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sábado, noviembre 12, 2011

Diagnóstico de la emergencia nacional

La disputa por la nación-Fisgón
Matiz-Helguera

  • El aspirante a la Presidencia rechaza que pueda darse un golpe de Estado
Confía López Obrador en que no habrá violencia durante la elección de 2012
  • Sostiene que el Ejército regresará a los cuarteles, porque es pueblo uniformado
Veracruz, Ver., 10 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay nada que impida la elección de 2012 ni prevé escenarios violentos en el país; dijo estar seguro de que el Ejército volverá a los cuarteles, porque es pueblo uniformado, y desechó el temor de algunos ciudadanos: No, aquí en México no, no puede haber golpe de Estado.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal sostuvo que es optimista ante el proceso electoral que se avecina y aunque en algunos sectores existe temor por posibles hechos violentos, nosotros tenemos que alentar a que la gente participe, porque es la única forma de que las cosas cambien. No hay otra vía más que la pacífica y la electoral.

Sostuvo que ha hablado con mandos militares en todo el país y se ha enterado de que existe preocupación, están fatigados y sobrexplotados. Aseguró que en 2006 muchos militares y marinos votaron por nosotros y precisó que no es con ellos con los que tenemos diferencias.

Agregó: Yo platico con ellos constantemente, con la tropa y con los mandos. Ando por todo el país. Soy mirón profesional. Estoy bien informado y no tenemos espías, como los del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero tenemos inteligencia.

López Obrador se disculpó con los reporteros locales que esperaron su arribo durante dos horas fuera de la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, donde se reunió con simpatizantes y dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional. Explicó que no se trataba de una reunión de partidos y recordó que él goza de licencia como militante del PRD.

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Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Veracruz, donde se reunió con integrantes del Movimiento Regeneración NacionalFoto La Jornada

López Obrador se negó a anticipar los resultados de la consulta interna que definirá al candidato de la izquierda a la Presidencia de la República.

Es de mal gusto estar diciendo: hay que dejarlo a la gente; además no es una contienda contra un representante de la mafia del poder; ya no le voy a decir la mafia del poder, le voy a decir los titiriteros, dijo al negarse a responder si él encabeza las preferencias electorales.

Marcelo (Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal) es mi amigo. Sería de mal gusto anticipar triunfos. Eso quisieran (Carlos) Salinas y Televisa: ver a la izquierda dividida; no la verán. La gente en México tampoco se dejará imponer a Enrique Peña Nieto, concluyó.

A pregunta expresa, rechazó la posibilidad de formar un gobierno de coalición: No, lo que hay que buscar es la transformación de México. Una de dos: cambio de fondo o más de lo mismo, ¿ustedes, qué quieren?

—¿Michoacán, por último?

—A pesar de todo el dinero que están gastando PRI y PAN, espero que los michoacanos den un ejemplo de civismo a la nación.
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  • Consuelo Soto, confundido por las señales contrarias que da el gobierno sobre el rescate
Intereses siniestros de aerolíneas contra Mexicana, denuncia el juez
  • El gobierno busca integrar cárteles de líneas aéreas y no dejar volar, dicen trabajadores
  • Pérez-Jácome se comprometió a recibir al empresario Iván Barona, que dispone de 400 mdd
El juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, dijo que está confundido por las señales contrarias que envía el gobierno para el rescate de la aerolínea; aseguró que percibe intereses siniestros de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana, y sostuvo que se sabe que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondió que el juzgador debe presentar las denuncias correspondientes.

Los dirigentes sindicales de los trabajadores de Mexicana de Aviación advirtieron al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, que de no revisar todas las opciones para capitalizar a la empresa habría señales inequívocas de que lo que el gobierno busca es integrar cárteles de aerolíneas y no dejar volar a Mexicana. Durante un encuentro con el funcionario lograron el compromiso de que hoy reciba al empresario Iván Barona, quien asegura disponer de 400 millones de dólares para capitalizar a Mexicana. Adelantaron que ya promueven los recursos legales necesarios para impedir la quiebra.

A unos días de que venza el plazo para rescatar a Mexicana, el juez Consuelo Soto reveló: Me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del nombre de algunos inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el grupo Med Atlántica, recibieron llamadas anónimas para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso, porque nunca los iban a dejar volar, notificó el juez en un acuerdo que se presentó en el juzgado.

La información la dio a conocer en una notificación inédita, pues los juzgadores no acostumbran hacer inferencias relacionadas con aspectos que no constan en los expedientes judiciales, y además hizo comentarios a medios de comunicación. Ante estas declaraciones, el jefe de la Unidad Jurídica de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, exhortó al juez a que haga las denuncias correspondientes.
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  • En los últimos 3 años se cuadruplicaron estas acciones contra cuentas bancarias, afirma
Embarga el SAT pensiones de ancianos y discapacitados, denuncia Prodecon

Ancianos y discapacitados han llegado a ser privados de la pensión con la que sobreviven debido a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó sus cuentas bancarias por no haber reportado algún movimiento fiscal o incumplir algún pago, denunció Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

El embargo de cuentas bancarias en general, dijo, se cuadriplicó en los recientes tres años, pero no precisó cifras porque anunció que Prodecom realiza una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Tenemos casos documentados muy difíciles, como el de una persona inválida y una señora de la tercera edad cuyo único ingreso es su pensión y a quienes les embargan sus cuentas bancarias. Estamos hablando de depósitos pequeños de entre 3 y 8 mil pesos al mes, aunque también hemos conocido créditos de millones de pesos, refirió en conferencia de prensa.

Incluso señaló que los embargos comienzan a ser un problema administrativo para la CNBV porque debe destinar una parte de su personal a atender las solicitudes de las autoridades.

Criticó que en lugar de buscar otros mecanismos para resolver omisiones tributarias, el SAT u otras autoridades que pueden solicitar el embargo imponen a los jubilados multas que rebasan el monto de su pensión, mientras a los empresarios los dejan en la quiebra económica por confiscarles sus cuentas.
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Iniciativa Mérida atizó la violencia en México: ONG
  • Desde que se implementó, se han disparado extorsión a empresas, secuestros y otros delitos, denuncia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
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El secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza (de espaldas), y el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, durante la ceremonia en que la Armada de México recibió tres helicópteros del país vecino, el pasado 15 de septiembreFoto Carlos Cisneros

Casi cuatro años después de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, no se han obtenido mejoras significativas en materia de seguridad. En lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado la ha generalizado, señaló ayer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En el reporte Un relato aleccionador: las lecciones del Plan Colombia para la política exterior estadunidense hacia México y otros países, WOLA afirma que “los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las 12 existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado y entre ellos, en una guerra de todos contra todos. La eliminación de los capos de los cárteles ha provocado la fragmentación de los grupos, desencadenando nuevas luchas por el poder que han multiplicado la violencia”.

Tras recordar que el presidente Felipe Calderón asumió el poder con mandato electoral débil, WOLA indica que desde que el gobernante “lanzó la ofensiva contra los cárteles, en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México.
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  • Critican la débil postura del gobierno ante el país vecino
Senadores exigen que EU extradite a los responsables de Rápido y furioso

El Senado demandó al gobierno federal iniciar los procesos judiciales necesarios para solicitar la extradición de los funcionarios de Estados Unidos responsables de la puesta en marcha de los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto, por los que se introdujeron a México de manera ilegal miles de armas de alto poder.

La propuesta se aprobó luego de un debate en el que el PRI criticó la débil postura del gobierno de Felipe Calderón frente a Estados Unidos.

El senador del tricolor Fernando Baeza recalcó que ni siquiera se ha integrado una averiguación previa por ese trasiego de armamento, pese a que se trata de hechos delictivos en México, que han provocado asesinatos y otros actos de violencia.

Después del reconocimiento del propio procurador de Estados Unidos, Eric Holder, y de otros funcionarios del país vecino de la responsabilidad por la puesta en marcha de esos operativos, ya es tiempo de que aquí no sólo se hubiera integrado la averiguación previa y la consignación correspondiente, sino haber pedido la extradición de los funcionarios que han vulnerado el sistema jurídico mexicano, recalcó.
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Torpeza de Calderón, descalificar el informe de HRW: legisladores
  • El documento confirma la obsesión del Presidente de conducir el país al desastre
  • Aseveran que el Ejecutivo no entiende bien lo que significan derechos humanos
Diputados, senadores y dirigentes de partidos políticos criticaron la reacción del presidente Felipe Calderón ante el contenido del informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) denominado Ni seguridad ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México.

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) sostuvieron que dicho informe confirmó el equívoco y la obsesión de Calderón por conducir al país a un estado de desastre e inocultable descomposición.

Aparte, senadores de los mismos partidos lamentaron que el Ejecutivo no escuche los argumentos de HRW, y consideraron ridícula la afirmación de Calderón de que son los criminales los que violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial panista, respaldó ese argumento de Calderón. No obstante, pidió a las autoridades federales tomar en cuenta el informe y, en su caso, dar seguimiento a las denuncias, pues hay observaciones que se deben evaluar y fincar las posibles responsabilidades.
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Aprueban en San Lázaro la Ley de Apoyo a Adultos Mayores del Campo
  • Diputados del PRD ocupan la tribuna en demanda de más recursos para comunidades indígenas
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La protesta de los legisladores del sol azteca hizo que Emilio Chuayffet decretara un recesoFoto José A. López

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Apoyo Solidario para Adultos Mayores del Campo, que beneficiará a las personas de más de 70 años de edad que viven en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes y que ahora se encuentran al margen de apoyos y programas sociales.

La decisión camaral contempla que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 se destinen 3 mil 200 millones de pesos para otorgar pensión vitalicia a los ancianos de las comunidades marginadas, es decir, casi 500 pesos mensuales.

La medida alcanzaría a un millón 231 mil 681 personas. Los beneficiarios también tendrían servicios de salud, un seguro de vida por 495 minisalarios a favor del cónyuge del adulto mayor que fallezca y un pago de marcha de 45 salarios mínimos para la pareja o familiares más cercanos del fallecido.

Durante la sesión, el presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet Chemor, decretó un receso porque los diputados perredistas Florentina Rosario, Filemón Navarro, Luis Hernández y Domingo Rodríguez ocuparon la tribuna de San Lázaro en demanda de un mayor monto de recursos para los programas y proyectos productivos que atienden a las comunidades indígenas del país.
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Estudiantes e Indignados exigen más recursos para educación

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Jóvenes indignados marcharon hacia la Cámara de Diputados para exigir que en el presupuesto se otorgue dos por ciento del producto interno bruto a educación públicaFoto Roberto García Ortiz

Aproximadamente 600 estudiantes universitarios y activistas del movimiento de los Indignados

marcharon ayer de la Bolsa Mexicana de Valores a la Cámara de Diputados para exigir que el gobierno aumente el presupuesto educativo hasta llegar a 2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Una comisión de los manifestantes fue atendida por un grupo de legisladores, entre ellos Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo y Mario di Costanzo.

Una forma de garantizar recursos para la educación, la salud y el campo, afirmaron los estudiantes, es gravar las transacciones bursátiles –la concida tasa Tobin–, reducir al menos 5 por ciento los gastos suntuarios de la alta burocracia y diseñar presupuestos multianuales, afirmó Arturo Guerrero, estudiante de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.
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  • El Estado asumiría responsabilidad por desaparición del activista
La familia de Rosendo Radilla no asistirá al acto ordenado por la CIDH

Familiares de Rosendo Radilla decidieron no acudir al acto público en el que el Estado mexicano reconocería su responsabilidad por la desaparición del luchador social, que se realizaría el próximo lunes en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que se canceló la asistencia del titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora.

En un comunicado, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se sumaron a la determinación de los familiares de Radilla, desaparecido por elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974.

La hija del líder campesino, Tita Radilla, señaló que la inasistencia de Blake –quien ya había acordado asistir– es una muestra más de insensibilidad y una falta de respeto a las víctimas y a los acuerdos previamente alcanzados para cumplir la sentencia. En este sentido, cualquier acto que no se ajuste a los términos a los que logró llegar por escrito con Gobernación pierde todo valor como medida de reparación
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Requiere México medidas drásticas para recuperar la paz social: Sánchez Cordero

México atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia: crisis en la seguridad nacional, altos niveles de delincuencia y la cada vez más dura y acérrima lucha contra el crimen organizado, que hacen urgente tomar decisiones para recobrar la paz social que tanto anhelamos.

Aseveró lo anterior la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, quien consideró que se requieren medidas drásticas, pero dentro del marco de un Estado constitucional, democrático y social de derecho en el que se tutelen y protejan las garantías fundamentales de toda la población.

Al dictar ayer una conferencia en el tercer Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, la ministra añadió que la recomposición social que necesita México no es cosa fácil, tampoco será algo a corto plazo. Se requiere –dijo– del esfuerzo y la participación de todos los actores políticos y sociales, a todos los niveles.
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Han muerto entre 400 y 1,500 menores en la guerra antinarco, señalan expertos

La crisis de violencia que se vive en México pone en jaque los derechos humanos de la población en su conjunto, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, señalaron especialistas en la defensa de garantías de la infancia.

Durante el foro Los derechos humanos de la infancia y de las juventudes en un contexto de violencia, los activistas indicaron que la situación de este sector de la sociedad se ha agravado a raíz de la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno de Felipe Calderón, donde las cifras relevan que entre 400 y mil 500 menores de edad han muerto a causa de esta estrategia.

Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social y coordinadora nacional del Colectivo Infancia en Movimiento, dijo que en el país niños y adolescentes sufren violencia en su hogar, en la calle, la escuela y de parte de las instituciones.

Sumando a ello, alertó que están aún más expuestos a la violencia derivada de la estrategia federal contra el crimen organi- zado. En primer lugar, el Estado mexicano no ha cumplido con lo primero que debe de garantizar, que es la vida y protección de los civiles, en particular de niños y adolescentes
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Alemania busca evidencia de pago de sobornos para vender armas a México

Pese a prohibición, en 2005 habría hecho envíos a 4 estados mexicanos con problemas de violencia

Dpa

Oberndorf, Alemania., 10 de noviembre. Las autoridades alemanas realizaron hoy una redada en las instalaciones del fabricante de armas Heckler & Koch, ante la sospecha de que durante años pagó sobornos para conseguir contratos de envío a México.

Unos 300 agentes registraron las dependencias de la central de la compañía, en la localidad de Oberndorf, así como varias viviendas de algunos sospechosos, confirmaron la fiscalía de Stuttgart, encargada del caso, y la policía del estado federado de Baden-Württemberg, en el sur de Alemania.

Los expertos buscaban cualquier indicio que pueda demostrar que los responsables de la empresa pagaron sobornos durante varios años a funcionarios de México para conseguir contratos de envío de armas.

Además, de acuerdo con la fiscalía, existen pruebas de que también podrían haber sobornado a funcionarios alemanes.
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Apoyará INM a mujeres de CA para que hallen a sus hijos

El Instituto Nacional de Migración (INM) se comprometió a colaborar con las madres de migrantes centroamericanos desaparecidos, para buscar a sus familiares en las bases de datos de la institución.

En una reunión de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delitos con integrantes de la caravana Sigo tus huellas con la esperanza de encontrarte, conformada por 32 mujeres de Nicaragua, El Salvador y Honduras, el coordinador jurídico del INM, Jean Paul Verduzco, ofreció tener un acercamiento con las representaciones consulares de los países de origen de las madres, para agilizar las acciones de búsqueda.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la caravana recibió apoyo de los funcionarios de las delegaciones regionales del INM en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y la ciudad de México, así como acompañamiento de los oficiales de los Grupo Beta de Protección a Migrantes en su recorrido por el país.
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Se niega Profeco a recibir quejas contra la CFE, dicen electricistas

Hay más de 100 mil quejas presentadas por usuarios contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros extraordinarios en los recibos, deficiencias del servicio y otras irregularidades, las cuales no han sido recibidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), porque esta dependencia hace tortuguismo tanto para admitir las denuncias como para darles cauce y solución, denunció ayer el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Cientos de integrantes de este sindicato y miembros de la Asamblea de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica contra altos cobros al servicio realizaron ayer una marcha y luego un mitin en las oficinas centrales de la Profeco, para denunciar las irregularidades, pues sólo está recibiendo un promedio de 80 quejas diarias contra la CFE y no admite más.

Según informó el sindicato, a la fecha se tienen entregadas ante esta procuraduría 67 mil 800 quejas contra la CFE y siguen llegando cientos más todos los días a las mesas instaladas por esta organización para recibir denuncias de usuarios.

Juan Luis González, integrante del SME y encargado de compendiar las quejas y darles trámite ante la Profeco, así como otros trabajadores, fueron recibidos ayer por funcionarios de esa dependencia.
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La JLCA huele a corrupción, denuncian telefonistas y empleados de un call center

La empresa española Telefónica manipuló proceso de titularidad por contrato colectivo, afirman

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) huele a corrupción, a componenda y a desapego a la ley, señaló Enrique Fabela, secretario del exterior del Sindicato de Telefonistas.

En una conferencia de prensa, los trabajadores de la empresa Atento –de call center– denunciaron que frente al sinnúmero de irregularidades que hubo en el recuento por la titularidad del contrato colectivo en esta firma, el cual se llevó a cabo el pasado miércoles, decidieron no participar y llevarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Los empleados de Atento han librado una lucha de más de dos años por afiliarse al Sindicato de Telefonistas y salirse del gremio blanco que detenta su contrato colectivo; sin embargo, denunciaron, la empresa filial de la empresa española Telefónica ha mantenido un constante hostigamiento para impedir este propósito.

Tras dos intentos fallidos de realizar el recuento, el pasado miércoles, a través de la JLCA, se convocó de última hora a realizar la votación.

En este proceso no se impidió votar a los trabajadores, informaron éstos; sin embargo, fueron acarreados los funcionarios de confianza para que ilegalmente sufragaran a favor del sindicato blanco, sólo se admitió el ingreso de uno de los representantes legales de los empleados de Atento,y se limitó su derecho a impugnar irregularidades.
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  • Abuso de autoridad y fraude predominan en centros laborales: estudio de Deloitte
Hostigamiento laboral, denuncia principal en empresas mexicanas

Cuidados de la salud, entre los sectores en que ocurren mayores daños al capital humano

El hostigamiento laboral es la denuncia que con mayor frecuencia se presenta en las empresas mexicanas, seguido por el abuso de autoridad y el fraude, señaló la consultora Deloitte México.

Al presentar el primer estudio sobre conductas inapropiadas en los centros laborales, Tips anónimos 2011, panorama de la denuncia anónima en las empresas mexicanas, Deloitte señaló que en diversas industrias evaluadas, el hostigamiento laboral resultó el problema con mayor incidencia; toda vez que en el sector manufacturero este fenómeno creció 8 por ciento respecto de 2010.

En el estudio, elaborado con diversas variables, del total de las denuncias, 14 por ciento fueron por hostigamiento laboral, seguido por abuso de autoridad, con 12, y fraude, con 11 por ciento.

Las industrias con mayores daños al patrimonio (relativos a conductas que generan un efecto adverso en las finanzas, de forma directa o indirecta) son: construcción, bienes raíces, energía y recursos naturales, debido a que la dinámica del negocio las hace más propensas a ese tipo de riesgos.
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Libera la SCJN a acusado falsamente

Después de que la justicia del estado de México lo sentenció a 51 años y 9 meses de prisión por dos delitos que no cometió y con base en la versión de un testigo que lo identificó siete meses después del homicidio que se le imputó, Víctor Chávez de la Torre quedó en libertad inmediata y absoluta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso y consideró que el acusado de los delitos de homicidio y cohecho fue juzgado de manera inconstitucional, por lo que quedó en estado de indefensión.

Los ministros determinaron que se violaron sus garantías porque el juez validó la confesión del acusado obtenida bajo amenaza y que no fue ratificada cuando rindió su declaración preparatoria. Además, el testimonio de los policías que lo detuvieron era de oídas respecto de la acusación que en contra del quejoso formuló un desconocido.

El 31 de marzo de 2007, Víctor Chávez de la Torre fue con tres amigos a una fiesta al mercado de San Bartolo, municipio de Tultitlán, estado de México. Ahí, un sujeto lo reconoció como el responsable de un homicidio ocurrido siete meses antes en la colonia Lomas de Cartagena, y pidió a dos policías judiciales que lo detuvieran y lo remitieran al Ministerio Público.
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Astillero
  • De a muertito
  • Ironías acuáticas
  • Michoacán: viveza familiar
  • Benedicto promueve votos
Julio Hernández López

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PROTESTA EN LA PROFECO. En demanda de que se resuelvan las miles de quejas levantadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos en los recibos, integrantes del SME y usuarios de la red se manifestaron frente a la Procuraduría Federal del ConsumidorFoto Alfredo Domínguez

A Felipe Calderón no se le dan el buen sentido del humor ni el buen manejo de las expresiones coloquiales. A diferencia de su antecesor, cuya sabida ignorancia y su diaria tarea de autodemolición le permitían soltar ocurrencias bárbaras como si nada, al personaje actualmente encaramado en el Poder Ejecutivo federal se le entrampan los intentos de parecer ingenioso y con frecuencia sus palabras acaban siendo amargas y lesivas.

Ayer, por ejemplo, estando bajo fuego político de instancias internacionales que le acusan de haber fracasado durante su sexenio en la materia a la que dedicó la gran mayoría de sus esfuerzos y recursos, la de la presunta guerra contra el narcotráfico, y de haber permitido que en múltiples casos se hayan violado gravemente los derechos humanos y las garantías constitucionales, el comandante Calderón se defendió argumentando que él, el acusado de propiciar o permitir los asesinatos de más de 50 mil personas, no nada de a muertito. Peor metáfora acuática no pudo haber escogido. Porque, en realidad, Calderón ha nadado durante su macabra administración de a algunas decenas de muertitos por día.

Las tribulaciones relacionadas con un Calderón, Felipe, se han duplicado a partir de la obsesión por colocar a una hermana, Luisa María, como gobernadora de la incendiada Michoacán. Allí tampoco quiso el ocupante de Los Pinos nadar de a muertito, sino exaltar y promover abundantemente la viveza familiar. Sin embargo, el respaldo del hermano federal a la hermana estatal ha sido tanto y tan evidente que se han congestionado las instancias estatales de atención a presuntos delitos electorales. Hasta ahora, y deseando que no haya sorpresas en estos días definitorios, las temidas explosiones de violencia se han circunscrito al asesinato del presidente municipal de La Piedad, hecho que en términos fríamente pragmáticos ha de decirse que acabó beneficiando al panismo, a tal grado que sin recato alguno la candidata Calderón Hinojosa se apropió de la imagen del caído y ha convocado a votar en función de lo que hubiera deseado el alcalde difunto. Sin embargo, el envenenamiento sistemático de las aguas michoacanas difícilmente permitirá que uno de los participantes en la riña sin reglas pueda sentarse tranquilamente a beber presuntos líquidos renovados.
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Dinero
  • ¿Quién gana con la muerte de Mexicana?
  • La defensoría del contribuyente
  • Nuevo primer ministro en Grecia
Enrique Galván Ochoa

¿Quién sale ganando si Mexicana de Aviación deja de volar definitivamente? En primer lugar, sus competidores. Aeroméxico reportó el mes pasado una utilidad neta en los primeros nueve meses del año por 1,873 millones de pesos, cifra 81% superior a la registrada en el mismo periodo de 2010. También Interjet y Volaris, así como las líneas internacionales, entre ellas United, American Airlines y Continental. Algunos destinos que por muchos años fueron de Mexicana ahora son atendidos por sus competidores. Es cierto que en la guerra, el amor y los negocios todo se vale, pero no puede pasar desapercibida la denuncia del juez encargado del concurso mercantil de Mexicana en el sentido de que personas –a las que no identificó– han venido amenazando a los interesados en echar a volar a Mexicana para que desistan de sus propósitos. No hay muchos interesados, y si espantan a los poquísimos valientes que han mostrado interés, menos posibilidad tiene la aerolínea de sobrevivir. Tampoco puede pasar desapercibido el atropello que por órdenes de Marcelo Ebrard cometieron sus granaderos contra los trabajadores que se manifestaban afuera de la Secretaría de Comunicaciones, anteayer.
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Michoacán: manejos facciosos

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, inició ayer un juicio de legalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la retención de recursos –que ascienden a casi mil millones de pesos– practicada por el gobierno federal en las participaciones a esa entidad. Desde septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió descontar de tales participaciones las retenciones a empleados federales, lo que ha generado un grave desajuste en las finanzas públicas estatales, hasta el punto de que desde hace un mes los funcionarios de alto nivel –incluido el gobernador– no han podido cobrar sus salarios, en tanto la Comisión Federal de Electricidad ha empezado a suspender el abasto de energía a oficinas estatales y han debido suspenderse diversas obras públicas.

Cualesquiera sean los argumentos de la administración que encabeza Felipe Calderón para suspender la entrega de participaciones federales al gobierno michoacano, una mínima sensibilidad social habría debido desaconsejar tal medida, pues con ella no sólo se afecta el desempeño de las autoridades locales, sino se agrava la conflictiva social de la entidad y se contribuye a su desestabilización y, por ende, a la del país en general. Pero no puede ignorarse que esta suerte de castigo presupuestario ocurre en vísperas de un proceso electoral para renovar el gobierno estatal, y que en él participa, como abanderada de Acción Nacional, una hermana del titular del Ejecutivo federal.

En tal circunstancia, resulta inevitable interpretar la actitud de la SHCP como acto faccioso, orientado a minar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la entidad, para favorecer la candidatura de Luisa María Calderón Hinojosa.
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El Correo Ilustrado

En manos de los trabajadores, otro sería el destino de Mexicana

¿Cómo es posible que haya tanto desempleado, habiendo tanto que hacer? Mexicana de Aviación es un ejemplo vivo del fracaso de este sistema.

Los trabajadores de Mexicana de Aviación podrían operar esta línea áerea sin ningún problema y sin necesidad de un dueño (le llaman inversionista). Un inversionista especulador sólo se interesa por una empresa para exprimirla y endeudarla, para finalmente declararla en quiebra (como sucedió con Mexicana de Aviación). En cambio, para el cuerpo de trabajadores de tierra y aire que están desempleados y altamente capacitados, es su vida, y podrían operar la compañía sin ningún problema y sin necesidad de jinetes oportunistas. Ellos podrián ser los dueños, formando una cooperativa. Lo único que necesitarían es una línea de crédito para iniciar operaciones. Esto sería muy fácil si la prioridad del sistema y del gobierno federal fuera el empleo y no la especulación del capital. No hay que olvidar que el dinero que manejan los bancos no es de ellos: es nuestro y es el patrimonio social que debería estar al servicio de la sociedad. El sistema rescata fácil y generosamente la especulación y la delincuencia financiera, pero ni un centavo para rescatar al empleo.

Por eso hay tanto desempleado habiendo tanto por hacer. ¿Hasta cuándo?

Carlos Noriega Félix

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Diagnóstico de la emergencia nacional

Gilberto López y Rivas

Como uno de los resultados del primer encuentro nacional ante la situación de emergencia que vive nuestra patria, realizado en la capital mexicana el 22 de octubre de este año, está circulando un importante documento de trabajo que recoge y sintetiza las relatorías de las tres mesas de debates: 1) el diagnóstico sobre la situación; 2) hacia una agenda común, tres ejes de convergencia, y 3) hacia una estrategia unitaria desde los movimientos sociales. De acuerdo con los organizadores y dada la dificultad de las temáticas que se abordan en un sentido unitario, se trata de que las relatorías sirvan como base para una discusión abierta a todas las aportaciones y mejoras. A este primer encuentro asistieron representantes de organizaciones políticas, gremiales, religiosas, académicas y de derechos humanos, profundamente preocupados del desastre que vive el país en todos los órdenes que se considera de emergencia nacional, ocasionado por los gobiernos neoliberales que cambiaron el rumbo de México.

Distinguiendo los contextos global y nacional, la crisis mexicana –originada y derivación estructural del capitalismo mundializado– conlleva la militarización y degradación del Estado y abre paso a un proceso de recolonización en favor de la explotación irracional de nuestros recursos por parte de capitales extranjeros y nacionales. Por la importancia geopolítica que tiene para la estrategia de control y de recomposición del poder en América Latina, México es tratado y debilitado como un Estado fallido que conviene a la intervención estadunidense. El control de México, Colombia y Costa Rica por parte del imperio es indispensable, ya que estos países son los puntos estratégicos para combatir a los gobiernos progresistas de América Latina".
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Represión en Juárez: ¿Patriot Act a la mexicana?

Víctor M. Quintana S.

Parecía que el aparatoso operativo, dirigido personalmente por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, metralleta en mano, era para enfrentar a un sanguinario grupo de sicarios. Pero lo que sucedió el martes primero en céntrico crucero juarense fue que policías municipales y de vialidad reprimieron a golpes una manifestación de jóvenes del Frente Plural Ciudadano que conmemoraban a los caídos en esta guerra contra el crimen organizado. También fueron golpeados y despojados de sus cámaras varios periodistas y reporteros gráficos.

Los jóvenes pintaban y pegaban cruces conmemorativas de los miles de asesinatos cuando fueron agredidos a golpes de macana y puntapiés por los agentes. Quince de ellos fueron esposados y conducidos a la estación Aldama de la policía municipal. Cuando horas después llegó un nutrido contingente de personas a demandar la libertad de los detenidos, otras 15 fueron recluidas ahí mismo.

A todas y todos se les mantuvo incomunicados y bajo amenazas. Al visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, se le negó la entrada a visitarlos para dar fe de su situación. Finalmente, en la tarde del día 2 se liberó a todos mediante el pago de una fianza de 500 pesos, luego de un alud de expresiones de solidaridad con los detenidos y de presiones por parte de cientos de organizaciones sociales del país y del extranjero. Se tuvo que presionar adicionalmente, pues la policía pretendía acusar y fabricar pruebas contra uno de los dirigentes de la manifestación, Gero Fong, por posesión de drogas.
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La gran muralla mexicana

Jorge Camil

Señales van y vienen, pero seguimos ciegos y sordos. Hemos perdido la capacidad de observarnos con los ojos de los demás. Vamos ganando la guerra, nos dicen, para que no obstante las apariencias compremos la inverosímil historia de Felipe Calderón, el mandatario ofuscado por la parafernalia militar, rodeado de soldados, marinos y policías federales; nublado por el fragor de la batalla, pero tercamente seguro de la victoria. El gobernante intrépido, que con un claro propósito electoral, o en un esfuerzo desesperado por revitalizar la agonizante industria turística, incursionó en cavidades subterráneas, buceó, escaló y cruzó en tirolesa abismos peligrosos.

En forma inusitada para un jefe de Estado protagonizó The Royal Tour, mostrando las bellezas de México, mientras irónicamente siete países importantes, antaño enamorados de México y su cultura, emitían alertas de peligro en 65 por ciento del país. Un total de 21 entidades, incluyendo el Distrito Federal, que esos gobiernos pusieron fuera del alcance de sus ciudadanos, por considerarlas asociadas a los riesgos de la violencia del narcotráfico. Antes conocido por sus playas paradisiacas, joyas arqueológicas, cultura milenaria, gente hospitalaria, música, artesanías y cocina que es patrimonio cultural de la humanidad, México es hoy tristemente identificado por los principales gobiernos extranjeros con la cultura del narco y de la muerte.

Según El Universal, el listado de estados y ciudades peligrosas ha ido en aumento a lo largo del año (http://bit.ly/sIqUFi). “Cada país va sumando nombres… para emitir recomendaciones de viaje conforme a los episodios de violencia registrados… como pasó con Veracruz, que se añadió después de la ola de homicidios de septiembre".
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domingo, agosto 28, 2011

México, el Estado Fallido de Felipe Calderón

Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.

El ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.
Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.
Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.
La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que, desde el 15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.
Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez.
El atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.
De acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agresión: Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los narcotraficantes mexicanos en la lista internacional de terroristas, se habría desplegado una acción internacional para contener a estos grupos.
“La omisión y la negligencia son imperdonables” porque gobiernos como los de los tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condición de asesor de esa organización en delincuencia organizada.
A diferencia de la lista que elabora el gobierno de Estados Unidos, la de Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación internacional, con lo que se evita la proliferación de mercenarios estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en universidades e institutos de Estados Unidos, de países europeos, de Argentina y de México.
Desde el momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a través del vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, lo calificó como un acto de terror.
Como abogado, el presidente Calderón sabe que cuando menciona actos de terrorismo hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a Proceso.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en la que, entre otras consideraciones, refiere “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales potencialmente letales.
Además, los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas y de las instituciones financieras o empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios públicos y políticos que los apoyen.

Delincuencia de alta intensidad

Si México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación internacional muy amplia”, como ocurrió en el caso de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les retiraron todos los apoyos en el mundo, empezando por el cierre de las “embajadas virtuales” que tenían en varios países, incluido México.
Pero Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo internacional haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las implicaciones en lo que ha sido su principal acción de gobierno.
Estados Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza formalmente declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles fronterizos que causarían impacto económico y social.
Ni México ni Estados Unidos han querido dar ese paso formal. Washington prefiere manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un día después del atentado en Monterrey, el diario The New York Times publicó que Estados Unidos ha permitido a agentes mexicanos encubiertos perseguir a narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.
Conocida como Operación Boomerang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor industrial que forman Monterrey y Nuevo Laredo, en Texas.
El diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares retirados de Estados Unidos en una instalación militar, precisamente en el norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de 2010. Además, ha permitido la participación de elementos de diversas agencias estadunidenses en investigaciones, detenciones y labores de vigilancia en aeropuertos.
En su edición del viernes 26, el periódico neoyorquino también mencionó la forma en que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo en Afganistán e Irak”.
Varios oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América del Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es elaborar información de inteligencia sobre las redes de la droga mexicanas.
“Esos militares están tratando de llevar lo que hicieron en Afganistán y hacer lo mismo en México”, citó el diario apoyado en fuentes oficiales no identificadas.
El señalamiento del Times confirma la visión ya expresada por Paul Rexton, quien fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que recientemente estuvo en la frontera México-estadunidense para investigar sobre la violencia de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Actual profesor de Estudios de Seguridad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Rexton publicó apenas el 12 de junio pasado en el sitio electrónico smallwarsjournal.com el texto: México, un mosaico de la guerra de los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta intensidad que se traduce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales que tienen metas esencialmente delictivas… y en el que el Estado es parte del conflicto (Proceso 1815).
Asegura que México vive una delincuencia de alta intensidad por “una guerra motivada por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercompetitivo” de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la violencia como la de Monterrey “es un medio, no un fin”.

Por una salida multilateral

En otro texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista, pero cuando el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contrainsurgencia fueron conducidas bajo la tapadera de operaciones antinarcóticos”.
Asegura que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las operaciones antidrogas se han subsumido bajo el contraterrorismo. “Cada presidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en el ambiente internacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en el Casino Royale.
Son muchos los analistas estadunidenses que insisten en que el combate al narcotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su “imperativo estratégico” de Afganistán e Irak a México.
Edgardo Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de manera formal a la ONU las acciones que están realizando los cárteles mexicanos. Eso sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es un problema que ya se le salió de las manos”.
Una segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos grupos, tal como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos terroristas.
Son los casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen políticos, como en Colombia: No es que desaparezca la delincuencia organizada, sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.
Pero en México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el aumento de la violencia se debe a que las organizaciones delictivas atacan las bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.
Ante ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló la mañana del viernes 26 en cadena nacional.
“El consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y antes fue incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se ha fragmentado y sus recursos ahora son utilizados por los grupos criminales. Cada organización tiene su parte”, dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.
Señala “otro mito” de Calderón: pensar que una Ley de seguridad nacional “militarizada, fascistoide, de los años cuarenta”, va a resolver el problema, como también lo hizo ver en su mensaje al reprocharle al Congreso que no haya aprobado su iniciativa de ley.
“El presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional a secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.
Las Fuerzas Armadas, precisa, son sólo una dimensión de la seguridad nacional, es un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la Unión Europea.
En lugar de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una alianza centrada en el cártel de Sinaloa se consolide en el país. Están esperando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.
Buscaglia corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para combatir en teatros de operaciones, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.
Advierte que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de los alcaldes, ya son 26 los asesinados.
Insiste: La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han visto en América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.
Cuando los grupos delictivos se transforman en terroristas y empiezan a atacar objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos, congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha protegido”.

lunes, agosto 22, 2011

La "ley"


El gobierno calderonista ha reaccionado de manera cínica ante las evidencias publicadas sobre el proceso de militarización de México orquestado por Washington para apoderarse de los recursos estratégicos del país –del petróleo al oro–, y está ahora auspiciando la intervención del gobierno de Obama a escala local, para lo que le urge también la aprobación de su totalitaria Ley de Seguridad Nacional.

1. Las fuerzas militares y policiacas de Estados Unidos están asumiendo en México funciones privativas del Estado mexicano y ejerciendo actos de autoridad que sólo competen en nuestro régimen constitucional a funcionarios mexicanos, y lo han hecho desde los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, por lo que Francisco Blake (secretario de Gobernación), Patricia Espinosa (titular de Relaciones Exteriores) y el vocero Alejandro Poiré mintieron abiertamente al país y a los legisladores al negarlo el miércoles 17, como lo hicieron después en sendas conferencias de prensa creyendo que engañaban a alguien al desconocer los acuerdos del gobierno panista con la Casa Blanca y tratar de minimizar la presencia de los agentes estadunidenses en México.

2. La estrategia escogida por Felipe Calderón ha sido la peor para dar respuesta a los reclamos que crecen en el país. Haciéndose el escondido, bajo pretexto de estar tomando sus vacaciones de verano en el Caribe y filmando un documental para una cadena estadunidense en el que pretende mostrarse como un deportista de elite en espeleología (Milenio Televisión, 17 de agosto), Calderón confió en que los desmentidos de Washington diciendo que Estados Unidos está sólo brindando asistencia técnica a México y compartiendo información (casualmente mismo discurso que la administración Johnson usó en los años 60 durante la escalada militar en Vietnam), bastarían tras una amplia campaña de desinformación en los medios para calmar el descontento, por lo que al enviar a tres de sus empleados al Congreso a negar lo revelado en los medios, creyó aplacarlo todo, cuando lo único que ha logrado es exasperar aún más a amplios sectores.

3. Las evidencias contra estas pueriles negativas son contundentes, y en México todo mundo sabe ya que la violencia fue instaurada en el país de manera artificial por el gobierno de Calderón debido a sus acuerdos con Washington: que él tiene la responsabilidad criminal por haber llevado al país a este baño de sangre con la utilización ilegal del Ejército y sus grupos paramilitares y parapoliciales.

4. La escalada de Washington en México va a toda prisa, y por eso le urge a su gobierno la aprobación de la nueva ley, que no sólo echaría abajo principios que salvaguardan los derechos individuales, le daría al Ejecutivo las facultades de un monarca del siglo XVIII, legalizaría la impunidad de las fuerzas armadas para hacer la guerra contra el pueblo, legitimaría un régimen de tropelías en la persecución de los delitos y abriría una vía legaloide más para la criminalización de los movimientos sociales, sino que haría más fácil en los hechos la acción de las fuerzas estadunidenses en territorio mexicano al hacer inviable al régimen federal.

5. La administración Obama no ha tardado mucho en anunciar una nueva escalada en su intervención, que estaría amparada en la nueva ley, y el miércoles 17, durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez durante una visita sorpresiva a territorio mexicano, William Brownfield (subsecretario para Asuntos de Antinarcóticos y Seguridad) confirmó lo que ya se había filtrado: a) que recursos de la Iniciativa Mérida serían canalizados directamente a estados y municipios; b) que se les entregarían a éstos directamente equipamiento militar y otros bienes y servicios, y c) que se empezaría a entrenar y equipar a policías estatales y municipales. Existe una transición de la Iniciativa Mérida, dijo, y la nueva colaboración (que no se sabe quién la aprobó), se ufanó, viene a nivel estatal y municipal (Milenio Diario, 18 de agosto).

6. Las intervenciones de Estados Unidos en los estados federales han pasado siempre por la búsqueda del desmembramiento de éstos, tratando de autonomizar a las entidades miembros (la URSS luego de 1991, Yugoslavia a partir de 1994), y México no sería la excepción. Este injerencismo se sustenta en la doctrina Reagan sobre lo que éste llamó nuevo federalismo, que preconizaba la necesidad de que en el mundo globalizado tanto Washington como las grandes corporaciones pudiesen relacionarse directamente con los gobiernos locales sin necesidad de pasar por la autoridad central, lo que impulsó Washington en México desde los años de Salinas a pesar de los obstáculos legales que hay en el marco jurídico mexicano, buscando intervenir cada vez más, en particular en los estados del norte y del Golfo.

7. En México, el narcotráfico y los delitos contra la salud son federales, y compete por lo mismo investigarlos y perseguirlos al Ministerio Público Federal y a la PGR: es decir, al gobierno federal y no a los gobiernos de las entidades, lo que muchos ignoran. Es por ello que a fin de ensanchar la vía a la intervención estadunidense en estados y municipios, el gobierno ha buscado modificar distintos cuerpos legales para tratar de involucrar a los gobiernos locales en su supuesta “guerra contra el narco”, y así se legisló hace unas semanas para hacerlos responsables del narcomenudeo.

8. La ideología reaccionaria de Calderón, que como los conservadores del siglo XIX detesta al Estado federal y busca destruirlo, se identifica así con las políticas expansionistas de Washington, como en muchos otros aspectos del proyecto neoliberal.

9. La intervención estadunidense a escala de los estados no se ha hecho en consecuencia esperar, y esta vez sus cómplices son los priístas. Con el operativo llevado a cabo por la policía mexiquense para detener al capo El Compayito, a todas luces dirigido por la DEA, el gobernador Peña Nieto buscaba enviar a Washington el mensaje de que de ser ayudado para llegar a Los Pinos está dispuesto a ser tanto o más obsecuente con las agencias estadunidense que Calderón: y en consecuencia, a proseguir la guerra en los mismos términos. El operativo falló empero no nada más por la barbarie con la que actuaron los agentes mexiquenses allanando tres domicilios de gente acomodada en Tlalpan y muchos otros de personas modestas, y violentando los derechos de muchos mexicanos, sino porque ignoró los principios centrales del régimen federal, pues la policía mexiquense no tiene atribución alguna para actuar en el Distrito Federal.

10. La gravedad de la situación es cada vez mayor, y lo que está en juego con la guerra de Calderón y con su Ley de Seguridad Nacional no sólo son los derechos de los mexicanos sino la existencia misma de México como una nación libre, por lo que no debe escatimarse esfuerzo alguno para impedirlo, sin dejar de gritarles a Calderón y a sus cómplices que: ¡Ya basta!

domingo, agosto 14, 2011

La narcoinsurgencia en México, de “alto riesgo” para EU

Diagnóstico en Washington Sin duda, México está en guerra

Los halcones estadunidenses de la guerra consideran que Al Qaeda y el Islam radical ya no son amenazas tan graves, razón por la cual están volando sobre México. Alentados por la permisividad del gobierno de Felipe Calderón, especialistas de las principales escuelas militares de Estados Unidos esgrimen el término “narcoinsurgencia” para proponer que México combata más decididamente al crimen organizado… y si es con ayuda de sus tropas, mejor. El “imperativo estratégico”, aseguran, debe cambiar de Irak y Afganistán a México, donde hay, afirman, una “delincuencia de alta intensidad” que debe combatirse con “campañas de contrainsurgencia”.
Barack Obama, presidente de E.U.



El consentimiento del gobierno de Felipe Calderón para una creciente operación de agentes de Estados Unidos en México incentivó a especialistas militares de ese país a promover un cambio –de Irak y Afganistán a México– en sus prioridades estratégicas para enfrentar “la guerra multidimensional” que representa el combate al narcotráfico.

Profesores e investigadores del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, del Comando Norte, de la Universidad Militar Americana y del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo buscan que la administración de Barack Obama sustituya la Iniciativa Mérida por uno de mayor alcance que considere al narcotráfico en México como un importante “riesgo estratégico” para la seguridad estadunidense.

Concentrados en el análisis de lo que definen como “delincuencia de alta intensidad” que se debe combatir con “campañas de contrainsurgencia” a cargo de las Fuerzas Armadas, los especialistas han publicado sus trabajos a título personal en Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com), “un sitio no gubernamental, oficial o corporativo” administrado por la Small Wars Foundation, creada por integrantes de los cuerpos de marina para promover la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.

Desde el año pasado, pero con más frecuencia en lo que va de 2011, el sitio ha publicado análisis sobre la decisión de Calderón de incrementar la presencia de Estados Unidos en la guerra que le declaró al narcotráfico al inicio de su administración, en diciembre de 2006, y que desde entonces ha dejado más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y numerosos desplazados.

A diferencia de organismos internacionales que se niegan a considerar la violencia desbordada en México como resultado de un conflicto interno, los especialistas estadunidenses la refieren como producto de un conflicto armado que ha dado lugar a una “guerra no convencional” en la que participa el Estado mexicano.

Los enfrentamientos que ocurren en la frontera común, la muerte de algunos ciudadanos estadunidenses y las improvisaciones tácticas, como los “narcotanques” o “monstruos” de Los Zetas, los lleva incluso a proponer que se creen “las condiciones militares necesarias” para garantizar la seguridad y el gobierno en México.

Robert Culp, un oficial de carrera del ejército de Estados Unidos experto en operaciones especiales y conflictos de baja intensidad, propone de plano que el narcotráfico se combata con tácticas contrainsurgentes, pues el crecimiento del narco afecta la soberanía y seguridad de México, pero sobre todo los intereses vitales de Estados Unidos.

“Contrainsurgencia”

En Estrategia para la contención militar de operaciones de droga, publicado por Small Wars Journal en enero de este año, Culp critica que la Secretaría de la Defensa no aplique una misión tipo contrainsurgencia.

Dice que el gobierno mexicano debe tomar un enfoque “de gobierno completo” y combatir la amenaza de las drogas como si fuera una insurgencia activa. En términos castrenses especifica que “el terreno clave” en la lucha antidrogas es la población: “Las fuerzas de seguridad mexicanas deben separar a la población de los grupos de narcotraficantes y dar seguridad a la población, mientras los gobiernos usan todos los elementos de su poder nacional para restaurar los servicios esenciales y cumplir con sus necesidades básicas”.

Asegura que si el gobierno mexicano sostiene una “campaña contrainsurgente” efectiva contra los cárteles de la droga, las “aterrorizadas comunidades” pueden, tarde o temprano, reducir la narcopropaganda y los prospectos para el reclutamiento.

Una de las posiciones más extremas es la de Johnny M. Lairsey Jr., especialista en planes del Comando Norte, fuerza militar estadunidense encargada de la seguridad de Estados Unidos que abarca Canadá, México y parte del Caribe.

En su texto ¿Una estrategia para México?, Lairsey propone que ante las condiciones de violencia en este país, Estados Unidos “debería hacer valer sus poderes nacionales para derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones en México”. Las Fuerzas Armadas constituyen uno de esos “poderes nacionales”.

Explica “cuatro razones” por las que México debe ser visto como una preocupación para su país: El desborde de la violencia hacia Estados Unidos, la extensión de la corrupción en México, el impacto en el Producto Interno Bruto de los dos países y posibles ataques desde áreas sin gobierno en México. Cada una de ellas, dice, tiene “la posibilidad latente de desarrollarse y amenazar la soberanía de Estados Unidos”.

Como ejemplos menciona el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona, en diciembre de 2010; el ataque en agosto de ese mismo año a la Universidad de Texas en El Paso desde Ciudad Juárez, las “muchas áreas” donde las organizaciones delictivas tienen más autoridad que las autoridades mexicanas y la presencia de organizaciones de la delincuencia trasnacional en 230 ciudades estadunidenses.

Ante lo que define como un “riesgo estratégico significativo” para Estados Unidos y después de lo que considera como “éxito limitado” de la Iniciativa Mérida y su ampliación hecha por el exembajador Carlos Pascual, más allá de la Iniciativa Mérida, propone “maximizar el uso de los poderes nacionales” de su país. Eso supone estrategias y no planes para “derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones existentes en México”.

Paul Rexton Kan, profesor asociado de Estudios de Seguridad Nacional y de la cátedra Henry L. Stimson de Estudios Militares en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, es también un crítico de la Iniciativa Mérida, a la que responsabiliza de haber originado un “punto muerto” entre las autoridades del Estado mexicano y los cárteles de la droga.

“Como en cualquier guerra, un punto muerto puede ser particularmente peligroso en tanto que cada una de las partes intentará incrementar los niveles de violencia”, dice quien de acuerdo con Small Wars Journal recientemente fue asesor antinarcóticos en el cuartel general de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en Kabul, Afganistán.

“La continua confianza del gobierno mexicano en los militares para objetivos no militares ha llevado a ese punto muerto estratégico” e intentar romperlo “puede tener el efecto irónico de provocar el fin de la Iniciativa Mérida y de ese modo profundizar la crisis en México y crear aún más dilemas para Estados Unidos”, escribe en el texto ¿México: el narco accidental?.

“Aunque ha detenido a jefes del narcotráfico, el gobierno mexicano no ha sido capaz de afectar sustancialmente a los cárteles para reducir sus niveles de violencia o sus operaciones de trasiego de enervantes”, afirma Rexton, quien también ha hecho investigación en la frontera común.

Advierte que en el caso de los cárteles, al intentar acabar con ese “punto muerto” incrementarán su violencia contra las autoridades, por lo que puede sobrevenir el síndrome de “narco por accidente”; es decir, que el gobierno mexicano se convierta “en un tipo de cártel de cumplimiento de la ley”.

Más aún, advierte que tentado a mostrar a Estados Unidos y a los mexicanos una disminución de la violencia puede optar por coludirse con algunos de los cárteles menos violentos para obtener inteligencia e información y usarlas contra los más violentos. En ese caso, “el gobierno se convierte en un ala armada de los cárteles al actuar contra sus rivales y detener a sus miembros”.

Para apoyar esa idea refiere el auto-bomba que explotó en Ciudad Juárez en julio de 2010 y con el que el cártel local acusó a la Policía Federal de apoyar la llegada de la mafia de Sinaloa. También cita las mantas que han aparecido en el lugar contra la DEA y el FBI por la misma razón. Prevé que si los cárteles afectados consideran que Estados Unidos apoya a México en esa posición, podrían atacar, incluso en alianza, intereses estadunidenses.

“Pax narcótica”

Aunque Calderón reconsideró su término de “guerra al narcotráfico”, Rexton sostiene que el “mosaico de la guerra de cárteles” es un proceso para que algunos o uno de ellos consolide a las varias facciones y bandas “que ahora son ineficientes para el hipercompetitivo mercado de narcóticos ilegales”.

Se adhiere al escenario de que la nueva federación de cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden dominar a su rival, Los Zetas, y convertirse en una suerte de “concierto de cárteles de larga duración que actúe como un consejo de directores capaz de manejar las disputas del narcotráfico”.

Pero esa “pax narcótica”, dice, sería un paso en la dirección de hacer de México, de golpe, un narcoestado, lo que dificultaría las relaciones con Estados Unidos. Convencido de que se debe revisar la Iniciativa Mérida, dice que ésta será medida por contener o no la violencia de los cárteles.

El aporte de Estados Unidos a la iniciativa –mil 400 millones de dólares en cuatro años– sólo se justificará si contribuye a una mayor seguridad de los estadunidenses en su propio territorio y de aquellos que viajen a México, y si define qué tan fiable será México como socio para reducir la violencia y el tráfico de drogas. Pero su futuro inmediato, asegura, depende de lo que pase en las elecciones presidenciales de 2012 en ambos países.

En otro artículo, México: un mosaico de la guerra de los cárteles, Rexton no deja lugar a dudas al considerar que el país está en guerra: “Una situación de delincuencia de alta intensidad no significa que no esté ocurriendo una guerra en México”.

Pero es una guerra diferente, no convencional: “Es multidimensional, de múltiples partes y múltiples locaciones de conflicto armado entre grupos criminales sobre lo que son esencialmente metas delictivas”.

Precisa que se trata de una guerra económica: “La delincuencia de alta intensidad ocurre debido a una guerra motivada por empresarios violentos que buscan imponerse unos a otros y hacer del Estado un mercado ilegal hipercompetitivo, con el objeto de controlarlo todo o en parte”.

Tales “empresarios violentos”, dice, usan la fuerza como una extensión de sus ganancias, lo que explica la “limpieza delictiva” en la que los cárteles han ordenado a los habitantes de algunos poblados abandonar sus lugares bajo amenaza de muerte.

El miedo a los “monstruos”

La innovación táctica de Los Zetas, grupo fundado por desertores del Ejército mexicano, también lleva a los expertos estadunidenses a definir lo que ocurre en el país en términos de guerra. John P. Sullivan y Adam Elkus, en el texto Narcoblindaje en México, aseguran que hay una “carrera armamentista” de los narcotraficantes mexicanos.

A partir del descubrimiento de los “narcotanques” encontrados en Tamaulipas e identificados como “monstruos”, Sullivan –investigador del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo– y Elkus –analista de política exterior y seguridad– dibujan un inquietante escenario: la necesidad de “crear las condiciones militares necesarias” (en cursivas en el original) para la seguridad y el gobierno en México.

Sin abundar en qué consisten tales condiciones militares, los autores proponen que se estimulen las innovaciones necesarias para enfrentar lo que consideran una amenaza de guerra.

Aunque reconocen que tienen una capacidad limitada, los “monstruos” se ajustan a la categoría bélica de vehículos armados de batalla. Son tan flexibles que sirven en una combinación de fuego directo y transporte de tropas, como los “camiones de armas” utilizados en Vietnam contra Estados Unidos. Según los autores, en México tienen una ventaja sobre las policías municipal y estatal y las unidades federales “de bajo nivel”.

En términos de guerra, dicen: “Las tácticas de los cárteles en México, que comenzaron con el asesinato y con misiones de incursión y que cerraron la brecha entre delincuencia y guerra irregular, se parecen cada vez más y más a las misiones combinadas convencionales de armas e infantería e infantería mecanizada”.

Con la idea que han expresado diferentes funcionarios estadunidenses desde 2009 –incluida la secretaria de Estado, Hillary Clinton– de que en México hay una narcoinsurgencia, Sullivan escribió otro artículo que firma con Robert J. Bunker, especialista en seguridad y formado en el Instituto de Ley de Guerra y la Asociación del Ejército de Estados Unidos.

En el texto Insurgencia delictiva en México: Red mundial y redes sociales, los autores aseguran que la guerra e insurgencia en Irak, Afganistán, el occidente de Pakistán y otros lugares donde hay operaciones locales llamadas outside contiguous representan menos riesgo que los altos niveles de lucha, establecimiento de enclaves delictivos y zonas de seguridad despobladas por los cárteles y el incremento de “narcociudades” en México, como Nuevo Laredo.

En una connotación más amplia los especialistas dicen que los cárteles y bandas de México, Centroamérica y crecientemente de Sudamérica se han transformado de entidades únicamente apoyadas en el tráfico a unas más complejas organizaciones delictivas diversificadas.

Aseguran que se trata de una “guerra asimétrica” que se deriva de una “insurgencia delictiva evolucionada” bajo el principio no sólo de corrupción y armas, sino también de operaciones de información y de una creciente forma desviada de espiritualidad, como en el caso de La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios (Proceso 1814).

En otro texto, Bunker es aún más directo sobre las prioridades de Estados Unidos: “El imperativo estratégico de Estados Unidos debe cambiar de Irak y Afganistán a México”. Las Américas y la estabilización de Europa, titula el texto que presenta como “una súplica al gobierno de Barack Obama y a las dos cámaras del Congreso”.

Según Bunker –quien ha sido asesor de los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia– los cárteles de la droga y las bandas del narco desde hace décadas han evolucionado, mutado y crecido en capacidad lo suficiente como para desestabilizar países como México, Guatemala y Honduras.

“Los cárteles de la droga y las bandas de narcos del continente, los de México como alta prioridad, ahora deben ser elevados a la categoría de amenaza estratégica número uno para Estados Unidos, en tanto que la amenaza de Al Qaeda y el islam radical, si bien aún es significativa debe ser degradada a un segundo nivel.”

Insistente en México, dice que la amenaza dominante para Estados Unidos es el potencial de corrupción de las instituciones por parte de los cárteles mexicanos y bandas de narcos, seguida por la extensión de la violencia de la frontera.

Según Bunker, mientras Estados Unidos está bien preparado para enfrentar actos directos de violencia, “la utilización de las técnicas de violencia y corrupción de los cárteles mexicanos (en Estados Unidos) trae un nuevo elemento que en la actualidad lo hace una amenaza más grande e insidiosa que la representada por Al Qaeda y sus socios islámicos radicales”.

Partes de México se han perdido y pueden o no ser recuperadas. Lo mismo se puede decir de algunas regiones de América Central y Colombia. Ante ello, propone un Plan de Defensa Hemisférica para las Américas, “una actualización de la Doctrina Monroe” que desde 1823 proclama el principio de “América para los americanos”.

Manos libres para los mercenarios

GINEBRA.- Tras su fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas creó los grupos de expertos o “relatores especiales”, que se abocaron de inmediato a documentar las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y a divulgar sus resultados.

La década pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esa ciudad, mandató a cinco especialistas en la materia que trabajan de manera independiente para que representaran a todos los continentes.

Presidido por el español José Gómez del Prado, el grupo de especialistas lleva años investigando la utilización de mercenarios por empresas privadas y aun paraestatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex), para que vigilen sus instalaciones. En febrero de 2007, el consejo dio a conocer un informe de ese grupo de trabajo “sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” (Proceso 1655).

Entrevistado por este semanario sobre el caso México, Gómez del Prado responde que su grupo aún no consigue que las autoridades colaboren en esta lucha planetaria para frenar tan grave violación de derechos humanos.

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