitación Pública Nacional 18576057-016-05 para el arrendamiento de buquetanques a casco desnudo con acuerdo técnico”.

Información de la contraloría federal indica que, derivado de este proceso, el 2 de diciembre de 2010 ambos funcionarios fueron inhabilitados por seis meses.

Para ampliar la grafica AQUI.

El Botín

El Botín

Caso IMSS llega a la Cofeco

La Redacción

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- A petición del IMSS, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) analizará el caso que involucra a dos ejecutivos de los laboratorios Stendhal en presuntos actos de corrupción con el área de licitaciones del Seguro Social, para determinar si éstos violaron la Ley General de Competencia.

Sin hacer juicio alguno sobre los hechos, el organismo indicó que el tema “se ha hecho del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia a fin de que ésta determine si existe violación a la Ley General en la materia”.

Detalló que la grabación hecha pública corresponde a una “conversación entre particulares” en la que se habla de una licitación.

El comunicado del instituto se limita a informar que puso el tema en conocimiento de la CFC, pero no detalla de qué licitación se hablaba, ni quiénes participaron en la conversación.

El IMSS informó el miércoles pasado, en otro comunicado, que tomó conocimiento de la grabación de origen anónimo difundida en el noticiero de Televisa con Joaquín López Dóriga.

El miércoles por la mañana el IMSS reportó que “estos hechos motivaron que el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, suspendiera a César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”.

A Mora Eguiarte se le señala presuntamente en los contenidos de la grabación. En ese sentido en su momento el IMSS informó que la suspensión tuvo la finalidad “de facilitar las indagaciones sobre la naturaleza de esos hechos y probables irregularidades”.

Las maniobras de Navarrete

Carlos Navarrete, senador por el PRD.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 30 de julio (apro).- ¿Qué hay detrás de las absurdas excusas que el perredista Carlos Navarrete ha ofrecido al PRI y a otros partidos opuestos al gobierno federal para evitar que Juan Molinar Horcasitas pise el Congreso de la Unión?

¿Y por qué el secretario de Comunicaciones y Transportes no quiere dar la cara a diputados y senadores?

Eso es parte de lo que los priistas quieren ahora indagar y por ello han presionado para que el secretario de Comunicaciones y Transportes comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El pasado 30 de junio, día en que Felipe Calderón anunció el nombramiento de Mony De Swaan como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el diputado federal, Sebastián Lerdo de Tejada exclamó: ¡es un nombramiento ilegal!

A partir de ahí, el PRI impulsó la comparecencia de Molinar Horcasitas, cuando al fin los priistas y el PT aprobaron un punto de acuerdo en comisiones para que el tema se subiera al pleno de la Permanente y fijar fechas. Entonces, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Carlos Navarrete empezó a retrasar la presencia del secretario.

Sus excusas fueron desde “los secretarios no me contestan el teléfono” hasta aquello de “no encuentro al representante de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación”, siendo que éste, Manuel Minjares, siempre esta presente en las sesiones del Congreso.

Después de esperar pacientemente a que el perredista de la corriente de los “chuchos” hiciera lo propio para darle trámite a las comparecencias, tronaron y decidieron actuar por la libre.

Su principal motivo para que compareciera Molinar era para que argumentara, con la ley en la mano, las razones que lo llevaron a respaldar el nombramiento, primero como comisionado y luego como presidente de la Cofetel, de Mony De Swaan, un viejo amigo y colaborador suyo.

Tan sólo el pasado miércoles, el PRI tenía preparado tres puntos de acuerdo. El primero era presentar una denuncia de hechos ante la PGR por el nombramiento de Mony De Swaan, ya que, según ellos, no cubre todos los requisitos que la Ley Federal de Telecomunicaciones exige para el cargo. Y la segunda, es presentar una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal por haberlo designado como presidente de Cofetel.

Y el tercero, que es el punto neurálgico de los nombramientos y “renuncias” forzadas de Héctor Osuna a la presidencia de Cofetel, era que explicaran varias irregularidades presentadas en la llamada Licitación no. 21 de Cofetel , a través de la cual se subastaron entre Televisa/Nextel, Telcel, Usacell y Telefónica, varias frecuencias del espectro radioeléctrico para utilizarla como red de tercera generación.

Ninguno de los tres puntos de acuerdo pudo llegar a la tribuna del Senado, lugar donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo anterior no se pudo lograr porque Carlos Navarrete, su presidente, los frenó.

La licitación y parte de los fallos que se han ido dando paulatinamente, provocaron que Televisa/Nextel se quedara con la red de frecuencia más importante de un bloque de 30 Megahertz a un costo ínfimo y, por consiguiente, que el gobierno federal perdiera, por lo menos, 5 mil millones de pesos.

Eso es lo que hay detrás de todas las maniobras de Juan Molinar Horcasitas: la confección de una licitación amañada donde Mony De Swaan ha estado metido, y con una total afectación para el resto de los participantes y la hacienda pública federal.

Ante el freno de Navarrete, el PRI no se ha quedado callado. Al día siguiente, el jueves 29, diputados y senadores de éste partido acudieron a la Procuraduría General de la República a interponer una denuncia de hechos por el nombramiento de Mony De Swaan.

Y, en paralelo, anunciaron la controversia constitucional que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Ejecutivo federal por el nombramiento de Mony de Swaan como presidente de la Cofetel.

La consecuencia de todo esto es que, de proceder ambas acciones del PRI, el nombramiento del amigo de Juan Molinar Horcasitas sería ilegal y por lo tanto todos los actos y resoluciones en las que haya participado serán “inválidas”.

Es decir, que el proceso de la Licitación no. 21 se tendría que reponer e, incluso, confeccionar nuevamente las bases de licitación, las cuales desde un principio anularon la participación de todos los oferentes, con excepción de Televisa/Nextel, que fue quien se vio beneficiado con el proceso actual.

Carlos Ramírez Marín, uno de los operadores de la dirigente nacional del PRI en la Cámara de Diputados, así lo dijo este viernes, pero además cuestionó el actuar de Carlos Navarrete.

Por cierto, otro de los puntos de acuerdo del PRI que Navarrete frenó el pasado miércoles, fue el “severo extrañamiento” que pedía se le hiciera al presidente de la Mesa Directiva, por asegurar, “sin acuerdo ni consulta con los grupos parlamentarios, que la reforma política está asegura para el próximo periodo de sesiones, lo que parece claramente destinado a agradar al Ejecutivo Federal…”.

El punto de acuerdo no vio la luz pública, pero el PRI se ha encargado de reclamar en los subsiguientes días el actuar de Navarrete, de quien los priistas han sostenido que “se ha dedicado a retrasar la presencia de varios funcionarios, lo cual evidenció que se prestó a intereses ajenos al Poder Legislativo”.

¿Cuáles son esos intereses ajenos?: prestarse de tapadera de Molinar Horcasitas. ¿Para qué? Quizá porque la alianza PAN-PRD continúa y con miras al 2011.

¿Y cuáles son “esos intereses” de Molinar y Mony De Swaan?: evitar que se trastoque el millonario beneficio que le dieron a Televisa/Nextel.

¿Por qué? Es la pregunta, y una respuesta es quizá la Presidencia de la República para el 2012, donde otra vez Televisa le deba un favor a los partidos, en este caso al PAN.

Sólo hay que recordar como, en 2006, el Poder Legislativo apresuró la llamada “Ley Televisa”, la cual fue una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Ley Federal de Radio y Televisión. La ya famosa ley permitía que las televisoras mantuvieran casi a perpetuidad sus concesiones y que no se le diera cauce a las radios comunitarias, entre otros beneficios.

Los tres principales partidos, PRD, PRI y PAN, avalaron la dichosa ley y Televisa les pagó con la promoción de sus candidatos durante el proceso electoral de 2006 para la Presidencia de la República. Aunque ahí los tres partidos aprobaron en primera instancia la “Ley Televisa”, algunos legisladores de PAN y PRD acudieron a la Corte y lograron reducir algunos de los beneficios para las grandes cadenas televisoras.

Hoy la historia parece repetirse, sólo que ahora el operador para que Televisa se beneficie parece ser Molinar Horcasitas y su “sombra”, Mony de Swaan. Y protegiéndolos, desde el Poder Legislativo, el perredista Carlos Navarrete.

Los priistas ya tuvieron su lección. Para el 2012 quieren evitar que sea Televisa quien les imponga al candidato y prefieren que la empresa no le deba favores a nadie, mucho menos a los panistas, llámese Felipe Calderón, Juan Molinar Horcasitas o Mony De Swaan.

Por otro lado, los perredistas que tienen en su poder los órganos de dirección de ese partido, ya se dieron cuenta que ganan más de la mano del PAN que enfrentándolo. Por lo menos así lo demuestran las pasadas elecciones estatales. De ahí que para la elección más importante de 2011, la del gobierno del estado de México, decidan aliarse de nuevo con los panisats.

Si lo anterior es así, entonces tendrían lógica las maniobras de Carlos Navarrete a favor de Molinar Horcasitas para que no dé la cara ante diputados y senadores, para que no explique nada de la Licitación No. 21 y del nombramiento de su viejo colaborador, Mony de Swaan.

Sólo así se entendería parte de su actuar. Lo único cierto es que el PRI hará todo lo posible por echar abajo tanto el nombramiento del presidente de la Cofetel, como la licitación que tanto benefició dará a Televisa.

El próximo 10 de agosto, día en que Molinar finalmente acuda al Poder Legislativo, quizá se puedan despejar estas dudas y cada partido muestre más claramente sus cartas, las cuales sin duda se jugarán con miras al 2012.

mjcervantes@proceso.com.mx

Por qué deberíamos desterrar a Carlos Salinas de la vida pública

Carlos Salinas. Omnipresencia política.
Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 8 de marzo.- Yo voto por desterrar a Carlos Salinas. No del planeta. Eso no sería amable. Sólo de la vida pública.

Las críticas al expresidente son bien conocidas. Las privatizaciones amañadas y las licitaciones pactadas, el hermano encarcelado y el hermano asesinado, la corrupción familiar y el escándalo que produce, los errores de prediciembre y la crisis devastadora que provocan. Sin embargo, hay quienes piensan que no deberían importarnos esas infracciones menores. ¿Por qué? Porque Salinas es brillante, y México necesita su gran cerebro.

Pero yo quisiera centrar la atención en un aspecto central y a veces olvidado de ese gran cerebro: es una mente que miente. De hecho, no hay una mentira demasiado improbable ni una distorsión demasiado grande para Carlos Salinas. Miente para distraer; miente para llamar la atención; miente para generar un escándalo. Al escucharlo vienen a la mente esas palabras de Maquiavelo: “Durante un largo tiempo no he dicho lo que creo ni he creído lo que digo, y si a veces logro decir la verdad, la escondo entre tantas mentiras que es difícil encontrar”. Más que cualquier otro motivo, Salinas miente para enlodar la reputación de Ernesto Zedillo y responsabilizarlo por una crisis que él mismo contribuyó a crear. Miente porque odia, y ese odio lo lleva a ver la maldad en otros mientras es incapaz de reconocerla en sí mismo.

Y como todos los buenos mentirosos, logra que sus mentiras vayan lejos, sean retomadas, sean escuchadas, sean reportadas como si fueran verdad cuando están tan lejos de ella. Para entender la profundidad de la decepción, basta con examinar lo que dijo en un seminario reciente sobre la privatización de la banca y en una entrevista con Ramón Alberto Garza en Reporte Índigo. Allí, Salinas sugiere los siguientes puntos: 1) Es equivocado pensar que la privatización inadecuada de los bancos durante su periodo produjo la crisis, ya que esa vino después; 2) Ernesto Zedillo avaló medidas propuestas por un gobierno extranjero, específicamente las altas tasas de interés; 3) en reuniones “secretas” orquestadas por el entonces secretario del Tesoro, Robert Rubin, Zedillo aceptó una decisión impuesta de afuera y eso llevó a la extranjerización inaceptable de la banca mexicana. Dado lo que se conoce, se sabe, y se ha escrito sobre estos temas, no deja de sorprender el comportamiento de Salinas: sabe que lo que dice no es cierto y aun así lo expresa con la clara intención de engañar. Pero el esfuerzo resulta pueril, y el engaño se vuelve fácil de exponer.

Sobre las causas de la crisis bancaria, de las cuales Salinas no asume responsabilidad, está el texto de Stephen Haber Why The Mexican Banks Do Not Lend: The Mexican Financial System (pp. 206-207), en donde resume el argumento central de la vasta literatura sobre el tema: “Cuando los bancos mexicanos fueron privatizados en 1991, las circunstancias estaban lejos de ser normales. Los bancos tenían incentivos débiles para dar préstamos prudentes porque ni sus directores ni sus accionistas estaban arriesgando su propio capital. El gobierno había permitido que compraran los bancos con fondos que habían pedido prestado de los bancos. La ausencia de monitoreo eficaz implicó que el crédito se expandiera a un ritmo prodigioso (…) Más veloz aun que la expansión del crédito fue el crecimiento de préstamos incobrables (nonperforming loans), y al mismo tiempo los banqueros descubrieron que no podían recobrar el colateral”. En pocas palabras, la ausencia de una regulación adecuada, los estándares laxos, el comportamiento poco profesional y poco transparente de los banqueros –permitido por el gobierno de Salinas– llevó al colapso del sistema bancario y obligó al rescate posterior.

Sobre las supuestas reuniones “secretas” entre el gobierno de Zedillo y las autoridades estadunidenses, basta con leer cuidadosamente las memorias de Robert Rubin, In An Uncertain World: Tough Choices From Wall Street To Washington (pp. 3-25). Salinas se refiere a ellas en sus comentarios recientes, pero tergiversa su contenido. Allí, en efecto, Rubin escribe sobre el viaje de funcionarios del Departamento del Tesoro a México y que “afortunadamente nadie los vio entrando y saliendo de Los Pinos”. Pero Rubin explica que la discreción era necesaria, no porque hubiera negociaciones que Zedillo quería ocultar a la opinión pública mexicana, sino al revés: el gobierno de Clinton no quería que el Congreso de su propio país se enterara, debido a la inmensa oposición política al rescate mexicano. Finalmente Clinton tomó una decisión ejecutiva y decidió otorgarle un préstamo de emergencia a México a pesar de la reticencia del Congreso estadunidense. Salinas intenta manipular lo que ocurrió para deslizar –tramposamente– el argumento de la imposición.

Pero de nuevo, una lectura puntual e intelectualmente honesta del libro de Rubin lleva a conclusiones distintas y más certeras sobre lo que en realidad ocurrió. “A pesar de las reformas en muchas áreas, México había cometido un serio error de política pública al pedir tanto dinero prestado (…) y se había puesto poca atención a los desbalances económicos”. México se enfrentaba a la posibilidad real del colapso total del peso y de la economía, con consecuencias severas y de largo plazo; las autoridades mexicanas habían perdido el control sobre las finanzas del país y no podían salir del hoyo que el gobierno de Salinas había cavado sin la ayuda estadunidense. Guillermo Ortiz le informó a Rubin que México se había quedado sin opciones y que la ayuda del gobierno de Clinton era la única esperanza. A cambio, Rubin pidió –aunque Salinas lo niegue– una serie de cambios específicos y necesarios: una política fiscal y monetaria más fuerte, un tipo de cambio flotante, más transparencia en las finanzas públicas y sí, tasas de interés altas para atraer capital y restablecer la confianza. Sin esas medidas, México no hubiera podido limpiar el tiradero que Salinas dejó tras de sí.

Habría más que aclarar sobre las medias verdades salinistas en torno a los Tesobonos y la famosa reunión del 20 de noviembre de 1994, donde Salinas tomó la decisión –que después resultó fatal– de no devaluar, como lo describen con toda precisión Sam Dillon y Julia Preston en su libro Opening Mexico (pp. 241-245). Y también habría que rebatir su argumento de que la “extranjerización” es el principal problema de la banca mexicana, cuando sigue siendo la falta de competencia y regulación adecuada, al margen de la nacionalidad de sus dueños. Pero no vale la pena hacerlo con el expresidente. Porque usa la inteligencia prodigiosa que tantos le atribuyen tan sólo para sembrar semillas venenosas, deslizar insinuaciones, atizar la xenofobia y apelar a los peores instintos. Y ése es el principal problema. A pesar de su “gran cerebro”, Salinas tiene una relación incómoda con la verdad. Mintió sobre su hermano Raúl. Mintió sobre los zapatistas. Mintió sobre la crisis de 1994. Y por ello ya resulta imposible tomarlo en serio. En lugar de escucharlo o prestarle atención, yo voto por desterrarlo de la vida pública.

Contratos al margen de la ley en Pemex por 8 mil MDP

Con el esquema de proveeduría internacional, Pemex burla la Ley de Adquisiciones: sin licitación o antes de licitar bienes y servicios en el mercado mundial, su filial Integrated Trade Systems firma acuerdos marco con las trasnacionales que, invariablemente, obtienen los contratos de la paraestatal y sus subsidiarias. Los montos involucrados superan los 8 mil millones de pesos anuales, revelan auditorías. Además, descubren a ITS como prestanombre de la petrolera en cuentas bancarias, beneficiaria de millonarias transferencias y responsable de exceso de liquidez.

Nancy Flores

Los resultados de dos auditorías y documentos confidenciales de Petróleos Mexicanos (Pemex) –de los que Contralínea posee copia– revelan que el esquema de proveeduría internacional empleado por la paraestatal más importante del país omite atender los criterios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público referentes a las formas de contratación.
En materia de proveeduría internacional, Pemex omite convocar a licitaciones públicas internacionales o lo hace después de que su filial Integrated Trade Systems (ITS) acuerda la asignación de millonarios contratos con trasnacionales, entre las cuales se encuentran Solar Turbines, Siemens Industrial Turbomachinery, Geoquest Systems, Invemsys Systems, Nuovo Pignone Spa, Landmark Graphics Corporation.
Tan sólo en 2007, Pemex y cuatro de sus cinco subsidiarias firmaron 3 mil 63 contratos bajo estas condiciones, que involucraron recursos públicos por 8 mil 135 millones 971 mil 600 pesos, revelan los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120, “Gestión corporativa y financiera”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Si el monto de las contrataciones de proveeduría internacional se hubiera sostenido a lo largo de los 14 años de existencia de ITS –creada en 1994–, sumaría ya 112 mil millones de pesos. La cifra equivaldría a 4.6 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para 2009, que este año asciende a 24 mil 337 millones 73 mil 934 pesos.
Los miles de servicios y bienes que Pemex ha obtenido de esta manera durante más de una década estarían al margen de la legislación, pues los contratos marco –que sustituyen o anteceden las licitaciones públicas internacionales– no están estipulados en el “Título segundo de los procedimientos de contratación” de la Ley de Adquisiciones. Ésta, en su artículo 26, enuncia sólo tres formas permitidas: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa.
Las asignaciones contractuales derivadas de la firma de los contratos marco que hace ITS han sido justificadas por las subsidiarias y el Corporativo bajo los siguientes rubros: por monto menor, por patente, por marca, por derechos exclusivos, por “pérdida imp” (sic).
Intermediación de ITS
ITS es una de las 25 empresas privadas ciento por ciento propiedad de la petrolera mexicana, con sede en Estados Unidos, que no rinde cuentas a la hacienda pública por su carácter de no paraestatal, señala la ASF.
El documento confidencial Brief review of ITS / Pemex –elaborado en agosto de 2008 por el director de esa filial, Ramón Guerrero– indica: “En todo momento, ITS opera bajo el mandato específico de Pemex y de cualquiera de sus subsidiarias; negocia y administra los contratos marco; proporciona servicios de adquisiciones directas e indirectas, de identificación de proveedores (mercado, proveedores, bienes y servicios de inteligencia, compras, logística y finanzas); desarrolla y mantiene un directorio de proveedores activos de todo el mundo; proporciona un sistema de información con las mejores prácticas de negocios, designados específicamente para las necesidades de contratación de Pemex”.
En 2007 –el primer año de la gestión de Jesús Reyes Heroles en la paraestatal– esas “necesidades” llevaron a Pemex Exploración y Producción (PEP) a signar 2 mil 249 contratos, que implicaron recursos públicos por 6 mil 569 millones 226 mil 800 pesos, indican los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.

Información de PEP –proporcionada a Contralínea por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– constata que de esos 2 mil 249 contratos, para adquisiciones de bienes y servicios de importación directa, 1 mil 53 se hicieron, además, con líneas de crédito del exterior que la subsidiaria e ITS avalaron.
En ese mismo ejercicio, Pemex Refinación asignó 483 contratos derivados de las gestiones de Integrated Trade Systems, cuyo monto total alcanzó los 950 millones 308 mil 600 pesos. Datos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia indican que, de 2000 a 2007, Refinación concedió 1 mil 550 contratos con líneas de crédito del exterior, a través de ITS.
Los resultados de la auditoría, practicada por la ASF a solicitud de los diputados de la LX Legislatura, descubren que en 2007 Pemex Petroquímica recurrió al esquema de proveeduría internacional en 144 ocasiones, con una erogación de 341 millones 6 mil 900 pesos.
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) lo hizo 103 veces, por 174 millones 53 mil 300 pesos; Pemex Corporativo, en 83 ocasiones, por 100 millones 987 mil 900 pesos en total; mientras que la empresa III Servicios, SA de CV –propiedad del Estado mexicano–, una vez, por 388 mil 100 pesos.
Trasnacionales beneficiadas
Los más de 3 mil contratos beneficiaron especialmente a 23 trasnacionales, entre las que destaca Solar Turbines, Incorporated, vinculada al exdirector de PEP y de Pemex, Luis Ramírez Corzo.
Ésta obtuvo contratos de tres subsidiarias que involucraron 2 mil 137 millones 942 mil 855 pesos. Tan sólo en PEP obtuvo el 29.1 por ciento del monto total ejercido por dicha subsidiaria a través de ITS: 175 millones 349 mil 900 dólares, que a un tipo de cambio vigente en 2007 de 10.9043 pesos por 1 dólar equivalió a 1 mil 912 millones 67 mil 914 pesos.
De acuerdo con los datos que PEP entregó a Contralínea, Solar Turbines recibió el mayor número de contratos con el beneficio de las líneas de crédito del exterior, al contabilizar 230.
Además, obtuvo el 18.5 por ciento de los contratos que Pemex Refinación concedió, por lo que se agenció 16 millones 169 mil 800 dólares (176 millones 320 mil 350 pesos); y el 28.4 por ciento de PGPB, por 4 millones 544 mil 500 dólares (49 millones 554 mil 591 pesos).
Por montos, también sobresalen los contratos asignados por PEP a las empresas Geoquest Systems, BV, por 92 millones 880 mil dólares (1 mil 11 millones 919 mil 40 pesos); Invemsys Systems, Inc, por 90 millones 452 mil 800 dólares (986 millones 324 mil 467 pesos); Nuovo Pignone Spa, por 57 millones 861 mil dólares (630 millones 933 mil 702 pesos); y Landmark Graphics Corporation, por 52 millones 79 mil 500 dólares (567 millones 890 mil 491 pesos).
Anomalías financieras
Además de los contratos marco, ITS estaría involucrada en irregularidades financieras como el “préstamo” de su nombre a Pemex para el manejo de una cuenta bancaria, cuyas operaciones y saldo no son reportadas en los estados financieros de la filial ni de la paraestatal; las pérdidas acumuladas por miles de dólares; el exceso de liquidez en sus finanzas, y la transferencia de recursos públicos a arcas privadas.
En el primer caso, Integrated Trade Systems omitió enterar la existencia de la cuenta bancaria Citibank 36160372, con saldo de 58 mil 200 dólares al 31 de diciembre de 2007, en el catálogo de cuentas; tampoco registró su importe en la balanza de comprobación de ese ejercicio, descubren los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.
El 3 y el 10 de febrero de 2009, la Gerencia de Control Presupuestal de Pemex, Subgerencia de PEP y Corporativo, señaló a la ASF que “la cuenta con el Citibank ha estado operando desde la incorporación de ITS. Dicha cuenta no ha sido reportada en el catálogo de cuentas vigente, debido a que los fondos de la misma corresponden a Pemex. La cuenta está a nombre de ITS simplemente porque es la forma en que los fondos pueden ser integrados y posteriormente distribuidos por las entidades de Pemex”.
Para la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de que ITS preste su nombre a Pemex para el manejo de esa cuenta contraviene el apartado “Información suficiente” de la Norma de Información Financiera A-4, “Característica cualitativa de los estados financieros”.
Al aclarar la situación, la paraestatal indicó a inicios de este año que “existe un plan en curso para comenzar el registro de la cuenta Citibank en los reportes financieros de ITS; sin embargo, conforme la opinión jurídica de nuestros asesores, no es recomendable incorporar la misma a los sistemas contables de ITS, por lo que es necesario esperar la opinión en materia contable por parte de nuestros asesores externos para que ITS se pronuncie al respecto”.

Transferencias de recursos
En materia financiera, la ASF también señala que Integrated Trade Systems registró en el ejercicio de 2006 pérdidas acumuladas por 741 mil 300 dólares, que fueron cubiertas con las utilidades, por 969 mil 100 dólares.
Además, al 31 de diciembre de 2007, el máximo órgano de fiscalización reporta exceso de liquidez en las finanzas de ITS por 8 millones 344 mil 400 dólares, equivalentes a 90 millones 989 mil 800 pesos. El exceso, identificado en el rubro “Caja y bancos”, “representó una inversión sin movimiento de efectivo que se ha acumulado por dos años y que Petróleos Mexicanos debió haber integrado en su tesorería, en cumplimiento del Primer informe de ejecución del plan nacional de desarrollo 2007-2012, que señala dentro de sus objetivos ‘adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora operativa’”.
No obstante la observación de la Auditoría Superior de la Federación, Pemex respondió: “Es importante señalar que ITS no está obligado a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.
La cuarta irregularidad financiera detectada por la ASF está relacionada con el trasiego de recursos públicos de la paraestatal y sus subsidiarias a las arcas supuestamente privadas de Integrated Trade Systems.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, ITS expidió 133 facturas por los servicios otorgados a Pemex y sus subsidiarias, por un total de 134 millones 569 mil 900 pesos: 12 de PEP, por 71 millones 815 mil 700 pesos; 84 de Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos; 12 de Pemex Petroquímica, por 10 millones 588 mil 100 pesos; 12 de PGPB, por 9 millones 577 mil 200 pesos; 12 de Pemex Corporativo, por 3 millones 276 mil 700 pesos; uno de III Servicios, por 34 mil 900 pesos.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF detectó que las 84 facturas emitidas por Integrated Trade Systems a Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos, no se indicaba el número del contrato que las originó. Además, en 11 de esas facturas, por 3 millones 660 mil 600 pesos, las fechas o los conceptos corresponden al ejercicio 2006.
Desde enero de 2009 entró en vigor un nuevo modelo de contrato por tarifas de servicio para los servicios de proveeduría de importación integral que presta ITS, dice la Memoria de labores 2008, elaborada por Pemex y dada a conocer a principios de este año. Sin especificar las causas ni los resultados, agrega que se realizó un taller de optimización del proceso de solicitud y recepción de servicios para proveedores con contrato preparatorio con ITS.

Pemex justifica a ITS
Emplazada por la ASF, en febrero pasado Pemex justificó el esquema de proveeduría internacional que por más de 14 años ha entregado contratos sin licitación de por medio. ITS “es un instrumento jurídico que busca negociar con proveedores primarios, propietarios de algún derecho exclusivo, que contiene las previsiones normativas necesarias para la adjudicación directa de contratos definitivos como excepción a la licitación pública”.

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