Empresas privadas de Pemex, detrás de la ganga del petróleo mexicano

Tres empresas privadas propiedad de Pemex –­radicadas en los paraísos fiscales de Islas Caimán y Holanda– se benefician de la ganga del petróleo, revela la Auditoría Superior de la Federación. Los multimillonarios descuentos también favorecen a Repsol y Shell, vinculadas con la petrolera mexicana a través de acciones y sociedades trianguladas. Ante una posible investigación del Congreso sobre la aplicación de los factores K y K’ –que habrían causado una sangría al erario por 8 mil 600 millones de dólares, en una década–, la paraestatal se blindó desde 2009.

Nancy Flores/Tercera y última parte

El negocio del crudo mexicano barato no se limita a los descuentos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrece a sus clientes extranjeros, en particular a Estados Unidos, y que habrían mermado más de 8 mil 600 millones de dólares al erario durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. También implica operaciones trianguladas al interior de la paraestatal más importante de México.

Ello porque la petrolera recurre a un esquema en el cual los ingresos por ventas de crudo de exportación se reducen por dos vías: los “ajustes de precios por competitividad” –llamados Factor K y Factor K’– y los pagos por contraprestaciones a favor de sus propias empresas privadas, encargadas de vender el crudo y cobrar las facturas.

Así, el precio fijado públicamente para la mezcla mexicana de exportación va perdiendo varios millones de pesos durante el proceso de venta de cada cargamento. Tan sólo las depreciaciones por “competitividad” establecen decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado (Contralínea 253, 2 de octubre de 2011).

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, la pérdida para el erario ascendería a 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. El detrimento podría superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año, como lo ha informado este semanario.

Las “contraprestaciones”

En el esquema ideado por Pemex, sus empresas privadas PMI Comercio Internacional –autonombrada el brazo comercial de la petrolera–, PMI Services, BV, y Pemex Finance, Ltd, juegan un papel fundamental. Las dos últimas, además de ser sociedades unimembres (sin oficinas ni empleados), tienen en común haber sido constituidas con el carácter de privadas, pero con dinero público extraído de la petrolera.

Radicadas respectivamente en Holanda e Islas Caimán –territorios considerados como paraísos fiscales por la laxitud de sus leyes hacendarias–, éstas aparecen como “clientes designados” de la subsidiaria PMI y, como tales, tienen la capacidad de negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira.

En esas transacciones, PMI también opera los descuentos a los precios de cada barril exportado –lo que incluye a los crudos Olmeca (superligero) e Istmo (ligero)– por medio de los factores K y K’.

Una vez que se cierran los tratos de las exportaciones, PMI Services y Pemex Finance se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros, principalmente empresas trasnacionales como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc. En esta lista también se encuentra PMI Norteamérica, SA de CV, una cuarta empresa privada de Pemex involucrada en estas operaciones.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, “el 1 de diciembre de 1998, PMI celebró con Pemex Finance, PMI Services y Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”.

En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.

La triangulación no acaba ahí. La relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.

De acuerdo con el reporte del máximo órgano de fiscalización en México, el fin de toda esta trama es obtener financiamientos privados, anteriormente conocidos como Pidiregas y ahora como deuda pública destinada a desarrollar proyectos de infraestructura.

Las triangulaciones financieras tienen su origen en la restricción de los mecanismos de financiamiento que caracterizan a los mercados internacionales, descubre la “Auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-18T4I-02-0438ASF”.

De acuerdo con dicho reporte, en 1998 Pemex creó un programa de financiamiento estructurado: una operación comercial basada en la compra-venta de derechos de cuentas por cobrar elegibles a clientes designados, ubicados en Estados Unidos, Canadá, México y Aruba, con el objetivo de financiar los proyectos Pidiregas de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

Se refiere al contrato Receivables Purchase Agreement, signado el 1 de diciembre de 1998, en el cual participan PEP, PMI Comercio Internacional, PMI Services y Pemex Finance.

Las triangulaciones

En el esquema ideado por la petrolera mexicana, cada una de esas cuatro empresas resulta fundamental. La cadena inicia en la subsidiaria PEP –constituida el 16 de julio de 1992 como paraestatal–: ésta vende a PMI Comercio Internacional todo el petróleo crudo que México destina a la exportación.

El dinero que se genera por esta comercialización interna no necesariamente entra a las arcas de la paraestatal, como lo demuestra una operación comercial realizada en diciembre de 1998. A principios de ese mes, PEP vendió cuentas por cobrar presentes y futuras de petróleo crudo pesado mexicano y, para el día 14, transfirió 1 mil 500 millones de dólares producto de las ventas al fideicomiso privado Master Trust, “en el marco del Convenio de Derivación de Fondos”, señala la Auditoría Superior.

De este esquema, una segunda etapa se ubica en la labor de PMI Comercio Internacional. Constituida el 24 de mayo de 1989 como sociedad anónima –por Pemex, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal–, esta filial compra las cuentas por cobrar presentes y futuras del crudo mexicano a PEP, e incorpora al programa de financiamiento estructurado a sus clientes designados.

Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Chevron USA Inc, PMI Norteamérica, SA de CV, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co, entre otros clientes, son informados de la operación a través de una Notice of sale and assignment of account receivable, documento que indica que el pago debe realizarse en la cuenta bancaria collection account, a nombre de Pemex Finance, PMI Holdings y PMI Comercio Internacional.

Una vez realizado esto, PMI Comercio Internacional vende a PMI Services los derechos de cobro de las cuentas por cobrar. Al tiempo, administra y maneja el servicio de esas cuentas en beneficio de Pemex Finance, la compañía radicada en Islas Caimán.

La trama diseñada por Pemex para operar las ventas del petróleo crudo de exportación va más allá. PMI Services, constituida el 31 de marzo de 1988 como empresa privada en Ámsterdam, Holanda –pero propiedad de la paraestatal–, se encarga de comprar a PMI los derechos de las cuentas por cobrar; vender esas cuentas a Pemex Finance a una tasa de descuento promedio del 9 por ciento sobre los derechos de cobro adquiridos; y obtener un beneficio del 0.006 por ciento del “service margin”, sobre la cobranza a realizarse a los clientes designados.

A su vez, Pemex Finance concentra los fondos sobre los derechos de cobro adquiridos de las cuentas por cobrar elegibles; retiene mensualmente de la cobranza de los clientes designados el margen de ganancia del 0.006 por ciento destinado a PMI Services; y realiza los pagos de capital de la deuda de emisión de bonos, con las cuentas por cobrar elegibles no destinadas a la recompra de nuevas cuentas generadas por PMI Comercio Internacional.

Pemex Finance es un vehículo financiero constituido el 18 de noviembre de 1998, como sociedad de responsabilidad limitada bajo las leyes de las Islas Caimán. En la actualidad, su único accionista es The Pemex Finance Trust, un fideicomiso de beneficencia pública constituido por BNP Paribas Private Bank & Trust Cayman Limited.

Y aunque su capital social autorizado fue de sólo 1 mil dólares, las operaciones que realiza son multimillonarias. Tan sólo en 2009 Pemex Finance operó el 87.7 por ciento de los 341 millones 672 mil barriles de petróleo crudo Maya y Altamira que México exportó. Así, el “programa de financiamiento estructurado” permitió a esa empresa adquirir el derecho de cobro de cuentas de 12 clientes designados, por 18 mil 951 millones 274 mil dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos.

Además, entre 1998 y 2000 emitió una deuda en los mercados internacionales por 5 mil millones de dólares. El objetivo, según la paraestatal mexicana, fue “obtener recursos para la compra de los derechos de cobro de las cuentas por cobrar elegibles vendidas por PMI Services”. Para respaldar esta operación, Pemex le concedió un préstamo subordinado por 714 millones 750 mil dólares.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la versión de Petróleos Mexicanos y PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Shell y Repsol, beneficiadas

En 2009, las trasnacionales Shell y Repsol YPF figuraron entre los 22 clientes de PMI Comercio Internacional. Ambas empresas se encuentran vinculadas a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de operaciones trianguladas: la primera mantiene una sociedad al 50 por ciento con PMI Norteamérica, en la refinería Deer Park; en la segunda, Pemex posee el 9.8 por ciento de las acciones a través de sus empresas privadas PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL.

Las transacciones podrían haber involucrado descuentos, de acuerdo con las reglas creadas por la paraestatal mexicana para ajustar los precios del petróleo de exportación a “niveles competitivos”.

De acuerdo con la “Auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-18T4I-02-0438ASF”, en 2009, PMI Comercio Internacional tuvo 26 contratos vigentes con 22 clientes, para la comercialización de petróleo crudo. De éstos, 15 fueron evergreen (renovables), seis de largo plazo y cinco ocasionales.

El firmado con la estadunidense Shell Trading Company tuvo la condición de ocasional, mientras que el de la española Repsol YPF Trading y Transporte fue evergreen. Los otros cuatro contratos ocasionales se pactaron con Atlantic Trading and Marketing, Inc; CEPSA International, BV; Citgo Petroleum Corporation y Koch Supply & Trading, LP.

Pemex busca blindar el Factor K

El acta de la 88 sesión del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional revela que Petróleos Mexicanos buscó blindar su actuación respecto de los multimillonarios descuentos al precio del crudo de exportación, desde septiembre de 2009.

La “protección” sobre sus actos se discutió al prever futuros cuestionamientos hechos por legisladores, durante las comparecencias de quien fuera titular de la paraestatal más importante de México, Jesús Reyes Heroles González Garza.

En aquella sesión, los representantes de Pemex sostuvieron lo siguiente: “Sería conveniente que se presentara ante el Consejo de Administración un estudio comparativo entre las políticas y las mejores prácticas internacionales. Para ello, un tercero independiente podría realizar un análisis respecto de las decisiones comerciales que pueden llegar a impactar de forma importante, como en el caso de los ajustes al Factor K de la fórmula de precios, para atender el tema que ha surgido recurrentemente en varias comparecencias [ante el Poder Legislativo] y salvaguardar de cualquier pugna el actuar de la empresa”.

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

Cordero y Jordy Herrera autorizaron rebajas petroleras a favor de EU

Cinco secretarías de Estado, el Banxico y Pemex están involucrados en los descuentos discrecionales que aplica el gobierno federal al precio del petróleo, por más de 860 millones de dólares anuales. Entre los funcionarios que han avalado los factores K y K’ destacan el ahora precandidato del PAN a la Presidencia, Ernesto Cordero; el secretario de Energía, Jordy Herrera, y el director de la petrolera, Suárez Coppel. Las multimillonarias pérdidas del erario se “justifican” para “competir” contra los petroprecios de Venezuela, país vigilado escrupulosamente por México. Documentos oficiales dan cuenta de la estrategia de los funcionarios para mantener el tema alejado de los medios de comunicación.

Nancy Flores/Segunda parte

El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Ernesto Cordero Arrollo; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera Flores; y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se encuentran entre los funcionarios que han conocido y avalado los multimillonarios descuentos a los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira.

Tan sólo en este sexenio, el erario habría perdido más de 4 mil 300 millones de dólares en sus exportaciones del energético por las ofertas unilaterales que aplica, desde al menos hace una década, el gobierno federal. Actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional obtenidas por Contralínea revelan la discusión de una estrategia para evitar que los medios de comunicación investiguen estos descuentos millonarios que favorecen, principalmente, a Estados Unidos.

Otros panistas y servidores públicos de esta administración que han sido informados de las discrecionales rebajas son los secretarios y exsecretarios de Estado Bruno Ferrari García de Alba, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Salvador Vega Casillas, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel Martínez y Germán Martínez Cázares. En esa lista también se encuentra Agustín Carstens Carstens, director del Banco de México y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo informó Contralínea (edición 253, 2 de octubre de 2011), esas depreciaciones del crudo favorecen sobre todo a Estados Unidos, pero también a Italia, España, China e India. Y es que los denominados factores K y K’, que se aplican a las ventas internacionales del petróleo, fijan decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado.

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, representarían una sangría al erario de 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. Así, las pérdidas –que se “justifican”, de acuerdo con Pemex, como “ajustes de precio por competitividad”– podrían superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año.

Decisión unilateral

Pese a la importancia de los montos implicados, el Poder Ejecutivo establece de manera unilateral tanto el descuento como las condiciones del mismo. El Congreso de la Unión no sólo no participa en la designación de los “ajustes”, sino que ni siquiera es informado de la aplicación de éstos. Dicha situación motivó que la Cámara de Diputados creara la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, el 15 de marzo de 2005.

Pero de Vicente Fox a Felipe Calderón, nada cambió. La subsidiaria PMI Comercio Internacional sólo consensúa esta medida con cinco secretarías de Estado –Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores–, el Banco de México, Pemex Corporativo y sus subsidiarias Refinación, Exploración y Producción, y Gas y Petroquímica Básica.

Estas dependencias y organismos conforman el Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, revelan documentos oficiales. Éste se encarga de discutir, de manera periódica, los análisis técnico/comerciales del mercado, elaborados por el llamado “brazo comercial” de Pemex, y fijar los montos de las rebajas por cada cliente extranjero, especialmente para los radicados en Estados Unidos.

De esta unilateral medida, los análisis de mercado no son los únicos elementos que se mantienen bajo reserva, también los nombres de los servidores públicos que representan la voz y el voto de cada dependencia y organismo del Grupo Interinstitucional. Además de establecer los descuentos, esos funcionarios tendrían la obligación de informar a los titulares de las dependencias y organismos involucrados los acuerdos alcanzados en cada reunión.

De manera directa, tanto Jordy Herrera Flores como Juan José Suárez Coppel han avalado los multimillonarios descuentos, descubren actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. El primero, en su calidad de director de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que no variará ahora que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía.

Análisis del mercado

De acuerdo con PMI Comercio Internacional, filial comandada por María del Rocío Cárdenas Zubieta, cada vez que se modifican los factores K y K’ se realizan análisis técnico/comerciales de mercado. Éstos se encuentran reservados, según lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al revisar el recurso 0123/05, interpuesto por este semanario en mayo de 2005.

Sin embargo, copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de PMI –que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan algunos aspectos contenidos en dichos estudios. Basados en los principios de oferta y demanda, los análisis incluyen, por ejemplo, la medición del inventario de los clientes extranjeros.

En el caso de Estados Unidos –que consume el 84 por ciento de las exportaciones de crudo mexicano–, se considera una medición formal basada en reportes semanales elaborados por el Departamento de Energía de ese país, que muestran el movimiento de inventarios y el nivel de proceso de las refinerías, y una segunda medición con base en la percepción de mercado que deriva de la utilización de buques denominados VLCC.

El acta de la 12 sesión extraordinaria del Consejo, realizada el 18 de mayo de 2009, indica que para esa fecha las estimaciones se ubicaban en 80 mil millones de barriles almacenados alrededor del mundo, de los cuales el 50 por ciento se concentraba en la Costa Norte del Golfo de México.

Los análisis también determinan la cantidad y el tipo de crudo almacenado por cliente (ligero africano, medios y pesados de medio oriente, crudos venezolanos e iraníes), así como el costo del almacenamiento que se cubre con el valor futuro del energético.

Una vez que se tienen esos datos, se realiza una proyección que incluye una curva a mediano y largo plazo “en contango” (que significa la aplicación de un descuento al precio de las ventas de futuros). Así, para los clientes de Pemex se crean oportunidades de negocio al comprar petróleo a precios actuales. Éstos, incluso, pueden generar especulación en el mercado, al ser vendidos por esos clientes de forma inmediata, pero más caros a los precios que se negocian en los contratos de futuros.

Cuando la “curva a mediano y largo plazo en contango se debilita, existe un incentivo para ofertar el crudo almacenado, presionando puntualmente las cotizaciones de crudo a la baja”, dice el acta de la subsidiaria, consultada por este semanario.

El mismo documento revela la preocupación de los directivos de la paraestatal por ocultar esta información a la sociedad mexicana. Al discutir el impacto del descuento de 2.25 dólares por cada barril exportado entre noviembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, Bernardo de la Garza Hesles –actual subdirector corporativo de Pemex Refinación– explicó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, la “expectativa interna”.

Ésta, dijo, dependía de la coyuntura política que se vivía entonces. “El tema sensible que pueden explotar los medios [de comunicación] sería respecto al presupuesto y los ingresos, ya que los recursos petroleros serían un factor adicional a los que venían vulnerando al ingreso del país” (sic), dijo De la Garza Hesles. Sobre este punto, Reyes Heroles pidió que “se vigilara el enfoque [periodístico] con que se plantearía al público dicho tema”.

En su sexta página, el acta de la 12 sesión extraordinaria apunta que el exdirector de la paraestatal dijo a los consejeros y asistentes que “si en este caso el diferencial entre los crudos mexicanos [exportados con descuentos] con los crudos marcadores había estado particularmente cerrado, sería sensato establecer que se estaba presenciando un regreso a la normalidad”.

Ese regreso a la normalidad del que hablaba no significaría otra cosa que la caída de los petroprecios. El contexto de la declaración de Reyes Heroles se enmarcaba en la bonanza del mercado, con las más altas cotizaciones registradas en la historia petrolera que, por lo visto, no habrían beneficiado a las finanzas públicas de México.

Fiscalización a Venezuela

Los análisis técnico/comerciales que derivan en el abaratamiento del crudo nacional también incluyen una puntual fiscalización de las ventas realizada por sus principales competidores, Venezuela y Arabia Saudita. Entre otras cosas, se evalúa el comportamiento de sus precios, sobre todo el relacionado con el ajuste de éstos a la baja.

Así, se presume el escenario que enfrentará PMI en materia de cotizaciones en el corto plazo y mediano plazo. Es en esa “guerra” por ganar mercados en la que el brazo comercial de Pemex está dispuesto a depreciar los crudos de exportación.

Sobre el país que dirige Hugo Chávez, los estudios de Petróleos Mexicanos también han tenido por objeto determinar si existen diferencias entre el volumen de producción reportado por las autoridades venezolanas y el volumen reportado por agencias independientes, entre las que destaca la Agencia Internacional de Energía, evidencia el acta de la 88 sesión ordinaria del Consejo de Administración de PMI.

Fechado el 1 de septiembre de 2009, el documento indica que el entonces director de la paraestatal, Reyes Heroles, ordenó analizar también a Brasil y Canadá, “por ser posibles factores que afectaran la competencia de los crudos pesados en la Costa Norte del Golfo de México”.

Para la elaboración de este trabajo, se gestionó conocer las versiones de las secretarías de Energía, con Héctor Escalante Loma, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Relaciones Exteriores, con Adela Montaño, de la Coordinación de Comunicación Social; de Economía, con Joaquín Álvarez, director de Información; de la Función Pública, con Moisés Ciriaco Salvador, director de Prensa; de Hacienda, con Jorge Juárez, subdirector de Medios; del Banco de México, con Claudio Guzmán, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Pemex y PMI, con Francisco Montaño, coordinador de Información; así como del precandidato Ernesto Cordero, con su actual colaborador Antonio Cervantes. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguno.

“Ajustes de precio” internos

Los llamados “ajustes de precio” no sólo se dan en las ventas del crudo en el mercado internacional, también entre las subsidiarias Pemex Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional, revela la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el informe, “la emisión de los ajustes en precio se encuentran soportados por los términos y condiciones establecidas en el contrato de compraventa de petróleo crudo signado entre PEP y PMI, cláusula 6 ‘Precio’ y Anexo 2 ‘Precios y Periodos de Valoración’, así como en los convenios celebrados entre la partes”.

La Auditoría agrega que también en “la emisión de un procedimiento que establezca las actividades necesarias para realizar y elaborar la solicitud de ajuste de nota de crédito o débito por ‘ajuste en precio’ no resulta en un impacto normativo en el proceso de comercialización de petróleo crudo, en virtud de que dichos ajustes en precio no son ‘negociables’ y su cálculo se determina por la aplicación de los esquemas de valoración contractuales y acordados entre las partes”.

Según explicaron funcionarios de PEP a la Auditoría Superior, “las causas principales de tales ajustes son la aplicación de precios estimados en los cierres mensuales, los precios provisionales en las valoraciones especiales y los cambios en los precios de los crudos marcadores”.

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

Pemex: empresa pública, negocios privados

Marcos Chávez *

Si Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera una sociedad anónima y si Juan José Suárez Coppel fuera su gerente, dueño o principal accionista y compartiera los títulos de propiedad con Carlos A Morales, Miguel Tame,Rafael Beverido y María del Rocío Cárdenas, junto con otros socios más que, por ejemplo, podrían ser Felipe Calderón y su gabinete y los legisladores priístas, panistas o ecologistas, es obvio que tendrían todo el derecho de manejarla como se les antojara. Podrían elegir libremente a sus accionistas, convertir a la firma en una trasnacional “exitosa” como las de Carlos Slim, venderla o hundirla, como sucedió con Mexicana de Aviación, gracias a las pillerías de Gastón Azcárraga. Su destino sería un asunto particular, apenas digno del anecdotario de la jungla capitalista.

Las únicas restricciones que enfrentarían el hipotético Pemex, SA de CV, y sus imaginarios propietarios estarían determinadas por las leyes que normarían las relaciones entre los asociados, competidores, deudores, acreedores y trabajadores, consumidores, autoridades y demás personas físicas y morales involucradas, supuestamente para salvaguardar los intereses de unos y otros y velar por la moral y la salud del sistema de la “libre empresa”. Desde luego, en ese escenario figurado, utilizo las palabras “moral” y “salud” en un sentido retórico, porque en el mundo real, el modus operandi de los capitalistas y las compañías es diáfanamente viscoso y denso como el petróleo pesado, como lo constató el sociólogo estadunidense Edwin H Sutherland, también considerado uno de los más influyentes criminólogos del siglo XX.

En su trabajo La delincuencia de las grandes empresas (1948), donde estudia a las 70 corporaciones estadunidenses más grandes y su relación con la legalidad (comercial, publicitaria, financiera, laboral, el uso de patentes, marcas y derechos de autor y del consumidor), concluye que “el hombre de negocios ideal y la gran corporación son en buena medida como el ladrón profesional”, debido a su desprecio por las leyes y las autoridades que se inmiscuyen en sus actividades, por su misteriosa y seductora proclividad por violarlas reiteradamente como una política definida, “sirviéndose de lo que se pueden llamar métodos del crimen organizado”, como lo hacen “los ladrones profesionales”. La diferencia entre ellos es que mientras éstos admiten que son delincuentes cuando hablan con honestidad, los hombres de negocios se consideran honestos, respetables. Sólo se aceptan como transgresores cuando consideran que las normas están mal hechas. Para ellos, los malhechores pertenecen a la clase socioeconómica más baja.

En su estudio Los delincuentes de cuello blanco (1949) destaca que las personas con un elevado estatus socioeconómico, a los que nombra “barones ladrones”, violentan las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales (antimonopolios, de cambios, de valores, etcétera) y que su tasa de reincidencia es mucho más alta en comparación con otra clase de delincuentes (El delito de cuello blanco, La Piqueta, Madrid, 1999).

Pero el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no son recursos naturales privados. Constitucionalmente se encuentran bajo el dominio directo de la nación. Son inalienables e imprescriptibles. Su explotación corresponde exclusivamente a la patria. No son susceptibles de concesiones ni de contratos (por lo que no deben subsistir los que se hayan otorgado). El petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica son áreas estratégicas bajo la responsabilidad del Estado y de Pemex, entidad encargada de su aprovechamiento. Sus funcionarios son servidores públicos y sus tareas están sometidas a la Carta Magna y las leyes reglamentarias. Son los responsables del patrimonio y del funcionamiento de la paraestatal, de la industria petrolera y del uso racional de los recursos naturales, y deben rendir cuentas a los organismos comisionados de la supervisión.

El problema empieza cuando el Ejecutivo y el Legislativo ?responsables de velar por el imperio de las leyes? son los primeros en darle la vuelta a la Carta Magna con normas secundarias, con el objeto de someter el interés público a la acumulación del capital nacional y extranjero. La derecha neoliberal priísta-panista ha reinterpretado dolosamente la Constitución para reprivatizar la explotación de los recursos energéticos, despedazarla industria petrolera, transformar en negocio de particulares todas las actividades de Pemex, compartir la renta petrolera con las grandes empresas y convertir a la paraestatal en una simple administradora discrecional de los contratos incentivados de reputación anticonstitucional.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de velar por el estado de derecho, se mantiene ciega, sorda y muda ante las tropelías y los derechos de la población (al claudicar ante los intereses del poder político y económico y sustituir la toga por los faldones clericales, que degradan a la institución a la que representa) asumió una postura ambigua ante dichos contratos, se escurrió por las ramas al negarles el derecho a varios legisladores para someter a una controversia respecto de su constitucionalidad y dejó de lado el fondo de la litis. Era el último obstáculo para anteponer los preceptos constitucionales al pillaje y a la depredación del bloque dominante. Pero decidió arrogarse el papel de tapadera infranqueable de la impunidad. Enjuto favor les hizo a las mujeres al negarles su derecho a decidir en relación con el aborto. Ahí antepuso sus preceptos religiosos y subjetivos sobre los constitucionales, y nos regresó al oscurantismo. Le hizo el juego a Calderón, Lorenzo Servitje, Norberto Rivera y demás personajes de la actual inquisición, equiparable con el de la derecha religiosa estadunidense que le grita a Barack Obama “¡Jesús es el señor; Obama es el anticristo!”.

Desaprovechó una oportunidad para limpiar un poco su imagen y emitir una resolución racional, justa y democrática a una nación necesitada de verdaderas instituciones que puedan enfrentar los retos actuales de una sociedad que está siendo llevada al retroceso). Cuando los neoporfiristas de Pemex interpretan a modo la indeterminación y el silencio cómplice de la Suprema Corte y, para abrir boca, empiezan el reparto de espléndidos y oscuros contratos, como los tres bloques “maduros” para su exploración y explotación y por estas fechas concederán otros más, pese al estercolero heredado por los Pidiregas consolidados como deuda pública en 2009 y que pagamos con nuestros impuestos (un saldo de casi 1 billón de pesos, más 367 mil millones y 143 mil millones de pesos por concepto de amortizaciones e intereses pagados). Cuando la Secretaría de la Función Pública evidencia una vez más su incompetencia y su papel de trastienda, la Auditoría Superior aparece como un león desdentado y la mayoría legislativa encubridora mira hacia otro lado.

La sórdida relación entre “los socios asociados en sociedad” ?en palabras del poeta cubano Nicolás Guillén? directivos de Pemex, Sacyr Vallehermoso y Repsol es un capítulo más de la política petrolera neoliberal que despide el tufo de la transgresión de las empresas y de los delincuentes de cuello blanco.

La mala reputación enloda a los asociados

La del economista Suárez Coppel es una delicia. Es un Chicago Boy forjado en las desacreditadas y vulgares escuelas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Chicago mismo (corresponsables del colapso del neoliberalismo). Se dice que fue apadrinado por el oscuro Chicago Boy Francisco Gil Díaz, de siniestra memoria, como servidor público y que llegó a Pemex con la encomienda de consolidar la entrega de la industria a la voracidad de los hombres de presa, pese a su participación en el fracaso de la emisión de los bonos petroleros, la parodia del “capitalismo thatcheriano”, y que poco antes había sido despedido del Grupo Modelo al provocarle pérdidas patrimoniales y financieras con sus especulativas operaciones en los mercados bursátil y de futuros, como recordara Graco Ramírez.

La periodista Jesusa Cervantes señala en su obra Los hijos de Marta que era identificado como un capi “inamovible”, “el líder de la organización interna” de Pemex, ligado a Antonio Juan Marcos Issa, exasesor de los entonces directores de la paraestatal, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes entregaron millonarios contratos a las empresas favoritas del sexenio de Vicente Fox: Oceanografía y el consorcio Blue Marine, ligadas a los cachorros de Marta Sahagún.

Las periodistas Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, de Contralínea, documentan sus “transparentes” relaciones incómodas con su primo José Alfredo Coppel Salcido, propietario de Global Drilling Fluids de México (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/24/el-primo-incomodo-de-suarez-coppel/)y la vida regalada de barón que se da en la Quinta Avenida o en Londres, a costa de Pemex y de nuestros impuestos (http://www.voltairenet.org/Suarez-Coppel-dispendio-en-tiempo).

El acuerdo entre los socios Pemex-Sacyr Vallehermoso tiene su discreto encanto. Se realiza a través de la filial holandesa PMI Holdings, una de las 25 compañías creadas por Pemex, 11 de las cuales son manejadas por la división PMI Comercio Internacional, cuyas operaciones superan los 26 mil millones de pesos (Nancy Flores, “Pemex privatiza 26 mil MDP en operación de Repsol”; http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/18/pemex-privatiza-26-mil-mdp-en-operacion-de-repsol/). Son entidades creadas por una empresa estatal, con dinero público y que manejan éste. Pero funcionan como compañías privadas. No rinden cuentas a nadie. Nadie puede supervisarlas. Han sido abiertas en los llamados paraísos fiscales, lugares donde se instalan empresas fantasmas, públicas (el capitalismo público offshore) y privadas, anónimas, simples membretes. Con un pago mínimo, por esas zonas fluyen de manera triangulada miles de millones de dólares que no les gusta la supervisión. Prefieren la opaca discrecionalidad. Y como el Triángulo de las Bermudas, en los insondables abismos de dichos paraísos se pierden inquietantes historias. Se borran sus orígenes y reaparecen como capitales limpios, o blanqueados, si se prefiere.

Los economistas Thierry Godefroy y Pierre Lascoumes prefieren llamar a esos mercados como los parásitos fiscales y financieros del capitalismo, de contabilidad creativa, donde trabajan los piratas mercantiles que mueven capitales turbios, corruptos, sangrientos: dinero público y privado, del narco, de las iglesias (El capitalismo clandestino, Paidós, 2005).

Justificar la ampliación de la participación accionaria de Pemex en Repsol, que aumenta la deuda de la paraestatal (53 mil millones de dólares, antes de la operación), como parte de la estrategia de internacionalización de la empresa o la transferencia de tecnología, no son más que mentiras de lactante.

¿Qué pretenden ocultar Suárez Coppel, el gobierno mexicano y sus socios de mala reputación? ¿Qué favores le deben al “amigo” Luis del Rivero, presidente de Sacyr, qué compromisos quieren saldar, a cambio de qué pretenden evitar el derrumbe del español con el dinero público mexicano? Porque Sacyr Vallehermoso es una entidad quebrada debido a la crisis inmobiliaria española. La firma desconoce el negocio petrolero. Su inversión apalancada en Repsol es la típica operación de una empresa que compra lo que sea para diversificar su portafolio, elevar sus ganancias y luego vender especulativamente los papeles. Pudo invertir su dinero en una granja de cerdos o en una empresa limpiadora de cloacas. Da lo mismo. Pero necesita urgentemente capital para pagar las acciones que tiene de Repsol, compradas con créditos.

La reputación de esa trasnacional en Argentina, Bolivia y Perú es simpáticamente negra: la máxima extracción de hidrocarburos, la sobreexplotación de los yacimientos, sin realizar las inversiones necesarias para reponer o elevar las reservas; la destrucción ambiental; el fraude contable y bursátil para evadir el pago de impuestos y engañar a los compradores de títulos; la violación de los derechos laborales; la corrupción; y el desacato jurídico.

En 2005, la agencia federal Securities andExchange Commission de Estados Unidos desnudó su “creatividad contable”. Y Respsol abastece con gas peruano a la Comisión Federal de Electricidad, por medio de contratos que apestan a corrupción.

Mientras tanto, las reservas mexicanas de crudo, la producción, las exportaciones de éste y sus derivados declinan, y las importaciones de estos últimos se elevan sustancialmente, al igual que la depredación y el saqueo de los capitales privados. ¿También se inflan las cuentas bancarias de los calderonistas? Y la Refinería de Tula se reduce a una barda. Y los mexicanos pagamos más impuestos y precios más altos para sostener este esquema. Es la magia de la política petrolera priísta-panista.

*Economista

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

Factor K: Pemex regala 8.6 mil MDD a extranjeros

Al menos desde hace una década, Pemex otorga discrecionales y multimillonarios descuentos a sus clientes encabezados por Estados Unidos. Las rebajas, denominadas factores K y K’, van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril de petróleo exportado y se “justifican” como “ajustes de precio por competitividad”, revelan actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. Si en cada jornada se hubiera descontado el máximo permitido, el erario habría perdido más de 860 millones de dólares anuales; unos 8 mil 600 millones en 10 años.

Nancy Flores/Primera de tres partes

En las administraciones de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, el erario podría haber perdido más de 8 mil 600 millones de dólares por la aplicación de un discrecional descuento en los precios del petróleo, revelan documentos de PMI Comercio Internacional obtenidos por Contralínea.

Las rebajas, denominadas Factor K, oscilan entre un mínimo fijado en 1 centavo de dólar y un máximo de 1.9 dólares por barril, descubren 10 actas del Consejo de Administración de esa subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus políticas comerciales de petróleo crudo vigentes.

De la información se desprende, además, que los clientes de la paraestatal pueden beneficiarse con deducciones adicionales e incluso con la aplicación del Factor K’, especialmente inventado para bajar aún más el precio del petróleo. Hasta ahora, se ha conocido de descuentos “históricos” que alcanzan los 3 dólares por barril, pero éstos podrían ser superiores.

Las reglas del Factor K indican que éste también puede alzar el valor del energético, considerado un bien nacional por la Constitución; sin embargo, invariablemente se utiliza en perjuicio del erario de México, descubren los documentos consultados. De esta política, que castiga los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira, el mayor beneficiario es Estados Unidos. Los clientes en ese país acaparan el 84 por ciento de las exportaciones de Pemex.

Le siguen los europeos, principalmente de España e Italia, cuyo mercado representa el 9 por ciento de las ventas. Luego, los del Oriente Lejano –liderados por China–, que consumen el 4 por ciento de las exportaciones mexicanas; y los de la India, evidencian las actas de las sesiones ordinarias 86 –del 31 de marzo de 2009– y 93 –del 7 de diciembre de 2010– del Consejo de Administración, obtenidas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 1860000002411).

Por día, PMI comercializa un promedio de 1 millón 247 mil barriles de crudo. Si los descuentos se fijan en su máximo permitido –1.9 dólares por barril–, éstos representarían una sangría a las finanzas públicas de 2 millones 369 mil 300 dólares por jornada. Al año, el erario dejaría de percibir 864 millones 794 mil 500 dólares.

Si los descuentos adicionales –que oscilan entre 2 y 3 dólares por barril– aplicados a las ventas extraordinarias del energético fueran frecuentes, estas estimaciones podrían ser menores a lo que en realidad pierden las arcas públicas. Datos que, aunque involucran miles de millones de pesos del erario, la petrolera y su subsidiaria mantienen como reservados y confidenciales.

Factores K, castigar los precios

De acuerdo con el “brazo comercializador de Pemex”, como se le conoce a la filial PMI, el Factor K es una constante “de ajuste que se utiliza para mantener a los crudos en competitividad, dado que los utilizados como marcadores tienen características y rendimientos diferentes a los crudos mexicanos y que, por ser vendidos y comprados en un mercado abierto, presentan diferentes grados de volatilidad. El factor de ajuste se modifica periódicamente tras un análisis técnico/comercial del mercado”.

Las variaciones son avaladas por la directora general de PMI, María del Rocío Cárdenas Zubieta, y el director comercial de petróleo crudo, Tomás Baños Arnaíz; además, son informadas al Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, que regula las políticas de compra-venta, y al Consejo de Administración, refieren las políticas comerciales de petróleo crudo.

Agregan que “el ajuste a la constante incluida en las fórmulas de precio no deberá ser superior a 1.9 dólares de los Estados Unidos de América por barril, ya sea al alza o a la baja por mes. En caso de que por circunstancias de alta volatilidad en el mercado el ajuste a la constante deba ser mayor a 1.9 dólares por barril en un mes determinado, se citará a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de PMI para que dicho órgano de gobierno sea informado de las circunstancias específicas de mercado y, en caso de considerarlo conveniente, autorice el ajuste”.

No obstante, las actas de las sesiones ordinarias 91 y 92 del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional –celebradas el 29 de junio y el 1 de octubre de 2010– revelan la existencia de un descuento adicional llamado Factor K’.

En esas sesiones, Cárdenas Zubieta informó que PMI iniciaba un proceso de revisión de las políticas comerciales de petróleo crudo con el fin de contar con un procedimiento y una metodología para la venta de cargamentos especiales. A estos últimos los definió como “aquellos casos en que las situaciones particulares del mercado internacional, la situación logística o de inventarios de Pemex Exploración y Producción, la colocación de cargamentos de prueba y causas de fuerza mayor generen la necesidad de exportar volumen bajo fórmulas de precio distintas a las autorizadas por el Consejo de Administración”.

Para ello, explicó, se crea el “Factor K prima (K’) limitado a un descuento máximo permisible de autorización por el Grupo de Trabajo de Ventas Especiales de Petróleo Crudo, que modifica las fórmulas de precio aprobadas por el Consejo de Administración para el caso de ventas de cargamentos especiales”. En estos casos, los crudos susceptibles de descuentos son Maya, Istmo, Olmeca, Altamira y cualquier crudo que por variaciones en su calidad no pueda ser comercializado como alguna de las calidades típicas de exportación.

Esta revisión fue producto de discusiones entabladas en sesiones ordinarias previas (86, de fecha 31 de marzo; 87, del 1 de junio, y 88, del 1 de septiembre de 2009), en las que se impulsó la flexibilización del ajuste a la constante.

En la sesión 87, incluso, se presentó el “estudio para determinar si el nivel de flexibilidad de PMI Comercio Internacional para ajustar el Factor K de la fórmula de precios de crudo es adecuado o requiere un mayor grado de flexibilidad”.

Mientras que el Factor K se aplica en los cinco tipos de contrato que establece PMI para la compra-venta de crudo (de largo plazo, renovable o evergreen, de venta ocasional, de venta incremental, de venta de cargamento de prueba) y puede incluir descuentos adicionales, el Factor K’ sólo se puede hacer efectivo en aquellos de carácter extraordinario.

Con anterioridad, los contratos que recurrentemente recibían rebajas adicionales eran los de suministro de cargamentos ocasionales, que “permiten realizar ventas de oportunidad a clientes que así lo requieran cuando PMI cuenta con volumen adicional que colocar”, refiere la auditoría a la filial de Pemex 09-2-18T5K-02-0413, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación como parte de la fiscalización a la Cuenta Pública 2009.

“Condiciones extraordinarias”

Para las arcas públicas de México, los históricos petroprecios no resultaron en bonanza por estas políticas. A inicios de noviembre de 2004, por ejemplo, la paraestatal petrolera determinó un descuento “histórico” al precio del petróleo de exportación de 3 dólares por barril, a favor de los clientes de Estados Unidos para, supuestamente, no retener cargamentos de crudo.

En octubre de 2005, con el pretexto de la devastación ocasionada por los huracanes Katrina y Rita, Pemex volvió a ajustar unilateralmente y de manera generalizada los precios del crudo de exportación. Entonces, los descuentos se fijaron en 2.25 dólares por barril.

También en el sexenio de Calderón Hinojosa se han presentado estas “competitivas” rebajas. El 18 de mayo de 2009, PMI citó a sesión extraordinaria del Consejo de Administración para establecer un descuento de 2.25 dólares por barril. De acuerdo con el acta de la 12 sesión extraordinaria, esa vez se argumentó que el origen de la deducción era la crisis económica mundial, que había originado el vaivén en los petroprecios.

En ese escenario se expuso que los competidores estaban obligados a reducir sustancialmente su descuento a favor de las empresas radicadas en Estados Unidos. La medida fue aprobada y los barriles de crudo se comercializaron 2.25 dólares por debajo de su costo real.

La tendencia ha continuado. El 29 de marzo de 2010, durante la 90 sesión ordinaria del Consejo, se informó que el crudo Maya registraba una baja competitividad al finalizar 2009, debido al alto precio del combustóleo y la debilidad relativa del WTI. Por ello, explicó Cárdenas Zubieta, en diciembre de ese año “se ajustó el Factor K en 0.6 dólares”.

La directora de PMI Comercio Internacional explicó que “los decrementos continuaron durante el primer trimestre de 2010, debido a la baja aceptación de esta calidad de petróleo crudo, ya que hubo paros por mantenimiento de los productores de gasolina en la región USGC [US Gulf Coast]”.

En la sesión 93, del 7 de diciembre de 2010, los consejeros pidieron a Cárdenas Zubieta que les informara “las condiciones en que se colocan los volúmenes adicionales [de crudo], mencionando como ejemplo las exportaciones a la India, China e Italia”. De ello se deriva que dichas exportaciones podrían haber incluido los nuevos descuentos del Factor K’.

Medida discrecional

A pesar de involucrar miles de millones de pesos que deberían ingresar a las arcas públicas, los descuentos no se transparentan. Al responder un recurso de revisión interpuesto por este semanario en mayo de 2005 (0123/05) ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, PMI reservó por siete años “el análisis técnico que se realiza para definir la variación de la constante, [que] consiste en medir –a través de modelos matemáticos de programación lineal que representan las refinerías en donde se pueden procesar crudos con calidades similares a los mexicanos– el margen económico que los crudos mexicanos pueden brindar a los refinadores en comparación con otras calidades disponibles en el mercado”.

Según la filial de Pemex, “su difusión puede dañar la estabilidad financiera y económica del país”; pues “representa información confidencial” y “es secreto industrial propiedad de PMI”.

Acerca del supuesto daño que se causaría por la revelación de los criterios en los que se basan los multimillonarios descuentos, señala: “En caso de hacerse público el análisis o estudios que justifican el movimiento del Factor K de las fórmulas de precio de los crudos mexicanos de exportación, se estaría dando, tanto a los competidores de PMI como a sus clientes, los elementos objetivos y la información suficiente para reducir las ventajas competitivas que PMI tiene en el mercado, menoscabando el valor que los crudos mexicanos pueden alcanzar en el mercado internacional y por ende afectando el ingreso de esta entidad, de manera directa, y de Pemex Exploración y Producción –organismo público descentralizado, subsidiario de Petróleos Mexicanos–, quien vende el crudo a PMI, e igualmente de manera indirecta los ingresos que obtiene el gobierno mexicano por la exportación del crudo, mismo que en los últimos años ha representado cifras cercanas al 35 por ciento del ingreso gubernamental”.

Agrega que, si se considera “que el mercado petrolero internacional es altamente competitivo, el otorgar acceso a la información solicitada sin duda implicaría que PMI tuviera que enfrentar situaciones en las que sus clientes y competidores aprovecharan dicha información para implementar estrategias cuyo objetivo sería desplazar al crudo mexicano de los mercados en los que se comercializa, o forzar un ajuste a la baja en los precios del crudo mexicano con el fin de mantener su participación de mercado”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó conocer la posición oficial de Pemex a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Veinte días después, no se ha obtenido respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 253 / 02 de octubre de 2011

Pemex privatiza 26 mil MDP en operación de Repsol

Petróleos Mexicanos vuelve a utilizar su esquema de triangulación de recursos públicos a sus empresas “privadas”, radicadas en paraísos fiscales. Esta vez se trata de la adquisición del 5 por ciento de acciones de Repsol YPF, a través de su filial holandesa PMI Holdings. El método garantizará que esa compañía “privada” y PMI Holdings Petróleos España, también de carácter “privado”, se queden con las utilidades, mientras que Pemex asumirá las pérdidas, revela un acuerdo del Consejo de Administración aprobado por Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal petrolera. El dinero público implicado sólo en esa operación supera los 26 mil millones de pesos.

Nancy Flores

Blindadas por su carácter de compañías “privadas” extranjeras, PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL, se agencian un negocio de, al menos, 26 mil 51 millones 404 mil pesos. Aunque el dinero ha salido de las arcas públicas mexicanas, sus utilidades serán administradas como capital privado en cuentas particulares radicadas en el paraíso fiscal de Holanda y en España.

Y es que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha apostado otra vez a la inversión triangulada del dinero público. Así, en nombre y con recursos de la paraestatal, PMI Holdings tiene la nueva participación accionaria del 5 por ciento de la española Repsol YPF (que implica unos 21 mil 760 millones de pesos) y PMI Holdings Petróleos España, el 4.9 por ciento histórico (por 4 mil 291 millones 404 mil pesos).

Ambas forman parte de la red de 25 empresas “privadas” que la petrolera del Estado posee en México y en el extranjero al margen de la legislación nacional. A su vez, son integrantes del Grupo PMI, constituido por 11 compañías que controla la subsidiaria PMI Comercio Internacional, también de carácter privado y con autonomía fáctica financiera.

En materia petrolera, el Grupo PMI juega un papel clave: se encarga de operar la comercialización del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Asimismo, de importar las gasolinas y otros petrolíferos al país. Todo ello, en total discrecionalidad, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así, al intermediar la compra de acciones de Repsol YPF, Pemex no estaría obligado a rendir cuentas ni a transparentar su multimillonario negocio: los tratos que se operan a través de sus 25 compañías no son auditables. Ello, por su carácter de privadas y porque están sujetas a leyes extranjeras. No obstante, tanto la paraestatal como el exsecretario de Energía han defendido la supuesta legalidad de la compra de acciones. La operación para aumentar la participación de Pemex en la petrolera española Repsol fue transparente y auditable, aseguró a la prensa el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 9 de septiembre.

Erario asumirá las pérdidas

La opacidad de esta operación no se limita a la ausencia total de información y consulta al Consejo de Administración; tampoco, al manejo de los recursos públicos directamente implicados en las transacciones comerciales y en las futuras utilidades. También alcanza las pérdidas que se registren más adelante.

El acta de la sesión ordinaria 818 del Consejo de Administración de Pemex –firmada el 10 de noviembre de 2010 por la exsecretaria de Energía y actual titular de Banobras, Georgina Kessel; por David Madero Suárez, presidente suplente del Consejo, y por Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía– revela que la paraestatal asumirá con dinero público las pérdidas y contingencias financieras que enfrenten sus 25 empresas privadas, así como los negocios contraídos por éstas. Tal sería el caso de la participación accionaria de PMI Holdings y PMI Holdings Petróleos España en Repsol YPF.

El acuerdo establece textualmente: “Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, inciso f, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en tanto se aprueban todas las políticas a que se refiere dicho precepto, el Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, aprueba como política específica que para los casos en que algunas de las filiales de Pemex haya convenido cubrir los faltantes de los esquemas de asociación que hayan celebrado, Petróleos Mexicanos pueda asumir una nueva obligación contingente de transferir los montos necesarios para hacer frente a dichos faltantes hasta por 50 millones de dólares, generándose una obligación contingente a su favor en caso de actualizarse la contingencia respectiva”.

En esa sesión participaron, entre otros, Juan José Suárez Coppel, Gerardo Ruiz Mateos, Ricardo Aldana Prieto, Carlos Arnoldo Morales Gil, Miguel Tame Domínguez, Rafael Beverido Lomelín, Homero Niño de Rivera Vela; así como los consejeros independientes Fluvio César Ruiz Alarcón, Rogelio Gasca Neri, Héctor Moreira y Fortunato Álvarez Enríquez. Ninguno se opuso al acuerdo.

La discusión se centró en las pérdidas que registró en 2010 la refinería Deer Park, copropiedad de la trasnacional Shell y PMI Norteamérica, SA de CV, una de las 11 empresas del Grupo PMI.

El acta, de la cual Contralínea posee copia, acota: “Esta política estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se instruye al director general para que a más tardar el primer bimestre de 2011 presente para opinión del Comité de Estrategia e Inversión las políticas a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Pemex, a efecto de que previa opinión de dicho Comité se someta a la aprobación del Consejo”.

La vigencia, sin embargo, fue únicamente una formalidad. A la fecha, esa política ya forma parte de las reglas generales de la paraestatal y aplica para las 25 empresas privadas y sus negocios.

Lejos de cuidar el patrimonio de los mexicanos, los consejeros profesionales avalaron totalmente la aplicación de esta normatividad. Durante la discusión, el doctor Gasca Neri “preguntó por qué abarcaba hasta diciembre de 2010 y no 2011”, cita el acta de sesión. A lo que, de inmediato, el consejero Ignacio Quesada respondió “que se pretendía establecer una política completa, pero como se tenía que autorizar una transacción específica en la presente sesión [el rescate de PMI Norteamérica y su inversión en la refinería Deer Park], se daba una vigencia a la política hasta el final del año”.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, la refinería sólo ha representado ganancias para la trasnacional, pero no para Pemex. Entre otros de los beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación. Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluye la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.

Las ganancias se privatizarán

En el esquema utilizado para la compra de acciones de Repsol YPF los resultados serán los mismos: Pemex asumirá las pérdidas al tiempo que las utilidades se desvanecerán. Es más, en este trato ni siquiera queda garantizada la devolución de la inversión por más de 26 mil millones de pesos. Y es que la administración de Suárez Coppel considera legal la privatización del dinero público que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente las del Grupo PMI.

Aunque su principal función es comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– los bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.

Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de Pemex durante una reunión sostenida con representantes de la ASF a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.

De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.

“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.

Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.

En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, de acuerdo con Pemex, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.

Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación. En esta lógica, el negocio de Repsol YPF únicamente beneficiará los bolsillos privados de un puñado de funcionarios a cargo del Grupo PMI.

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó conocer la versión de Pemex, a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Revista Contralínea 251 / 18 de septiembre de 2011

Expresidentes autorizaron a Pemex operar en paraísos fiscales

Nancy Flores

Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe figuran entre los exfuncionarios que habrían autorizado a Pemex constituir y operar siete empresas privadas en México y en el extranjero, cinco de ellas en paraísos fiscales. Petróleos Mexicanos admite que otras 30 inversiones, por más de 50 mil millones de pesos, carecen de “autorizaciones expresas”.
Documentos de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –de los cuales Fortuna posee copia– revelan que los expresidentes Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León habrían autorizado, de manera directa o indirecta, a Petróleos Mexicanos (Pemex) constituir siete empresas “privadas” con recursos públicos. De acuerdo con las autorizaciones, signadas en las décadas de 1980 y 1990, cinco de esas compañías radican, desde su constitución y hasta la fecha, en entidades catalogadas como paraísos fiscales: Holanda (Países Bajos), Antillas Holandesas, Las Bermudas, Suiza y Delaware, Estados Unidos. El valor actual de las siete inversiones, hechas con dinero extraído de la paraestatal petrolera, asciende a 11 mil 355 millones 165 mil 406 pesos. No obstante, éstas forman parte de la red empresarial que Pemex maneja en México y en el extranjero, y que compromete recursos públicos por más de 63 mil millones de pesos. Como lo ha informado Fortuna, el dinero se distribuye en 37 inversiones de capital en igual número de empresas privadas. De éstas, 20 son de la entera propiedad de la paraestatal, entre las cuales se enlistan las siete que habrían autorizado o conocido los expresidentes. Respecto de las 30 inversiones no autorizadas, la Gerencia de Filiales –dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex– justifica que en 14 no se tiene “participación directa”, “no se tiene participación alguna”, no se cuenta “con autorización expresa”, se trata de “fondos de inversión” o la inversión se hizo en otra empresa, “por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de autoridades federales”. Del resto, se declara no competente, es decir, la Gerencia de Filiales desconoce la situación de 16 participaciones accionarias de Pemex, en igual número de empresas, hasta del ciento por ciento del capital social.
Grupo PMI
De acuerdo con los documentos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las empresas que se crearon a partir de las siete autorizaciones son: PMI Services, BV (Holanda); PMI Holdings, BV (Holanda); PMI Holdings, NV (Antillas Holandesas, ahora en España); PMI Comercio Internacional, SA de CV (México); Pemex Capital, Inc (Delaware, Estados Unidos); Kot Insurance Company, AG (Las Bermudas, ahora en Suiza); III Servicios, SA de CV (México). De éstas, destaca la cuarta, pues su autorización fue signada directamente por Ernesto Zedillo Ponce de León, el 23 de mayo de 1989. En nombre del presidente Carlos Salinas de Gortari, el entonces secretario de Programación y Presupuesto avaló la solicitud de Pemex respecto a la constitución de la “sociedad privada” PMI Comercio Internacional.
El oficio sin número de folio –dirigido al ya fallecido Fernando Hiriart Balderrama, en ese tiempo titular de la extinta Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal– indica que, “por acuerdo del c. presidente de la República (…) se autoriza la participación de Petróleos Mexicanos, conjuntamente con el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera en el capital social de PMI Comercio Internacional”. Agrega que la inversión sería, en aquel tiempo, de 5 mil millones de pesos, de los cuales Pemex habría aportado el 85 por ciento, mientras que las instituciones bancarias habrían destinado, cada una, el equivalente al 7.5 por ciento del capital. El valor actual de esta compañía asciende a 529 millones 724 mil pesos. Aunque esta empresa se maneja de manera más abierta que el resto, no rinde cuentas de su actuación y se encuentra al margen de la ley, señala la Auditoría Superior de la Federación en sus informes de fiscalización a las cuentas públicas de los ejercicios 2003 a 2006. La petrolera misma ha manifestado al Instituto Federal de Acceso a la Información que PMI no es su subsidiaria. Más aún, durante la resolución del recurso de revisión 299/08, interpuesto por Fortuna en contra de Pemex, ésta señaló de manera textual: “Petróleos Mexicanos y (sus) organismos subsidiarios, por su origen jurídico, tienen la dualidad de entes públicos y personas privadas, y que en este último caso actúan en un plano de igualdad como cualquier particular”. Desde su creación, PMI Comercio Internacional ha encabezado la actividad del denominado Grupo PMI, según se desprende de la información oficial de la paraestatal que encabeza Jesús Reyes Heroles: PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Holdings Petróleos España, SL; PMI Holdings, BV; PMI Services North America, Inc; PMI Pemex Services Europe, Ltd; PMI Pemex Internacional España, SA; PMI Services, BV; PMI Holdings North America, Inc; PMI Marine, Ltd. Las empresas que conforman este grupo también son propiedad directa o indirecta de Petróleos Mexicanos, aunque no rinden cuentas de su actuación, según acusó el auditor Arturo González de Aragón el 17 de julio de 2008 en el Senado de la República. “Se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, las cuales tienen múltiples fines, de las cuales 21 de ellas no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la cuenta pública federal.”
Empresas en paraísos fiscales
El 31 de marzo de 1988 se signó el oficio 1630 que autoriza la constitución de PMI Services, BV, una de las empresas del Grupo PMI. Firmado por quien fuera secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe Armella, éste es el primer soporte documental con carácter de autorización relacionado con las 37 inversiones de Pemex. El oficio –dirigido a Hiriart Balderrama– indica que: “El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión celebrada el 4 de febrero del presente año [1988], aprobó la constitución de una sociedad unimembre de nacionalidad holandesa que se denominará PMI Services, BV, cuyo único accionista será Petróleos Mexicanos y tendrá como objeto fundamental, aunque no exclusivo, servir de instrumento corporativo para proveer a éste de servicios relacionados con la comercialización de petróleo crudo y sus derivados”. Agrega que ello “coadyuvará a que las actividades comerciales del organismo en el extranjero se desarrollen de una manera que le permita ser más competitivo con las empresas petroleras que actúan en el mercado internacional, así como a reducir el riesgo de que sus ingresos por la venta del petróleo crudo queden sujetos a impuestos locales”. El documento también indica que “la estrategia para la internacionalización de Petróleos Mexicanos es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y con lo previsto en el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988”, impulsados por el presidente Miguel de la Madrid. Por ello, resolvió autorizar la participación de Pemex en el capital social de la empresa, mediante la aportación de 340 millones 950 mil pesos. El valor actual de las acciones asciende a 48 millones 783 mil 257 pesos. La segunda empresa fue PMI Holdings, BV, también radicada en Holanda. En la actualidad, ésta compromete recursos públicos por 9 mil 759 millones 819 mil pesos. Su autorización quedó registrada en el oficio 1.1629, del 15 de junio de 1988, con la firma de Pedro Aspe. Como secretario de Programación y Presupuesto, Aspe impulsó medidas contra el lavado de dinero; no obstante, durante el sexenio de De la Madrid también autorizó la creación de la tercera compañía PMI Holdings, NV, en las Antillas Holandesas, entidad considerada como paraíso fiscal. Para 2007, esta empresa fue reubicada en España con el nombre de PMI Holdings Petróleos España. Su capital actual asciende a 86 millones 870 mil pesos. Ya en la administración de Salinas, el 21 de febrero de 1992, Rogelio Gasca Neri –entonces subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto– autorizó la constitución de Pemex Capital, Inc, en Delaware, Estados Unidos. Según el documento, su constitución fue necesaria para que la paraestatal lograra colocar deuda en el mercado de Estados Unidos: Pemex Capital facilitaría la emisión del papel comercial por 250 millones de dólares y su posterior amortización. El 20 de abril de 1993 fue autorizada la creación de la sexta empresa “con carácter de no paraestatal”, Kot Insurance Company, AG, en Las Bermudas. Para ello, se facultó a Pemex invertir recursos públicos por 7 millones de dólares, revela el oficio 721.1.369, firmado por Carlos Ruiz Sacristán, subsecretario de Egresos de la SHCP, y dirigido a Ernesto Marcos Giacoman, director corporativo de Finanzas de la petrolera. El 5 de noviembre de 2003, el Consejo de Administración de la paraestatal acordó trasladar el domicilio fiscal de la empresa a Suiza. El cambio fue avalado por Felipe Calderón, entonces secretario de Energía y presidente del consejo, consta en el acta de la sesión ordinaria 748 (Contralínea 115). “El Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, toma nota tanto de las gestiones tendientes a cambiar el domicilio social de la filial Kot Insurance Company, de Bermudas a Suiza, y aprueba el aumento de capital social de la filial, conforme a las disposiciones legales aplicables”. Dicha empresa –cuyas acciones tienen un valor actual de 929 millones 966 mil 149 pesos– tiene por objeto reasegurar las pólizas de seguros contratados por la paraestatal y por sus organismos subsidiarios, compañías subsidiarias y filiales. No obstante, carece de registro como paraestatal ante la Secretaría de Hacienda y tampoco reporta su situación a las finanzas públicas de México. “Kot reasegura 81.6 por ciento de las pólizas de reaseguro con terceros no afiliados. Para ello, asigna cuidadosamente el riesgo crediticio y monitorea en forma permanente el desempeño financiero de los terceros a los que les ha transferido el riesgo”, indica el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006, elaborado por Pemex.
La séptima autorización
La séptima empresa autorizada fue III Servicios, SA de CV, radicada en México. El oficio que determinó su origen se identifica con el folio 101-2511, y está fechado el 12 de septiembre de 1995 y firmado por Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda en el sexenio de Zedillo y actual gobernador del Banco de México. El objeto de ésta es prestar, mediante contrato, los servicios de administración y operación inmobiliaria a Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, a Pemex y a sus organismos subsidiarios; realizar los proyectos de regularización, mantenimiento, adecuación, gestoría, soluciones técnicas y jurídicas de carácter inmobiliario; planear y desarrollar los proyectos de comercialización de sus bienes inmuebles, y participar en la venta de los activos inmobiliarios improductivos de Pemex y sus subsidiarias.
Inversiones no autorizadas
Aunque Petróleos Mexicanos ha invertido recursos públicos por más de 50 mil millones de pesos en otras 37 empresas privadas, carece de “autorizaciones expresas” para hacerlo. Al respecto, la Gerencia de Filiales indica que esos documentos son inexistentes en 14 casos, y en los otros 16 se declara incompetente para conocer la situación. Al citar los 14 casos, justifica: “Deer Park Limited Partnership; PMI Holdings North America, Inc; Pemex Internacional España, SA; y Pemex Services Europe, Ltd, en razón de que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no son accionistas directos, por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de las autoridades federales”. Respecto de Pemex Finance, Ltd –empresa constituida en Islas Caimán y que contrata deuda en los mercados internacionales a nombre de la paraestatal–, “en razón de que Pemex y sus organismos subsidiarios no tienen participación alguna, por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de las autoridades federales”. Agrega: “North America Environmental Fund, LP, y Ventana Environmental Organizacional Partnership, LP, en razón de que no son empresas filiales de Pemex o sus subsidiarias, ya que la primera es un fondo de inversión y la segunda es el administrador de dicho fondo, por lo que no es necesaria ninguna autorización por parte de las autoridades federales”. Además, indica que “la inversión que se realizó a Repsol YPF, SA, se derivó de que esta empresa adquirió Petronor, en la que originalmente Pemex había invertido, por lo que para Repsol YPF no fue necesario obtener ninguna autorización por parte de autoridades federales”. Según la Gerencia de Filiales, tras realizar una búsqueda exhaustiva, “no fue localizado ningún documento emitido por autoridad federal mediante el cual se tenga autorizado a Pemex invertir capital social en las siguientes empresas: Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA de CV; Integrated Trade Systems, Inc; Mexpetrol, SA de CV; PMI Trading, Ltd, y Servicios Especializados Mexicanos, SA de CV”.
Instituciones enteradas
Los documentos, que Pemex entregó a Fortuna con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dan cuenta que los actos fueron notificados a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ahora de la Función Pública, y a la Procuraduría Fiscal Federal. Esta revista también solicitó la documentación a la SHCP, por medio de la solicitud de información 0000600237708. Al negar el acceso a los oficios, Hacienda respondió: “Respecto de las empresas que enlista la solicitud, informamos que ninguna de ellas es considerada fideicomiso público”. Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la versión de Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.