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La fragmentación social del sistema educativo de nivel superior es clara. Profundas las diferencias socioeconómicas entre alumnos de instituciones públicas y privadas, los jóvenes que se preparan en las de presupuesto gubernamental se enfrentan a la desigualdad, la discriminación y la indiferencia que se fomentan desde el Estado, coinciden analistas consultados por Proceso.
A su entender, apoyos que se están canalizando hacia las universidades privadas tendrían que abrir las oportunidades en universidades públicas y respaldar las necesidades de los alumnos que menos recursos tienen para sostenerse en el estudio. En pugna por los favores del gobierno, ambos subsistemas, público y privado, demandan apoyo desde dos lógicas completamente distintas: La lógica mercantil del sector privado de querer mantener su negocio y la lógica pública en la medida de poder prestar un servicio.
Autor del estudio Un sistema de educación superior, dos circunstancias distintas: la universidad pública y la universidad privada, el exrector de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) Adrián de Garay ha dedicado años de investigación a documentar el abismo entre ambas realidades.
Entrevistado por Proceso, el investigador asegura que las diferencias socioeconómicas entre cada subsistema son reflejo de la polarización social y cultural que hay en el país.
Estudian y trabajan
En sus investigaciones, De Garay ha manifestado que el sistema de educación superior está marcado por la necesidad. Desde su ingreso, miles de estudiantes universitarios del sector público –más de 40%– no dedican su tiempo completo a los estudios por exigencias laborales. El 27% de los universitarios inscritos en instituciones privadas también trabaja.
Repercutiendo “inevitablemente” en su desempeño académico, según los datos del experto, de los estudiantes-trabajadores que integran la universidad pública 40% dedica entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo. De la educación privada destaca, con 37%, el sector que invierte de 11 a 20 horas laborando.
La desigualdad se ahonda a medida que el estudio se va explicando: 53.4% de los alumnos de educación pública está destinado a trabajar en algún sector ajeno a su carrera. Lastimoso el contraste con 70.9% de los alumnos de instituciones particulares que logra emplearse en un mercado “de plena relación” con sus estudios.
De Garay lanza una pregunta. ¿Es un secreto a voces que las empresas prefieren contratar a los jóvenes que estudian en instituciones privadas?
El 26.1% de los estudiantes de instituciones públicas tiene dependientes económicos y 42.7% no podría sostener sus estudios sin trabajar. El 54.8% de los alumnos de instituciones privadas trabaja para adquirir experiencia laboral.
“Es un problema grande. Muchos alumnos tienen que trabajar forzosamente para pagar sus estudios, algunos no tienen tampoco para su manutención o tienen que llevar dinero a su casa. Eso merma en gran medida el desempeño de los estudiantes y muchos terminan por desertar en algún momento de su carrera”, reconoce Ángel Cano, presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
Otro factor diferencial es lo que Adrián de Garay llama el “capital cultural”: el pasado académico de los padres marca el destino de los hijos. En tanto 70% de los padres de alumnos que atienden a la educación superior particular cuenta con estudios profesionales, sólo 28.6% de los padres del subsistema público alcanzó la universidad.
Dentro del contexto social en el que se desarrollan los alumnos, los que llegan a las universidades públicas “en buen número” provienen de estratos sociales de clase media y media baja, dice a este semanario el investigador de la UNAM y doctor en sociología René Jiménez. “Los más pobres no pueden estudiar. Van creciendo en un contexto social desigual. Los que más recursos tienen llevan una trayectoria estudiantil en el sector privado desde la educación básica hasta la superior”, explica.
El tránsito a la educación superior se ha convertido en “suplicio” para los aspirantes al sector público, explica la doctora Carlota Guzmán, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
“Influye todo: que tengan computadora con conexión a internet, que tengan dinero para comprar libros, lo que comen, el lugar en donde viven y hasta las horas que tardan para llegar a la universidad. Las condiciones en las que estudian son muy distintas. Y esto incide”, señala.
El estudio de Adrián de Garay lo dice claro: los alumnos “padecen” un desgaste cotidiano: simplemente en transportarse, 51.4% tarda más de una hora en llegar a su universidad en transporte público. Algunos, tardan más. De Garay cuenta la historia de un alumno suyo que, por esa circunstancia, abandonó la UAM-A: “(Ese alumno) hacía dos horas de ida y dos de regreso y tenía clase de siete. Se tenía que levantar a las cuatro de la mañana. El transporte le costaba 900 pesos mensuales. Se inscribió en una universidad “patito” a 10 minutos de su casa, por los mismos 900 pesos mensuales de colegiatura”, relata el exrector y remata con el argumento del joven. “Pagaba lo mismo, pero se ahorra cuatro horas y el riesgo de que lo asalten”.
Beneficio a particulares
El pasado 9 de enero, Felipe Calderón anunció el Programa de Financiamiento de la Educación Superior, que prevé otorgar créditos bancarios con la garantía de Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, etiquetados para 23 mil plazas a distribuirse en 21 universidades privadas.
Los préstamos, que estarán a cargo de Financiera Educativa México (Fiem), Banco Santander, HSBC, Bancomer y Banorte, serán de 250 mil a 280 mil pesos a pagar en plazos de 15 años y medio con tasas de interés que irán de 9 a 13% anual.
Al hacerlo público en el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey, Calderón celebró esta medida en pos de un “México más justo y más igualitario”. El financiamiento a estudiantes, dijo, “democratizará el acceso a la educación superior y acelerará la ampliación de la cobertura educativa”.
Según De Garay, es una “mentira” que la finalidad de esta medida responda a un interés por aumentar la cobertura educativa y propiciar mayor equidad. Con la incorporación de los 23 mil beneficiarios del financiamiento promovido por Calderón –comenta a este semanario– el aumento de la matrícula nacional de estudiantes en educación superior alcanzaría “un impacto mínimo” de apenas 0.8%. Y se pregunta: “¿Cuántos estudiantes más podrían adherirse al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) con esos recursos?” La respuesta es que se podrían triplicar los más de 300 mil apoyos que actualmente otorga ese programa.
De Garay recuerda que, en noviembre de 2011, el Congreso negó 57% de los recursos adicionales que instituciones de educación superior solicitaron a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Según De Garay, “si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de universidades privadas se hubieran destinado a las públicas” se habría conseguido 69.3% de lo gestionado, “garantizando que las instituciones públicas pudieran admitir a mucho más de 23 mil estudiantes”.
No sólo eso. De haber seguido el rol natural del Estado, el gobierno pudo impulsar significativamente a diversos sectores de la educación superior pública antes de priorizar al sector mercantil. Jóvenes de universidades públicas que reclamaron por esta medida aseguran que 2 mil 500 millones de pesos serían suficientes para cubrir 56% del presupuesto de la UAM, 23% del Politécnico, cuatro veces el presupuesto anual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como ampliar 17% la matrícula de la UNAM, un equivalente a 30 mil alumnos más de nuevo ingreso al año.
El economista Salomón Rodríguez publicó –un día después del anuncio– que tomando en cuenta los intereses de un crédito para licenciatura por 215 mil pesos, a una tasa de 10% anual, un estudiante terminaría pagando más del doble. Aproximadamente 600 mil pesos por su preparación. Para posgrados, cada alumno terminaría endeudado por cerca de 750 mil pesos por los 280 mil recibidos.
Un negocio redondo para la banca y el sector privado de la educación superior, dice a Proceso Carlota Guzmán. “Llama la atención que es el modelo chileno, por el que vemos tantas movilizaciones por el endeudamiento de las familias, hipotecadas por la educación. Y justamente se vino a escoger ese modelo. Los créditos no van a ser utilizados por los miles de aspirantes que no logran ingresar a la educación pública, sino por un sector que por falta de recursos ya antes perdieron las universidades privadas”, aseguró la investigadora. Según Guzmán, no se dimensiona la magnitud del problema.
No obstante, el subsecretario de Educación Superior y encargado del despacho de la SEP, Rodolfo Tuirán, justifica el modelo de financiamiento, que también se aplica en países como Estados Unidos.
Sobre el endeudamiento de los estudiantes Tuirán dice: “Son decisiones como cuando compramos una casa o tomamos una hipoteca. Tiene responsabilidades y riesgos, y también los beneficios”.
David Brooks, de The New York Times, describió a la actual como la generación de estadunidenses universitarios más endeudada de la historia de aquel país a causa del sistema de créditos, similar al que se acaba de implementar en México.
Dichos préstamos, escribió Brooks el pasado 10 de enero, convierten a los estudiantes en “esclavos” de su deuda, en beneficio de universidades e instituciones bancarias.
En 2011 el monto de préstamos estudiantiles superó 100 mil millones de dólares. “Estos jóvenes aceptaron el equivalente a la hipoteca de una casa en deuda”.
Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, cita Brooks, en 2008 67% de los egresados de escuelas de educación pública estaba endeudado y 96% de las instituciones privadas también.
Esos jóvenes nutren el movimiento de indignados Ocupa, que desde el pasado septiembre protesta por el endeudamiento y la falta de empleo.
En el sistema de créditos se dio concesión a 21 universidades, bajo dos criterios: que fueran grandes en cuanto a matrícula y cumplieran ciertos estándares de calidad.
Sin embargo, el presidente de la FIMPES, instancia encargada de acreditar la calidad de las instituciones de educación superior privada, dice que el requisito primordial, que es la calidad, no todas lo cumplen: “Algunas están en proceso (de acreditación). Nosotros siempre insistimos en que fueran puras acreditadas para que no hubiera ninguna duda. No es una decisión que tomó la FIMPES. Ellos lo que hicieron fue buscar que tuvieran una acreditación de calidad, aunque insisto que no todas están propiamente acreditadas”.
–Ellos, ¿quiénes?
–Fue propiamente Nafin la que impulsó el programa. Nafin hizo el contacto con la SHCP, que son parte de la misma administración, y entre ellos escogieron las universidades. Seguramente algo tuvieron que ver los bancos con los que están trabajando y la financiera (Fiem). Supongo que tuvo que ver mucho el contacto que ya tenían los bancos con las universidades para impulsar estos programas.
–¿Sabe el criterio para elegir los 23 mil alumnos, se busca también un perfil socioeconómico determinado?
–Sí. Se les pide a cada uno de los alumnos su poder adquisitivo familiar, su estatus socioeconómico. Estamos partiendo de que esos alumnos puedan pagar esos créditos, aunque ahorita sólo pagan los intereses. En algunas ocasiones no es muy significativo, dependiendo de la colegiatura de cada universidad.
–¿No podría aspirar a ese crédito un alumno de bajos recursos?
La familia necesitaría un aval para tomar en cuenta los pagos de intereses que se tienen que hacer en este momento. Para la parte del capital, que se pagaría seis meses después de haber egresado, lo que se busca es que el alumno con su propio trabajo lo pueda pagar.
“Los créditos van dirigidos a un sector de clase media o clase media alta que antes podía ingresar a la universidades privadas y que por cuestiones económicas en los últimos años ya no lo pueden hacer. Están tratando de recuperar para las universidades privadas un público que tenían y que han perdido. O que acceden a universidades más baratas. Pero no son nuevos públicos los que acceden porque no todos son sujetos de crédito. No es un beneficio, es un endeudamiento”, según Carlota Guzmán
Para Adrián de Garay la explicación del programa de financiamiento responde a una generación gubernamental que no tiene claro qué es lo público. “Es inadmisible que el señor (Calderón) otorgue 2 mil 500 millones para que se beneficien la banca privada y las escuelas privadas con las cuotas que los jóvenes van a pagar. No acaban de entender que la principal responsabilidad de la educación es pública. Ahora le metieron 2 mil 500 millones de pesos. ¿Qué tal que el año que viene le meten más?”.
–Y si le meten más, ¿qué?
–Ahí sí creo que iniciamos ya, con toda claridad, un proceso de privatización de la educación.
Durante el anuncio del programa Felipe Calderón alardeó: “Y le vamos a meter más. ¿Cuánto? Todo lo que se necesite para que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar su universidad pueda obtener un crédito accesible dentro de este programa”.
Critican especialistas que no se haya discutido el proyecto
El anuncio de Felipe Calderón de aplicar un programa nacional para otorgar créditos a estudiantes en escuelas privadas –que liquidarían una vez concluidos sus estudios con una tasa de 10 por ciento de interés anual– es el primer paso para privatizar la educación superior en el país, afirmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México, así como especialistas en la materia.
Criticaron que el Ejecutivo federal no haya sometido a discusión legislativa y ciudadana el proyecto, que en principio contará con 2 mil 500 millones de pesos del erario; mil millones más que el Programa Nacional de Becas para este nivel de estudios, que para 2012 tendrá mil 500 millones.
Además, el programa sólo beneficia a colegios particulares, que han sido perjudicados por la crisis que afecta a las clases medias y a las instituciones financieras. Un programa nacional que de verdad beneficie a la educación superior sería crear más instituciones públicas y ampliar las becas.
El ex subsecretario de Educación Básica y Normal Olac Fuentes Molinar afirmó que dicha medida representa la transferencia de recursos públicos al sector privado, en el que los beneficiarios son empresas educativas de lucro, entre ellas las más costosas de México, con la intermediación del sector bancario, uno de los más voraces del mundo
.
Señaló que el programa tiene un propósito relacionado con el proceso electoral, porque se trata de alentar las ilusiones de las pequeñas clases medias
. La propuesta es totalmente errónea
, porque no corresponde a las preocupaciones de seudoequidad
y de oportunidades para los jóvenes que el Presidente utilizó durante la presentación del programa.
Luego de 14 años de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desplazara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la administración de la ciudad de México, “la izquierda” partidista mexicana corre el riesgo de perder la administración de la metrópoli. Es lo primero que reconoce el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) y precandidato al gobierno del Distrito Federal, Gerardo Fernández Noroña
Para el experredista, el descontento social a causa de la construcción de megaproyectos y privatizaciones, podría significar para el PRD la pérdida de las próximas elecciones y el regreso del PRI al gobierno de la ciudad.
Aunque hace una evaluación positiva de los gobiernos de “izquierda”, en una de las urbes más grandes del mundo –desde la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, hasta la de Marcelo Ebrard Casaubón–, señala que el actual jefe de gobierno “ha cometido errores”.
Al respecto, fija su posición de rechazo frente a la construcción de la Supervía Poniente, las privatizaciones en la delegación Azcapotzalco, y la privatización del agua, lo que llama “proceso de privatización de la ciudad”.
—Es un proceso totalmente equivocado –considera–. No se puede permitir que se haga negocio con el agua. Los servicios públicos los tiene que seguir atendiendo el gobierno de la ciudad y proveerlos de excelencia, no se pueden concesionar o privatizar: son responsabilidades públicas.
A decir del aspirante a la jefatura de gobierno, en la ciudad “hay demasiadas obras; el pavimento está en pésimo estado. Hay que resolver lo del pavimento, lo del agua, solucionar cosas prioritarias y luego empezar con las obras”.
Noroña, también muestra su oposición al reciente operativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida por Marcelo Ebrard. “Esos [operativos] son totalmente violatorios de los derechos y garantías constitucionales de la gente, una barbaridad. Es avanzar en el Estado militar que ha impuesto Calderón y que es un despropósito”.
En cuanto a los más de 40 programas sociales del gobierno del Distrito Federal como la pensión alimentaria a los adultos mayores, útiles escolares, seguro de desempleo, el integrante del PT, asegura que al no hacer de los programas leyes, se sujeta a la gente a condicionantes: “Un retroceso que no debemos tolerar”.
Uno de los temas pendientes y necesarios para el Distrito Federal, a decir del diputado, es la reforma política, la cual daría a la ciudad el estatus de entidad federativa, con constitución y cámara de diputados propia, y por la que, dice, la izquierda ha trabajado mucho.
“Sería la constitución más avanzada del país, no tengo duda, y sería una cámara de diputados muy fuerte. Podríamos decidir nuestro presupuesto. Tenemos que lograr la reforma porque nos han castigado por ser la concentración poblacional más politizada del país con un gobierno de izquierda. Eso tiene que acabarse, y creo que todos los aspirantes coincidimos”.
—¿Qué tipo de políticas se deben aplicar en la ciudad?
—Políticas sociales muy fuertes. Mis acentos serían en educación y salud para todos, acceso a vivienda, hay que generar mayor oferta habitacional para la gente, alimentación garantizada, comedores en las escuelas, en las colonias más pobres, transporte, seguridad, agua, captación del agua de lluvia para evitar las inundaciones, y fomentar la participación de la gente. La rebeldía encaminada a la transformación.
Refiere Noroña, que para mantener la ciudad, tanto el PRD, como el PT, Convergencia y el Movimiento de Reconstrucción Nacional, tendrán que trabajar y resolver la candidatura a partir de una encuesta o una elección, “igual que la candidatura presidencial”.
Para la ciudad en 2012, dice, la izquierda debe elegir a la mejor fuerza y al mejor posicionado: “No podemos andar viendo quién es amigo de quién, quién está cercano a nuestro corazón. Si yo tengo esa condición, que se me apoye, si alguien más la tiene, que se le apoye. A quien tenga realmente posibilidades de ganar la ciudad”.
—¿A quién apoya Marcelo?
—Marcelo tiene una persona cercana a su corazón: Mario Delgado, pero no es cercano a la gente. Ése es el problema; si él logra el apoyo popular que se necesita, adelante.
—¿Y Alejandra Barrales?
—Barrales es como su segunda opción, por lo menos eso se especula.
De la larga lista de precandidatos a la jefatura de gobierno, Fernández asegura que respeta a todos, con excepción del senador perredista Carlos Navarrete, a quien califica de traidor al movimiento y a las causas: “Está entregado a Calderón”. Aunque refiere que no lo puede probar, acusa a Navarrete de recibir el apoyo y financiamiento del “gobierno usurpador”. Agrega: “Es evidente que vienen de otro lado los recursos; trae un montón de dinero; su salario de senador no alcanza”.
De Martí Batres se expresa con entusiasmo, “él sería un hombre de izquierda gobernando a la ciudad. Si está mejor posicionado que yo, no tendría empacho en apoyarlo”.
Sería gravísimo que el PRI llegara a la jefatura de gobierno en 2012, “un retroceso brutal”, concluye Gerardo Fernández Noroña.
Al mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto le quedan 75 días de un gobierno que ha estado marcado por los onerosos gastos para su promoción televisiva; por faraónicas obras de infraestructura vial en las que ha invertido alrededor de 120 mil millones de pesos, y por expedientes de corrupción no resueltos, como el de su antecesor Arturo Montiel.
Además, este domingo 3 de julio la maquinaria electoral que puso en marcha en las últimas semanas para impulsar a su correligionario Eruviel Ávila se enfrenta a dos desafíos: retener para el PRI la gubernatura de la entidad más poblada del país y ganar con la suficiente holgura para iniciar su lanzamiento formal como candidato a la Presidencia de la República en 2012.
No son pocos los contrastes que marcan el fin de la gestión de Peña Nieto y su relanzamiento a la candidatura presidencial.
Frente a los contratos millonarios con desarrolladores inmobiliarios, como Corporaciones Geo, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare, para la construcción de casi 500 mil viviendas en las llamadas Ciudades Bicentenario, Peña Nieto termina su gestión con 60 mil damnificados por las inundaciones en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, afectados por el continuo desbordamiento de los ríos de los Remedios y Xochiaca, así como del Gran Canal.
El viernes 1, Peña Nieto declaró a la televisión: “Yo desearía que este fenómeno no se politizara. Me parece que es un fenómeno natural (frente al) que estamos actuando; que hay coordinación en todos los niveles de gobierno”. ¿El propósito?: evitar un posible impacto electoral negativo de su candidato Eruviel Ávila, exalcalde de Ecatepec, quien según las encuestas llevaba una ventaja de más de 25 puntos.
Precisamente en las zonas mexiquenses damnificadas el empresario Carlos Slim obtuvo la concesión para invertir 400 millones de pesos para el Bordo de Xochiaca número 1 y en un área de 138 hectáreas del antiguo basurero para crear ahí la Ciudad Jardín Bicentenario Nezahualcóyotl.
Peña Nieto deja un gobierno marcado por la ola de feminicidios ocurridos entre enero de 2005 y agosto de 2010: la procuraduría mexiquense admite que en ese periodo se cometieron 922 homicidios dolosos de mujeres. Lo paradójico es que la mayor incidencia delictiva se localiza en los municipios que Peña Nieto recuperó para su partido en los comicios intermedios de 2009.
Desempleo y pobreza
Y aunque, durante su administración, Enrique Peña Nieto no ha dejado de promover la inversión privada en la entidad, los índices de desempleo y pobreza se incrementaron por encima de la media nacional.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que hasta 2008 cuatro de cada 10 mexiquenses se encontraban en condición de pobreza (6 millones 632 mil habitantes). Tras la crisis financiera de ese año y de 2009, la cifra se elevó a 7 millones 415 mil.
Al cierre de 2010, el Producto Interno Bruto per cápita anualizado en el Estado de México fue de 81 mil 162 pesos (6 mil 424 dólares), 30% por debajo del promedio nacional, según un estudio de Banamex citado en un estudio de la revista Expansión.
En ese mismo periodo se incrementaron también el desempleo y el subempleo. Un análisis del Parlamento Ciudadano advierte que el desempleo representa 6% de la Población Económicamente Activa (PEA), 1.4 puntos arriba del promedio nacional.
El mismo organismo calcula que en los municipios del Valle de México la tasa de desempleo es de 6.75% (2 millones 275 mil personas). En todo el territorio mexiquense suman 483 mil los subempleados y cerca de 1 millón 608 mil más están en el sector informal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Obras multimillonarias
“Mientras más obras, más sobra”, ha sido una de las máximas de los gobernadores del Estado de México, la mayoría pertenecientes al Grupo Atlacomulco, la mítica dinastía a la cual pertenece Enrique Peña Nieto.
Su gobierno no ha sido ajeno a esta práctica. Proyectos de infraestructura vial y urbana por más de 120 mil millones de pesos han caracterizado su gestión. Entre éstos destacan el Circuito Exterior que comunica las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco, México-Tuxpan y México-Puebla. La inversión total se eleva a 9 mil 497 millones de pesos.
El segundo proyecto más ambicioso de Peña Nieto es el Viaducto Bicentenario, al cual se canalizaron 6 mil 500 millones de pesos para el encarpetamiento de 22 kilómetros de carretera entre el Toreo de Cuatro Caminos y Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.
En ambas obras, el meganegocio tiene destinatario: el grupo español OHL, que puso en operación desde 2010 dos nuevos tramos de la autopista Viaducto Bicentenario y la del Circuito Exterior Mexiquense.
En su página oficial, OHL cita al presidente del consorcio, José Andrés de Oteyza, quien el 3 de septiembre de 2010 declaró: “De los proyectos de construcción que el consorcio realiza en 23 países de cuatro continentes, el número uno es México; y aquí su programa de infraestructura más importante se realiza en el Estado de México”.
De Oteyza fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Años después jugó un papel fundamental como intermediario del consorcio Tribasa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1984). La quiebra de Tribasa, que dejó una deuda fiscal por 4 mil millones de dólares, no afectó a De Oteyza, quien se colocó como representante de los intereses de OHL en México.
Otra de las obras de relumbrón es el Mexibús, que comunica a los municipios de Ecatepec y Tecámac. El mandatario mexiquense lo inauguró el 30 de noviembre pasado, luego de una serie de retrasos. El sistema es operado por Transmasivo, S.A., un conglomerado que agrupa a 13 empresas de autotransporte del oriente de la entidad que tienen una concesión por 30 años. La inversión total del Mexibús se calcula en mil 900 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó por lo menos 23 irregularidades en la Cuenta Pública de 2008 relacionadas con 242 millones 192 mil pesos del Fondo Metropolitano para la construcción del Mexibús.
La ASF mencionó que el gobierno de Peña Nieto no presentó el proyecto técnico de viabilidad correspondiente, ni elaboró un proyecto ejecutivo para una obra de esa magnitud; menos aún los estudios pertinentes de factibilidad técnica, económica y ambiental.
Las complicaciones y retrasos en la obra del Mexibús provocaron que en marzo de 2010 el presidente del Consejo de Administración de Transmasivo, Genaro Rosalino García, acusara de negligencia al gobierno del Estado de México porque hasta esa fecha sólo se habían construido cinco de los 16 kilómetros previstos.
Y aunque la línea 1 del Mexibús todavía no estaba terminada, en abril de 2010 se iniciaron los trabajos en la línea 2, lo que generó protestas vecinales en cinco colonias de Ecatepec.
Otros proyectos destinados a la inversión privada son la Estación Terminal Multimodal Azteca Bicentenario (Etram), mejor conocida como Mexipuerto. La inversión estimada es de 824 millones de pesos, que correrán a cargo de Grupo Carso e Ideal, ambas propiedad de Carlos Slim, que ganaron una concesión por 30 años para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la terminal.
Además, en Toluca están los nuevos puentes de Las Torres, a los que se destinaron 500 millones de pesos, y la planta de bombeo La Caldera, para el tratamiento de las aguas del río La Compañía, que se desbordó hace unos días a pesar de los mil 500 millones de pesos invertidos en esta obra.
La huella de los Hank
El 31 de julio de 2007 el gobernador Peña Nieto dio a conocer un megaproyecto denominado Ciudades Bicentenario, cuyo propósito era construir progresivamente 494 mil casas y diseñar nuevas áreas urbanas en los años venideros y hasta 2020. Los municipios elegidos fueron Tecámac (155 mil viviendas), Zumpango (111 mil), Huehuetoca (104 mil 100), Jilotepec (26 mil 600), Atlacomulco (38 mil 400) y Almoloya de Juárez (58 mil 600).
Este proyecto de viviendas, equipamiento urbano, vialidades, industria y espacios públicos constituyeron el motor del proyecto de conjuntos urbanos en beneficio de sólo 13 empresas que de 1999 a 2007 habían construido 74% de más de 434 mil nuevas viviendas en la entidad, según un estudio elaborado en el Congreso local.
Para 2010 y hasta 2020 se autorizaron 229 conjuntos urbanos que beneficiarían también a las mismas empresas que han concentrado las Ciudades Bicentenario, como GEO, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare.
Tan sólo en Tecámac, el proyecto más ambicioso, Grupo Sadasi presume en su página en internet que la unidad Héroes de Tecámac “es ejemplo clave en el diseño de proyectos habitacionales a gran escala”. En Zumpango, Geo planea construir 250 mil viviendas; Ara orientó su interés en Huehetoca.
Peña Nieto ha tenido cuidado también de presumir con sombrero ajeno. Buena parte del financiamiento de las Ciudades Bicentenario proviene del esquema Desarrollo Urbano Integralmente Sustentable (DUIS), un mecanismo creado por el gobierno federal para apoyar con una bolsa de 260 mil millones de pesos la construcción de 24 grandes proyectos inmobiliarios, entre los que se encuentran los promovidos durante su gobierno.
El Grupo Financiero Interacciones, dirigido por Carlos Hank Rhon, el hijo mayor del profesor Carlos Hank González, es otro de los consorcios que han gozado de la generosidad del gobierno de Peña Nieto.
Este grupo ha participado lo mismo en proyectos de infraestructura, como la autopista Lerma-Tres Marías, que en la insólita obtención del aseguramiento por 100 millones de pesos de bienes muebles, inmuebles, vehículos, aeronaves y efectivo de la administración mexiquense; también ha sido acreedor por mil 48 millones de pesos en la deuda estatal, equivalente a 3.6% del total.
Entre 2006 y 2009, la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, durante la gestión de Luis Videgaray, quien coordinó la campaña de Eruviel Ávila, pagó poco más de 98.7 millones de pesos al Grupo Interacciones por el alquiler de seguros para bienes muebles, inmuebles, vehículos y hasta aeronaves.
En 2007, la misma firma ganó un contrato por más de 18.2 millones de pesos para operar el Programa Estatal de Seguro Escolar que protegió contra accidentes a más de 1 millón 240 mil alumnos. Sin embargo, una investigación del semanario Nuestro Tiempo reveló que, a un mes de que finalizara la prestación del servicio, menos de 1% de los estudiantes utilizaron ese millonario seguro.
A la firma de Carlos Hank Rhon el gobierno de Peña Nieto le adeuda 3.6% del débito total, que asciende a 28 mil 810 millones de pesos. Los otros acreedores son Dexia (7 mil 253 millones), BBVA-Bancomer (5 mil 896 millones) y Banamex (5 mil 73 millones).
Las inversiones de Slim
Considerado el hombre más rico del mundo por la revista estadunidense Forbes, con una fortuna calculada en 74 mil millones de dólares, Carlos Slim ha sido igualmente beneficiario de los negocios multimillonarios que implican los proyectos de Peña Nieto.
En una superficie de 600 mil metros cuadrados en la zona donde antaño estuvo el basurero del Bordo de Xochiaca, empresas del magnate construyeron el Centro Deportivo Ciudad Jardín Telmex. Las instalaciones incluyen 25 canchas de futbol, cuatro de tenis, otras tantas de baloncesto y dos de beisbol. La obra, en la que se invirtieron 400 millones de pesos, fue inaugurada por Peña Nieto en mayo de 2009.
En noviembre de 2009, Alfonso Salem Slim, vicepresidente de Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), formalizó la inversión por 800 millones de pesos para tener la concesión del Mexipuerto por un periodo de 30 años.
En noviembre de 2010, el Congreso mexiquense autorizó la venta de 73 hectáreas del Bordo de Xochiaca a la empresa Clat Neza Bicentenario, propiedad de Slim, para el Proyecto Industrial Neza II y III. Los legisladores del PRD declararon que la venta fue un “regalo” para Slim, pues adquirió los terrenos a un precio menor que el de su costo real.
Otro proyecto es el Parque Industrial Chimalhuacán, ubicado en los desaparecidos tiraderos de basura de Tlateles, para impulsar el desarrollo del municipio. La venta de los terrenos fue igualmente criticada por la oposición.
Grupo Carso también entró a la industria hospitalaria en el gobierno de Peña Nieto con la construcción de cuatro nosocomios en Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Ecatepec, pertenecientes a la cadena Star Médica y Vivo, que proporcionan los servicios de urgencias, cirugía general, cuidados intensivos para neonatales y adultos, hemodiálisis, resonancias magnéticas, mastografías y cardiologías, entre muchos otros que originalmente daban las instituciones de salud pública, ya desplazadas por los negocios privados.