

Sabina Berman
La diferencia es semántica, como ha insistido en señalar el presidente a últimas fechas...
La diferencia es semántica, como ha insistido en señalar el presidente a últimas fechas...
MÉXICO, D.F., 10 de enero (apro).- Después de cuatro años completos de haberla decretado, y luego de más de 30 mil muertos, se puede concluir que la “guerra” de Felipe Calderón que desangra a la República no fue motivada sólo por un cálculo político para lograr la legitimidad que le negó el voto y para ponerse el disfraz de valiente. Hay, también, un elemento patológico.
La indiferencia de los altos funcionarios del gobierno federal ante los miles de cadáveres que pueblan el territorio nacional y la inverosímil violencia que no deja de escalar indica que los posee algo más que una auténtica lucha contra la delincuencia o la entendible simpatía de la derecha por la mano dura. Es algo más identificado con una obsesión enfermiza, una demencia.
La estrategia oficial de anteponer las balas a la inteligencia, el belicismo al ataque a las finanzas y las acciones de propaganda a las complicidades gubernamental y privada, al más alto nivel, ha sido un fracaso total desde hace tiempo, cuya obstinación en mantenerla sólo ratifica el carácter enfermizo de quien la tramó.
El tamaño del fracaso es elocuente hasta en cifras y voces oficiales, como la del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, quien admitió que, sólo el año pasado, los homicidios dolosos aumentaron 12% y 7% los secuestros, pero además advirtió que los tres órdenes de gobierno no han puesto énfasis en la prevención social de la violencia.
Y tamaña aberración no puede contar con el respaldo, así sea pasivo, de los mexicanos, a riesgo de volverse tan cínicos como Calderón y los suyos.
Es preciso exclamar que no es admisible legitimar tal “guerra”, tramada a nuestras espaldas, sino repudiarla con toda la fuerza de muestra indignación para conjurar el “importamadrismo”, como define Rius el peligroso silencio que se impone entre los mexicanos.
En efecto, Eduardo del Río, el gran monero Rius, ha convocado junto con otros mexicanos a manifestar, pacíficamente, el descontento y frustración ante la “guerra” que Calderón inició, en diciembre de 2006, contra la delincuencia organizada y que ha cobrado la vida no sólo de delincuentes, sino de centenares de personas --incluidos niños--, llamadas, con toda desvergüenza, “daños colaterales”.
Para asombro de la población, sobre todo la que padece la violencia en su entorno, la cifra de muertos crece día a día, pero también la impotencia y el desdén: “Nos están llevando a un estado de importamadrismo”, lamenta Rius.
Y sí: El ejecutómetro provoca eso, pero por eso se convoca a una campaña de “no más sangre” para convertir el silencio de millones de mexicanos en un sonoro grito que, si no hace desistir a Calderón, al menos que le haga manifiesto el hartazgo de su “guerra”.
Nacida del talento de los moneros, que en la historia de México han mostrado un incorruptible compromiso social, la campaña ciudadana comenzó este lunes 10 con un diseño del joven Alejandro Magallanes, quien a un “No” en mayúsculas colocó el signo de más y enseguida una mancha escarlata que simboliza la sangre.
El dibujo es un clamor: ¡No más sangre!
Apuntes
La incorporación de Juan Molinar Horcasitas a la estructura del PAN y la virtual candidatura de Luis Felipe Bravo Mena al gobierno del Estado de México, como aquí se anticipó, confirman la degradación a que ha llegado ese partido por capricho de Calderón, porque se premia a quienes tienen las manos manchadas de sangre: Molinar, responsable de la muerte de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y Cecilia Romero, ascendida a secretaria general tras el asesinato de 72 indocumentados centroamericanos.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 3 de enero (apro).- Como parte del contubernio entre Felipe Calderón, Manuel Camacho y Jesús Ortega para incubarlo como candidato presidencial de una alianza PAN-PRD en 2012, como si no se supiera de sobra que en ellos anida la traición, Marcelo Ebrard se ha colocado en la ruta de la “mano dura” que clama la derecha para aniquilar cualquier expresión disidente o de ejercicio de derechos fundamentales.
El autoritarismo que exhibió Ebrard ante las expresiones legítimas de descontento de ciudadanos preocupados por el daño al entorno habitacional derivado de las obras del metrobús en la colonia Narvarte, que se tradujo en la agresión de centenares de granaderos contra vecinos pacíficos e indefensos, es ya parte de patrón de conducta del gobierno capitalino.
A la arbitraria acometida policíaca contra los vecinos de la Narvarte, la semana previa a Navidad, la antecedió y sucedió una estrategia de mano dura contra los vecinos de las colonias de la delegación Magdalena Contreras, afectadas por la supervía de cuota que, se pretende, conectará el poniente y sur de la Ciudad de México.
La fuerza de las macanas se presentó, también, contra vecinos de Tláhuac afectados por la línea 12 del metro, que correrá de esa delegación a Mixcoac, en Benito Juárez, donde la población ha tenido que soportar la indolencia de la autoridad ante el desquiciamiento vial.
Ya antes, en junio de 2008, el gobierno de Ebrard había dado una muestra trágica de arrogancia cuando, otra vez con un uso arbitrario de la fuerza pública, instrumentó un operativo en la discoteca popular “News Divine”, en la delegación Gustavo A. Madero, con saldo de 12 personas muertas, nueve de ellos jovencitos y tres policías.
Tras esa tragedia, en este espacio se planteó que Ebrard estaba obligado a proceder con firmeza contra los responsables, no sólo porque es su inequívoco deber como autoridad ni porque aplicar la ley con justicia es fundamental en un gobierno que se pretende alterno a la derecha, sino para evitar algo peor: La rabia y el resentimiento sociales que engendra la impunidad del poder.
Pero aun con la remoción del delegado Francisco Chiguil, los jefes policiacos Joel Ortega y Félix Cárdenas, así como Guillermo Zayas, coordinador del operativo, la impunidad se impuso y, a dos años y medio de esa tragedia, puede presumirse que en efecto se anidó la rabia y el resentimiento en la población de la zona.
Ebrard y su equipo de gobierno, supuestamente de izquierda, se equivocan: Creen que los ciudadanos son tan estúpidos que no entienden que hay obras necesarias para el interés general que implican afectaciones particulares, desde expropiaciones hasta el bloqueo de una cochera, y que el cruce de argumentos neutraliza el conflicto y consolida acuerdos.
Ebrard y los suyos son incapaces de distinguir entre la crítica de los partidos de oposición, que naturalmente van a explotar su ineptitud, y los ciudadanos que protestan con toda legitimidad por las aberraciones de la autoridad.
Aberraciones que, en efecto, van desde poner un policía en los cruceros donde hay obras que desencadenan el desquiciamiento de amplias zonas de la ciudad hasta la rehabilitación que ha hecho el jefe de la policía, Manuel Mondragón y Kalb, de viejos policías corruptos, como Darío Chacón, subsecretario de Tránsito, que ha reactivado la extorsión a automovilistas.
Por eso, más que para la salvaguarda de la integridad patrimonial, física y sicológica de los capitalinos, las fuerzas policiacas han sido usadas por Ebrard para intimidar y de plano reprimir, en particular a quienes, haciendo uso de sus derechos, manifiestan su inconformidad por decisiones arbitrarias.
Salvo por dar impulso o no bloquear nuevos derechos identificados con la corriente progresista, como la despenalización del aborto en hasta 12 semanas de gestación y los matrimonios entre personas del mismo sexo, y de dar continuidad relativa a los programas sociales que heredó, Ebrard ha actuado como gobernante más en una lógica de la derecha que ansía la mano dura.
No es casual, por tanto, la hipócrita conducta de Ebrard ante Calderón y su demencial “guerra” contra al crimen que ha ensangrentado el país: Mientras evita retratarse con él, la hizo comparsa al asistir al Palacio Nacional, el 2 de septiembre de 2010, para escuchar un largo autoelogio y hace apenas un mes, el 27 de noviembre, de plano se hizo su adherente.
“Hay que reconocerle la resolución de entrarle”, dijo Ebrard sobre la estratégia de Calderón contra el narcotráfico, justamente tres dias después de que Carlos Salinas declaró que ese indviduo “ha tomado acciones decididas y valientes para enfrentar estas circunstancias”.
¿Coincidência? No, convergência que quedó de manifiesto dos semanas después cuando, el 10 de diciembre, Salinas colmó de elogios a Ebrard, “un servidor público profesional”, cuyos resultados como gobernante “están a la vista”.
No puede haber, entonces, extrañeza de la conducta de Ebrard, quien tiene un extraordinario parecido a Calderón y a Enrique Peña Nieto.
Lo que sí extraña es el silencio del partido que formalmente es gobierno en la capital, el PRD, que convalida la estrategia represiva, lo mismo que su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, cuya omisión es inaceptable.
Apuntes
La presidencia de Juan Silva Meza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la oportunidad de que el Poder Judicial no sólo no se siga degradando, sino que sea punto de partida para que la justicia no sea una mercancía al alcance de unos cuantos…
MÉXICO, D.F., 12 de octubre (apro).- Carlos Salinas llegó relajado al acto que el Instituto Federal Electoral (IFE) le dispuso para su reaparición pública en México, en la que manifestó su anhelo de que en 2012 se materialice otra vez la alternancia en la Presidencia de la República, cuando una pregunta le endureció el rostro.
“¿Se sigue sintiendo repudiado?”, le lanzó un reportero al exjefe del Ejecutivo entre 1988 y 1994 que llegó al Palacio de Minería envuelto en una nube de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial (EMP).
En medio del tumulto, entre micrófonos y cámaras, Salinas volteó a ver al reportero para, con la mirada, transmitirle su disgusto por la pregunta, pero se guardó la respuesta y enfiló hacia un privado del edificio donde hoy el IFE lo reconoció como su creador, hace dos décadas.
“La creación del IFE fue la respuesta a la elección en México de 1988”, dijo Salinas al participar en el panel La democracia del siglo XXI en América Latina, junto a Dante Caputo, excanciller argentino, y el economista venezolano Teodoro Petkoff, y enseguida dio el contexto de la fundación del órgano electoral, bajo el control de su gobierno.
Omiso de las acusaciones de fraude electoral que lo beneficiaron, Salinas sólo reconoció que la de 1988 fue “la elección más competida del ciclo de partido prácticamente único en nuestro país”, y “la falta de aceptación del resultado de esa elección, por una parte muy respetable del electorado, se combinó, hay que recordarlo, con un malestar social derivado de la crisis financiera de finales del 87, una abrupta devaluación entonces, aumentos desmedidos de los precios de bienes públicos”.
Junto con el IFE, expuso Salinas, se creó el Tribunal Electoral y se hicieron reformas económicas como las que impulsó Michael Gorbachov en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). “Podríamos parafrasear y decir que, además de Perestroika, parece que hubo Glasnot”, se ufanó.
Primer participante en la mesa, que concitó el interés de funcionarios del IFE e invitados, entre los que se encontraba su hijo Emiliano, custodiado por el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, Salinas atribuyó el cambio democrático al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como lo ejemplifica la creación del IFE.
“No era necesario que el PRI perdiera para mostrar el avance en la democracia”, dijo y recordó que en la elección de 1994 ganó con un IFE ciudadanizado, que la reforma de 1996 sólo formalizó. “Es, hasta ahora, la única reforma de esa dimensión que ha logrado el voto de los tres grandes partidos.”
Y enseguida manifestó su deseo de que, en las elecciones de 2012, se produzca la alternancia, como en el 2000, cuando el PRI fue sustituido por el Partido Acción Nacional (PAN):
“La alternancia llegó para quedarse, pero si la alternancia es la prueba de la democracia, más que sus instituciones, bienvenida la alternancia para el 2012, aunque esa elección todavía está muy lejos. Hay mucho trabajo por hacer y enormes retos que exigen atención diaria para satisfacer la exigencia ciudadana”, acotó.
Se debe fortalecer el IFE, insistió, hasta que se acaten los resultados electorales: “Los contendientes necesitan aceptar estos resultados institucionales, todavía siguen las disputas que no se basan en hechos objetivos sino en percepciones de los contendientes coloreadas por sus preferencias.”
En su participación, Salinas elogió a los políticos que impulsaron la democracia: Dentro del PRI, nombró al fallecido José Luis Lamadrid; en el PAN, a Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos, “quien deseo que pronto pueda reunirse con su familia y sus amigos y regrese al debate político en el que tanta falta hace”, y desde el PRD, “mediante los diálogos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otros miembros distinguidos de su partido”.
En sus intervenciones, y a preguntas específicas y provocadoras de la moderadora, la periodista chilena Mónica González, Salinas de Gortari fue esquivo, como en la autocrítica a su gobierno y aspectos como la corrupción.
--Yo quisiera, Carlos, que de verdad, haciendo un análisis de su gobierno y de lo que ha sido la memoria histórica de este país, ¿cuál cree usted que es la única autocrítica, la suya, que no ha hecho públicamente aún?
--Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo. Tendría yo que abusar del tiempo de todos ustedes, para poder darle la lista de todo.
--Créame que lo tenemos.
--Encantado entonces.
Pero Salinas sólo consideró autocrítica no haber institucionalizado el Pronasol, su programa social de carácter electorero. “Sí, en el aspecto de autogobierno, en el aspecto republicano de la democracia sin lugar a dudas nos quedamos muy cortos en cuanto a la institucionalización de ese aspecto”.
Sobre la corrupción, Salinas se pronunció por la movilización y organización social, de manera específica ante la inseguridad, y dijo que apenas se enteró que en Ciudad Juárez, Chihuahua, los cárteles de las drogas contratan a jóvenes por 500 pesos por cada rival que ejecuten.
“Y lo que se sabe es que muchos de estos jóvenes que están dispuestos a aceptar el encargo lo hacen porque necesitan ese recurso para llevarlo al hogar familiar y lo que están esperando es que exista la oportunidad de que no sea el origen del cártel el que les permita tener el ingreso que pueda satisfacer la necesidad familiar.”
--¿Y la corrupción de la policía cómo la enfrentarías?
--Es fundamental la movilización social. ¿Cómo vas a poder enfrentar la corrupción de un policía que, en promedio, en las áreas municipales hay alrededor de 2 mil corporaciones municipales en el país que tienen como promedio de ingreso alrededor de 2 mil pesos mensuales y no pasan de educación primaria la mayoría de ellos, y todavía quiere exigírseles que tengan una respuesta al reclamo ciudadano de la comunidad frente al embate multimillonario que ejercen los cárteles de la droga?
--Aquí hay varias preguntas. Dicen: ¿Quiere o va regresar a Los Pinos en el 2012? Pareciera que quiere.
--Eso que se lo pregunten a los que aspiran.
Ante otras preguntas de jóvenes, Salinas ofreció responderlas vía correo electrónico: “Seré veraz, seré autocrítico, pero sobre todo me gustará conocer la respuesta de ustedes a mi propia respuesta”.
--Yo me quedé esperando la respuesta suya a la autocrítica –le recordó la moderadora--. No me la dio, espero que algún día me la dé.
--Se la voy a dar hoy en la tarde en que le voy a mandar un libro de mil 400 cuartillas, que es una primera autocrítica a mi responsabilidad como presidente de México.
Ahí concluyó la reaparición de Salinas en México. Luego, amable, saludó a Leonardo Valdés, presidente del IFE, y se aproximó a los fotógrafos para posar juntos.
--¿Regresará el PRI en 2012? –le alcanzó a preguntar un reportero.
--Falta mucho. Hay mucho por hacer.No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.
El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.
Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.
Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.
Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.
Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.
Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.
Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.
Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.
Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.
Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.
El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.
Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.
La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…
Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…
Apuntes
Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…
--¿Está muy cansado el señor diputado? --preguntó el fundador del PAN.
--¡Sí, estoy cansado!
--¡Viera usted qué cansado está el pueblo de México!
Esta respuesta de Gómez Morín al priista, que aconteció en 1946 --siete años después de la fundación del PAN--, puede darse a Felipe Calderón, quien se dice “cansado” de la exigencia de que sean respetados los derechos humanos en la sangrienta “guerra” contra el narcotráfico, una demanda legítima que él –prepotente-- define como “cantaleta”.
“A cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el juez y todo”, censuró Calderón en charla con Joaquín López-Dóriga, uno de los presentadores del oficialismo.
No debe pasar desapercibida esta expresión, porque denota no sólo el talante irascible de Calderón, algo bien conocido, sino la impaciencia que precede a la represión abierta, una vez que ha sido empleada la selectiva en muchos casos.
Salvo sus incondicionales por razones de ideología o empleo, los mexicanos están cansados de la violencia y la inseguridad incontenible en todo el territorio nacional, originadas por la “guerra” que Calderón improvisó para encubrir su ilegitimidad.
Tan improvisada fue esta lanzada que sólo hasta ahora, tras cuatro años de fracaso, se sugieren algunas medidas, improvisadas también, que pretenden atacar el lavado de dinero producto del crimen.
Los mexicanos están cansados –hartos-- de impunidad, corrupción, prepotencia, mediocridad, abulia, opacidad y mentiras que identifican a un gobierno al que le restan más de dos años de pesadilla.
Los mexicanos están fastidiados de que, en cambio, se despilfarren los recursos públicos en festejos frívolos y contrarios a fomentar valores que dan cohesión a la sociedad, como el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.
La sociedad está cansada, además, de que se confunda la rendición de cuentas con el culto a la personalidad, como lo hace ahora Calderón con motivo del cuarto informe de su infecundo gobierno, y que invada la privacidad de los mexicanos con llamadas telefónicas a cualquier hora.
¿Cuánto cuesta a los mexicanos verle a Calderón la sonrisita que luce en sus imágenes que difunde la televisión, el cine, Internet y los medios impresos? Muchos millones de pesos, aunque lo podremos saber una vez que, si cumple con la ley, envíe un informe al respecto a la Cámara de Diputados.
No hay que olvidar que, hasta mayo de este año, Calderón destinó casi 17 mil millones de pesos en difusión gubernamental, entre ella la de su propia imagen. Es decir, ha gastado aproximadamente 5 mil millones de pesos en cada uno de los tres años y medio de su gestión.
Estos 17 mil millones de pesos fueron los que Vicente Fox, fanático de la propaganda, destinó en todo su sexenio, a razón de 3 mil millones de pesos anuales en promedio, la mayoría dirigidos --como ahora Calderón— a las empresas de televisión, particularmente Televisa.
Este dispendio, del que están cansados los mexicanos, es una vileza.
Y todavía se ríe…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MÉXICO, DF, 9 de agosto (apro).- ¿Por qué Felipe Calderón se aferra a una guerra que es un fiasco y cuya fase de narcoterrorismo multiplicará las víctimas civiles? Muy fácil: Porque le sirve para ocultar el contundente fracaso de su gestión en absolutamente todo.
La paz no conviene a Calderón, porque transparenta su incompetencia y la magnitud de su engaño que sigue hundiendo a la nación.
Y su guerra, la guerra que pretende que la sociedad legitime, al mismo tiempo que le crea la falsa imagen de valentía, una de sus tantas imposturas, le es útil para intimidar y reprimir cualquier síntoma de descontento social.
Sólo en tres rubros, igualmente macabros, Calderón ha mostrado capacidad de producción: Los asesinatos, los pobres y los impuestos.
En el primero, la propia cifra oficial --que seguramente está maquillada-- es escalofriante: Más de 28 mil asesinatos en tres años y medio de una “guerra” que nadie le pidió, entre ellos miles de inocentes cuya cantidad precisa está oculta.
En el segundo rubro, el ascenso es igualmente criminal por su costo social: Casi 6 millones de mexicanos han sido lanzados por Calderón al infierno de la pobreza que padecen otros 50 millones, cuando falta todavía los mexicanos que resultados afectados por la crisis de 2009.
(Hay que recordar que en su campaña prometió reducir 27 millones de pobres: De 50 a 35 millones los mexicanos pobres y de 22 millones a sólo diez los pobres extremos, como lo dejó por escrito en El hijo desobediente, el único libro que ha escrito. “Cuando asumí la presidencia de la República --expuso-- había unos 50 millones de pobres y 22 millones en pobreza extrema. Hoy (en 2012) hay 35 millones de pobres y 10 millones en pobreza extrema”.)
Y sobre los impuestos, tampoco hay que olvidarlo: Este año se incrementó el IVA de 15 a 16%; el Impuesto sobre la Renta pasó de 28 a 30%; aumento de 2% a 3% en el impuesto a los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos; se creó el impuesto de 4% a telecomunicaciones; se elevó también a 30% el impuesto a juegos y sorteos, y hasta se estrenó otro impuesto de 80 centavos por cajetilla de cigarros que se incrementará a 2 pesos en 4 años.
Pero, además, es permanente el alza mensual al gas doméstico y a la luz eléctrica, a raíz de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y mensualmente se acumulan alzas al diesel y a las gasolinas.
Cabe preguntarse: ¿Para qué quiere más dinero Calderón? Lógicamente no para atender a la población más pobre que va en aumento, como se aprecia con las cifras citadas, sino para subsidiar el opulento tren de vida de la alta burocracia y el despilfarro en frivolidades como el “festejo” del Bicentenario de la Independencia.
Pero el individuo que se ostenta como jefe del Ejecutivo y del Estado mexicano también exprime a los que pagamos impuestos para sostener el oneroso aparato de propaganda, que impide que los principales medios de comunicación, en particular radio y televisión, sea conocido y discutido el desastre nacional.
Un dato: Calderón ya gastó, en tres años, 17 mil millones de pesos en difusión sólo del gobierno federal, la misma cantidad que Vicente Fox dilapidó con el mismo fin durante todo su sexenio.
La mayor parte de este gasto publicitario se destinó a la televisión, a Televisa en particular, el emporio que ha arrancado lo que ha querido a Calderón --como lo hizo también con Fox--, como lo ejemplifica la entrega de la concesión de fibra óptica en sociedad con Nextel y que sólo pagará 16.5% de su valor.
Así, ante el desastre social de su gobierno --que ha concentrado la riqueza en los mismos que lo impusieron y lo sostienen--, es lógico que Calderón insista en su “guerra” contra el narcotráfico, que fracasada y todo le sirve como coartada…
Es preciso hacer dos puntualizaciones finales: Una, Calderón quiere hacer creer, taimadamente, que no cederá a los que quieren que no combata al crimen organizado. No. Sólo se le exige que lo haga bien.
Y dos, hay quienes plantean dejar de hablar de la violencia que atormenta la nación. Se equivocan. La casa se incendia y quieren jugar a las damas chinas...
Apuntes
La numerosa manifestación de periodistas, el sábado 7 de agosto, es una vigorosa muestra de la indignación del gremio ante la impunidad que afecta a todos los mexicanos y que es alentada desde las instituciones del Estado. Los pasos de los periodistas debieron dirigirse a la residencial oficial de Los Pinos, donde habita el representante formal de esas instituciones y no a la grisácea Secretaría de Gobernación. Sin un emplazamiento serio a la autoridad para que combata la impunidad, esclarezca y prevenga más crímenes, ni con un seguimiento puntual de ese eventual compromiso, esa indignación legítima del sábado se diluirá muy pronto…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
No se entiende de otra manera el anuncio que este domingo 20 hizo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en el sentido de que las alianzas del PRD con el PAN en cinco estados --cuyos saldos se conocerán el 4 de julio-- se reproducirán en 2011, cuando se celebren elecciones locales en seis entidades, entre ellas el Estado de México.
El anuncio de Ebrard se produjo en Durango, justamente donde se pactó la primera de las cuatro coaliciones estatales del PRD con el PAN (en realidad con Calderón, que es el que manda en este partido), cuyo apoyo a los candidatos opositores en esas entidades implica no sólo su adhesión a esta estrategia para enfrentar al PRI, sino un arreglo que rebasa el ámbito estatal y apunta hacia el 2012.
No sorprende que Ebrard respalde las alianzas con el PAN si el más prominente estratega de éstas es Manuel Camacho Solís, coordinador para esa entelequia llamada Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), quien planea de ese modo proyectarlo como candidato presidencial con el apoyo del PAN.
Camacho y las facciones del PRD saben que Ebrard han sido un jefe de gobierno apocado, sin un proyecto consistente para gobernar, que no ha logrado consolidar un liderazgo, ni siquiera en su gabinete, y que es prácticamente desconocido a nivel nacional, pese al pacto que tiene con Televisa para la difusión de su figura al margen de la ley.
De hecho, su desempeño político ha estado condicionado a lo que hace Peña Nieto, cuyo ejemplo más reciente es el anuncio de la construcción de dos tramos de los segundos pisos del Periférico, pero no a cuenta del gobierno capitalino, sino concesionados a la iniciativa privada para que sean vías de cuota, como las del gobernador mexiquense, y no gratuitas como las edificadas por Andrés Manuel López Obrador.
El anuncio de Ebrard supone, también, que existe un pacto directamente con Calderón para las alianzas en 2011, porque fue éste el que entrevistó, en Los Pinos, a los ahora candidatos en Durango, José Rosas Aizpuru; Oaxaca, Gabino Cué; Puebla, Rafael Moreno Valle, y Sinaloa, Manuel López Valdez, todos expriistas, a excepción de Xóchitl Gálvez en Hidalgo.
Ahora no puede ser distinto: Sólo con un arreglo a ese nivel puede pensarse en que haya un candidato común para gobernador en el Estado de México, que puede ser alguien que no milite en ninguno de los dos partidos –otro expriista--, también en Guerrero, Coahuila y Nayarit.
No pasará mucho tiempo para que se confirmen las reuniones de Camacho, Jesús Ortega y otros con Calderón, en Los Pinos, como ocurrió en 2006 cuando, en público, llamaban espurio a Calderón y en privado pactaban con él, como Carlos Navarrete, exhibido por Francisco Ramírez Acuña.
No puede ocurrir lo mismo en Baja California Sur, donde el PRD irá solo, y Michoacán, donde el PAN ya está en curso de aliarse con el PRI, llevando como candidata muy probablemente a Luisa María Calderón, la hermana de quien se ostenta como jefe del Ejecutivo.
El problema es que, como en Michoacán, está más que visto que la alianza verdadera es entre el PAN y el PRI, y así lo reconoció el propio Ebrard al recordar que el presidente del PAN, César Nava, firmó un acuerdo con el PRI y Peña Nieto para evitar las alianzas en el Estado de México a cambio de apoyar el aumento de varios impuestos y la creación de otros.
Es decir, Ebrard, como la cúpula del PRD, aplaude y se une a los verdugos de los mexicanos vía la conculcación de su patrimonio sólo para obtener ganancias electorales que, ni siquiera, se puede asegurar que sean benéficas socialmente.
Parecía que el PRD no podía caer más bajo, pero no defraudó: Ahora es cabús del PAN. Por eso hay tantos mexicanos que prefieren anular su voto…
Apuntes
Como parte de la purulenta campaña por la gubernatura de Puebla, La Jornada de Oriente publicó, el jueves 16, una infamia: En una nota, con la firma del reportero Martín Hernández Alcántara, se dice que yo publiqué, el día anterior, una información en el portal E-Consulta en la que doy a conocer que las autoridades de Guatemala procederán judicialmente contra los responsables de falsificar un acta de nacimiento que hace creer que el candidato priista a la gubernatura, Javier López Zavala, es guatemalteco. Ni una cosa ni otra son ciertas... Alonso Lujambio asistió al funeral de Carlos Monsiváis para exhibir, según él, temple de candidato. Ajá.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Otra RATA chingao!. Valdés Zurita. Bajo sospecha
Álvaro Delgado
Irregularidades administrativas sistemáticas o recurrentes, así como la extraña compra de un edificio, han puesto al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, bajo sospecha de ineptitud y corrupción.
La Contraloría General del IFE, creada por el Congreso para someter a escrutinio el manejo de recursos de la institución, identificó un desorden administrativo en las áreas centrales y descentralizadas durante 2009, como robos, adquisiciones sin cumplir con los procedimientos y pagos en exceso e injustificados, lo que ya se había observado también en 2008.
Sin embargo, las auditorías y revisiones del contralor Gregorio Guerrero Pozas detectaron un caso que tiene preocupados y molestos a los consejeros y que agudizó sus pugnas: la compra, en diciembre de 2009, del edificio de Acoxpa 436, en la colonia Exhacienda de Tlalpan, por 262 millones de pesos, al que previo a la compra el IFE invirtió 31 millones de pesos en remodelación, pese a que sólo tenía autorizado medio millón de pesos.
En este contexto se produjo, el viernes 11 de junio, la renuncia del director ejecutivo de Administración del IFE, Fernando Santos Madrigal, justamente quien operó la compra del edificio y a quien Valdés sustituyó provisionalmente con Alfredo Ríos Camarena, su coordinador de asesores.
Las sospechas que recaen sobre el presidente del IFE no solamente tienen que ver con la compra del edificio –de la que Valdés, en apego a su estilo, informó a los consejeros sólo cuando ya había cerrado la operación–, sino también con un antecedente igualmente extraño.
En agosto de 2009, el aún secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, solicitó al IFE un ajuste a su presupuesto para afrontar, con austeridad, la crisis económica del país “en el marco de una de las más severas crisis financieras y económicas a nivel internacional, cuando menos en los últimos 60 años”, que estaba afectando las finanzas públicas.
En respuesta, Valdés Zurita comunicó a Carstens que sólo podían recortarse 110 millones de pesos, lo que fue avalado por los consejeros electorales e implicó cancelar programas institucionales, como la evaluación de la estrategia en la integración de mesas directivas de casilla, y aun la fiesta de fin de año para el personal de la institución.
Pero cuatro meses después, en diciembre, y ante la sorpresa de los consejeros, Valdés les comunicó que el IFE contaba con “economías” por 300 millones de pesos.
Y justamente de ahí salieron los recursos para comprar el edificio de Acoxpa 436, que el IFE arrendaba desde junio de 2008 y donde despachan la Unidad de Fiscalización y el Centro Nacional de Verificación y Monitoreo, que vigila el cumplimiento de las pautas de spots electorales y políticos.
Según consejeros consultados, Valdés les aseguró que la compra del inmueble representó un importante beneficio económico para el IFE, ya que los propietarios lo vendían inicialmente en 275 millones de pesos y el trato fue cerrado en 225 millones de pesos más impuestos y derechos.
Lo que Valdés no informó a los consejeros es lo que detectó la Contraloría General: desde que se arrendó ese inmueble de siete pisos fueron firmados cuatro contratos para remodelarlo y reacondicionarlo, por un monto de 29 millones de pesos, que luego aumentó a 31 millones 305 mil pesos.
Opacidad y dispendio
Valdés no ha explicado cuál es la lógica de remodelar un edificio que se tenía planeado comprar, pero que además, según evidencias fotográficas, ni siquiera requería de esas onerosas adecuaciones.
La millonaria inversión para remodelar y reacondicionar el inmueble no se abordó en la sesión de la Junta General Ejecutiva celebrada el 21 de enero, cuando el director ejecutivo de Administración, Fernando Santos Madrigal, fue felicitado por la adquisición.
Valdés felicitó por la compraventa a Santos Madrigal, a quien él nombró en el cargo y a quien previamente apapachó su jefe directo, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
“Quiero sumarme al reconocimiento expresado por el secretario ejecutivo –señaló– porque creo, y estoy convencido, que la modernización de este instituto debe tener en las cuestiones administrativas, como consecuencia, un uso racional de los recursos; debe orientarnos a la construcción de una autoridad electoral cada vez más austera, y, además, debe permitirnos ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos y en la rendición de cuentas del uso de dichos recursos.”
Y agregó: “Estoy seguro de que la inversión que se hace en el sistema de Administración, como producto de los ahorros del Ejercicio Presupuestal 2009, nos van a permitir caminar hacia esos objetivos”.
En esa sesión de la Junta General Ejecutiva, Santos Madrigal incurrió en un error en las cifras sobre el costo del edificio, por el que ofreció disculpas: “En la cifra de la adquisición, del concepto adquisición del inmueble ubicado en Calzada Acoxpa, dice 282 millones de pesos y debe decir 262 millones 651 mil 890 pesos”.
Informó que el 15 de diciembre de 2009 se formalizó la operación ante el notario público 11 del Distrito Federal, Carlos Alejandro Durán Loera, apenas cuatro días después de que precisamente la Junta General Ejecutiva autorizó al secretario ejecutivo formalizar, “en su momento, la compra-venta del inmueble”.
El funcionario desglosó la operación que, curiosamente, embonó a la perfección con el avalúo del inmueble: Costo del edificio: 225 millones de pesos; IVA: 25 millones 312 mil 500; impuestos y derechos de escritura: 12 millones 8 mil 130 pesos con 87 centavos; servicios notariales: 331 mil 137 pesos con 45 centavos”.
Y aclaró: “Cabe señalar que previo a la adquisición del inmueble se solicitó un avalúo a Banobras, el cual estableció que el valor comercial del mismo era de 262 millones de pesos. Eso significa entonces que la adquisición se hizo de acuerdo con lo establecido por la norma, muy por debajo del resultado del avalúo”.
Con esta exposición de Santos Madrigal se finiquitó el tema en esa sesión y no se dijo ni una sola palabra sobre la remodelación y las adecuaciones al edificio adquirido por el IFE.
En cuanto a la “Auditoría a la adecuación de espacios del inmueble ubicado en Acoxpa 436 Primera Fase”, identificada como DAOC-26/2009, los resultados relevantes son los siguientes:
Se determinó que el importe final de los trabajos realizados ascendió a $31’305,158, cantidad que se invirtió en un inmueble arrendado; así mismo, esa cantidad excedió el monto límite establecido en el acuerdo JGE-26/2008, el cual asciende a $550,187.
En el desarrollo de la auditoría de la primera etapa se detectaron pagos en exceso y pagos no sustentados por un importe que asciende a $1’779,187.
El convenio modificatorio al contrato, en la primera etapa, es producto de deficiencias en el proyecto ejecutivo, toda vez que el catálogo original de conceptos resultó escaso, lo que generó precios extraordinarios.
Estas irregularidades en el caso del edificio, como muchas otras que halló la Contraloría General del IFE, no fueron abordadas en particular por los consejeros en la sesión del Consejo General del 10 de marzo, cuando se discutió el informe de la gestión 2009.
De hecho, y en términos genéricos, hasta el propio Valdés pidió sanciones contra quienes incurran en irregularidades, una vez que se concluya el proceso para solventar las observaciones del contralor, cuyo informe deberá presentarse en los próximos días.
“Las sanciones que se lleguen a imponer, estoy seguro, se transformarán en incentivos para que el personal de la institución que tiene a su cargo el uso de los recursos públicos del IFE se aplique con mayor responsabilidad y cuidado en el correcto uso de esos recursos que los mexicanos han puesto bajo nuestra custodia.”
En la discusión, sin tampoco particularizar en el caso del edificio, el consejero Marco Antonio Baños propuso crear una comisión de miembros del Consejo General para dar seguimiento a las observaciones del contralor y evitar que éstas se repitan cada año.
“Que se cree una comisión de consejeros electorales que revise de manera puntual no solamente la administración general de la institución, sino que dé un seguimiento puntual, en coordinación con la Contraloría General, sobre todas las observaciones que se han presentado en los informes de referencia”, planteó.
La propuesta de Baños –que no se ha materializado– fue vista con simpatía por los consejeros, inclusive por Valdés, quien sin embargo insistió en que los resultados de la revisión de la Contraría General eran preliminares.
Pero el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar advirtió:
“Este es un informe que se presentó sobre un ejercicio que establece una serie de irregularidades administrativas varias y que se parece mucho a todos los informes, o cuando menos al informe anterior que presentó el contralor, y de ahí la necesidad urgente de que estos temas se corrijan.”
Y es que Gómez Alcántar asegura, en entrevista, que las irregularidades detectadas por la Contraloría General del IFE en la revisión del gasto en 2009 son casi idénticas a las encontradas en 2008 y no ha habido decisión de Valdés Zurita de poner orden.
“El punto de fondo es que cada año, cuando menos en las auditorías de 2008 y 2009, las observaciones son exactamente las mismas y no pasa absolutamente nada. Y si revisamos las auditorías atrás realizadas por firmas y despachos externos, se da uno cuenta de que las faltas siguen siendo las mismas; de que el desorden administrativo, la improvisación y la irresponsabilidad son formas constantes como se maneja el IFE.”
Improvisación y equidad
Por eso, después de las revisiones, el que debe deslindar responsabilidades es el contralor Guerrero Pozas, quien ocupa un ente independiente del Consejo General del IFE. “Yo a eso me atengo –continúa Gómez Alcántar–, a que sea el instrumento que corrija todo este tipo de deformaciones que a través de los años se han venido generando”.
–¿En el caso del edificio de Acoxpa se puede presumir corrupción?
–No tengo elementos, ahorita, para presumir corrupción. Cuando menos sí se puede desprender que hay decisiones administrativas muy cuestionables que pudieran llegar a incurrir en responsabilidad, y eso es algo que espero que determine el contralor.
“Si el contralor determina que hay responsabilidad, que se sancione, y si no la hay, que se explique por qué estuvo bien el actuar del instituto en el tema de Acoxpa.”
Gómez Alcántar aclara que, si no hubo corrupción en el proceso de arrendamiento y compra del edificio de Acoxpa, existió al menos ineptitud. “Hay mucha improvisación, y esa improvisación y falta de capacidad se desprende desde el momento en que vemos los perfiles que han llegado al IFE a partir del arribo de Leonardo Valdés”.
Pone los ejemplos del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien es filósofo, y de la directora jurídica, Rosa María Cano Melgoza, “especialista en divorcios”.
Explica: “Ellos son los responsables de resolver los procedimientos sancionadores. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que la equidad de la contienda está en manos de gente inexperta, que es la que determina desechar o no desechar (las quejas)”.
Pero además, agrega, el desorden administrativo implica que se haya contratado un sistema de monitoreo que, a un precio de 25 millones de dólares, no es eficaz para cumplir con el deber del IFE de verificar si se cumple o se viola el modelo de comunicación política resultado de la reforma de 2008.
“Me parece inconcebible que el monitoreo del IFE no sirva para desahogar los procedimientos especiales sancionadores, que tienen que ser resueltos en cinco días. Eso no lo digo yo, sino que lo ha puesto por escrito innumerables veces el responsable.”
En efecto, Horacio Gamboa Chabbán, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y secretario técnico del Comité de Radio y Televisión, que Gómez presidió, reconoce inclusive que el monitoreo no sirve para detectar spots ilegales –es decir, los que no han sido pautados por el IFE– o los transmitidos desde estaciones “piratas” o desde países vecinos.
Uno de los oficios en los que reconoce, por escrito, las limitaciones del sistema de monitoreo es el DEPPP/STCTR/11450/2009: “En virtud de que el material requerido no fue presentado por ningún partido político o autoridad electoral, éste no cuenta con la huella acústica referida y, en consecuencia, el mismo no puede ser identificado por el citado sistema.
“En ese sentido, para localizar la transmisión de los promocionales referidos se requiere efectuar una revisión manual de los testigos de grabación de las transmisiones, la cual debe realizarse, en el caso de las difundidas por radio, en tiempo real, razón por la cual resulta materialmente imposible proporcionarle la información requerida en el plazo conferido para tal efecto.”
Al respecto, Gómez exclama: “¿De qué sirve que hayamos invertido casi 30 millones de dólares? Lo único que el sistema puede hacer es dar seguimiento a las pautas, pero no puede detectar spots ilegales que se contraten, por ejemplo, en Estados Unidos y que se escuchen en México a través de la radio o que se difundan a través de estaciones ilegales –hay más de 200 sólo en Oaxaca–. ¿De qué sirve si no detecta propaganda gubernamental que está violando las restricciones?”.
El consejero, quien concluirá su encargo en octubre de este año, afirma que el IFE debe perfeccionar muchos instrumentos para afrontar una contienda electoral compleja en 2012. “El IFE tiene que llegar a principios de 2011 totalmente saneado, modernizado y con gente capaz e instrumentos totalmente óptimos para enfrentar los comicios y garantizar la equidad en la contienda.
“¿Qué significa esto? Que todas las quejas que se presenten en un proceso electoral, por un bando o por otro, tienen que ser resueltas dentro del mismo proceso electoral para que no lleguemos a otro escenario de elección cerrada y parte de las imputaciones sean que el IFE no resolvió, en tiempo, las faltas y violaciones a la ley que cometió el contrincante en una competencia electoral, sobre todo si es cerrada como la de 2006.”
Concluye: “Yo veo un IFE ineficiente, peor que el de antes, y puede haber una turbulencia innecesaria por causa del órgano electoral. Eso puede suceder si nosotros no lo arreglamos”. l