María Julia Mayoral/Prensa Latina
Managua, Nicaragua. En este país se desarrolla una guerra sucia con el respaldo económico de agrupaciones internas y financiamientos del exterior. En esta ocasión el blanco predilecto es el proceso electoral en curso.
En entrevista con Prensa Latina, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, argumenta su tesis cuando resta poco para los sufragios generales. Unos 3.3 millones de ciudadanos están habilitados para elegir el próximo 6 de noviembre al presidente y al vicepresidente de la República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano.
El mandatario Daniel Ortega busca la reelección frente a cuatro candidatos opositores, entre ellos el exgobernador Arnoldo Alemán (1997-2002), de la alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la segunda organización mejor estructurada, luego del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Además, aspiran a la primera magistratura el empresario Fabio Gadea, por una coalición formada bajo el manto jurídico del Partido Liberal Independiente (PLI) y el exdirigente de la “contra” revolución, Enrique Quiñónez, que se presenta por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). El otro nominado a la Presidencia es Roger Guevara, por una coalición de partidos minoritarios que comanda la agrupación Alianza por la República (Apre).
Desfilan en la contienda un partido, de manera independiente, y cuatro coaliciones, entre éstas figura la liderada por el FSLN con el nombre de Unida, Nicaragua Triunfa.
Dinero para la subversión
El pasado 16 de agosto, el Consejo Supremo Electoral aprobó el Reglamento de Acompañamiento Electoral. El término empleado en la normativa sirvió de pretexto para abrir otro frente de ataque a la institucionalidad de Nicaragua. Partidos y organizaciones no gubernamentales del país lograron sembrar aversión en el ámbito internacional, bajo el supuesto de que el acompañamiento significaba restringir el ejercicio de la observación imparcial de los comicios.
En opinión del magistrado Roberto Rivas, el intento de desvirtuar éste fue un fracaso, al punto de que varias instituciones extranjeras formalizaron su participación como observadores y reconocieron la flexibilidad y el alcance de la normativa del tribunal electoral. A lo interno, sería inocente obviar que grupos autonombrados representantes de la sociedad civil constituyen vehículos para otorgar fondos internacionales en contra del gobierno sandinista, denuncia.
“Es dinero suministrado por gobiernos extranjeros que pretenden intervenir en nuestros asuntos internos, a fin de tratar de sesgar la posición de algunos sectores de la población nicaragüense. Preguntémonos cómo se mantienen esas organizaciones que pagan sueldos de 5 mil y 3 mil dólares mensuales a sus funcionarios”, considera.
En diciembre de 2007, el embajador de Estados Unidos anunció públicamente que durante ese año habían proporcionado 8.5 millones de dólares a lo que ellos llaman “sociedad civil nicaragüense”. Mientras, el presupuesto del Consejo Supremo Electoral, la institución encargada de las elecciones, totalizó en aquel periodo unos 6.5 millones de dólares. Es decir, esos grupos captan más fondos de lo que recibe el ente rector de los comicios, contrasta el magistrado.
Actualmente, advierte, se tiene conocimiento de fondos que se destinan específicamente a pagar campañas en canales de televisión. “Sabemos de dos o tres canales que reciben del exterior 25 mil dólares mensuales para programas específicos, con los cuales potencias extranjeras tratan de oxigenar a los medios de comunicación que consideran de oposición y a los autollamados grupos de la sociedad civil”.
Constituyen espacios mediáticos abiertamente en contra de la institucionalidad electoral, del gobierno de la República y de sus logros sociales. “Esto lo digo sin ningún resquemor porque está a la vista, la gente constata a diario que ellos tratan de buscarle siempre peros al gobierno y no veo en ningún momento que den a conocer todos los avances sociales que ha tenido nuestro pueblo en los últimos años, que en sí son muchos”.
El dinero del exterior, subraya el jurista, procede de países que históricamente han estado interesados en atacar la institucionalidad nicaragüense.
“Igualmente puedo señalar que hay candidatos que han pasado siete u ocho años en el mundo político tratando de llegar al poder y te preguntas de dónde obtienen tanto dinero para sostener una infraestructura tan fuerte. ¿Te imaginas lo que es mantener una oficina donde hay seis o siete ejecutivos con salarios que van desde los 1 mil hasta los 5 mil dólares al mes, durante todo el tiempo, sin tener ningún ingreso por concepto de ventas o servicios? Yo siempre he hecho esa observación: ¿de dónde vienen esos fondos para sostener eso año tras año?; los nicaragüenses y la comunidad internacional deberían hacerse las mismas interrogantes”, señala Rivas.
En opinión de los especialistas, el actual proceso electoral en Nicaragua resulta muy sencillo, un partido político (ALN) y cuatro alianzas. Por lo tanto, la boleta tendrá cinco posibilidades para elegir, en correspondencia con las fuerzas contendientes.
La alianza PLI lleva como postulado al primer diputado nacional –excandidato a la Presidencia y a la alcaldía de Managua– Eduardo Montealegre, quien ha estado más de siete años en la vida pública intentando conquistar la primera magistratura del país, explica el magistrado. “A veces nos preguntamos ¿qué capacidad económica tienen estas organizaciones para continuar vivas? Porque mantienen una estructura organizativa muy fuerte, con personas que ganan mucho dinero; ahí los voluntariados no existen. Están organizados con personal permanente, manejan una buena base de datos, oficinas bien montadas a escala nacional y, sin embargo, a algunas de éstas les falta el soporte del pueblo”.
Golpes bajos y desinformación
Hay varios ejes de ataques en la campaña propagandística contra el proyecto socialista, cristiano y solidario que desarrolla el gobierno sandinista. Uno de éstos, explica Rivas, “es la supuesta ilegalidad de magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral y de contralores de la República que permanecemos en el cargo, aunque el tema quedó debidamente resuelto desde el punto de vista jurídico. A inicios de 2010, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto 3/2010, cuando veía venir que nuestro mandato se vencería en julio de ese año y estaba a la vista una crisis institucional, porque en el Parlamento los legisladores no llegaban a ponerse de acuerdo para elegir a quienes debían sustituirnos”.
Rivas señala que el decreto se sustenta en el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política. Entonces la Corte Suprema de Justicia en pleno, y esto es importante que se sepa, resuelve que la decisión del mandatario tenía sustento jurídico. Dicho párrafo de la Carta Magna expresa literalmente que en tanto no haya elección de los servidores públicos para reemplazar a los ocupantes de la responsabilidad, estos últimos se mantendrán en sus respectivas obligaciones.
Otro eje recurrente para atacar la institucionalidad está relacionado con la entrega supuestamente manipulada de las cédulas de identidad que habilitan a los ciudadanos no sólo para votar, sino para realizar todos los trámites. Dicho documento se les extiende a todos los nicaragüenses por igual; no hay ningún tipo de preferencia política e ideológica, no existe mejor prueba para desmentir la propaganda mal intencionada que la propia realidad.
El Frente Sandinista, recuerda Rivas, estuvo 17 años fuera del gobierno, desde 1990 hasta enero de 2007, y el proceso de cedulación comenzó en 1993, durante las administraciones neoliberales con un manejo pluralista por parte del Consejo Supremo Electoral, compuesto por personas que representan a distintas corrientes políticas e ideológicas. Tampoco es cierto que bajo el mandato del FSLN esté mal la cedulación: sólo en los últimos 18 meses hay aproximadamente 420 mil ciudadanos incorporados al padrón electoral y de
“Estaríamos hablando de sumar 360 mil [residentes] con los 420 mil de los meses recientes, al final son entre 700 mil y 800 mil nuevos ciudadanos habilitados debidamente para ejercer su derecho al sufragio”, detalla. “Hay mucha incorporación de la juventud; de los 420 mil [jóvenes] en los últimos 18 meses, 36 por ciento tiene de
Nicaragua, invadida por observadores
Entre los ejes de ataque también figura el acompañamiento electoral internacional. Agrupaciones opositoras han solicitado casi a gritos la presencia de observadores. Numerosos y frecuentes reportes de la prensa local dan cuenta del tema. En opinión del magistrado Rivas, Nicaragua ha sido un país prácticamente invadido por éstos. En 1990 hubieron más de 25 mil; en 1996, cuando salió electo Arnoldo Alemán, la cifra llegó a alrededor de 18 mil; en 2001 fueron aproximadamente 20 mil; y en los sufragios de 2006 –ganados por el presidente Ortega– asistieron 23 mil observadores, de los cuales 3 mil eran extranjeros.
Rivas expone que “si se saca la cuenta de que en Nicaragua el voto es domiciliar (cercano al área de residencia de los ciudadanos) y que en 4 mil 296 centros de votación se aglutinan 13 mil mesas o juntas receptoras de votos, se obtiene 1.8 observadores por cada junta y 5 por cada centro de votación”.
Estos datos demuestran la elevada participación de acompañantes internacionales y “la verdad es que para nosotros la legitimidad de los resultados electorales la da el pueblo nicaragüense al depositar su voto en las urnas”. Además, indica, la autoridad electoral es la única facultada para dar a conocer los resultados que se obtienen en las mesas o juntas de votación, de conformidad con la ley. Ésas están compuestas por los representantes de los partidos políticos, no son personas que la ciudadanía elija, y el presidente, el primer y el segundo miembros, con sus respectivos suplentes, disponen de fiscales u observadores, en aras de la transparencia en los comicios.
Por ley, la presidencia y la condición de primer integrante corresponden a las dos fuerzas políticas que obtuvieron el primer y el segundo lugar en la última elección nacional; en este caso, al FSLN y al Partido Alianza Liberal Nicaragüense, de manera alterna.
Si hay 13 mil juntas, 6 mil 500 las preside el Frente e igual número el ALN; por lo tanto, hay 6 mil 500 sandinistas en los puestos del primer integrante e igual cantidad de la otra fuerza política, con sus respectivos suplentes del mismo partido. En el caso del segundo integrante se toma en cuenta a las otras tres organizaciones participantes en los comicios, y la cantidad queda determinada mediante una fórmula de distribución proporcional, igualmente definida en la legislación. Es decir, en esas mesas están representados los partidos políticos y se espera que sean éstos los garantes de mantener la pureza del proceso y la garantía del voto.
Adicionalmente, las cinco organizaciones políticas tienen derecho a nombrar un fiscal o un testigo, con su respectivo suplente, para estar durante toda la jornada electoral. El magistrado cuestiona: “A veces nos preguntamos si es necesario un observador internacional o es que los nicaragüenses realmente no tenemos la capacidad para nosotros mismos cuidar nuestro voto en las urnas”. Pese a esto, están abiertas las puertas a todos los interesados en venir como acompañantes u observadores. Hasta el momento se ha respondido favorablemente las solicitudes hechas por la Unión Europea y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos. Se ha invitado también a magistrados del protocolo de Tikal, que aglutina a tribunales de varias islas del Caribe, Centroamérica y México, y de la Unión Latinoamericana de Organismos Electorales, que asisten mediante el llamado Protocolo de Quito, concerniente a los Estados de Suramérica.
Por la parte nicaragüense, distingue, “acreditamos como observador al Consejo Nacional de Universidades, algo importantísimo porque es una comunidad con más de 100 mil estudiantes y unos 20 participarán de manera directa en los sufragios de
Críticas y pronósticos
De acuerdo con el marco jurídico, en noviembre próximo podría salir electo cualquiera de los cinco candidatos a la Presidencia, pues la norma legal los ubica en igualdad de condiciones. Pero estos procesos electorales, lamenta Rivas, terminan polarizándose en detrimento del ejercicio cívico; los adversarios del sandinismo, en vez de defender sus planes, se concentran en poner al FSLN en una posición determinada con el propósito de restarle simpatizantes.
Desde el punto de vista de la composición, estas elecciones, evalúa el magistrado, van a ser más equitativas, porque hay cuatro banderas que prácticamente vienen del mismo partido liberal. La primera casilla, detalla, será la del PLC, a continuación estará la del FSLN y después las otras tres (ALN, Apre y PLI) que vienen del mismo origen, el Partido Liberal Constitucionalista. “Va a haber más alternativas para el pueblo en cuanto a opciones para seleccionar a los candidatos de su preferencia”.
Es muy fácil decir que podría existir fraude, manipulación de las actas de escrutinio, pues ahora los opositores están echando a rodar esas supuestas arbitrariedades como pronóstico para los sufragios de noviembre, alerta el jurista. “Durante las votaciones parciales de 2008 hubo múltiples críticas y en aquel momento desmentí las acusaciones ante la comunidad internacional y las agrupaciones partidistas internas”, relata.
“En aquella ocasión le dije a Eduardo Montealegre, entonces candidato a alcalde en Managua, que se presentara a las siete de la noche con las actas de escrutinio en poder de su partido. Al principio me respondió que sí y posteriormente que no podía asistir porque los papeles estaban en la bóveda de un banco; si eso me lo hubiera dicho otra persona hubiera creído el argumento, pero Montealegre es un hombre de ese mundo bancario-financiero. Le dije ‘dime cuál es el banco para que yo hable con el dueño y nos facilite las actas de escrutinio’. Éste no se hizo presente. Sólo acudieron las otras fuerzas políticas. Fueron revisadas más de 2 mil 400 actas de Managua y se verificó que todo estuviera en orden. Tenemos todos los resúmenes de actas firmados por los responsables legales de esos partidos”.
De la campaña política en curso, previene: “Me preocupa que adolezca de la altura ética deseada, cuando partidos carentes de una agenda clara concentran la labor proselitista en contraatacar a sus contrincantes en detrimento de la educación cívica del pueblo”. No obstante, los sufragios del próximo 6 de noviembre serán un proceso sencillo: “Espero que podamos dar los resultados con bastante agilidad”.
Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011
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