Pasivos de Ferronalesjub alcanzarán 63 mil MDP

Las autoridades no calcularon que los ferrocarrileros jubilados vivieran “tantos años” y el dinero que dispusieron para pagar pensiones se ha agotado. El déficit actuarial supera ya los 43 mil millones de pesos. Sin embargo, Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, reconoce que la cifra podría aumentar a 63 mil millones “hasta que muera el último trabajador”. Desde 1997 –cuando se creó el fideicomiso Ferronalesjub– y hasta el 31 de diciembre de 2010, se habían erogado más de 40 mil millones de pesos en las pensiones de los trabajadores. A la fecha, más de 36 mil ferrocarrileros con su futuro incierto. Además, se adeudan 156 millones por juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos.

El “agotamiento” financiero del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 afecta a 36 mil 512 extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en Liquidación. El fondo debía de cubrir el pago de pensiones vitalicias hasta 2032; no obstante, a diciembre de 2010, poseía 1 mil 418 millones 320 mil 300 pesos, que alcanzarían sólo para el primer semestre de 2011. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un déficit actuarial de 43 mil 223 millones 585 mil pesos.

Producto de la licitación de vía general de comunicación ferroviaria del Noreste, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 en Nacional Financiera, con una aportación inicial de 13 mil 529 millones 750 mil pesos. El pasivo actuarial necesario para cubrir las obligaciones de Ferronalesjub, hasta que fallezca el último jubilado, es de 63 mil millones de pesos, reconoce Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México.

Sin embargo, “es muy complicado que el gobierno federal pueda destinar este monto de recursos”; la prioridad será capitalizar el fondo cada año para que, en la medida de lo posible, “en ningún momento se encuentre en peligro el pago de pensiones para jubilados”, explica Jorge Antonio Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación del Proceso de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).

El déficit actuarial del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2010, era de 43 mil 223 millones 585 mil pesos. A decir de Tello Ludlow, “los recursos se agotaron porque las premisas que se adoptaron en el [primer] estudio actuarial no fueron las adecuadas; [por ejemplo] la mortandad, la expectativa de vida de los pensionados, no fue la acertada. La Secretaría de Hacienda [y Crédito Público] ha decidido capitalizar este fondo de manera anual; es decir, nosotros entregamos un escenario económico de cuántos recursos se van a requerir para el próximo año y se propone a la Cámara de Diputados para el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Sae solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 8 millones 306 mil 900 pesos para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 del Fideicomiso (oficio DCO/DELE/455/2011, del 15 de agosto). Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación envió a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda los datos para recibir los recursos autorizados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, para el pago de pensiones jubilatorias por 2 millones 777 mil 300 pesos (oficio DGAAF/128/2011, del 15 de diciembre).

El pago de asignación, denominado también “ajuste de pensión jubilatoria por demanda o nómina alterna”, es el procedimiento por medio del cual se cubren las obligaciones determinadas en los laudos. “Cuando se constituyó el Fideicomiso existía la posibilidad de incorporar nuevos jubilados que, a partir de resoluciones judiciales, adquirían derechos. En esta nómina alterna se administran las obligaciones con 2 mil 72 jubilados que no se han podido subir al Fideicomiso. La Secretaría de Hacienda nos da recursos también para atender las obligaciones con este grupo de jubilados de la nómina alterna”, explica Márquez Serralde.

–¿Cuál es el número de jubilados?

??A marzo de este año tenemos 36 mil 512 fideicomisarios. La parte operativa que administra todas las obligaciones del Fideicomiso tiene establecidos mecanismos para verificar la supervivencia de estas personas de forma tal que nos aseguremos que se le está pagando todavía a la gente que vive. Hay 2 mil 72 en la nómina alterna. Puede ser que haya una persona cobrando en el Fideicomiso y en la nómina alterna. El contrato establece la posibilidad de que si una autoridad laboral determina el derecho de una persona a ser jubilado o el ajuste de su pensión, y por nómina alterna cobra los pesos adicionales que no se le pagan en el Fideicomiso.

La ASF revisó el total juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos en contra de Ferrocarriles. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Sae no habían pagado 482 millones 501 mil pesos de pasivo exigible ?462 millones 700 mil pesos son resultado de 463 procesos con laudo condenatorio firme y 19 millones 801 mil pesos correspondientes a siete asuntos contencioso-administrativos no concluidos?.

Banobras informó que existe una propuesta para dar por concluidos los pasivos laborales; la documentación se encuentra en la Dirección Jurídico Laboral de Ferronales. En tanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes objetó que, a noviembre de 2011, hubo una disminución del 53.9 por ciento del pasivo exigible y de los siete casos no laborales se tramita el pago por 17 millones 369 mil pesos a favor del organismo Luz y Fuerza del Centro.

“Por lo que respecta al artículo cuarto y segundo transitorio del Decreto de Extinción de Ferrocarriles, las estrategias para la atención de asuntos jurídicos laborales del PML 2010 [Programa Maestro de Liquidación] y de la cláusula décima sexta del Contrato del Fideicomiso Ferronalesjub, se considera que no existe incumplimiento, debido a que quien es garante de las obligaciones laborales por jubilaciones es el gobierno federal; se realizaron acciones a través de la SCT para la obtención de los recursos para hacer frente a las obligaciones laborales”, argumentó el Banobras en la reunión de Preconfronta con el órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados.

En cuanto a los más de 462 millones de pago exigible, Guillermo Tello explica que “el tema de los juicios laborales no es crítico; está bien controlado […] Ese pasivo exigible no se había pagado porque no se contaba con los recursos. En 2011, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación le autorizan a Ferrocarriles una cantidad de recursos, priorizamos en el tema. El saldo a [diciembre de] 2011 es de 152 millones”.

Por otra parte, el costo de liquidación de FNM, del 19 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 2010, asciende a 40 mil 804 millones 307 mil 800 pesos, de los cuales 34 mil 193 millones 980 mil 500 incumben recursos propios y 6 mil 610 millones 327 mil 300 pesos son recursos federales. La Auditoría Superior, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, considera que el Banobras y el Sae no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al proceso de liquidación de Ferrocarriles, por lo que el dictamen de la auditoría fue negativo. El Órgano Interno de Control tendrá que investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados.

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica”. El 25 de junio se emitieron las “bases para llevar a cabo la liquidación”.

El 29 de agosto de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes designó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como responsable de la liquidación de FNM. El 14 de julio de 2010, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lo sustituyó; el 17 de agosto se dio el nombramiento oficial y el 31 de ese mes se suscribió el Acta de Entrega-Recepción, compuesta por 130 anexos sobre los pasivos, activos y asuntos pendientes.

Con el análisis de los estados financieros de Ferrocarriles Nacionales de México se confirmó un déficit de 13 mil 58 millones 251 mil pesos. Para gastos de operación y pago de pasivos, el monto requerido para 2011 ascendía a 1 mil 64 millones 100 mil pesos; se autorizaron 758 millones 300 mil pesos, los cuales fueron transferidos al Sae como resultado de un convenio suscrito el 25 de marzo de 2011 con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A decir de la Auditoría Superior, los recursos obtenidos no son suficientes para cumplir las obligaciones financieras del Ferronalesjub.

En el Informe también se evidencia la nula atención a 1 mil 157 solicitudes de donaciones de jubilados, pensionados o sus sucesores, de instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro, por una superficie de 11 millones 509 mil 709 metros cuadrados. El Banco Nacional argumentó que el artículo sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales y segundo del Decreto no establecen tiempos específicos, por lo que no existe incumplimiento por parte de la institución. Se trabajó de manera conjunta con la SCT en la elaboración de lineamientos que regulen las donaciones; el seguimiento lo hacía la Dirección Comercial y de Atención a Gobierno a través de la Gerencia de Consultoría Jurídica y Patrimonio Inmobiliario en Ferrocarriles.

El objetivo de regular cinco predios invadidos, esto es 359 mil 100 metros cuadrados, no se concretó. No existe respaldo documental que ampare la labor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ferrocarriles Nacionales de México y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

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Prisma Internacional

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Planteamientos sobre el desorden en el IMSS panista

LOS PILLOS....DE MEXICO

Gustavo Leal F. *

1.

El anuncio según el cual la Ley de Ingresos 2011 autoriza que el IMSS transfiera excedentes de las reservas de los seguros de invalidez, vida y riesgos de trabajo a los de enfermedades y maternidad significa que la institución vuelve, de facto, al entramado de su Ley 1973.

Después de la reforma Zedillo (1997), que amputó al instituto sus recursos pensionarios privatizándolos en las Afore, después del deliberadamente equívoco diagnóstico Levy-Fox que –con apocalípticos pronósticos y cifras exageradas– desprestigió a los mejores equipos de salud nacionales con la mira de destruir el contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina, fabricando el mito del peso del Regímen de Jubilaciones y Pensiones, después de no canalizar al IMSS la brutal bolsa de recursos frescos que Fox y Calderón destinaron al incoherente Seguro Popular (y su modalidad petit, el Seguro Médico para una Nueva Generación), ese anuncio para el uso de las reservas representa el reconocimiento final del patente fracaso de la reforma Zedillo.

Sintetiza la negación de facto de aquello que en 1997 los tecnócratas esgrimieron como argumento vertebral para soportar la necesidad de una reforma que ha fallado por completo. Esos tecnócratas son Gabriel Martínez (hoy secretario general del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social) y su estrecho colaborador Eduardo González Pier (diseñador, con Julio Frenk, del Seguro Popular, hoy director de finanzas del IMSS).

2.

La iniciativa de Calderón respecto a que ese rebalanceo es apenas un respiro, por lo que urge una nueva generación de reformas que garanticen viabilidad financiera de largo plazo, constituye sólo una enorme pantalla para ocultar el desorden generalizado que priva en el IMSS de los panistas.

Desde 2000, con Fox y Levy, aunque muy especialmente desde 2006, con Calderón, Horcasitas y Karam, en ese IMSS campean sin pausa ineficiencia, omisiones, incumplimiento, favoritismo y discrecionalidad en compras y cobranza, entre muchas otras áreas.

Afectando el corazón de las expectativas de la derechohabiencia, ese desorden obstaculiza lo que debiera ser la producción cabal de servicios en un auténtico caos. La norma son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.

Sólo las fantásticas Encuestas de Satisfacción de Transparencia Mexicana (Federico Reyes Heroles) sostienen que 77 por ciento de los derechohabientes manifestó estar muy satisfecho o algo satisfecho con la atención.

La calidad de las gestiones de Fox y Calderón ha instaurado un desorden de alcance y profundidad inéditos. Durante una década –aunque ciertamente muy agudizado con Calderón– los servicios han sido víctimas de una virtual ocupación que feudalizó al IMSS, implantando un medioevo de los intereses que se benefician de los recursos destinados a la operación.

Por eso, los servicios están peor que nunca y sin expectativa de mejora. La pantalla de Calderón: su nueva generación de reformas busca ganar tiempo y ocultar el fatal saldo de la peor década en la historia del instituto.

De los gobiernos de la alternancia se aguardó el impostergable diseño de una política de salud y seguridad social alternativa, capaz de corregir de raíz las inercias del autoritarismo priísta. Antes que nada, esa política debió haber exigido cuentas, evaluar y transparentar las gestiones priístas, para con todo ello mejorar inmediatamente los servicios heredados y rendir nuevas cuentas.

Nada se hizo. Los panistas de la alternancia compraron el diagnóstico tecnocrático de Funsalud (Soberón y Frenk) e impusieron el Seguro Popular, mientras permitían que el zedillista Levy (autor del contrato de subrogación que culminó en la tragedia de la guardería ABC) desmantelara el IMSS con la constitución de las opacas UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad), sus apocalípticos informes y el crecimiento escalador de la corrupción. Hoy día Levy asesora en el asunto a Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.

Como Fox, Calderón ha consolidado su desorden generalizado gracias a la calidad de una cúpula sindical: la de Gutiérrez Fragoso que –formando parte del cuadro de ese caos institucional, suspendiendo trabajadores, sacrificando a los de nuevo ingreso, violando estatutos y perpetuándose al estilo de Elba Esther Gordillo en el poder– se ubicó como representación legislativa del propio PAN.

Como Fox, Calderón tampoco hizo su tarea desde la titularidad del Ejecutivo: no fue responsable ante la nación y su principal institución de seguridad social. Agravó el desorden generalizado iniciado por Levy y lo extendió a la entera institución con Horcasitas y Karam. La bomba de tiempo está dispuesta para estallar el próximo sexenio.

3.

Descontando el otro gran fracaso –la reforma del ISSSTE (2007)–, como el IMSS de los panistas, Fox y Calderón sólo agravaron y corrompieron el daño estructural generado por la ley Zedillo de 1997, es claro que la pantalla de Calderón y Karam sobre una nueva generación de reformas debe traducirse en una movilización social que exija al Ejecutivo que ya no se atreva a tocar absolutamente nada más en la salud y seguridad social de los mexicanos.

El debate sobre esta crucial y estratégica política de cohesión social está en curso. Es hora de dilatarlo y democratizarlo.

Fincar las responsabilidades a todos los priístas y panistas autores del desorden generalizado del actual IMSS es tarea de gobierno que triunfe en la jornada electoral de 2012. Y sin duda, para reconstruir el instituto que México necesita –generando primero empleo–, deberá partir obligadamente de ese debate en curso.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Mario Di Costanzo: propuesta de no cobrarle impuestos a los pensionados y jubilados

http://www.youtube.com/watch?v=dVs0TqqXdPw

El golpe devastador de 1995

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 3 de agosto.- Hace poco más de dos meses, el 26 de mayo de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la reducción de 60% a las pensiones máximas que paga el Instituto Mexicano del Seguro Social a los mexicanos; así, en una sesión privada, redujo sus ingresos a menos de la mitad.

En la Ley del Seguro Social de 1973 se establecía como tope máximo de cotización para los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 10 salarios mínimos generales del Distrito Federal, y de la lectura sistemática de la misma legislación puede inferirse que ese mismo tope regía para el pago de las pensiones; también se indicaba que un requisito para tener ese derecho era haber cotizado un mínimo de 500 semanas, es decir, bastaba con haber estado inscrito en el IMSS durante nueve años y poco más de siete meses.

La Ley del Seguro Social de 1995, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, modificó ambas disposiciones: fijó como tope máximo de cotización 25 salarios mínimos generales del Distrito Federal y, por ende, puede inferirse –de la misma manera que se hacía en el caso anterior– que ese mismo tope rige para el pago de pensiones; pero también elevó el número de semanas cotizadas para tener derecho a dicho beneficio a mil 250, es decir, a partir de ese año se tendría que estar inscrito en el IMSS al menos durante 24 años y dos semanas.

Dicha ley también derogó la obligación del gobierno de sufragar las pensiones y la derivó al Sistema de Ahorro para el Retiro, las Afores, mediante las cuales la pensión del derechohabiente estará en función de lo que haya logrado ahorrar a lo largo de su vida productiva. Pero estableció dos excepciones. Una, en un transitorio: aquellos asegurados (o sus beneficiarios) que hayan estado inscritos en el Seguro Social antes de la entrada en vigor de la nueva legislación; y, de forma permanente, aquellos trabajadores que a pesar de haber estado cotizando por más de 24 años no lograron los ahorros suficientes para que los rendimientos que éstos les generen fuesen, al menos, el equivalente a un salario mínimo.

Para dar una idea de lo que ese golpe significó a las pensiones de los mexicanos basta la siguiente ilustración: quien haya empezado a cotizar en junio de 1997 –es decir, unos días antes de la entrada en vigor de la nueva legislación–, ganaba en esos momentos 25 salarios mínimos y, por lo tanto, de inmediato empezó a recibir en su cuenta individualizada para el retiro el tope máximo de las aportaciones, una vez que cumplió las 500 semanas de cotización tendría un ahorro suficiente para recibir, a las tasas de interés actuales, un ingreso equivalente a 1.25 salarios mínimos, es decir, escasamente un salario mínimo y una cuarta parte adicional.

Por supuesto que ese derechohabiente optó por acogerse al antiguo régimen de pensiones y su ingreso se incrementó, de acuerdo con la interpretación que adopta hasta hoy el IMSS (pues todavía no se aplica el criterio emitido por la Sala Segunda de la Corte), 20 veces. Aun con la interpretación de la Corte, su ingreso se multiplicaría por ocho.

Si el tope de 10 salarios mínimos se establece indiscriminadamente, por supuesto que se comete una gran injusticia, porque los trabajadores que cotizaron durante los últimos 13 años (el tiempo que lleva en vigor esta ley) lo correspondiente a 25 salarios mínimos y tenían, previo a la entrada en vigor, el equivalente a otros 11 años de cotización, es decir, cotizaron en el IMSS durante las mil 250 semanas requeridas con la nueva disposición, tienen derecho a una pensión equivalente al tope máximo con el que cotizaron durante los últimos cinco años (250 semanas), que son los 25 salarios mínimos.

Sin embargo, hay que reconocer que aquellos asegurados que únicamente alcanzan las 500 semanas cotizadas (que establecía la ley de 1973), de las cuales cotizaron las últimas 250 al tope máximo, no pueden recibir el mismo trato: la diferencia es ni más ni menos que 14 años de cotizaciones y trabajo.

Lo justo en este caso sería que quien cumpla los requisitos de 24 años y dos semanas de cotización y, por lo tanto, cumpla con el requisito establecido en la nueva ley, pueda aspirar a recibir la pensión máxima de 25 salarios mínimos; en cambio, quien únicamente cumple con los nueve años y ocho meses (requisito establecido en la ley de 1973) aspire a una pensión máxima de 10 salarios mínimos. Aquí el problema surge entre los que se encuentran en un punto intermedio, lo cual en plena justicia debía ser atendido con una tabla de equivalencias; así, por ejemplo, los que tengan 15 años, pueden aspirar a una pensión máxima de 15 salarios mínimos.

Hasta hoy la Corte no ha hecho distinción alguna y por lo mismo afectaría, de acuerdo con diversas publicaciones, a más de un millón 200 mil trabajadores que actualmente reciben más de 10 salarios mínimos; pero incluso también existe la posibilidad de reducir la pensión a quienes hoy no reciben más de 10 salarios mínimos.

Sin embargo, el verdadero golpe a los trabajadores se perpetró en diciembre de 1995, cuando se aprobó la actual legislación, ya que en ese momento se decretó que la pensión máxima, producto de los rendimientos financieros que les generen los ahorros, para un trabajador que cotiza durante 24 años (y aquí es cotizar durante los 24 años, no únicamente los últimos cinco) a su Afore con el tope máximo, es decir, el equivalente a 25 salarios mínimos, será cuando mucho de cuatro salarios mínimos generales del Distrito Federal.

Cuando se acabe la posibilidad de optar por el régimen anterior, el ingreso de los pensionados que cotizaron con el tope máximo de 25 salarios mínimos se reducirá escasamente a 15% de lo que recibían, es decir, ese trabajador recibirá apenas 40% de lo que obtendrá el trabajador pensionado con el viejo régimen, incluso si se aplica la nueva interpretación de la Corte.

De La Jornada

Fallo de Bolton, un curita en la herida sangrante

• Migrantes se dicen poco optimistas
• Criminalizar el trabajo cierra vías de sobrevivencia a indocumentados
• La oleada racista se extiende
• Insisten en llamarnos invasores, aliens: dirigente de jornaleros

Phoenix, 30 de julio. "Le pusimos un curita a una herida que siempre está sangrando". La frase la dice, sin asomo de broma, un morenazo que podría ser de Veracruz, aunque nació en El Salvador. O sea, un blanco perfecto para el "perfil racial" delineado en la ley SB 1070. El moreno se llama Pablo Alvarado, llegó a Estados Unidos hace 20 años y hoy es una de las voces más autorizadas en la batalla contra las legislaciones y reglamentos racistas, que en Arizona tienen sólo su expresión más grotesca, al promulgar la gobernadora Jan Brewer dicha normativa.

En Washington, cavila Alvarado con la cárcel del sheriff Joe Arpaio a sus espaldas, "nuestros amigos se olvidan de que nuestros enemigos nunca han querido resolver el tema migratorio de una manera sensata".

"Nuestros enemigos" es un paraguas bajo el cual Alvarado coloca a quienes "han puesto en marcha una estrategia de largo plazo contra los indocumentados, basada en el temor de que los anglosajones y protestantes pierdan su estatus de mayoría en este país".

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Negociar con el SME no implica dar marcha atrás, sostiene Javier Lozano

Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 10

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo que la mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), "sirve sólo para ver cómo les ayudamos a conseguir empleo y atender las quejas".

Señaló, además, que esa ronda de conversaciones en la Secretaría de Gobernación (SG) iniciada el pasado 22 de julio "no implica dar marcha atrás ni violar la ley".

En su cuenta de la red social Twitter, el funcionario advirtió respecto a la versión difundida el jueves pasado en el sentido que el SME tomaría el aeropuerto de la ciudad de México –pese a que los dirigentes sindicales ya se retractaron– que esa acción sería un delito federal y tendría un castigo severo.

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Intocable, la pensión de los actuales jubilados: Karam

"El instituto siempre actuará de acuerdo con lo que señala la ley"

El pago de las pensiones y jubilaciones que tienen más de 2.5 millones de personas, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), están garantizadas y se mantendrán sin cambios. En ningún momento, ni ahora ni en el futuro y bajo ningún escenario sufrirán modificación alguna, aseguró el director del organismo, Daniel Karam.

Con ello descartó las versiones que han circulado sobre el tema y que "naturalmente han causado incertidumbre y preocupación" entre los trabajadores en retiro. Subrayó que la jurisprudencia 85/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene ninguna implicación para los ingresos de este sector. Tampoco existe la posibilidad de que esta tesis se aplique de manera retroactiva, afirmó.

En cambio, en la conferencia de prensa convocada de última hora, el funcionario mantuvo la incógnita sobre las implicaciones y alcances que tiene la resolución emitida por el máximo tribunal el pasado 9 de junio, sobre el monto del ingreso que obtendrán los trabajadores que en el futuro aspiren a una jubilación o pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada.

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Parar el golpe requiere reformar la Ley del IMSS, sostiene diputado

Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2010, p. 11

El anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que aseguró no será afectado el actual pago de pensiones, es insuficiente porque no se contrapone a la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Nazario Norberto Sánchez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, adujo que el anuncio emitido por Daniel Karam no tiene nada que ver con el golpe a los futuros pensionados y la única salida para revertirlo será reformar la Ley del IMSS.

"En el tema de las pensiones a jubilados del IMSS no se ha dicho la última palabra, hay que legislar para garantizarlas porque aún están por verse las consecuencias de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para imponer un tope de diez salarios mínimos."

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Los más de 2.5 millones de pensionados pueden estar tranquilos, señala el IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, en conferencia de prensa ayer habló sobre el tema de las pensiones.

“En los últimos días se han manejado diversas preocupaciones, por parte del sector obrero, el sector patronal y la opinión pública en general, con respecto al tema de las pensiones. Considero importante precisar cuál es la posición del Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a este tema tan relevante.

“Primero y muy importante, todos los pensionados que hoy reciben una pensión por parte del IMSS, seguirán recibiendo en tiempo y en forma, sin modificación alguna, el monto de su pensión. Esto quiere decir que los más de 2 millones 500 mil pensionados pueden tener la tranquilidad y la certeza de que la próxima semana, el lunes que vayan a cobrar su pensión, en los meses siguientes y en los años subsecuentes, en ningún momento se verá afectada la cuantía de la pensión que reciben.

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Desfiladero

• AMLO: la esperanza se organiza

Jaime Avilés

Aunque todavía faltan 23 meses y un día para las elecciones presidenciales de 2012, después del histórico mitin del domingo pasado en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador está en la pista como el único participante que cuenta con verdaderas posibilidades de triunfar. A su izquierda no hay nadie. A su derecha tratan de competirle Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Emilio Gamboa, Fidel Herrera y Marcelo Ebrard.

A diferencia de ellos, López Obrador tiene el respaldo consciente de más de dos millones de personas organizadas en comités municipales y territoriales, que comparten una misma esperanza, una gran claridad de ideas en cuanto a lo que deben hacer durante los próximos dos años y un proyecto político en el que creen a pie juntillas, porque saben que ofrece diagnósticos precisos y soluciones concretas a los problemas que destruyeron a México.

En cambio, los retadores de López Obrador buscan la siniestra simpatía de las 30 familias que mantienen sometidos a 100 millones de mexicanos; de la televisión que devasta el cerebro pero vende popularidad, y de las empresas chatarra que convierten a jóvenes y niños en vientres de engorda. Todos ellos, menos Ebrard, confían en que, a la hora de la hora, serán beneficiados por las estructuras clientelares del PRI, expertas en comprar el voto de los más pobres.

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México SA

• Saqueo a los trabajadores avalado por la Corte
• Garantiza pensiones quien dio por seguras las instalaciones de la guardería ABC

Carlos Fernández-Vega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, de tal suerte que alrededor de un millón 200 mil próximos a jubilarse han sido asaltados con el mayor descaro, tomando como base un pleito judicial promovido por el propio IMSS (es decir la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país) y utilizando la tesis presentada por el ministro Sergio Valls, ex director jurídico del mismo instituto, con el voto mayoritario de sus colegas.

Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a explicar de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.

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Jurisprudencia reduce pensión del IMSS

Arturo Alcalde Justiniani / II y última

La jurisprudencia 85/2010, mediante la cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como límite superior de las pensiones del IMSS hasta 10 veces el salario mínimo (SM), ha generado creciente inconformidad. Más allá de la explicación jurídica, se formulan diversas interrogantes: ¿Por qué después de tantos años de vigencia, repentinamente, cambian las reglas del juego en un tema tan sensible para millares de mexicanos y sus familias? ¿La jurisprudencia debe entenderse únicamente aplicable al tema de la cotización o necesariamente está vinculada al monto de las pensiones? En caso de que se afectaran las pensiones, ¿en qué condición quedarían los que ya perciben una pensión superior a los 10 SM? ¿A quién beneficiarán los recursos que se generen por dejar de pagar el diferencial de pensiones consecuencia de esta jurisprudencia? ¿Será acaso parte de una estrategia para homologar las pensiones del IMSS con las del ISSSTE, que ya están limitadas a 10 SM? ¿Cuándo terminará la feria de sorpresas donde los trabajadores siempre llevan la peor parte?

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Primera llamada para el 2012

Enrique Calderón Alzati

El acto político del domingo pasado, convocado por Andrés Manuel López Obrador, tuvo un éxito indiscutible y desde luego mayor al esperado, creando una corriente de opinión que seguramente influirá en las decisiones de los diferentes grupos del PRD, del PT y de Convergencia, para definir la candidatura presidencial de 2012 por parte de esos partidos.

Cuando Vicente Fox lanzó prematuramente su campaña para los comicios de 2000 hizo algo que se consideró fuera de lugar, primero porque en vez de gobernar el estado de Guanajuato dejó a sus electores a buen recaudo y se dedicó de tiempo completo a promover su imagen personal en forma abusiva, y segundo porque con ello generó un clima de expectativa que terminó minimizando las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo; sin embargo, la jugada le salió bien, porque logró sus objetivos, sin que nadie le reclamara la no atención de sus responsabilidades como gobernador.

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Pobreza y derechos sociales en México

Miguel Concha

Esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer los resultados que arroja el Indicador de la tendencia laboral de la pobreza, mediante el cual se da seguimiento trimestral a la cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta básica.

En el último trimestre de 2009 la pobreza alimentaria se incrementó 6.8 por ciento, lo que significa que de 2008 a 2009 el número de personas que viven en algún grado de inseguridad alimentaria aumentó en 3.2 millones de personas, lo que da un total a la fecha de 52 millones. Conclusión: 50 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para alimentarse. La crisis económica ha golpeado de manera brutal los derechos laborales y ha profundizado la tendencia a la precarización del empleo, al grado que aun contando con un trabajo no se deja de ser pobre.

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El graznido de las Chachalacas No.460.- Guardería ABC, SME y JUBILADOS

El graznido de las chachalacas 460

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El hachazo

Luis Javier Garrido

La huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que está conmoviendo a amplios sectores del país, se está llevando a cabo en un escenario de intensificación de las acciones del gobierno de facto de Felipe Calderón por cancelar los derechos individuales y sociales de los trabajadores, como se ve ahora con la decisión oficial de reducir las pensiones.

1. El escenario que está viviendo México es el de una verdadera guerra librada desde la cúspide del poder contra los trabajadores del país, y muy pocos ya pueden negarlo al estarse imponiendo de manera atrabiliaria por orden de Los Pinos la contrarreforma laboral.

2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.

3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.

4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.

5. El llamado paquete estratégico de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.

6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.

7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?

8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron legalizar el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.

9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los fallos de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.

10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por la vida, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.

Puñalada a la jubilación

*Limitarlas a 10 salarios mínimos, “un atraco”, coinciden varios sectores
Amenaza a jubilados hachazo a pensiones
*En un mes un trabajador retirado recibirá lo que un magistrado en día y medio
*La jurisprudencia aprobada por la Corte borrará derechos de un millón 200 mil
*Concamin e IMEF anuncian que se opondrán a la decisión del máximo tribunal
*Representa una “flagrante violación” a la Ley del Seguro Social, argumentan

En lo oscurito, la Corte aplasta las pensiones

*Aprueba jurisprudencia que fija tope máximo de 10 sueldos mínimos

*La Ley del Seguro Social dispone un pago límite de 25 minisalarios

Asamblea de pensionados en el teatro Hidalgo. Imágenes de archivo.Foto José Carlo González

Roberto Garduño

Hace mes y medio, con el sigilo de una sesión privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la jurisprudencia 143/2010 que pretende borrar de facto el derecho de poco más de un millón 200 mil trabajadores a jubilarse con dignidad.

El 9 de junio pasado, la segunda sala de la Corte aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la tesis presentada por el ministro ponente Sergio Valls –quien fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– que cuantifica las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de los trabajadores a un límite superior a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, borrando de un plumazo los 25 salarios mínimos dispuestos en la Ley del Seguro Social.

De esa forma, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido durante su vida laboral, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.

Sabedores de lo delicado del tema, los ministros evitaron que se diera a conocer a la población el sentido de su determinación, sustentada en el criterio de la crisis financiera que atraviesa el régimen de pensiones del IMSS, producto de las decisiones de los gobiernos federales recientes, que hicieron uso indiscriminado de los recursos destinados para ese fin al trasladarlos a otros gastos.

El ministro Valls confrontó la contradicción de tesis 143/2010 sustentadas por los tribunales colegiados decimotercero y decimosegundo, ambos en materia de trabajo, del primer circuito al considerar que “los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (...) tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el salario mínimo; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad.

“Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.”

El embate a los derechos pensionarios de los trabajadores se presentó con el gobierno de Ernesto Zedillo, quien promovió la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, con objeto de modificar la legislación que regía desde 1973, y así instaurar un nuevo sistema de cuentas individuales con el consecuente abandono del régimen solidario.

Apenas hace unas semanas el decimosegundo tribunal colegiado y el decimotercero resolvieron juicios de amparo originados en reclamos individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), presentados por trabajadores en contra del IMSS. Éstos señalaban que su pensión debería tener un tope de 25 salarios mínimos, y la junta les concedió la razón jurídica.

En respuesta, el IMSS se opuso y se acogió al artículo 33 de la ley de 1973, donde se señalaba que los asegurados cotizarían con una base superior hasta de 25 salarios mínimos, pero en su último párrafo se encontraba la salida jurídica acorde a los intereses del instituto, porque “tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

Manifestación de jubilados frente al Palacio Legislativo de San LázaroFoto José Núñez
El decimosegundo tribunal colegiado dio la razón al IMSS y el decimotercero al trabajador. Así, la resolución de la SCJN es obligatoria porque es aprobada en contradicción de tesis.

Cuando existe esa contradicción se hace jurisprudencia y se tiene que acatar por parte de todos los juzgados federales y tribunales colegiados.

Tal jurisprudencia provocó rechazo generalizado en la Cámara de Diputados. Nazario Norberto Sánchez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, adelantó que aún es probable echar abajo la decisión:

“Es un duro golpe para la clase trabajadora. Consideramos que algún quejoso pudiera demandar un amparo y pedirle a un tribunal colegiado, una vez que se llegue a aprobar en una sesión pública esta contradicción de tesis, que emita una suspensión”.

Para Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de Telmex y diputado perredista, la decisión de los ministros “es una agresión a los derechos de los trabajadores, es una determinación absolutamente ilegal y un verdadero robo en despoblado. Si después de la Ley del IMSS de 1997 estamos obligados a cotizar como trabajadores con un régimen de 25 salarios mínimos, ¿cómo se piensa que ahora nos digan que nuestra pensión será pagada con monto máximo de 10?

Aberración

“¡No nos están regalando nada! Ya pagamos con esa cotización. Nos parece un abuso, una aberración de la SCJN y habrá que pelear legalmente y utilizar todos los recursos que como organización tengamos para revertirlo, porque es parte del mismo proyecto económico neoliberal de ir desmantelando las instituciones de seguridad, entregando los recursos de las pensiones a los grandes consorcios financieros trasnacionales y seguir en la tónica de abaratar la mano de obra. Ese modelo ha demostrado su fracaso, ya que a México lo tiene hoy sumido en la mediocridad y en el atraso, y querer neciamente mantenernos en esa vía nos parece francamente absurdo.”

–¿Es una jurisprudencia por encargo?

–La Corte también hace política. Que no nos digan que siguen el apego a la ley. Sólo los ingenuos suponen que la Corte no hace política, y que no va toda una ideología planteada en estas propuestas.

Uriel López Paredes, presidente de la Comisión de Seguridad Social, anunció que la Cámara de Diputados modificará las leyes necesarias para evitar una felonía más contra los trabajadores en el país.

“La SCJN va de tumbo en tumbo y de mal en peor. En días pasados, la última con el caso de la guardería ABC, y ahora con ésta, que sí es delirante e injusta. ¿Por qué no se aplican los ministros esta misma medida? ¿Por qué no se pagan 10 salarios mínimos de retiro? Lo más grave es que se va a generar desánimo, y a quién le va a interesar tener un sueldo mayor, superarse para asegurar una buena pensión en el futuro, si la SCJN define que eso no procede. ¡Es absurdo! Y vamos a modificar las leyes que tengamos que modificar.”

SME Magna Asamblea de Jubilados 03-03-2010

El 3 de marzo se realizó al medio día una gran asamblea de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, el presidente de debates leyó y les recordó lo que dice el Acta Constitutiva del SME, es el acta de nacimiento de nuestro Sindicato, agregó. Después dio un informe el representante de jubilados en el D.F. Carlos Magariño, invitó a los compañeros a trabajar conjuntamente con todas las divisiones, ya que tienen la responsabilidad de retribuirle todo lo que les ha dado el SME.

Tenemos que estar preparados para este 16 de marzo día en que estallará la huelga que es para rescatar nuestra empresa, también es en apoyo a los mineros y en que todos tengan salarios mejores; hizo énfasis en que activos y jubilados deben de luchar por lo que les corresponde desde hace 95 años, como jubilados no estamos a salvo de que este gobierno fascistoide nos de un trancazo, recalcó que en esta asamblea Caben Los 22 mil jubilados, salvo los traidores. Leyó un resolutivo de cuatro puntos en los que se menciona luchar hasta las últimas consecuencias, la aportación económica para los activos en pie de lucha, pagar su cuota sindical y unirse a los compañeros activos en la huelga nacional.

Siguió Vicente Gutiérrez, Pro-Secretario de jubilados habló sobre los pendientes que tiene el SAE con los trabajadores que estaban tramitando su jubilación, que no van a permitir que el servicio de administración y enajenación de bienes le falte al respeto a sus prestaciones que tienen como jubilados. Los únicos que tiene que presentar la supervivencia ante dicha dependencia son los jubilados que previo al decreto cobraban por medio de tarjeta de débito. Al SAE se le han hecho las siguientes prerrogativas que se les siga dando la prestación de los 700 kw, que les de un talonario para saber cuanto se les está pagando y saber que se les descuenta, que cumpla con el prestamos de programa habitacional de compañeros que ya lo iban a cobrar. Reconoció a los compañeros que estaban a punto de jubilarse y llevan 5 meses sin cobrar, lamentó la división que hicieron los integrantes de la pasada representación y finalizó que los jubilados se tienen que reactivar para llegar a la victoria.

Por su parte el Secretario del Interior Humberto Montes de Oca dijo que los cerca de 18 mil activos no están solos, porque detrás de ellos están sus familias pero que también hay 22 mil jubilados apoyándonos de repente se escucho el grito ¡No están solos!. Para el próximo 16 de marzo se contará con el apoyo de otros sindicatos a nivel mundial los cuales realizarán concentraciones en las embajadas de México en el extranjero, cerró su participación diciendo que en unidad activos y jubilados ¡hasta la victoria siempre!

El Secretario General Martín Esparza reconoció el esfuerzo de las divisiones foráneas en esta lucha y que la asamblea de jubilados ya hacia falta para fortalecer al movimiento. Al gobierno le recordó que ha violado acuerdos internacionales en materia de trabajo y un apartado del TLC, ¡Calderón va para abajo y el SME para arriba! Cómo es posible que al SUTIN se le quiera dar el 1.2% de aumento en su salario, mientras que al ejercito le dieron 40%. Les dijo a los jubilados que los han querido confundir, así que pidió unidad para seguir defendiendo al SME y que el próximo 16 de marzo se va a reiterar su fuente de trabajo y al SME.

Se votaron los acuerdos de aportar $500, participar en la huelga del día 16, manifestarse el próximo martes 9 de marzo en la Suprema Corte de Justicia, por último se hizo un juramento al SME por parte de todos los jubilados.

http://www.youtube.com/watch?v=ARQlSZoxXZA

Ley De Precios Competitivos - No Cobro De Impuestos A Jubilados Mario Di Costanzo

http://www.youtube.com/watch?v=0WMSHB17XFA

Crisis bancaria hunde a los fondos de pensiones en todo el mundo

En Estados Unidos, las víctimas de la crisis financiera no son los banqueros de Wall Street. A medida que el índice de la Bolsa se derrumba, aumenta el temor de los norteamericanos, en especial los más viejos. Los jubilados ven que se evapora todos los días el capital destinado a pagar sus jubilaciones", comentó el corresponsal del diario francés Le Monde en Estados Unidos (25/9).

A título de ejemplo, el corresponsal francés menciona que el fondo de jubilaciones de los maestros de Ohio reconoció que había invertido en acciones de las hipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac, en la aseguradora AIG, en Lehman Brothers... cuyas cotizaciones se desplomaron un 50, 70 y hasta 80%. La jubilación de los docentes quedó pulverizada.

En Suiza, "hasta el momento, el descalabro hipotecario estadounidense le ha costado 30,000 millones de francos suizos a las cajas que resguardan el patrimonio de los jubilados helvéticos".

Los fondos de pensión en México perdieron más de 6,000 millones de dólares en la Bolsa de Valores en los últimos cinco meses del presente año, según un informe oficial difundido divulgado por el diario La Jornada.

En la "cuna" de la jubilación privada, Chile, por las inversiones realizadas en el extranjero las AFP han registrado pérdidas millonarias, las cuales solamente al 21 de septiembre pasado alcanzaron la alarmante cifra de los 20,000 millones de dólares, desde que se inicio la crisis en julio de 2007, informaron los diarios chilenos.

En Argentina, los fondos de los afiliados de las AFJP cayeron un 30% en términos reales, una pérdida del orden de los 30,000 millones de pesos.

Así, podríamos enumerar a casi todo el planeta. En todos la debacle de los fondos privados de jubilaciones es alarmante y todavía no tocaron fondo.

Las primeras víctimas de la crisis capitalista son los jubilados y los trabajadores que no pueden pagar sus hipotecas. Pero eso es sólo el comienzo. Ahora comienzan los despidos en masa por la recesión y las quiebras.

Diego Diéguez

¡Luchar, Vencer!

Grupo de Acción Revolucionaria

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