Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios...

Elementos de la Marina en Veracruz.

Arturo Rodríguez García

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.
En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

Viola Washington en forma masiva los derechos humanos: Moscú

*Denuncia violaciones de Washington a normas internacionales
*EU, en situación crítica sobre derechos humanos, asegura la cancillería rusa

Pl y Afp

Moscú, 29 de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un informe sobre derechos humanos en el que denuncia la situación crítica en esa esfera que vive hoy Estados Unidos, su aplicación de leyes extraterritoriales y la violaciones del derecho internacional. Destaca que la situación de los derechos humanos está lejos de los ideales declarados por el propio Washington.

Afirma que Estados Unidos mantiene sin resolver el problema de la cárcel en bahía de Guantánamo, Cuba, donde retiene a 171 personas, supuestamente vinculadas al terrorismo. El presidente Barack Obama legalizó el encarcelamiento por tiempo indefinido y sin juicio de personas en la referida cárcel y permitió nuevamente el trabajo de los tribunales militares en esos casos, asienta.

Además, el informe cita la aplicación extraterritorial de la legislación de Estados Unidos que daña sus relaciones con Rusia.

El documento señala que el gobierno estadunidense encubre actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros funcionarios para realizar violaciones masivas y flagrantes de los estándares de derechos humanos. Tampoco cesa la violación del derecho internacional en zonas de conflicto y en las operaciones antiterroristas, con un uso desmedido de la fuerza, agrega.

La Casa Blanca mantiene métodos de control sobre la sociedad y la injerencia en la vida privada que los órganos de seguridad iniciaron en la época del republicano George W. Bush, bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Washington sólo participa en tres de los nueve acuerdos internacionales sobre derechos humanos, recuerda la cancillería rusa.

Así, la Casa Blanca se abstuvo de firmar la declaración sobre liquidación de todas las formas de discriminación de la mujer y la convención sobre los derechos del niño. También se niega a colaborar con mecanismos internacionales sobre quejas colectivas de violación por los gobiernos de los derechos humanos, por considerar que su sistema judicial es suficiente.

A ello se suma la agudización de los problemas sistemáticos de la sociedad estadunidense como la discriminación racial, la xenofobia, la saturación en prisiones y la aplicación de la pena de muerte, incluso a personas inocentes, enfermos mentales y adolescentes. El informe también se refiere a las imperfecciones del sistema electoral estadunidense.

Mientras, se informó que nueve personas resultaron intoxicadas en el incendio del casco de un submarino nuclear ruso ocurrido el jueves, durante los trabajos de reparación en la región de Murmansk. Sin embargo, las autoridades dijeron que el percance no representa peligro para sus instrumentos ni para su sistema de propulsión atómica.

‘REGALOS DUDOSOS’ DE EE. UU. PARA RUMANÍA: SISTEMA ANTIMISILES Y CÁRCELES DE LA CIA

AGATON

La OTAN comienza a instalar este viernes el sistema antimisiles estadounidense en el territorio de Rumanía. Mientras tanto, los periodistas descubrieron otros 'regalitos' de EE. UU. para este país europeo: las cárceles secretas de la CIA.

¿De quién protege a los europeos el escudo de EE. UU.?

La OTAN ha comenzado los trabajos de instalación de los componentes estratégicos del escudo antimisiles norteamericano en Rumanía, pese al rechazo de Rusia, según informó este viernesDmitri Rogozin, representante permanente de Rusia ante esta organización y dirigente de la Comisión parlamentaria para la Defensa. Además, los uniformados de la OTAN comenzaron ya a llegar al territorio de este país de Europa Oriental, precisó el diplomático ruso.

Rogozin indicó que Rumanía tendrá que responder por qué permite la creación de un potencial capaz de violar la seguridad de Rusia.

"De momento Rumanía intenta adormecer a toda la gente declarando que no ha tomado sola la decisión de instalar en su territorio los componentes del sistema antimisiles.

Y también que los cazas de persecución ubicados allí no amenazaran a Rusia", recalcó Rogozin.

"En todos los casos, a los rumanos no les saldrá bien 'echar en espaldas ajenas' la responsabilidad y ellos tendrán que responder ante Rusia y sus vecinos por las amenazas que han creado para nosotros y para nuestros amigos", declaró el diplomático.

Es posible que las autoridades rumanas no se hayan preocupado tanto por la amenaza a las naciones europeas y las posibles consecuencias del escudo en su país y en general, como por el interés financiero que ha recibido Rumanía gracias a este 'comercio bélico'.

El diario Romania Libera ha enfocado esta situación todo este tiempo con una interrogante crítica:

"¿De quién nos protegerá el escudo antimisiles?".

Los europeos, alarmados por la 'vecindad peligrosa'

Según el tratado de Bucarest y Washington, el dispositivo estratégico se ubicará en una base militar en el sur de Rumanía y estará operativo en 2015, para complementar otros sistemas balísticos en Polonia y Turquía.

En consecuencia, Moscú activó sus sistemas de misiles de corto alcance Iskander en la zona de su enclave occidental, Kaliningrado, como reacción ante la amenaza que representa el programa antibalístico de Washington en suelo europeo.

A raíz del anuncio de Rusia de desplegar un sistema de misiles en esta área que limita con Polonia y Lituania, el Gobierno lituano expresó su 'preocupación'.

El primer ministro del país, Andrius Kubilius, dijo que su Estado está en contra de estas acciones de respuesta de Moscú y que la Alianza Noratlántica "tiene que persuadir a Rusia" para que no lo haga.

Es curioso que Lituania exprese esta idea ahora y no en el momento en que la OTAN, organización a la que pertenece, tomó la decisión de instalar el sistema antimisiles estadounidense en la frontera rusa.

Mientras tanto, a pesar de las actividades bélicas de EE. UU. en Europa, Moscú interviene en la preparación del nuevo Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (TFACE) sin condiciones previas, según declaró hoy el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

"Las condiciones previas que tratan de promover nuestros socios no ayudan al asunto", señaló el ministro.

"Las propuestas rusas sobre el nuevo Tratado son conocidas desde hace tiempo, pero nuestros socios no responden", agregó. "Hasta ahora no hemos podido salir de este atolladero", señaló Lavrov.

¿Guantánamo en el centro de Europa?

Este viernes el presidente de Rumanía, Traian Basescu, se ha negado a comentar los datos 'incómodos' sobre una cárcel clandestina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese país, que fueron revelados por los medios de información.

La ubicación de una cárcel secreta de la CIA en el territorio de Rumanía fue descubierta por los periodistas de la agencia Associated Press y de la cadena de televisión alemana ARD.

Durante años, la CIA ha usado un edificio en el centro de Bucarest como prisión secreta denominada 'Luz Brillante' ('Bright Light'), donde se ubicaron presuntos miembros de Al Qaeda y detenidos más valiosos.

Por ejemplo, en el sótano de esta prisión estuvo el agente de Al Qaeda sospechoso del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohammed, hasta su transferencia definitiva a la base de Guantánamo en Cuba en 2006.

La prisión en la capital rumana era parte de una red de lugares secretos que la CIA operaba y controlaba en Tailandia, Lituania y Polonia durante el Gobierno de George W. Bush hasta 2006.

El edificio ahora es utilizado para la Oficina Nacional de Registro de Información Secreta (ORNISS, por sus siglas en rumano), donde se guarda información reservada de la OTAN y la Unión Europea.

Un alto funcionario de ORNISS dijo que el sótano, en el que había seis celdas, es uno de los cuartos más seguros en toda Rumanía.

Durante el primer mes de detención en este sótano los detenidos eran sometidos a privación del sueño y les arrojaban agua, les maltrataban y les obligaban a permanecer de pie en posiciones dolorosas, dijo un ex funcionario.

Anteriormente la organización Amnistía Internacional denunció también la existencia de cárceles secretas de la CIA en algunos países europeos, incluidos Lituania, Polonia o Gran Bretaña, donde los detenidos eran torturados.

Así, la existencia de este tipo de infraestructuras en territorio rumano no es propicia para el país, que pretende integrarse en el conjunto europeo: democrático, abierto y conforme a las leyes.

http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_33436.html

La “tragedia oculta” de las prisiones colombianas

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo denunció el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y abogado de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela durante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

“Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.

Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos...

Leer articulo completo AQUI.

Diferencia México – Francia

Aristegui - "Presunto Culpable" (La Camara Que Desnuda Al Sistema De Justicia En Mexico)


http://www.youtube.com/watch?v=1mwoT8FBpZQ


http://www.youtube.com/watch?v=KOg7BzNaTTA

Assange back in British jail after bail challenge

AFP – Wikileaks founder Julian Assange is pictured through the heavily tinted windows of a police vehicle as …

by Danny Kemp

LONDON (AFP) – WikiLeaks founder Julian Assange remained behind bars Wednesday despite a decision by a British court to grant him bail over sex crimes claims after Swedish prosecutors appealed the ruling.

The 39-year-old Australian had given a thumbs-up to the packed courtroom in London as the judge granted him conditional bail Tuesday, one week after being arrested at the request of Swedish authorities.

But two hours later, lawyers for Swedish prosecutors announced that they would appeal the ruling, meaning the case will now go to Britain's high court and a new hearing must be heard within 48 hours.

Until that time Assange, who denies the allegations, must stay in his cell at Wandsworth prison in London.

"This is really turning into a show trial," Assange's lawyer Mark Stephens told reporters after learning of the Swedish decision.

"They clearly will not spare any expense to keep Mr Assange in jail."

District judge Howard Riddle had earlier granted bail worth 240,000 pounds (378,000 dollars, 283,000 euros) but ordered that Assange wear an electronic tag, abide by a curfew and live at the country estate of a supporter.

"I am satisfied that the conditions I am going to impose will make it certain as far as the risk of flight is concerned," Riddle told City of Westminster Magistrates' Court.

Celebrity supporters in court included socialite and campaigner Bianca Jagger, while US filmmaker Michael Moore offered to put up bail. Assange's mother Christine had flown in from Australia for the hearing.

The announcement of bail prompted cheers from about 20 supporters who had staged a protest in support of Assange outside court, but the response became muted as it emerged that he would not yet be freed.

Even if Sweden had not appealed, Stephens said the court had demanded that those standing bail for Assange come up with 200,000 pounds in cash before he could be freed -- and this was unlikely to be raised immediately.

Another member of the legal team, high-profile human rights lawyer Geoffrey Robertson, earlier told the court that the rape and molestation allegations made against his client by two Swedish women should not be taken seriously.

"It was very clear this is not an extremely serious offence. It is arguably not even a rape offence," Robertson said.

He added that Assange was being held in "Victorian" conditions in prison and was being detained in solitary confinement and allowed just one visit per week.

Assange was arrested on December 7 after giving himself up to police acting on an extradition warrant from Sweden.

His legal team has condemned the claims as politically motivated, noting their timing coincided with WikiLeaks' release of thousands of secret US diplomatic cables, which have touched off a global storm.

Swedish prosecutors insist their investigation is based on law.

Wearing a dark suit and a white shirt, Assange spoke in court Tuesday only to confirm his name, date of birth and address in Victoria, Australia.

His next appearance at the court is on January 11, with a full extradition hearing set for February 7 to 8.

Earlier, Assange blasted three global giants that have stopped money being sent to his website -- credit card companies Visa and MasterCard and the Internet payment firm PayPal -- and accused them of being US puppets.

PayPal has said its decision to restrict the WikiLeaks account was not the result of any US pressure.

The three firms have been attacked by computer hackers for their stance.

In a statement to Australia's Channel 7, Assange also said WikiLeaks would not stop releasing the data, which has included candid reflections from US diplomats of world leaders and global events.

"My convictions are unfaltering. I remain true to the ideals I have expressed," Assange said, in a statement from prison he dictated to his mother.

US President Barack Obama has led worldwide condemnation of the leaks, dubbing them "deplorable", and Washington is pursuing a criminal investigation into how WikiLeaks obtained the information.

The latest US diplomatic cables released Wednesday show American fears about the failure of west African governments to tackle increased drug trafficking through their countries.

Much of the concern focuses on Ghana, which sits at the centre of a new cocaine transit zone, according to the cables revealed in Britain's Guardian newspaper.

Gillard may get me killed: Assange

This Aug. 14, 2010 photo shows WikiLeaks founder Julian Assange in Stockholm, Sweden. Secretary of State Hillary Rodham Clinton on Friday, Nov. 26, 2010 spoke with the Chinese government about the expected release of classified cables by the Wikileaks website. The release of hundreds of thousands of cables is expected this weekend, though Wikileaks has not specified the timing.

Exclusive by Kieran Campbell and Bianca Clare

WIKILEAKS founder Julian Assange says Prime Minister Julia Gillard has put his life and freedom at risk by publicly pre-judging his actions as “criminal”.

In written correspondence between Mr Assange and the Australian Government, made available exclusively to the Sunshine Coast Daily, Mr Assange highlights serious fears that Ms Gillard's statements questioning the legality of WikiLeaks would violate his right to a fair trial.

He said he feared he and his staff could be killed as he was aware senior figures in the United States, including politician Sarah Palin, had been calling for his arrest and assassination.

The 39-year-old Queenslander is currently in solitary confinement in Wandsworth Prison in England for his own safety.

He is due to appear in court for a second time on Tuesday after being arrested on a Swedish warrant.

Prosecutors want to question Julian Assange about allegations of rape and sexual molestation made by two women.

WikiLeaks supporters insist the allegations are politically motivated because of the sensitive nature of the leaked cables.

The US Government is considering extraditing Mr Assange for espionage or charges involving obtaining stolen property.

The charge of espionage involves the death penalty. Either charge would be the first of its kind.

Despite pleas from Mr Assange's Sunshine Coast-based mother Christine, the Australian Government has yet to commit to stepping in and bringing him back to Australia or assuring he won't be passed on to a third country .

Prime Minister Gillard was on holiday yesterday, leaving the Attorney-General's Department to answer a series of questions from the Daily about whether the government's stand was putting Mr Assange's life at risk.

But the answers were less clear than the allegations.

“Mr Assange has the same rights as any other Australian citizen,” a department spokesman said.

“That includes the right to consular assistance from the government and the right to return home to Australia.

“The government is ensuring Mr Assange has access to assistance from consular officials in London.

“They are in regular contact with Mr Assange and his lawyers, over the phone and through face-to-face meetings.”

Attorney-General Robert McClelland has specifically requested the Australian Federal Police examine whether any Australian laws have been breached in the release of classified information on WikiLeaks.

“In conversations I was asked yesterday about issues of illegality. This is a matter which clearly the United States' Government has primary carriage of, given it was their secure information,” he said.

Mr McClelland has compared the saga of leaked US diplomatic cables to former Treasury mole Godwin Grech, who sparked the OzCar affair in mid-2009.

Speaking to reporters in Sydney, Mr McClelland pointed out it took the Commonwealth Director of Public Prosecutions almost 18 months to decide against taking legal action. A member of Mr Assange's legal team said he complained he “does not get any recreation” in the prison and “has difficulties getting phone calls out. He is on his own”.

He is not allowed to have a laptop in his cell, but his lawyers have requested one.

Assange was in “very good” spirits but “frustrated” that he could not answer allegations against him, the spokesperson said.

About 50,000 Australians have signed a supporting statement about WikiLeaks, and members of action group GetUp have contributed $250,000 to book a full-page ad in leading world newspaper, The New York Times.

Fox recibió 20mdd para dejar escapar al Chapo: Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández denunció que Vicente Fox recibió un soborno de 20 millones de dólares para dejar salir de la cárcel al Chapo Guzmán apenas iniciando su sexenio.

Redacción/SDP

El ex-presidente panista Vicente Fox recibió un soborno de 20 millones de dólares para permitir que Joaquín "El Chapo" Guzmán escapara de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, apenas iniciando su sexenio, denuncia la periodista Anabel Hernández.

En entrevista para el programa En Contexto, de Telemundo 52, Los Angeles, con el periodista Rubén Luengas, Hernández señala que El Chapo no es protegido por campesinos ni por gente del pueblo, como sostiene el gobierno, sino que tiene protección del gobierno federal para no ser perseguido.

La autora del libro Los Señores del Narco señala que el Chapo no es el principal objetivo de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, sino sus enemigos.

Hernández apoya sus denuncias en documentos que le fueron entregados por la DEA.

http://www.youtube.com/watch?v=lj55ZI6uXjE

Se pretende privatizar todo el sector público con la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, denuncia López Obrador

Otumba, estado de México

Jueves 14 de octubre de 2010

* Pide a diputados federales que apoyan su movimiento que si es necesario tomen la tribuna de la Cámara, para impedir la aprobación de dicha legislación

*La propuesta corrobora que el PRIAN siempre se pone de acuerdo en la defensa de los intereses y privilegios de una minoría rapaz, afirma

*Con la eventual aprobación de la mencionada ley, empresarios nacionales y extranjeros podrán construir hospitales, escuelas y hasta cárceles, puntualiza

Desde este municipio, Andrés Manuel López Obrador solicitó a los diputados federales del PRD, PT y Convergencia afines al movimiento que encabeza que no permitan la aprobación de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas y, si es necesario, les pidió que procedan a la toma de la tribuna del Recinto de San Lázaro.

Luego de que las bancadas del PRI y del PAN en el Senado de la República impusieron su mayoría para aprobar la mencionada legislación, el presidente legítimo de México expresó su rechazo al proceso de ratificación en la Cámara de Diputados, por tratarse de una propuesta encaminada a la privatización de los servicios públicos.

Durante la asamblea informativa en este municipio, explicó que tanto el PRI como el PAN siempre se ponen de acuerdo para defender los intereses de una minoría rapaz y citó como ejemplo la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Acompañado por legisladores locales y federales del PRD, PT y Convergencia, sostuvo que la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, podrá construir hospitales, escuelas y hasta cárceles, así como obtener concesiones para el suministro de agua potable y la recolección de la basura, con la aprobación de la mencionada ley.

En suma, puntualizó, se trata de “la privatización de todo el sector público” y viene a confirmar que el gobierno espurio de Felipe Calderón facilita la realización de negocios privados, al amparo del poder público y que siempre se ponen de acuerdo el PRI y el PAN.

A pesar de que en apariencia hay un pleito entre las cúpulas de los partidos tricolor y albiazul, sobre todo en el tema de las alianzas electorales, los legisladores de ambas fuerzas políticas se ponen de acuerdo para aprobar leyes contrarias al interés popular, como quedó de manifiesto en el Senado de la República, abundó.-

Sin embargo, aclaró, que el Movimiento por la transformación de México y sus legisladores afines “no vamos a permitir la privatización de los servicios públicos”.

En específico, señaló que “voy a pedir a los diputados del movimiento que, por ningún motivo, se permita que esa ley se apruebe y que, si es necesario, hay que tomar la tribuna de la Cámara de Diputados, pero no permitir que se apruebe esa ley”.

Recordó también que hace un año, el presidente espurio tomó la decisión injusta e infame de despedir a 44 mil trabajadores electricistas. Posteriormente, a los dos días, salió el gobernador mexiquense, Enrique Peña, a expresar su apoyo a la determinación asumida por Calderón, porque se trata de una medida cuyo propósito es privatizar el sector eléctrico del país.

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Fuente: Gobierno Legítimo

Los otros muros

ANNE MARIE MERGIER

Veinte años después de la caída del Muro de Berlín –cuyo aniversario se celebra este lunes 9–, el sueño de un mundo sin barreras dista de alcanzarse: una decena de vallas se levantan en todo el planeta para separar pueblos enteros en función de intereses geopolíticos y económicos. Los muros entre Estados Unidos y México, Israel y Cisjordania, Corea del norte y Corea del sur, e India y Paquistán, así como los que se extienden en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en territorio de Marruecos, y entre las comunidades turcas y griegas en la isla de Chipre, son quizá los más conocidos. Pero existen otros igualmente absurdos y trágicos...

PARÍS.- El de Berlín fue el más emblemático de todos los muros construidos para separar a los seres humanos. En la euforia de su caída, el 9 de noviembre de 1989, surgió el sueño de un mundo sin barreras. Veinte años después, ese sueño es más utópico que nunca: no sólo crecen y se fortalecen los muros que ya existían antes del de Berlín, sino que han aparecido otros en diversas partes del mundo.
En los últimos seis años, según el geógrafo francés Michel Foucher, tan sólo en Europa y Asia Central se erigieron muros y barreras a lo largo de 26 mil kilómetros.
En realidad, se levantan muros en todos los continentes: son de concreto o piedra; algunos tienen vallas metálicas y telarañas de alambre de púas electrificadas.
Su construcción cuesta fortunas: el gobierno israelí desembolsa 2 millones de dólares por cada kilómetro de “la barda de seguridad” que separa a su país de los territorios palestinos; Washington tendrá que gastar un total de 8 mil millones de dólares para concluir su “barrera antiinmigrantes” entre Estados Unidos y México.
Tampoco se ahorran medios para vigilarlos: sus alrededores están plagados de minas antipersonales, detectores de movimientos y sensores de temperatura. Proyectores, radares, miradores, sofisticados sistemas electrónicos, soldados, perros y patrullas especializadas, los tienen en la mira las 24 horas del día. Por ejemplo, un millón 100 mil soldados montan guardia a lo largo del muro de 241 kilómetros que separa las dos partes de Corea: 700 mil pertenecen al ejército de Corea del norte y 410 mil al de Corea del sur.
Desde 2003, Botswana se empeña en concluir la construcción de una muralla electrificada de 500 kilómetros para aislarse de Zimbabwe, en África austral. En 2006, Arabia Saudita lanzó una iniciativa similar para erigir una barda de mil 500 kilómetros a lo largo de su frontera con Yemen, para protegerse contra “los traficantes de armas, terroristas y trabajadores clandestinos”, y empezó a hacer lo mismo en su frontera con Irak. Mientras tanto, la India sigue levantando alambradas a lo largo de los 4 mil kilómetros que la separan de Bangladesh…
En Bagdad, la Zona Verde que alberga a las sedes diplomáticas y las instalaciones gubernamentales iraquíes está totalmente cercada por muros y soldados armados hasta los dientes. Las cercas y los muros que dividían las zonas protestantes y católicas de Belfast, capital de Irlanda del Norte, aún no son desmantelados, a pesar de los acuerdos de paz firmados entre ambas comunidades en abril de 1998.
Resulta inacabable la lista de todas las barreras que se erigen año tras año en el mundo, reconocen Alexandra Novosseloff y Frank Neisse, dos expertos franceses, autores de Muros entre los hombres, una recopilación de reportajes que realizaron sobre ocho muros, unos altamente simbólicos, como el que separa a Estados Unidos de México o “la barda de seguridad” israelí, que aísla cada vez más a los palestinos; otros son injustamente olvidados, como el Berm, una muralla de arena y alambres de púas de 2 mil kilómetros construida por Marruecos y que divide en dos el territorio de Sahara Occidental, revindicado como suyo por Rabat.
La última frontera
El más antiguo de los “muros” visitados por Novosseloff y Neisse es el que separa a las dos Coreas. Se trata en realidad de una zona desmilitarizada de cuatro kilómetros de ancho y 241 kilómetros de largo cercada por dos líneas paralelas de altísimas bardas de alambres de púas. Es la última frontera heredada de la Guerra Fría.
Los investigadores franceses resumen su historia: en 1910, Corea fue colonizada por Japón, el cual fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Corea sufrió el mismo destino que Alemania. El país fue dividido en dos zonas de ocupación: una soviética en el norte, la estadunidense en el sur; el paralelo 38 marcó la línea fronteriza entre ambas.
En 1948 se creó la República de Corea, en el sur, y la República Popular Democrática de Corea, en el norte. El 24 junio de 1950, Corea del norte lanzó una ofensiva militar para reunificar el país. Fue el inicio de una guerra en la cual las fuerzas estadunidenses y de la ONU apoyaron a Corea del sur, mientras que las de China, asesoradas militarmente por la URSS, combatieron al lado del ejército de Corea del norte. El conflicto duro tres años y fue uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría.
El 27 de julio de 1953, las dos Coreas firmaron un armisticio que oficializó la frontera que serpentea alrededor del paralelo 38. Es la más militarizada del mundo, vigilada por más de 1 millón de soldados de ambos lados.
Durante 56 años de aislamiento absoluto, esa larguísima franja de territorio inhabitable para los seres humanos se convirtió en paraíso para múltiples especies animales, muchas en vías de desaparición: acoge a 20 mil aves migratorias, osos negros de Asia, linces euroasiáticos y tigres coreanos, los más raros del planeta.
Seúl estima que 6 mil norcoreanos lograron fugarse de su país para instalarse en Corea del sur. Novosseloff y Niesse explican que viven en condiciones difíciles, en conflicto permanente por el contraste entre el sistema dictatorial oscurantista de Corea del norte y el capitalismo desenfrenado de Corea del sur.
Desde 1990, Seúl y Pyongyang sostienen pláticas “amistosas” con vistas a una eventual reunificación; incluso autorizan con discreción encuentros de familias separadas por la división del país. En 2007 se inauguró una línea de ferrocarril para unir a los dos territorios, cuyo tráfico es bastante limitado e inaccesible para los extranjeros.
Más allá de la retórica oficial de los dos gobiernos, la reunificación del país plantea graves problemas. El régimen de Corea del norte no la desea porque no sobrevivirá si abre su frontera. El gobierno de Corea del sur teme también por su sobrevivencia, pues sabe que le tocará asumir todo el costo de esa reunificación que podría alcanzar mil millones de dólares. Su economía no resistiría semejante gasto.
La línea verde
El “muro” que corta en dos a la isla de Chipre y su capital, Nicosia, mide 180 kilómetros de largo y, según las zonas, puede tener entre siete y 20 kilómetros de ancho. No está hecho de concreto, sino de alambres de púas, bolsas de arena y barriles metálicos oxidados.
El 16 de agosto de 1960, la ONU reconoció la independencia de esa excolonia británica ubicada en el mar mediterráneo y poblada por comunidades griegas y turcas. Naciones Unidas intentó preservar un equilibrio entre ambos grupos y los convenció de que el presidente debía ser griego, mientras que el vicepresidente debe ser turco.
Pasaron tres años, en que se multiplicaron incidentes entre las dos comunidades. El 21 de diciembre de 1963 hubo enfrentamientos violentos que se iniciaron en Nicosia y se extendieron a toda la isla. Intervinieron soldados británicos y luego Cascos Azules enviados por la ONU. Griegos y turcos se replegaron cada cual en una parte de la isla y vivieron en un clima de Guerra Fría hasta 1974, año en que la dictadura militar griega derrocó al presidente de Chipre, el obispo ortodoxo Michail Makarios, acusándolo de apoyar a sus opositores. La reacción de Ankara no se hizo esperar: sus tropas invadieron la isla para proteger a la comunidad turca.
Le costó bastante esfuerzo al Consejo de Seguridad de la ONU sentar a los contrincantes a la mesa de negociaciones.
Finalmente, el 16 de agosto de 1974 Turquía aceptó firmar un cese al fuego. La isla quedó oficialmente dividida en dos a lo largo del paralelo 35. El 13 de febrero de 1975, la comunidad turca de Chipre anunció la creación del Estado turco-chipriota, que se convirtió en República Turca de Chipre del Norte (RTCN) el 15 de noviembre de 1983.
La RTCN sólo es reconocida por Turquía y Azerbaiyán. La ONU la considera una aberración y sostiene relaciones exclusivamente con la Republica de Chipre (Griega). Esta última se integró a la Unión Europea en 2004.
Desde 2003 se abrieron varios puntos de cruce en la valla conocida como Línea Verde que separa las dos partes de la isla, pero pocos chipriotas los aprovechan, según observaron Novosseloff y Neisse. Las estadísticas son elocuentes: en los últimos seis años, sólo 50% de los habitantes de la República de Chipre visitaron la otra parte de la isla. De acuerdo con los sondeos de opinión, la mitad de los grecochipriotas griegos no aspira a la reunificación de la isla y 80% de ellos son jóvenes.
No se tienen datos precisos sobre el sentir de los turcochipriotas, pero todo parece indicar que tampoco sueñan con una reunificación. Sólo se sabe que, desde 2003, unos 10 mil de ellos cruzan diariamente la frontera para trabajar como albañiles en la parte griega de la isla, donde se sienten despreciados.
Desde hace 35 años la ONU se encarga de vigilar el “muro” chipriota. Dispone de 850 soldados, 60 policías, 30 funcionarios internacionales y un centenar de empleados locales para cumplir esa misión, financiada por Grecia y la República de Chipre.
Puertas cerradas
Otras barreras se levantaron en los últimos años para “proteger” a Europa. Las más trágicas son las inmensas rejas que separan los enclaves españoles de Melilla y Ceuta, en territorio marroquí.
Ambas están integradas por una triple línea de vallas metálicas de seis metros de altura, 12 kilómetros de largo en Melilla y ocho kilómetros en Ceuta. Están custodiadas por la guardia civil española y el ejército marroquí, que cuentan con un arsenal de cámaras y sensores para detectar la presencia de inmigrantes ilegales.
Melilla mide 12.3 kilómetros cuadrados y Ceuta 19. La primera “pertenece” a España desde 1497 y la segunda desde 1668. Las dos hacen soñar a una multitud de africanos en busca de trabajo. Son “puertas” para entrar a Europa. En 1995 fue tan fuerte el flujo de migrantes hacia los dos enclaves, que España empezó a construir vallas.
En 2005, Ceuta y Melilla acapararon la atención de los medios masivos de comunicación internacionales, cuando cientos de migrantes tomaron por asalto el patético muro. Sus únicas armas eran escaleras de madera rudimentarias y su férrea voluntad de cambiar su destino. Diez de ellos cayeron, víctimas de las balas, mientras que otras decenas resultaron heridas. Muchos lograron su cometido: penetrar en ese minúsculo espacio europeo.
Desde esos terribles acontecimientos, España y Marruecos reforzaron aún más su vigilancia, y hasta la fecha las cercas son infranqueables. En 2004 se registraron 55 mil intentos de brincarlas; en 2005 se redujeron a 12 mil.
Pero eso no significa que se haya interrumpido el flujo desesperado de migrantes. Éstos toman cada vez más riesgos: se lanzan en alta mar a bordo de embarcaciones precarias con el propósito de llegar a las Islas Canarias o a territorio continental español. Otros van hasta Libia para atravesar el mar Mediterráneo y llegar a las islas de Malta o de Lampedusa.
Zona de control
El “muro” que separa a la India de Paquistán, en la muy conflictiva región de Cachemira, comenzó a levantarse en 2002. Esa valla de 550 kilómetros, que cuenta con tres hileras de alambres de púas electrificadas de 3.5 metros de altura, parte en dos a Cachemira: la región de sureste es controlada por la India; la del noroeste, por Paquistán.
La peligrosa rivalidad entre la India y Pakistán –países que cuentan con armas nucleares– se remonta a la división que en 1947 realizó el imperio británico sobre las Indias. Y su disputa por Cachemira parece inacabable: moviliza a 30 mil soldados paquistaníes concentrados en Azad Cachemira, y 450 mil soldados indios en pie de guerra en Jammu y Cachemira.
Explican Novosseloff y Neisse: “El valle de Cachemira es una gigantesca reserva de agua que irriga toda la cuenca del río Indus. Es un verdadero cruce entre el mundo indo-paquistaní, Afganistán, Asia Central y China. Fue comprado a Inglaterra en 1846 por el maharajá Gulab Singh, quien siguió reconociendo la soberanía británica sobre “su” territorio. En 1947, Londres explicó a Hari Singh, descendiente de Gulab, que su país tenía que integrarse a la India o a Paquistán.
El maharajá escogió una tercera opción: convertir a Cachemira en reino independiente. Londres aceptó, pero dicha independencia sólo duró 73 días. De inmediato empezaron los conflictos que siguen enlutando a ese país. En octubre de 1947, miles de soldados paquistaníes invadieron Cachemira. Hari Singh se unió a la India a cambio de apoyo militar para resistir a Paquistán. Los soldados indios intervinieron a su vez en Cachemira. Explotó la guerra. La ONU impuso un cese al fuego en 1949, pero Cachemira quedó dividida en dos.
En 1972, India y Paquistán firmaron un acuerdo para definir la frontera entre ambas partes, que llamaron Línea de Control. Pero a partir de los noventa volvió la tensión debido a la infiltración de yihadistas paquistaníes en Jammu y Cachemira. En 2002, India inició la construcción de una inmensa “valla de protección” que acabó en 2003, justo después de haber firmado un nuevo cese al fuego con Paquistán.
La Línea de Control es quizás el “muro” más extravagante del mundo, ya que cruza el Himalaya a 5 mil metros de altura y trepa hasta 6 mil 827 metros en los montes de Saltoro. Sólo cubre 550 kilómetros de los 740 que separan las dos partes de Cachemira. Los 190 kilómetros restantes son tan inaccesibles que no permitieron acabar la obra.
A raíz del terremoto de 2005, que causó estragos en Azad Cachemira (controlado por Paquistán) y costó la vida a 75 mil personas, bajaron mucho las tensiones en la Línea de Control, pero no se vislumbra solución alguna a ese conflicto que lleva ya medio siglo. Los expertos de la ONU piensan que la mejor solución sería otorgar una amplia autonomía de esa región de 13 millones de habitantes, aunque por el momento la India y Paquistán se aferran a sus reivindicaciones territoriales.
Muro de la vergüenza
Israel también decidió levantar una “valla de seguridad”, conocida como “barrera antiterrorista”, para apartarse de Cisjordania. Los palestinos hablan del “muro de la vergüenza” o “muro del apartheid”. Su construcción empezó en octubre de 2003.
La aparición de ese “muro” sigue causando escándalo en el todo el mundo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya lo condenó por violar los derechos más elementales de los palestinos y la ONU insiste en que debe desmantelarse.
El repudio internacional no parece detener al gobierno israelí que repite en Cisjordania lo que ya había hecho en Gaza a finales de ochenta: esta franja de 360 kilómetros cuadrados que cuenta con 1 millón y medio de habitantes lleva dos décadas totalmente cercada por vallas metálicas y muros; su perímetro terrestre y marítimo está bajo estricta vigilancia del ejército israelí. Gaza se convirtió en la cárcel a cielo abierto más grande del planeta.
Una vez acabada, la “barrera de seguridad” de Cisjordania se desplegará a lo largo de 790 kilómetros. Hay tramos en que la construcción es de concreto, a la manera del antiguo Muro de Berlín, sólo que las bardas son más altas y alcanzan hasta 9 metros; en otros, sólo hay cercas metálicas. La prensa israelí afirma que el gobierno de Tel Aviv ha gastado mil 727 millones de euros en esa obra.
Lejos de seguir la Línea Verde (la frontera entre Israel y Cisjordania establecida por los británicos en 1949), el “muro” penetra con frecuencia en Cisjordania, reduce cada vez más el espacio vital de los palestinos e impide cualquier continuidad territorial para su futuro Estado.
El trazado inicial de esa verja preveía la anexión de facto de 20% de Cisjordania. La presión internacional ha logrado frenar un poco las ambiciones israelíes, pero aun así el muro y los espacios de seguridad que lo rodean ocupan ya 4.5% de los territorios palestinos.
Para su edificación, cientos de viviendas palestinas fueron arrasadas, lo mismo que miles de frutales y olivos. La barda corta pueblos en dos e impide que niños y jóvenes asistan a sus escuelas, que los enfermos acudan al hospital, que los campesinos cultiven sus tierras, que las familias se visiten.
El “muro” cortó todos los lazos entre Jerusalén oriental y el resto de Cisjordania. En 1949, los palestinos disponían de seis kilómetros cuadrados en Jerusalén oriental y de 64 kilómetros cuadrados en sus alrededores. Hoy, 200 mil judíos colonizaron ya gran parte de ese espacio.
Las consecuencias económicas y sociales de la construcción de esa barrera de seguridad son desastrosas: en Jerusalén, 67% de las familias palestinas viven por debajo del umbral de pobreza, mientras que 40% de los palestinos en edad productiva están desempleados en Cisjordania.
Los expertos coinciden: el muro no acabará con las seis décadas de violencia entre israelíes y palestinos. Eso lo sabe muy bien el gobierno de Tel Aviv. Por eso quiere ganar tiempo.
Fuente: Proceso

Querétaro y la barbarie carcelaria

JAVIER SICILIA

Desconcertada ante la violencia desatada por un gobierno inepto y una sociedad devorada por la economía y el consumo, una buena parte de la sociedad y de la clase política cree que para erradicarla se necesita una violencia tan extrema como la que despliega el crimen, es decir, una vuelta a la ley del talión, un endurecimiento de la ley y del castigo ejemplar. Esta política, cuyos resultados –el video que recientemente se nos presentó sobre los sucesos de Nayarit es un horrible ejemplo de ello– son la humillación, la violencia vengativa y el despliegue innecesario del poder –en síntesis, la antítesis de la justicia y de los derechos del hombre–, están instaurando la barbarie y la contraproductividad en nuestro país.

Los Cereso, contraviniendo su nombre –Centros de Readaptación Social–, se han convertido en sitios para la venganza y la humillación, sitios donde la violencia legal da rienda suelta a la impotencia y el odio de una ciudadanía asediada por el crimen.
La actual administración de los Cereso de Querétaro es un ejemplo de ello. Hasta recientes fechas, es decir, hasta el cambio de administración que llegó con el nuevo gobierno, esos Cereso estaban administrados por el ingeniero Juan José Pedraza, un hombre que, a diferencia de la mayoría de los administradores carcelarios del país, cree en la vocación que el sistema penitenciario lleva en su nombre. Desde su llegada, en 2004, se abocó a la tarea de hacer de esos Cereso verdaderos centros de readaptación: contra el control, la disciplina; contra la orden y el temor, la construcción de valores.
“Trabajamos –declaró en una entrevista (Conspiratio 01, septiembre-octubre 2009) con lo que llamamos ‘energía ligada’, que (contraria a la ‘energía móvil’, la de la orden y el control) (…) se orienta hacia la disciplina que busca la ‘energía autónoma’”, es decir, la construcción de la responsabilidad en el interno. Para ello desarrolló un programa basado en el deporte, el teatro, la lectura, la poesía, la dignificación alimentaria, la confianza, etcétera, con el que obtuvo resultados magníficos en el orden de la dignificación y la readaptación social (véase la entrevista citada y el Sistema de readaptación social en el estado de Querétaro).
Por desgracia, la lógica de la barbarie sobre el débil y el réprobo, que ha acompañado a la venganza a lo largo de la historia y que en nuestro país se ha vuelto la temperatura de las buenas conciencias, lo vio muy mal. Los ataques al trabajo de Pedraza han conducido, con el cambio de administración, no sólo a un retorno a la barbarie penitenciaria, sino a la venganza sobre aquellos internos que colaboraron estrechamente con el programa de Pedraza y son un ejemplo de sus logros.
Cinco internos, a los que conozco y de los cuales puedo dar fe de su readaptación, buen comportamiento, trabajo creativo y servicio a la comunidad –Sergio Velarde Muro, Paulo Ortiz Villalpando, Luis Eduardo Lozano Alegría, Manuel García Ibarra (El Chino) y Faustino Ayala Guillén– han sido enviados, sin motivo alguno, por una simple venganza y abuso de poder, al “módulo cerrado”, es decir, al módulo de los criminales violentos y endurecidos. Despojados de su humanidad, de su dignidad de hombres que han transformado sus vidas; sometidos a todo tipo de humillaciones, controles y órdenes gritadas a cada momento, estos hombres son un ejemplo de adónde nos están conduciendo la exaltación de la barbarie y el ánimo de venganza.
Esta realidad es atroz, destruye la escala de valores y comienza a considerar el endurecimiento de la violencia legal como un bien. Cada vez más –la nueva administración de los Cereso de Querétaro lo muestra–, en medio de la violencia que nos rodea –sea de los criminales o del gobierno, es decir, ilegal o legal–, hay más hombres y mujeres que, ya sea por ambición, por una especie de idolatría ante la justicia ciega del talión, porque confunden la firmeza de alma con la insensibilidad o porque, como Eichmann, carecen de imaginación, se acomodan muy bien a la barbarie, la ven con indiferencia y como un instrumento útil para dignificar la abstracción llamada sociedad.
Es necesario, en nombre de la dignidad, del respeto a la verdadera justicia y a la readaptación, que esos hombres, injusta y vengativamente castigados, sean sacados de los “módulos cerrados” y devueltos a la dignidad y al estatus humano que habían alcanzado. Yo lo pido, lo exijo como hombre y ciudadano de este país. De lo contrario, la justicia en los Cereso de Querétaro será una continuación del crimen que quiere erradicar. Simone Weil escribía que “Un Estado bajamente civilizado puede llevar a aquellos que somete, a esa descomposición moral que (...) destruye brutal y definitivamente la continuidad de la vida espiritual”.
Nunca enfrentaremos civilizadamente el horror del crimen con la injusticia y la venganza. Sólo lo haremos creando, como lo hizo Pedraza, métodos que se corresponden con la justicia y la dignidad de lo humano. Una justicia que niega esto será siempre una justicia bárbara que, como las consecuencias de la ley del talión, nos dejará un día a todos ciegos y baldados.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Fuente: Proceso