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martes, julio 02, 2013

"GASLAND" la era del FRACKING

"GASLAND" la era del FRACKING para extraer gas natural contaminando el agua y la tierra.....justo esto pasara en Mexico si permitimos la Reforma Energetica de los neoliberales del PRIAN y PRD.
"Gasland" is a 2010 American documentary written and directed by Josh Fox. Nominated for an Academy Award for Best Documentary in 2011, the film focuses on communities in the United States impacted by natural gas drilling and, specifically, a method of horizontal drilling into shale formations known as slickwater fracking

Gasland (Josh Fox, 2010) La tierra del gas de pizarra V.O.S. from gau txori on Vimeo.

sábado, junio 29, 2013

Pueblos originarios y “limpieza ecológica”


Tomás Buch (RIO NEGRO ON LINE)
Estamos en una época en la que los habitantes originarios de las tierras usurpadas por Occidente vuelven por sus fueros y en la que los gobiernos -muchos de ellos, por lo menos en América Latina- reconocen los derechos originarios. Por lo menos, en el discurso. Y Bolivia, la mayoría de cuya población es aimara, quechua o guaraní, tiene por primera vez en sus 200 años de historia un presidente que pertenece a la mayoría del pueblo. En muchos sitios se ha aceptado la educación bilingüe para evitar que las culturas originarias se pierdan en la marea unificadora del modernismo capitalista.
También estamos en una época en la que gran parte de la economía de nuestro país se basa en la demanda por una leguminosa ajena a nuestro territorio, pero que, ingeniería genética mediante, se da muy bien en casi cualquier clima y vale más de 500 dólares la tonelada.
Nosotros no la consumimos, salvo en forma de salsa o de falsas milanesas; en cambio, los cerdos chinos están ávidos y los vehículos a motor creen que con mezclar 5% de biodiésel en su combustible contribuyen a evitar la catástrofe climática y ecológica hacia la que nos encaminamos sin pausa y con más prisa de la que aceptamos.
(más…)

domingo, diciembre 30, 2012

"El mundo según Monsanto"


En MEXICO:
Ing. José Manuel Madero Garza
Presidente y Director General
Prol. Paseo de la Reforma # 1015
Torre A, piso 21
Col. Desarrollo Santa Fe
01376 México, D. F.
Tel. (52-55) 5245-9600
Fax. (52-55) 5245-9602
En EUA
Monsanto Company
800 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis, MO 63167
General Inquiries:
(314) 694-1000 begin_of_the_skype_highlighting (314) 694-1000 end_of_the_skype_highlighting
Media Inquiries:
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Email FDA
http://youtu.be/LdIkq6ecQGw

domingo, enero 22, 2012

Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras



Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional.

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.
Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.
El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
).
La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.
Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.
Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.

Las cifras
Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.
Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.
Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.
Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.


Trasnacionales en México
Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.
El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).
Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.
El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.
Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.
En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.
“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.
“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”

La Auditoría Superior y la Constitución
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.
La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.
El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.

Violaciones a los DH
Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.
El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.
Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”
Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Coahuila: mineros en calidad de servidumbre
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.
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Minas mexicanas, sobreexplotadas por trasnacionales

lunes, enero 16, 2012

El nuevo megafraude del Caribe

Piratas sobre el Caribe...

La próxima construcción de un nuevo megaproyecto turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexicanos y españoles, así como a toda suerte de políticos y personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población local. Hay señales de que en ésta, una trama depredadora más del Caribe mexicano, convergen los intereses del propio mandatario; del aspirante priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en Estados Unidos por narcotráfico…

Isla Blanca. Turismo de lujo.



ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas en los terrenos de Isla Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011.

Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.
De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.
Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.
En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo.
La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.
En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.
Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explosivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.
Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.
En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.

Desalojo de pescadores

Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca.
En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Protegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.
Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.
Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nueva, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.
El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún.
“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.
En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.
“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.

Proyecto depredador

El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.
En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.
Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.
Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda:
–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.
–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urbano y 5.27% para las vialidades.
La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables.
El Cemda rebate esta valoración y señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.
–El MIA también afirma que para la construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”.
El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha contribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.
–El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.
–Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.
“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.

Red de ambiciones

La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y empresariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.
Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.
En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.
En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.
La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón.
Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.
A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, integralmente planeado mediante una concepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustentabilidad ambiental”.
Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.
La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.
El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única.
El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmuebles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera.
El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.

Vínculo con Felipe Enríquez

La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.
En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.
Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla.
El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”.
El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León:
“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”.
GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.

viernes, diciembre 30, 2011

Actividad minera, veta de desastre ambiental

La industria destruye la biodiversidad; amenaza un cuarto del territorio mexicano.

Mina a cielo abierto Real de Ángeles, en Mexicali, Baja California, de la cual se extrae oro y plata.


Destrucción de flora y fauna, uso intensivo de agua, producción de toneladas de residuos peligrosos y daños a comunidades por la contaminación de aire y suelo, así como acústica, son consecuencias de la minería a cielo abierto y la megaminería subterránea que se extiende en territorio nacional.
En gran parte del país, pero sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco, "la actividad minera ha generado por décadas gran cantidad de desechos" y contaminación, señala el Instituto Nacional de Ecología en el estudio Tecnología de remediación para sitios contaminados.
Apunta que, en general, todas las etapas de un proceso minero, con excepción de la prospección (estudios preliminares), causan problemas...

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sábado, noviembre 12, 2011

Frente de Pueblos en Defensa de Wirikuta en la ONU

Programa “De Raíz Luna”, transmitido por Canal 22, tratando la problemática actual de una minera canadiense en territorio sagrado de la Nación Wixárrica.

Entrevistas y comentarios

http://youtu.be/c9Dokv-BzjQ


http://youtu.be/awg69NgAKBw

miércoles, noviembre 02, 2011

Cementerio nuclear: población en riesgo

Desde hace más de 40 años, un confinamiento de residuos radiactivos opera a 75 kilómetros del Distrito Federal, en el municipio mexiquense de Temascalapa. Aunque la oposición de los pobladores fue socavada por el Ejército en la década de 1980, hay quienes continúan demandando que se respete el carácter temporal del almacenamiento, y los desechos se trasladen a otro sitio; además, exigen que se realicen estudios para determinar las consecuencias en la salud de la población y en el ambiente. Desde 1992, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda dictaminó que el depósito no era idóneo para ser utilizado de forma permanente.
San Juan Teacalco, Temascalapa, Estado de México. Lo primero que Petra recuerda de cuando se enteró que en su comunidad se depositaban desechos radiactivos es que ese día regresaba del molino con una cubeta repleta de masa. Su tránsito por el viejo camino de tierra –hoy convertido en la carretera federal Otumba-Tizayuca– fue interrumpido por un convoy de camiones que, escoltados por patrullas, transportaban “como máquinas viejas, como fierro viejo todo revolcado”, recuerda la anciana de 77 años.
Sería gracias a la encargada de la tortillería que ella y otros vecinos sabrían que ese cargamento era de varilla contaminada con Cobalto 60 (un elemento radiactivo utilizado en las radioterapias para enfermos de cáncer).
Pero no sólo eso: se enterarían que en San Juan Teacalco existía un cementerio nuclear y que ese material se depositaría allí. Era 1985 y para entonces el confinamiento llevaba ya 15 años operando.

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domingo, octubre 09, 2011

El Tsunami de Japon - Alerta Nuclear


http://youtu.be/MxwCiJup5lY

El mundo observa con espanto y temor las repercusiones del devastador terremoto de Japón. La desintegración de los cuatro reactores nucleares de Fukushima marca un punto de inflexión para todo el planeta. ¿Cuán peligroso es el desastre nuclear de Japón para todos nosotros? Este documental comienza contando en detalle la historia del desastre en Fukushima. Explicaremos cómo sucedió exactamente, por qué y, lo más importante, cuáles son las repercusiones que tendrá en Japón y en el resto del mundo.

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martes, septiembre 20, 2011

Felipe Calderón te dirá cómo....crecerá la deuda pública

Ya era hora-Helguera
¿Vivir mejor?-Hernández

  • Hipocresía, ideología de la clase política
Postulará el Morena a ciudadanos sin partido: AMLO

La clase política mexicana tiene como ideología la hipocresía y practica la promiscuidad con tal de conservarse en el poder gracias a la mafia compuesta por 30 grandes empresarios, tecnócratas y personajes que están en el gobierno federal y controlan el país, afirmó este domingo Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ante esa podredumbre, adelantó, el grupo postulará en 2012 a ciudadanos sin partido político para diputados federales y senadores.

Hoy tenemos una enorme promiscuidad entre políticos. Se revuelven en la misma cosa, están cortados con la misma tijera. Su hipocresía es la verdadera ideología y no tienen doctrina. Son unos reverendos ladrones. Por eso hay que cambiar la política económica y la forma de hacer política, con ética, moralizando la vida pública y fortaleciendo los valores, con educación, expresó.

El tabasqueño estuvo en la ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, a unos 100 kilómetros de Culiacán, la capital de Sinaloa, luego de encabezar asambleas informativas en los municipios de Mazatlán y Guasave, ante cientos de ciudadanos, militantes de los partidos Convergencia, del Trabajo y de la Revolución Democrática.

En Guamúchil, ante unos 400 asistentes y acompañado por pequeños empresarios y dirigentes sociales, entre ellos la activista Mercedes Murillo, defensora de los derechos humanos, presidenta del Frente Cívico Sinaloense y ex diputada local perredista, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal manifestó que 3 por ciento de la burocracia gubernamental se lleva alrededor de 200 mil millones de pesos del presupuesto anual, que se reparten entre diputados, senadores y ministros de la Corte, que son alcahuetes de la mafia, así como entre los ex presidentes de la República, entre ellos Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada.

Dijo que Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México, es el candidato de la mafia del poder y cuenta con el respaldo de Salinas, el jefe de quienes detentan el poder económico y político dentro y fuera del gobierno. Señaló que a Peña Nieto no se le han escuchado propuestas ni ideas sobre los grandes problemas nacionales. Sólo se sabe, comentó, que se casó con una actriz y que protagoniza una telenovela, como las que hace Televisa.

Afirmó que México importa 20 por ciento del maíz y frijol que se consume, así como 75 por ciento del arroz, pues dejó de apoyarse la producción nacional y se abandonó el campo. Por eso propuso impulsar la soberanía alimentaria y otorgar créditos sin intereses a productores, pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

En Mazatlán, López Obrador calificó de incongruente que integrantes de la izquierda trabajen en el gobierno del mandatario sinaloense, Mario López Valdez, quien llegó a la gubernatura por el PAN.
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México militarizado / Víctor Flores Olea

A juzgar por las presentaciones del propio gabinete y afines, la parte militar de los desfiles de los días pasados representó el espacio más espectacular y avanzado de nuestra fuerza como nación. Todo indica que deseaba lanzarse un principal mensaje subliminal: a pesar de nuestros innumerables y graves problemas existe en el fondo un ser de hierro ante el que se desbaratan los más duros ataques: pobres pero fuertes, desposeídos pero actualizados, muy lejanos a estas tecnologías pero que sin embargo también están en nuestras manos.

Lo que no se ha dicho de esta novedad de los desfiles patrios es que nos son ajenos hasta el último tornillo de las maravillas que presentamos en estos carnavales tecnológicos. Ni un ápice de transferencia tecnológica, como en el fondo ha ocurrido prácticamente desde siempre en los intercambios sur-norte. Pero eso sí, la guerra (guerra antinarco) nos ha llevado a gastar dinero a manos llenas, ha puesto hasta a los televidentes más comunes a escandalizarse con furia por el dispendio en aviones o en tanques o en cañones o en ametralladoras (esas sí del primer mundo). ¿Cómo entregarle a

los ricos más recursos cuando la mitad de la población de México y del mundo se muere de hambre?

En México se gastan alrededor de 3 mil 500 millones de dólares al año en armamento, y otra cantidad igualmente descomunal en medios informativos, ambas engrosando los recursos de las élites fácticas más importantes que tenemos. Por lo demás un consultor de la ONU en materia de armamentismo, ha

llegado a decir que las fuerzas armadas del país tienen un variado pool de vendedores de armamentos, que incluye desde luego a Estados Unidos, a Francia, España, Sudáfrica y Rusia, presentando nuestro país una notable diversificación en ese campo.
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Pedro Aspe, beneficiado con mecanismo para negociar deuda de gobiernos locales
  • Protego Asesores, del ex funcionario, recibe fondos públicos por conseguir nuevos plazos de pago
Un mecanismo ideado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dotar de mayores fuentes de financiamiento a los gobiernos estatales se convirtió en filón de negocio para grupos privados, entre ellos Protego Asesores, la firma del ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.

Los pasivos estatales se han disparado en los años recientes. Entre 2000 y 2011 se triplicaron. Ello ocurrió aun con la intervención de los asesores privados, cuya participación debía servir precisamente para reducir la carga de la deuda en las haciendas estatales, según se desprende de información oficial y de testimonios recogidos por este diario.

El Gobierno del Distrito Federal contrató a Protego Asesores en 2007 para buscar una restructura de la deuda de la administración capitalina. La firma de Pedro Aspe Armella aceptó el trabajo a cambio de 100 mil pesos mensuales de honorarios más una comisión de éxito, en un contrato que venció en 2010. Testimonios recabados por La Jornada indican que el costo de la asesoría para restructurar llegó a 100 millones de pesos. El endeudamiento del gobierno de la ciudad de México creció de 44 mil 85.9 millones de pesos en diciembre de 2006 a 52 mil 162.4 millones en junio de este año, 18 por ciento más, de acuerdo con la SHCP
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Explotación de la riqueza natural

El alto precio del oro aviva el interés de los canadienses por el metal de México
  • En sólo 12 meses han comenzado la operación comercial de ocho grandes proyectos
En el país, ocho grandes proyectos de explotación de oro, concentrados principalmente por compañías mineras de Canadá, iniciaron su operación comercial en los pasados 12 meses, debido al incremento en el valor del metal áureo, derivado de la incertidumbre financiera global.

El incierto entorno de la economía internacional, con bajas tasas de interés, un dólar estaduinidense debilitado y una guerra de divisas que podría depreciar las principales monedas occidentales, mantuvo grandes inversiones de refugio en el oro.

Durante 2010 el precio anual del oro promedió mil 224.53 dólares por onza, lo que representó un incremento de 25.9 por ciento con respecto al precio promedio de 972.35 en 2009.

El 9 de noviembre de 2010, el metal escaló un precio máximo histórico de mil 421 dólares por onza.

Este espectacular impulso a la cotización del metal aceleró la apertura de nuevas operaciones mineras y disparó la inversión en exploración por oro, informó la Cámara Minera de México (Camimex).

El fuerte impulso en el valor de la producción minera está directamente relacionado con los buenos precios internacionales que permitieron el año pasado la apertura de ocho unidades mineras, entre las que destaca la entrada en producción comercial, en septiembre, de la mina Peñasquito, en Zacatecas, de la canadiense Goldcorp.
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Explotación de la riqueza natural

Magra inversión para proteger el medio ambiente

Las empresas mineras en México destinaron 110 millones de dólares el año pasado para la preservación del medio ambiente. La cifra equivale únicamente a 2.3 por ciento de los 4 mil 731 millones de dólares que invirtieron el año pasado para nuevos proyectos de exploración y explotación de metales y minerales o bien para consolidar y expandir otros, así como para adquisición de equipo, gastos de seguridad, capacitación y productividad.

Otro porcentaje menor (1.9 por ciento o 94 millones de dólares) fue para apoyo a comunidades, de acuerdo con la Dirección General de Promoción Minera, de la Secretaría de Economía, y la Cámara Minera de México (Camimex).

El organismo sostiene que la minería es un sector limpio con proyectos sustentables, y se queja de que es una de las industrias más reguladas en materia ambiental. Cada proyecto, destaca, trae consigo la generación de empleos de calidad, la ampliación de infraestructura, el uso de tecnología de punta e innovación, sobre todo en el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo de profesionales y técnicos de la tierra.
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Explotación de la riqueza natural

En este gobierno se duplicaron proyectos de firmas extranjeras

Con el gobierno de Felipe Calderón prácticamente se duplicaron los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras: el incremento neto fue de 94 por ciento, al pasar de 390 a 757 proyectos entre 2006 y 2010, la mayoría destinados a la explotación de metales preciosos, indican estadísticas de la Secretaría de Economía (SE).

El aumento de proyectos no implica que haya crecido en la misma proporción el número de empresas extranjeras que extraen minerales y metales del subsuelo de México, ya que sólo aumentaron 40 por ciento (de 240 a 286 en el lapso señalado).

Dicho de otra manera, se autorizaron 73 proyectos mineros nuevos en promedio en cada uno de los cinco años mencionados, aunque sólo ingresaron al sector nueve empresas nuevas anualmente.

Las autoridades y la Cámara Minera de México (Camimex) se ufanan en declarar que México se ha erigido en el cuarto destino mundial para la inversión en exploración minera y el primero en América Latina, pero, aunque operan aquí empresas originarias de 14 naciones, siete de cada 10 son de Canadá, las cuales dominan la exploración y explotación de yacimientos de oro y plata.
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Explotación de la riqueza natural
  • Clara práctica de sobornos de trasnacionales a autoridades mexicanas, señalan
El territorio canadiense, paraíso de impunidad para las empresas del ramo, denuncian ONG

Un año y cuatro meses después de que nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) canadienses interpusieron una demanda por el delito de sobornos contra la empresa Blackfire ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP), ésta ejecutó una orden contra la corporación. Esto refleja la lentitud de ese gobierno, que continúa solapando a las empresas que violan leyes allende sus fronteras, indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Aunque las ONG de ese país han impulsado iniciativas legales para establecer un marco de derechos y normas ambientales para la operación de las empresas extractivas en naciones en desarrollo, no han tenido éxito.

El caso más reciente ocurrió en octubre de 2010, cuando la iniciativa legislativa C-300, titulada Ley de Responsabilidad de las Corporaciones de Minería, de Petróleo y de Gas en los países en desarrollo, fue rechazada por escaso margen en la Cámara de los Comunes, con 140 votos en contra y 134 en favor.

Las agrupaciones indicaron, en una carta enviada a las comunidades afectadas por las actividades mineras de Canadá, que si el proyecto hubiera sido aprobado habría “aportado a las comunidades de todo el mundo un mecanismo de quejas.
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  • El PT presentará una iniciativa de decreto sobre la prohibición a ceder la renta petrolera
Peligrosos, los convenios de Pemex con compañías privadas: Laura Itzel Castillo
  • Los contratos no sólo son a 25 años, sino ciñen el pago a trasnacionales al aumento en el crudo
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados informó que mañana martes presentará una iniciativa de decreto para interpretar correctamente la prohibición constitucional de ceder la renta petrolera en contratos a compañías privadas, como los otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado mes de agosto para explotar seis yacimientos en Tabasco

El proyecto –elaborado por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez– considera que esos convenios constituyen un peligroso precedente para futuros acuerdos de la paraestatal, debido a que no sólo son a 25 años, sino que ciñen el pago a las trasnacionales al aumento de los precios del crudo.

La propuesta se diseñó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que, por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, interpuso la Cámara de Diputados contra dichos contratos. Los ministros se negaron a entrar al fondo del asunto.

En su documento, la diputada Castillo Juárez explica que la fórmula de pago a las empresas privadas con contratos con Pemex se basa tanto en el valor de la producción como en el precio de los hidrocarburos.
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Fallo de tribunal deja al PRD sin órganos que definan las candidaturas para 2012

Al invalidar al PRD consejos y congresos nacionales, estatales y municipales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó al partido de manera temporal sin órganos que definan las candidaturas para 2012, mientras los demás institutos políticos de izquierda ya trabajan en esa ruta.

Los próximos comicios internos, advierten algunos perredistas, serán sólo un cumplimiento parcial de la sentencia, pues no se contempla la elección de congresos estatales.

La dirigencia del PRD fijó tres fechas para la renovación de sus órganos: el 23 de octubre, para consejos estatales y nacional, más congreso nacional. Dejó para el 6 de noviembre la elección de representantes seccionales, y siete días para integrar los consejos municipales
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Protocolo de búsqueda de mujeres en Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 18 de septiembre. El Instituto Chihuahuense de la Mujer promueve el Protocolo Alba, mediante el cual se trata de localizar a adolescentes y niñas desaparecidas en colonias peligrosas, como Granjas Chapultepec, Aztecas, Francisco I. Madero, Chamizal, Vista Hermosa, Los Olivos, Riveras del Bravo y Puerto Anapra.

En el estado han sido asesinadas 253 mujeres en los primeros ocho meses de este año y 92 continúan desaparecidas, según se detalla en el Reporte de Extravío y/o Ausencia de Mujeres, elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua.

La dependencia detalló que son 210 las mujeres desaparecidas de 2008 hasta agosto de 2011, y la mayoría de casos se registraron en Ciudad Juárez, donde ocurrieron 30 desapariciones en 2008, 34 en 2009, 54 en 2010 y 92 en los primeros ocho meses de 2011. De estos casos denunciados por familiares sólo 13 –6 por ciento del total– han sido encontradas.

Emma Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, explicó que se llevará a cabo una campaña de difusión en Juárez para promover el Protocolo Alba, y dijo que éste es un mecanismo operativo entre varias instancias para la búsqueda y localización de mujeres
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Jalapeños se sacuden el miedo y ganan la calle para recibir a la Caravana al Sur
  • Sospechoso fin tuvo el encuentro en Coatzacoalcos: sujetos fotografiaron a los asistentes
Jalapa Ver., 18 de septiembre. Llega el momento en que el silencio es traición. La cita es de una de las decenas de pancartas con que Jalapa se volcó a recibir al contingente de la Caravana al Sur, cuya seguridad fue notablemente reforzada tras los sucesos de la víspera. La violencia ha irrumpido con fuerza desde mayo pasado con su estela de secuestros, extorsiones y asesinatos, escenas sangrientas poco comunes en la capital del estado que se ha convertido en uno de los más violentos en el sur.

Danzas indígenas, rituales con incienso, la consigna acompasada que reclama: basta ya de guerra, queremos ya la paz, el legendario vivos se los llevaron, vivos los queremos confluyen en una multiplicidad de sentimientos, incluidos los rostros sobrios, angustiados de aquellos a quienes les han secuestrado o asesinado a familiares y aún no procesan el duelo.

Carlos Castro, junto con dos jóvenes, carga una de las mantas monumentales de la movilización. Su rostro es sombrío. Ni el retumbar de la batucada, que machaca el recorrido por las calles de Jalapa hasta el palacio de gobierno, le arranca una sonrisa. El 6 de enero pasado lo ha dejado como un hombre que deambula sin esperanza. Ese día, mientras trabajaba, irrumpieron en su casa y se llevaron a su esposa y sus dos hijas. Nada sabe de ellas.
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Sin cursar educación media superior, 7.3 millones de jóvenes, revela el INEE

El número de jóvenes que hace tres años no asistían a la educación media superior alcanzó 7.3 millones, lo que sobrepasó de manera importante la cifra de alumnos contabilizados en los registros de este nivel, esto es, 3.9 millones, de acuerdo con el más reciente estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el bachillerato.

El organismo señala que los estados que enfrentarán mayores retos por la población que no asiste a la preparatoria son Sonora, Morelos y Nayarit, entidades que obtuvieron tasas de crecimiento negativas en su matrícula.

En Sonora se registraron los peores índices, ya que la tasa de crecimiento anual cayó de 5.3 por ciento en el ciclo escolar 2007/2008 a menos 6.4 por ciento en el 2008/2009.

Lo anterior se traduce en que de 97 mil 479 estudiantes sonorenses inscritos en el bachillerato ahora son 91 mil 210 jóvenes.
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Queja contra magistrados que exculparon a Onésimo Cepeda

La empresa Arthinia Internacional presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra Manuel Baráibar Constantino y José Pablo Pérez Villalva, dos de los tres magistrados del octavo tribunal colegiado penal, a quienes acusan de parcialidad en el fallo donde libraron al Obispo Onésimo Cepeda de un presunto fraude procesal por 130 millones de dólares.

La empresa y su representante legal, Xavier Olea Peláez, pidieron sancionar con la destitución de sus cargos a los dos magistrados, por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en su labor.

El pasado 16 de junio, ambos magistrados revocaron el amparo que Arthinia había ganado en primera instancia, dejando sin efecto la orden judicial a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para pedir la aprehensión del jerarca católico.

En respuesta al fallo judicial, la empresa presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra Cepeda Silva, el ministro Sergio Valls, los magistrados penales mencionados y el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos y dos personas más
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Astillero
  • Operación Independencia
  • Aparente calma
  • Ríodoce, Diario de Juárez
  • Malova, intolerante
  • Cocoa, La ganadora
Julio Hernández López

Los rituales conmemorativos de la Independencia nacional se cumplieron en todo el país sin incidentes notables. A pesar del ambiente sombrío que en la víspera hacía pensar en riesgos de violencia, los Gritos y los desfiles se realizaron en paz (en términos generales), aunque con asistencia menguada en la mayor parte de los escenarios tradicionales y con apabullantes esquemas policiacos y militares de prevención. En el caso de la capital del país lo más llamativo fue la reducida presencia popular en la Plaza de la Constitución, la brevedad de la arenga desde el balcón central del Palacio Nacional y los gritos de rechazo que se produjeron contra Felipe Calderón.

El mismo 15, desde la mañana, se desarrolló una novedosa ofensiva tecnológica contra sitios de Internet del gobierno mexicano, particularmente contra el correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Organizada por Anonymous, el nombre genérico de múltiples especialistas en asuntos computacionales que desde diversos países se asocian para echar a caminar protestas colectivas, la llamada #opindependencia denunció la difícil situación que vive México y, convocando a actuar contra ese lamentable estado de cosas, desató fuego virtual contra esas páginas oficiales, logrando dejar fuera de servicio a algunas a partir de la concentración masiva de solicitudes de acceso que hacían reventar la funcionalidad de los mencionados sitios.

A pesar del gran volumen de mensajes relacionados con esa operación independencia, Twitter se negó a incluir el tema entre las tendencias dominantes del día (los llamados trending topic, TT), en lo que, al imponerse sin explicación ni justificación, constituyó una censura. También fueron titubeantes y mendaces las versiones que algunas de las secretarías afectadas pretendieron dar de la caída de sus páginas, atribuyéndolas, en una verdad a medias, que fue una mentira a medias, a problemas técnicos derivados del agotamiento de su ancho de banda. Lo cierto es que esas páginas fueron atacadas en términos tecnológicos por una organización que así expresó su protesta por el mal gobierno que hay en México y quiso demostrar a los mexicanos la vulnerabilidad de los sistemas aparentemente bien montados de los poderes así repudiados.
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México SA
  • Deuda pública: 5.2 billones
  • En 2012 crecerá 400 mil millones de pesos
  • Felipe Calderón te dirá cómo
Carlos Fernández-Vega

En seis años de éxitos –según idílica auto calificación–, el calderonato habrá incrementado la deuda pública federal en el equivalente a más de 11 puntos porcentuales del producto interno bruto, mientras la tasa anual promedio de avance en materia económica a duras penas llegaría (en caso de que los pronósticos 2011 y 2012 se cumplan, lo que difícilmente sucederá) a 1.8 por ciento, el peor resultado en 30 años de gobiernos neoliberales, y aún por debajo de lo reportado (1.9 por ciento anual) en la tristemente célebre primera década perdida (la de los años 80 del siglo pasado). A pesar de ese raquitismo, con Calderón en Los Pinos el débito del sector público (interno y externo) habrá crecido 162 por ciento con respecto al primero de diciembre de 2006.

De ese tamaño es el éxito obtenido por el susodicho en el renglón mencionado, es decir, el que utilizó en su campaña para defenestrar a sus rivales en la contienda electoral de 2006. Pero todo termina, y felizmente el calderonato a punto está de cerrar la tienda. En este contexto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas analizó temáticamente la sexta y última propuesta económica del todavía inquilino de Los Pinos, y algunos de sus balances se registrarán en este espacio. Así, dos de los aspectos desmenuzados fueron el déficit público y la deuda federal propuestos para 2012.

De acuerdo con la propuesta calderonista, en 2012 nuevamente se registrará déficit público. Este indicador –sin incluir la inversión de Pemex– pasará de 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2011 a 0.2 por ciento. Esto es, de 70 mil 176 millones de pesos aprobados para el presente año a 36 mil 689.5 millones el siguiente, monto inferior en 33 mil 486.5 millones. El dato relevante para evaluar el estado que guarda el balance público es el que incluye la inversión de Pemex. Bajo esta premisa, la Secretaría de Hacienda estima que los déficit públicos para 2011 y 2012 sean de 2.5 y 2.2 por ciento del PIB, respectivamente.
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Dinero
  • Fobaproa americano
  • Gravamen a las fortunas de los millonarios
  • Indignados toman Wall Street
  • El botín de 2012
Enrique Galván Ochoa


La recesión de 2007-2009 dejó un mayor número de pobres en el planeta pero conservó, incluso aumentó, fortunas y privilegios de los millonarios. Si analizamos lo que pasó en Estados Unidos, nos damos cuenta de que los recursos gubernamentales destinados al TARP –Fobaproa americano– tuvieron como destino poner a salvo a las grandes firmas financieras y automotrices, así como a sus ejecutivos y socios. Las familias de clase media recibieron ayuda; por ejemplo, se extendió a seis meses el pago del seguro de desempleo, fueron entregados millones de cupones de comida gratuita y se han restructurado millares de créditos hipotecarios. Sin embargo, el apoyo a los millonarios fue superior. En cuanto a los pobres, la semana anterior la oficina del censo dio a conocer que uno de cada siete estadunidenses es pobre. El presidente Obama presentará hoy un plan para equilibrar la situación; es parte de su programa de creación de empleos. Si algún presidente mexicano se atreviera a hacerlo –Calderón ni remotamente lo haría–, sería calificado de populista y socialista, y seguramente las cúpulas empresariales, aliadas a la mayoría de los medios de comunicación electrónica, y sus leales líderes de la opinión pública, lanzarían en su contra una campaña tan furiosa que lo harían retroceder.
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Explotación criminal de petróleo

Iván Restrepo

Dos países, ubicados a miles de kilómetros de distancia entre sí sirven para mostrar la manera criminal de explotar el petróleo: Ecuador y Nigeria, donde las trasnacionales han dejado severos problemas de salud pública y destrucción ambiental. Varios estudios muestran los males causados por la explotación petrolera en la amazonia ecuatoriana. En uno, publicado hace siete años en la prestigiosa revista de la Organización Panamericana de la Salud, dos especialistas (Miguel San Sebastián y Anna-Karin Hurtig) reconocían la actividad petrolera como el combustible que transformó la vida ecuatoriana. Cómo en pocos años su ingreso per cápita se había quintuplicado, pero a un elevado costo para la gente y la naturaleza. El petróleo, decían, era el origen de una de las destrucciones ambientales más severas registradas en el mundo: desde 1972 van a parar a los ríos y las tierras del Amazonas decenas de miles de millones de desechos tóxicos y petróleo sin refinar.

Esas corrientes contaminadas (en ocasiones más de cien veces que el límite permitido internacionalmente) afectan especialmente la vida de las comunidades de dicha región. Los datos epidemiológicos recabados mostraron una verdadera emergencia sanitaria: desde abortos hasta todo tipo de cáncer en proporciones mucho más altas que la media nacional; nadie escapaba a este último azote: hombres, mujeres y niños. Luego de soportar durante años esta situación, la población se organizó contra los causantes de sus males y les exigió un alto a la alta contaminación y el pago por los daños ocasionados. La respuesta inicial de las trasnacionales petroleras fue una burla, como también la posición del anterior gobierno ecuatoriano.
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Cordero, la Aspan y 2012

Carlos Fazio

De no ocurrir un contratiempo mayor, el candidato de la Casa Blanca para la elección presidencial de 2012 en México es Ernesto Cordero. Junto con el finado Juan Camilo Mouriño y el actual embajador en Washington, Arturo Sarukhán, Cordero participó en septiembre de 2006 en la encerrona de Banff Springs, Canadá, donde representantes del Pentágono y de grandes corporaciones privadas decidieron profundizar la integración de América del Norte y el control de México por el estamento militar estadunidense. Allí se consumaron una serie de acuerdos ejecutivos secretos con Estados Unidos, que combinan la entrega de los recursos geoestratégicos con la militarización subordinada del país. Cordero, sustituto forzado de Mouriño, es el hombre del continuismo calderonista.

En realidad, el proyecto imperial arranca en 1941, cuando el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York –el más influyente tanque pensante de la élite estadunidense– redefinió el concepto de gran área (símil del espacio vital nazi) y optó por un modelo de integración económica vertical de sus vecinos, que incluía inversiones, colonización y control político abierto.

Como quedó asentado en los Estudios de guerra y de paz, Estados Unidos debía generar mayor dependencia mediante mercados seguros de materias primas, y en caso de que eso fracasase, a través del control de territorios mediante la inversión y la dominación político militar. En 1942, el geopolítico estadunidense Nicholas J. Spykman ubicó a México dentro del Mediterráneo americano, junto con Centroamérica, Colombia, Venezuela y el cinturón de islas del Caribe. Para su antecesor, Alfred Mahan, renovador de la visión expansionista del destino manifiesto, esa región era vital para Washington y debía permanecer bajo su exclusiva e indisputada tutoría. Eso implica para México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal, asentó con crudeza Spykman
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En busca de tierra firme

Gustavo Esteva

A su paso por Oaxaca, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sufrió una mutación importante. La Caravana al Sur se llevó sobre los hombros, con cierta preocupación, la carga que depositaron los pueblos indios de Oaxaca al asumirse como parte del movimiento y dar a Javier Sicilia funciones de autoridad en la construcción de un nuevo país.

En Oaxaca la caravana no sólo dio visibilidad a víctimas individuales de toda suerte de violencia, algo sumamente valioso que ha estado haciendo el movimiento desde que nació. Hizo también evidente las consecuencias de que el impulso criminal nazca dentro del Estado y se extienda como plaga por todo el cuerpo social.

La ambigüedad del lodo, que no pertenece al mundo acuático ni al terrestre, se empleó en Oaxaca como imagen pertinente de la situación: vivimos en un lodo social y político en que no es posible distinguir el mundo de lo legal y el de lo ilegal, el mundo de las instituciones y el del crimen
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Tribunal subordinado

John M. Ackerman

La anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las nuevas disposiciones en materia de transmisión de espots electorales deja al Instituto Federal Electoral (IFE) en estado de extrema vulnerabilidad ante los embates mediáticos presentes y futuros. En lugar de hacer frente común con el IFE para defender de manera conjunta la institucionalidad democrática, los magistrados han tomado el lado de los poderes fácticos. La verdadera perdedora, como siempre, es la ciudadanía.

La sentencia dictada por el TEPJF el pasado 14 de septiembre anula las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobadas por el IFE el 27 de junio, que reducían los plazos para la transmisión de los espots de los partidos políticos de cinco a tres días. Estas reformas se hicieron con el fin de facilitar un debate público más dinámico y robusto entre los diversos partidos y candidatos durante las campañas electorales de 2012.

Las modificaciones se justifican plenamente por la necesidad de adecuar el reglamento a las exigencias de una campaña presidencial que presenta una coyuntura radicalmente diferente a la de una elección intermedia, como la de 2009, que únicamente renovó la Cámara de Diputados a escala federal. Los cambios también encuentran respaldo en el artículo sexto constitucional, que garantiza nuestro derecho de acceso a la información, así como en el artículo 41 de la Carta Magna, que señala que el IFE es la autoridad única para la administración de los tiempos del Estado en materia electoral.
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