En el libro La route vers le nouveau désordre mondial, el profesor Peter Dale Scott recorre la historia del “Estado profundo” en Estados Unidos: la estructura secreta que dirige la política exterior y la política de defensa de ese país, más allá de las apariencias democráticas. En entrevista, el autor retoma la discusión sobre el grupo que organizó los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que se financia a través del tráfico mundial de droga Maxime Chaix / Anthony Spaggiari / Red Voltaire
Un libro documenta la estructura secreta que dirige la política exterior y la política de defensa de Estados Unidos. El profesor Peter Dale Scott, su autor, recorre la historia del “Estado profundo” de ese país, cuya apariencia democrática es apenas una fachada. Este estudio ofrece la ocasión de poner bajo los reflectores al grupo que organizó los atentados del 11 de septiembre y que se financia a través del tráfico mundial de droga. Se trata de un libro de referencia cuya lectura aconsejan ya las academias militares y diplomáticas.
Red Voltaire (RV): Profesor Scott, ¿pudiera usted proporcionar una definición de “la política profunda” y explicar la diferencia entre lo que usted llama el “Estado profundo” y el “Estado público”?
Peter Dale Scott (PDS): La expresión “Estado profundo” viene de Turquía. Hubo que inventarla en 1996, después del accidente de un auto Mercedes que rodaba a toda velocidad y cuyos pasajeros eran un miembro del parlamento, una reina de belleza, un importante capitán de la policía local y el principal traficante de droga de Turquía, quien dirigía además una organización paramilitar –los Lobos Grises– que asesinaba gente. Se hizo entonces evidente que existía en Turquía una relación secreta entre la policía –que oficialmente estaba buscando al hombre que se encontraba en aquel auto con un jefe de la policía– y aquellos individuos que cometían crímenes en nombre del Estado.
El Estado para el que se cometen crímenes no es un Estado que puede mostrar su propia mano al público. Es un Estado escondido, una estructura secreta.
En Turquía lo llamaron el “Estado profundo”, y yo mismo venía hablando desde hace tiempo de la “política profunda”, así que utilicé esa expresión en mi libro La route vers le nouveau désordre mondial [El camino hacia el nuevo desorden mundial].
Definí la política profunda como el conjunto de prácticas y de disposiciones políticas, intencionales o no, habitualmente criticadas o no mencionadas en el discurso público, además de no reconocidas. Es decir que la expresión “Estado profundo” no es cosa mía. Se refiere a un gobierno paralelo secreto, organizado por los aparatos militares y de inteligencia, financiado por la droga, que se implica en acciones de violencia de carácter ilícito para proteger el estatus y los intereses del ejército de las amenazas que representan los intelectuales, los religiosos y, en ocasiones, el gobierno constitucional.
En La route vers le nouveau désordre mondial, adapto un poco esa expresión para referirme a la más amplia conexión que existe, en Estados Unidos, entre el Estado público constitucionalmente establecido y las fuerzas profundas que se mueven en segundo plano de ese Estado: las fuerzas de la riqueza, del poder y de la violencia que están fuera del gobierno.
Esa conexión podríamos llamarla la “puerta trasera” del Estado público, [puerta] que sirve de acceso a fuerzas oscuras situadas fuera del marco legal.
La analogía con Turquía no es perfecta, ya que lo que actualmente hemos observado en Estados Unidos no es tanto una estructura paralela, sino una amplia zona o ambiente de contactos entre el Estado público y fuerzas oscuras invisibles. Pero esa conexión es considerable, y se necesita una apelación como “Estado profundo” para describirla.
RV: Usted escribió La route vers le nouveau désordre mondial en momentos en que el régimen de Bush se hallaba en el poder y después lo reactualizó con vistas a la traducción al francés. ¿Piensa usted que el Estado profundo se ha debilitado, lo cual favorecería al Estado público, como resultado de la elección de Barack Obama? ¿O, por el contrario, se ha reforzado con la crisis y con la actual administración?
PDS: Después de dos años del gobierno de Obama, la influencia del Estado profundo, o más exactamente de lo que yo llamo en mi último libro La máquina de guerra estadunidense, ha seguido existiendo, como lo ha hecho bajo cada presidente de Estados Unidos desde la época de Kennedy.
Un importante síntoma de ello es la manera en que Obama, a pesar de su retórica de campaña, ha seguido ampliando el campo de aplicación del secreto dentro del gobierno de Estados Unidos y cómo ha seguido castigando a quienes lanzan llamados de alerta: su campaña contra Wikileaks y contra Julian Assange –quien no ha sido inculpado aún por el menor crimen– no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Sospecho que el miedo a la publicidad que se percibe en Washington viene de que existe la conciencia de que las políticas de guerra de Estados Unidos están cada vez más desvinculadas de la realidad.
En Afganistán, Obama parece haber capitulado ante los esfuerzos del general Petraeus y de otros generales que querían garantizar que las tropas estadunidenses no comenzaran a retirarse de las zonas de combates en 2011, como había adelantado Obama cuando autorizó un aumento del número de soldados en 2009. El último libro de Bob Woodward, Las guerras de Obama, reporta que durante aquel largo combate que se produjo dentro de la administración para determinar si había que decidir una escalada militar en Afganistán, Leon Panetta, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), le aconsejó a Obama que “ningún presidente democrático puede ir en contra de los consejos del ejército… Así que hágalo. Haga lo que ellos le dicen”. Obama dijo recientemente a soldados estadunidenses en Afganistán: “Ustedes cumplen sus objetivos, ustedes tendrán éxito en su misión”. Este eco de testimonios anteriores –tontamente optimistas– de Petraeus muestra por qué no se hizo en la Casa Blanca una evaluación realista del desarrollo de la guerra en diciembre de 2010, a pesar del mandato recibido inicialmente.
Al igual que Lyndon Johnson antes que él, el presidente está atrapado ahora en un cenagal que no se atreve a perder, y que amenaza con extenderse a Pakistán, así como a Yemen, si no más lejos aún. Sospecho que las fuerzas profundas que dominan los dos partidos políticos son ahora tan poderosas, tan coincidentes y, sobre todo, están tan interesadas en las ganancias que la guerra genera, que un presidente está más lejos que nunca de oponerse a ese poder, ni siquiera ahora cuando se hace cada vez más evidente que la era de dominación mundial de Estados Unidos –al igual que sucedió en su tiempo con la de Gran Bretaña– está a punto de terminar.
En ese contexto, Obama –sin debate ni revisión– ha prolongado el estado de urgencia interna proclamado después del 11 de septiembre, con las drásticas limitaciones de los derechos civiles que ello implica. Por ejemplo, en septiembre de 2010, la Agencia Federal de Investigación tomó por asalto las oficinas de pacíficos defensores de los derechos humanos en Minneapolis y en Chicago: se basó en una decisión reciente de la Corte Suprema, según la cual, la libertad de expresión y el activismo no violentos reconocidos en la Primera Enmienda se convierten en crímenes si están “coordinados con” o “bajo la dirección” de un grupo extranjero designado como “terrorista”. En nueve años, el Congreso no se ha reunido ni una sola vez para discutir el estado de urgencia decretado por George W Bush después del 11 de septiembre, que, por lo tanto, permanece en vigor hoy en día.
En 2009, el excongresista Dan Hamburg y yo lanzamos una exhortación pública al presidente Obama para que pusiera fin al estado de urgencia y llamamos al Congreso a que realizara las audiencias que su responsabilidad requiere. Pero el 10 de septiembre de 2009, Obama, sin la menor discusión, prolongó nuevamente el estado de urgencia del 11 de septiembre y lo hizo de nuevo al año siguiente. Mientras tanto, el Congreso ha seguido ignorando las obligaciones que le impone su propio estatuto.
Un congresista explicó a uno de sus electores que lo previsto en la National Emergencies Act se ha hecho inoperante por causa de la Continuidad del Gobierno (Cog, por su acrónimo en inglés), un programa ultrasecreto destinado a organizar la dirección del Estado en caso de situación de urgencia nacional. El programa de la Cog fue parcialmente aplicado el 11 de septiembre por Dick Cheney, uno de los principales arquitectos de ese programa, desarrollado dentro de un comité que opera fuera del gobierno regular desde 1981. De ser cierto que las disposiciones de la National Emergencies Act se han hecho inoperantes por causa de la Cog, indicaría que el sistema constitucional de contrapoderes ya no se aplica en Estados Unidos, y que los decretos secretos predominan ahora sobre la legislación pública.
RV: En ese contexto, ¿por qué el Congreso de Estados Unidos no desempeña su papel en la limitación de los poderes secretos que se instauró después del Watergate? ¿Qué consecuencias tuvieron entonces la expulsión de Nixon y el fortalecimiento de la supervisión del Congreso sobre las operaciones secretas de los servicios de inteligencia estadunidenses?
PDS: La estrategia de Nixon para Vietnam consistió en tratar de obtener el apoyo del bando opuesto llegando a acuerdos estratégicos tanto con la Unión Soviética como con China. Esto encontró una violenta oposición tanto de los “halcones” como de las “palomas” en el seno de una nación profundamente dividida. Creo que los “halcones” provenientes tanto de la CIA como del Pentágono fueron partícipes de la crisis fabricada del Watergate, que dio lugar a la dimisión forzosa de Nixon.
Después del Watergate, las “palomas” del Congreso –al que se aplicó por entonces el sobrenombre de McGovernite– de 1974 implantaron cierto número de reformas en nombre de políticas más abiertas y públicas, aboliendo un estado de urgencia que se había mantenido desde la época de la guerra de Corea y estableciendo las restricciones jurídicas y legislativas sobre la CIA y sobre otros aspectos del gobierno secreto. Esas reformas tuvieron como respuesta una movilización concertada tendiente a revertirlas y a restablecer el statu quo.
Aquel debate político implicaba la existencia, en el seno de la dirección del país, de un desacuerdo entre los llamados “negociantes” y los “prusianos”, y la cuestión era saber si, después del fiasco de Vietnam, Estados Unidos debía esforzarse por volver a su anterior papel de nación prominentemente comerciante o si debía responder a la derrota de Vietnam con un aumento suplementario de sus fuerzas armadas.
Aquella lucha burocrática e ideológica fue, a la vez, una lucha por el control del Partido Republicano. Aquello terminó provocando la caída de Nixon y el gradual redireccionamiento –durante la presidencia de Ford– de la política exterior de Estados Unidos de coexistencia pacífica con la Unión Soviética hacia planes tendientes a debilitar y, posteriormente, a destruir –bajo la administración de Reagan– lo que este último llamó “el imperio del mal”. Fue así como, en octubre de 1975, la implicación muy probable de Dick Cheney y de Donald Rumsfeld en la revolución palaciega, que los historiadores designan como “Masacre de Halloween”, significó la derrota del republicanismo moderado de Nelson Rockefeller. Aquello significó esencialmente la reorganización del equipo de Ford, preparando así el fin de la distensión.
Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que por entonces dirigían el equipo de la Casa Blanca del presidente Gerald Ford, y controlaban el Departamento de Defensa, desempeñaron un papel decisivo en el triunfo final de los prusianos, al alejar a Henry Kissinger y nombrar como director de la CIA a George H W Bush, quien elaboró desde allí un nuevo estimado, más alarmista, de la amenaza soviética, dando lugar a la correspondiente explosión de los presupuestos de defensa y al sabotaje de la política de distensión. Desde entonces, hemos podido observar en la economía estadunidense una influencia cada vez más importante de lo que Dwight D Eisenhower había llamado, en el histórico discurso de fin de mandato que pronunció el 17 de enero de 1961, el “complejo militar-industrial”.
Hoy en día, estamos sometidos a un nuevo estado de urgencia ampliado, y la supervisión del Congreso sobre las operaciones secretas del Estado profundo de Estados Unidos se ha hecho casi inexistente. Por ejemplo, la supervisión con mandato jurídico del Congreso sobre las operaciones secretas de la CIA se ha evitado con éxito gracias a la creación, en 1981, del Joint Special Operations Command en el Pentágono, al igual que la supervisión sobre las operaciones que dirigió el general Stanley McChrystal antes de su nombramiento como comandante de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Afganistán.
RV: En su anterior respuesta, mencionó brevemente el importante papel de George Bush padre en el sabotaje de la política de distensión que había desarrollado Kissinger. Fue, sin embargo, muy breve el periodo de Bush a la cabeza de la CIA. ¿El reemplazo de George H W Bush por el almirante Stanfield Turner, más moderado, a la cabeza de esa Agencia incrementó el control de las operaciones secretas de los diferentes elementos del Estado profundo de Estados Unidos?
PDS: No, en lo absoluto. Sucedió lo contrario, ya que ciertos actores clave de lo que acabo de explicar, ya excluidos de la CIA como consecuencia de la nominación del almirante Turner, se buscaron una nueva “casa” y trabajaron para el Safari Club. Ésta era una organización secreta fuera de todo control que reunía a los directores de los servicios de inteligencia de numerosos países –como Francia, Egipto, Arabia Saudita e Irán. Estimulada esencialmente por el entonces director del espionaje francés, Alexandre de Marenches–. Esta organización tenía como objetivo completar secretamente las acciones de la CIA mediante la realización de otras operaciones anticomunistas en África, Asia Central y Medio Oriente, operaciones que escapaban a todo control del Congreso estadunidense.
Después, en 1978, Zbigniew Brzezinski –que no era miembro del Safari Club– desarrolló una forma de escapar al control del almirante Turner mediante la creación de una unidad especial de la Casa Blanca con Robert Gates, el actual secretario de Defensa, que era por aquel entonces un joven agente operacional de la CIA. Bajo la dirección de Brzezinski, oficiales de la CIA se aliaron a la agencia de inteligencia de Irán –la Organización de Seguridad e Inteligencia Nacional– para enviar agentes islamistas a Afganistán, desestabilizando así aquel país. Esto condujo a la invasión soviética de Afganistán en 1980.
La siguiente década, que se caracterizó por la implicación secreta de la CIA en Afganistán, fue determinante en la transformación de aquel país en un vivero de cultivo de la amapola del opio, del tráfico de heroína y del islamismo yihadista.
Hay muy buenos libros sobre ese tema –uno por Tim Weiner, el otro por John Prados–. Pero, como se dirigieron a oficiales de la CIA que les mostraron sólo algunos documentos que acababan de ser desclasificados, esos autores no hablan de la droga en sus libros.
La conexión de los narcóticos es tan profunda que no se menciona en los documentos de la CIA que se han hecho públicos. Pero la cooperación de la CIA, dirigida por William Casey desde 1981, con el banco de la droga Bank of Credit and Commerce International (BCCI), estimuló la creación en Afganistán de una inmensa narcoeconomía, cuyas consecuencias desestabilizadoras ayudan a explicar por qué hay soldados de la OTAN, afganos y pakistaníes muriendo diariamente en esos lugares.
El BCCI fue un enorme banco de lavado de fondos provenientes de la droga. Corrompía, con sus presupuestos y sus recursos, a políticos de primer plano en el mundo entero… presidentes, primeros ministros… Y una parte de ese dinero sucio –de eso no se habla mucho, pero es la realidad– llegaba a políticos en Estados Unidos, a políticos de los dos partidos; ésa es una de las principales razones que explican por qué nunca logramos que el Congreso abriera una investigación contra el BCCI. Hubo de hecho un informe del Senado que fue publicado, firmado por un republicano, Hank Brown, y por un demócrata, John Kerry. Brown felicitó a Kerry por haber tenido el coraje de escribir aquel informe cuando tantas personas de su partido estaban vinculadas con el BCCI.
Este banco fue un factor primordial en la creación de conexiones con gente como Gulbuddin Hekmatyar, probablemente el principal traficante de heroína del mundo entero en la década de 1980. Se convirtió [Hekmatyar] en el principal beneficiario de la generosidad de la CIA, que se completó con una suma similar de dinero proveniente de Arabia Saudita. ¡Hay algo terriblemente nefasto en este tipo de situación!
RV: En 1976, Jimmy Carter fue electo con base en un programa de reducción de los gastos militares y de distensión con la Unión Soviética, lo que en realidad no se concretó en los cuatro años de su mandato. ¿Puede usted explicarnos por qué? ¿Será que su consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, desempeñó algún papel en aquella política exterior, sensiblemente más agresiva que lo que se esperaba?
PDS: Los medios de difusión presentaban a Carter como un candidato populista, como un granjero sureño cultivador de maní. Pero la realidad profunda era que Carter había sido preparado para la presidencia por Wall Street, particularmente por la Comisión Trilateral, financiada a su vez por David Rockefeller y dirigida por Zbigniew Brzezinski.
Brzezinski, un polaco furiosamente antisoviético, se convirtió entonces en el consejero de Seguridad Nacional de Carter. Y desde el principio de aquel mandato [Brzezinski], interfirió continuamente al secretario de Estado Cyrus Vance para mantener una política exterior más vigorosamente antisoviética. En ese aspecto, Brzezinski actuó en contra de los objetivos planteados de la Comisión Trilateral, de la que el presidente Carter había sido miembro.
La idea subyacente de la Comisión Trilateral era una imagen más bien atrayente de un mundo multipolar en el que Estados Unidos hubiese desempeñado un papel de mediador entre el Segundo Mundo, es decir el bloque soviético, y el Tercer Mundo, que era lo que en aquel momento se designaba como los países subdesarrollados o menos desarrollados ?yo detesto esa expresión porque viví en Tailandia y, en ciertos aspectos, ¡ellos están mucho más desarrollados que nosotros!
En resumen, al ser electo, Carter nombró como secretario de Estado a un verdadero trilateralista, Cyrus Vance, y tenía como consejero de Seguridad Nacional a Zbigniew Brzezinski, quien estaba decidido a utilizar el Estado profundo para hacerle a la Unión Soviética tanto daño como le fuera posible. Y la mayor parte de lo que se interpretó como los “éxitos” del régimen de Reagan claramente se inició en la época de Brzezinski.
Fue una renuncia total de aquello a lo que se había comprometido la Comisión Trilateral. El pobre Carter fue electo porque había prometido cortes en el presupuesto de Defensa y, antes de su salida [de la Casa Blanca], había metido al Departamento de Defensa en masivos aumentos presupuestarios que, una vez más, fueron asociados a Reagan, aunque en realidad habían comenzado antes.
Por consiguiente, una masiva campaña tendiente a un aumento de los presupuestos de defensa –campaña discretamente realizada por ricos industriales del aparato militar que actuaban a través del Comité sobre el Peligro Presente– llevó a la opinión pública estadunidense a fortalecer el esfuerzo de Brzezinski a favor de una presencia y de una política exterior estadunidenses más militantes, sobre todo en el Océano Índico.
RV: Después de haber sido un hombre muy influyente con el presidente Gerald Ford, Dick Cheney –junto a su mentor Donald Rumsfeld y junto al vicepresidente George H W Bush– fue, a partir de la presidencia de Reagan, uno de los hombres claves del programa ultrasecreto Cog. ¿Puede usted explicarnos en qué consiste ese programa? ¿Ya se ha aplicado, aunque sea parcialmente?
PDS: Desde el comienzo de la presidencia de Reagan, en 1981, se creó un grupo secreto, fuera del gobierno regular, para trabajar sobre la llamada Continuidad del Gobierno o Cog; dicho de otra manera, en planes de la Cog destinados a organizar la gestión del Estado en caso de urgencia nacional. Ese programa era inicialmente una extensión de planes preexistentes destinados a responder a un ataque nuclear que decapitara la dirección de Estados Unidos. Pero antes del fin del mandato de Reagan, su orden ejecutiva número 12686 de 1988 modificó los términos [de dichos planes] para que cubrieran cualquier tipo de urgencia.
La Cog es otra de las cosas que se asocian a Reagan; pero aquellos planes en realidad comenzaron en la época de Carter, aunque es posible que este último nunca haya estado al corriente de ello. En efecto, Carter creó la FEMA [la Agencia Federal de Manejo de Situaciones de Urgencia], que históricamente siempre fue la estructura de planificación de la Cog.
Lo que resulta bastante chocante es que, aunque los planes de la Cog son extremos, el Congreso no estaba al corriente de ellos en la década de 1980. Sólo un pequeño grupo –en el que se encontraban Oliver North, Dick Cheney y Donald Rumsfeld– estaba encargado de trabajar en esos planes, en virtud de una orden ejecutiva altamente secreta de Reagan emitida en 1981.
La cuestión de la Cog se mencionó públicamente por primera vez en 1987, durante las audiencias sobre el escándalo Irán-Contras, cuando un miembro del Congreso, Jack Brooks, le preguntó a Oliver North: “Coronel North, en el marco de su trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no le asignaron a usted en un momento dado la planificación de la Continuidad del Gobierno en caso de un desastre de envergadura?”. Agregó el congresista Brooks: “Yo estaba particularmente preocupado, señor presidente, porque leí en varios diarios de Miami y en algunos más que había un plan elaborado, por esta misma agencia, un plan de contingencia en caso de urgencia que suspendería la Constitución de Estados Unidos. Aquello me inquietó mucho y me pregunté si era un aspecto en el cual había trabajado él. Yo creo que así es y quería tener esa confirmación”.
El senador Inouye, director de aquella comisión investigadora del Congreso, le respondió con un poco de nerviosismo: “Con todo respeto, ¿puedo pedirle que no se toque ese tema en este momento? Si queremos abordarlo, estoy seguro que pueden hacerse arreglos para una sesión ejecutiva”. Está claro que las preguntas del congresista Brooks eran sobre la Continuidad del Gobierno. Aquellos arreglos para la realización de una sesión ejecutiva nunca tuvieron lugar.
Cheney y Rumsfeld –dos figuras claves del programa de la Cog– siguieron participando en esos planes y ejercicios, muy onerosos, a lo largo de dos décadas sucesivas, incluso en momentos en que, hacia fines de la década de 1990, los dos eran directores de empresas privadas que nada tenían que ver con el gobierno. Se ha dicho que el nuevo blanco que sustituyó a la Unión Soviética fue el terrorismo, pero algunos periodistas han mencionado que desde principios de la década de 1980 había importantes planes destinados a hacer frente al tipo de manifestaciones que, según la mentalidad de Oliver North y de otros como él, habían llevado a la derrota de Estados Unidos en Vietnam.
Nadie duda que los planes de la Cog se hayan aplicado parcialmente durante el 11 de septiembre de 2001, paralelamente a un estado de urgencia proclamado oficialmente. Este último sigue aún en vigor al cabo de nueve años, a pesar de una ley posterior al Watergate que exige ya sea una aprobación o un cese de una urgencia nacional por parte del Congreso cada seis meses. Los planes de la Cog son un secreto celosamente guardado, pero en la década de 1980 hubo informes que señalan que esos planes implicaban medidas de vigilancia y detenciones sin mandato, así como una militarización permanente del gobierno. En cierta medida, esos cambios claramente se aplicaron después del 11 de septiembre.
No hay manera de determinar cuántos cambios constitucionales ocurridos desde el 11 de septiembre pueden tener su origen en la planificación de la Cog.
Sabemos, sin embargo, que nuevas medidas de aplicación de la Cog fueron instauradas nuevamente en 2007, cuando el presidente Bush emitió la National Security Presidential Directive 51 (Directiva Presidencial de Seguridad Nacional, o NSPD-51/HSPD-20). Esta directiva estipulaba lo que la FEMA posteriormente llamó “una nueva visión para garantizar la continuidad de nuestro gobierno”, y fue seguida por un nuevo Plan de Desarrollo de la Política de Continuidad Nacional.
La NSPD-51 invalidó también la PDD 67, que era la directiva de la Cog del decenio anterior elaborada por Richard Clarke, quien era por aquel entonces el zar del contraterrorismo en Estados Unidos desde la época de Clinton. En fin, la NSPD-51 hizo referencia a nuevos “anexos clasificados sobre la continuidad”, señalando que deben “ser protegidos contra toda divulgación no autorizada”.
Bajo la presión de algunos de sus electores que se habían movilizado a favor de la apertura de una verdadera investigación sobre el 11 de septiembre, el congresista Peter DeFazio, miembro de la Comisión sobre la Seguridad Interior, presentó dos pedidos para consultar esos anexos.
Su primer pedido fue rechazado. DeFazio presentó entonces un segundo pedido, mediante una carta firmada por el presidente de su Comisión. El pedido fue rechazado de nuevo. Una vez más, esto indicaría que el sistema constitucional de contrapoderes ya no se aplica en Estados Unidos y que los decretos secretos están ahora por encima de la legislación pública.
RV: En La route vers le nouveau désordre mondial, usted afirma que la Comisión Nacional Investigadora sobre el 11 de septiembre –cuyos miembros fueron nombrados por el gabinete de George W Bush y cuyo informe final fue redactado por el equipo del director ejecutivo Philip Zelikov– incurrió en repetidos engaños sobre el tema del 11 de septiembre, sobre todo en lo tocante a las actividades de Dick Cheney en aquella mañana. ¿Puede usted explicar ese aspecto en particular?
PDS: Inicialmente, George W Bush se resistió a toda investigación sobre el 11 de septiembre hasta que el Congreso impuso una Comisión Investigadora, en respuesta a una eficaz campaña de las familias de las víctimas. Thomas Kean y Lee Hamilton, directores de la Comisión, prometieron públicamente guiarse por las preguntas sin respuestas de las familias de las víctimas, como, por ejemplo, saber quiénes eran realmente los presuntos secuestradores de los aviones y cómo fue que se derrumbaron tres edificios del World Trade Center cuando uno de ellos ni siquiera llegó a recibir el impacto de un avión.
Finalmente, esas preguntas, al igual que otras muchas interrogantes, no llegaron a mencionarse. Asimismo, la Comisión recogió gran cantidad de testimonios contradictorios y, en muchas ocasiones, reescribió ciertos relatos. Bajo la estrecha supervisión de Philip Zelikov, el director de aquella Comisión, quien por mucho tiempo había sido empleado del gobierno en cuestiones de seguridad nacional, el Informe de la Comisión sobre el 11 de septiembre ignoró ciertas contradicciones y corrigió otras de una forma que fue cuestionada por numerosos críticos.
El Informe atribuyó la ausencia de respuestas [de la Defensa estadunidense] de aquel día a un caos y a una ruptura sistémicas, ignorando así otros testimonios de Cheney, según los cuales él desempeñó aquel día un papel preponderante. La Comisión ignoró igualmente importantes contradicciones y dudas sobre el testimonio que había prestado Cheney. Un tema crucial que la Comisión no investigó de manera explícita fue la aplicación de los planes de la Cog [durante los hechos] el 11 de septiembre.
Tampoco mencionó la Comisión de Estudios sobre el Terrorismo de Cheney –reunida por decreto de Bush en mayo de 2001– que fue citada como fuente de origen de una orden del Comité de Jefes del Estado Mayor Conjunto, que databa del 1 de junio de 2001. Aquella orden modificó [u obstaculizó, haciéndolas inoperantes] las condiciones de intercepción de los aviones secuestrados por parte de la Fuerza Aérea.
Para lograr su recuento restringido sobre la responsabilidad de Cheney [en lo sucedido] aquel día, la Comisión también restó importancia –y de manera flagrante– a varios recuentos de testigos oculares [que estaban] en completo desacuerdo con la cronología de la propia Comisión, particularmente los del director del contraterrorismo Richard Clarke y del secretario de Transportes, Norman Mineta.
RV: Gran parte de La route vers le nouveau désordre mondial trata sobre la geopolítica del petróleo, de la droga y del armamento y la manera como el Estado profundo estadunidense la maneja en Asia Central y en el Medio Oriente desde la época del presidente Carter. Sabiendo que la “guerra contra el terrorismo” perdura y se extiende hoy en más de 60 países –principalmente a través de operaciones secretas–, ¿cuáles son los verdaderos orígenes y objetivos de ésta?
PDS: Al principio de la “guerra contra el terrorismo”, estaba muy claro que los consejeros estratégicos de los dos partidos, al igual que los grupos de reflexión [think tanks, centros o institutos de propaganda y/o difusión de ideas políticas], como el Council on Foreign Relations, estaban preocupados por la necesidad de Estados Unidos en preservar su dominio histórico sobre los mercados petroleros mundiales. Produjeron documentos que apoyaban la idea de un incremento de la fuerza militar de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, así como la idea de adoptar planes militares destinados, en particular, a ocuparse de Sadam Husein.
Hoy, la “guerra contra el terrorismo” ha seguido extendiéndose, y nos dicen que los militantes salafistas se han desplazado –como era de esperar– hacia nuevas regiones del mundo, sobre todo hacia Somalia y Yemen, para preparar sus represalias. La “guerra contra el terrorismo” se ha convertido en un ensayo para la actual doctrina estratégica de Estados Unidos tendiente a implantar un “dominio total”, como fue definida en el importante informe del Pentágono Joint vision 2020, llamando entonces a garantizar “la capacidad de las fuerzas estadunidenses, operando solas o con el apoyo de los aliados, para derrotar a cualquier enemigo y controlar cualquier situación mediante la gama de operaciones militares [disponibles]”.
Desde la Segunda Guerra Mundial, cada una de esas escaladas ha sido conducida por un lobby de la Defensa financiado originalmente por el complejo militar-industrial y actualmente por media docena de fundaciones de derecha que dispone de fondos ilimitados. Con el tiempo, su personal ha ido emigrando de grupo en grupo –el American Security Council, el Comité sobre el Peligro Presente, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano y, actualmente, el Center for Security Policy (CSP). Pero sus objetivos han ido ampliándose con el paso de los años: de maximizar la presencia estadunidense hasta restringir las libertades individuales para impedir la reaparición de cualquier tipo de movimiento antiguerra en Estados Unidos. Yo abordo la expansión de esta facción del sector de la defensa en mi más reciente libro La máquina de guerra estadunidense.
Esa agenda incluye cada vez más el macartismo, por no decir el fascismo. Cierto número de grupos está alimentando una histeria islamófoba que recuerda la histeria anticomunista de la década de 1950, llamando a una guerra aparentemente sin fin contra el Islam. Por ejemplo, el CSP publicó recientemente el documento Shariah, the threat to America, en el que proclama que la sharia es “la amenaza totalitaria de nuestra época”, con advertencias alarmistas sobre una “yihad infiltrada” y una “yihad demográfica”.
RV: Esa “guerra contra el terrorismo” –cuyos verdaderos fundamentos y objetivos están lejos de ser expuestos explícitamente por los gobiernos de los países miembros de la OTAN– comenzó en Afganistán, en 2001. En ese Estado, poderosos señores de la guerra aliados a Estados Unidos en la década de 1980 –época en la que los muyahidines combatían a las tropas soviéticas– son actualmente destacados actores del conflicto en “AfPak”, la entidad geopolítica que abarca Afganistán y Pakistán. Tomemos como ejemplo simbólico el caso de Gulbuddin Hekmatyar. La opinión pública de los diferentes países de la OTAN no parece darse realmente cuenta de quién es este señor Hekmatyar. ¿Puede usted proporcionarnos información sobre él? En su opinión, ¿cómo simboliza [Hekmatyar] el peligro que representa una política exterior estadunidense que, por falta de control legislativo y de visibilidad pública, ha provocado la explosión del tráfico de droga a nivel global?
PDS: Al disponer de pocos agentes leales en Afganistán, Estados Unidos decidió realizar su Operación Ciclón a través de los que estaban a la disposición de la Inter-Services Intelligence (ISI, los servicios secretos pakistaníes). Pakistán, temiendo a su vez a los reclamos de los verdaderos nacionalistas afganos que reivindican sus propios territorios fronterizos, dirigió el volumen de las ayudas provenientes de Estados Unidos y de Arabia Saudita hacia dos extremistas cuya base de apoyo en Afganistán era muy restringida: Abdul Rasul Sayyaf y Gulbuddin Hekmatyar.
Este último, miembro de la etnia pashtún y de la tribu ghilzai, originario del Norte de pashtún, fue entrenado inicialmente para la resistencia violenta bajo la dirección de los pakistaníes. Fue, al parecer, el único líder afgano que reconoció explícitamente la línea Durand, que define la frontera entre Afganistán y Pakistán. Para compensar el apoyo que no tenían entre la población local, Sayyaf y Hekmatyar cultivaron y exportaron opiáceos de forma masiva en la década de 1980, también con apoyo del ISI.
Fue por esa misma razón que los dos colaboraron con los muyahidines extranjeros –es decir, con los iniciadores de Al Qaeda– que por entonces afluían hacia Afganistán, y Hekmatyar parece haber desarrollado una estrecha relación con Osama bin Laden. Aquella afluencia de fundamentalistas wahabitas y deobanditas provocó el debilitamiento de la versión tradicional sufista del Islam local.
Durante la campaña antisoviética, las fuerzas de Hekmatyar asesinaron a personas que apoyaban a Ahmed Shah Masud, la principal amenaza para los planes de Hekmatyar –que contaban con el apoyo del ISI–, que consistían en dominar el Afganistán postsoviético. Después de la retirada de estos últimos, la CIA –actuando en contra de las recomendaciones del Departamento de Estado– utilizó también a Hekmatyar para impedir la constitución de un gobierno de reconciliación nacional, lo cual condujo a una guerra civil que provocó la muerte de miles de personas en la década de 1990.
Desde la invasión de Estados Unidos contra Afganistán en 2001, Hekmatyar ha dirigido su propia facción de combatientes para obtener una retirada de las tropas de la OTAN, aunque parece más abierto que los talibanes, en cuanto a integrarse a un gobierno de coalición dirigido por el actual presidente Hamid Karzai. En Washington, importantes funcionarios de la Defensa –como Michael Vickers– aún se refieren a la Operación Ciclón como “la acción clandestina más exitosa” en la historia de la CIA.
No parecen preocupados por el hecho de que ese programa de la CIA haya contribuido a generar y a desencadenar algo como Al Qaeda –la nueva justificación postsoviética para los aumentos sin precedentes de los presupuestos de defensa– ni tampoco por haber conferido a Afganistán su actual papel de principal fuente mundial de heroína y hachís.
RV: En conclusión, ante la situación financiera, económica, política, social e incluso moral existente en Estados Unidos, así como en numerosos países a través del mundo, ¿tiene usted confianza en el futuro? ¿Ve usted indicios estimulantes de una mayor influencia de lo que usted llama la “voluntad prevaleciente de los pueblos” en la toma de decisiones políticas, un proceso que es hoy por hoy más oligárquico que nunca?
PDS: Se dice que deberíamos ver cada crisis como una oportunidad. La crisis de Estados Unidos, que es también la del mundo, pudiera ser ciertamente la ocasión de introducir reformas de gran envergadura en los procesos del capitalismo de mercado que engendraron diferencias tan grandes entre los muy ricos y los muy pobres. Desgraciadamente, debido a esos procesos, las políticas tradicionales y los métodos de movilización se han hecho más ineficaces, aun de lo que ya eran anteriormente.
En La route vers le nouveau désordre mondial, defiendo que importantes cambios sociales son posibles cuando la opresión da lugar a la formación de una opinión pública unida –o de lo que llamo “la voluntad prevaleciente de los pueblos”– en oposición a esa opresión. Hago referencia a ejemplos como el movimiento por los derechos cívicos en el Sur de Estados Unidos o el movimiento polaco Solidarnosc.
Desarrollos tecnológicos como internet han facilitado más que nunca la unión de las personas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero la tecnología ha perfeccionado también los instrumentos autoritarios de vigilancia y represión, haciendo la movilización activista más difícil que antes. Por consiguiente, el futuro es muy incierto. Pudiera decirse que el sistema global actual está más inestable que nunca y que es posible que algún tipo de prueba de fuerza logre cambiarlo.
En todo caso, yo estoy convencido de que estamos viviendo un periodo particularmente estimulante. La juventud debe continuar uniéndose como siempre lo ha hecho a movimientos que aspiran al cambio social y a crear nuevos espacios propicios al intercambio global. Y, por sobre todo, no hay ninguna excusa para la desesperación.
El autor
Nacido en Montreal en 1929, Peter Dale Scott es un exdiplomático, poeta y autor canadiense. Es también profesor emérito de literatura inglesa en la Universidad de Berkeley, California. Es conocido por sus posiciones contra la guerra y por sus críticas sobre la política exterior de Estados Unidos. Peter Dale Scott es además un autor y analista político reconocido tanto por la crítica como por sus colegas, entre los que se encuentra su amigo Daniel Ellsberg, reconocido a su vez como “el hombre que hizo caer a Nixon”.
Fuente: Contralínea 230 / 24 de abril de 2011
La participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.
Los análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.
En México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.
Otras instituciones tienen un interés directo en el tráfico de droga, como los grandes bancos que efectúan préstamos a países como Colombia y México, sabiendo perfectamente que el flujo de droga ayudará a garantizar el pago de esos préstamos. Varios de los mayores bancos, como el City Group, el Bank of New York y el Bank of Boston, han sido identificados como participantes en el lavado de dinero, pero nunca han sido penalizados de forma lo suficientemente fuerte como para obligarlos a modificar su comportamiento. En la implicación de Estados Unidos en el tráfico de droga, se conjugan la CIA, importantes intereses financieros e intereses criminales de ese mismo país y del extranjero.
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