Caso Cassez: hasta la Iglesia tiene miedo

Después de que la televisión francesa transmitiera el documental Florence Cassez, el último recurso, con testimonios que contradicen la acusación de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de sus declarantes, el abogado Pedro Arellano, fue destituido el 28 de noviembre como secretario adjunto de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entrevistado por Proceso, Arellano relata cómo investigó el caso a petición de la familia Cassez y ofreció sus conclusiones como ayuda al Séptimo Tribunal Colegiado del Distrito Federal; resultados que no fueron tomados en cuenta pero que disgustaron al gobierno, específicamente al entorno de Genaro García Luna, y a la jerarquía católica de México.

La francesa Florence Cassez condenada a 60 años de cárcel.

Jorge Carrasco Araizaga y Anne Marie Mergier

MÉXICO/PARÍS (Proceso).- El equipo legal de la Iglesia católica mexicana que impugnó ante el Poder Judicial de la Federación las pruebas con las que el gobierno de Felipe Calderón acusa de secuestro a Florence Cassez recibió un golpe importante: el abogado Pedro Arellano Aguilar fue removido el pasado 28 de noviembre como secretario adjunto de la Pastoral Social –una de las ocho divisiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano– a consecuencia de un documental transmitido hace tres semanas por la televisión francesa.

En ese programa Arellano cuestiona “la fabricación” de pruebas para acusar y condenar a Cassez a 60 años de cárcel, conclusión a la que llegó después de una investigación de medio año.

El litigante aún está al frente de la Pastoral Penitenciaria, pero al salir de la Secretaría Adjunta dejará de representar a la Pastoral Social ante organismos nacionales e internacionales. La Pastoral Social tiene un gran peso en la relación de la Iglesia católica mexicana con la población vulnerable, como indígenas, migrantes y presos.

Su salida fue confirmada el mismo día 28 por el padre Hugo Valdemar, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis Primada de México, que en declaraciones citadas por la agencia France Presse (AFP) aseguró que “el cambio en la Pastoral Social no tiene nada que ver con el reporte (de Arellano) sobre Florence Cassez”.

Sin embargo Valdemar, también enlace institucional de la arquidiócesis con el gobierno federal, indicó: “Tenemos divergencias sobre ese reporte que exculpa a Cassez. No es de nuestra competencia, de nuestra iglesia, decir si alguien es culpable; eso depende de las autoridades”.

De acuerdo con el servicio en francés de AFP, el vocero aseguró que el reporte “no representa la opinión de la Comisión del Episcopado”, sino que es producto de una “comisión independiente”.

Pedro Arellano responde: “Yo no sé si el padre conoce nuestra investigación. Es el vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y es natural que no la conozca porque lo que hicimos fue a nivel episcopal, a nivel nacional”.

Según los litigantes consultados, Hugo Valdemar tiene como abogado a Marcos Castillejos, cuñado de Luis Cárdenas Palomino, actual responsable de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (cercano al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna) y quien en 2005 participó en la detención de Cassez. Hasta el cierre de esta edición, el sacerdote no respondió a las llamadas de Proceso.

Arellano, quien por más de 30 años trabajó en reclusorios, se involucró durante 2010 en la defensa de Cassez a solicitud de los padres de la francesa. Actuó con el consentimiento del obispo presidente de la Pastoral Social, el obispo de Nuevo León, Gustavo Rodríguez Vega, y del entonces secretario ejecutivo de la pastoral, el padre Armando Flores Navarro, actual rector del Colegio Mexicano en Roma.

“Vino la mamá y nos entregó una carta, firmada también por el papá, para pedir nuestra intervención. Pero también lo hicimos porque (la solicitud) fue aceptada por la comisión asesora de la Pastoral Penitenciaria, integrada por expertos, entre ellos jueces y magistrados católicos que dentro de su profesión realizan un apostolado ayudándonos en casos”, dice Arellano en entrevista, un día después de su destitución.

Integrado a la Pastoral Penitenciaria desde el año 2000, el litigante ha participado en la preliberación o liberación de 17 mil 800 personas. “Creemos que la gente tiene derecho a una segunda oportunidad, máxime cuando las circunstancias no son de todo claras”, explica.

Detenida hace seis años, el 8 de diciembre de 2005, por García Luna, entonces director la Agencia Federal de Investigación (AFI), Cassez permanece presa en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.

“El asunto de Florence Cassez nos pareció importante porque es el de miles de personas que están en prisión y que son víctimas de la fabricación de pruebas –añade Arellano–. Apoyarla es apoyar a muchas personas. En este caso, por los antecedentes, ya sabíamos de qué se trataba, que era un caso relevante.”

La Pastoral Penitenciaria reunió a 27 especialistas. No fue un grupo eclesiástico, sino de expertos, en el cual participaron jueces y magistrados en activo, expolicías y peritos. Se dividieron en tres equipos de trabajo: jurídico, criminológico y criminalístico.

Los tres llegaron a conclusiones similares: no hubo elementos suficientes para consignar, no hubo un debido proceso y no se identificó un perfil criminal de Cassez como jefa o integrante de una banda de delincuencia organizada, señala Arellano, quien coordinó la investigación pero nunca se ha reunido con la acusada.

La investigación duró casi medio año y no estuvo exenta de presiones contra sus integrantes, a quienes dos veces les robaron su equipo de cómputo. También sufrieron amenazas y agresiones.

Los resultados se entregaron en enero de este año al Séptimo Tribunal Colegiado del Distrito Federal en forma de una opinión conocida como amicus curiae (amigos de la Corte). Pero esta documentación fue desechada un mes después, cuando esa instancia fijó en 60 años la pena contra Cassez por los tres delitos que le enfiló García Luna.

El tribunal resolvió conforme a “la prueba circunstancial” y no a partir de pruebas concretas, dice Arellano, convencido de que se trata de “un caso político y no jurídico”. Pero incluso, añade, “el argumento de la prueba circunstancial sólo fue un ganchito de los magistrados para agarrarse y justificar su decisión”.

“De una mentira salió todo esto”

Extrañado por su salida de la Pastoral Social –“no dijimos nada que no haya dicho la defensa”, dice–, Arellano afirma que su estudio jurídico se centró en la jurisprudencia contra la falsedad de los testigos.

Además, la jerarquía católica mexicana supo en todo momento que la Pastoral Penitenciaria realizaba esa investigación, incluso antes de la alegada solicitud del Vaticano para indagar el caso.

“Yo no sé si hubo esa solicitud. De todas maneras, cualquier investigación que ordenara el Vaticano vendría a la Pastoral Penitenciaria. En este caso, nosotros empezamos antes, y después nos enteramos que al parecer había esa solicitud, de lo cual no nos consta, pero al parecer fue de otro nivel. Nosotros ya estábamos haciendo nuestra investigación”, dice el abogado, hijo de un fundador del PAN, Pedro Arellano Torres, fallecido el mes pasado.
En conversación con la corresponsal Anne Marie Mergier, los padres de Florence, Bernard y Charlotte Cassez, expresaron su preocupación por las sanciones contra Arellano. Recordaron que tuvieron dos entrevistas con monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de la ciudad de Lille, cerca de la cual viven.

En esos encuentros le pidieron que hiciera “lo imposible al más alto nivel” para salvar a su hija. Por su lado, Florence Cassez mandó dos cartas al Papa Benedicto XVI para pedirle su ayuda: una en 2009 y la otra en 2010.

Los padres de la reclusa no descartan que el Vaticano le haya pedido a la Iglesia mexicana llevar a cabo una investigación, aunque nunca se les notificó oficialmente que la máxima instancia católica hubiera tomado tal iniciativa.

Arellano asegura que los obispos mexicanos sabían de su labor: “Informamos periódicamente de nuestras actividades. Han depositado la confianza para que tengamos la libertad de investigar y de dar estas opiniones. En este caso también sabían de la investigación, pero no conocían el contenido. Lo entregamos a las autoridades y ahí pensamos que terminaba nuestro trabajo. Además, no era el primer amicus curiae que presentábamos”.

La existencia de la investigación se hizo pública el 15 de noviembre, cuando el Canal 5 de Francia difundió el episodio Florence Cassez, el último recurso dentro del programa Le Monde en Face (El mundo de frente). Ese canal estatal francés, especializado en cultura y educación, presenta documentales, debates sobre temas políticos y de sociedad, así como reportajes de fondo.

El documental dura 52 minutos y es una coproducción de la reconocida productora francesa Cineteve y de Crea-TV, cuyo dueño –el productor, guionista y realizador de documentales Othello Khanh– tiene la doble nacionalidad francesa y vietnamita. La sede de Crea-TV está en la ciudad de Ho Chi Minh. En 1994, Khanh realizó el documental Corridos sin rostro, sobre el subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El documental sobre Cassez lo hizo junto con Patrice Du Tertre, quien desde hace varias décadas recorre el mundo reporteando para la televisión de Francia asuntos como guerras, lavado de dinero de extremistas islámicos y narcotráfico. En la investigación fueron asesorados por corresponsales franceses en México que por años han seguido el caso.

El título Florence Cassez, el último recurso alude al amparo solicitado por la acusada y que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la instancia final que tiene en México para acreditar lo que su defensa alega como vicios del proceso judicial. El amparo podría desahogarse en el máximo tribunal en el curso del primer trimestre de 2012, en plena campaña electoral por la Presidencia de la República.

La primera parte del documental es un relato cronológico del caso desde la detención de Cassez el 8 de diciembre de 2005 y la “escenificación” de su aprehensión el día siguiente, ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.

Khanh y Du Tertre subrayan las múltiples incoherencias y “aberraciones” del expediente. Entrevistan a testigos que nunca fueron tomados en cuenta por los jueces y magistrados mexicanos y dan la palabra a periodistas, abogados y expertos.

Según explicó Khanh a la corresponsal, en vano solicitaron entrevistas a altos mandos políticos, policiacos y de la justicia mexicana. Precisó: “Sólo aceptó hablar con nosotros María Elena Morera, quien encabeza la asociación Causa Común. Se mostró tan incondicional de Genaro García Luna que la presentamos como una especie de vocera oficial”.

El documental fue objeto de una amplia promoción antes de que se transmitiera el 15 de noviembre a las 20:30, el horario de mayor audiencia en el Canal 5. Días antes, el 3 de ese mes, sus productores organizaron una proyección privada en Radio France, sede de la Radio y la Televisión estatal de Francia, ante un centenar de espectadores.

La versión que presentaron esa noche es diferente de la que pasó el Canal 5. La principal modificación concierne a uno de los principales entrevistados. En la primera versión, de la que Proceso obtuvo una copia, el testigo se expresa abiertamente; en la segunda aparece con el rostro borroso, la voz cambiada y sin nombre ni apellido.

En esa última versión se oye en la voz de Patrice Du Tertre: “Tuvimos una entrevista filmada con un francés que lleva varias décadas viviendo en México. Está considerado como el mejor especialista del caso Cassez. Por miedo a represalias, unos días antes de la difusión del documental pidió no ser identificado”.

Las declaraciones de ese testigo son demoledoras para Eduardo Margolis, empresario supuestamente cercano a García Luna y exsocio de Sébastien Cassez, hermano de Florence:

“Cuando uno encuentra a Margolis y platica tres horas con él, uno sale de esa conversación con la impresión de que es un hombre peligroso. Es un hombre que pertenece a servicios paralelos, es un hombre que seguramente dispone de una pequeña fuerza paramilitar encargada de ayudar a resolver problemas de secuestros o de recuperar gente secuestrada.
“Es el protector de la comunidad judía de Polanco –se trata de una colonia muy rica en la que viven industriales de la rama textil, comerciantes, etcétera–. Esa comunidad es víctima de los secuestradores.

“Sabemos, según él mismo nos lo dijo, que dispone de equipos de vigilancia. Habría pertenecido o pertenece al Mossad (el servicio de inteligencia de Israel). Es alguien que hace trabajos de inteligencia, tiene sistemas de escucha telefónica y además tiene acceso directo a García Luna porque vende oficialmente armas al general X. Por lo tanto se sabe que todos los días tiene contactos con esa gente. Se trata de un hombre intocable que puede pedir un favor a cambio de otro.”

Más adelante, el mismo testigo asegura que en el trabajo que hizo la Pastoral Penitenciaria “encontramos elementos muy perturbadores. Por ejemplo, una de las personas que fue secuestrada con su hijo, Cristina, fue ama de llaves; es decir, empleada de servicio, del señor Margolis”.

Según la acusación de García Luna, Cristina Ríos Valladares y su hijo menor de edad fueron secuestrados por la banda Los Zodiacos, de la que –según el mismo documento– forma parte Cassez y cuyo mando se le atribuye a su exnovio Israel Vallarta.

La intervención de Pedro Arellano es mucho más breve en la segunda versión del documental, pero no deja de ser impactante. A diferencia del otro testigo, Arellano se muestra abiertamente ante la cámara.

Explica la voz de Patrice Du Tertre: “El Vaticano, conmovido por el caso de Florence Cassez, pidió a la Iglesia católica mexicana que llevara su propia investigación. Pedro Arellano, el hombre clave de esa investigación, es abogado y secretario de una asociación católica encargada de atender a los presos injustamente condenados.

“Durante seis meses dirigió un equipo de 27 investigadores para elaborar un informe sobre la inocencia o la culpabilidad de Florence Cassez.

“Pedro Arellano nos hace una señal y nos pide seguirlo. Nos lleva a la sede de su asociación, ubicada no muy lejos de la catedral… Les teme particularmente a los hombres que detuvieron a Florence Cassez y a su jefe. Angustiado, decide sin embargo dar la cara para testimoniar.”

Habla, entonces, Pedro Arellano:

“Para nosotros es importante también porque se vuelve un caso emblemático, ya que si se esclarece la verdad en el caso de Florence y si se logra reconocer su inocencia y dejarla en libertad, para nosotros como Iglesia de México sería muy bueno porque podríamos luchar por otras Florence que están también en reclusión y por otros que desgraciadamente también fueron encarcelados a partir de pruebas fabricadas. El origen de las pruebas falseadas de Florence es gubernamental.”

Interviene otra vez Du Tertre: “Le planteamos la pregunta esencial: ¿En su informe queda notificado que Cristina hubiera sido ama de llaves de Eduardo Margolis?”.

Contesta Pedro Arellano: “Hay algo que debo decirles: desde el panteón o desde el hospital no voy a poder ayudar a Florence”.

El abogado esboza una sonrisa crispada. Luego se tapa el rostro con la mano derecha y se queda así unos instantes. Finalmente agacha la cabeza, su barbilla reposa sobre su puño derecho. La cámara no se mueve. Arellano tampoco.

Entrevistado por Proceso en su oficina el martes 29 de noviembre, el abogado explica: “A veces no nos fijamos en el contenido, sino en quién lo dice. Así pasó en este caso. Se sorprendieron de que la Iglesia dijera algunas cosas. En otros casos nos hemos metido más, pero tal vez por las personas que están atrás o porque este asunto tiene una cuestión internacional, se agranda”.

Indica: “Nuestro trabajo es ayudar a que se esclarezca la verdad. No somos jueces ni metemos a nadie a la cárcel ni los sacamos; simplemente ayudamos a dar los elementos que permite la ley para generar al menos la duda razonable, que siempre opera a favor del reo.

“Es sabido el modus operandi de nuestras autoridades de procuración de justicia. Ya no investigan, sino que atrapan al primero que pueden. Lo presentan ante los medios de comunicación y muchos de éstos se prestan para exhibir a estas personas, y ya una vez sentenciadas por la opinión pública, hasta entonces son consignadas a un juzgado. Ya con ese juicio mediático, ¡qué juez va a declararlas inocentes!”

Enfatiza: “En este caso, de una mentira se generó todo esto y ahorita quién lo para. Si en este momento se da marcha atrás, se tuvieran los videos completos, todos los testimonios y se diera el reconocimiento de inocencia a Florence Cassez, ¿cuántas personas de los que están ahora como paladines de la justicia se irían a la cárcel?”.

Sobre su futuro en el Episcopado Mexicano, dice: “Ayer me informaron que va a estar el padre Óscar Arias al frente de la Secretaría Adjunta de la Pastoral Social y que yo sigo al frente de la Pastoral Penitenciaria. En teoría, mi nombramiento en esta otra instancia termina en noviembre de 2012. Pero no estoy seguro de lo que vaya a pasar”.

Florence Cassez, l’ultime recours – France5
Condamnée au Mexique à soixante ans de prison pour kidnapping, Florence Cassez continue de clamer son innocence. Enquête.Diffusion : mardi 15 novembre à 20.35

Video de france5etvous

Wikileaks, el contragolpe

La nueva estrategia de Julián Assange

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Julián Assange, cabeza del equipo de Wikileaks, decidió poner fin a la alianza que sostuvo con los grandes medios impresos de Europa y Estados Unidos –The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País– para liberar, a partir del 1 de septiembre, un total de 35 mil cables diplomáticos sobre Libia, Cuba, Siria, China, Israel, México y otros países, generando así una segunda fase del famoso Cablegate, que se convirtió en un tsunami informativo para buena parte del mundo occidental.
Assange declaró a La Jornada –periódico mexicano que se incorporó a esta alianza– que “no se puede confiar en que la prensa corporativa anglo-europea informe acerca de los intereses de América Latina”.
El artífice de esta red que ha divulgado cables secretos del Pentágono y del Departamento de Estado confía en que sean los propios usuarios de redes sociales y lectores quienes ingresen al contenido mismo. Lo llamó “una campaña masiva de periodistas ciudadanos”, a través de su cuenta de Twitter https://twitter.com/#!/wikileaks.
La reacción de los aliados anteriores ha ido desde la furia y el desprecio hasta la indiferencia pública. Aunque es claro que para estas grandes empresas de la información se pierde un filón de oro con las posibles revelaciones que esconden cada uno de los 35 mil cables.
El Departamento de Estado de EU sigue en la cacería, acusando a Wikileaks de que esta nueva estrategia pone en riesgo a decenas y miles de fuentes privilegiadas, a quienes ya no se les protegió. En otras palabras, se ponen al descubierto las propias fuentes informativas de Estados Unidos en el mundo, y quizá buena parte de las organizaciones de derechos humanos, analistas y políticos que presumen de su condición antiestadunidense saldrán mal librados.
El golpeteo contra Wikileaks y contra Assange tratará de frenar esta nueva ola informativa que quizá tarde semanas y meses en ser digeridas y contrastadas para que se conviertan en información completa.
Por lo pronto, The Guardian, el primer periódico con el que Assange sostuvo una confrontación pública, reprodujo el testimonio de un exempleado de Wikileaks que no deja muy bien parada a la organización.
James Ball, en el texto “Por qué abandoné Wikileaks”, acusa a Assange de realizar un manejo poco escrupuloso de los fondos y el financiamiento que ha recibido el portal informativo y prácticamente lo acusa de ser una especie de “agente” del gobernante de Bielorrusia, el excomunista y ahora férreo dictador Alexander Lukashenko, con una intención supuestamente antisemita o antisraelí.
Ball señala en una de las partes medulares de su testimonio:
“Mi consternación se intensificó con la aparición de Israel Shamir, un autodenominado ‘activista de la paz’ ruso con un largo historial de escritos antisemitas. A los miembros del equipo nos presentaron a Shamir con el seudónimo de Adam, y sólo varias semanas después de que se fuera –con un inmenso tesoro de cables sin editar– empezamos a descubrir quién era.
“Empezaron a llegar preguntas de periodistas. Un poco de investigación reveló su desagradable historia, pero me dijeron que Julian no quería que Wikileaks publicara nada que resultase crítico contra Shamir. En su lugar, para nuestra vergüenza, hicimos pública una declaración en la que nos limitábamos a distanciarnos de él.
“Luego hubo acusaciones aún más graves. Había visto a Shamir saliendo del Ministerio del Interior de Bielorrusia, el país dictatorial del este de Europa. Al día siguiente, el dictador que gobierna el país, Alexander Lukashenko, presumió que iba a crear un Wikileaks bielorruso para demostrar que Estados Unidos estaba dando dinero a sus rivales políticos”.
Ball afirma que los grupos de derechos humanos de Bielorrusia exigieron una respuesta, ante el temor fundado de que el gobierno hubiera tenido acceso al contenido de los cables donde varios de sus integrantes aparecían como informantes del Departamento de Estado estadunidense.
“Nadie contestó. Julian no quiso estudiar el asunto. Para ser una organización supuestamente dedicada a los derechos humanos, la aparente falta de preocupación ante una acusación tan grave fue apabullante”.
El testimonio del desertor de Wikileaks se suma a la serie de críticas y denuncias por supuesto abuso sexual en contra de Assange, y de fracturas al interior de una organización que, en buena medida, depende de la figura del activista y exhacker que se mantiene en libertad condicional desde el pasado diciembre en Londres.
El contragolpe será muy fuerte. Assange seguirá en el centro de un torbellino por una razón fundamental: la filtración masiva de cables no sólo desnuda la red de informantes del Departamento de Estado de EU sino la gestión informativa que las grandes empresas periodísticas realizan de manera tradicional.
Un nuevo periodo inicia con Wikileaks y las redes sociales.

Wikileaks revela un gobierno mexicano rendido ante EU

Nadie desmiente la información que contienen los 1.6 gigabytes de archivos que obtuvo Wikileaks y que exhiben la diplomacia global de Estados Unidos. De ese volumen, 2 mil 285 cables describen la percepción estadunidense sobre México y su “invitación” para mejorar la seguridad de este país. Pasado el sobresalto inicial, la clase política mexicana –exhibida ante propios y extranjeros como rendida ante los estadunidenses– confía en que se olviden sus “confidencias” diplomáticas.

Nydia Egremy

Entre 1966 y 2010, el personal de la embajada de Estados Unidos en México elaboró y remitió al Departamento de Estado 2 mil 285 cables sobre este país: 1 mil 281 figuran como “no clasificados”; 660, bajo el rubro “sólo para uso oficial”; 295 son confidenciales; 23, confidenciales y sin acceso a extranjeros; 14 son secretos, y 12, secretos sin acceso a extranjeros.

El puñado de despachos sobre México que divulgan los diarios que eligió el fundador de Wikileaks muestran el interés estadunidense por conocer el “estilo de liderazgo del presidente Calderón”, centrarse en “blancos de alto valor” contra el narcotráfico y los ruegos de la clase dirigente mexicana por obtener ayuda de Washington para pacificar tres ciudades del país y mostrar el éxito del programa presidencial.

El 4 de diciembre de 2009, a las 22:08 horas, la embajada de Estados Unidos en México recibió el despacho 238295 clasificado como “Secreto/ Nofor” (no acceso para extranjeros) firmado por “Clinton”. El documento “Liderazgo mexicano en general” alude dos informes anteriores (314/061600-09 y 314/045987-09) que indicaban que Calderón y su administración “están actualmente bajo gran presión por la guerra contra las drogas, el colapso económico y la pérdida de su partido en las elecciones de medio término”.

El despacho actual instruía a su personal para conocer cómo afectan esas presiones la personalidad del presidente mexicano y su estilo de gobierno. “Cómo reacciona Calderón a los puntos de vista diferentes al suyo, si debate con quienes no concuerdan con él” o qué valores pondera más: la confianza, lealtad o respeto. También indaga sobre los planes del gabinete de seguridad y de economía y cómo ve a Estados Unidos cada uno de los integrantes del gabinete mexicano. “¿Qué tan fuerte es su relación de trabajo con nuestros oficiales?”, inquiere el punto B2. Además, busca saber cómo manejan el estrés estos miembros.

Esta instrucción del Departamento de Estado revela la “desconfianza del establishment estadunidense respecto del desempeño y capacidad institucional para mantener niveles óptimos de gobernabilidad, sostiene Argentino Mendoza, maestro en estudios México-Estados Unidos del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La prensa mexicana daba cuenta, ese mismo día, de un informe del Pew Center en el que se refería que Estados Unidos perdió el liderazgo mundial. La página electrónica de la Presidencia de la República destacó que el mandatario asistió al “tradicional desayuno” de fin de año, con el personal naval, así como su entrevista con directivos del Banco Santander y la inauguración de la presa El Gigante, en Ayala de Morelos.

En espera del momentum

Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, dirigió al Departamento de Estado el cable confidencial 228419 el 5 de octubre de 2009, a las 20:26 horas. Trata sobre el “interés del gobierno de México por mejorar la seguridad en algunas ciudades clave”. Según el El País, el título de este despacho es “Cable que relata la ayuda que México necesita de EU”.

El documento subraya la insistencia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, entonces subsecretario de Gobernación, y Jorge Tello Peón, coordinador de Seguridad Nacional, ante la delegación estadunidense para realizar urgentemente “esfuerzos conjuntos en dos o tres ciudades clave” con el fin de revertir la ola de violencia e inestabilidad que padecían. El apremio era porque, a partir de esa fecha, sólo les quedaban 18 meses para luchar contra los grupos del narcotráfico.

Ciudad Juárez y Tijuana, “y una tercera más” que podría ser Tijuana, fueron las propuestas del grupo de funcionarios mexicanos que ese día se reunió con la delegación estadunidense, que encabezó Bruce Swartz, Kenneth Blanco, Paul Rosen, Tony García y Keith Mines.

Según el informe del embajador Pascual, “ellos creen que el simbolismo de cambiar algunas de las ciudades más violentas sería muy poderoso; enviaría una señal para el resto del país de que la lucha contra el crimen organizado puede ganarse, y combatir el sentido de impotencia de muchos mexicanos”. Tello Peón sugirió que “formáramos una célula de planeación con algunos expertos de cada lado para poner en marcha programas para los próximos dos años”.

El cable fue enviado con copia a la Agencia Antidrogas estadunidense, al responsable del Comando Norte, al del Comando Sur, al Departamento de Seguridad de la Patria, al Departamento de Justicia, al Servicio de Marshals y a la Casa Blanca. Agrega que Gutiérrez advirtió que “tenemos 18 meses y si no se produce un éxito tangible que reconozca la población, habrá dificultades para sostener la confrontación en la próxima administración”.

El DBWG, clave en la estrategia

John D Feeley es el segundo hombre más importante de la embajada de Estados Unidos en México; llegó a este país en julio de 2009 y es especialista en análisis sobre el hemisferio occidental. El 29 de enero de 2010, envió el cable 246329, clasificado como “secreto”, en el que aporta notas sobre lo que será la sesión del 1 de febrero sobre el Grupo de Trabajo de Defensa Bilateral (DBWG, por sus siglas en inglés).

La respuesta de la SRE

La contraofensiva del gobierno mexicano llegó a media semana. Tras confirmar que las primeras planas de The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País y The New York Times (que reproduce la información que le transmite el diario británico) ostentaban en sus primeras planas los cables de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, actuó la diplomacia mexicana.

Admitir que se tuercen brazos

“No es una filtración, sino una inundación”, describe Jorge Eduardo Navarrete, exembajador de México en Naciones Unidas, China, Alemania y Venezuela. Advierte que algunas personas pensarán dos veces lo que van a decir con un diplomático extranjero para que no aparezca en la prensa al día siguiente. Salvo esto, el efecto sobre la labor diplomática será que las cancillerías reforzarán sus sistemas de seguridad y ya no será tan sencillo para los hackers ingresar en estos recintos.

En el fondo, apunta, es que quedaron de relieve procedimientos que todo mundo sabe que existen, pero que se niegan cuando no hay evidencia irrefutable de su existencia. “Después de Wikileaks, será muy difícil negar que no se acude a presiones, que no se tuercen brazos o a medidas más allá de lo razonable en la búsqueda de determinados objetivos”, dice el también economista.

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Wikileaks, la gota incómoda

Katia Monteagudo

Desde el domingo Wikileaks tiene en jaque al Departamento de Estado norteamericano, y no pocos auguran semanas de intenso despliegue informativo por la filtración de los 250 mil informes de las embajadas estadounidenses en el mundo.

Durante varios días, los periódicos The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde y Der Spigel, entre los más influyentes del planeta, han ido develando parte del contenido de los mensajes que hoy tiene de cabeza a la diplomacia estadounidense.

Hillary Clinton, secretaria de Estado, de inmediato calificó este hecho como un ataque no solo a los intereses de la política exterior de Estados Unidos, sino contra la comunidad internacional.

Los entendidos aseguran que los 1,6 gigabytes de archivos de textos filtrados, revelan una historia diplomática contemporánea sin precedente.

Estos documentos fueron sacados de la propia red cibernética de información del Departamento de Defensa, conocida como Siprnet, a la que tienen acceso más de dos millones de especialistas norteamericanos.

Por tal motivo, la fuerza armada estadounidense tiene detenido desde hace siete meses al soldado Bradley Manning, de 22 años de edad, como sospechoso de bajar material clasificado sin autorización, mientras se desempeñaba como analista de inteligencia en una base militar en Iraq.

A Manning se le llevará a juicio militar el próximo año, bajo la sospecha de haberle facilitado a Wikileaks el video de un helicóptero militar que asesinó a varios civiles en Bagdad, incluidos dos reporteros de la Reuters, a lo que se añade haberle facilitado cientos de miles de documentos sobre las operaciones en Afganistán e Iraq.

También le atribuyen la copia de los nuevos informes que se exponen en los cinco medios escogidos para darlos a conocer de conjunto con este sitio, aunque Wikileaks permanece prácticamente bloqueado desde el pasado domingo.

Su acceso es denegado como consecuencia de un ataque cibernético de 10 gigabytes por segundo, equivalente -según expertos- a la acción simultánea de dos millones de computadoras.

No obstante, refieren analistas, estos nuevos datos han puesto en un estado de debate, alerta y consternación al gobierno de los Estados Unidos, la comunidad internacional, la diplomacia y el ejercicio del periodismo en la era de Internet.

Cruda y claramente están mostradas las evidencias de las torturas, los disparos a mansalva contra civiles, los arreglos entre bambalinas para entorpecer la justicia, las presiones contra gobiernos, y hasta la manera de buscar pretextos para justificar guerras.

Y aunque las opiniones han ido desde la aprobación a la crítica de las acciones de Wikileaks y de su fundador, Julian Assange, la veracidad de los contenidos expuestos nadie ha podido negarla, y no resulta poco el forcejeo para conducir los debates hacia la legalidad del proceder del sitio, en vez de al análisis de los contenidos expuestos.

Sobre Assange, cuyo paradero se desconoce, pesa hoy una orden mundial de arresto, emitida por la INTERPOL, y se le investiga en los Estados Unidos, donde podría enfrentar cargos según la Ley de Espionaje.

Mientras se intenta descarrilar la verdadera polémica sobre los significados de estas pruebas documentales originales, varios análisis concuerdan e insisten en que los medios tradicionales ya perdieron el monopolio de la información que antes gozaban.

La filtración que hoy le da la vuelta al mundo, empezó a moverse mediante una memoria portátil del tamaño de un dedo, para luego pasar a una página web, y después a los cinco diarios escogidos. La radio y la televisión solo quedaron para comentar lo sucedido.

Pepe Escobar, autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War, refiere que es saludable saber que en secreto el emperador (del Norte), ahora completamente desnudo, habla mal de sus amigos, aduladores y enemigos, y demuestra que para nada es amigo de la información democratizada.

A su juicio se vuelve a demostrar que la verdadera información está en Internet, y no en los medios corporativos globales.

"Los ciudadanos del globo deberían hacer el mejor uso para desenmascarar y ridiculizar al poder", expone Escobar en reciente artículo del sitio digital alternativo Rebelión.

Para Noam Chomsky, reconocido politólogo y académico estadounidense, no es nuevo usar las filtraciones para revelar pruebas documentales originales, y está convencido de que, mientras mayor sea la accesibilidad a la información con las modalidades electrónicas, habrá más casos similares a este.

A su entender lo que está haciendo Wikileaks es una forma legítima de hacer periodismo, aunque cree que se tomarán medidas severas para bloquearlo. "Hay cosas en los cables que los gobiernos no quisieran que su propia población supiera", asegura.

Amy Davidson, editora de la revista The New Yorker, alerta que no faltarán voces para acusar a Assange y a sus colaboradores de espías y que se les incluya en la lista de combatientes enemigos.

Igual prevé que se le congelarán los activos de la organización y sus partidarios, además de aplicar sanciones financieras a las instituciones que colaboren con ella, y que se le imparta la orden al Cibercomando de Estados Unidos para que los asalten por la vía electrónica.

No serán pocas las acciones contra Wikileaks, la gota incómoda que tiene hoy patas arriba a la política exterior estadounidense. La cacería de Assange y su equipo apenas está comenzando.

(*) Redacción de Temas Globales

em/km

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=243306&Itemid=1

Wikileaks desnuda ante el mundo al verdadero EU

Revela el papel de embajadas como centros del espionaje

Big brother los vigila a todos

La Casa Blanca despliega una amplia campaña mediante sus embajadas para intentar limitar los daños provocados por las revelaciones de Wikileaks. El sitio cibernético divulgó calificativos tanto para gobernantes aliados como para adversarios. En la hilera de arriba: los presidentes de Rusia, Dimitri Medvedev; de Argentina, Cristina Fernández; de Venezuela, Hugo Chávez, y de Alemania, Angela Merkel. Abajo: de Afganistán, Hamid Karzai; de Francia, Nicolas Sarkozy; de Italia, Silvio Berlusconi, y de Libia, Muamar Kadafi Fotos Ap y Reuter.

El sitio cibernético filtra más de 250 mil documentos oficiales secretos

Muestra las acciones de la Casa Blanca contra aliados y enemigos

Washington advierte que las filtraciones ponen en riesgo sus operaciones

David Brooks y Armando Tejeda, corresponsales, y agencias

Contra el Establishment

Diplomáticos de EU sirven de espías, prueba Wikileaks

Por órdenes de Hillary Clinton se recabaron datos de la vida privada de funcionarios de la ONU y otros políticos

Más de 250 mil informes revelan las estrategias de Washington para obtener información de todo el mundo

Según los primeros documentos secretos divulgados este domingo, Hillary Clinton es la encargada de solicitar la información a los enviados de la Casa Blanca a distintos países u organismosFoto Ap

Armando G. Tejeda

Madrid, 28 de noviembre. La secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ordenó a sus diplomáticos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) espiar y recabar información, incluso privada, de los más altos funcionarios del organismo mundial y de los representantes de varios países, entre ellos México, por considerar de interés el evaluar lo que realizaban en Consejo de Seguridad, según se desprende de casi un cuarto de millón de documentos secretos divulgados hoy por Wikileaks.

Se incluyen 2 mil 836 cables emitidos desde la embajada de Estados Unidos en México, que forman parte de lo que representa la primera gran filtración masiva de comunicaciones secretas del Departamento de Estado y comenzaron a ser divulgados por The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel.

Espiar y conocer detalles de la vida privada de funcionarios de la ONU, obtener desde el escáner del iris de los ojos, las huellas dactilares y el ADN de los cuatro aspirantes al gobierno de Paraguay, y las impresiones de los jeques del golfo Pérsico sobre una eventual intervención militar en Irán. Éstos son sólo algunos de los métodos, obsesiones y estrategias que quedaron al descubierto con la filtración de Wikileaks, la mayoría de agencias o despachos firmados por las propias delegaciones diplomáticas estadunidenses desde 1966 hasta febrero de este año.

Las nuevas filtraciones de Wikileaks afectan prácticamente a todo el orbe: desde el corazón mismo del multilateralismo y el orden internacional, la ONU, hasta la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente y Asia central, el devenir de América Latina y la situación política en Europa.

Se incluye una serie de órdenes emitidas desde el Departamento de Estado, y al parecer a petición expresa de Hillary Clinton, en las que se solicita a todos los servicios de inteligencia espiar a los funcionarios de la ONU: el secretario general, Ban Ki-moon, y a todos los países que integran el Consejo de Seguridad. Cabe recordar que estas naciones son, además de Estados Unidos, México, China, Rusia, Brasil, Francia, Japón, Alemania, Reino Unido, Líbano, Nigeria, Turquía y Uganda.

La jefa de la diplomacia estadunidense ordena a sus embajadores, funcionarios del Departamento de Estado y espías obtener información sobre planes, intenciones, objetivos y actividades palestinas relacionadas con las políticas de Estados Unidos sobre el proceso de paz y el contraterrorismo. Información biográfica, biométrica y financiera sobre los líderes palestinos y de Hamás, incluidos los de los movimientos juveniles, dentro y fuera de Gaza y Cisjordania.

También pide investigar los planes y actividades concretas de Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia respecto a las políticas del Organismo Internacional de la Energía Atómica; planes e intenciones de los líderes y países más influyentes de la ONU, especialmente Rusia y China, sobre derechos humanos en Irán, sanciones a Irán, suministro de armas iraníes a Hamás y Hezbolá y sobre las candidaturas que Irán presenta para ocupar puestos claves en la ONU.

Los documentos confirman la estrategia de conocer detalles de la vida privada de funcionarios de la ONU, para lo que se pide desde la numeración de sus tarjetas de crédito hasta sus correos electrónicos, descripciones físicas y teléfonos. Además se solicitan detalles de las fricciones entre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y el coordinador de Seguridad de la ONU con sus oficinas sobre el terreno en Medio Oriente, así como información sobre los criterios de los miembros del Consejo de Seguridad y de otros países sobre las candidaturas de Siria, Cuba e Irán para ocupar cualquier puesto de liderazgo en la ONU.

Además de las complejas negociaciones en el seno de la ONU y de su Consejo de Seguridad, la diplomacia estadunidense se muestra especialmente preocupada e inquieta sobre la tensión en Medio Oriente; no sólo por el histórico enfrentamiento entre palestinos e israelíes, sino por el temor de que Irán desarrolle una energía nuclear propia capaz de fabricar la bomba nuclear. Se evidencia la escalada verbal de la diplomacia estadunidense y los miedos de los líderes de la región ante una nueva guerra.

En uno de los despachos se muestra el interés de Clinton por explicar a los mandatarios de sus aliados Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán que la estrategia de Barack Obama no supone un cambio en la política de defensa antimisiles. Estados Unidos ha desplegado sistemas BMD (protección de misiles balísticos) en Medio Oriente para proteger (los) de la amenaza de misiles iraníes, incluida la presencia de Aegis BMD en el Golfo Pérsico y de dos baterías de misiles Patriot en Bahrein, Kuwait, Qatar y EAU.

Los líderes de la región muestran su casi total sintonía con Estados Unidos sobre la necesidad de debilitar el poder de Irány del mandatario Mahmud Ajmadineyad en la región. El embajador estadunidense en Riad afirma que el monarca saudita está preocupado por ser víctima de la maldad iraní. El jeque Mohammed bin Zayed está convencido de que se desatará un infierno si Irán llega a hacerse con la bomba, pues Egipto, Arabia Saudita, Siria y Turquía desarrollarían su propia capacidad nuclear militar, e Irán instigarían el conflicto entre sunitas y chiítas por todo el mundo.

El mandatario egipcio, Hosni Mubarak, “tiene un odio visceral hacia la República Islámica, a menudo se refiere a los iraníes como ‘mentirosos’ y los acusa de querer desestabilizar Egipto y la región”, según un cable de la embajadora en El Cairo, Margaret Scobey, a Clinton, de febrero pasado (documento 191130).

Las filtraciones también recogen la postura del presidente del Senado de Jordania, quien en diciembre de 2009 habría instado a Estados Unido a que bombarde Irán o viva con una bomba iraní. Sanciones, zanahorias, incentivos, no funcionarán.

En los documentos se incluyen conversaciones con Rusia para intentar que se involucre en la estrategia contra Irán.

Hay diversas peticiones sobre lo que llaman asuntos palestinos: actividades de los cuerpos de seguridad palestinos y planes de contraespionaje, presencia islámica y relaciones con Israel, terrorismo, infraestructuras, comunicaciones, Internet, liderazgos, actitudes y capacidades tecnológicas, así como su interés por las enfermedades infecciosas en la región.

Los informes secretos muestran el desprecio de la diplomacia estadunidense hacia países como Turquía o incluso aliados históricos y naturales, como Alemania. Se tomaron en cuenta documentos de carácter histórico, como un despacho sobre la inminente liberación de Nelson Mandela dos semanas antes de producirse, en el que se recogía el diálogo que habría mantenido el emisario estadunidense en la región.

Otros informes filtrados ahora son de carácter sicológico, como el que escribió la embajada estadunidense en Irak en 1979, en la que califica a los persas de personas de egoísmo desbocado y mentalidad de bazar (...) pasan por alto sus intereses a largo plazo a favor de ventajas inmediatas, tienen poca visión y usan tácticas de acoso, son incapaces de comprender la causa/efecto, debido al Islam y su énfasis en la omnipotencia de Dios; incluso los persas educados al estilo occidental tienen problemas para entender la interrelación de los acontecimientos y no aceptan las consecuencias de sus propios actos.

A lo largo de los próximos días y semanas, tanto Wikileaks como los medios que participaron en esta filtración conjunta y masiva desvelaran otros documentos hasta ahora secretos, y hoy al alcance de quien tenga acceso a Internet en http://cablegate.wikileaks.org/

¿Legalizar las drogas?

Ricardo Monreal Avila

Una de las opciones que se discuten actualmente para hacer frente al crecimiento de las drogas es su legalización. Es decir, que se permita su comercialización y consumo con base en normas legales.De entrada, es un tema socialmente controvertido. La mayor parte de los ciudadanos mexicanos (entre 50 y 60%) rechazan esta opción. Sin embargo, como el tema de la “pena de muerte” o la “despenalización del aborto” es algo que debe ponerse a debate por lo menos, antes de rechazarlo o defenderlo con más prejuicios irracionales que juicios de razón.Entre los argumentos en contra de esta medida se encuentran los siguientes: 1) No resuelve el problema de las adicciones, lo agrava; 2) equivale a legalizar el crimen contra la vida de miles o millones de jóvenes que tienen en las drogas una salida falsa a su problemas de falta de afecto, identidad o integración social; 3) dispararía el consumo de las drogas, no lo contendría; 4) convertiría en un problema de salud pública lo que ahora es un problema criminal o de seguridad pública; 5) las mafias del narcotráfico no se acabarían, por el contrario se reproducirían al por mayor, ahora con protección legal; 6) la corrupción de los cuerpos policiacos tampoco se detendría, simplemente buscaría una nueva fuente de extorsión y exacción económica; 7) el crecimiento de adictos legales haría inviable la economía de sus familias y la convivencia social; 8) el sistema de salud pública quebraría en términos financieros y operativos ante el disparo de adictos legalizados que deberán ser atendidos obligatoriamente por el Estado mexicano; 9) bajaría el presupuesto público para seguridad, pero crecería el de la salud pública; 10) equivale a legalizar un genocidio social.Entre los argumentos a favor de la legalización cabe apuntar los siguientes: 1) Si “lo prohibido es lo más apetecido”, lo permitido es lo menos demandado artificialmente: la legalización de las drogas reduciría en gran parte su alto precio y, de esta forma, sus altos niveles de codicia, violencia y corrupción; 2) se controlaría de mejor manera la oferta y la demanda de drogas; es decir, sólo se produciría legalmente la que fuera necesaria, para aquéllas personas que lícitamente las necesitan; 3) la legalización del tabaco y del alcohol es el mejor ejemplo de cómo funciona esta medida para reducir los efectos disruptivos de las drogas: se reduce la violencia criminal, se tiene control sobre la comercialización y se mejora la atención y tratamiento de los adictos; 4) en los países donde se han legalizado las drogas (Holanda, por ejemplo, con la marihuana), el consumo no se ha disparado, sólo retoma su nivel normal (3.3% de la población, que es el promedio de muchos países europeos y latinoamericanos); 5) la legalización reduciría el precio de las drogas y, con ello, el estímulo más poderoso para su control violento y comercialización indiscriminada por parte de bandas criminales; 6) de la venta legal de drogas el Estado obtendría recursos fiscales para combatir el crimen y establecer centros de salud para el tratamiento de adicciones; 7) se reduciría significativamente una de las principales fuentes de extorsión, corrupción y tentación para los cuerpos policiales del Estado; 8) habría un mejor control gubernamental sobre productores y consumidores, con base en padrones y permisos planificados; 9) el Estado se vería obligado a establecer una auténtica política de salud pública contra las adicciones, privilegiando la prevención educativa sobre los tratamientos de rehabilitación médica; 10) con la legalización, la sociedad y el Estado están mejor armados para combatir las drogas que con estrategias fallidas, exclusivamente punitivas, centradas en la fuerza policial o militar.La opción que plantea la legalización de las drogas tiene, a su vez, distintos grados de aplicación: desde la legalización de todas las drogas, pasando por todas las fases (producción, comercialización y consumo) hasta otras con enfoques y aplicaciones focalizadas, por ejemplo, la legalización de la marihuana en pequeñas dosis, para consumo personal y con fines terapéuticos. Esta última es la que más ha avanzado en los últimos años, en la mayor parte de los países que han optado por la legalización.Por ejemplo, en Portugal, España, Alemania, Italia, Dinamarca, la República Checa y Holanda, de hecho o de derecho, la no criminalización del consumo de la marihuana es ya una realidad. En Dinamarca está permitida la posesión de hasta 10 gramos de hachís o 50 gramos de marihuana; en caso de poseer una cantidad mayor, la primera vez el portador podrá ser sólo amonestado; la sanción más frecuente es la aplicación de una multa. Quienes se oponen en México a debatir siquiera el tema de la legalización de las drogas, como recientemente lo hizo Felipe Calderón en una entrevista al diario francés Le Monde, con el argumento de que de nada serviría legalizarla aquí, mientras EU no lo haga, deberían tomar en cuenta el siguiente dato: en 12 estados de la Unión Americana, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai, Maine, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y recientemente Nuevo México, se ha legalizado el uso de la marihuana con fines terapéuticos para aliviar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el glaucoma, epilepsia, Sida y otras. Pero el uso medicinal es tan laxo que en algunos de ellos igualmente se prescribe para la ansiedad y el insomnio.Es cierto que la legalización de las drogas en sí no resuelve la cuestión de fondo: el crecimiento de las adicciones entre la población y la existencia del crimen organizado. Los adictos seguirán demandando drogas, con o sin legalización, y el crimen organizado encontrará otra fuente de recursos ilícitos. Sin embargo, es innegable que el problema de seguridad, de salud y de viabilidad social que representa actualmente el narcotráfico en México ser vería reducido en términos drásticos.Fuera del tema de la legalización o no, la mejor manera de lidiar con este problema es la formación integral de ciudadanos que rechacen las drogas. Esto implica formación familiar y educación en valores. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sí, pero sólo después de haber recibido información, educación y las alternativas para enfrentar sus problemas de soledad, depresión, angustia, falta de afecto o anomia social. Y después de estar consciente de que su derecho individual está acompañado de una obligación colectiva: no perjudicar a los demás. Tal como ocurre ya con el tabaco y el alcohol.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx