sábado, febrero 23, 2013
domingo, octubre 09, 2011
Feminicidios en México: Audiencia en el Parlamento Europeo

Feminicidios en México: Audiencia en el Parlamento Europeo
BRUSELAS (apro).- A casi dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de los feminicidios perpetrados en Campo Algodonero –emitida el 16 de noviembre de 2009–, el gobierno de …
EU: Ante los recortes militares, venta de armas a Irak
WASHINGTON (apro).- Mientras se prepara a afrontar los alrededor de 400 mil millones de dólares en recortes ya ordenados por el gobierno del presidente Barack Obama, el Pentágono y el complejo industrial de defensa de Estados Unidos ya están abriendo a todo vapor un nuevo frente de negocios: la “reconstrucción” de las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad en Irak, que incluye la.....
Estados Unidos: Militares salen del closet
SAN DIEGO, Cal., 7 de octubre (apro).- En cuanto el reloj marcó las 12:01 de la mañana del pasado 20 de septiembre, Steven R. Phillips tomó su cámara de video y empezó a grabar la conversación que estaba por entablar con su familia, que vive en el estado de Alabama.Con el título Diciendo a papá que soy gay, el video se encuentra en la....
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QUITO, 7 de octubre (apro).- Hasta la última semana de septiembre, Ecuador tenía132 casinos: 32 en hoteles de lujo y 100 en salas de juego. Todos contaban con sustento legal, que se acabó tras el resultado de la consulta popular del pasado 7 de mayo.El negocio de los casinos floreció en el país desde la década de los sesenta, principalmente con la llegada....
Chile: Se recrudece el conflicto estudiantil
CHILE, VALPARAÍSO (apro).- El conflicto sobre la educación en Chile parece desbordarse luego de la retirada de estudiantes y profesores de la incipiente “mesa de diálogo” a la que fueron convocados por el ministro de Educación, Felipe Bulnes.El gobierno de Sebastián Piñera pretendía, a través de esta instancia, poner término a cinco meses de intensas protestas en favor de la gratuidad y del.....
martes, septiembre 20, 2011
La Corte también juega
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos facilitó la proliferación de las casas de apuestas en México y desató la evasión de impuestos por parte de los empresarios de ese ramo.
A partir de que, en enero de 2004, el supremo tribunal diera validez constitucional al reglamento elaborado durante el gobierno de Vicente Fox, comenzó a recibir decenas de solicitudes de amparo de los dueños de esos establecimientos con el propósito de evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
No sólo aprovecharon la falta de control de la Secretaría de Gobernación, sino intentaron también eludir sus obligaciones ante la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la información pública de la propia Corte, hasta la fecha los dueños de ese tipo de negocios han interpuesto 56 recursos en busca de amparo contra los cobros hacendarios establecidos por el Congreso de la Unión.
La mayoría de las peticiones han sido negadas, pero no se sabe cuáles son las razones sociales o las personas físicas que han acudido al tribunal, toda vez que éste ha reservado los nombres de los “quejosos”, de acuerdo con sus normas de protección de datos.
En los recursos que se han tramitado ante la SCJN –en los que hay solicitudes de atracción, contradicción de tesis y asuntos penales–, apenas se identifica a empresas como Libros Foráneos, Punta Deportes, Cosmo Design, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora Cantabria, Operadora de Espectáculos Deportivos y Juegos de la Frontera.
De los 56 amparos enlistados en la Corte en relación con los juegos y sorteos, tramitados después de su aval al reglamento, tres han sido concedidos por las dos salas del máximo tribunal.
El 9 de marzo de 2005, a propuesta del ministro Sergio Valls Hernández, la Primera Sala de la Corte concedió por unanimidad el amparo 1697/2004 a la empresa Cosmo Design en relación con las participaciones establecidas por Gobernación para las funciones de prevención social y asistencia, independientemente del pago de impuestos. La empresa estuvo representada por Luis Calvo Díaz pero la Corte no publicó más datos sobre el recurso.
Apenas el 1 de junio pasado, la Primera Sala de la Corte, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, concedió por unanimidad el amparo en el recurso de revisión 20/2011 en contra del Congreso, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la aplicación del penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La empresa impugnó las sanciones establecidas en las reglas de seguridad y requerimientos de información de los sistemas de cómputo central de apuestas, de caja y de control de efectivo que deben llevar las personas físicas o morales que se dediquen a los juegos y sorteos en establecimientos fijos.
Los ministros Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero concedieron el amparo por considerar que el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de la Ley del IEPS es violatorio de la Constitución.
El ordenamiento se refiere a la clausura de uno a dos meses de los establecimientos que incumplan con las obligaciones de llevar un sistema de cómputo para darle al SAT la información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro de las apuestas en forma permanente.
“La clausura del establecimiento significa privar al contribuyente de su derecho a prestar el servicio de juegos, apuestas y sorteos, sin mediar previa audiencia de parte de la autoridad administrativa, pues ésta, de acuerdo como está redactada la norma, con la sola información obtenida a través de los sistemas de registro en línea y tiempo real procederá a la clausura del negocio”, establecieron los ministros.
Ese día, la Segunda Sala resolvió en el mismo sentido el amparo 391/2011 a propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales. En este caso, la Corte tampoco informa sobre la razón social o persona física que interpuso el recurso. Sólo indica que el tema tiene que ver con la obligación de los empresarios del juego de llevar un sistema de cómputo central de apuestas y de caja y de control de efectivo. Esa imposición está prevista en la Ley del IEPS.
En otro caso, el del 20 de mayo de 2008, Aguirre Anguiano favorecía en el pleno de ministros amparar a una empresa, de la que no se indica ni el nombre ni al representante legal, en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno y otras autoridades de la Ciudad de México.
El recurso, que el pleno de ministros devolvió a un Tribunal Colegiado, impugnaba el Código Financiero del Distrito Federal vigente para 2007 en relación con el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos celebrados en el DF. El ministro favorecía el amparo con el argumento de que los gobiernos locales no están autorizados para el cobro de impuestos federales.
Las negativas
La Corte ha negado la mayoría de los amparos. Las empresas han impugnado a la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos y la facultad de la Secretaría de Gobernación para revocar los permisos por infracciones graves o frecuentes; pero sobre todo, el pago del impuesto especial por la realización de juegos con apuestas, sorteos y concursos. Los dueños de los lugares de apuestas se han quejado de una supuesta violación a las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
En diferentes resoluciones, los ministros han validado que se grave ese tipo de actividades de acuerdo con la Ley del IEPS, a diferencia de lo que ocurre con las instituciones de asistencia o beneficencia o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro.
También han argumentado que el impuesto grava la organización, celebración o realización de juegos con apuestas y sorteos y que puede repercutirse a los participantes o concursantes, mientras que las empresas están obligadas a pagar el Impuesto Sobre la Renta en relación con los ingresos que se obtienen de esa actividad.
La Suprema Corte ha determinado que las empresas que organizan juegos con apuestas y sorteos pueden, al final de cada mes, trasladar a los ganadores un impuesto de 20% sobre el monto obtenido. También avaló ya que el Distrito Federal y las entidades federativas cobren impuestos sobre las loterías, rifas, sorteos y concursos que se realicen en sus territorios.
Algunos de los recursos interpuestos aún están pendientes de resolución y otros han sido devueltos a tribunales colegiados. Sólo uno, que tiene que ver con una facultad de atracción, es de materia penal. Se trata del 90/2010 radicado en la Primera Sala y fue instruido por el ministro Cossío Díaz.
El caso tiene que ver con el aseguramiento, por parte de la PGR, del inmueble de una empresa de la que la Corte no proporciona nombre ni ubicación. Sólo menciona que se trata de una persona moral de Tijuana a la que se le abrió una causa penal; tampoco explica el motivo del encausamiento.
Entre los recursos figura la controversia constitucional 97/2004, presentada el 3 de noviembre de 2004 por el entonces presidente de la Cámara de Diputados y actual senador del PRI Manlio Fabio Beltrones. La Cámara controvirtió el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de ese año por el entonces presidente Vicente Fox y sus secretarios de Gobernación, Santiago Creel, y de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
La Corte tardó más de dos años en resolver la impugnación, pero terminó por darle el aval constitucional al reglamento, desestimando el principal argumento de los diputados: que Fox invadió la esfera del Legislativo al emitir un reglamento que en su consideración va más allá de la propia ley, por lo que habría asumido funciones de legislador.
En distintas votaciones los ministros desecharon las quejas planteadas en la controversia, que impugnó 74 de los 151 artículos del reglamento, así como uno de sus artículos transitorios. El reglamento superó con creces a la anterior Ley Federal de Juegos y Sorteos, aprobada en 1947, que constaba de 17 artículos y cinco transitorios.
Con una interpretación benevolente con el Ejecutivo, los ministros aprobaron todo el reglamento, confiando a la Secretaría de Gobernación el control de las empresas y los lugares de apuestas, según lo establecen la propia ley y su reglamento.
Con el aval de Corte, funcionarios de Gobernación fueron más allá del reglamento y expidieron permisos para la operación de casinos en todo el país. A pesar de ello, la Secretaría de la Función Pública descartó el miércoles 14 iniciar algún procedimiento administrativo o penal contra exfuncionarios de esa dependencia.
En distintas votaciones realizadas durante las sesiones de los días 16 y 22 de enero de 2007, en interpretación del artículo segundo de la Ley Federal sobre Juegos y Sorteos –en el que se establecen los juegos permitidos con apuestas–, los ministros avalaron la constitucionalidad de las apuestas en carreras de caballos, peleas de gallos y juego de dados.
Aunque hubo dos rondas mayoritarias de seis votos contra los juegos de naipes y la ruleta, quedaron constitucionalmente avalados porque no se alcanzó el mínimo de ocho votos necesarios para que una norma sea declarada contraria a la Constitución. Asimismo la Corte consideró constitucionales las facultades que se atribuyó Gobernación en la regulación de los sorteos de símbolos y números.
El caso de los “books”
En una de las votaciones más importantes, en la que participaron 10 de los 11 ministros, ocho estuvieron a favor del establecimiento de los books o centros de apuestas remotas; sólo se opusieron Genaro Góngora Pimentel, ahora en retiro, y Juan Silva Meza, actual presidente de la Corte. Ambos advirtieron sobre el exceso del reglamento y las consecuencias sociales de la aprobación de tales centros.
En la sesión del 22 de enero de 2007, cuando la Corte determinó darle el aval constitucional al reglamento, Góngora cuestionó que éste autorizara “aspectos que corresponde regular a la ley”, como la normatividad de juegos con apuestas y sorteos con cobertura nacional y los que se ofrezcan y concreten a través de comunicaciones cibernéticas. Pero también advirtió que “la posibilidad de realizar apuestas telefónicas a través de internet puede acarrear graves contrariedades, como el lavado de dinero (y) el enviciamiento masivo”.
Abundó: “Si el legislador hace más de 50 años reconoció que a través de este tipo de entretenimientos… sólo (se) beneficia a los tahúres profesionales; y por tales razones, antiguamente este alto tribunal reconoció la intención del legislador, contenida en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, fue la de desterrar los juegos que conducían a un lucro exorbitante e indebido o a pérdidas considerables… resultan inimaginables las consecuencias generadas por esta nueva modalidad de juego”.
Para Góngora, la autorización de los nuevos juegos de apuestas y de azar relacionados con la tecnología debía ser una decisión legitimada por el Legislativo y no por una decisión administrativa del Ejecutivo, como la promulgación del reglamento.
Silva Meza lo secundó, al asegurar que la autorización de los centros de apuestas remotas “desnaturaliza totalmente el carácter eminentemente restrictivo de la ley”, puesto que el Constituyente consideró que “esta actividad es eminentemente nociva para la sociedad”.
Añadió: “El reglamento se desborda al permitir este tipo de apuesta remota…, donde hay la eventualidad de que prolifere este tipo de actividad que el Congreso de la Unión consideró nociva para la sociedad”. Si se tiene que cambiar en función de la nueva realidad, es atribución del Congreso y no del Ejecutivo, remató.
La aprobación de los centros de apuestas remotas se encaminaba hacia el fracaso, toda vez que el ministro Valls Hernández se había sumado a esa posición. Pero cambió de opinión y se unió a la mayoría para declarar su constitucionalidad. “No cabe duda de que el debate enriquece las resoluciones de todos estos asuntos tan complejos… Tomando en cuenta que no se cambia, como lo dijo la ministra (Margarita) Luna Ramos, la sustancia de los juegos permitidos que están en el artículo segundo de la Ley… cambiaré el sentido de mi voto por la constitucionalidad de los centros de apuestas remotas”.
Lo mismo hizo su colega Fernando Franco: “Yo compartía las opiniones de varios de los ministros que han sostenido los efectos que puede tener el juego en una sociedad (pero) no es el punto, el punto es que tenemos una ley que no se ha actualizado desde 1947… No es un problema del pleno de la Corte (que) simplemente está contrastando un ordenamiento expedido en 1947 con la realidad actual”.
Además de Luna Ramos los ministros que argumentaron a favor de la constitucionalidad de esos lugares de apuestas fueron Aguirre Anguiano, Cossío Díaz y el entonces presidente del máximo tribunal, Ortiz Mayagoitia.
Aguirre destacó el “ánimo más calmo y más ponderado” de tales centros de apuestas, en comparación con un palenque en una feria de pueblo. “Entonces, lo que mortifica tanto a algunos ministros… es el espectro social dañino, que no les mortificó cuando hablábamos de las ferias de pueblo. A mí tampoco me mortifica cuando se habla de books”.
El ministro Cossío, después de remarcar la facilidad con que se puede apostar en internet, señaló: “A mí me parece mucho más razonable tener centros con apuestas remotas controlados por la Secretaría de Gobernación, con permisos expedidos y con un sistema de control respecto de juegos prohibidos”, que tener a las personas controladas en la red.
Luna Ramos completó: Es “mil veces preferible para efectos de política social el que estos centros de apuestas remotas se encuentren regulados, controlados, supervisados por la Secretaría de Gobernación, a que en realidad existan de todas maneras, sin regulación alguna”.
Ortiz Mayagoitia remachó: “No será la apertura de esos centros de apuestas remotas lo que determine por sí sola la masificación, si es que hay una vocación masiva para apostar, sino las posibilidades tecnológicas que están abiertas; y estimo también que es preferible que esto se haga bajo el control de la Secretaría de Gobernación en los centros expresamente autorizados”.
El grito de abajo se impuso al Grito de arriba...


Con complicidad del Gobierno Federal

La Corte también juega
El gran estafador

La victoria del Zócalo
¿El final del movimiento de Sicilia?
Indicador Político
Caravana blindada

Gabinete sin responsables
Omisión de Profepa

No hay marcha atrás

Integrados 33 comités de Morena

México militarizado

Oaxaca y Puebla: ¿Medios de Estado?
Cadenas de mentiras

Todos somos culpables...
¿Oportunismo político?

domingo, septiembre 18, 2011
La imagen-bomba

La Redacción
“¿Cómo sabe?”, le preguntó Aristegui a Nava Malagón. “Porque tenemos la fotografía original. No la puedo mostrar porque la estoy integrando a un expediente judicial”, contestó el abogado. Trató de puntualizar, en una confusa explicación: “Pusieron a personas que no están ahí, quitaron otras que estaban y además la están descontextualizando; esta fotografía es de un evento en una inauguración de una escuela pastoral o alguna cuestión así…”.
Con Gómez Leyva participó también Eduardo Campos, vocero de la empresa de apuestas Entretenimiento de México, quien comentó que “en la original que nosotros hemos visto, por ejemplo, falta el rector del Tecnológico de Monterrey”. Dijo que cuentan con la fotografía original, por lo que han iniciado la integración del expediente correspondiente para que Nava Malagón “proceda en los tribunales como corresponde”.
Como dato complementario hay que mencionar que Nava Malagón forma parte del equipo de abogados del despacho de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano.
Proceso obtuvo la misma fotografía en una versión de mayor calidad que la reproducida en su edición anterior, con un personaje eliminado en el extremo derecho de la primera: el sacerdote Hernán Gerardo Zambrano Margáin.
En la foto del miedo aparecen, entre otros:
Iván Garza Téllez fue director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal en San Nicolás en el trienio del panista Zeferino Salgado Almaguer. Al concluir esa administración fue secretario de Evaluación y Análisis del PAN estatal y ahora dirige el Registro Nacional de Miembros de ese partido.
José Serrano Montoya es accionista minoritario de Tango Publicidad y Medios México –donde Gerardo Alberto Rojas Cardona tiene el mayor número de acciones (99)– y dueño de la empresa Latin Power Music. Según un documento del PAN nuevoleonés, es el intermediario para que por medio de Tango Publicidad apoye campañas políticas para luego cobrar el favor.
Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos. Gerente del Bellavista en San Nicolás y luego su propietario. Tiene casinos en Monterrey, Guadalupe, Escobedo y Cancún, y un restaurante en esta última ciudad. Salió ileso de un atentado en 2007.
Norberto Rivera Carrera es el arzobispo primado de México.
Emilio Berlié Belaunzarán, arzobispo de Yucatán, lo fue de Tijuana de 1983 a 1995, cuando el cártel de los Arellano Félix se entrevistó con el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione.
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Senador panista por Durango, exdiputado federal y fallido candidato a la alcaldía de Durango en 2004.
David Aguilar Romero. Vocero del municipio de León.
Arturo Rojas Cardona, propietario de las más de 20 empresas creadas para operar casinos y de Entretenimiento de México, gracias a la autorización entregada por Santiago Creel en 2005.
Hernán Gerardo Zambrano Margáin, párroco de la iglesia de Santa Engracia en San Pedro Garza García, Nuevo León.
La edición secuestrada
La edición 1819 de la revista Proceso, que circuló la semana pasada, fue comprada masivamente en las ciudades de Monterrey, Durango, León y Puebla. En las cuatro plazas los ejemplares fueron adquiridos por desconocidos que se llevaron las dotaciones completas, presuntamente para evitar su circulación.
martes, septiembre 13, 2011
Edición de Proceso “desaparece” de Monterrey, Puebla, Durango y León
MÉXICO, D.F. (apro).- La edición 1819 de la revista Proceso, actualmente en circulación, fue comprada maisvamente en las ciudades de Monterrey, Durango, Puebla y León, presuntamente para evitar su circulación.
En las cuatro regiones, la operación de compra del semanario se dio en circunstancias similares: personajes desconocidos para los voceadores preguntaban cuántos ejemplares tenían de la revista e inusualmente compraban la dotación completa.
De acuerdo con cifras preliminares, entre la tarde del domingo y la tarde del lunes, en Monterrey adquirieron alrededor de 2 mil 500 ejemplares, en Puebla, 2 mil 100, en León y Durango, mil en cada una.
La portada de Proceso destaca como su asunto principal un reportaje sobre el Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, que titula “Una historia siniestra” y que lo acompaña con una foto de dicho personaje de cuyas ligas con funcionarios, políticos y jerarcas católicos se va sabiendo.
La foto principal del reportaje escrito por los periodistas Jesusa Cevantes y Álvaro Delgado, que se despliega a partir de la página 6 y que tiene como cabeza principal: El gran corruptor y sus corrompidos, ubica en el centro al cardenal Norberto Rivera Carrera y a su lado al arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, ambos flanqueados, a su derecha por Rojas Cardona y a su izquierda por el actual senador panista Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
Otros personajes que aparecen en esa foto son Iván Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros del PAN y Arturo Rojas Cardona, presidente de la empresa “Entretenimiento de México” y hermano del Zar de los Casinos, asi como David Aguilar Romero, director de comunicación social del alcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla.
La presunta “desaparición” de la revista fue tema en las redes sociales. En Durango, Rafael Herrera Piedra, estratega de medios y primo del actual gobernador, Jorge Herrera Caldera, publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje en relación a la revista: “¿Quién es (son) el (los) personajes que están comprando masivamente la edición de hoy domingo de la revista Proceso?”, cuestionó.
Acto seguido, señaló que la respuesta a esa pregunta se encuentra en la página 6 de la edición 1819, en la que se publica el reportaje de Cervantes y Delgado.
Aunque el personaje principal del reportaje es el Zar de los Casinos, en él se refiere el papel que el senador por Durango, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, jugó en el presunto financiamiento a la campaña de Gustavo Madero para la dirigencia nacional del PAN; el duranguense era el enlace para la entrega de recursos económicos por parte de Juan José Rojas Cardona.
En esta ciudad, varios estanquillos de la capital del estado en los que se vende la revista Proceso se quedaron sin ejemplares de la edición 1819 momentos después de que se puso a la venta: la razón, una presunta compra masiva por parte de personajes desconocidos.
Durante un recorrido realizado la tarde del domingo y la mañana del lunes se pudo comprobar que establecimientos como La Estrella, Sanborns y La Revista de Cristal –tres de los principales distribuidores del Centro Histórico- ya no tenían disponible el número.
Sin embargo, el ejemplar sí pudo conseguirse en sitios como El Palacio de la Revista, otro de los principales centro de venta de Proceso, y en tiendas de conveniencia como Oxxo y Extra, donde su venta se dio de manera normal.
Consultados por Agencia Proceso, los dependientes de los establecimientos en que la revista se agotó rápidamente, dijeron no haberse dado cuenta de quiénes compraron los ejemplares. “Se estuvo vendiendo toda la mañana, vinieron varias personas”, dijo el responsable de “La Estrella”.
En Sanborns, el responsable de la caja reconoció que aunque la revista frecuentemente se agota, el comportamiento de venta no fue el normal: “regularmente la gente empieza a comprarla el domingo en la noche o lunes por la mañana”. A las 3 de la tarde del primero de esos días, ya estaba agotada.
Desde el sexenio pasado, fueron comunes los incidentes de este tipo. Medios como La Jornada y El Universal, así como la propia revista Proceso, han sido víctimas de boicots para evitar su circulación.
El martes 10 de junio de 2008 no fue posible comprar la versión impresa de El Universal en la que se narraba el presunto alojamiento a las actrices Penélope Cruz y Salma Hayek en una finca propiedad del narcotraficante Sergio Villarreal, “El Grande”.
El 24 de febrero de 2009 ocurrió lo mismo con La Jornada. Aquel día, aparecían publicadas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quién afirmaba que la mayoría de los medios locales de comunicación estaban “maiceados” por el ex gobernador, Ismael Hernández Deras.
Igual ocurrió con el número 1609 de Proceso, en 2007, cuando los ejemplares no se pudieron encontrar en los estanquillos locales. En aquella ocasión, el impreso tenía incluido el reportaje de Patricia Dávila titulado “La boda de El Chapo”.
En aquel ejemplar, se menciona al senador Dorador Pérez Gavilán como el responsable de colocar la corona a la princesa real en el certamen de belleza en que Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fue nombrada reina de belleza del municipio de Canelas.
Mientras, en León, los ejemplares de Proceso también comenzaron a “desaparecer” de puestos de periódicos y tiendas departamentales donde se expenden desde el domingo 11, como es el caso de las dos sucursales de Sanborn’s en las plazas León y Mayor.
Reportes de varios voceadores indican que desde la mañana del lunes 12 fue imposible encontrar un solo ejemplar en los puestos del centro.
En la foto donde destacan el cardenal Rivera y el arzobispo Berlié, también se encuentra David Aguilar Romero, el director de Comunicación Social del ayuntamiento de León.
Aguilar Romero aparece identificado como “politólogo panista de Rojas”, justo a un lado del senador duranguense Rodolfo Dorador Pérez, y delante de Arturo Rojas Cardona, presidente de Entretenimiento México.
El actual funcionario de la administración municipal leonesa no fue localizado este día por los reporteros que lo buscaron para entrevistarlo sobre sus vínculos con esos personajes. Tampoco el alcalde Ricardo Sheffield habló del asunto y, literalmente, huyó de los representantes de los medios.
Ayer, durante la homilía dominical en catedral, el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago afirmó que la proliferación de casinos en México no sólo conlleva el riesgo de la violencia –luego de la tragedia ocurrida en el Royale de Monterrey, Nuevo León–, sino que también se presta a otros negocios ilícitos, como el lavado de dinero y la prostitución.
Martín Rábago pidió revisar hasta qué punto es conveniente la apertura de este tipo de establecimientos de apuestas, o que sigan operando los que actualmente funcionan en todo el territorio nacional.
En Monterrey, se repitió la compra masiva de ejemplares. El reportaje principal de la revista se centra en las relaciones que el Zar de los Casinos ha tejido con la clase política y gobernante de Nuevo León.
Finalmente, en Puebla, de la que no existen referencias en el texto, la adquisición masiva de ejemplares rebasó los dos mil.
El Zar de los Casinos, socio del PAN
MEXICO, D.F. (apro).- La revista Proceso publica esta semana una fotografía de inobjetable calibre periodístico: Juan José Rojas Cardona, “El zar de los casinos”, posa junto al cardenal Norberto Rivera, máximo jerarca de la Iglesia católica en México, y a un grupo de panistas encabezados por el senador Rodolfo Dorador, un político incondicional de Felipe Calderón y Gustavo Madero.
La imagen es simbólica: El poder económico corrupto y corruptor de Rojas Cardona, dueño de numerosos casinos de lujo en México, en connivencia con el poder de la Iglesia católica que encarna Norberto Rivera y el poder político que representa el senador Dorador, coordinador de la campaña de Madero a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN).
En la fotografía, publicada en páginas interiores del semanario, aparece otro alto jerarca del clero, el arzobispo de Mérida, Emilio Berlié –afamado por haber sido capellán de los Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana–, y junto a él está Arturo Rojas Cardona –hermano de Juan José–, a cuyo nombre están los permisos de la Secretaría de Gobernación para operar casas de juego y también numerosos empresas.
Forman parte del elenco que posó para la foto, además, otros tres panistas: Iván Paul Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros (RNM), el padrón electoral del PAN –un instrumento estratégico para la elección de dirigentes y candidatos–; José Serrano Montoya, socio de los Rojas Cardona y su operador político, y David Aguilar Romero, vocero de Ricardo Sheffield, alcalde de León, Guanajuato.
Sheffield debe saber de la relación de Aguilar Romero con “El zar de los casinos”, y si no lo sabe es peor, sobre todo luego de que el periodista Arnoldo Cuéllar reveló en el portal guanajuatense Zona Franca que asistió a una cena en apoyo a Miguel Márquez, el precandidato de Juan Manuel Oliva a la candidatura del PAN a la gubernatura, a pesar de que su jefe respalda a Josefina Vázquez Mota.
La relación no es fortuita, porque la mecánica de Rojas Cardona es colocar a sus personeros en partidos y gobiernos para hacerles “regalitos” que luego deben pagar a través, por ejemplo, de los permisos para instalar casas de juego.
Madero asegura, por su parte, no conocer la liga de Rojas Cardona con Garza Téllez, a quien nombró encargado del padrón del PAN por la amistad que tiene con su padre, según declaró a este reportero a través de Raúl Reynoso, su vocero, y no porque haya financiado su campaña por la presidencia del PAN.
Como se publica en Proceso esta semana, entre los panistas de la cúpula se sabe que Madero recibió apoyo económico y en especie de los Rojas Cardona, por lo menos el préstamo de un avión, vehículos y diseño de su propaganda de campaña por Tango Publicidad y Medios México, S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario es Gerardo Alberto Rojas Cardona, que posee 99 de las 100 acciones, y el minoritario –con una sola acción– es el panista José Serrano, operador clave del clan en la política nacional.
Junto con Serrano, quien es propietario de la empresa Latin Power Music –que representa a grupos musicales y de producción de videos–, los Rojas Cardona han financiado al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y a su antecesor, Adalberto Madero, y de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgador Almaguer, actual delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Pero, también, han recibido favores de los Rojas Cardona los senadores Guillermo Anaya Llamas, compadre de Calderón, y Ulises Ramírez, allegado también a éste, así como Francisco García Cabeza de Vaca, exalcalde de Reynosa, Tamaulipas, y actual director de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett).
Es obvio que la entrega de dinero a estos panistas producto del juego no es gratuito y eso debe ser parte de la investigación que deberá hacerse en el caso de Larrazábal, el alcalde regiomontano que rechazó la petición del PAN de solicitar licencia, pero también una indagación debe involucrar a políticos de todos los niveles y de todos los partidos que también han recibido dinero sucio.
Lo que seguramente ocurrirá es que, en el mejor de los casos, Larrazábal será expulsado del PAN para sepultar el asunto y evitar que la ruta del dinero sucio llegue hasta Calderón y su campaña en 2006…
Apuntes
El 13 de septiembre de 2001 escribí un artículo sobre el ataque terrorista a Estados Unidos que titulé “El imperio no es inocente”. A una década de distancia sigo pensando lo mismo y, sólo por razones de espacio, comparto unos párrafos de ese artículo, que en Twiter transmitiré íntegro: “El espectáculo atroz producto de los atentados en Estados Unidos acredita, una vez más, que la irracionalidad humana no conoce límites y que el odio incita a la revancha. La guerra del nuevo milenio, es obvio, ya comenzó. Las miles de víctimas, por las que es preciso condolerse, serán ahora justificación del país más poderoso del planeta para reactivar la industria de guerra y catalizar su ansia de sangre contra el enemigo que le estaba haciendo falta al desaparecer el comunismo. Nada bueno han dejado las guerras a lo largo de la historia y nada positivo puede esperarse de la que ahora inicia, en respuesta a la bárbara carnicería del 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pittsburgh. Y lo deseable sería que, como postulaba el patriota cubano José Martí, las tumbas sean altares de la paz. Lamentablemente es manifiesto que no hay espacio para la cordura en Estados Unidos, cuyo gobierno ya ha hecho una virtual declaratoria de guerra a un enemigo de rostro hasta ahora difuso…”
Comentarios: delgado@proceso.com.mx Twiter: @alvaro_delgado
Del odio, a la represión

Sumisión

En el sótano

Digitalizar cobro de agua

Primero los burócratas

Indígenas exigen justicia

Dan panistas casinos, por 5 millones de dólares
Hoyo negro

No habrá debate

Recapturan a “El Meme”
El templo ecuménico que pudo ser y no fue

Protesta en Tamaulipas

Chile, paso crucial

Colombia: revisan estrategia militar
Exigen retorno a Cuba
Sumario Mundial
Trasladados a hospital privado

Negligencia y falta de precaución

Un más de las tantas deficiencia de PEMEX

Advierten de lluvias por onda tropical

Continúa la búsqueda de la Armada

Traerá Monsanto 900 toneladas de semilla de soya transgénica
El Dalai Lama y la Ma...estra

El espurio sentencia al país a seguir en picada

Candidatos únicos y renovados

Volverán los Niños Héroes...

Seguridad Nacional: ¿Volver a empezar?
Cordero en los acuerdos cupulares

De movilidad sinuosa
Terrorismo made in USA

Corrupción, impunidad y crimen
Gerardo Fernández Casanova “Que el fraude electoral jamás se olvide. Ni tampoco los miles de muertos inocentes.” Con el perdón de ustedes, hoy comienzo con una protesta en YO mayor: el señor Felipe Calderón pretende cambiarme el sexo y, además, lo hace por escrito y con singular alegría. Con fecha 1 de septiembre de 2011, recibí una carta personal firmada por Felipe Caderón Hinojosa por la que me dice que el IMSS me “ofrece atención médica para acceder oportunamente a la detección de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama”. “Además -me dice-, si te encuentras en etapa de maternidad, tu bebé podrá recibir el tamiz neonatal…” En cambio, no dice ni pío de mi riesgo de padecer cáncer de próstata, normalmente asociado a mi condición sexual masculina de la cual, por cierto, me s.. [+] Ver mas