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jueves, mayo 27, 2010

Porque le tiene tanto miedo Calderón a la transparencia?

Gobierno federal deja sin poder al IFAI; comisionados anuncian amparo
Se recrudece acoso gubernamental contra el IFAI

México, D.F a 26 de mayo (apro).- Al final de la sesión pública de hoy miércoles, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), encabezados por su presienta, Jacqueline Peschard, emitirán un pronunciamiento en contra del gobierno de Felipe Calderón por las recientes maniobras legales que frenan la apertura de archivos oficiales, la transparencia en el uso del erario y la rendición de cuentas sobre decisiones trascendentes para el país.

Ayer martes, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) obtuvo una suspensión provisional contra una resolución del IFAI otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que, por lo pronto, detendrá el fallo de los comisionados, que ordenaba revelar los nombres de más de 559 mil personas y empresas favorecidas con la cancelación de créditos fiscales.

La Tercera Sala Regional Metropolitana admitió a trámite un juicio de nulidad promovido por el SAT y le concedió la suspensión. Esto significa en términos prácticos que la resolución del IFAI sobre este controvertido tema fue enviada a la congeladora, según se desprende de información publicada por el diario Reforma en su edición impresa.

Desde hace tres semanas, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero –uno de los amigos más cercanos Felipe Calderón- buscó opciones para no cumplir con la resolución del IFAI en el sentido de abrir los archivos con los nombres de las personas a quienes se les cancelaron créditos fiscales por 73 millones 900 mil pesos.

Cordero hizo consultas con los abogados de Hacienda. La primera intención fue seguir con un amparo ante los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Pero ante la posibilidad de perder por este camino –como ha sucedido con otras instancias de Gobierno-, se estudiaron otras alternativas hasta que, finalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) les mostró la llave para cerrar la puerta.

El pasado fin de semana, la PGR consiguió una suspensión provisional por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no entregar una investigación ya concluida contra la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, en la que decidieron no ejercitar acción penal.

Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), una instancia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emitieron una sentencia inédita, mediante la cual se erigieron como la última instancia para decidir la apertura o cierre de archivos oficiales y transparentar la información del erario, colocándose a sí mismos por encima del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.
Oficinas del IFAI en Coyoacán.
MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), una instancia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emitieron una sentencia inédita, mediante la cual se erigieron como la última instancia para decidir la apertura o cierre de archivos oficiales y transparentar la información del erario, colocándose a sí mismos por encima del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.

A lo largo de ese tiempo, los funcionarios y algunas instancias de gobierno –primero durante el sexenio de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón-- probaron suerte tramitando amparos para no entregar los documentos requeridos por ciudadanos y periodistas. No obstante, siempre perdieron ante los juzgados federales.

Ante esta muralla imposible de superar en las instancias del Poder Judicial Federal, el gobierno cambió su estrategia para presentar sus inconformidades –llamados juicios de nulidad-- ante el TFJFA.

La diferencia entre ambos es que mientras el segundo pertenece por completo al gobierno el primero goza de autonomía respecto del mandatario en turno.

Durante el pasado fin de semana, el TFJFA --cuyos magistrados los nombra directamente el presidente-- admitieron una demanda tramitada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el IFAI por obligarlos a entregar fotocopias de una averiguación previa ya concluida sobre investigaciones contra la exjefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.

Durante tres años, el gobierno de Calderón y, específicamente, la PGR, presentó 15 juicios de nulidad contra resoluciones del IFAI, sin éxito alguno. Pero su suerte cambió el pasado fin de semana cuando el TFJFA se declaró competente para revisar y, en su caso, revocar las decisiones de los comisionados.

Los comisionados encabezados por su presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal manifestaron su “enérgico rechazo” a la decisión ilegal del TFJFA.

Mediante un comunicado, las comisionadas Peschard, y María Marván calificaron de “ilegal” la actuación del TFJFA, y advirtieron que “constituye una clara amenaza al derecho de acceso a la información”.

Con la resolución del TFJFA, “queda muerto” el derecho de acceso a la información para la persona que hizo una solicitud a la PGR, aseguró, por su parte, la comisionada Marván.

De manera particular, las comisionadas manifestaron su extrañeza por la decisión del TFJFA de admitir y resolver este caso, aun cuando el mismo Tribunal había desechado previamente otros 30 casos, por considerar que no era competente para conocerlos.

Además, las comisionadas recordaron que existe la palabra empeñada del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien aseguró que el gobierno federal no busca establecer una instancia revisora de las resoluciones del IFAI.

viernes, enero 08, 2010

MINERA SAN XAVIER NO TIENE PERMISOS


Boletín de prensa jueves 07 de enero de 2010

FRENTRE AMPLIO OPOSITOR A NEW-GOLD MINERA SAN XAVIER,
INFORMA:


MINERA SAN XAVIER NO TIENE PERMISOS

MODULO DE INFORMACION EN LA PLAZA DE ARMAS
De San Luis Potosí, S.L.P.


En dias pasados, la minera San Xavier (MSX) obtuvo un amparo que suspende la clausura que impuso la Procuraduria Federal para la Proteccion del Ambiente (profepa), por la vía del juzgado tercero de distrito. El Juez usó un criterio que no le corresponde y protegió los empleos que da la empresa, privilegiando intereses privados en lugar del interés publico, como es el de que la empresa no continué con su operación, ya que viola leyes ambientales, normas oficiales de protección a especies endémicas y en peligro de extinción y un decreto estatal de protección ala zona.
El juez a negado el acceso al expediente a Pro San Luis Ecológico diciendo que no es parte interesada en el asunto, tratando de dejar indefensos a los opositores, así como demandamos penalmente el año pasado a magistrados del tribunal fiscal y continuamos exigiendo el ejercicio de la acción penal, así demandaremos al Juez corrupto del juzgado tercero de distrito.
Es muy importante dar a conocer que aunque la empresa haya obtenido el amparo que suspende la clausura impuesta por PROFEPA, como resultado de la orden de SEMARNAT, esta sigue sin permisos, sin la manifestación de impacto ambiental (MIA) autorizada, sin el permiso de cambio de uso de suelo, sin el permiso de explosivos, sin el permiso de uso de suelo estatal y municipal, y sin siquiera el permiso de operación que expide el municipio, ya que el pleno del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordeno a SEMARNAT cancelar el permiso dado a MSX en 2006 de manera irregular, el cambio de uso de suelo forestal a minero, y la MIA, y de estos, dependen directamente los permisos estatales, municipales y el de uso de explosivos expedido por SEDENA. Leer completo

miércoles, diciembre 16, 2009

Acusan a la Profepa de facilitar a Minera San Xavier obtener amparo

Retira la dependencia sellos de clausura
Vista de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde Minera San Xavier reanudó operaciones luego de haber obtenido un amparo. Al fondo se observa la polvareda generada por el uso de explosivos.Foto Edith Argüelles / Archivo

Angélica Enciso y Edith Argüelles
Reportera y corresponsal

Periódico La JornadaMiércoles 16 de diciembre de 2009, p. 31
Ayer por la noche la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retiró los sellos de clausura colocados el 18 de noviembre en las instalaciones de Minera San Xavier (MSX) en el municipio Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en cumplimiento de la notificación del juez primero de distrito con sede en esa entidad.
El organismo clausuró la empresa, de capital canadiense, como medida de seguridad, después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la autorización de impacto ambiental por una orden judicial .
En un comunicado, la Profepa informó que “no obstante haber dado cumplimiento a esta resolución judicial, se analizan vías jurídicas con la finalidad de proteger el ambiente y hacer cumplir la legislación ambiental”.
Sin embargo, Sergio Serrano Soriano, presidente del grupo Pro San Luis Ecológico, señaló que la Profepa actuó con dolo, pues dejó vías para que la empresa se amparara y continuara con sus operaciones a pesar de carecer de permisos ambientales. Representantes de este grupo interpusieron ayer un juicio de garantías y un incidente de suspensión porque no se les informó del amparo, pese a ser terceros interesados. El problema de fondo persiste: “La minera no tiene permisos ambientales, aunque con ese amparo podría operar temporalmente”, señaló.
El dirigente del grupo que demandó a la empresa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y demostró que no cumplía los requisitos para contar con el permiso de Semarnat, ha reiterado la necesidad de que exista vigilancia en el poblado para evitar enfrentamientos entre opositores y trabajadores de la empresa.
José Guadalupe Durón Santillán, secretario general de Gobierno, señaló que aun cuando ninguna de las partes ha solicitado la intervención de las fuerzas de seguridad, se han preparado operativos para evitar la violencia.
Horas antes, Manuel Barrera Guillén, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Gestión Ambiental del gobierno del estado, pidió a los opositores que respetaran el amparo que permite a MSX reanudar sus operaciones por completo mientras se desarrolla el juicio de apelación contra la sentencia del TFJFA que obligó a la Semarnat a retirarle el permiso de impacto ambiental.
Filemón Hilario Flores, dirigente potosino del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el amparo a MSX es una prueba de que existen jueces que se prestan a la corrupción. “Si ya existía una orden de un tribunal que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué la empresa presume de tener un amparo de un juez de San Luis? Eso nadie lo comprende”.
El lunes por la noche, durante el foro Victorias y retos del movimiento social en contra de la Minera San Xavier, organizado por Casa Lamm y La Jornada, Mario Martínez, del Frente Amplio Opositor (FAO) a la minera, señaló que el mismo tribunal juzgó en dos ocasiones con la misma sentencia: la cancelación del permiso de impacto ambiental.
Armando Barreiro, también integrante del FAO, señaló que cada día la minera utiliza 27 millones de litros de agua provenientes de un acuífero sobrexplotado y los contamina con toneladas de cianuro.

miércoles, noviembre 18, 2009

Pese a suspensión, continúan explosiones de New Gold en Cerro de San Pedro

El gobernador conoce los daños a la salud por estas actividades, afirma ambientalista. Denuncian que la empresa minera no se hace responsable por perjuicios a pobladores. Al fondo del pueblo se observa el humo provocado por una de las detonaciones realizadas ayer por la empresa minera New Gold, cerca del templo de San Nicolás.
Cerro de San Pedro, SLP, 16 de noviembre. Este día hubo tres explosiones en el yacimiento que opera la Minera San Xavier en este municipio, luego de que hace tres días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le revocó el permiso de impacto ambiental y a un mes de que fue notificada de la suspensión dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).La Semarnat informó hace unos días que luego de que le retiró el permiso a la empresa, ésta debía cerrar; no obstante, sus actividades continúan de manera normal. En tanto, New Gold asegura que la resolución judicial no afecta sus operaciones aquí.Este día se buscó al director gerente de la empresa local, Jorge Mendizabal, para conocer la posición de la compañía, pero en su oficina dijeron que no había labores.Tampoco se conoce la opinión del gobierno estatal. De acuerdo con el Frente Amplio Opositor (FAO), las autoridades han expresado que desconocen la situación.Sin embargo, indicó Sergio Serrano, director de Pro San Luis Ecológico, Fernando Toranzo, actual gobernador del estado, debe conocer el caso porque fue secretario de Salud durante la administración anterior, cuando había una condicionante ambiental específica sobre los futuros efectos a la salud que dejaría la explotación del yacimiento.Serrano recordó que el viernes pasado llevaron al director jurídico del gobierno estatal, Jesús Juárez, la resolución del TFJFA, quien les había dicho que desconocía el documento.Es importante conocer la posición de las autoridades, aseveró el ambientalista, debido a que la empresa dice que tiene licencia de uso de suelo estatal, y ésta ampara sus actividades.Tres explosionesAlgunos turistas se acercaron al tempo de San Nicolás, cerca del cual trabajadores de la empresa colocan un sismógrafo para medir las vibraciones provocadas por las detonaciones. A las 15:14 ocurrió una, y aunque aseguraron que sería la única, se sintieron otras dos.En el momento de la explosión surgió una gran nube de polvo del cerro, la cual se extendió sobre el poblado –el cual habitan unas 20 familias– y después se levantaron otras dos grandes. Luis, uno de los visitantes, preguntó si no había personal de Protección Civil pendiente de las detonaciones. Pero los habitantes aseguraron que por lo general ni siquiera se les informa cuándo ocurrirán.De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la empresa, en cada detonación se utilizan 25 toneladas de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y otros elementos para tirar unas 80 mil toneladas del cerro. La empresa aprovecha una cantidad de ese material y otra la desecha, generalmente detrás del templo de San Nicolás.Armando Mendoza, cuya casa sufrió la caída de un techo en una fuerte explosión en julio pasado, aseguró que no recibió apoyo de la empresa para reconstruir su hogar.Este día la explosión fue leve, aseveró. Hace una semana fue de tal magnitud que incluso hizo sonar la campana del templo de San Pedro, el cual en lado derecho muestra una gran cuarteadura.Robert Gallagher, director internacional de New Gold, en un video del 13 de noviembre divulgado en YouTube –para aclarar malos entendidos–, dijo que la operación de la empresa en Cerro de San Pedro no se verá afectada por la decisión que emitió el tribunal. Ello no va a detener las actividades, expuso.En el mensaje –donde aparecen imágenes del cerro, distintas respecto de como se encuentra actualmente– se indica que la empresa cumple con normas internacionales en materia ambiental y social.También aseguró que la compañía ha hecho estudios sobre la calidad del agua y que no hay daños a los edificios; en cambio, asegura, ha reconstruido iglesias y apoyado en servicios de educación y salud. Tenemos gran aprobación entre la comunidad expresó.

jueves, abril 02, 2009

"Pinches periodistas"


Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo. En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el tráfico de influencias y el abuso de la autoridad. En las palabras del Dr. Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.Las vergonzosas conversaciones telefónicas de Luis Téllez con su abogado, el “sobreseimiento” de las multas en contra de TV Azteca y Televisa por el Instituto Federal Electoral y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Atenco, son casos que demuestran la continuidad de la lógica autoritaria en el ejercicio del poder en el México “democrático” de hoy. También habría que recordar otros casos recientes, como el intento de Jorge Emilio González Martínez de “negociar” proyectos turísticos en Cancún, las extorsiones de Carlos Ahumada y el frívolo comportamiento de Marta Sahagún cuando pernoctaba en Los Pinos. Desafortunadamente, esta lista pareciera interminable e incluye los inolvidables casos de los gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz y Sergio Estrada Cajigal, entre muchos otros más.Algunos de los casos más ominosos son los que implican la persecución de los periodistas. Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y analistas. Recientemente, tuvimos que atestiguar el lamentable espectáculo del juicio en contra de Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa Nostra, y Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista del texto. El caso de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, constituye otro claro botón de muestra de la manipulación de la “justicia” por intereses creados.Existe otro caso que no ha recibido la misma atención pública pero que es igual de preocupante. El año pasado, la licenciada Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), demandó de manera temeraria a cinco periodistas por “daño moral”, incluyendo dos reporteros del periódico Reforma, Abel Barajas y Víctor Fuentes, un columnista de El Financiero, Luis Soto, y los analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara León.La magistrada acusa a los periodistas de haberla difamado al recoger y hacer públicas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública de 2005. Específicamente, la investigación de la ASF encontró una serie de irregularidades en el proceso de remodelación del edificio del TFJFA ubicado en Insurgentes Sur 881. El auditor recomendó el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de ocho colaboradores de Villalobos, quien en ese momento fungía como presidenta del tribunal. Al final de cuentas, ninguno de los funcionarios fue sancionado. Sin embargo, las irregularidades de la remodelación finalmente sí obligaron a la constructora a resarcir el daño con 1.8 millones de pesos.La magistrada Villalobos cree que la simple divulgación pública de esta información le causa perjuicios a su honor equivalentes al increíble e ilegal monto de 6 millones 500 mil pesos. Pero el colofón de esta situación ha sido el comportamiento del abogado de Villalobos, el licenciado Gustavo Herrera, quien ha buscado utilizar sus contactos personales para conseguir un juicio favorable para su cliente. El pasado 11 de febrero, el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez, formalmente se excusó del caso porque había recibido presiones de parte del abogado Herrera. En el acta administrativa que resume las razones por la excusa, se recoge la siguiente declaración del juez Cruz con respecto a un encuentro que tuvo con el abogado litigante: “El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito ‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara”. En este caso el juez tuvo la valentía y la independencia para excusarse del caso para evitar incurrir en conflictos de interés o tráfico de influencias. Habría que celebrar sin regateos la honradez del licenciado Cruz Jiménez. Sin embargo, lo más probable es que ni Villalobos ni Herrera se darán por vencidos tan fácilmente. Habría que ver, por ejemplo, si en la audiencia citada para este domingo 29 a las 10 de la mañana la magistrada se atreve a presentarse personalmente en el juzgado o se limita a entregar su declaración por escrito, escudándose en su condición de funcionaria pública.El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que el futuro de nuestra incipiente democracia.
www.johnackerman.blogspot.com