Nicaragua: guerra sucia contra las elecciones

La oposición al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional se prepara para denunciar un supuesto fraude en las elecciones del 6 de noviembre próximo. La administración de Daniel Ortega señala que se orquesta una campaña financiada con dinero de la oligarquía local y de gobiernos extranjeros.

María Julia Mayoral/Prensa Latina

Managua, Nicaragua. En este país se desarrolla una guerra sucia con el respaldo económico de agrupaciones internas y financiamientos del exterior. En esta ocasión el blanco predilecto es el proceso electoral en curso.

En entrevista con Prensa Latina, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, argumenta su tesis cuando resta poco para los sufragios generales. Unos 3.3 millones de ciudadanos están habilitados para elegir el próximo 6 de noviembre al presidente y al vicepresidente de la República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano.

El mandatario Daniel Ortega busca la reelección frente a cuatro candidatos opositores, entre ellos el exgobernador Arnoldo Alemán (1997-2002), de la alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la segunda organización mejor estructurada, luego del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Además, aspiran a la primera magistratura el empresario Fabio Gadea, por una coalición formada bajo el manto jurídico del Partido Liberal Independiente (PLI) y el exdirigente de la “contra” revolución, Enrique Quiñónez, que se presenta por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). El otro nominado a la Presidencia es Roger Guevara, por una coalición de partidos minoritarios que comanda la agrupación Alianza por la República (Apre).

Desfilan en la contienda un partido, de manera independiente, y cuatro coaliciones, entre éstas figura la liderada por el FSLN con el nombre de Unida, Nicaragua Triunfa.

Dinero para la subversión

El pasado 16 de agosto, el Consejo Supremo Electoral aprobó el Reglamento de Acompañamiento Electoral. El término empleado en la normativa sirvió de pretexto para abrir otro frente de ataque a la institucionalidad de Nicaragua. Partidos y organizaciones no gubernamentales del país lograron sembrar aversión en el ámbito internacional, bajo el supuesto de que el acompañamiento significaba restringir el ejercicio de la observación imparcial de los comicios.

En opinión del magistrado Roberto Rivas, el intento de desvirtuar éste fue un fracaso, al punto de que varias instituciones extranjeras formalizaron su participación como observadores y reconocieron la flexibilidad y el alcance de la normativa del tribunal electoral. A lo interno, sería inocente obviar que grupos autonombrados representantes de la sociedad civil constituyen vehículos para otorgar fondos internacionales en contra del gobierno sandinista, denuncia.

“Es dinero suministrado por gobiernos extranjeros que pretenden intervenir en nuestros asuntos internos, a fin de tratar de sesgar la posición de algunos sectores de la población nicaragüense. Preguntémonos cómo se mantienen esas organizaciones que pagan sueldos de 5 mil y 3 mil dólares mensuales a sus funcionarios”, considera.

En diciembre de 2007, el embajador de Estados Unidos anunció públicamente que durante ese año habían proporcionado 8.5 millones de dólares a lo que ellos llaman “sociedad civil nicaragüense”. Mientras, el presupuesto del Consejo Supremo Electoral, la institución encargada de las elecciones, totalizó en aquel periodo unos 6.5 millones de dólares. Es decir, esos grupos captan más fondos de lo que recibe el ente rector de los comicios, contrasta el magistrado.

Actualmente, advierte, se tiene conocimiento de fondos que se destinan específicamente a pagar campañas en canales de televisión. “Sabemos de dos o tres canales que reciben del exterior 25 mil dólares mensuales para programas específicos, con los cuales potencias extranjeras tratan de oxigenar a los medios de comunicación que consideran de oposición y a los autollamados grupos de la sociedad civil”.

Constituyen espacios mediáticos abiertamente en contra de la institucionalidad electoral, del gobierno de la República y de sus logros sociales. “Esto lo digo sin ningún resquemor porque está a la vista, la gente constata a diario que ellos tratan de buscarle siempre peros al gobierno y no veo en ningún momento que den a conocer todos los avances sociales que ha tenido nuestro pueblo en los últimos años, que en sí son muchos”.

El dinero del exterior, subraya el jurista, procede de países que históricamente han estado interesados en atacar la institucionalidad nicaragüense.

“Igualmente puedo señalar que hay candidatos que han pasado siete u ocho años en el mundo político tratando de llegar al poder y te preguntas de dónde obtienen tanto dinero para sostener una infraestructura tan fuerte. ¿Te imaginas lo que es mantener una oficina donde hay seis o siete ejecutivos con salarios que van desde los 1 mil hasta los 5 mil dólares al mes, durante todo el tiempo, sin tener ningún ingreso por concepto de ventas o servicios? Yo siempre he hecho esa observación: ¿de dónde vienen esos fondos para sostener eso año tras año?; los nicaragüenses y la comunidad internacional deberían hacerse las mismas interrogantes”, señala Rivas.

En opinión de los especialistas, el actual proceso electoral en Nicaragua resulta muy sencillo, un partido político (ALN) y cuatro alianzas. Por lo tanto, la boleta tendrá cinco posibilidades para elegir, en correspondencia con las fuerzas contendientes.

La alianza PLI lleva como postulado al primer diputado nacional –excandidato a la Presidencia y a la alcaldía de Managua– Eduardo Montealegre, quien ha estado más de siete años en la vida pública intentando conquistar la primera magistratura del país, explica el magistrado. “A veces nos preguntamos ¿qué capacidad económica tienen estas organizaciones para continuar vivas? Porque mantienen una estructura organizativa muy fuerte, con personas que ganan mucho dinero; ahí los voluntariados no existen. Están organizados con personal permanente, manejan una buena base de datos, oficinas bien montadas a escala nacional y, sin embargo, a algunas de éstas les falta el soporte del pueblo”.

Golpes bajos y desinformación

Hay varios ejes de ataques en la campaña propagandística contra el proyecto socialista, cristiano y solidario que desarrolla el gobierno sandinista. Uno de éstos, explica Rivas, “es la supuesta ilegalidad de magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral y de contralores de la República que permanecemos en el cargo, aunque el tema quedó debidamente resuelto desde el punto de vista jurídico. A inicios de 2010, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto 3/2010, cuando veía venir que nuestro mandato se vencería en julio de ese año y estaba a la vista una crisis institucional, porque en el Parlamento los legisladores no llegaban a ponerse de acuerdo para elegir a quienes debían sustituirnos”.

Rivas señala que el decreto se sustenta en el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política. Entonces la Corte Suprema de Justicia en pleno, y esto es importante que se sepa, resuelve que la decisión del mandatario tenía sustento jurídico. Dicho párrafo de la Carta Magna expresa literalmente que en tanto no haya elección de los servidores públicos para reemplazar a los ocupantes de la responsabilidad, estos últimos se mantendrán en sus respectivas obligaciones.

Otro eje recurrente para atacar la institucionalidad está relacionado con la entrega supuestamente manipulada de las cédulas de identidad que habilitan a los ciudadanos no sólo para votar, sino para realizar todos los trámites. Dicho documento se les extiende a todos los nicaragüenses por igual; no hay ningún tipo de preferencia política e ideológica, no existe mejor prueba para desmentir la propaganda mal intencionada que la propia realidad.

El Frente Sandinista, recuerda Rivas, estuvo 17 años fuera del gobierno, desde 1990 hasta enero de 2007, y el proceso de cedulación comenzó en 1993, durante las administraciones neoliberales con un manejo pluralista por parte del Consejo Supremo Electoral, compuesto por personas que representan a distintas corrientes políticas e ideológicas. Tampoco es cierto que bajo el mandato del FSLN esté mal la cedulación: sólo en los últimos 18 meses hay aproximadamente 420 mil ciudadanos incorporados al padrón electoral y de 2007 a 2009 estuvo en el orden de los 120 mil habitantes anuales.

“Estaríamos hablando de sumar 360 mil [residentes] con los 420 mil de los meses recientes, al final son entre 700 mil y 800 mil nuevos ciudadanos habilitados debidamente para ejercer su derecho al sufragio”, detalla. “Hay mucha incorporación de la juventud; de los 420 mil [jóvenes] en los últimos 18 meses, 36 por ciento tiene de 16 a 24 años de edad y 40 por ciento entre 24 a 30 años de edad”.

Nicaragua, invadida por observadores

Entre los ejes de ataque también figura el acompañamiento electoral internacional. Agrupaciones opositoras han solicitado casi a gritos la presencia de observadores. Numerosos y frecuentes reportes de la prensa local dan cuenta del tema. En opinión del magistrado Rivas, Nicaragua ha sido un país prácticamente invadido por éstos. En 1990 hubieron más de 25 mil; en 1996, cuando salió electo Arnoldo Alemán, la cifra llegó a alrededor de 18 mil; en 2001 fueron aproximadamente 20 mil; y en los sufragios de 2006 –ganados por el presidente Ortega– asistieron 23 mil observadores, de los cuales 3 mil eran extranjeros.

Rivas expone que “si se saca la cuenta de que en Nicaragua el voto es domiciliar (cercano al área de residencia de los ciudadanos) y que en 4 mil 296 centros de votación se aglutinan 13 mil mesas o juntas receptoras de votos, se obtiene 1.8 observadores por cada junta y 5 por cada centro de votación”.

Estos datos demuestran la elevada participación de acompañantes internacionales y “la verdad es que para nosotros la legitimidad de los resultados electorales la da el pueblo nicaragüense al depositar su voto en las urnas”. Además, indica, la autoridad electoral es la única facultada para dar a conocer los resultados que se obtienen en las mesas o juntas de votación, de conformidad con la ley. Ésas están compuestas por los representantes de los partidos políticos, no son personas que la ciudadanía elija, y el presidente, el primer y el segundo miembros, con sus respectivos suplentes, disponen de fiscales u observadores, en aras de la transparencia en los comicios.

Por ley, la presidencia y la condición de primer integrante corresponden a las dos fuerzas políticas que obtuvieron el primer y el segundo lugar en la última elección nacional; en este caso, al FSLN y al Partido Alianza Liberal Nicaragüense, de manera alterna.

Si hay 13 mil juntas, 6 mil 500 las preside el Frente e igual número el ALN; por lo tanto, hay 6 mil 500 sandinistas en los puestos del primer integrante e igual cantidad de la otra fuerza política, con sus respectivos suplentes del mismo partido. En el caso del segundo integrante se toma en cuenta a las otras tres organizaciones participantes en los comicios, y la cantidad queda determinada mediante una fórmula de distribución proporcional, igualmente definida en la legislación. Es decir, en esas mesas están representados los partidos políticos y se espera que sean éstos los garantes de mantener la pureza del proceso y la garantía del voto.

Adicionalmente, las cinco organizaciones políticas tienen derecho a nombrar un fiscal o un testigo, con su respectivo suplente, para estar durante toda la jornada electoral. El magistrado cuestiona: “A veces nos preguntamos si es necesario un observador internacional o es que los nicaragüenses realmente no tenemos la capacidad para nosotros mismos cuidar nuestro voto en las urnas”. Pese a esto, están abiertas las puertas a todos los interesados en venir como acompañantes u observadores. Hasta el momento se ha respondido favorablemente las solicitudes hechas por la Unión Europea y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos. Se ha invitado también a magistrados del protocolo de Tikal, que aglutina a tribunales de varias islas del Caribe, Centroamérica y México, y de la Unión Latinoamericana de Organismos Electorales, que asisten mediante el llamado Protocolo de Quito, concerniente a los Estados de Suramérica.

Por la parte nicaragüense, distingue, “acreditamos como observador al Consejo Nacional de Universidades, algo importantísimo porque es una comunidad con más de 100 mil estudiantes y unos 20 participarán de manera directa en los sufragios de 2011”.

Críticas y pronósticos

De acuerdo con el marco jurídico, en noviembre próximo podría salir electo cualquiera de los cinco candidatos a la Presidencia, pues la norma legal los ubica en igualdad de condiciones. Pero estos procesos electorales, lamenta Rivas, terminan polarizándose en detrimento del ejercicio cívico; los adversarios del sandinismo, en vez de defender sus planes, se concentran en poner al FSLN en una posición determinada con el propósito de restarle simpatizantes.

Desde el punto de vista de la composición, estas elecciones, evalúa el magistrado, van a ser más equitativas, porque hay cuatro banderas que prácticamente vienen del mismo partido liberal. La primera casilla, detalla, será la del PLC, a continuación estará la del FSLN y después las otras tres (ALN, Apre y PLI) que vienen del mismo origen, el Partido Liberal Constitucionalista. “Va a haber más alternativas para el pueblo en cuanto a opciones para seleccionar a los candidatos de su preferencia”.

Es muy fácil decir que podría existir fraude, manipulación de las actas de escrutinio, pues ahora los opositores están echando a rodar esas supuestas arbitrariedades como pronóstico para los sufragios de noviembre, alerta el jurista. “Durante las votaciones parciales de 2008 hubo múltiples críticas y en aquel momento desmentí las acusaciones ante la comunidad internacional y las agrupaciones partidistas internas”, relata.

“En aquella ocasión le dije a Eduardo Montealegre, entonces candidato a alcalde en Managua, que se presentara a las siete de la noche con las actas de escrutinio en poder de su partido. Al principio me respondió que sí y posteriormente que no podía asistir porque los papeles estaban en la bóveda de un banco; si eso me lo hubiera dicho otra persona hubiera creído el argumento, pero Montealegre es un hombre de ese mundo bancario-financiero. Le dije ‘dime cuál es el banco para que yo hable con el dueño y nos facilite las actas de escrutinio’. Éste no se hizo presente. Sólo acudieron las otras fuerzas políticas. Fueron revisadas más de 2 mil 400 actas de Managua y se verificó que todo estuviera en orden. Tenemos todos los resúmenes de actas firmados por los responsables legales de esos partidos”.

De la campaña política en curso, previene: “Me preocupa que adolezca de la altura ética deseada, cuando partidos carentes de una agenda clara concentran la labor proselitista en contraatacar a sus contrincantes en detrimento de la educación cívica del pueblo”. No obstante, los sufragios del próximo 6 de noviembre serán un proceso sencillo: “Espero que podamos dar los resultados con bastante agilidad”.

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011

Factor K: Pemex regala 8.6 mil MDD a extranjeros

Al menos desde hace una década, Pemex otorga discrecionales y multimillonarios descuentos a sus clientes encabezados por Estados Unidos. Las rebajas, denominadas factores K y K’, van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril de petróleo exportado y se “justifican” como “ajustes de precio por competitividad”, revelan actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. Si en cada jornada se hubiera descontado el máximo permitido, el erario habría perdido más de 860 millones de dólares anuales; unos 8 mil 600 millones en 10 años.

Nancy Flores/Primera de tres partes

En las administraciones de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, el erario podría haber perdido más de 8 mil 600 millones de dólares por la aplicación de un discrecional descuento en los precios del petróleo, revelan documentos de PMI Comercio Internacional obtenidos por Contralínea.

Las rebajas, denominadas Factor K, oscilan entre un mínimo fijado en 1 centavo de dólar y un máximo de 1.9 dólares por barril, descubren 10 actas del Consejo de Administración de esa subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus políticas comerciales de petróleo crudo vigentes.

De la información se desprende, además, que los clientes de la paraestatal pueden beneficiarse con deducciones adicionales e incluso con la aplicación del Factor K’, especialmente inventado para bajar aún más el precio del petróleo. Hasta ahora, se ha conocido de descuentos “históricos” que alcanzan los 3 dólares por barril, pero éstos podrían ser superiores.

Las reglas del Factor K indican que éste también puede alzar el valor del energético, considerado un bien nacional por la Constitución; sin embargo, invariablemente se utiliza en perjuicio del erario de México, descubren los documentos consultados. De esta política, que castiga los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira, el mayor beneficiario es Estados Unidos. Los clientes en ese país acaparan el 84 por ciento de las exportaciones de Pemex.

Le siguen los europeos, principalmente de España e Italia, cuyo mercado representa el 9 por ciento de las ventas. Luego, los del Oriente Lejano –liderados por China–, que consumen el 4 por ciento de las exportaciones mexicanas; y los de la India, evidencian las actas de las sesiones ordinarias 86 –del 31 de marzo de 2009– y 93 –del 7 de diciembre de 2010– del Consejo de Administración, obtenidas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 1860000002411).

Por día, PMI comercializa un promedio de 1 millón 247 mil barriles de crudo. Si los descuentos se fijan en su máximo permitido –1.9 dólares por barril–, éstos representarían una sangría a las finanzas públicas de 2 millones 369 mil 300 dólares por jornada. Al año, el erario dejaría de percibir 864 millones 794 mil 500 dólares.

Si los descuentos adicionales –que oscilan entre 2 y 3 dólares por barril– aplicados a las ventas extraordinarias del energético fueran frecuentes, estas estimaciones podrían ser menores a lo que en realidad pierden las arcas públicas. Datos que, aunque involucran miles de millones de pesos del erario, la petrolera y su subsidiaria mantienen como reservados y confidenciales.

Factores K, castigar los precios

De acuerdo con el “brazo comercializador de Pemex”, como se le conoce a la filial PMI, el Factor K es una constante “de ajuste que se utiliza para mantener a los crudos en competitividad, dado que los utilizados como marcadores tienen características y rendimientos diferentes a los crudos mexicanos y que, por ser vendidos y comprados en un mercado abierto, presentan diferentes grados de volatilidad. El factor de ajuste se modifica periódicamente tras un análisis técnico/comercial del mercado”.

Las variaciones son avaladas por la directora general de PMI, María del Rocío Cárdenas Zubieta, y el director comercial de petróleo crudo, Tomás Baños Arnaíz; además, son informadas al Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, que regula las políticas de compra-venta, y al Consejo de Administración, refieren las políticas comerciales de petróleo crudo.

Agregan que “el ajuste a la constante incluida en las fórmulas de precio no deberá ser superior a 1.9 dólares de los Estados Unidos de América por barril, ya sea al alza o a la baja por mes. En caso de que por circunstancias de alta volatilidad en el mercado el ajuste a la constante deba ser mayor a 1.9 dólares por barril en un mes determinado, se citará a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de PMI para que dicho órgano de gobierno sea informado de las circunstancias específicas de mercado y, en caso de considerarlo conveniente, autorice el ajuste”.

No obstante, las actas de las sesiones ordinarias 91 y 92 del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional –celebradas el 29 de junio y el 1 de octubre de 2010– revelan la existencia de un descuento adicional llamado Factor K’.

En esas sesiones, Cárdenas Zubieta informó que PMI iniciaba un proceso de revisión de las políticas comerciales de petróleo crudo con el fin de contar con un procedimiento y una metodología para la venta de cargamentos especiales. A estos últimos los definió como “aquellos casos en que las situaciones particulares del mercado internacional, la situación logística o de inventarios de Pemex Exploración y Producción, la colocación de cargamentos de prueba y causas de fuerza mayor generen la necesidad de exportar volumen bajo fórmulas de precio distintas a las autorizadas por el Consejo de Administración”.

Para ello, explicó, se crea el “Factor K prima (K’) limitado a un descuento máximo permisible de autorización por el Grupo de Trabajo de Ventas Especiales de Petróleo Crudo, que modifica las fórmulas de precio aprobadas por el Consejo de Administración para el caso de ventas de cargamentos especiales”. En estos casos, los crudos susceptibles de descuentos son Maya, Istmo, Olmeca, Altamira y cualquier crudo que por variaciones en su calidad no pueda ser comercializado como alguna de las calidades típicas de exportación.

Esta revisión fue producto de discusiones entabladas en sesiones ordinarias previas (86, de fecha 31 de marzo; 87, del 1 de junio, y 88, del 1 de septiembre de 2009), en las que se impulsó la flexibilización del ajuste a la constante.

En la sesión 87, incluso, se presentó el “estudio para determinar si el nivel de flexibilidad de PMI Comercio Internacional para ajustar el Factor K de la fórmula de precios de crudo es adecuado o requiere un mayor grado de flexibilidad”.

Mientras que el Factor K se aplica en los cinco tipos de contrato que establece PMI para la compra-venta de crudo (de largo plazo, renovable o evergreen, de venta ocasional, de venta incremental, de venta de cargamento de prueba) y puede incluir descuentos adicionales, el Factor K’ sólo se puede hacer efectivo en aquellos de carácter extraordinario.

Con anterioridad, los contratos que recurrentemente recibían rebajas adicionales eran los de suministro de cargamentos ocasionales, que “permiten realizar ventas de oportunidad a clientes que así lo requieran cuando PMI cuenta con volumen adicional que colocar”, refiere la auditoría a la filial de Pemex 09-2-18T5K-02-0413, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación como parte de la fiscalización a la Cuenta Pública 2009.

“Condiciones extraordinarias”

Para las arcas públicas de México, los históricos petroprecios no resultaron en bonanza por estas políticas. A inicios de noviembre de 2004, por ejemplo, la paraestatal petrolera determinó un descuento “histórico” al precio del petróleo de exportación de 3 dólares por barril, a favor de los clientes de Estados Unidos para, supuestamente, no retener cargamentos de crudo.

En octubre de 2005, con el pretexto de la devastación ocasionada por los huracanes Katrina y Rita, Pemex volvió a ajustar unilateralmente y de manera generalizada los precios del crudo de exportación. Entonces, los descuentos se fijaron en 2.25 dólares por barril.

También en el sexenio de Calderón Hinojosa se han presentado estas “competitivas” rebajas. El 18 de mayo de 2009, PMI citó a sesión extraordinaria del Consejo de Administración para establecer un descuento de 2.25 dólares por barril. De acuerdo con el acta de la 12 sesión extraordinaria, esa vez se argumentó que el origen de la deducción era la crisis económica mundial, que había originado el vaivén en los petroprecios.

En ese escenario se expuso que los competidores estaban obligados a reducir sustancialmente su descuento a favor de las empresas radicadas en Estados Unidos. La medida fue aprobada y los barriles de crudo se comercializaron 2.25 dólares por debajo de su costo real.

La tendencia ha continuado. El 29 de marzo de 2010, durante la 90 sesión ordinaria del Consejo, se informó que el crudo Maya registraba una baja competitividad al finalizar 2009, debido al alto precio del combustóleo y la debilidad relativa del WTI. Por ello, explicó Cárdenas Zubieta, en diciembre de ese año “se ajustó el Factor K en 0.6 dólares”.

La directora de PMI Comercio Internacional explicó que “los decrementos continuaron durante el primer trimestre de 2010, debido a la baja aceptación de esta calidad de petróleo crudo, ya que hubo paros por mantenimiento de los productores de gasolina en la región USGC [US Gulf Coast]”.

En la sesión 93, del 7 de diciembre de 2010, los consejeros pidieron a Cárdenas Zubieta que les informara “las condiciones en que se colocan los volúmenes adicionales [de crudo], mencionando como ejemplo las exportaciones a la India, China e Italia”. De ello se deriva que dichas exportaciones podrían haber incluido los nuevos descuentos del Factor K’.

Medida discrecional

A pesar de involucrar miles de millones de pesos que deberían ingresar a las arcas públicas, los descuentos no se transparentan. Al responder un recurso de revisión interpuesto por este semanario en mayo de 2005 (0123/05) ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, PMI reservó por siete años “el análisis técnico que se realiza para definir la variación de la constante, [que] consiste en medir –a través de modelos matemáticos de programación lineal que representan las refinerías en donde se pueden procesar crudos con calidades similares a los mexicanos– el margen económico que los crudos mexicanos pueden brindar a los refinadores en comparación con otras calidades disponibles en el mercado”.

Según la filial de Pemex, “su difusión puede dañar la estabilidad financiera y económica del país”; pues “representa información confidencial” y “es secreto industrial propiedad de PMI”.

Acerca del supuesto daño que se causaría por la revelación de los criterios en los que se basan los multimillonarios descuentos, señala: “En caso de hacerse público el análisis o estudios que justifican el movimiento del Factor K de las fórmulas de precio de los crudos mexicanos de exportación, se estaría dando, tanto a los competidores de PMI como a sus clientes, los elementos objetivos y la información suficiente para reducir las ventajas competitivas que PMI tiene en el mercado, menoscabando el valor que los crudos mexicanos pueden alcanzar en el mercado internacional y por ende afectando el ingreso de esta entidad, de manera directa, y de Pemex Exploración y Producción –organismo público descentralizado, subsidiario de Petróleos Mexicanos–, quien vende el crudo a PMI, e igualmente de manera indirecta los ingresos que obtiene el gobierno mexicano por la exportación del crudo, mismo que en los últimos años ha representado cifras cercanas al 35 por ciento del ingreso gubernamental”.

Agrega que, si se considera “que el mercado petrolero internacional es altamente competitivo, el otorgar acceso a la información solicitada sin duda implicaría que PMI tuviera que enfrentar situaciones en las que sus clientes y competidores aprovecharan dicha información para implementar estrategias cuyo objetivo sería desplazar al crudo mexicano de los mercados en los que se comercializa, o forzar un ajuste a la baja en los precios del crudo mexicano con el fin de mantener su participación de mercado”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó conocer la posición oficial de Pemex a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Veinte días después, no se ha obtenido respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 253 / 02 de octubre de 2011

Estudiantes extranjeros huyen de México

Marco Appel

BRUSELAS, 13 de septiembre (Proceso).- Ante la escalada de violencia que se vive en el país –derivada de la guerra en contra del narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón–, varias instituciones de educación superior de Bélgica y Estados Unidos recomendaron el regreso a sus respectivos países de los estudiantes inscritos en programas de intercambio académico en siete estados del territorio mexicano, sobre todo en Nuevo León.

De hecho, varios de ellos ya retornaron a sus lugares de origen, en tanto que otros se disponen a hacerlo si aumenta la inseguridad.

A finales de agosto pasado, seis alumnos de economía provenientes de la Universidad Católica de Leuven (UKL, por sus siglas en holandés) interrumpieron sus estudios en Monterrey y volvieron a su país, lo mismo que un estudiante de la Universidad de Lieja (Udl).

Otro alumno de esta última institución que estudiaba filosofía, y dos más de la Universidad de Amberes (UA), inscritos en ciencias políticas y sociales, analizan volver también a Bélgica si la situación se deteriora aún más en la capital regiomontana.

Las autoridades de esas universidades belgas, que mantienen intercambios académicos con centros de enseñanza superior de todo el mundo, aseguran que es la primera vez que aconsejan a sus alumnos dejar un país.

Esa recomendación se suma a la que realizaron las universidades de Texas y de Michigan, las cuales pidieron a sus alumnos ubicados en el Tec de Monterrey suspender sus actividades escolares y regresar de inmediato a Estados Unidos, según informó el pasado 3 de abril Christian Clarke, directora de la Oficina Internacional de la Universidad de Texas (UT), al diario universitario The Daily Texan.

La funcionaria de la UT dijo que también fueron cancelados los programas para verano y para el semestre de otoño de 2010 que esta universidad tenía planeados con el Tec de Monterrey.

En principio, la UT hizo tal solicitud sólo a sus estudiantes que se encontraban en el Tec campus de Monterrey, pero unas semanas más tarde –25 de abril– la amplió a todos sus alumnos –así como a sus empleados y profesores– que se hallaban en instituciones de educación superior de siete estados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California y Durango. La UT estimó que ello implicaría el regreso a Estados Unidos de unas 40 personas.

Por si eso fuera poco, el viernes 10 el gobierno de Estados Unidos extendió la “alerta de viaje” para ciudadanos de ese país que pretendan visitar México y ordenó la salida, “de forma inmediata”, de los hijos menores del personal que trabaja en el consulado de Estados Unidos en Monterrey.

El personal del consulado general “ha sido aconsejado de que la forma inmediata, práctica y fiable de reducir los riesgos de seguridad para todos los niños es retirarlos de Monterrey”, señaló un comunicado del Departamento de Estado.

Y agregó: “No se permitirá que ningún menor dependiente de empleados del gobierno estadunidense permanezca en la ciudad”.

Explicó también que el Departamento de Estado adoptó dicha determinación después de revisar la situación de seguridad en Monterrey. Para ello tomó en cuenta la “alta incidencia de secuestros” y un tiroteo que ocurrió el pasado 20 de agosto en la American Foundation School, ubicada en la capital regiomontana.

El viernes 10, continuó, venció el plazo de 180 días para la “salida autorizada” de familiares de estadunidenses que trabajan en los consulados de las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Monterrey. El Departamento de Estado tomó esa medida en marzo pasado, después del asesinato de tres personas ligadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Advertencia oficial

En entrevista con Proceso, Bart Hendrickx, coordinador de la oficina internacional de la universidad belga UKL, afirma que sus estudiantes le comunicaron que no se sentían seguros en Monterrey.

“Constatamos que la situación se había deteriorado durante agosto –explica–, así que decidimos consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica. Éste nos confirmó que había preocupaciones al respecto. Comprendimos entonces que debíamos ser prudentes en relación con la seguridad de nuestros estudiantes en Monterrey.”

El académico expone que los alumnos le comentaron que no podían concentrarse en sus estudios o salir sin sentir miedo a ser agredidos, por lo que ellos mismos decidieron retornar a Leuven y buscar otro país para continuar con su programa escolar.

–¿Casos como estos son frecuentes? –se le inquirió.

–No. Es la primera vez que personalmente tengo esta experiencia: tener que aconsejar que regresen.

–La ola de violencia no es exclusiva de Monterrey. ¿Ustedes han considerado recomendar el regreso a sus alumnos de intercambio en otras partes de México?

–Por el momento no hemos tomado esa decisión. Estamos recabando información. Pero si ahora nos pidieran una opinión, ésta sería más bien negativa, salvo para las zonas que no han sido afectadas por la problemática.

Por su parte, Jan Dries, jefe de prensa de la UA, comentó que esta institución educativa recomendó también a sus estudiantes dejar México, ya que “no es un lugar donde puedan estar en seguridad”.

Esa recomendación, indica Dries a este corresponsal, se sustentó en un reporte elaborado por el consulado belga donde se les informó “de las cosas que están pasando en Monterrey”. Dicho reporte, precisa, le fue entregado a la universidad la última semana de agosto.

Los estudiantes de la UA decidieron continuar sus estudios en Monterrey, pero bajo una estrecha comunicación con el personal de su universidad en Bélgica. Éste se comunica regularmente con ellos para auxiliarlos en caso de que soliciten su repatriación.

La misma atención le procura la Udl al alumno que sigue en Monterrey, manifestó Didier Moreau, el director de comunicación de esa institución educativa.

–¿Si la situación se agrava, lo repatriarían incluso si él no lo desea? –se le pregunta.

–Sí, efectivamente, en caso de que consideremos necesario tomar esa decisión, o que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica lo ordene.

El pasado 17 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica publicó en su sitio en internet un largo documento de advertencias sobre los riesgos que existen en México por la inseguridad.

Ese anuncio, con fecha de actualización del jueves 9, manifiesta que son “frecuentes los secuestros y las agresiones armadas”, y por eso preconiza una “extrema prudencia” en las grandes ciudades mexicanas, principalmente.

Señala que los estados más afectados por la “violencia cotidiana” son Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. En particular, el gobierno belga identifica a la capital de Chihuahua, a Ciudad Juárez, Torreón, Reynosa y Monterrey como las ciudades más expuestas a los “actos de violencia”.

Respecto a Monterrey, Bélgica hace hincapié en que la inseguridad ha empeorado “en forma preocupante”.

Menciona el caso de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que fueron asesinados durante una balacera entre militares y sicarios, ocurrida el 19 de marzo último dentro de las instalaciones de ese centro académico.

El pasado 30 de agosto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Patrick Deboeck, declaró a la agencia nacional de noticias belga que el gobierno de su país considera que la situación de inseguridad en la capital de Nuevo León ha “empeorado”.

“En México –explicó el funcionario–, hay una guerra entre los cárteles del narcotráfico, y en julio el huracán Alex causó destrozos en la zona. Los cárteles de la droga aprovecharon esa coyuntura para reforzar su presencia en la región.”

Añadió que las autoridades belgas no habían recomendado directamente a las universidades repatriar a sus estudiantes de intercambio en Monterrey. Sin embargo, aceptó que dichas instituciones educativas fueron informadas oficialmente por el gobierno de la mala situación prevaleciente en esa ciudad del norte de México, de modo que fueron los propios centros de estudios los que procedieron a aconsejar o no a sus estudiantes el retorno. l

Fuente: Proceso

Lanza la UNAM estación de radio en Chicago

La redacción

MÉXICO, D.F., 24 de mayo (apro).- Con el fin de “abrir un canal” de orientación, entretenimiento y desarrollo cultural para la comunidad latina en Chicago, Illinois, la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzó hoy en esa ciudad estadunidense la primera estación radiofónica pública no comercial en español.

El proyecto, denominado Radio Cosmos WDCB, en el 90.9 de Frecuencia Modulada HD2, es encabezado por el campus Chicago de la UNAM, en coordinación con la Universidad DuPage de Chicago, la Fundación Jesús Guadalupe y el Consulado de México en esa ciudad.

El director de UNAM-Chicago, Javier Laguna, informó que Radio Cosmos transmitirá programas “con una amplia variedad” de temas, tanto culturales como de noticias, elaborados en ese campus universitario, así como en Radio UNAM de México.

Agregó que 60% de la cartelera que ofrecerá Radio Cosmos estará conformado por programas de debate, información, entrevistas y diálogos; y 30%, de música culta latinoamericana no comercial, así como de la promoción de las actividades de UNAM-Chicago, indicó.

“Atrás de la radio está también la función de educar e informar y a eso le apuesta la UNAM. Tal vez al principio los radioescuchas en su mayoría le cambien, a los tres segundos, a la estación, pero regresarán y se quedarán más tiempo; eso es poco a poco”, admitió.

La Universidad DuPage es dueña de la señal, a través de la cual se transmitirá el contenido de Radio Cosmos, explicó Fernando Chamizo, director de Radio UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene sedes en Los Ángeles, California San Antonio, Texas; y Chicago, Illinois, así como en Gatineau, Canadá. José Luis Palacios, director del centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, confió en que Radio Cosmos sea, en el futuro cercano, un modelo por imitar en todas las sedes de la máxima casa de estudios en el extranjero.

Empresas españolas en México: la suciedad de la energía "limpia"

Salva la Selva, Paz con Dignidad, Centro de Derechos Humanos Tepeyac

Los Pueblos Originarios, organizaciones y de derechos humanos de la región del Istmo de Tehuantepec, (Oaxaca, México) (3) denuncian que el desarrollo de grandes parques eólicos en su territorio, lejos de promover el progreso y el respeto al medio ambiente, está significando el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños. Las responsables son grandes multinacionales de la energía procedentes de España como Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal e Iberdrola.

En el Istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más extensos y biodiversas de México: Chimalapas, Uxpanapa, Mixe baja. En ellas se albergan entre el 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del planeta. En estos parajes, se están construyendo campos eólicos que ocuparán 130.000 hectáreas del territorio, para instalar 5.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador, ocupa más de media hectárea de tierra y 150 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras.

Las multinacionales y los gobiernos de México, del estado de Oaxaca y del municipio de Juchitan prometieron que dichos campos eólicos traerían inversiones millonarias que favorecerían a los ejidatarios y comuneros. Así como un proceso de negociación que favorecería a ambas partes, pero esto ha sido falso. Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años, no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas, ni tampoco de las restricciones que pondrían las multinacionales para que los campesinos accedieran a sus tierras. No se les ha entregado, a muchos de ellos, copias del contrato, y el alquiler que pagan las compañías a los ejidatarios es de 150 pesos al año, cuando las ganancias de las multinacionales van a ser millonarias. La puesta en marcha de estos proyectos tampoco ha repercutido en una mejora y abaratamiento del servicio eléctrico en la región. Ante esto las comunidades se pregunta n ¿dónde está el progreso y los beneficios?

Aunque se han iniciado procesos legales ante juzgados civiles en el país, las comunidades ven que es muy difícil alcanzar la justicia ya que la desigualdad de poder es muy grande. Las multinacionales españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos. Esta posición no está contribuyendo a llevar el progreso y una mejora en la calidad de vida de las comunidades del Istmo, sino todo lo contrario. Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español a:

1) que evalúen el impacto que están teniendo estas empresas en territorio mexicano, 2) que no les ofrezcan ningún tipo de apoyo económico, político y diplomático mientras su actividad se desarrolle en un contexto de denuncias por violación a derechos fundamentales (4) 3) que velen por el cumplimiento de las legislaciones estatales donde se ubiquen las empresas transnacionales españolas, 4) que elaboren, con urgencia, nuevas proposiciones de Ley que tenga como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que están cometiendo fuera de sus fronteras,

Las demandas aquí presentadas tienen por objeto establecer los mecanismos para garantizar el derecho a una vida digna y hacer realidad la erradicación de la pobreza y sus causas.

NOTAS:

(1) Salva la Selva es una organización políticamente independiente, con sede en Alemania, que se compromete de manera consecuente con las poblaciones y los ecosistemas y de los países del Sur. Trabajamos junto con grupos que defienden su medio, sus derechos, el progreso social y el desarrollo sostenible.
(2) Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la transformación del actual modelo neoliberal y trata de incidir en las causas que originan las desigualdades. Este trabajo se hace a través de la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación al desarrollo. Una de sus iniciativas es la creación del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
(3) Ver Manifiesto en: http://www.rmalc.org.mx/principales/manifiesto_parque_eolico.htm (4) El proyecto eólico viola claramente los derechos de los pueblos originarios a ser informados y consultados para su aceptación o rechazo, como está contemplado en 133 de la Carta Magna, en relación al Convenio 169 de la OIT.
(5) Qué puede hacer usted: Una carta de protesta que puede firmarse y enviarse automáticamente a las autoridades mexicanas y españolas puede encontrarse en: http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=354

Contactos: Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, Alemania/ Tel: +49 30 51736879 / Email: guadalupe@regenwald.org Javier S. Balderas Castillo, Centro de DD.HH. Tepeyac, México/ Tel: +(0)1971 7151442 / Email: cdhtepeyac@yahoo.com.mx Kristina Sáez, Paz con Dignidad, España/ Tel. +34 946552944/ Email: investigacion-euskadi@omal.info

TEMEN ESCALADA DEL CONFLICTO EN GAZA

Hamás decreta el 'Día de la Ira' y llama a atacar a Israel por todos los medios
El cruce fronterizo de Erez se ha abierto este viernes para la salida de más de 400 extranjeros.- Protestas violentas en Cisjordania.- La aviación bombardea una mezquita

EL PAIS

Miles de palestinos en Cisjordania se han unido a las manifestaciones después de que miembros de Hamás decretaran este viernes el Día de la Ira contra Israel, tras la muerte de su líder Nizar Rayyan en un bombardeo ayer en Gaza. El movimiento islámico ha llamado este viernes a todos los palestinos a atacar por cualquier medio a Israel, que refuerza la seguridad por la posible reanudación de atentados suicidas en su territorio. La ofensiva israelí contra la franja cumple hoy una semana, y según fuentes médicas israelíes, ha dejado hasta ahora más de 420 muertos y 2.200 heridos. En tanto la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dice que la situación en Gaza en "traumatizante" ya que la población carece de lo mínimo esencial ya que no entra suficiente ayuda al territorio.

Israel ha seguido presionando con más de 30 ataques aéreos, uno de los cuales ha causado hoy la muerte de tres niños palestinos de entre 8 y 12 años que jugaban en una calle en la población de Jan Yunis, en el sur de la franja.
"No descansaremos hasta que destruyamos la entidad sionista", ha dicho Fathi Hammad, miembro del movimiento islamista Hamás, en el funeral de unas 20 personas que murieron en el ataque que se cobró la vida del líder Rayyan, de dos de sus cuatro esposas y ocho hijos. Este viernes, combatientes islamistas han disparado cohetes hacia el puerto israelí de Ashkelon uno de los cuales hizo estallar los ventanales de un edificio de pisos.
En Ramala, cientos de manifestantes han lanzado piedras contra la policía y se han enfrentado con miembros de Al Fatah, facción del presidente palestino Mahmud Abbas, a quienes acusan de "colaboradores" de los ataques.
Salida de extranjeros
En tanto, en la ciudad de Gaza, unos pocos cientos de extranjeros han abordado durante la mañana autobuses que los sacarían de la franja, con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, sus gobiernos y la aprobación de Israel.
Un militar israelí anunció anoche que se permitiría la salida de unos 443 extranjeros que viven en la franja de Gaza, medida que puede ser señal de que Tel Aviv se prepara para intensificar la escalada de los ataques. El cruce fronterizo de Erez ha quedado abierto para ello este viernes por la mañana, por donde además han entrado 72 camiones con ayuda, enviados por Turquía y organizaciones como la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, según fuentes palestinas.
Peter Lerner, enlace militar israelí, ha indicado que entre las personas a las que se permitirá salir hay estadounidenses, rusos, moldavos, ucranianos, turcos y noruegos, matizando que "no todos los extranjeros se van en este tipo de situaciones". Muchos de ellos, de hecho, son esposos o hijos de palestinos de Gaza.
No hay tregua
En la madrugada de este viernes, los aviones han bombardeado una mezquita en Jabalia, en el norte de la franja, empleada por los terroristas de Hamás como centro de reunión, suministro de armas y lanzamiento de cohetes contra Israel. Según testigos palestinos, tras el ataque se produjeron una serie de explosiones y un gran incendio debido a la munición almacenada en el interior del edificio.
La posible evacuación de los extranjeros de Gaza parece confirmar la intención del Gobierno de Ehud Olmert, expresada de forma tajante en los últimos días por varios de sus representantes, de no ceder por el momento a la petición internacional de alto el fuego.
La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice ha dicho este viernes que Washington estaba trabajando para buscar un alto el fuego en Gaza que fuese "duradero y sostenible". La jefa de la diplomacia estadounidense ha dicho que no viajará a la región en estos momentos de tensión para tratar de poner fin a la violencia.
La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, explicó este jueves al presidente francés, Nicolas Sarkozy, que aún no es hora de frenar la ofensiva y que los bombardeos seguirán hasta que Hamás frene sus ataques contra Israel. "Tomaremos nuestra decisión llegado el momento", dijo a la prensa la jefa de la diplomacia israelí a la salida del Palacio del Elíseo de París, donde fue recibida por el jefe del Estado galo, que a su vez tiene previsto visitar la región los próximos lunes y martes, en un nuevo intento de mediación para lograr el cese de la violencia.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin llegar a un acuerdo para emitir una resolución de alto el fuego. La pasada madrugada, los países occidentales rechazaron un texto propuesto por los países árabes a petición del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, por considerarlo desequilibrado por no hacer referencia a Hamás. La propuesta culpa exclusivamente a Israel de la actual crisis, sin mencionar los lanzamientos de cohetes de Hamás contra el sur del territorio israelí, que el Gobierno de Tel Aviv cita como el motivo de su actual ofensiva.