MATAMOROS, TAMPS.- El hedor traspasa las paredes de la morgue. Se cuela por escuelas, negocios y casas, impregna la ropa, atasca las gargantas, encoge la nariz, provoca náusea, obliga a apurar el paso. En el edificio blanco donde se origina la peste hay 71 cuerpos en el piso, unos sobre otros, que esperan su turno para la autopsia.
En el estacionamiento, un tráiler de esos que podrían transportar frutas, sirve como depósito para otros 74 cadáveres envueltos en bolsas de basura y amortajados con cinta adhesiva que lleva escrito el lugar de su hallazgo.
Las carrozas fúnebres llegan cada tanto con otros cuerpos recién desenterrados. En el último conteo eran 145.
Los cementerios clandestinos descubiertos en el municipio bisagra de San Fernando –que une a Reynosa y Matamoros con Ciudad Victoria– evidencian el nivel de descomposición de la narcoguerra.
Cada fosa es prueba del encubrimiento oficial a la anormalidad cotidiana: las carreteras controladas por criminales, las matanzas cotidianas, el subregistro de muertos, las desapariciones masivas de personas, la primitiva barbarie de los grupos enfrentados, el reclutamiento forzado de jóvenes para la guerra, la cómplice indiferencia de la justicia y el obligatorio silencio ciudadano.
“Hasta ahora se dieron cuenta de lo que pasa. ¿Ya cuándo?, si mi marido y su compadre iban a León a dejar unos carros y nunca llegaron a Victoria y vivo sin una noticia, ¡nada!”, reclama una rubia con lentes oscuros y palabras atascadas por las lágrimas.
“Desde el año pasado había ya muchas denuncias pero no nos oían, era como hablar abajo del mar”, dice furiosa una tamaulipeca flaquita y ágil que de la cajuela de un auto descarga garrafones de agua potable. Los deposita bajo la lona improvisada como albergue atendido por espontáneos que alimentan y consuelan a los fuereños que llegan para cotejar si sus familiares, los que un día no llegaron, están entre los desenterrados. Matamoros, Meca nacional de las familias con desaparecidos.
“No habíamos denunciado nunca. Apenas nos animamos porque están sacando tanta gente de las tumbas y vimos en las noticias que llegaron muchas familias”, reconoce el padre de Leonte Silva Hernández –criador de pollos, padre de tres hijos y desaparecido en noviembre en San Fernando–, de quien no había denunciado la ausencia por miedo a que “lo tormenten”.
Los sepulcros removidos atrajeron a tamaulipecos de todos los puntos del estado, que aquí son mayoría, pero también a personas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Jalisco o Guanajuato que sospechan que sus familiares fueron capturados en alguna de estas carreteras de la muerte.
La pesadilla ocurrió en San Fernando –municipio vecino controlado por Los Zetas, que desde el año pasado está en guerra contra el cártel del Golfo, su origen–, el mismo que escandalizó al mundo en agosto pasado por el hallazgo de 72 migrantes centro y sudamericanos asesinados.
El nuevo encuentro de ocho fosas clandestinas con 59 cadáveres ocurrió el 6 de abril y destapó la podredumbre: los criminales asesinaban a los pasajeros de los autobuses que transitaban por la carretera de San Fernando, como ocurrió en tres corridas a finales de marzo.
El Ejército detuvo a varios implicados que señalaron los sitios de las excavaciones, y a 11 policías locales cómplices. Hasta el viernes 15 ya eran 145 los cadáveres exhumados de decenas de fosas.
Un ama de casa de Ciudad Altamirano, Guerrero, se mantiene inmóvil, recargada contra una pared de la oficina de servicios periciales. Es la presentida viuda de uno de los pasajeros del ómnibus que iba a Reynosa, donde su esposo y seis compañeros intentarían cruzar a Estados Unidos.
“Como no llegó pedimos hablar con el chofer para preguntarle, pero en la terminal nos dijeron que no reportó nada. Los de los autobuses sospechaban que les faltaba gente porque “sobraban maletas”. Hasta después el chofer nos confesó que, entre las siete y las ocho de la mañana del 29 de marzo, unos hombres armados bajaron a todo el pasaje, como a 25 gentes, y nomás dejaron irse a las dos mujeres que iban, al chofer y su ayudante”, cuenta esta madre de cuatro hijos que lleva una mochila con ropa como único equipaje.
Ninguno de los guerrerenses denunció la desaparición porque esperaban que los secuestradores pidieran rescate, como es la usanza. Entonces supo por las noticias que los cuerpos de los pasajeros eran albergados en esta morgue.
“Tengo tres días aquí, dicen que no puedo verlos, que los cuerpos están muy descompuestos… si está vivo o muerto lo quiero encontrar”, dice triste y asustada: “Borre el nombre de él, dicen que a veces los tienen vivos y si se publica, los matan”.
Otra mujer de Arcelia, Guerrero, hace fila para que le tomen la muestra de ADN para sacar a su hijo de entre los cuerpos apilados en las bolsas de basura: “Es jornalero, iba a Reynosa, salió el 28 de marzo en uno de esos camiones”.
Los forasteros que llegan a la morgue tienen que hacer al menos cuatro filas que duran horas: dos para denunciar la desaparición, dos para dejar su sangre para el cotejo genético.
En la recepción de la oficina de servicios periciales, en el tiempo de espera se escuchan las inquietudes comunes:
–Señorita, ¿no nos podrán poner las fotos de los muertos? –pregunta un ranchero anciano.
–No. Quedaron irreconocibles por el paso del tiempo y las condiciones de su muerte –contesta la recepcionista–. Sólo describiendo las ropas, tatuajes o cadenas se puede saber. Por eso se pide que dejen esos datos porque aunque hay 100 cuerpos han venido más de 400 familias buscando.
–¿Hasta cuándo nos van a decir? –pregunta frustrada una mujer con cuatro días de espera.
–Señora, es que hay muchísima gente y tenemos que mandar los paquetes para cotejar.
La oficina parece un purgatorio lleno de personas con miradas perdidas, ojos llorosos, lágrimas escurridas. A ratos se hace el silencio de un velorio, otras veces se convierte en comunidad de autoayuda.
–A veces es mejor, de una vez, el trancazo a estar todo el día pensando si estará vivo, si lo estarán golpeando, si habrá comido –dice alguien.
–Ya ni pasa la comida, nos dan una muerte lenta –dice una joven con un bebé en brazos.
–Nosotros no queremos encontrar a mi hijo aquí. Lo queremos vivo. Ya lo hemos buscado en Reynosa, Laredo, Mier. Hasta fuimos a ver unos cuerpos quemados pero no pudimos: no quedó ni un teni, ni un pantalón y así andamos –dice la mamá del cocinero Leonel Ignacio Mancilla Silva, desaparecido en un auto particular con su jefe y dos compañeros de trabajo en la carretera a Reynosa.
Hasta 100 personas al día hacen fila para ser atendidas. Algunas se persignan al momento de tomar su turno. Una anciana nerviosa suspira y dice: “Que sea lo que Dios quiera, ¿qué más?”.
Cargando recuerdos
En el predio contiguo, los forenses enfundados en trajes quirúrgicos blancos manipulan los cadáveres. Bajan del tráiler las bolsas de basura con forma humana hasta depositarlas en el piso del Servicio Médico Forense. En sentido contrario sacan otros para subirlos al tráiler.
A quienes buscan a sus familiares se les encoge el corazón cuando miran, perplejos, la manipulación de los cadáveres dispuestos en el contenedor como si fueran cajas de fruta.
“Dios quiera que mis familiares no estén aquí, no me da gusto ver cómo están sacando las personas del camión”, dice mientras se aleja apurada la cocinera Isidra Pérez Segundo, que en un mismo día perdió a su hijo, su nuera, su hija con ocho meses de embarazo, su yerno y un nieto de cinco años en la carretera. Ahora ella mantiene a Daira Yareli, su nieta huérfana a los cuatro años, que sonríe desde la pantalla del celular.
Los forenses apenas se dan abasto. A ratos salen a fumar para exorcizar el tufo agarrado a la garganta. Se abren el zíper de los overoles.
En voz baja, porque tienen prohibido dar información, dicen que la mayoría de los asesinados que han revisado llevan las manos amarradas a la espalda y las camisetas sobre la cabeza. No van vendados. Pocos tuvieron una muerte rápida. Tres eran mujeres.
“Están muy golpeados, con golpes en el cráneo, como con un fierro, un tubo, un mazo. Así vienen los nueve que revisamos hoy. Unos ni siquiera se pueden evaluar, casi ninguno tiene disparo en la cabeza”, dice uno de ellos a Proceso.
Otro perito investigador que participó en la localización de las fosas explica que detectaron los cementerios gracias al “dedo” (informante) que los guió, porque no están al pie de la carretera ni a simple vista. Tuvieron que excavar unos montículos hechos con maquinaria por los criminales para esconder a sus víctimas.
Este funcionario confirma que la mayoría fueron asesinados a golpe de marro. Como todos, adjudica el crimen a Los Zetas, que dominan la zona.
Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (“no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas, y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso”, dice).
–¿Por qué los habrán matado? –se pregunta al investigador.
–A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los contrarios.
Purgatorio nacional
Ninguna autoridad se puede decir sorprendida por lo que aquí ocurre. Sobre todo si se miran los papeles que tapizan las oficinas con mensajes como “ayúdanos a encontrarlo” y los rostros de jóvenes como Eli Octavio, de 17 años, extraviado en la carretera de San Fernando; la quinceañera Yukan Yanay, levantada en el centro de Valle Hermoso igual que el joven Francisco Felipe Maya. Son cientos.
Quienes están aquí ya recorrieron las rutas de las narcofosas. Como el anciano Crescencio Ortiz, tamaulipeco de San Fernando, cultivador de sorgo, quien busca a su hijo Adolfo, también agricultor (“y no era ni borracho ni fumador ni jugador ni nada”, aclara).
“Desde que no volvió fue andar buscando muertos tirados, ir a verlos, caminar en la orilla de la carretera o en algún monte o en las funerarias. Pedir al Ejército que nos enseñe a los que han liberado para ver si lo vieron.”
O los familiares de Natanael Arturo y Josué Arcel, hermanos defeños que fueron a McAllen a comprar ropa para el bebé del primero. Antes de desaparecer, uno de ellos envió por celular un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hahas nada si llega a pasar algo solo avisale a mis papas. me metieron en la cajuela. no me vayas a llamar ni nada”. Sus padres han peinado Tamaulipas, esquivado “halcones”, acudido a morgues, procuradurías, PGR, Marina, Sedena, Policía Federal, derechos humanos, periodistas, las señora Wallace y Moreira, para recuperarlos.
La esperanza no muere. Se refugian en la oración, en adivinos o hasta en milagros. Como la anciana oaxaqueña que dice: “Quiero ir a la televisión con Laura (Bozzo) para ver si ella los encuentra”.
Los nervios se quiebran en la larga espera, como ocurre a la señora Guadalupe Alfaro cuando quiere anotar a su sobrino Jairo Daniel entre los desaparecidos que reclama hecha llanto: “¡Quisimos hacer la denuncia pero en la PGR de Reynosa no nos la quisieron tomar, que por seguridad de nosotros! ¡Aquí hay confabulación! Yo tuve que hacer volantes y dejarlos en todos los rincones. Anduve 15 días en las brechas de la carretera, sola, buscando y pidiendo en los retenes y la guarnición militar que me llamaran si aparecía un muerto o si rescataban a alguien”.
La gente explota cuando se entera de que el tráiler con los cadáveres fue enviado al Distrito Federal. Sienten que los separaron de los suyos una vez más.
“¡Los muertos son de Tamaulipas, los queremos aquí! Ya nos quedamos viudas con nuestros huérfanos, ¿para qué quieren exponernos yendo por las carreteras a buscarlos allá? ¿Quieren que maten a otros 500? ¿Cuánto más nos harán esperar para que no los regresen?”, grita con rabia la esposa de Agustín Jaime del Ángel, desaparecido el 1 de diciembre en el “tramo peligroso” carretero.
La familia del matamorense Gonzalo García Casanova, que fue el primero en ser identificado el lunes anterior, reclama porque se lo llevaron al DF con los demás. “Si ya saben quién es, ¿por qué se lo llevan? Nomás nos hacen sufrir más”, lamenta su hermana, quien, como la mayoría aquí, no entiende por qué los “llevaron a pasear”.
Los episodios de rabia estallan contra cualquier funcionario que aparece y la gente reclama que el gobernador Egidio Torre no ha llegado a este lugar a solidarizarse y que Felipe Calderón nunca ha tomado esas carreteras. Los fuereños también reclaman porque nadie les avisó de los peligros de las carreteras.
El chofer de uno de los autobuses que diariamente viaja hasta Victoria reconoce ante Proceso los peligros conocidos por sus colegas: “Desde hace dos años mirabas en la noche o en la madrugada en las carreteras o en las brechas puro camionetón de 300, 400 mil pesos con las puertas abiertas, y puros pelados con armas largas. Por eso dejamos de viajar en la noche. Si vas en carro ¡aguas!, que van y te cierran en las camionetas, te tumban el carro, te secuestran o te matan”.
Sangre llama a sangre
En la fila muchas madres son las primeras voluntarias para hacerse la prueba de la sangre que les permitirá reclamar al hijo. Sus esposos las esperan en los pasillos, nerviosos. También llegan mujeres con todos sus hijos por si se requieren más genes para darle al papá una tumba.
Una niña de tres años está en la fila creyendo que la van a vacunar, porque sus tíos no le han dicho que su papá, su mamá y su hermanito están desaparecidos. Otro niño zacatecano de 12 años, hijo de Enrique Vázquez Ibarra –desaparecido en Méndez cuando regresaba con un carro usado que acababa de comprar– sostiene la foto de su papá para que lo fotografíen, mientras su tío comenta que “lo agarraron frente a la escuela, llegaron, lo cargaron, lo echaron pa’rriba”.
La mayoría de los tamaulipecos nunca había denunciado la desaparición. Por miedo.
Con las historias que se cuentan en la espera se podría hacer una cartografía de los levantones y concluir que en estas tierras los jóvenes son reclutados a la fuerza como combatientes de reemplazo de los exterminados todos los días.
“Mi hijo iba a cumplir 22 años, trabajaba en un Oxxo, el 8 de enero se lo llevaron del trabajo. Fue en Valle Hermoso. No pudimos denunciar porque ahí no hay autoridad.”
“El mío es José Juan Zavala (obrero, padre de cuatro niños). Salió en la mañana y no volvió. En Matamoros se llevan a muchos.”
“Yo vengo por Roberto Díaz, es ayudante de albañil, lo sacaron aquí del solar de su casa.”
“Le tocó a mi hijo César Mosqueda que se lo llevaran como a muchos otros huercos. Un amiguito vino a decirme que una camioneta lo había recogido y del susto ni la camioneta quiso describir.”
“Anote al mío: Daniel Contreras Lerma, de 16 años, y a su amigo César Homero Salazar, de 18, se los llevaron del Oxxo de cuadra y media de la casa. Así pasa en Valle Hermoso: la gente va caminando y se la llevan, o te sacan de casa, y es parejo para hombres y mujeres. Y la gente que se ha escapado no quiere decir si ahí vieron a alguien.”
“A mi hermana (Luz Elena Ramírez, madre, 30 años) le hicieron señas de un carro gris, se acercó, la tomaron del hombro y ya no supimos.”
“Yo busco a Édgar Silquero Vera, gerente de una gasolinera de San Fernando. Encontramos sólo su camioneta Expedition. Se pasean en ella los marinos pero dicen que no saben nada.”
“Mi hijo tendría ‘orita unos 20 años. Se lo llevaron en un levantón en San Fernando porque se llevan a todos parejo a trabajar obligados. Pero mejor borre su nombre.”
Los peritos de la morgue se dan un descanso y vuelven a salir a fumar. Es el jueves 14. Han trabajado toda la semana y les acaban de informar que llegará otra camioneta con una docena de cuerpos.
En los noticiarios del día se anuncia que el gobierno estatal impulsará el estado como destino turístico para Semana Santa. “¡Ya ni la chingan estos cabrones!”, comenta un ministerio público enojado.
Un reportero local que observa el cansancio general comenta: “Y eso que falta que excaven todos los de Camargo, Alemán, Guardado de Arriba y de Abajo, los poblados Los Guerra y Comales, Ciudad Mier, Valle Hermoso, Anáhuac, Cruillas, González Villarreal, Nuevo Padilla, Nuevo Guerrero… Todo el estado está lleno de fosas clandestinas”.
Todo alrededor apesta. l
Jalisco. Sigilosamente, los jaliscienses aprenden a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo; resguardarse en casa, en la escuela, en la oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de una granada; o de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.
Entradas
