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domingo, octubre 09, 2011

Capacitación “made in USA” a miles de mexicanos... en Colombia

El entrenamiento antinarco que imparten militares colombianos de élite a policías federales de México y a miembros de otras corporaciones latinoamericanas fue desarrollado por fuerzas especiales de Estados Unidos y se inscribe en la estrategia de este país para reforzar su presencia en el continente. A juicio de algunos alumnos mexicanos, lo que aprendieron tendrá una utilidad limitada en las sierras michoacana y chihuahuense y de plano será infructuoso en la guerra urbana, cuya intensidad ni siquiera conciben los instructores sudamericanos.

TOLIMA, COLOMBIA.- La camioneta traquetea por el camino de maleza tropical y deja atrás el último retén. Desde el asiento del copiloto, el mayor Reyes –lentes oscuros, uniforme verde de la Policía Nacional de Colombia, siempre bajo ese seudónimo– presume que es uno de los “comandos Jungla” que se encarga de adiestrar a los policías y soldados mexicanos que lucharán “contra el flagelo del narcotráfico”.

Tiene en su lista a 107 alumnos latinoamericanos; de ellos, 33 son colombianos y 16 mexicanos: 15 policías federales y un miembro del Ejército.

Si todos ellos sobreviven al rudo curso de 19 semanas –durante las que cargan equipos de 25 kilos y enflacan hasta 15 ellos mismos–, serán dignos aprendices de los Jungla: militares de élite capaces de capturar narcotraficantes atrincherados en fortalezas, desmantelar laboratorios de drogas sintéticas camuflados en la selva, infiltrar filas enemigas, desactivar minas personales plantadas en narcocultivos, manejar explosivos, saltar desde helicópteros a vehículos en movimiento, diseñar operaciones de riesgo y curar a los heridos.

“De México hay una participación grandísima, es uno de los países que manda un número significativo (de alumnos), pues teniendo el flagelo del narcotráfico están aprovechando la experiencia de Colombia”, comenta Reyes de camino al Centro Nacional de Entrenamiento y Operaciones Policiales (Cenop), una base de mil 700 hectáreas con ríos, montañas y selva a tres horas de Bogotá.

Él y los demás capacitadores entrevistados en el recorrido se dirán orgullosos de ser “hombres Jungla”; presumirán que la experiencia colombiana “y la sangre derramada” están al servicio de las policías del mundo.

Pero las evidencias indican que el gobierno de Estados Unidos es la mano invisible que instruye a quienes después serán instructores, financia el centro y patrocina una parte de la matrícula de los alumnos; el entrenamiento de cada uno cuesta unos 170 mil pesos mexicanos.

En el Cenop las actividades comienzan a las cinco de la mañana, cuando los estudiantes salen al patio en shorts a practicar una hora de pesados ejercicios para que, con el transcurso de las semanas, no les cueste trabajo cargar por los cerros sus pesados equipos y transportar camillas con compañeros. Después se bañan, tienden sus camas y desayunan.

De las ocho de la mañana al mediodía toman clases teóricas y posteriormente hacen una pausa para comer. A partir de las dos de la tarde tienen prácticas físicas, un tiempo para hacer tareas y la cena. Dependiendo del entrenamiento, las actividades pueden acabar a las seis de la tarde o hasta la una de la mañana.

–¿Quién de ustedes es mexicano? –pregunta con su voz de mando el coronel José Luis Ramírez, subdirector del centro, al entrar a uno de los dormitorios.

Los internos lo reciben en posición de firmes, a un costado de sus literas. Resalta el distinto colorido de los uniformes militares y policiacos de Brasil, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia y México.

Un hombre de 30 años con el uniforme azul de la Policía Federal da un paso al frente. Comienza un diálogo-interrogatorio:

–¿Cree que va a terminar el entrenamiento, que es bastante fuerte? –pregunta el coronel en voz alta.

–Claro que sí. Es cansado el adiestramiento pero estamos con todo el ánimo del mundo de terminar el curso –dice el federal con la vista al frente.

–En México, ¿dónde están aplicando los conocimientos adquiridos aquí?

–En las zonas rurales, donde hay mucha vegetación, las de difícil acceso, la serranía, donde es difícil trasladar al personal.

–¿En la búsqueda de qué?

–En la búsqueda de laboratorios o plantíos de mariguana.

Policías en campaña

El Cenop está blindado por montañas; cualquier enemigo que intente acercarse podría ser detectado. En el monte la vegetación se mueve. De entre la rala maleza van surgiendo hombres con uniforme de campaña, con el rostro camuflado con pintura y armados con ametralladoras M-60 calibre 7.62.

Se desplazan lentos, sincronizados, sin hacer ruido. Dos van de avanzada, uno lleva un teléfono, después todo el grupo se concentra en un paraje. Forman un círculo de seguridad: se mantienen en el piso, con las armas listas apuntando en todas direcciones. Es un ejercicio de patrullaje para el descubrimiento y ocupación de sembradíos de amapola.

“En la lucha contra el narcotráfico el patrullaje se utiliza para avanzar por terrenos boscosos donde la vegetación es espesa, con sus medidas de seguridad en caso de que hubiera presencia del enemigo. Ellos vienen, hacen reconocimiento del área, la aseguran para que entren las compañías de erradicación”, explica el instructor.

Los alumnos se mantienen congelados, en espera de la siguiente orden. En los distintivos de algunos uniformes se alcanza a ver la bandera mexicana.

–¿Cómo le hacen para no confundir sospechosos con criminales? –se le pregunta.

–Uno tiene una posición de inteligencia del sector; sabe qué fuerzas amigas y enemigas tenemos ahí, qué uniforme utiliza el personal enemigo. Aunque muchas veces ellos tratan de confundirlos con las propias tropas, pero para eso están las señas, las coordinaciones con los altos mandos –responde.

–¿Y si los enemigos no usan uniforme?

–La orden es que hasta que no los identifiquen no se puede hacer nada. Y si están de civiles, las voces de mando dicen: “alto, traten de cubrir el área para tenerlos controlados”, y entonces se reacciona: si tienen que capturar o de pronto tratar de reaccionar con su arma, ya que es prioridad la vida del personal.

–¿Hay forma de equivocarse?

–No, porque hay parámetros, como identificar al enemigo, tener conocimiento del área, y si se encuentra personal del que usted no tiene información, hay que identificarlo: “¡alto!, santo y seña. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Quién es usted?”. Porque de pronto puede ser un vigilante de una finca y usted no puede hacer un disparo hasta que no lo identifique.

El instructor voltea hacia los jóvenes engarrotados y les grita: “¡Rápido, rápido!”. Ellos caminan aprisa en fila india, pisando las hojas secas.

La mano estadunidense

El mayor Reyes explica que los comandos Jungla surgieron en 1989 a partir de la capacitación que el Servicio Aéreo Especial británico brindó a oficiales colombianos. En 1991 se creó la corporación que hasta la fecha ha impartido 23 cursos nacionales y nueve internacionales, entre los que se cuenta la capacitación a unos 7 mil policías en México.

“Posteriormente vamos perfeccionando las técnicas, luego se tiene el apoyo del Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales estadunidenses, que también aporta técnicas. Nosotros las consolidamos y proyectamos técnicas propias, teniendo en cuenta cultura, idiosincrasia y geografía del país”, explica el oficial.

El coronel Ramírez acota: “A nosotros nos ha apoyado siempre Estados Unidos (…), pero el comando Jungla no es reflejo del británico o del norteamericano, es la experiencia que ha pasado la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Los documentos indican otra cosa. El programa Jungla depende fuertemente de la DEA, la cual se pone de acuerdo con los comandantes colombianos para “coordinar entrenamiento, asistencia en operaciones y apoyo logístico”, según consta en el cable diplomático 10BOGOTA508, elaborado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia y filtrado por WikiLeaks.

El cable diplomático, fechado en julio de 2008, indica: “El alto grado de autonomía y el soberbio régimen de entrenamiento hace del programa Jungla uno de los programas nacionalizados más eficaces de la embajada (…) Las muchas contribuciones del programa Jungla a los esfuerzos antinarcóticos, tanto en Colombia como en la escena internacional, demuestran la alta rentabilidad que esta inversión sostenida del gobierno de Estados Unidos sigue dando”.

Incluso presume que desde 2007 la escuela Jungla abrió sus puertas a policías de toda Latinoamérica y de Afganistán, y que nueve instructores estarían hasta agosto de 2008 en Jalisco para entrenar a 60 policías mexicanos.

Un reportaje de The Washington Post, publicado en enero de 2011, confirmó que los colombianos entrenan en operaciones antinarcóticos a miles de policías, soldados, fiscales y jueces mexicanos, en su país o en Colombia, y que la lógica de esta maniobra sería esquivar el sentimiento nacionalista.

“El nuevo rol que juega Colombia en la administración Obama, la cual financia una parte del entrenamiento y tiene una cercana alianza con Colombia, es brindar una manera políticamente viable para entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas sin una considerable presencia de militares o policías estadunidenses en México. Posicionar fuerzas estadunidenses ahí sería políticamente controvertido en México, aun cuando Washington aporta cientos de millones de dólares para ayudar a acabar con los poderosos cárteles de la droga”, indicó el periodista Juan Forero desde Colombia.

Citado por el Post, el mexicanólogo Roderic Ai Camp opinó: “Los militares estadunidenses pueden hacer mucho más indirectamente, por conducto de los colombianos, que lo que en términos políticos podrían realizar directamente”.

La generosidad colombiana estuvo a punto de abortar a causa de la corrupción de los policías mexicanos, reveló el cable 08MEXICO3498, difundido por el diario La Jornada y en el cual el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia, amenazó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México, con cancelar los cursos por “los niveles de corrupción en las fuerzas” de esa dependencia. Temía que la corrupción alcanzara a sus paisanos.

Aunque en esta ciudad del entrenamiento los maestros aseguran que no tienen problemas con los mexicanos, Reyes comenta que ya no capacitan a policías municipales y estatales porque “se tiene información” de que, al terminar el periodo del gobernador o alcalde que los contrató, quedan fuera de las instituciones y son reclutados por los delincuentes. Cuando esto sucede, “el nivel de entrenamiento que tienen los muchachos lo aprovechaban para el sentido contrario”, comenta.

En su papel de exportadora de estrategias y técnicas antinarco, la Policía Nacional colombiana presume como uno de sus logros la operación de captura y ejecución del capo Pablo Escobar.

La realidad mexicana

En segundos, cuatro jóvenes se deslizan de una altura de 20 metros desde una estructura de medidas similares a las de un helicóptero mediano. Repiten el ejercicio varias veces: primero uno por uno, después tensando la cuerda para que el resto baje, y luego deteniéndose a medio camino. Con esos deslizamientos se entrenan para asaltos rápidos, sorpresivos.

–¿Y eso de qué sirve en la lucha contra el narco? –se le pregunta al instructor Orlando Martínez.

–Los laboratorios o los cultivos ilícitos están en partes donde no hay carreteras para llegar en vehículo, no hay caminos; entonces toca ir por encima. En la selva encontramos árboles de 50 metros, entonces (este entrenamiento) se utiliza mucho para infiltraciones.

–¿Y en las ciudades también?

–En la parte urbana aplicamos una soga rápida, pero entre más bajo mejor. No hay árboles altos pero hay edificios. Cuando el comando está a un metro se puede bajar por sus propios medios saltando del helicóptero, pero después de dos metros se hace necesario utilizar cuerda.

Los 16 paisanos que reciben entrenamiento fueron elegidos por sus superiores y posteriormente tuvieron que aprobar exámenes físicos y mentales aplicados por los colombianos. Tienen de 22 a 32 años. A su regreso tendrán que enseñarles a sus compañeros lo aprendido.

Cuando se les pregunta qué partes del curso les han servido, dan respuestas variadas. Algunos se quejan de que las clases se enfocan mucho en técnicas rurales antiguerrillas que no sirven en México, donde el narcotráfico combate en zonas urbanas. Otros, al contrario, dicen que lo aprendido les ayudará para salvarse de las emboscadas que la Policía Federal sufre en Michoacán y Chihuahua, donde sus compañeros han perdido la vida.

“En las áreas rurales el problema es mínimo y la gente, que es humilde, no busca problemas con nosotros ni han llegado al extremo de ponernos minas; en cambio, el problema urbano ha sido muy pesado”, explica uno de los alumnos mexicanos que pidió el anonimato.

Otro opina: “Las técnicas que nos enseñan podemos aplicarlas en el caso de Michoacán; la mayoría hemos estado ahí, donde ocurren las emboscadas al personal de la PF y en esos momentos no se ha podido reaccionar por la falta de conocimiento. Con la experiencia en la vida real del comando Jungla podemos ponerle un alto al gran índice de emboscadas”.

Posteriormente, el mayor Reyes aclara que conforme el curso avance se impartirán técnicas para la operación urbana y que los Jungla se basan en lo operativo, pero que otras unidades enseñan las estrategias de inteligencia previas al operativo.

–¿Cómo los capacitan para no herir a gente inocente o no confundirla con criminales? –se le pregunta.

–Nosotros estamos entrenados para objetivos claros, precisos, discriminados. No se hacen acciones contra grupos indeterminados.

–¿Y cómo enseñan el uso proporcional de la fuerza?

–Todo el entrenamiento se basa en derechos humanos. El nivel es tan alto que el uso de la fuerza es el último recurso. Lo ideal es que sea una operación limpia, y eso se basa mucho en información; vamos muy de la mano con la parte de inteligencia.

–Pero si empiezan una balacera contra un grupo de narcos armados en las calles…

–Bueno, aquí en Colombia no pasa eso de ver un narco por las calles, lógicamente –interrumpe, sorprendido por la pregunta–, y si alguien lo ve, pues no piensa que es… ya que ellos no están a la luz pública porque si no, estarían capturados… difícilmente…

Está pasmado. No concibe ciudades donde sicarios y policías se persigan a balazos como en el Viejo Oeste, que en las persecuciones maten a ciudadanos inocentes que pasaban por el lugar ni que los narcos viajen en convoyes con placas que identifican a qué cartel pertenecen, como ocurre en México. Eso no pasa en Colombia.

lunes, mayo 30, 2011

Gasto por 255 mil MDP en “seguridad nacional”

El negocio de la “guerra” contra las drogas

La “guerra” contra las drogas se ha convertido en un lucrativo negocio. Detrás de los asesinatos de más de 40 mil civiles mexicanos, hay una floreciente industria armamentista. Tan sólo, en lo que va de este gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional ha destinado 4 mil millones de pesos a la compra de armamento para, supuestamente, “mejorar” su capacidad de fuego ante los criminales.

De manera conjunta, el presupuesto que la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa, Marina y Gobernación han ejercido para “garantizar” la “seguridad nacional” supera los 250 mil millones de pesos.

Sin embargo, ni el multimillonario gasto de la hacienda pública ni las miles de bajas humanas que ha implicado esta “guerra” han mermado siquiera el negocio de las drogas. A nivel mundial, las ganancias se estiman en unos 400 mil millones de dólares anuales.

Los tres grandes mercados de estupefacientes –cocaína, heroína y metanfetaminas– están prácticamente dominados por los cárteles mexicanos que, a pesar de la supuesta “lucha” en su contra, han reemplazado a los delincuentes colombianos.

Además, la silenciosa penetración del dinero sucio en todos los mercados sólo ha podido realizarse por las alianzas entre las mafias internacionales que poco o nada se combaten, como sucede también con el lavado de dinero en los circuitos financieros.

Con esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de cuatro reportajes acerca de los negocios que oculta la “guerra” antinarcóticos impuesta por Estados Unidos, el mismo país que organizó la operación Rápido y Furioso para traficar armas de manera ilegal a México.

El gobierno de Calderón habrá gastado 255 mil millones de pesos en seguridad nacional al término de 2011, revelan tres estudios de la Cámara de Diputados. De ésos, la Sedena y la Marina habrán destinado 174 mil millones exclusivamente a las acciones represivas “en campo”. Delincuencia organizada, narcotráfico, guerrilla, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras, las amenazas que la administración federal intenta “anular”. El monto, el más grande que se haya destinado a este rubro desde la Revolución Mexicana, alcanza ya casi medio punto porcentual del PIB y significa el 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades e instituciones de educación superior públicas en un ejercicio fiscal.

Nancy Flores / Primera parte

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En cinco años de “guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247 por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267 millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.

Para la administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno bruto.

No obstante, las ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos. Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario financiamiento a la represión institucional va en ascenso.

Y es que, desde su inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

De los más de 255 mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y 2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2010-2011.

Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.

Sedena, el mayor gasto

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/operativos.jpgLa participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.

También revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil 468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la seguridad y soberanía de México.

Entre 2007 y 2011, la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo, las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.

De acuerdo con los informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando, piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos).

Además, para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional; preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población, salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el país.

Los gastos de la Marina

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/infos/porcentajes-ejercidos.jpgLos análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.

Sin embargo, el mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46 mil 288 millones 400 mil pesos.

Los multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.

El maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus familiares”.

En efecto, desde que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en retenes militares.

Ese saldo mortal no ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa, en su International narcotics control strategy report 2011, que México es, a la vez, un importante país de tránsito y de origen de drogas ilícitas.

“Aproximadamente el 95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”

El patrullaje de los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011, el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.

“Algunas de estas zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas. Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en la frontera de Texas.”

Inteligencia, gasto menor

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/inteligencia.jpgEn México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.

De acuerdo con los análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).

En segundo lugar está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250 mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han convertido en el cajón de sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social, guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia delincuencia organizada?”.

El jurista agrega que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a manejar dentro de los sótanos, dentro de las cañerías, aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema: personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de inteligencia, tanto internos como externos.

En materia de labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá: de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532 millones 550 mil pesos.

Le sigue el Cisen, que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530 mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso para esas labores.

El narcotráfico se debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de inteligencia.

Aunque el investigador considera que esta administración tiene voluntad política para solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.

Añade que no hay ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías individuales, investigación”.

También observa que se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.

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Por cada militar en las calles, una sentencia firme cada tres años

En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–, para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.

Y es que, mientras datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las calles.

Una sentencia condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.

Agrega que, si se considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando menos”.

El cálculo –explica el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de sentenciados.

“Si relacionamos esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres años exactamente.”

López Medrano agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.

Respecto de la confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto, van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de cada 100 serán condenados.

Por ello, detalla, “una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de actividades”.

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Fuente Contralínea 235 / 29 de mayo de 2011

lunes, abril 25, 2011

Victoria inalcanzable


Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...
Galván y Saynez. Ruta al fracaso.

Jorge Carrasco Araizaga

Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.

Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.

Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.

Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.

Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.

Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.

En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.

La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:

“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”

La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.

La propuesta de Reyes Garcés

Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.

Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.

Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.

Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.

Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.

En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.

Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.

En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.

La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.

Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.

Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.

La debilidad del gobierno

Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.

Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra.

“El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.

A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.

Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.

Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.

Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.

Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.

Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.

En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.

Falta de definiciones

Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.

Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.

Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.

Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.

Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”.

Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.

Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.

Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales.

“Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.

México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico. l

sábado, diciembre 25, 2010

Wikileaks revela un gobierno mexicano rendido ante EU

Nadie desmiente la información que contienen los 1.6 gigabytes de archivos que obtuvo Wikileaks y que exhiben la diplomacia global de Estados Unidos. De ese volumen, 2 mil 285 cables describen la percepción estadunidense sobre México y su “invitación” para mejorar la seguridad de este país. Pasado el sobresalto inicial, la clase política mexicana –exhibida ante propios y extranjeros como rendida ante los estadunidenses– confía en que se olviden sus “confidencias” diplomáticas.

Entre 1966 y 2010, el personal de la embajada de Estados Unidos en México elaboró y remitió al Departamento de Estado 2 mil 285 cables sobre este país: 1 mil 281 figuran como “no clasificados”; 660, bajo el rubro “sólo para uso oficial”; 295 son confidenciales; 23, confidenciales y sin acceso a extranjeros; 14 son secretos, y 12, secretos sin acceso a extranjeros.

El puñado de despachos sobre México que divulgan los diarios que eligió el fundador de Wikileaks muestran el interés estadunidense por conocer el “estilo de liderazgo del presidente Calderón”, centrarse en “blancos de alto valor” contra el narcotráfico y los ruegos de la clase dirigente mexicana por obtener ayuda de Washington para pacificar tres ciudades del país y mostrar el éxito del programa presidencial.

El 4 de diciembre de 2009, a las 22:08 horas, la embajada de Estados Unidos en México recibió el despacho 238295 clasificado como “Secreto/ Nofor” (no acceso para extranjeros) firmado por “Clinton”. El documento “Liderazgo mexicano en general” alude dos informes anteriores (314/061600-09 y 314/045987-09) que indicaban que Calderón y su administración “están actualmente bajo gran presión por la guerra contra las drogas, el colapso económico y la pérdida de su partido en las elecciones de medio término”.

El despacho actual instruía a su personal para conocer cómo afectan esas presiones la personalidad del presidente mexicano y su estilo de gobierno. “Cómo reacciona Calderón a los puntos de vista diferentes al suyo, si debate con quienes no concuerdan con él” o qué valores pondera más: la confianza, lealtad o respeto. También indaga sobre los planes del gabinete de seguridad y de economía y cómo ve a Estados Unidos cada uno de los integrantes del gabinete mexicano. “¿Qué tan fuerte es su relación de trabajo con nuestros oficiales?”, inquiere el punto B2. Además, busca saber cómo manejan el estrés estos miembros.

Esta instrucción del Departamento de Estado revela la “desconfianza del establishment estadunidense respecto del desempeño y capacidad institucional para mantener niveles óptimos de gobernabilidad, sostiene Argentino Mendoza, maestro en estudios México-Estados Unidos del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La prensa mexicana daba cuenta, ese mismo día, de un informe del Pew Center en el que se refería que Estados Unidos perdió el liderazgo mundial. La página electrónica de la Presidencia de la República destacó que el mandatario asistió al “tradicional desayuno” de fin de año, con el personal naval, así como su entrevista con directivos del Banco Santander y la inauguración de la presa El Gigante, en Ayala de Morelos.

En espera del momentum

Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, dirigió al Departamento de Estado el cable confidencial 228419 el 5 de octubre de 2009, a las 20:26 horas. Trata sobre el “interés del gobierno de México por mejorar la seguridad en algunas ciudades clave”. Según el El País, el título de este despacho es “Cable que relata la ayuda que México necesita de EU”.

El documento subraya la insistencia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, entonces subsecretario de Gobernación, y Jorge Tello Peón, coordinador de Seguridad Nacional, ante la delegación estadunidense para realizar urgentemente “esfuerzos conjuntos en dos o tres ciudades clave” con el fin de revertir la ola de violencia e inestabilidad que padecían. El apremio era porque, a partir de esa fecha, sólo les quedaban 18 meses para luchar contra los grupos del narcotráfico.

Ciudad Juárez y Tijuana, “y una tercera más” que podría ser Tijuana, fueron las propuestas del grupo de funcionarios mexicanos que ese día se reunió con la delegación estadunidense, que encabezó Bruce Swartz, Kenneth Blanco, Paul Rosen, Tony García y Keith Mines.

Según el informe del embajador Pascual, “ellos creen que el simbolismo de cambiar algunas de las ciudades más violentas sería muy poderoso; enviaría una señal para el resto del país de que la lucha contra el crimen organizado puede ganarse, y combatir el sentido de impotencia de muchos mexicanos”. Tello Peón sugirió que “formáramos una célula de planeación con algunos expertos de cada lado para poner en marcha programas para los próximos dos años”.

El cable fue enviado con copia a la Agencia Antidrogas estadunidense, al responsable del Comando Norte, al del Comando Sur, al Departamento de Seguridad de la Patria, al Departamento de Justicia, al Servicio de Marshals y a la Casa Blanca. Agrega que Gutiérrez advirtió que “tenemos 18 meses y si no se produce un éxito tangible que reconozca la población, habrá dificultades para sostener la confrontación en la próxima administración”.

El DBWG, clave en la estrategia

John D Feeley es el segundo hombre más importante de la embajada de Estados Unidos en México; llegó a este país en julio de 2009 y es especialista en análisis sobre el hemisferio occidental. El 29 de enero de 2010, envió el cable 246329, clasificado como “secreto”, en el que aporta notas sobre lo que será la sesión del 1 de febrero sobre el Grupo de Trabajo de Defensa Bilateral (DBWG, por sus siglas en inglés).

La respuesta de la SRE

La contraofensiva del gobierno mexicano llegó a media semana. Tras confirmar que las primeras planas de The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País y The New York Times (que reproduce la información que le transmite el diario británico) ostentaban en sus primeras planas los cables de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, actuó la diplomacia mexicana.

Admitir que se tuercen brazos

“No es una filtración, sino una inundación”, describe Jorge Eduardo Navarrete, exembajador de México en Naciones Unidas, China, Alemania y Venezuela. Advierte que algunas personas pensarán dos veces lo que van a decir con un diplomático extranjero para que no aparezca en la prensa al día siguiente. Salvo esto, el efecto sobre la labor diplomática será que las cancillerías reforzarán sus sistemas de seguridad y ya no será tan sencillo para los hackers ingresar en estos recintos.

En el fondo, apunta, es que quedaron de relieve procedimientos que todo mundo sabe que existen, pero que se niegan cuando no hay evidencia irrefutable de su existencia. “Después de Wikileaks, será muy difícil negar que no se acude a presiones, que no se tuercen brazos o a medidas más allá de lo razonable en la búsqueda de determinados objetivos”, dice el también economista.

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jueves, abril 29, 2010

Se protege al Ejército, no al ciudadano

Detención militar en Ciudad Juárez.


MÉXICO, D.F., 29 de abril.- A pesar de que tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que el Estado mexicano debe crear y aplicar mecanismos de defensa a favor de los gobernados para prevenir y remediar los abusos de autoridad y la violación de los derechos humanos de la población, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo al Senado el 21 de abril de 2009 ignora el tema y, en cambio, pretende blindar la actuación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para defender la seguridad interior.

El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.

Dos de esas tesis respaldaron que “es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.

Las otras cuatro se enfocaron en precisar que su participación debe acatar estrictamente la Constitución y las leyes y, por lo mismo, respetar escrupulosamente las garantías individuales.

Las tesis enfatizan que las tres instancias de gobierno deben encontrar “una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública interior”. Así, la tesis P/J 34/2000 conduce a revisar si la normatividad vigente contempla dichos mecanismos y, en caso contrario, conlleva la obligación de crearlos.

No en balde la Corte Interamericana le recordó a México que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares “tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia”, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 23 de noviembre de 2009 por la presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero.

El organismo interamericano asegura que “la importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario” y, en consecuencia, dispuso que el Estado mexicano “deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

De las tesis de jurisprudencia de la SCJN y de la resolución de la CIDH queda claro que no se requiere de ninguna reforma legal para permitir la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior a solicitud expresa de las autoridades civiles, sin necesidad de declarar un estado de excepción y suspender las garantías individuales. Y aunque es conveniente regular el procedimiento para dicha solicitud a nivel legislativo, no es indispensable.

El proyecto del Ejecutivo parece obedecer más a la reiterada demanda de las Fuerzas Armadas de blindar su intervención y un intento por ampliar los motivos para ello: al incluir en el artículo 68 que “la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa” afectan la seguridad interior, se abre la puerta para solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas para impedir casi cualquier protesta masiva de ciudadanos pues, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, sublevar es “excitar indignación, promover sentimiento de protesta”. Todo cabe en ese supuesto.

En cambio, la única disposición específica para proteger los derechos humanos es que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los correspondientes organismos estatales, para que éstos “ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos”.

Si bien la reforma constitucional votada el jueves 8 en el Senado contempla que los organismos nacional y estatales de derechos humanos podrán incrementar sus atribuciones y facultades de investigación, a final de cuentas todo quedaría en una sanción política, pues lo único que puede hacer es formular “recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Esta reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Constituyente permanente.

Pero resulta que la autoridad competente para conocer los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son los tribunales militares, lo que va en contra del debido proceso, así como de la independencia e imparcialidad del juez. Así, aunque las evidencias de violaciones graves a los derechos humanos de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas se incrementan día a día, el presidente está más preocupado por blindar la actuación del Ejército y ampliar los supuestos para requerir su apoyo (incluso para sofocar protestas de la población civil) que por proteger a la población civil de los abusos, atropellos y graves violaciones a los derechos humanos que padecen como consecuencia de la “guerra contra el crimen organizado”.

viernes, diciembre 25, 2009

Narcoterror


MEXICO, D.F., 24 de diciembre (apro).- La ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de infantes de la Marina-Armada de México, abrió la puerta al infierno.
El punto del no retorno que significó hace tres años la decisión de Felipe Calderón de atacar al narcotráfico con más violencia alcanzó, inevitablemente, a personas ajenas a la guerra declarada por necesidad política del recién llegado a la presidencia de la República.
A pesar de lo costoso en recursos y, sobre todo, en vidas de esa medida, los resultados todavía pueden ser peores.
El asesinato de los familiares del tercer maestre de las Fuerzas Especiales de la Armada, Melquisedet Angulo Córdova, quien había muerto en el operativo en el que fue abatido El jefe de jefes, fue más que un macabro precedente: fue el inicio de una etapa de terror.
El objetivo de la represalia ocurrida en Paraíso, Tabasco, el pasado martes 22, no fue una simple venganza. De lo que se trata es infundir temor entre los familiares de los integrantes de las fuerzas federales que son enviados a los operativos contra el narcotráfico.
Es una escalada en la que el ritmo y el nivel de violencia lo definen los cárteles del narcotráfico, no el gobierno, que sólo reacciona. Y cuando lo hace de manera efectiva de acuerdo con su propósito, como en Cuernavaca el pasado día 16, se coloca en el mismo nivel de aquello que combate.
Las fotografías de lo que hicieron con los restos de Beltrán Leyva semejan actos como los que cometen los sicarios.
Si el gobierno federal actúa bajo la ley del talión será el primer perdedor. No sería extraño entonces el asesinato de uno de sus representantes o de algún otro miembro del Estado mexicano. Pero no serían las únicas víctimas.
Hay otro gran perdedor: la sociedad, que desde hace tiempo ya comenzó a pagar una creciente cuota de víctimas.
El 15 de septiembre de 2008, en plena celebración del “Día de la Independencia” en Morelia, Michoacán, marcó el hito: ataques terroristas con grandas a la población civil por parte del narcotráfico, con un saldo de nueve muertos y más de 100 heridos.
El gobierno federal adjudica los atentados a Los Zetas, el grupo de origen militar al que también le atribuye el asesinato de los familiares del infante de Marina.
La acción de Los Zetas –que según la versión oficial fue concertada con el grupo de Los Beltrán Leyva– indica el nivel de información oficial que tienen en su poder los grupos del narcotráfico.
Los datos personales del infante de Marina se supone que sólo estaban en poder de La Armada.
La propia acción de la Armada en Cuernavaca, en la que quedó marginado el Ejército, también tiene que ver con la infiltración. La revista Proceso ha informado sobre la alegada protección que le daban a Beltrán Leyva militares adscritos de la 24 Zona Militar, que tiene su sede en Morelos.
Si en verdad se trata de una guerra, como lleva tres años pregonando, Calderón tendría que explicar por qué la Armada estuvo a cargo del operativo efectuado a unos metros de la 24 Zona Militar.
Callarse, como lo ha hecho hasta ahora, hará de él un protector más que lo único que quiere es mantener el sangriento espectáculo en que sumió al país, haciendo de la violencia un capital político.

jcarrasco@proceso.com.mx

ONU: Ascienden ganancias del narco a 64 mil 330 mdd


MÉXICO D.F., 24 de diciembre (apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró hoy que el narcotráfico se ha convertido en el negocio ilegal más rentable del mundo.
Según se desprende del Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, en 2009 dicho negocio produjo ganancias por 64 mil 339 millones de dólares en todo el planeta.
Con base en datos aportados por el gobierno de Estados Unidos, el cartel que dirigía hasta hace unos días Arturo Beltrán Leyva, quien perdió la vida el pasado miércoles 16 en un enfrentamiento con efectivos de la Armada de México, “movilizó 5 mil 800 millones de dólares en 18 años”.
En agosto pasado, el fiscal general estadunidense, Eric Holder, comentó, asimismo, que la organización de Beltrán Leyva, introdujo entre 1990 y 2008 unas 200 toneladas de cocaína y una cantidad similar de heroína, y que con sus actividades obtuvieron unos 5 mil 800 millones de dólares en esos 18 años.
Sin embargo, las propias autoridades estadunidenses, apunta el informe de la ONU, reconocen que los hermanos Beltrán Leyva están lejos de la posición que ocupa Joaquín El Chapo Guzmán.
Recuerda que la revista Forbes incluyó a Guzmán en la lista de los hombres más influyentes del mundo, con una fortuna superior a los mil millones de dólares.
Según el Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas 2009, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor mundial de narcóticos, debido a que consume cocaína por unos 8 mil 572 millones de dólares cada año.
El precio del kilo de la hoja de coca aumenta dramáticamente desde su producción en los países andinos hasta su venta como cocaína en las calles de Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de México.
Un campesino colombiano recibe entre 500 y mil dólares por kilo de pasta básica, la materia prima con la cual los narcotraficantes obtienen la cocaína.
Las organizaciones de narcotraficantes pagan en Colombia unos dos mil dólares por el kilo de cocaína ya procesada.
Este precio se multiplica unas seis veces cuando es colocado en México, donde las organizaciones criminales pagan hasta 12 mil 500 dólares por cada kilo de cocaína, precio que se triplica cuando es colocado en Estados Unidos.
Finalmente el precio de la cocaína a su valor en la calle al menudeo en los países desarrollados llega a unos 100 mil dólares por kilo (hasta 106 dólares por gramo en Estados Unidos y 67 euros por gramo en Europa), según cifras correspondientes a 2007, citadas por el informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas.

lunes, diciembre 21, 2009

MARINOS, SIN POLICÍA FEDERAL


Por: Francisco Rodríguez

¡CHAPEAU! ME QUITO EL sombrero ante la exitosa operación de inteligencia –subráyese: de inteligencia-- desplegada por la Secretaría de Marina Armada de México en el descabezamiento, que la sociedad espera sea definitiva, del llamado Cártel de los Beltrán Leyva.
Fue resultado de la discreción y la lealtad institucionalizada, características principalísimas de las tareas de espionaje e infiltración a los grupos delictivos que, sin alharacas, sin paseos televisivos y periodísticos por instalaciones dizque estratégicas, lleva a cabo permanentemente la Semar. También, por supuesto, a que no fue contaminada por la presencia de la Policía Federal, que depende de la SS de Genaro García, ya infiltrada y corrompida por la maña. De haber participado estos últimos, Arturo Beltrán Leyva hubiese salvado el pellejo y habría puesto pies en polvorosa…
Aquello fue un infierno. Lo relata el periodista independiente Hugo Calderón Castañeda –uno de los más reconocidos en el estado de Morelos--, quien apunta:
“Fue una pesadilla. Terrible. Escalofriante. Helicópteros, vehículos blindados, marinos dando órdenes, camionetas de lujo cateadas, gente asustada, jóvenes que querían celebrar su salida de la escuela metidos en un gimnasio, aterrados por las ráfagas de armas de alto poder. Peor que una película de acción, dijeron, al salir en la madrugada de hoy, y abrazar a sus familiares y amigos, que desde horas antes los esperaban temerosos, afuera de las torres de Altitude. Sangre, fuego y muerte, (ante)anoche en Cuernavaca.”
El portal de Newsweek, por su parte, añade que la cabeza de ese Cártel fue fusilado.
Hay, al parecer, “instrucciones” de que así sea. Sobremanera a partir de palabras de Hillary Clinton, secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, que ha señalado su preferencia por matar a este tipo de delincuentes, antes que capturarlos y someterlos a juicio… lo que resulta muy caro.
El choque, que duró unas diez horas, cobró otras víctimas. Uno de los sicarios se suicidó y otro se ha negado a identificarse, lo que de acuerdo a expertos daría pistas sobre entrenamientos muy similares, sino es que los mismos, a los que son sometidos los kaibiles guatemaltecos. Antes muertos que brindar cualquier tipo de información, no obstante las torturas a las que sean sometidos.
Cae una de las cabezas del Cártel más perseguido en esta Administración Federal. Nada casualmente, la organización delictiva que es señalada cual enemiga acérrima del grupo que encabeza el multimillonario y poderoso –de acuerdo a Forbes--, Joaquín El Chapo Guzmán.
Faltan las cabezas políticas. Los contactos financieros a través de los cuáles “lavan” los cuantiosos recursos financieros que produce su ilícita actividad.
Y hay nombres de políticos y empresarios en las crónicas. Los edificios que fueron escenario de la refriega fueron construidos por la empresa Sare, entre cuyos propietarios se ubica a la segunda esposa del padre de Marta Sahagún de Fox, en sociedad con Reyes C. Elías y Dionisio S. Carbajal. Están ubicadas cerca de donde el ex gobernador guerrerense René Juárez Cisneros tiene ubicado su extravagante restaurante El Madrigal. Todo ello en el área de la avenida Rio Mayo, una suerte de Rodeo Drive de Beverly Hills.
El operativo de inteligencia iniciado no la semana pasada sino desde hace un par de años, cuando elementos de la Marina fueron emboscados en Tampico, resultó exitoso.
¡Chapeau! Me quito el sombrero.
También, claro, hay que contar lo bueno.
Aunque ahora viene lo peor…
Índice Flamígero: El Índice Político entra en receso vacacional. Volverá a este espacio el lunes 11 de enero de 2010. Antes que nada mi agradecimiento por recoger diariamente estas líneas que a muchos resultan polémicas. Pero, sobre todo, mis mejores deseos para que en esta temporada de fiestas y en el año por venir, se cumplan todos sus anhelos. ¡Felicidades!
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WIKIO
Fuente: Indice Político

¿Quién ordenó esa decoración?

Astillero
*Aires marinos
*¿Quién ordenó esa decoración?
*A escena: DEA y Armada
*El almirante de Atenco
BRINDIS EN LA CUMBRE. La reina Margarita de Dinamarca con el secretario general de la ONU Ban Ki-moon (junto a ella), la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro chino Wen Jiabao (derecha), el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma (siguiente desde la derecha), el mandatario mexicano Felipe Calderón y otros invitados, durante una cena formal como parte de las actividades de la cumbre climática de Copenhague.Foto Reuters



Lo espectacular y trascendente no fue el acribillamiento de un recambiable jefe de una banda de narcotráfico caída en desgracia respecto al diseño oficialista protegido, sino la impune demostración ante los mexicanos de que el parapeto de la guerra contra comerciantes de drogas permite la violación explícita no sólo de derechos humanos y garantías constitucionales de presuntos delincuentes y ciudadanos de a pie, sino incluso de códigos básicos de respeto entre bandos en conflicto armado, como pudo verse con la fotografía de Arturo Beltrán Leyva decorada macabramente con billetes y accesorios religiosos en una especie de venganza, burla o desahogo que necesariamente hubo de ser concebida y ejecutada por mandos institucionales que fueron los únicos que tuvieron bajo control férreo el cuerpo del capo sinaloense.
Un gobierno que cree justificable utilizar las mismas o peores formas que los criminales explícitos no tiene en su horizonte una victoria republicana o una supremacía moral. Felipe Calderón ha institucionalizado la violación de lo que quede del llamado estado de derecho al propiciar que sin declaratoria de estado de excepción o de sitio se realicen diariamente “operativos” que lastiman profundamente a quienes tienen la desgracia de quedar entre fuegos sin control. Más allá de los graves delitos de los que se le acusa, y de su evidente peligrosidad, lo visto el miércoles en Cuernavaca muestra que en el caso de Beltrán Leyva se pasó por encima de leyes y garantías, como si el objetivo fuera el que no quedaran con vida los principales personajes. En el fondo, los hechos, y su abundante y precisa difusión televisiva, van acomodando los ánimos colectivos a conformarse con la idea de que así son y serán las cosas, que no hay nada que defender ni alegar en cuanto a derechos ciudadanos si del tema del narcotráfico se trata. Ya no hay leyes que valgan, ni procesos judiciales en busca de esclarecer culpabilidades o inocencias, sino acciones bélicas sin control que sobre la marcha dictan sentencias de vida o muerte y de golpizas y tortura.
La batalla de Cuernavaca tuvo dos actores importantes. Uno, los servicios estadunidenses de inteligencia que ayer mismo se adjudicaron parte del mérito que hubiera en el expediente Beltrán Leyva. Michele M. Leonhart, administradora interina de la DEA, elogió largamente al gobierno mexicano pero advirtió que el desenlace fúnebre “viene como resultado de una cooperación significativa y el intercambio de información entre las autoridades policiales en Estados Unidos y nuestros valientes socios en México”. El muy celebrado golpe al capo que pretendía hacerle ruido al Chapo pareciera, así, el anuncio de inauguración de la nueva etapa de “colaboración” entre la DEA y las fuerzas mexicanas, aceitado todo con los donativos enmarcados en la Iniciativa Mérida y listas ambas partes para establecer en México sus oficinas binacionales de trabajo “codo con codo”.
El otro factor diferente e importante son los marinos, cada vez más activos en operaciones terrestres, como si fueran la reserva personal de Calderón para enfrentar casos en los que no hubiese confianza respecto a otros cuerpos militares o policiacos. Históricamente la marina ha tenido papeles relevantes en Latinoamérica en contubernio con gobiernos dictatoriales, sobre todo en tareas de combate a segmentos liberales o de izquierda. Hoy, la Armada ha llegado a la guera contra el narco para quedarse, lo que puede significar el avivamiento de pugnas y celos respecto a las fuerzas de la Defensa Nacional, hasta ahora protagonistas estelares de las acometidas calderónicas.
Una última insistencia en un dato que ayuda a entender la magnitud relativa de lo sucedido la noche del miércoles en la capital del estado que gobierna el ultraderechista Marco Antonio Adame, intocado mediática y judicialmente a pesar de la gravedad de los sucesos, a diferencia de lo que sucede con el perredista Godoy en Michoacán (Yunque mata Familia): los Beltrán Leyva tenían actas oficiales de encarcelamiento o defunción firmadas desde el momento en que entraron en conflicto con el secretario de exportaciones toleradas, Joaquín Guzmán. Así es que la algarabía del felipismo y los voceros estadunidenses solamente es de utilería: el golpe verdadero habría sido contra el jefe máximo del cártel de Sinaloa, no contra quien se le había rebelado y debía ser exterminado.
La nueva realidad marina se redondea con el nombramiento posdatado del almirante Wilfrido Robledo como nuevo director de la Policía Federal Ministerial. El pasado 11 de noviembre, en La Jornada, el conocedor y bien informado reportero Gustavo Castillo adelantó que Robledo ocuparía ese cargo (http://bit.ly/8yxfQf). A causa de esa primicia, o por razones burocráticas no explicadas, la designación no se cumplió en esas fechas. Pero ayer, como parte del nuevo diseño marino o para aprovechar los momentos de enaltecimiento del espíritu de mano dura que causan sucesos como el de Beltrán Leyva, el procurador No chávez, No chávez, anunció el reingreso del polémico almirante a la escena policiaca.
Los saldos de Cuernavaca trascienden, como se ve, el hecho concreto del exterminio de un violento jefe narco que iba a contracorriente y al que exhibieron ayer acribillado, semidesnudo y decorado especialmente. En realidad, entre el estruendo y el pánico, se ha abierto paso en tierra una nueva realidad navegante que dará una armada vuelta de tuerca más al proyecto de mano dura y contención social. El almirante Robledo es una pieza más de ese rediseño, una pieza que es restaurada justamente porque se requiere dar el mensaje de que sus métodos, afinados estelarmente en Atenco, son hoy necesarios en el México del 2010 ya en puerta.
Y, mientras en Hermosillo sigue el tétrico teatro de la simulación institucional de castigos por el caso de la guardería ABC y los niños muertos, ¡feliz fin de semana, ya cantando dale, dale, dale!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

martes, abril 14, 2009

Autoriza Senado operaciones de la armada de México en EU


MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Marina del Senado autorizaron que elementos de la Armada de México participen en los ejercicios navales "Unitas 50-09", que se efectuarán del 19 de abril al 7 de mayo en Mayport, Florida.

A cambio, los senadores solicitaron a las autoridades de la Semar que al término de los mismos entreguen un informe sobre los resultados de dicha colaboración.En estos ejercicios navales participarán poco más de 300 marinos mexicanos así como el siguiente equipo: la fragata Arm Mina, el helicóptero BO-105, una patrulla oceánica Arm Oaxaca. Un helicóptero Panther, El presidente del Senado, Gustavo Madero, informó que durante la visita que esta mañana realizó a la Cámara alta el secretario de Marina, Francisco Sáynez, éste se comprometió a informar sobre el resultado de las operaciones."Hay que aclarar que estos ejercicios se dan con varios países, no sólo es México con Estados Unidos, sino hay otros países de América Latina, y que esto permite conocer la situación y el funcionamiento de nuestras fuerzas armadas en comparación con países hermanos para aprender y mejorar nuestro desempeño", aclaró Madero, coordinador también de la bancada del PAN.
El senador recordó que es facultad exclusiva del Senado la autorización para que las tropas mexicanas participen en operaciones militares fuera del territorio mexicano.