Semar abandona costas y mares mexicanos

Omisiones de la Armada de México provocan que el país incumpla 28 tratados internacionales en materia de medio ambiente. En aguas y costas mexicanas se vierten desechos tóxicos sin ningún control, mientras la Secretaría de Marina no puede acreditar la vigilancia y protección de los ecosistemas costeros. Marinos, más ocupados en misiones de “apoyo al turismo” y en actividades de tierra de “combate al narcotráfico”, reconoce la Semar. Asegura que las faltas son “administrativas” y rechaza que la Armada sea incapaz de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, acepta que la institución necesita más recursos económicos, materiales y humanospara observar todos sus compromisos.

Zósimo Camacho / Ruth Roque

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentra que la institución militar encargada de proteger los recursos marítimos y, entre otras misiones, prevenir la contaminación en costas y mares mexicanos no cumple con una de sus funciones sustantivas. El dictamen del máximo órgano de fiscalización respecto a la auditoría de desempeño 09-013100-1094, aplicada a la Secretaría de Marina (Semar), resultó negativo. Las omisiones de la Armada de México provocan que el país incumpla 28 tratados internacionales y que se viertan desechos tóxicos sin control en aguas mexicanas.
—Nos sorprendieron con los dedos en la puerta –reconoce el contralmirante Juan Guillermo Fierro Rocha, presidente de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Semar–; y ante cualquier cosa que hagamos nos conducimos con la verdad. Sea cual sea ésta, tenemos que decir la verdad, porque estamos convencidos de que si decimos una mentira ésta nos va a encadenar a otra para sostenerla, y al rato se va a hacer un desastre que no se va a poder justificar.
En entrevista con Contralínea, el contralmirante del Cuerpo General de la Armada de México dice que la Semar no rechaza ninguna recomendación y acepta que la dependencia ha incurrido en “faltas administrativas”. Sin embargo, asegura que la vigilancia en las zonas costeras se ha realizado de manera rigurosa, sólo que no se elaboraron los informes correspondientes.

“Sólo somos 50 mil marinos”

México es uno de los países costeros más importantes del mundo. Por extensión marítima, ocupa el noveno lugar de una lista de 130 países. De acuerdo con el Programa sectorial de marina 2007-2012, elaborado por la Semar en 2007, el mar territorial (“sobre el cual México ejerce soberanía absoluta”) y la zona económica exclusiva (“en la que se ejercen derechos soberanos en cuanto a la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales contenidos en la masa de agua, lecho y subsuelo marino”) suman una superficie de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados. Así, el área de vigilancia de la Armada de México equivale al 159.68 por ciento de la superficie terrestre (a cargo del Ejército Mexicano): 1 millón 972 mil 550 kilómetros cuadrados.

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Gasto por 255 mil MDP en “seguridad nacional”

El negocio de la “guerra” contra las drogas

La “guerra” contra las drogas se ha convertido en un lucrativo negocio. Detrás de los asesinatos de más de 40 mil civiles mexicanos, hay una floreciente industria armamentista. Tan sólo, en lo que va de este gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional ha destinado 4 mil millones de pesos a la compra de armamento para, supuestamente, “mejorar” su capacidad de fuego ante los criminales.

De manera conjunta, el presupuesto que la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa, Marina y Gobernación han ejercido para “garantizar” la “seguridad nacional” supera los 250 mil millones de pesos.

Sin embargo, ni el multimillonario gasto de la hacienda pública ni las miles de bajas humanas que ha implicado esta “guerra” han mermado siquiera el negocio de las drogas. A nivel mundial, las ganancias se estiman en unos 400 mil millones de dólares anuales.

Los tres grandes mercados de estupefacientes –cocaína, heroína y metanfetaminas– están prácticamente dominados por los cárteles mexicanos que, a pesar de la supuesta “lucha” en su contra, han reemplazado a los delincuentes colombianos.

Además, la silenciosa penetración del dinero sucio en todos los mercados sólo ha podido realizarse por las alianzas entre las mafias internacionales que poco o nada se combaten, como sucede también con el lavado de dinero en los circuitos financieros.

Con esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de cuatro reportajes acerca de los negocios que oculta la “guerra” antinarcóticos impuesta por Estados Unidos, el mismo país que organizó la operación Rápido y Furioso para traficar armas de manera ilegal a México.

El gobierno de Calderón habrá gastado 255 mil millones de pesos en seguridad nacional al término de 2011, revelan tres estudios de la Cámara de Diputados. De ésos, la Sedena y la Marina habrán destinado 174 mil millones exclusivamente a las acciones represivas “en campo”. Delincuencia organizada, narcotráfico, guerrilla, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras, las amenazas que la administración federal intenta “anular”. El monto, el más grande que se haya destinado a este rubro desde la Revolución Mexicana, alcanza ya casi medio punto porcentual del PIB y significa el 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades e instituciones de educación superior públicas en un ejercicio fiscal.

Nancy Flores / Primera parte

En cinco años de “guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247 por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267 millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.

Para la administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno bruto.

No obstante, las ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos. Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario financiamiento a la represión institucional va en ascenso.

Y es que, desde su inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

De los más de 255 mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y 2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2010-2011.

Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.

Sedena, el mayor gasto

La participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.

También revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil 468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la seguridad y soberanía de México.

Entre 2007 y 2011, la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo, las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.

De acuerdo con los informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando, piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos).

Además, para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional; preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población, salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el país.

Los gastos de la Marina

Los análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.

Sin embargo, el mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46 mil 288 millones 400 mil pesos.

Los multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.

El maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus familiares”.

En efecto, desde que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en retenes militares.

Ese saldo mortal no ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa, en su International narcotics control strategy report 2011, que México es, a la vez, un importante país de tránsito y de origen de drogas ilícitas.

“Aproximadamente el 95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”

El patrullaje de los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011, el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.

“Algunas de estas zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas. Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en la frontera de Texas.”

Inteligencia, gasto menor

En México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.

De acuerdo con los análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).

En segundo lugar está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250 mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han convertido en el cajón de sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social, guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia delincuencia organizada?”.

El jurista agrega que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a manejar dentro de los sótanos, dentro de las cañerías, aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema: personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de inteligencia, tanto internos como externos.

En materia de labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá: de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532 millones 550 mil pesos.

Le sigue el Cisen, que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530 mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso para esas labores.

El narcotráfico se debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de inteligencia.

Aunque el investigador considera que esta administración tiene voluntad política para solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.

Añade que no hay ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías individuales, investigación”.

También observa que se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.

Por cada militar en las calles, una sentencia firme cada tres años

En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–, para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.

Y es que, mientras datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las calles.

Una sentencia condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.

Agrega que, si se considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando menos”.

El cálculo –explica el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de sentenciados.

“Si relacionamos esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres años exactamente.”

López Medrano agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.

Respecto de la confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto, van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de cada 100 serán condenados.

Por ello, detalla, “una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de actividades”.

Fuente Contralínea 235 / 29 de mayo de 2011

La telefarsa de García Luna

La telefarsa

Un día después de que fue solicitada al presidente la renuncia de Genaro García Luna, dio inicio en horario estelar del Canal 2, el lunes 9, la telenovela-farsa llamada El equipo, coproducción de Televisa y la Secretaría de Seguridad Pública federal, realizada para vanagloria de su titular, que vive viéndose en el espejo que sus incondicionales y el propio Calderón le ponen enfrente...

Jenaro Villamil

Acostumbrado a las “recreaciones” televisivas de detenciones de presuntos secuestradores –como en el caso de Florence Cassez– o a transformar la captura de capos del narcotráfico en reality shows –como con Édgar Valdez Villarreal La Barbie–, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inauguró el género del infomercial telenovelero con su apoyo financiero a la serie El equipo, producida por Pedro Torres y transmitida desde el lunes 9 en el horario estelar del Canal 2 de Televisa.

El costo de ese programa de ficción que trata del trabajo de cuatro agentes del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Grecco) no ha sido revelado por Televisa ni por la Policía Federal. Reportes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) obtenidos por Proceso indican que la dependencia invirtió cerca de 150 millones de pesos en esa teleserie.

Además la SSP autorizó la utilización de armamento, helicópteros, equipo y personal de la dependencia que actúa como extra y permitió la grabación dentro de las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal (PF) en Iztapalapa y en el búnker subterráneo de su Centro de Inteligencia en la avenida Constituyentes.

Este uso de una infraestructura destinada originalmente a combatir el crimen organizado generó una polémica en los medios y en el Congreso, pocos días después de que el escritor Javier Sicilia pidiera la renuncia de Genaro García Luna como señal de que Felipe Calderón es sensible a los reclamos de los ciudadanos que piden una modificación de la estrategia de guerra contra el narcotráfico.

En sentido contrario a estas demandas, la serie glorifica el trabajo de un equipo de élite de la PF que se enfrenta con eficacia y una rapidez inusitada a capos del narcotráfico que aparecen caricaturizados como tontos, rijosos y descuidados.

Violación a leyes del servicio
público

Para la diputada federal perredista Leticia Quezada hay varias violaciones a la normatividad de la PF, especialmente al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece la prohibición de utilizar recursos e infraes­tructura para fines distintos a su función pública.

Quezada también considera que existe un gran dispendio al tratar de “gastar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública en lavar la imagen de los policías federales. Es darle atole con el dedo a los ciudadanos”.

En 2011, el presupuesto de la SSP se incrementó 25% en relación con 2010, al sumar 49 mil 346.3 millones de pesos, el incremento más grande frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa y de Marina.

De 2008 a la fecha, el presupuesto de la SSP se ha duplicado, mientras que el de la PGR ha disminuido sustancialmente, a tal grado que el costo promedio por averiguaciones previas iniciadas por la PGR disminuyó 18.3% al pasar de 73 mil 700 a 60 mil 200 pesos por cada una entre 2006 y 2009, y sólo una de cada 10 averiguaciones previas recibe sentencia, según el estudio de la Auditoría Superior de la Federación.

A pesar del incremento de casi 100 por ciento en el presupuesto de la SSP en los últimos tres años, el índice de delitos no ha disminuido. Sólo entre 2006 y 2009 el secuestro se incrementó 83.3% al pasar de 0.6 casos a 1.1 por cada 100 mil habitantes, según datos ofrecidos por la diputada Quezada.

La legisladora perredista prepara un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para solicitar la comparecencia de García Luna y para que se forme una comisión que investigue la utilización de los recursos y audite el presupuesto del área de Comunicación Social de la SSP.

–¿Por qué este descontento si algunos argumentan que es común que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, se usen instalaciones militares o policiacas para glorificar la labor de los agentes de seguridad? –se le pregunta a la diputada.

–La realidad de México no es la misma que la de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Aquí existe una desviación de recursos que deberían usarse para combatir el crimen organizado. Aquí hay un engaño al crear un estereotipo de una policía que no es bien vista por la población. En otras partes del mundo no tienen tantísimos muertos como nosotros y nunca se dan a conocer estrategias de combate al crimen que son consideradas de seguridad nacional.

–¿Tienen información del costo de esta superproducción?

–No. Por eso presenté una denuncia contra Genaro García Luna ante la Secretaría de la Función Pública. El convenio firmado entre la SSP y Televisa debe darse a conocer. El uso de toda la infraestructura y de las armas que aparecen en la serie debe estar reglamentado.

En su defensa, el productor Pedro Torres afirmó el jueves 12 que la grabación de la serie se hizo “dentro de los tiempos de ellos (de los policías), de entrenamiento y de operativos. No se hizo uso de ningún equipamiento fuera de los horarios normales. Lo que se ve de los helicópteros son vuelos reales, los filmamos cuando despegaban”.

En declaraciones a redes sociales, divulgadas por distintos medios, Torres aceptó que la serie El equipo enaltece las labores de la PF, pero es justificable dado “el momento por el que estamos pasando”.

“Es necesario tener diferentes puntos de vista, como el de la policía. Cómo son, cómo viven su parte personal. Aunque también saldrán policías corruptos que traicionan y filtran información”, aclaró quien también produjo los programas Big brother y Mujeres asesinas y los spots del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.

El costo de la grabación y transmisión de los spots de 43 segundos de Peña Nieto fue de 92 millones de pesos (Proceso 1766).

Bajo “rating”

El soundtrack de la serie es muy similar al de la película Piratas del Caribe; el fotograma muestra a cuatro jóvenes agentes que caminan sobre un fondo oscuro, con un cielo nublado que anuncia tormenta. Las imágenes y el guión son muy similares a otra serie policiaca, Brigada A, producida por Hispano Fox Film.

Según el video promocional en YouTube, Brigada A es la historia de “los cuatro mejores hombres del ejército norteamericano que fueron acusados por delitos que no cometieron. Ahora sobreviven como soldados de la fortuna”; es decir, gatilleros a sueldo.

Originalmente la serie mexicana se llamaría El Grecco, acrónimo del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado. En una conferencia divulgada en Twitter, Pedro Torres admitió que después de consultas con focus group decidieron que el título fuera El equipo.

Todavía hay una página de seguidores en Facebook llamada “El GreccoTV” donde aparecen algunos avances de la grabación de la serie. Y en varias fotografías se ve el despliegue de cámaras en las instalaciones del búnker y del Centro de Mando de la PF.

“Me gusta más El Grecco”, admite Pedro Torres, sentado frente a una twitcam junto con Alfonso Herrera, exintegrante del grupo musical RBD y quien protagoniza a Fermín, uno de los héroes de la serie.

Fermín es un “joven inquieto y preocupado por la justicia que se rebela a su padre, un general del ejército, reacio a que su hijo se integre” a la PF.

Otro personaje, Magda, interpretado por Zuria Vega, es una joven de cuerpo espectacular que también se opone a su padre, un abogado acaudalado que tiene vínculos con el crimen organizado. Magda decide unirse a este grupo cuyo lema es “ellos saben que el bien vence al mal”.

Un protagonista más de El equipo, Santiago, interpretado por Alberto Estrella, es un agente experimentado, al parecer con problemas de alcoholismo, que se enfrenta a tiros con sicarios de Tijuana y milagrosamente sale ileso.

La serie menciona a un Raúl Arenal Fuentes –cuyas iniciales son iguales a las de Ramón Arellano Félix– que es enfrentado y detenido por los agentes de la PF. También se le atribuye a la policía la detención de Benjamín Arellano Félix, cuando en la realidad su captura fue obra de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), del Ejército.

–¿Cómo te sientes con este proyecto? –le pregunta una voz en off a Alfonso Herrera en el promocional de Twitcam.

–Es peculiar, es complicado interpretar a Fermín, pero estoy muy contento con el proyecto –responde el actor sin mucho entusiasmo.

El primer capítulo de El equipo, transmitido el lunes 9, tuvo un rating de 17.5 puntos (alrededor de 9 millones de televidentes), menor que los 23.9 puntos (poco más de 12 millones de televidentes) que tenía la telenovela El triunfo del amor que se transmitía en ese mismo horario, las 10 de la noche, en el Canal 2.

Los 17.5 puntos están por debajo del rating promedio de las telenovelas del Canal 2. El share, índice de aparatos que sintonizan ese programa, también fue muy bajo para las expectativas y el horario: 32.5 frente a los 41 puntos que tenía la telenovela anterior, según datos publicados por La Jornada el 11 de mayo, basándose en el registro del IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística).

El slogan de El equipo no deja lugar a dudas de que se trata de una producción para documentar la versión heroica que Felipe Calderón y Genaro García Luna quisieran que prevaleciera en la guerra contra el crimen organizado: “Ellos saben que el bien vence al mal”.

La teleserie se estrenó dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura Informativa contra la Violencia y poco después de la polémica generada por la transmisión de la serie La Reina del Pacífico, basada en la novela del español Arturo Pérez Reverte, transmitida en Canal 9 y producida por Telemundo.

La Reina del Pacífico, protagonizada por Kate del Castillo, también ha sido objeto de debate. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, consideró que era “incongruente” la transmisión de esa serie porque hace apología a la forma de vida de los narcotraficantes.

Otras versiones que han circulado en las redes sociales aseguran que se han censurado partes de la serie e, incluso, el final, para darle una connotación distinta. Se cortaron escenas de corte lésbico entre las dos protagonistas de la adaptación dramatizada: Kate del Castillo, que interpreta a Teresa Mendoza, La Reina del Pacífico, y Cristina Urgel, actriz española que interpreta a Patricia O’Farrell.

En su cuenta de Twitter, Kate del Castillo admitió que hubo partes cortadas: “Gracias a todos por su apoyo, me parece importantísimo que nos expresemos! No me gusta que vean nuestro trabajo a medias”.

Infomerciales y “advertainment”

Pedro Torres, famoso desde 2001 por adaptar para México el reality Big brother de la empresa Endemol en sociedad con Televisa, se ha transformado en los últimos años en el principal artífice de los spots e infomerciales que promueve la empresa de Emilio Azcárraga Jean, especialmente entre los gobiernos de los estados y las dependencias federales.

Pedro Torres Castilla, accionista principal y administrador único de empresas como Videomates, The Mates, Filmmates e incluso una inmobiliaria denominada Bezares, ha trabajado con Alejandro Quintero, socio de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa, especialmente desde que en 2005 se asociaron para promover la figura de Enrique Peña Nieto.

Entre ambos han promovido la comercialización de los espacios de entretenimiento y de información de Televisa para promover figuras políticas, desde el presidente de la República hasta los gobernadores de todos los partidos, con estrategias de publicidad integrada, “desplazamiento de productos” y advertainment.

El advertainment (neologismo inglés que significa entretenimiento con publicidad) es el género híbrido de la televisión comercial que mezcla propaganda no explícita con los géneros del entretenimiento: concursos, telenovelas, programas de variedades, etcétera. Los infomerciales son otros subproductos creados para difundir como nota informativa o entrevista lo que en realidad es publicidad pagada.

Torres fue el productor de los spots Estrellas del Bicentenario, transmitidas por Televisa durante 2010, con cargo a los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, entre otros, para promover las “bellezas naturales” de cada entidad.

Con Peña Nieto ha trabajado lo mismo para “producir” sus últimos informes de gobierno, desplazando a la propia infraes­tructura de Televisión Mexiquense, que para promover su romance con la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, incluyendo su visita al Vaticano.

En julio de 2009, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente nacional del PRI, le entregó la presea Saltillo 2009 a Pedro Torres por ser un “saltillense imprescindible” y ordenó que una calle llevara el nombre del productor de Televisa.

Su vínculo con la empresa de Azcárraga Jean se fortaleció cuando en noviembre de 2001 fue designado apoderado de la sociedad Endemol México para producir “programas de televisión a nivel nacional e internacional, a través de licencias incluyendo sin limitación la distribución de programación para la televisión restringida y la prestación de toda clase de servicios relacionados con internet”, tal como consta en el folio 281570 del Registro Público de la Propiedad.

Los consejeros propietarios de Endemol México son Goes Ronald, Alex Oost­vogel, así como José Bastón Patiño y Alfonso de Angoitia, vicepresidentes de Programación y Ejecutivo de Televisa, respectivamente.

Las distintas empresas propiedad de Pedro Torres tienen como objetivo la “producción, exportación, importación de películas y videotapes, comerciales, producción de videoclips, musicales, internet, posproducción, medios audiovisuales del futuro y documentales en general”.

Desde mayo de 2001, Torres también es accionista y administrador único de Inmobiliaria Bezares, dedicada a “la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, los trabajos de planeación, diseño, exploración, localización y perforación conducentes”, según el folio 275918 del Registro Público de la Propiedad.

Victoria inalcanzable

La guerra antinarco: victoria inalcanzable

Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...

Galván y Saynez. Ruta al fracaso.

Jorge Carrasco Araizaga

Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.

Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.

Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.

Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.

Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.

Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.

En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.

La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:

“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”

La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.

La propuesta de Reyes Garcés

Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.

Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.

Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.

Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.

Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.

En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.

Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.

En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.

La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.

Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.

Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.

La debilidad del gobierno

Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.

Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra.

“El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.

A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.

Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.

Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.

Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.

Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.

Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.

En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.

Falta de definiciones

Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.

Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.

Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.

Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.

Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”.

Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.

Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.

Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales.

“Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.

México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico. l

La Marina

Almirante Francisco Saynez, secretario de Marina

Luis Javier Garrido

El violento rechazo del titular de la Marina y de la prensa oficialista a dos recomendaciones de la CNDH al iniciarse este 2011 abre nuevas amenazas para el futuro del país, al que el régimen calderonista de facto hunde cada vez más en la ilegalidad.

1. Las políticas fundadas en una abierta y permanente violación de la legalidad constitucional de un país, y que en el siglo XXI carecen del mínimo consenso social, no pueden de ninguna manera resolver los grandes problemas de una nación, pero la ultraderecha mexicana, en su obsesión de mantener el poder tras el 2012, no quiere dar marcha atrás en su descabellada “guerra contra el narco”, a pesar de los innumerables casos de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que sigue cometiendo en el curso de una guerra perdida de antemano, como acontece ahora con la Marina.

2. El desastre institucional al que ha llevado al país el gobierno de Felipe Calderón ha conducido a que las costas e islas de la República se hallen abandonadas a merced de la marina estadunidense, de las corporaciones trasnacionales y de los piratas pesqueros japoneses, mientras los marinos mexicanos andan desbocados por todo el país disfrazados de policías tras haber recibido una mínima capacitación por agencias de Estados Unidos.

3. La Marina ha estado en el centro de una serie de acusaciones muy graves en los años del panismo, al menos por cuatro motivos fundados: a) por no cumplir con sus tareas constitucionales y legales de salvaguardar la soberanía nacional, vigilando las costas y el mar territorial de México; b) por actuar en “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón en absoluta transgresión al marco constitucional, asumiendo tareas que no le competen; c) por haber abandonado, en el marco de esta guerra de los panistas, su papel constitucional como una institución de la nación, para actuar en los hechos en abierta subordinación a las agencias de seguridad de Estados Unidos; y d) ahora, más recientemente, por estar cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que constituyen delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Marina había tenido ante esos señalamientos un elocuente silencio, hasta que en días pasados ha brincado ante las acusaciones que se le han hecho de violaciones a los derechos humanos en ejercicio indebido de funciones que no le corresponden.

4. En el curso de estos años ha sido evidente que la Secretaría de Marina-Armada de México, como ahora le ha dado por llamarse, ha actuado por su indolencia en abierta complicidad con intereses públicos y privados de otros países, dejando desprotegidas las costas, las islas y el mar territorial, lo que evidencia esta colusión de sus altos oficiales con intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, Japón y otros países. La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de junio de 2009 establece, sin embargo, en su artículo 30, fracción IV, que a la Secretaría de Marina compete ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio y vigilar las zonas marinas mexicanas, lo que no hace, dedicándose a lo que por otra parte expresamente le prohíbe hacer el artículo 21 constitucional: investigar los delitos y actuar como cuerpo policiaco.

5. La presunta guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ahora éste pretende que no lo es, aunque así la llamó durante años, dio un papel relevante a los marinos mexicanos porque, según revelaron los papeles de Wikileaks en 2010, éstos aparecieron mucho más confiables que los militares mexicanos a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, relegando así a un Ejército que la administración Obama puso bajo sospecha, aunque quizás debieron decir más dúctiles o entreguistas. Así aparecieron los marinos mexicanos en escena con toda su barbarie e ilegalidad el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, ejecutando por órdenes superiores al presunto capo Arturo Beltrán Leyva en un operativo que fue ampliamente condenado por mútilples sectores por los delitos que ahí cometieron elementos de la Secretaría de Marina, que están ya siendo denunciados por la CNDH, y desde entonces no han ocultado su papel como los consentidos de la DEA y el Departamento de Estado.

6. La reacción hace unos días del almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, negándose a atender las recomendaciones 72 y 83 de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad criminal de varios marinos en la muerte de dos civiles, escudándose en la razón de Estado, anteponiendo los privilegios que se otorga a sí mismo a los derechos de los mexicanos, afirmando que no se pondrá en riesgo a marinos y exigiendo plena libertad para sus operativos (La Jornada, 19 de enero), así como la campaña subsecuente en los medios oficialistas para descalificar a la CNDH, no son por consiguiente más que nuevos signos ominosos de la fascistización creciente del régimen calderonista.

7. No debe olvidarse que el papel de los marinos al actuar como cuerpos policiacos o al intervenir en golpes de Estado en diversos casos en América Latina ha sido con frecuencia mucho más nefasto que el de los ejércitos, como lo evidenció entre otros el caso de Chile, donde en 1973 el almirante Toribio Merino actuó con la misma lógica que tiene hoy el almirante Francisco Saynez, que con razón Julio Hernández llamaba ayer en su columna de La Jornada una variante de las fórmulas de la llamada obediencia debida.

8. El origen de la situación cada vez más desastrosa a la que se está llevando al país se halla sin duda en el desprecio que los panistas tienen desde 1939 –año en que se funda su partido– por la Constitución General de la República, que sustentó al régimen político mexicano del siglo XX, el que se hallan empeñados en destruir, sin tener otra propuesta para sustituirlo que la que se observa todos los días: propiciar por un lado que la Iglesia católica acreciente su poderío material e ideológico y por el otro entregar ciegamente a México a la especulación de las grandes corporaciones trasnacionales, lo que los ha llevado a subordinar las instituciones de la República al gobierno de Washington, como es el caso de la Marina-Armada de México.

9. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante el desastre institucional cada vez mayor en el que hunde a México con sus desastrosas decisiones no ha sido otro que el de seguir exigiendo, por un lado, que en materia de seguridad nacional se expidan leyes que permitan todas sus tropelías: acotando los derechos humanos, cancelando el federalismo y el municipio libre y haciendo viable el funcionamiento de las agencias estadunidenses en México. Y que en materia económica y social se acelere el desmantelamiento de la Constitución de 1917 para hacer inexistentes los derechos originarios de la nación y poder eliminar trabas para que el capital multinacional se apodere del país. Eso y no otra cosa es lo que llaman las reformas modernizadoras, que están urgiendo al Congreso aprobar.

10. El retorno del país a la legalidad es por todo esto un presupuesto fundamental para que México pueda iniciar su reconstrucción y esa tarea es la que aguarda al próximo gobierno, que moral y políticamente no puede estar ya en manos de la derecha.

EU entrena a 6 mil efectivos mexicanos por 21 MMDP

En tres años, el gobierno estadunidense “invierte” más de 21 mil millones de pesos en el adiestramiento de poco más de 6 mil soldados, marinos y policías mexicanos. Las “donaciones”, como las llama la administración de Estados Unidos, incluyen entrenamiento en combate al “terrorismo” y “control de fronteras”. Los montos rebasan la totalidad de los recursos programados por la Iniciativa Mérida y convierten al país en el segundo más “apoyado” de América Latina sólo por debajo de Colombia.

Érika Ramírez

La administración de Felipe Calderón Hinojosa recibió, de 2007 a 2010, 1 mil 777 millones de dólares como “donativo” de Estados Unidos sólo para entrenamiento de tropas mexicanas en el combate al narcotráfico y al terrorismo, unos 21 mil 700 millones de pesos mexicanos.

Ese monto supera los recursos destinados a la Iniciativa Mérida, que en el mismo periodo ascendieron a 1 mil 300 millones de dólares autorizados por el Congreso estadunidense. Dicha Iniciativa tiene como fin “proporcionar habilidades técnicas y asistencia a México para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura, la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de legalidad”, informa la embajada estadunidense.

Respecto de la “donación” por 1 mil 777 millones de dólares, la administración federal de Estados Unidos la contabiliza como costos por impartición de programas de adiestramiento a más de 6 mil efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de seguridad pública.

Este gasto coloca a México como el segundo más “apoyado” por los gobiernos de George Walker Bush y Barack Obama. Esto, sin que exista una política de seguridad nacional en México definida, advierten expertos.

Entre los programas financiados desde 2007 a la fecha, se encuentran International Narcotics Control and Law Enforcement (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley); Foreign Military Financing (Financiamiento Militar en el Extranjero); Counter-Terrorism Financing (Asistencia de Lucha contra el Terrorismo), y Export Control and Border Security (Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras).

Administrados y recopilados por las organizaciones estadunidenses Center for International Policy, Latin America Working Group Education Fund y Washington Office on Latin America –presentadas en el portal de internet Just the Facts–, los datos se basan en información oficial del Departamento de Estado estadunidense.

Contrarios a las cifras que reporta Estados Unidos, los informes oficiales mexicanos indican que, en el marco del combate al narcotráfico, el gobierno calderonista ha enviado apenas a unos 628 efectivos militares para su capacitación en el extranjero. Los altos mandos y medios castrenses han viajado a capacitarse a ese país, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá y Colombia, entre otros.

Integrarse con el “enemigo”

Los recursos suministrados por el gobierno estadunidense en lo que va del periodo calderonista significan el 80 por ciento del total “donado” para asiestramiento desde que el Partido Acción Nacional llegó al poder, en diciembre de 2000.

El general en retiro Samuel Lara Villa –presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– dice que, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene como objetivo integrar a las Fuerzas Armadas Mexicanas como parte de su brazo armado. Para ello, ha trabajado en cambiar la misión nacionalista del Ejército. “Lo vi con compañeros que se iban a preparar allá y regresaban con la idea de un ejército continental que, a fin de cuentas, quedaría bajo la dirección estadunidense.

Esta situación, agrega, “no es conveniente para nuestra seguridad nacional, de ninguna manera, ya que fueron abandonándose estrategias de seguridad nacional, como el de la organización territorial y la forma de actuar de nuestras tropas.

“México no tiene más enemigo que el que está al Norte. La dominación imperialista que Estados Unidos ejerce sobre América Latina es un hecho. Estos últimos gobiernos se han puesto de rodillas ante las disposiciones y pretensiones de los estadunidenses”, considera el general.

Cifras estadunidenses

Just the Facts indica que México es el segundo país de América Latina y el Caribe que más adiestramientos militares ha recibido del gobierno estadunidense. La cifra de efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y policiales que llegaron a prepararse ahí en lo que va del sexenio llegó a los 6 mil 63.

México aún está por debajo de Colombia, que ha enviado a 14 mil 604 uniformados durante el mismo lapso de tiempo, indica el listado de alumnos entrenados por Estados Unidos en toda la región durante 1999-2010, realizado por las organizaciones civiles.

El país suramericano sostiene una “guerra contra las drogas” desde la década de 1980; Estados Unidos y países europeos le proveen apoyo logístico y financiero. El programa más destacado es el Plan Colombia, constituido desde 1998.

El mismo equipo informa que, de 2007 hasta el pasado año fiscal, Estados Unidos ha “donado” 1 mil 777 millones 35 mil 670 dólares a México. Es decir, unos 21 mil 733 millones de pesos (con el tipo de cambio de 12.23 pesos por 1 dólar, que maneja el Banco de México).

Los donativos entregados al país desde el inicio de la primera administración panista hasta el año pasado, 2001 a 2010, suman un total de 2 mil 198 millones 722 mil 742 dólares; es decir, unos 26 mil 890 millones de pesos. Lo que significa que los 1 mil 777 millones de dólares acaparan el 80.82 por ciento del total de los “apoyos”.

Jorge Luis Sierra, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Universidad de la Defensa de Washington, dice que los impactos de estas inversiones y capacitación dependen del tipo de plan de seguridad nacional que haya en cada país, y “México no lo tiene, porque no hay una política de seguridad nacional”.

En el país, se necesita llevar a cabo un proceso de discusión de política de seguridad nacional que incluya a civiles y militares. Entre los integrantes, deben estar funcionarios públicos, expertos, organizaciones no gubernamentales especializadas, académicos y legisladores, expone el especialista.

Los programas

International Narcotics Control and Law Enforcement es el programa que más recursos ha destinado al entrenamiento de efectivos mexicanos de 2007 a 2011, con la aplicación de 859 millones 976 mil dólares, que significan recursos por 10 mil 517 millones 506 mil 480 pesos. A éste se adscribieron unos 5 mil 212 uniformados mexicanos; 2009 fue el año con más capacitaciones, con 4 mil 933 efectivos.

El programa Foreign Military Financing ocupa el segundo lugar en la lista de programas promovidos por Estados Unidos. A este proyecto se le invirtieron 428 millones 750 mil dólares, de 2008 a 2011 (unos 5 mil 243 millones 612 mil 500 pesos).

Otros 130 mil 974 millones fueron administrados en el proyecto Counter-Drugs Financing (Asistencia contra las Drogas), es decir 1 mil 601 millones 812 mil 20 pesos. Counter-Terrorism Financing fue el programa que menos recursos obtuvo: 175 mil dólares, 2 millones 140 mil 250 pesos. A esta iniciativa sólo se le suministraron recursos durante 2009.

Just the Facts muestra los principales centros de capacitación: Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas; el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa; Sección de Asuntos Narcóticos (del Departamento de Estado); el Instituto de Idiomas de la Defensa (Inglés); Centro de Capacitación de la Guardia Costera, y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad.

El especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, considera que “Estados Unidos proporciona el entrenamiento militar de acuerdo con sus propias necesidades, y se afana en ver reflejada en las Fuerzas Armadas de México su propia seguridad nacional. En este caso, el principal interés de aquel país es el combate al terrorismo”.

El discurso y los hechos

Punto estratégico en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, el envío de personal al extranjero para su capacitación va en aumento. Las cifras, de los cuatro informes de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), muestran que, de 2006 a 2009, fueron trasladados 628 efectivos a otros países.

El plan, firmado por el secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván, dice que como estrategia para “mejorar las estructuras y los procesos administrativos que garanticen el uso eficiente del personal”, se llevarán a cabo promociones de becas y comisiones en el extranjero.

Los informes, presentados anualmente ante el Congreso de la Unión, muestran 2009 como el ejercicio fiscal en que más militares se “capacitaron” en el extranjero.

El Cuarto informe de labores de la Sedena indica que 206 elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fueron becados para adiestrarse en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá, Colombia, Chile, China, Ecuador, España, Francia, India, Perú, Polonia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

Se trató de jefes, oficiales y sargentos de arma y servicio. Además, instructores estadunidenses llegaron al país para impartir 10 cursos de entrenamiento móvil con 242 plazas. El primer año del gobierno calderonista, se registró el envío de 76 elementos; 146, en 2007, y 197, en 2008.

Catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, Guillermo Garduño dice que “la pérdida de competitividad que hay en las Fuerzas Armadas Mexicanas y la policía ha provocado el incremento de su preparación en otro país. Esto vino en aumento en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sus puntos estratégicos han sido en inteligencia y logística. En tanto, dice, el sistema policiaco tiene 50 años de retraso en materia de investigación.

“Ante los problemas del crimen organizado, es necesario que se lleve a cabo una preparación no sólo en materia tecnológica sino en seguridad nacional, ya que la delincuencia organizada opera en todo el mundo y no puede enfocarse como un problema local; por eso es importante la preparación en diferentes países”, opina el experto en Fuerzas Armadas.

De la “donación” por más de 1 mil 700 millones de dólares en capacitación –monto que rebasa al de la Iniciativa Mérida, el cual tiene programado un presupuesto por 1 mil 500 millones de dólares para ejercerse en cuatro años–, el conferencista en el Colegio de la Defensa señala: “Los apoyos son insuficientes, sobre todo porque la problemática de la delincuencia organizada provoca que Estados Unidos gaste 600 mil millones de dólares anuales”.

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

Para ampliar las graficas AQUI.

Las filtraciones de Wikileaks

Luis Javier Garrido

Los papeles del Departamento de Estado sobre México revelados por Wikileaks abren una crisis política de enormes dimensiones, aunque nadie se atreva por el momento a reconocerlo.

1. La histórica filtración de documentos hecha este diciembre de 2010 por el portal de Wikileaks incluyó un número significativo de documentos sobre México que aún no acaban de ser divulgados plenamente por los medios y que son difíciles de consultar, en particular por la guerra cibernética que el gobierno estadunidense ha desatado en su contra, pero que hasta ahora ponen en grave entredicho al gobierno panista, a la clase política mexicana en su conjunto, a las fuerzas armadas y muy en especial a Felipe Calderón, quien aparece en ellos como un individuo que ha atentado contra los intereses fundamentales de México, y que de existir en el país un régimen de derecho, de inmediato sería separado del cargo.

2. Las revelaciones de Wikileaks no hacen más que confirmar en torno a la supuesta “guerra contra el narco” de Calderón lo que durante meses hemos sostenido en esta columna, y en particular que desde los inicios de su gobierno de facto, ansioso de alcanzar una legitimidad y un control material sobre el territorio y la población, el panista pidió a Washington su ayuda e intervención para enfrentar la situación; que la extrema violencia que se manifiesta en el país fue deliberadamente buscada por el gobierno calderonista, bajo la dirección de las agencias de seguridad estadunidense, en la mira de crear un clima de terror en la República, y que la consecuencia de todo esto no es sólo que las fuerzas armadas mexicanas se hayan sometido al control estadunidense, sino que éste asuma que es la única fuerza capaz de enfrentar desde México a los cárteles del narcotráfico, que constituyen una amenaza para sus fronteras.

3. Las filtraciones –de las que dio cuenta La Jornada el 3, 4 y 5 de diciembre– van en buena medida a caracterizar al Ejército Mexicano con señalamientos tanto de funcionarios estadunidenses como de los propios panistas, diciéndose que es torpe y con aversión al riesgo, que sus miembros no están capacitados para ejercer tareas policiales domésticas ni mucho menos labores de inteligencia y, lo que es de enorme gravedad, que al no tener posibilidad de actuar en un marco de respeto a los derechos individuales, solicitaron que se expidiera una ley de suspensión de garantías individuales en términos del artículo 29 constitucional, como en 1943, lo que les fue negado, para, siguiendo el ejemplo de la Secretaría de Marina, solicitar sus mandos a los agentes estadunidenses que se les diera una mejor capacitación.

4. Los documentos del Departamento de Estado hablan de un sinnúmero de reuniones –entre 2008 y 2010– en las que los funcionarios calderonistas, carentes de cualquier noción de soberanía nacional, se dedicaron a demandar en todos los términos la ayuda de Estados Unidos, a sabiendas de que esta actitud no podía dejar más que una salida. Las revelaciones de estas reuniones bilaterales no conducen más que a demostrar cómo la subordinación del Ejército y de la Marina Nacional a Washington fue buscada de manera deliberada por el gobierno de Felipe Calderón, a sabiendas de que iba a conducir a un escenario en el que el Departamento de Estado asumiera que ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de nuestro país para controlar la situación, la única seguridad para sus fronteras, desde México, era la que las propias fuerzas estadounidenses le propiciaran.

5. Los documentos muestran, en todo caso, no la falta de dignidad de la diplomacia mexicana, sino la inexistencia misma de una diplomacia mexicana y, sobre todo, el desastre interno del gobierno calderonista de facto que ha hecho perder por completo el rumbo al país. ¿Con quién acuerda Genaro García Luna?, se preguntaba hace días el diputado Porfirio Muñoz Ledo. ¿Con Felipe Calderón o con Carlos Pascual? (La Jornada, 4/12/10)

6. La caracterización que hacen los agentes diplomáticos estadunidenses del gobierno de Calderón es, a pesar suyo, en extremo crítica, pues señalan que éste solicitó la ayuda de Washington porque estimó hallarse en peligro de perder el control de varias zonas conflictivas, como les reiteró durante más de dos años la Secretaría de Gobernación, reconociendo que no es eficaz el aparato de inteligencia del gobierno mexicano, a lo que se agrega otro elemento: las pugnas en el interior del gobierno de Calderón, que según los agentes estadunidenses obstaculizaron en estos años toda labor.

7. Las mentiras continuas de Calderón y la descalificación permanente que hizo en estos años de las fuerzas de oposición mexicana ante los agentes estadunidenses son objeto también de múltiples documentos que llevaron a una decisión. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ordenó un informe sobre el perfil sicológico e íntimo de Calderón, sobre sus costumbres y sobre las relaciones y disputas de su grupo cercano.

8. El desconcierto del gobierno panista ante el golpe recibido lo está demostrando su incapacidad de respuesta a pesar del malestar creciente que hay por las revelaciones en las fuerzas armadas y otros sectores. La cancillería se limitó a señalar que son divulgaciones parciales e inexactas (La Jornada, 2/12/10) y la Sedena a difundir un texto de militares retirados que señalan que el Ejército ha servido a los gobiernos panistas con la misma lealtad que hizo con los del PRI, pero en el que afirman se busca desprestigiar y destruir al Ejército al hacerlo entrar en competencia desleal con otra fuerza armada, que es la Marina (Milenio Diario, 8/12/10), todo ello mientras en Los Pinos se están dedicando a buscar que los medios reduzcan y minimicen las informaciones filtradas y den prioridad a hablar de ecología.

9. La reacción más acorde con la gravedad de lo revelado fue la del embajador de Estdos Unidos en México, Carlos Pascual, puesto en una situación comprometida, pues las filtraciones provienen en lo esencial tanto de funcionarios de la embajada como de las múltiples agencias gubernamentales dependientes de él, por lo que al ser entrevistado por Televisa –el miércoles 8– expresó su deseo de que lo acontecido no afecte las relaciones entre los dos países, lo que ya no cabe duda de que no va a ocurrir. Calderón y los panistas, que por su reacción de azoro aparentan desconocer el doble discurso diplomático, van a reaccionar como hasta ahora lo han hecho: con profundo servilismo e indignidad. El problema para Washington se halla en las demás fuerzas políticas, que si tenían alguna duda sobre las dimensiones del desastre en que Calderón y las políticas estadunidenses han hundido a México, ahora tienen que actuar en consecuencia. Y, desde luego, en el pueblo mexicano que no quiere esta guerra impuesta ni este tipo de relaciones con Estados Unidos.

10. La saga de Julian Assange y de Wikileaks sigue evidenciando la dificultad que existe hoy en día para informarse de lo que en realidad acontece. Las revelaciones de este portal abren una nueva época en las relaciones entre los pueblos y el poder económico y político que asfixia al mundo, en particular en América latina y en México constituyen una nueva señal de alerta sobre la naturaleza totalitaria del proyecto que se pretende imponer al continente.

http://www.youtube.com/watch?v=P9ICeRF9S2c

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