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miércoles, agosto 10, 2011

Mercenarios estadunidenses operan en México: BBC Mundo

El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.

MÉXICO, D.F., (apro).- La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde 2005 se ha convertido en un gran negocio para empresas privadas de seguridad estadunidenses, compuestas por exmilitares.

Datos del Senado de EU indican que, en un periodo de cuatro años, esas empresas han ganado 170.6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y de Estado, según revela la cadena británica BBC Mundo.

“Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, declaró al medio inglés el presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.

De acuerdo con el relator, el paquete prometido de la Iniciativa Mérida, de mil 400 millones de dólares de ayuda estadunidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, estaría gastándose “en la venta de tecnología de guerra… y en manos de los contratistas”.

De hecho, México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, según un informe publicado en junio pasado por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EU.

Estos contratos con empresas privadas incluyen la prestación de servicios, como mantenimiento de aviones, entrenamiento, labores de logística, inteligencia, vigilancia o tecnologías de la información.

El reporte de la BBC señala que, además de los contratistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, también existen profesionales, muchos de ellos exsoldados o exmarines de ese país, que trabajan por su cuenta para empresas estadunidenses con operaciones en México.

El informe de la ONU difundido por BBC Mundo apunta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, con sede en Ginebra (Suiza), ha pedido explicaciones al gobierno mexicano sobre la supuesta participación de empresas de seguridad estadunidenses en el país, sin que haya tenido respuesta.

“Cuando en 2010 empezamos a ver la tendencia en México de que contratistas privados de seguridad se estaban estableciendo, por ejemplo, para dar vigilancia a pozos de petróleo, pedimos a las autoridades una visita del Grupo de Trabajo para tratar este tema, sin que hayamos tenido una respuesta hasta ahora”, según Gómez del Prado, citado por BBC Mundo.

Y añadió que, de acuerdo con uno de los informes presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de que empresas militares y de seguridad de EU supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura.

Otro de los informes se refiere al reclutamiento de exmilitares de EU “con experiencia internacional” para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho”, enfatizó Gómez del Prado en sus declaraciones a la agencia de noticias británica.

Al respecto, BBC Mundo afirma que el gobierno mexicano no pudo confirmar el estado de esas solicitudes, en virtud de que oficialmente no existen en México fuerzas privadas similares a las que han operado en países como Irak o Afganistán a través de compañías como Blackwater-Xe.

El debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros se intensificó esta semana, después de que un artículo publicado por el diario The New York Times sugirió que la Casa Blanca estaría planeando enviar un equipo de contratistas para que trabaje con las unidades especiales mexicanas de lucha contra el narco.

En un comunicado, el gobierno de México rechazó pronunciarse sobre la veracidad del artículo, aunque aclaró que “el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas” en México.

Clases de tortura en Guanajuato

En julio de 2008, la policía de León, Guanajuato, vivió un vergonzoso episodio con sus tristemente célebres clases de tortura.

En aquel año, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició una investigación, luego de que un policía municipal fue videofilmado en los momentos que golpeaba “brutalmente” a un detenido mientras sus dos compañeros festejaban el hecho.

El director de la Policía, Carlos Tornero, identificó a los agentes implicados como José Luis Álvarez Juárez, Miguel Ángel Rodríguez García y Ricardo López Ramírez, el primero como el atacante; el segundo, quien grabó las escenas, y el tercero, quien portaba la macana.

En aquella ocasión, Tornero afirmó que la capacitación que se brinda a los elementos que forman parte de las corporaciones de seguridad del municipio de León, y en específico a grupos como el Especial Táctico (GET), “se hace bajo control y con el objetivo de que aprendan a enfrentar situaciones extremas”.

En su posición oficial sobre dos videos difundidos en los medios, refirió que los hechos mostrados formaban parte de un entrenamiento que reciben los elementos para enfrentar situaciones a las que pudieran ser sometidos en caso de ser tomados como rehenes o víctimas de un secuestro por parte del crimen organizado.

Y aseguró que en ningún momento tales prácticas “forman parte de una enseñanza para presionar a ciudadanos o delincuentes para obtener información”.

sábado, julio 02, 2011

Puebla, Veracruz, México: ¿Soportarán una base militar yanqui en su territorio?

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Desde hace un mes he venido recibiendo correos que denuncian el establecimiento de una base militar de los EEUU en territorio de Puebla y Veracruz. Me pareció que era muy posible por el tipo de gobiernos del PAN y PRI -demasiado entreguistas- que hemos tenido en México, por lo menos durante los últimos 30 años. La realidad es que he esperado que la noticia se haga más fidedigna para dar fuerza a mi publicación. Pero tan grave es la medida de instalar una base militar gringa en México, que me ha parecido muy extraño que sólo en Puebla haya sonado la alarma al hacer una manifestación en contra el establecimiento de la base, hoy escuela para militares al estilo “Escuela de las Américas” que estuvo en Panamá. Lo poco que se ha publicado es que es una base militar disfrazada de escuela para preparar miembros de las fuerzas armadas.

2. Al abrirse como escuela de instrucción y entrenamiento militar quiere decir que es la fase uno de una base: una escuela con muchos profesores y entrenadores de la CIA, con armas de todo tipo, así como una enorme tecnología militar para que los alumnos salgan con diplomas y títulos. Me recuerda aquella magnífica película de Kubrick, Cara de Guerra, que demuestra que cada militar siempre debe estar preparado para recibir órdenes y para matar sin discutir. La diferencia que hay entre base militar uno (”escuela”) con base militar dos y base militar tres es el tamaño de la base, la cantidad de aviones y pistas de aterrizaje que tiene, las características de las armas que posee y el número de personal militar que entra y sale. Los yanquis tienen más de mil bases militares establecidas en el mundo y el tamaño depende de la región de donde están ubicados.

3. La embajada de los EEUU, ubicada en Paseo de Reforma en medio del centro financiero más grande de la ciudad de México bien podría calificarse como una base administrativa militar de espionaje. Por ella pasan los políticos, empresarios, alto clero para informar acerca de sus actividades a sabiendas del enorme poder del embajador en turno. En esa embajada yanqui se concentra quizá mayor información sobre la economía, la política y la sociedad mexicana, que en la secretaría de Gobernación; por ese motivo la embajada interviene sin cortapisa alguna, en política nacional. Así como se preparó en la embajada yanqui el derrocamiento y el asesinato de un Presidente (Madero)y el vicepresidente de la República (Pino Suárez) en 1913, de la misma manera se exige que todo candidato presidencial –desde los años 20- tenga que presentarse ante el embajador.

4. Hugo Gusterson, en un boletín de “ciencia atómica” escribió: “Las bases militares descargan incesantemente desechos tóxicos en los ecosistemas locales, como en Guam (isla de Filipinas) donde las bases militares han llevado a la creación de no menos de 19 vertederos tóxicos. Esta contaminación genera resentimiento y, a veces, como en Vieques (isla cercana a la isla de Puerto Rico) en la década de 1990, movilizaciones sociales en toda regla contra las bases. Estados Unidos utilizaba Vieques para sus prácticas de bombardeo durante 180 días al año, y cuando Estados Unidos se retiró, en 2003, el paisaje estaba cubierto de municiones, de las que algunas habían estallado y otras no, cartuchos de uranio empobrecido, metales pesados, petróleo, lubricantes, disolventes y ácidos. Según los activistas locales, el índice de cáncer en Vieques era un 30 por ciento superior al del resto de Puerto Rico”.

5. Los habitantes de Puebla y Veracruz, además de alarmados, deben estar muy atentos porque una “fábrica de militares” no es cualquier industria de transformación, hilados, cerámica o centro para creación de empleos. Escribe Gusterson que “también es inevitable que, de vez en cuando, los soldados de EEUU –a menudo borrachos– cometan delitos que el gobierno yanqui impide que sean juzgados por tribunales locales”. Puede convertirse en un centro de conflictos que lleven a esos estados una mayor violencia. ¿Qué tal si ante tantas invasiones yanquis, si por el tanto odio que han desatado en el mundo por las miles de bombas que arrojan, un día el estado de Puebla es bombardeado como venganza? Por ese motivo en ningún estado de la República debe abrirse ninguna base militar aunque se presente como una simple escuela de los EEUU. Por eso los poblanos gritaron: “yanqui, go home”.

6. La respuesta de los mexicanos debe ser contundente porque los ataques del 11 de septiembre –si acaso no fueron hechos por el mismo gobierno de EEUU para justificar nuevas invasiones y guerra- fueron sin duda el ejemplo más espectacular de los rechazos que pueden generar resentimientos locales contra las bases de EEUU. Como escribió Gusterson: “En la década de 1990, la presencia de bases militares gringas en las cercanías de los lugares más sagrados del Islam sunita, en Arabia Saudí, enfureció a Osama bin Laden y proporcionó a Al Qaeda una potente herramienta de reclutamiento. Estados Unidos cerró prudentemente sus bases principales en Arabia Saudí, pero abrió nuevas bases adicionales en Iraq y Afganistán que se están convirtiendo en nuevas fuentes de fricción en las relaciones entre Estados Unidos y los pueblos de Oriente Próximo. Es de esperarse que en México también se fortalezca el repudio.

7. Hugo Chávez, hasta hace un año, fue vanguardia de la lucha contra las bases militares yanquis instaladas en Colombia gobernada por Uribe. Sus discursos eran aplaudidos porque representaban los intereses de los pueblos de América Latina, así como aplaudimos a Fidel cuando sin ningún temor denunciaba los asesinatos yanquis. ¿Quién con autoridad denunciará al gobierno mexicano por estar permitiendo –o por haber gestionado- la instalación de una escuela militar en Puebla y Veracruz con el fin de que luego se convierta en base militar nivel 2 o 3, para controlar Oaxaca, Chiapas y Centro América? ¿Será acaso parte del Plan Puebla Panamá que no ha podido caminar como se planteó desde los gobiernos de Fox y Bush? Se ha dictado orden de captura contra el gobernante libio Gaddafi, ¿Por qué no se dicta orden de captura contra las presidentes yanquis que bombardean y asesinan a decenas de miles?.

domingo, abril 10, 2011

Washington los condena... y Washington los entrena

Y si bien la reciente condena al Ejército Mexicano por parte del gobierno de Barack Obama ha sido implacable, Washington no deja de entrenar a un número cada vez mayor de militares mexicanos asignados a la guerra contra el narcotráfico. Documentos oficiales de ambos países, a los que tuvo acceso este semanario, dan cuenta de centenares de efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina que han sido enviados a capacitarse en tácticas antiterroristas.

Los últimos cuatro años –de 2007 a 2010– han sido de intensa participación de soldados mexicanos en diversos cursos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, al grado de que México escaló posiciones y se convirtió en la segunda nación latinoamericana (después de Colombia) con más presencia en las escuelas militares estadunidenses.

En el contexto de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, el presidente prestó más atención a las Fuerzas Armadas, a sus condiciones y a su preparación.

Apenas el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, Calderón anunció un paquete de ayuda económica para los integrantes de las Fuerzas Armadas: aumento salarial, pensión vitalicia a las viudas de los militares caídos, apoyo para adquirir vivienda, mejor atención médica y becas para los hijos de los uniformados.

En los festejos del Día del Ejército de 2007 y 2010 el mandatario también otorgó aumentos salariales a la milicia.

Pero los esfuerzos calderonistas se manifestaron en otra vertiente: la del entrenamiento exhaustivo de efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En lo que va del sexenio un número cada vez mayor de uniformados han sido capacitados (especialmente en Estados Unidos) en tácticas y estrategias de combate al narcotráfico... y contra el terrorismo también.

Pero no hay que olvidar que en el pasado algunos de los militares mejor preparados se fueron al bando enemigo. Los Zetas, el ejército criminal mejor preparado del país, se formó con desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Proceso 1420), caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente... y antinarcóticos.

La nueva Escuela de las Américas

Sólo en 2009 más de 700 efectivos del Ejército y la Marina mexicanos se capacitaron en tácticas de lucha antinarco y antiterrorismo en instalaciones de Estados Unidos y en bases locales con instructores extranjeros.

Los datos sobre el adiestramiento de los militares mexicanos en Estados Unidos son públicos y se tomaron, vía internet, del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, por su acrónimo en inglés), dependencia del Departamento de Defensa antes llamada Escuela de las Américas.

Ésta fue fundada en 1946 en la zona del Canal de Panamá y estuvo ahí hasta 1984 –tras entrenar a unos 60 mil soldados– cuando fue expulsada por el entonces presidente panameño Jorge Illueca, quien la declaró “bastión de Estados Unidos para invadir el continente”.

A la Escuela de las Américas diversas organizaciones de derechos humanos dieron en llamarla la “Escuela de los Asesinos” porque sus egresados destacaron por su participación en cuartelazos, dictaduras, represión, matanzas y tortura en Latinoamérica en los años sesenta y setenta.

De acuerdo con el Whinsec, en 2009 fueron 716 (444 del Ejército y el resto de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública) los efectivos mexicanos enviados a Estados Unidos para cursar alguna de las 90 especialidades del programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés) con el que el Pentágono capacita en diversas especialidades a tropas de países latinoamericanos.

La presencia de militares mexicanos en el IMET ha ido en aumento en los últimos 15 años. En ese lapso, Colombia se ha mantenido a la cabeza en la lista de participantes; México escaló peldaños y desplazó a Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, hasta llegar a ser la segunda nación que más personal envía y cada vez a más cursos.

Si bien los entrenamientos del IMET se imparten en distintos lugares, incluso fuera de Estados Unidos, muchos de ellos tienen lugar en las instalaciones del Whinsec en Fort Benning, Georgia. Ahí en 2009, 40 uniformados mexicanos tomaron siete cursos; 26 fueron enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 14 por la Secretaría de Marina (Semar).

Los cursos tomados por miembros del Ejército fueron: operaciones conjuntas (1 alumno), control y análisis de información (17), ingeniero en operaciones (3), información en operaciones (1) y asistencia médica (4). Por parte de la Armada los cursos fueron: derechos humanos (3 alumnos) y control y análisis de la información (11).

Los documentos desclasificados del Whinsec indican que en 2009 el entrenamiento y actualización de los 716 militares mexicanos le costó al IMET 3 millones 858 mil 211 dólares. En contraste, en el mismo periodo la erogación para el entrenamiento de tropa colombiana fue de 16 millones 329 mil 938 dólares.

Los militares y marinos mexicanos que han ido a entrenarse al amparo del esquema del IMET han asistido a unidades de adiestramiento de alto nivel, como el centro de entrenamiento de Presidio-Monterey, California, donde se imparten cursos de idiomas (más de 40). En ese lugar se prepara a los militares estadunidenses para hablar y entender, por ejemplo, toda la variedad de lenguas habladas en Irak. Dos marinos mexicanos se prepararon en esa unidad en 2009.

Otro es el Marshall Center, en Garmisch, Alemania, que se dedica al análisis de procesos de paz y capacitación de alto nivel. También hubo efectivos mexicanos ahí en 2009.

El Asia-Pacific Center for Security Studies, en Hawaii, especializado en estudios de seguridad continental, es otra de las escuelas que han dado cabida a alumnos de la Sedena y la Semar en años recientes.

La Intelligence School, la National Defense University y la Defense Intelligence Agency, en Washington, son también instancias a las que son enviados recurrentemente los militares y marinos mexicanos.

De acuerdo con los datos del Whinsec,para 2009, el primer lugar entre los países latinoamericanos con más militares capacitados en Estados Unidos lo tuvo Colombia, con 2 mil 160. El segundo sitio es de México, con 716.

Entre los 90 cursos impartidos en Estados Unidos a los efectivos de la Sedena y la Semar predominan, sin embargo, los orientados a combatir el terrorismo, no tanto al crimen organizado.

Entre esos destacan: operaciones especiales, programa de combate al lenguaje del terrorismo, programa internacional de contraterrorismo, estudios avanzados de terrorismo, respuesta al terrorismo, programa internacional de contraterrorismo, programa de estrategias e inteligencia de combate, entrenamiento internacional para fuerzas especiales y operaciones conjuntas.

También entrenamiento del cuerpo de marines, instructor en derechos humanos, básico de antiterrorismo, protección antiterrorista, previo de rangers, analista de información contra narcoterrorismo, operaciones contra narcoterrorismo, operaciones conjuntas, relaciones civil-militares, policía militar investigador, inteligencia avanzada para oficiales y cursos especiales del Comando Norte.

Asimismo, según el Whinsec, personal de la Secretaría de Seguridad Pública se capacitó en seguridad en aviación y pilotaje de helicópteros Black Hawk UH-60.

Los números de la Sedena

En respuesta a una solicitud de información enviada a través del IFAI (registrada con el folio 00007000174610), la Sedena asegura que de 2007 a 2010, 613 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea recibieron entrenamiento en 26 países.

De ellos, 372 fueron enviados a Estados Unidos en ese lapso, asegura la Sedena, y agrega que 2010 fue el año en el que más uniformados mexicanos se adiestraron en ese país (256) en cursos antidrogas, antiterrorismo, de combate urbano, de operaciones especiales, de comando para fuerzas especiales, de inteligencia y contrainteligencia antiterrorismo y antinarcóticos, y de derechos humanos.

Esta cifra difiere de la del Whinsec. La Sedena habla de 372 efectivos enviados al extranjero entre 2007 y 2010 y la institución estadunidense asegura que fueron 444 los que recibió Estados Unidos a través del IMET sólo en 2009 (en este número no se incluye a los miembros de la Marina ni de la Secretaría de Seguridad Pública).

En respuesta a la solicitud de información, la Defensa dio el número de militares enviados a capacitarse al extranjero entre 2007 y 2010, pero reservó algunos detalles, como las especialidades y cursos tomados, los sitios en los que se llevaron a cabo y datos de la participación de instructores estadunidenses en México.

“La información referente al tipo y nombre de los cursos realizados (...) se encuentra clasificada como reservada por el término de 12 años dentro del rubro temático ‘Planes y Programas de Adiestramiento’ debido a que su difusión pondría en riesgo la seguridad pública y la vida del personal militar.”

Lo que la Sedena sí dio a conocer fue la lista de países y el número de militares enviados al extranjero entre 2007 y 2010.

En 2007 fueron enviados a 17 naciones 106 militares mexicanos. En 2008 fueron 146 a 17 países; en 2009 fueron 105 a 9 países y en 2010, 256 a 17 países.

En total, afirma la Sedena, 613 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos fueron enviados a especializarse al extranjero, aunque no aclara si se les capacitó dentro del programa del IMET (que invita a los soldados latinoamericanos y sufraga sus gastos) o si fue por invitación de otros de los países que aparecen en la lista o a petición de la Defensa.

lunes, abril 04, 2011

EXPERTOS DE AI INFORMARÁN A ORGANISMO DE LA ONU SOBRE LA SITUACIÓN EN MÉXICO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES


Amnistía Internacional informará a los miembros del Comité de la ONU para la Protección de los Trabajadores Migrantes sobre los abusos de derechos humanos que sufren en México los migrantes centroamericanos en su camino hacia los Estados Unidos.

En la reunión, que tendrá lugar el 4 y 5 de abril en Ginebra, Amnistía Internacional proporcionará información y estudios de casos para ilustrar los abusos que sufren cada año miles de migrantes centroamericanos en México.

Dicha información contribuirá a las consideraciones realizadas por el Comité sobre el cumplimiento de la Convención de la Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes por parte del gobierno mexicano - un marco legal para la protección de los derechos humanos del migrante.

"Las autoridades mexicanas son responsables de la seguridad de los migrantes en su territorio. Creemos que puede y debe hacer más para proteger a los cientos de hombres, mujeres y niños que arriesgan sus vidas en uno de los viajes más peligrosos del mundo ", dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional México.

"Nuestro mensaje a las Naciones Unidas y las autoridades de México será clara: queda mucho por hacer y de manera rápida, para proteger a los migrantes en México."

Cada año miles de migrantes, principalmente de América Central son secuestrados, las mujeres violadas y, a veces las y los migrantes son asesinados en México por bandas criminales que actúan a menudo en coalición con funcionarios públicos. Muy pocos de los responsables rinden cuentas ante la justicia, dejando a los migrantes vulnerables a nuevos ataques.

domingo, enero 16, 2011

EU entrena a 6 mil efectivos mexicanos por 21 MMDP


En tres años, el gobierno estadunidense “invierte” más de 21 mil millones de pesos en el adiestramiento de poco más de 6 mil soldados, marinos y policías mexicanos. Las “donaciones”, como las llama la administración de Estados Unidos, incluyen entrenamiento en combate al “terrorismo” y “control de fronteras”. Los montos rebasan la totalidad de los recursos programados por la Iniciativa Mérida y convierten al país en el segundo más “apoyado” de América Latina sólo por debajo de Colombia.

Érika Ramírez

La administración de Felipe Calderón Hinojosa recibió, de 2007 a 2010, 1 mil 777 millones de dólares como “donativo” de Estados Unidos sólo para entrenamiento de tropas mexicanas en el combate al narcotráfico y al terrorismo, unos 21 mil 700 millones de pesos mexicanos.

Ese monto supera los recursos destinados a la Iniciativa Mérida, que en el mismo periodo ascendieron a 1 mil 300 millones de dólares autorizados por el Congreso estadunidense. Dicha Iniciativa tiene como fin “proporcionar habilidades técnicas y asistencia a México para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura, la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de legalidad”, informa la embajada estadunidense.

Respecto de la “donación” por 1 mil 777 millones de dólares, la administración federal de Estados Unidos la contabiliza como costos por impartición de programas de adiestramiento a más de 6 mil efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de seguridad pública.

Este gasto coloca a México como el segundo más “apoyado” por los gobiernos de George Walker Bush y Barack Obama. Esto, sin que exista una política de seguridad nacional en México definida, advierten expertos.

Entre los programas financiados desde 2007 a la fecha, se encuentran International Narcotics Control and Law Enforcement (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley); Foreign Military Financing (Financiamiento Militar en el Extranjero); Counter-Terrorism Financing (Asistencia de Lucha contra el Terrorismo), y Export Control and Border Security (Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras).

Administrados y recopilados por las organizaciones estadunidenses Center for International Policy, Latin America Working Group Education Fund y Washington Office on Latin America –presentadas en el portal de internet Just the Facts–, los datos se basan en información oficial del Departamento de Estado estadunidense.

Contrarios a las cifras que reporta Estados Unidos, los informes oficiales mexicanos indican que, en el marco del combate al narcotráfico, el gobierno calderonista ha enviado apenas a unos 628 efectivos militares para su capacitación en el extranjero. Los altos mandos y medios castrenses han viajado a capacitarse a ese país, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá y Colombia, entre otros.

Integrarse con el “enemigo”

Los recursos suministrados por el gobierno estadunidense en lo que va del periodo calderonista significan el 80 por ciento del total “donado” para asiestramiento desde que el Partido Acción Nacional llegó al poder, en diciembre de 2000.

El general en retiro Samuel Lara Villa –presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– dice que, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene como objetivo integrar a las Fuerzas Armadas Mexicanas como parte de su brazo armado. Para ello, ha trabajado en cambiar la misión nacionalista del Ejército. “Lo vi con compañeros que se iban a preparar allá y regresaban con la idea de un ejército continental que, a fin de cuentas, quedaría bajo la dirección estadunidense.

Esta situación, agrega, “no es conveniente para nuestra seguridad nacional, de ninguna manera, ya que fueron abandonándose estrategias de seguridad nacional, como el de la organización territorial y la forma de actuar de nuestras tropas.

“México no tiene más enemigo que el que está al Norte. La dominación imperialista que Estados Unidos ejerce sobre América Latina es un hecho. Estos últimos gobiernos se han puesto de rodillas ante las disposiciones y pretensiones de los estadunidenses”, considera el general.


Cifras estadunidenses

Just the Facts indica que México es el segundo país de América Latina y el Caribe que más adiestramientos militares ha recibido del gobierno estadunidense. La cifra de efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y policiales que llegaron a prepararse ahí en lo que va del sexenio llegó a los 6 mil 63.

México aún está por debajo de Colombia, que ha enviado a 14 mil 604 uniformados durante el mismo lapso de tiempo, indica el listado de alumnos entrenados por Estados Unidos en toda la región durante 1999-2010, realizado por las organizaciones civiles.

El país suramericano sostiene una “guerra contra las drogas” desde la década de 1980; Estados Unidos y países europeos le proveen apoyo logístico y financiero. El programa más destacado es el Plan Colombia, constituido desde 1998.

El mismo equipo informa que, de 2007 hasta el pasado año fiscal, Estados Unidos ha “donado” 1 mil 777 millones 35 mil 670 dólares a México. Es decir, unos 21 mil 733 millones de pesos (con el tipo de cambio de 12.23 pesos por 1 dólar, que maneja el Banco de México).

Los donativos entregados al país desde el inicio de la primera administración panista hasta el año pasado, 2001 a 2010, suman un total de 2 mil 198 millones 722 mil 742 dólares; es decir, unos 26 mil 890 millones de pesos. Lo que significa que los 1 mil 777 millones de dólares acaparan el 80.82 por ciento del total de los “apoyos”.

Jorge Luis Sierra, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Universidad de la Defensa de Washington, dice que los impactos de estas inversiones y capacitación dependen del tipo de plan de seguridad nacional que haya en cada país, y “México no lo tiene, porque no hay una política de seguridad nacional”.

En el país, se necesita llevar a cabo un proceso de discusión de política de seguridad nacional que incluya a civiles y militares. Entre los integrantes, deben estar funcionarios públicos, expertos, organizaciones no gubernamentales especializadas, académicos y legisladores, expone el especialista.


Los programas

International Narcotics Control and Law Enforcement es el programa que más recursos ha destinado al entrenamiento de efectivos mexicanos de 2007 a 2011, con la aplicación de 859 millones 976 mil dólares, que significan recursos por 10 mil 517 millones 506 mil 480 pesos. A éste se adscribieron unos 5 mil 212 uniformados mexicanos; 2009 fue el año con más capacitaciones, con 4 mil 933 efectivos.

El programa Foreign Military Financing ocupa el segundo lugar en la lista de programas promovidos por Estados Unidos. A este proyecto se le invirtieron 428 millones 750 mil dólares, de 2008 a 2011 (unos 5 mil 243 millones 612 mil 500 pesos).

Otros 130 mil 974 millones fueron administrados en el proyecto Counter-Drugs Financing (Asistencia contra las Drogas), es decir 1 mil 601 millones 812 mil 20 pesos. Counter-Terrorism Financing fue el programa que menos recursos obtuvo: 175 mil dólares, 2 millones 140 mil 250 pesos. A esta iniciativa sólo se le suministraron recursos durante 2009.

Just the Facts muestra los principales centros de capacitación: Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas; el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa; Sección de Asuntos Narcóticos (del Departamento de Estado); el Instituto de Idiomas de la Defensa (Inglés); Centro de Capacitación de la Guardia Costera, y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad.

El especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, considera que “Estados Unidos proporciona el entrenamiento militar de acuerdo con sus propias necesidades, y se afana en ver reflejada en las Fuerzas Armadas de México su propia seguridad nacional. En este caso, el principal interés de aquel país es el combate al terrorismo”.

El discurso y los hechos

Punto estratégico en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, el envío de personal al extranjero para su capacitación va en aumento. Las cifras, de los cuatro informes de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), muestran que, de 2006 a 2009, fueron trasladados 628 efectivos a otros países.

El plan, firmado por el secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván, dice que como estrategia para “mejorar las estructuras y los procesos administrativos que garanticen el uso eficiente del personal”, se llevarán a cabo promociones de becas y comisiones en el extranjero.

Los informes, presentados anualmente ante el Congreso de la Unión, muestran 2009 como el ejercicio fiscal en que más militares se “capacitaron” en el extranjero.

El Cuarto informe de labores de la Sedena indica que 206 elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fueron becados para adiestrarse en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá, Colombia, Chile, China, Ecuador, España, Francia, India, Perú, Polonia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

Se trató de jefes, oficiales y sargentos de arma y servicio. Además, instructores estadunidenses llegaron al país para impartir 10 cursos de entrenamiento móvil con 242 plazas. El primer año del gobierno calderonista, se registró el envío de 76 elementos; 146, en 2007, y 197, en 2008.

Catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, Guillermo Garduño dice que “la pérdida de competitividad que hay en las Fuerzas Armadas Mexicanas y la policía ha provocado el incremento de su preparación en otro país. Esto vino en aumento en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sus puntos estratégicos han sido en inteligencia y logística. En tanto, dice, el sistema policiaco tiene 50 años de retraso en materia de investigación.

“Ante los problemas del crimen organizado, es necesario que se lleve a cabo una preparación no sólo en materia tecnológica sino en seguridad nacional, ya que la delincuencia organizada opera en todo el mundo y no puede enfocarse como un problema local; por eso es importante la preparación en diferentes países”, opina el experto en Fuerzas Armadas.

De la “donación” por más de 1 mil 700 millones de dólares en capacitación –monto que rebasa al de la Iniciativa Mérida, el cual tiene programado un presupuesto por 1 mil 500 millones de dólares para ejercerse en cuatro años–, el conferencista en el Colegio de la Defensa señala: “Los apoyos son insuficientes, sobre todo porque la problemática de la delincuencia organizada provoca que Estados Unidos gaste 600 mil millones de dólares anuales”.

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

Para ampliar las graficas AQUI.

domingo, diciembre 12, 2010

El Michoacán de Calderón: cuatro años a sangre y fuego

Más de 24 horas de asedio, ataques y bloqueos por integrantes del cártel de La Familia en la entidad natal de Felipe Calderón -acciones que continuaban hasta el cierre de esta edición- le recuerdan al presidente su desplante de fuerza militar cuando iniciaba su mandato con el Ejército por delante como factor de intimidación... Cuatro años después, el fracaso es evidente -así lo muestra un estado en llamas, inerme, con una población aterrorizada y bajas mínimas en el bando narco-, si bien el gobierno federal se ufana de haber eliminado a El Chayo, uno de los principales mandos de esa organización criminal.

MORELIA, MICH.- En su afán de acabar con los jefes del narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón nunca había enfrentado tanta resistencia –y la población civil no había pagado un costo tan alto– como la semana pasada, cuando un operativo de policías federales localizó y ejecutó a Nazario Moreno González, El Chayo, uno de los principales dirigentes de La Familia Michoacana.

Segundo al mando y encargado del adoctrinamiento de los miembros de esa organización, Nazario Moreno fue ultimado el jueves 9 en Apatzingán por fuerzas federales en una operación que en Michoacán se esperaba desde hacía semanas y provocó una movilización del grupo delictivo que todavía la noche del viernes seguía incendiando vehículos en carreteras de la Tierra Caliente, una de las principales zonas de control de La Familia y lugar de origen de El Chayo.

El operativo contra el también llamado El Más Loco, de 40 años, estuvo a cargo de la Policía Federal (PF), que en ninguna otra entidad ha sufrido tantas bajas como en Michoacán en cuatro años. Sólo en los últimos 24 meses la delincuencia local le ha matado a 45 efectivos.

La del jueves fue además la primera eliminación de un jefe del narcotráfico a manos de la corporación que comanda el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En los últimos 12 meses, la de El Chayo es la cuarta ejecución de un jefe del narcotráfico sin que medie detención ni proceso judicial.

La primera fue el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, donde una fuerza especial de Infantería de Marina mató a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El 29 de agosto pasado, el Ejército eliminó a Ignacio Nacho Coronel en el lujoso barrio de Colinas de San Javier, en la zona metropolitana de Guadalajara.

El tercero en caer fue Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, el pasado 5 de noviembre en Matamoros, Tamaulipas. En esa ocasión la Marina protagonizó una refriega de seis horas que provocó el cierre de tres de los cuatro puentes internacionales.

La caza de El Chayo por la PF generó una resistencia inusitada: la respuesta armada abarcó 12 municipios y demostró la capacidad de movilización de La Familia Michoacana, organización que surgió en 2006 al amparo del cártel del Golfo y de Los Zetas.

El saldo oficial de esos combates es de ocho muertos y tres heridos. Pero la realidad es otra. El número de bajas tanto del gobierno como de La Familia se desconoce: helicópteros de la PF transportaron a la Ciudad de México a un número indeterminado de muertos y heridos, dijeron a Proceso fuentes de la policía moreliana, y el grupo criminal recogió a sus caídos, según declaró el vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, de la que depende la Policía Federal, murieron cinco uniformados, tres delincuentes y tres civiles, entre ellos un bebé de ocho meses que recibió una bala durante los enfrentamientos de la noche del miércoles 8 en Apatzingán.

Zona de guerra

Entre el miércoles 8 y el jueves 9, La Familia desplegó a decenas de sus hombres en los municipios de Apatzingán, La Huacana, Taretán, Zitácuaro, Parácuaro, Copándaro, Ario de Rosales, Uruapan, Múgica, Morelia, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro para resistir a las fuerzas federales que buscaban a Nazario Moreno.

La movilización confirmó el control territorial, sobre todo en el centro y noreste del estado, del grupo delictivo. En todos esos municipios los seguidores de El Chayo robaron vehículos a particulares y empresas, los incendiaron y los usaron para obstruir los caminos y evitar la llegada de refuerzos federales.

Una de las principales ciudades afectadas fue Morelia, donde los delincuentes cerraron cuatro de las cinco carreteras que parten de la capital estatal, incluida la de Occidente, que comunica con Guadalajara.

Todavía la mañana del viernes 10 el transporte de pasajeros tenía suspendidas sus corridas en el área y en Morelia estaban semiparalizadas las rutas de transporte público, según constató este medio.

Al cierre de esta edición aún se sentía un ambiente de guerra. En un recorrido de este semanario se contaron más de 30 vehículos incendiados en la carretera de Apatzingán a Cuatro Caminos. Cinco más acababan de ser quemados en la carretera Siglo XXI, hacia Lázaro Cárdenas.

El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había abandonado las casetas de Pátzcuaro a Múgica. De acuerdo con distintos informes policiales esa región está bajo control de Servando Gómez, La Tuta, tercero al mando en La Familia Michoacana y a quien se atribuyen muchas de las bajas de la Policía Federal.

Apatzingán fue el principal escenario de combate desde la noche del miércoles 8. Después de las siete de la noche, un convoy de federales entró a las comunidades del sur de ese municipio, controladas hasta ese momento por El Chayo. Los primeros choques se dieron en la comunidad de El Alcalde, donde en enero pasado La Familia le causó cinco bajas a la corporación.

El segundo encuentro fue en Holanda, de donde es originario Dionisio Loya Plancarte, El Tío, otro de los mandos de la organización delictiva y cuyas funciones, según informes policiales, han sido de “relaciones públicas” con la prensa y funcionarios de gobierno.

El evangelizador

El objetivo final de la PF era Guanajuatillo, donde El Chayo nació el 8 de marzo de 1970.

Nazario Moreno tuvo varios alias. Además de El Chayo los informes policiales también lo identificaban como El Naza y El Dulce y con el nombre de Víctor Nazario Castrejón Peña.

Dentro de la organización era llamado El Más Loco. Ese mote se lo puso él mismo al firmar textos en Pensamientos, la publicación de inspiración bíblica con la que adoctrinaba a los miembros del cártel.

Una ficha policial elaborada en 2008 lo describió: 1.65 de estatura, tez morena clara, cabello castaño y posible cirugía estética. Se señalaba que en el parietal izquierdo tenía una placa metálica –a raíz de un accidente– que le causaba fuertes dolores de cabeza. Sus antecedentes penales registran un proceso en su contra por disparo de arma de fuego y otro por el homicidio de Eric Elson Salas Abarca.

A principios de esta década, Nazario Moreno facilitó la llegada del cártel del Golfo –ya dirigido por Ezequiel Cárdenas Guillén– y el que entonces era su brazo armado, Los Zetas.

Por su parte, La Familia se dio a conocer con desplegados en la prensa local el 22 de noviembre de 2006, a una semana de que Calderón asumiera la Presidencia. Hasta ese momento había operado junto con el cártel del Golfo y Los Zetas con el nombre de La Empresa.

En 2008 rompieron. Desde dos años antes los sicarios tamaulipecos le disputaban a La Familia el control del estado. En la actualidad el cártel del Golfo tiene una alianza con los michoacanos, que han extendido su zona de influencia a otros estados con el apoyo también del cártel de Sinaloa.

El Chayo era el encargado de la “evangelización” de los “guerreros celestiales”, como La Familia llama a sus sicarios y lugartenientes. Un informe policial dice que se trata de jóvenes de entre 19 y 25 años, con poca escolaridad y de bajos recursos, que además del adoctrinamiento reciben entrenamiento físico, en manejo de armas y trasiego de droga.

En la tercera edición de Pensamientos –de septiembre de 2007 y que según la propia publicación tuvo un tiraje de 7 mil 500 ejemplares–, El Chayo se definía como cristiano y orgulloso de la Tierra Caliente de Michoacán:

“Hermanos en Cristo, mexicanos, michoacanos, tierracalenteños: Hermano tierracalenteño, hemos tenido muchas cosas en común, una cuna humilde, una infancia dura, mucho trabajo, de juegos cortos, pero plagados de nuestros sueños. Y todo surge ahí en ese poblado, cuando soñaba que sería alguien, que lucharía por los míos, que trabajaría duro para que mi familia tuviera lo que yo carecí, cuando las injusticias hacían temblar mi cuerpo de furia contenida y entonces pensaba que lucharía para defender a los míos, gracias a Dios que mis sueños no han cambiado, pero hoy forman parte de mi realidad.”

Sobre La Familia escribió: “Creo que ya no quiero ser ni muy correcto ni muy inteligente ni muy sabio… porque estoy descubriendo que la gente, cuando pretende ser muy correcta y sabia, se vuelve muy necia y no quiere escuchar y cae en la soberbia, y yo no quiero que nuestro grupo, ‘La Familia’, cayera en eso, y es por eso que deseo me den su crítica sin miedo ni pena”.

La publicación abunda en el sentido religioso que El Chayo le imprimió a la organización delictiva, pero con ánimo beligerante: “Si quieres, puedes llegar a ser un buen cristiano (…) atento, si estás buscando un camino ten en cuenta que los caminos sin obstáculos no conducen a ninguna parte”.

En su visión de la muerte, El Chayo escribió: “Aquí postrado a los pies de mi propia muerte quisiera estar. Es tanto el dolor que ya no quiero existir más… elevando una plegaria a Dios le pido me fortalezca (…) Y como todo buen padre me contestó: ¡Cuando me pediste perdón, te di clemencia, para que con ella aprendieras a perdonarte a ti y que todos te perdonen!”.

El halo bíblico impulsado por Nazario Moreno impregna también otras áreas de operación de La Familia. Es el caso de Jesús Méndez Vargas, El Chango, El Chamula o El Chango Méndez, quien opera con un cuerpo de seguridad conocido como Los Doce Apóstoles. Además, son 12 los tablazos que reciben algunos de los miembros que se gradúan como “guerreros celestiales”, mientras que otros pueden adquirir ese título ejecutando a alguien (Proceso edición especial 29).

Junto con El Chayo, el liderazgo de La Familia lo ha ejercido El Chango Méndez desde el surgimiento del grupo, en noviembre de 2006. La SSP colocó a Nazario Moreno en el mismo nivel de mando que Méndez Vargas, pero otros informes ponen al Chango por encima del Chayo y ambos arriba de La Tuta, uno de los jefes más conocidos del cártel.

Otro de los líderes que además de Michoacán ha operado en Baja California, el sur de Ciudad Juárez, el Distrito Federal y Guerrero es Nicandro Barrera Medrano, El Nica, identificado en varias declaraciones ministeriales como lavador de dinero.

Entre sus empresas están la casa de cambio Divisas Barrera y Autotransportes Purépecha, la que fue confirmada como suya en febrero pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su hermano, el experiodista Efraín Barrera Medrano, ocupó distintos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública en el actual gobierno de Leonel Godoy Rangel.

La muerte de El Chayo fue confirmada el viernes 10 por Alejandro Poiré, quien informó también del despliegue en Michoacán de efectivos de la Marina para ir contra los otros jefes de La Familia. Asimismo, la PF reforzó su presencia en el estado: llegó a sumar casi mil efectivos.

En Michoacán, la Policía Federal sustituyó las acciones del Ejército, que había sido desplegado por Calderón contra el narco en esa entidad. A 10 días de haber ocupado Los Pinos echó a andar el Operativo Michoacán, lo que marcó el inicio de su “guerra contra el narcotráfico”.

En mayo siguiente ocurrieron las primeras bajas militares del sexenio. Las causó La Familia en Nocupétaro. En represalia, el Ejército emprendió una cacería contra habitantes de esa población y del vecino Carácuaro, lo que generó fuertes críticas a la Fuerza Armada por las violaciones a los derechos humanos.

Además, en Michoacán tuvo lugar el primer ataque narcoterrorista contra la población civil en México. El 15 de septiembre de 2008, durante la celebración del Grito de Independencia, supuestos zetas arrojaron dos granadas contra la gente que celebraba en el centro de Morelia.

La entrega de los presuntos responsables fue negociada por El Chayo con el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro, en el inicio de una serie de encuentros de ese militar con los jefes del narcotráfico en México, autorizados por el gobierno de Calderón, que deseaba reducir la violencia (Proceso 1768 y 1779

martes, noviembre 23, 2010

Focos rojos en Sedena ante posible intervención de EU

Militares en activo, generales y coroneles –que ocupan cargos operativos en el Ejército Mexicano– manifiestan su preocupación ante la posible intervención militar de Estados Unidos en México. Se muestran frustrados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa ante los duros del Pentágono, y advierten que se construye el “escenario” para el ingreso de tropas estadunidenses a territorio nacional. Señalan que una parte del caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida desde el exterior con la anuencia del gobierno federal. Especialistas en seguridad nacional coinciden en que se generan las condiciones que justifiquen una “cooperación más estrecha” en el plano militar entre ambos países.

El pasado 18 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “superpotencia” a las bandas del narcotráfico que operan en México. El hecho apenas mereció unas líneas en páginas interiores de algunos medios impresos. Pero militares de la Segunda Sección del Ejército Mexicano (encargada de las labores de inteligencia) terminaron por desesperarse: observan como inminente la llegada de tropas estadunidenses al país, una demanda de los sectores castrenses más duros de la Defensa Nacional de Estados Unidos.

“Institucionales”, acostumbrados a callar sus diferencias con los civiles y renuentes a comentar las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, esta vez los militares prefieren hablar. Señalan que parte de la violencia que se ha desatado en las últimas semanas podría ser “inducida”. Y acusan al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de preparar el “escenario” para una intervención estadunidense abierta.

Aseguran contar con información de que los atentados con carros bomba (uno realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de julio, y dos más en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 26 de agosto de 2010) pudieron no ser obra de las bandas de narcotraficantes. Incluso, es probable que no hayan sido realizados por mexicanos.

“No es el modus operandi de los cárteles ni de los grupos armados con reivindicaciones políticas”, dice uno de los divisionarios que solicita mantener bajo reserva su identidad. Agrega que en círculos castrenses existe inquietud ante la desestabilización del país y las acciones del gobierno federal que, más que contenerla, parecen propiciarla.

Las declaraciones a Contralínea de militares en activo del Ejército son válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense. A decir de Guillermo Garduño –especialista en Fuerzas Armadas e investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional–, los militares están desesperados porque los comanda un grupo de civiles que “ni idea tiene de lo que son las Fuerzas Armadas”. México no ha creado una elite civil que conozca al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México ni a la Fuerza Aérea.

De acuerdo con los generales y coroneles que solicitan no revelar sus nombres, la supuesta “estrategia” para permitir el ingreso de tropas estadunidenses a territorio mexicano con los menores costos sociales contaría con dos vertientes: al interior, donde se buscaría que la propia sociedad mexicana demande más “seguridad” sin importar el origen de la “ayuda”; y al exterior, en el que los países consideren que la intervención sería “humanitaria”, ante bandas criminales que han superado al Estado mexicano.


Las presiones, en ascenso
En el estudio La globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado trasnacional, presentado el pasado 18 de julio, la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito señala que la “superpotencia” mundial de criminales organizados “ha generado una guerra por territorios y nuevas rutas entre bandas de traficantes, particularmente en México”.

Ya antes, el informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprobado para su publicación el 25 de noviembre de 2008 y dado a conocer en enero de 2009, Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (JOE) –título cuya traducción sería Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas– advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años. Y colocó al país como un Estado fallido con características similares a Afganistán. En el mismo documento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “recuerda” que “un México inestable podría representar un problema de seguridad de enormes proporciones” para ese país.

Las presiones estadunidenses fueron subiendo de tono y de número. El 10 de marzo de 2009, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, señaló que México no controlaba todo su territorio. Para julio de ese mismo año, el informe La narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos –del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, dependiente del Pentágono– planteó que México vivía “una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”. Además, el 17 de ese mes Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, declaró que el Ejército Mexicano había fracasado en su lucha contra el narcotráfico en la fronteriza Ciudad Juárez.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de este 2010, el discurso de las autoridades estadunidenses y de la ONU ha sido cada vez más contundente: México es incapaz de controlar a las bandas del narcotráfico y su ineficiencia es una amenaza a la seguridad de varias regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos.

“Todo se va acomodando”

El embajador Henry A Crumpton, exoficial de operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia y excoordinador de la lucha contra el terrorismo en el Departamento de Estado, aseguró que México vive una “narcoinsurgencia”. A principios de septiembre pasado, en una entrevista con Wall Street Journal, Crumpton reconoció que ese concepto es “particularmente incendiario” para los mexicanos por su temor histórico a que el ejército de Estados Unidos se ponga al frente de la lucha antinarcóticos.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, retomó el concepto vertido por Crumpton y, el 8 de septiembre, agregó que México “se está pareciendo más a como se veía Colombia hace 20 años”. En esa misma declaración, defendió el Plan Colombia, del que, aseguró, sí dio resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“Todo se va acomodando”, dice a Contralínea un general que solicita mantener bajo reserva su nombre. Llamar “superpotencia” al narcotráfico es considerar que las Fuerzas Armadas de México no son suficientes para combatir a una “amenaza mundial”. El “peligro” de una intervención es real, agrega.

En efecto, oficiales estadunidenses consultados por Wall Street Journal explicaron que “el gobierno mexicano parece estar cada vez más abierto a una mayor cooperación, debido a que la situación de seguridad está empeorando”. En declaraciones publicadas el mismo 10 de septiembre, el embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, dijo: “Hemos alentado a Estados Unidos a mejorar y profundizar la cooperación con México”.

A los agentes de la Oficina Binacional de Inteligencia –establecida en agosto pasado y anunciada en marzo de este año, luego de las reuniones de “alto nivel” celebradas en México entre la plana mayor de seguridad nacional de Estados Unidos y sus pares mexicanos– se suman los “Cuerpos de Paz”.

Tan sólo durante la semana del 7 de noviembre llegaron 39 “voluntarios”, como informó la embajada estadunidense en México. Estos nuevos voluntarios se integran a trabajos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

Previamente, a lo largo del año, habían llegado 33, que estarían integrados a la propia Semarnat en programas de manejo de áreas protegidas, ecoturismo, educación ambiental y desarrollo de negocios sostenibles; y 12 más, en los programas del Conacyt en transferencia tecnológica, tecnologías de la información, desarrollo de negocios y organizaciones y enseñanza del idioma inglés.
La intervención blanda

Especialistas consideran que, como nunca desde la Revolución Mexicana, el país se encuentra al borde de una intervención militar estadunidense. Coinciden en que mientras más desestabilizado se encuentre el país, mayores serán las posibilidades de que marines “colaboren” en territorio mexicano.

“Ése [el de la intervención] es el tema en los círculos de la inteligencia en México”, señala Abelardo Rodríguez Sumano, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.

El especialista en temas de seguridad nacional de México y Estados Unidos señala que la intervención estadunidense tendría como origen el “vacío” que han dejado las autoridades mexicanas.

“No hay un consenso en el sistema de seguridad nacional en cuanto a la relación con Estados Unidos. Estamos desarticulados en el aspecto de la ‘colaboración’. Hay sectores, como el de la Marina [Armada de México], que la quieren. Y otros, como el del Ejército [Mexicano], que se resisten. Y mientras no haya acuerdo y se generen estos vacíos estratégicos, los estadunidenses los van a ocupar. Ellos sí tienen claro qué quieren respecto de nosotros.”

Para el doctor Guillermo Garduño Valero, la intervención no es un hecho del futuro inmediato: “Ya está ocurriendo”. Agrega que los propios estadunidenses consideran que no son necesarias en este momento las tropas de ellos en el país.

“Se trata de una guerra de ellos; pero que la libran, como la mayoría de ellas, a lo largo de su historia, fuera de su territorio. Ellos ya están aquí. Ya intervienen, pero los que ponen las vidas son los mexicanos”, asegura.

Al final, concede: “Cuando las instituciones mexicanas se agoten, entonces sí tendrán que responder ellos directamente… Y va a ocurrir”.

Para Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, la preocupación de los sectores militares mexicanos ante una posible intervención estadunidense no es nueva. El egresado del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, explica que después del ataque a las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la inteligencia militar mexicana advirtió que Estados Unidos querría instalar bases militares en México.

La advertencia habría quedado plasmada en un documento elaborado en 2003: la minuta de la reunión de las dos generaciones de maestría en seguridad nacional que las Fuerzas Armadas mexicanas imparten. Se trataría de la elite castrense egresada del Colegio de la Defensa Nacional (a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional) y la del Centro de Estudios Superiores Navales (a cargo de la Secretaría de Marina).

Para el senador René Arce, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Estados Unidos “siempre ha intervenido en México en cuestiones de inteligencia”. Arce cuestiona: “Ahora sí nos quieren parecer muy patriotas y marcar su línea, cuando lo que les ha molestado [a las Fuerzas Armadas mexicanas] es que les digan que violan los derechos humanos; ése es el problema. La presencia de militares y gente de inteligencia sí existe, pero es discreta”.

Abelardo Rodríguez señala que incluso para el sector militar más duro de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, los marines debieron desplegarse en México desde hace meses.

“Pero históricamente está visto que una vez que Estados Unidos se instala en algún país, es muy difícil que salga”, advierte.


EPR, también en alerta ante posible intervención

La posible intervención estadunidense en México no sólo ha sido advertida por las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino también por los grupos guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), considerada la guerrilla con mayor capacidad de fuego en México, señaló que cuando Estados Unidos utiliza los conceptos narcoinsurgencia y narcoguerrilla, está señalando que intervendrá militarmente.

En su órgano de difusión El Insurgente, correspondiente a septiembre y octubre de 2010, el EPR y su organización política, el Partido Democrático Popular Revolucionario, señalan que el “gendarme del mundo” es el que acuña los términos narcoinsurgencia, narcoguerrilla y narcoterrorismo con el fin de intervenir en México, y también con el de relacionar a la lucha de reivindicaciones políticas y sociales con el crimen organizado.

El EPR rechaza que la delincuencia organizada, principalmente los cárteles del narcotráfico, sea “insurgencia”. Equipararlos equivaldría a criminalizar la pobreza. Se trata, asegura, de un ardid de la guerra de baja intensidad diseñada por los militares estadunidenses.

El narcotráfico es una empresa capitalista; nada tiene que ver con la guerrilla en México, concluye el EPR.

domingo, marzo 28, 2010

El Ejército, sin control y sin ley


MONTERREY, NL.- El rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, considera que el Ejército está en las calles sin control y sin ley, con soldados mal educados y sin criterio y que difícilmente pueden enfrentar al narcotráfico sin afectar a la población civil.

Dicha evaluación, complementada con la advertencia de que la sociedad tiene que participar en la solución de los problemas de la seguridad y la justicia, se produce a raíz del homicidio de dos estudiantes el 19 de marzo.

Ese día, alrededor de la una de la madrugada, un convoy del Ejército se enfrentó a tiros con un grupo de hombres armados en las inmediaciones del campus matriz del ITESM, ubicado en el centro de esta ciudad.

Durante varias horas, los nutridos disparos de grueso calibre y la detonación de granadas sembraron el terror en el campus del ITESM, donde aún había alumnos y maestros trabajando, así como numerosos internos que descansaban.

El sector, rodeado de edificios habitados principalmente por estudiantes, se mantuvo sometido a una fuerte tensión, con alumnos que se refugiaban en la biblioteca, en las aulas y hasta en túneles que interconectan el campus del instituto.

El parte informativo rendido por la mañana señaló que, además de asegurar armas y una camioneta blindada, en el lugar murieron dos personas abatidas por las balas.

No fue sino hasta el sábado al mediodía cuando se supo que los muertos eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo, dos estudiantes de posgrado, de alto rendimiento académico, quienes, egresados del Instituto Tecnológico de Saltillo, se hallaban becados en el ITESM.

El rector Rangel Sostmann se convirtió entonces en la principal fuente de información y, a lo largo de la semana, dio pormenores de lo ocurrido “en defensa de los alumnos”, ya que algunas versiones periodísticas, con fuentes policiacas y militares sin identificar, los habían calificado de “sicarios”.

“Yo no soy rector-ministerio público, pero parece que lo soy. Me ha tocado dar a conocer información que deberían proporcionar las autoridades”, dice el rector en entrevista con Proceso, conmovido por los sucesos.

“Parece guerra”

Además de que se pretendió hacer pasar a los dos estudiantes como sicarios, un reporte militar al que tuvo acceso el rector Rangel Sostmann establecía que ambos estaban armados, y, por si fuera poco, la madre de Jorge Antonio, Rosa Elvia Alonso, cree que a éste lo torturaron.

El sábado 20 de marzo, la señora Alonso fue a identificar el cuerpo de Jorge Antonio, pero no de manera directa, sino mediante fotografías mostradas en computadora. Afirma que no fue fácil reconocerlo por la gravedad de las heridas que tenía en el rostro, que ni el maquillaje funerario disfrazaba.

Y es que, dice la señora Alonso, el rostro del único hijo que tenía quedó desfigurado “como si lo hubieran arrastrado”. Coincidentemente, en la zona donde se produjo el tiroteo la banqueta quedó con un rastro de sangre que se extendió a lo largo de varios metros.

Para el rector Rangel Sostmann, los abusos, la inseguridad y la falta de control se extiende a todo el país.

“Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.

“No hay ley. Con los soldados, estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”

Las injusticias, continúa, se están cometiendo diariamente en todo el país, donde los crímenes son olvidados y los muertos borrados o calificados de sicarios cuando no lo son.

“Hay que acotar al Ejército, porque no es una policía urbana, no puede andar de ministerial revolviendo casos. Luego hay que fortalecer a las policías, y eso le toca al señor gobernador, que no se haga tonto”, sentencia.

Al respecto, manifiesta que los gobernadores buscan salir en la foto antes que resolver problemas; los legisladores debaten en función de su interés personal y de partido, pero no del interés público. Y el gobierno federal opta por dar cuanto antes carpetazo a los crímenes.

Respecto a la política de Felipe Calderón en materia de seguridad, puntualiza: “Es una política difícil, y viene de Estados Unidos. Además, ellos (los estadunidenses) también mandan las armas y el dinero; nosotros ponemos los muertos y la droga. Está llegando dinero por toneladas, armas de alto poder, y esa es una responsabilidad muy seria de Estados Unidos.

“Así que, por más leyes y acciones que emprendamos, esto va a seguir y va a crecer. El problema empieza con la política estadunidense. Eso es toral. El Ejecutivo tiene que exigir un freno, porque aquí, en las calles, hay granadas, armas enormes… Pareciera que estamos en una guerra, y todo eso viene de allá. La solución debe ser bilateral.”

Luego, expresa su decepción de la política mexicana:

“Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”

Riesgo de grupos paramilitares

Avergonzado aún por haber creído “tontamente” en los informes que el Ejército proporcionó a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, donde se afirmaba que no había estudiantes afectados, el rector subraya que el Ejército “se está pasando en sus funciones” y debe ser acotado ya porque puede darse un retroceso democrático.

“Hay quienes inclusive sugieren la integración de grupos paramilitares. Eso es una estupidez, vamos a acabar con toda la sociedad, porque cada quien va a hacerse justicia en virtud de que el Estado no la garantiza. Así se va a acabar con el país.

“Nos saldríamos del estado de derecho, mal aplicado, mal hecho y todo, pero es algo, y ahora parece que nos dirigimos a salirnos completamente. Mientras tanto, el crimen organizado se está riendo de nosotros.”

A pregunta expresa, rechaza que el medio empresarial, tan vinculado al ITESM, esté proponiendo la paramilitarización, pero sostiene que es una tendencia muy extendida en la sociedad debido al miedo y a la injusticia que imperan.

Las muertes de Mercado Alonso y Arredondo Verdugo, dice, son la expresión más reciente de la incertidumbre que prevalece en el país.

“Hay incertidumbre total. Hay secuestros, extorsiones, de todo. Esto es generalizado. En algunos lugares más que en otros (…), pero creo que es un sentir de inseguridad total en los campus del Tec y en la sociedad.”

Agrega que la violencia de los cuerpos de seguridad está provocando mayor violencia por parte de la población.

“(El Ejército y las autoridades) están haciendo cosas ilegales; entran al combate al narcotráfico pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad.

“¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”, pregunta.

“Propuestas, no protestas”

El 22 de marzo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con el rector del ITESM. Un día después, el martes 23, durante un homenaje póstumo a los estudiantes, realizado en el campus universitario, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, acudió a dar el pésame a los familiares de los alumnos acribillados.

El acto se realizó en la explanada de Las Carreras, donde se ubica la estatua de Eugenio Garza Sada, fundador del ITESM y patriarca empresarial abatido a tiros durante un intento de secuestro el 17 de septiembre de 1973.

Rangel Sostmann se refirió en su discurso a la muerte de Garza Sada, pero a diferencia de los reclamos que en aquel tiempo hizo la élite empresarial y académica al presidente Luis Echeverría Álvarez, esta vez el rector dijo que no era tiempo de protestar ni de echar culpas.

–¿No va a protestar? –se le pregunta durante la entrevista.

–Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer –dice.

–¿Y la justicia?

–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.

–¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?

–¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.

–En esencia, se paga a los gobernantes para eso…

–Sí, esa es la lógica, pero no funciona, y no me malentienda. No nos vamos a quedar en que el gobierno no resolvió esto y nos llevó el tren.

“Ellos tienen que tomar decisiones. Yo pienso que a lo mejor no están conscientes de lo que está pasando, no lo quieren aceptar, o no sé, pero lo que sí tengo claro es que nos toca a nosotros proponer.”

Desde el lunes 22 de marzo, Rangel Sostmann empezó a pedir propuestas, hasta que, el miércoles 24, a través de un enlace vía satélite con todos los campus del ITESM, formalizó una convocatoria para integrar una agenda por la seguridad, coordinada por la Escuela de Graduados en Administración Pública del instituto. Esto, porque, insistió, el caso de los estudiantes acribillados no va a quedar en el olvido ni en una marcha.

Pese a los llamados del rector del Tec a no protestar públicamente en las calles de la capital regia, personal de la EGAP participó en una manifestación ciudadana organizada el día 24 en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno estatal.

Por medio de un comunicado, la mayoría de los investigadores de dicho plantel exigieron el esclarecimiento de las muertes de los dos estudiantes y llamaron a las autoridades a revisar su estrategia de combate a la delincuencia, a reivindicar la dignidad de quienes, siendo inocentes, son identificados como “delincuentes”, así como a sancionar a todo aquel que atente contra las garantías constitucionales.

“La muerte de don Eugenio (Garza Sada) levantó conciencias. Yo espero que estas muertes levanten conciencias y que como sociedad veamos cómo nos vamos a unir. Suena muy retórico, muy idealista, pero si esta es una guerra, no puede andar cada quien por su lado. A lo mejor no es toda la solución, pero será algo”, expresa.

En casi todas sus intervenciones públicas, el rector se refiere a la falta de oportunidades para los jóvenes, lo cual ha derivado en el surgimiento de la que llama “generación ni-ni” (ni estudia-ni trabaja).

Y en la entrevista señala: “Veo con tristeza que el problema de la educación en México está llevando a un cambio alarmante en los paradigmas, especialmente cuando no hay acceso al sistema educativo. Lo veo y escucho en rancherías, comunidades y ciudades importantes. La falta de oportunidades puede acabar con el país”.

Ante una “guerra” que está afectando indiscutiblemente a jóvenes y niños, lamenta que los mexicanos esperemos a “que los soldados tomen decisiones… ¡Por favor! Tenemos un problema con la educación de esas personas. Andan en la parte urbana, no entienden a la sociedad, pero andan con armas de alto poder.

“Con los policías es lo mismo. No tienen vivienda, no tienen futuro estable. La tentación (de corromperse) va a continuar. Así está todo.”

Por eso hace un llamado a la unidad en aras de construir una agenda por la seguridad, antes que tomar las calles.

“Sí exigimos el esclarecimiento de las muertes, pero no nos vamos a quedar en una marcha. El verdadero enemigo es el narco, no las instituciones. En lugar de fortalecerlas, las estaríamos debilitando. El crimen quiere eso, para acabar de tomar el control. Es momento de dejar el discurso, dejar el rollo, sentarnos a ver cómo vamos a defender esta guerra.

“Eso sí –concluye–, tenemos que estar unidos porque si no, nos va a llevar el tren.” l

domingo, enero 31, 2010

El general ausente

Guillermo Galván Galván, titular de la SEDENA.

MÉXICO, DF; 29 de enero (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, regresará en las próximas semanas a la escena pública después de meses ausencia.
Desde hace tiempo se especula entre algunos militares sobre su estado de salud, y sus supuestos y reiterados viajes a Estados Unidos, para recibir atención.
Con 67 años recién cumplidos, el general Galván reaparecerá en las celebraciones de La Marcha de la Lealtad, el 9 de febrero, y del Día del Ejército, el 19.
Más allá de la veracidad sobre el estado de salud del general secretario, su ausencia ha llamado la atención a la luz de dos hechos significativos: la exclusión del Ejército en el operativo que llevó a la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y el anuncio de la salida de los militares de Ciudad Juárez.
Ambos hechos apuntan a un repliegue del Ejército en condiciones nada claras sobre los verdaderos motivos para que sus elementos franquearan a la Marina-Armada de México, en Morelos, y a la Policía Federal, en Ciudad Juárez.
Para muchos soldados ese desplazamiento ha resultado incómodo. Acostumbrados a ver a los marinos como un apéndice, los efectivos del Ejército quedaron como meros vigilantes en el operativo contra El Jefe de Jefes, en diciembre pasado.
Las versiones ministeriales sobre la alegada protección de elementos de la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, al líder del clan de los Beltrán Leyva reforzaron la idea de cómo la decisión del gobierno de Felipe Calderón expuso más al Ejército a la penetración del narcotráfico.
Aunque el defensor de oficio del Ejército, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, salió de inmediato a desestimar las declaraciones asentadas en el Ministerio Público federal, la pregunta permanece: ¿Por qué el Ejército, con tres mil elementos en Morelos, no pudo dar con Beltrán Leyva, a pesar de que vivía a 10 cuadras de la Zona Militar?
En el caso de la salida de Ciudad Juárez, donde el Ejército llegó a tener hasta ocho mil elementos, los soldados le abren el paso a los efectivos de la Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna, de quien se desconfía en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Resulta inverosímil deducir que los militares ya “limpiaron” las policías en Chihuahua y que García Luna ya tiene a los hombres no sólo para sustituir a los soldados, sino para preparar a los nuevos cuerpos policiales del estado.
Al menos eso se dijo cuando los militares fueron desplazados a Ciudad Juárez y cuya llegada, además de más violencia, incrementó las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
Si es verdad que se replegará al Ejército para darle más acción a la Marina y a la Policía Federal, eso nada garantiza respecto a la penetración de la delincuencia organizada y las violaciones a los derechos humanos en esta “guerra” de Calderón contra el narcotráfico.
Al contrario, en el caso del Ejército sería comenzar a echar un manto de impunidad.
De nuevo en la escena pública, nada hay que esperar del general Galván en sus próximos discursos de celebración, pues la rendición de cuentas no existe para los militares.
jcarrasco@proceso.com.mx

lunes, diciembre 21, 2009

Calderón: Tres logros, tres peros


El martes 15 de diciembre, el día mismo en que el Congreso clausuraba el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, el presidente Calderón envió al Senado un paquete de iniciativas que buscan integrar una reforma política. Al día siguiente, mientras se hallaba en Copenhague para asistir a la reunión de jefes de Estado y de gobierno sobre el cambio climático, fue muerto en un enfrentamiento con infantes de Marina el eminente narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, logro del que Calderón se glorió en la capital de Dinamarca. Y allí mismo la asociación internacional de legisladores le otorgó el premio Globe por sus progresos en materia ambiental.

En un año tan abrumador como el 2009, cuya mejor característica es que por fin se acaba, según dijo exhausto el propio Calderón, esas tres buenas noticias son un alivio para su alicaído gobierno. Son logros de diversa naturaleza por los que cabe aplaudir al primer mandatario. Mas no tanto ni de manera acrítica, porque esos buenos resultados van acompañados de reparos, de peros que impiden ovacionar entusiastamente a Calderón.
La reforma política que intenta es un abigarrado conjunto de propuestas, la mayor parte de las cuales han surgido en ámbitos diferentes de los que son propios del presidente. Más todavía, a algunas de ellas se opuso en otros momentos. Al mudar de opinión no revela necesariamente una capacidad de asimilación o reconocimiento a la verdad ajena, a los otros, sino que acaso busca meramente el aplauso fácil de las galerías o de ciertas cúpulas de opinión que ya se sienten halagadas, satisfechas de “ser tomadas en cuenta”. Algunas de las propuestas son contradictorias entre sí, lo que parece tener sin cuidado al presidente, tal vez porque no quiere cobrar la presa, sino emprender la cacería, es decir, le importaría menos que se aprueben sus reformas que las medallas de demócrata que puede colocar sobre su pecho sólo por haberlas presentado a discusión formal.
Los puntos específicos de la propuesta presidencial serán discutidos en este lugar durante el mes de enero, inmediatamente antes de que se inicie, si ha de comenzar, el debate propiamente legislativo en febrero, al reanudarse las sesiones senatoriales. Aquí adelanto sólo un acuerdo y desacuerdo en un punto de la iniciativa calderoniana.
Alguna vez yo mismo, como ahora Calderón, me ilusioné con las candidaturas ciudadanas: eliminan el monopolio de los partidos a ese propósito, permiten que la gente común y corriente pueda llegar a cargos de elección popular sin necesidad de hacer compromisos con los dirigentes partidarios, más inclinados a apadrinar a miembros de sus partidos con los que sea dable establecer componendas, que a establecer acuerdos con los ciudadanos. Pero es imposible deslindar las candidaturas que no sostiene ningún partido del régimen financiero electoral. De los dos modos de apoyar con dinero a un candidato, ¿cuál cabría escoger: el público o el privado? Si el segundo, los candidatos dependerían de los poderes fácticos, incluidos los francamente ilegales como el narcotráfico. Si el primero, habría que establecer pautas que no multiplicaran en perjuicio del erario los requerimientos de aspirantes sin cuento. Ningún recurso público alcanzaría para financiar a los candidatos y a los partidos. Y si se apoyara a algunos y no a todos, se rompería la equidad, que es el único valor del régimen de financiamiento electoral de hoy que debe ser preservado.
Al embate contra la banda de los Beltrán Leyva, sobre Arturo en particular, nadie podría objetar nada. Se trata de luchar contra las bandas de la delincuencia organizada en general, y si ello se hace mediante labores de inteligencia que ubiquen a los jefes para detenerlos y procesarlos, la tarea cumplida es digna de elogio. Pero, ¿por qué incrementar las áreas de acción de la Marina? Si es por responder a la crítica a la participación del Ejército en funciones policiacas, el reemplazo con marinos no arregla la situación. Uno y otro cuerpos militares tienen asignadas misiones de carácter diverso a la de garantizar la seguridad pública, por lo que no están preparados para ejercer las funciones respectivas. La muerte de Beltrán Leyva es ya aducida, explícita o implícitamente, como el ejemplo de que la Armada de México sí está acreditada y tiene entrenamiento para ese propósito. Ver a los infantes de Marina descender a rappel, con sogas pendientes de helicópteros que los depositan en las azoteas de edificios a los que desde allí pueden penetrar, seguramente es un espectáculo confortante: al fin hay quien sabe hacer las cosas.
Pero en México, y en Cuernavaca, no priva la ley primitiva de capturar a un delincuente vivo o muerto. El propósito no es exterminar con violencia al enemigo, mediante juicios sumarios o con balaceras libradas sin apego a normas técnicas y de política criminal. Se trata de detener, poner a disposición de las autoridades competentes a quienes delincan, no de acabar con ellos a cualquier precio. Proceder de esa manera no sólo impide que se aplique la ley, castigando con severidad a los delincuentes hallados culpables, sino que se pierde información que surge en las averiguaciones previas y los procesos. Y por si fuera poco, se entra en disputas entre bandas, como la que sostenían Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, agraviado por El Barbas por el asesinato de su hijo Édgar. No es exitosa una operación policiaca donde el buscado para ser detenido resulta muerto.
Eso no obstante, Calderón se mostró complacido de esa operación y felicitó por ella a la Armada de México, que ahora aparece como el último recurso en el combate a la delincuencia organizada. A tal grado ocurre así que un almirante y un vicealmirante han sido colocados en posiciones de alto nivel en la Procuraduría General de la República, no obstante que su hoja de servicios dista de ser impoluta. El almirante José Luis Figueroa, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (estaba en funciones cuando tres de sus hombres fueron linchados en Tláhuac, sin que la corporación reaccionara debida ni oportunamente) es el responsable del Centro de Análisis de la Información, cuya labor es básica para la planeación de las estrategias de la PGR. Y en enero asumirá el mando de la aún flamante Policía Federal Ministerial (que sustituyó a la AFI y a la Policía Judicial Federal, ambas de ingrata memoria) el vicealmirante Wilfrido Robledo, también excomisionado de la PFP, y que como director de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno mexiquense ordenó la operación Atenco en mayo de 2006 y fue renuente a aceptar que sus tropas hubieran cometido muchas y graves violaciones a los derechos humanos.
En Copenhague, Calderón obtuvo lauros por su papel internacional en torno del medio ambiente. Cuando se le otorgó el premio Globe se tuvo cuidado en puntualizar que la presea galardonaba su política internacional en la materia. De lo contrario, hubieran surgido voces de reproche a los organizadores de ese premio, porque en el terreno doméstico la Secretaría del Medio Ambiente ejerce una de las fases más opacas de la administración pública. Entre los muchos ejemplos que pueden aducirse en abono a esa afirmación basta citar el del programa Proárbol, y las tareas para impedir la deforestación. Aquella iniciativa, destinada a repoblar de árboles el país, según lo han advertido expertos y participantes en la industria silvícola, fue un fracaso, pues la mitad de los ejemplares plantados en 2007 fueron cactáceas y no árboles, y de estos últimos no prosperó una muy alta proporción. Por ello se ha cuestionado el uso de los 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en ese programa.
Y ya no digamos el combate a la deforestación. A las puertas mismas de la capital, con grave detrimento de su papel como generador de humedad, el bosque en el Estado de México, en sus límites con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, es objeto de una incontenible explotación ilegal cuyos beneficiarios han sido capaces de llegar al crimen.
Buen fin de año tiene Calderón. Pero…