Del "efecto popote" al "despojo"

MANUAL para entender el acuerdo petrolero entre México y EEUU

El acuerdo sobre yacimientos transfronterizos entre México y EEUU delimita la explotación del petróleo en las zonas marítimas del golfo de México pero en realidad lo que hace es dar “certeza jurídica” a las compañías extranjeras que trabajen del lado mexicano. Con los contratos incentivados, podrán explotar el petrróleo y el gas de nuestro subsuelo bajo la protección de Pemex, la reformada Constitución y los acuerdos internacionales. Por eso Hillary Clinton está tan contenta.

Los límites y la soberanía

El resumen del gran acuerdo sobre yacimientos transfronterizos entre México y EEUU parece más bonito que un cuento de Walt Disney:

Felicidad transfronterera: ¿Por qué? (Foto: notisistema.com)

Los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron este lunes un acuerdo para la explotación de los yacimientos transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que la firma del documento refleja el compromiso de ambas naciones por encontrar soluciones a los grandes desafíos energéticos que comparten, bajo una visión de responsabilidad compartida.

Agregó que con el acuerdo firmado por la canciller Patricia Espinosa y la secretaria de Estados de Estados Unidos (EU), Hillary Clinton, se termina “el viejo temor de muchos mexicanos de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera, el llamado efecto popote”.

Calderón aseguró que el acuerdo contó con la colaboración de senadores de diversos partidos y por ello confió en que será ratificado en esa instancia legislativa.

Lo mejor es que cualquier yacimiento conjunto se explote por ambos países y las ganancias se distribuyan equitativamente; “así ganamos todos y garantizamos que nuestro petróleo sea usado en beneficio de los mexicanos, concluyó.

Pero quitemos las bellas palabras y vayamos a los hechos: Este acuerdo es la conclusión legal de la privatización de los hidrocarburos que iniciara su ruta crítica en tiempos del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). porque da a las compañías extranjeras que explotarán el crudo mexicano garantías legales sobre su actividades extractiva. Veamos paso a paso cuál es la jugada que quieren vendernos como un acto de patriotismo.

Abriendo las puertas de par en par.

En realidad, la reforma energética del 2008, necesaria para que los mexicanos tuviéramos acceso a la riqueza escondida en el fondo del mar que se estaban sorbiendo los gringos desde sus grandes plataformas, nunca fue el tema de fondo. Se ttrataba más bien de buscar una vía de acceso para que las compañías extranjeras pudieran aprovechar el crudo de las costa mexicano: cercano a la frontera y en aguas someras. Todo un negocio.

Siempre posible porqué la soberanía de la nación sobre los hidrocarburos, consagrada en la Constitución, nunca aplicó para los yacimientos transfronterizos y esa es la clave del acuerdo firmado el 20 e febrero del 2012 con EEUU. Lo contaba en 2008 el abogado constitucionalista Atilio Alberto Peralta Merino:

Plataformas petrolíferas: el gran negocio que viene (Foto: zocalo.com.mx)

¿Qué debemos entender por yacimientos transfronterizos?, esto es muy interesante ¿dónde está el tesoro de las aguas profundas, el llamado polígono del hoyo de dona? El territorio nacional comprende entre otros muchos aspectos a las zonas marítimas, México tiene 12 millas de mar territorial medidos a partir de la línea de base, la línea de base es donde hay el máximo nivel de plano y dónde empieza la bajada; a partir de esa línea de base son 12 millas, en esas 12 millas impera plenamente la soberanía del estado mexicano, después de esa zona territorial se tiene una zona contigua de 24 millas a partir de la línea de base, ó sea: 12 millas adicionales al mar territorial, en donde únicamente imperan las leyes fiscales aduaneras y sanitarias; después se tienen 200 millas que son económicas exclusivamente en donde ya no impera la legislación nacional…

Vamos a abordar: ¿Por qué se privatiza el tesoro profundo del mar? Está a 350 millas el polígono de hoyo de dona, ¿En donde están las supuestas reservas petroleras? están dentro de la plataforma continental, dentro de las 350 millas, ó sea que te empalmas con la plataforma continental de los Estados Unidos y de Cuba. Entonces por éso se habla de yacimientos transfronterizos, ojo: en la ley del petróleo vigente, dice que el petróleo que está en el suelo es de propiedad nacional, incluidas las zonas marítimas son propiedad exclusiva del estado mexicano, mas no así las que están en yacimientos transfronterizos, por una razón: cuando en el 44 (1944) se suscribe el convenio de aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos se debate sobre su constitucionalidad, los más grandes constitucionalistas Manuel Herrera, Obregón, y Antonio Martínez Báez; presentan sus argumentos y la aportación de argumentos de Antonio Martínez Báez, en el párrafo quinto del artículo 27, donde habla del dominio de la federación sobre las aguas: no puede abarcar las aguas extraterritoriales porque esas aguas abarcaran a otra soberanía nacional, por lo tanto es perfectamente válido suscribir un convenio con los Estados Unidos, (y que) las autoridades norteamericanas tengan atribución para regular las aguas transfronterizas junto con México para apropiarse de parte de su caudal.

Con base en ése antecedente, del convenio de aguas del 44, pues resulta que también los convenios para la explotación de yacimientos transfronterizos marcan su explotación mercantil, tal como está redactado es: “yacimientos transfronterizos”, como son yacimientos transfronterizos queda implícito que los puedo privatizar de todo a todo, suscribir un convenio internacional entre Cuba y Estados Unidos; ese es el asunto de las aguas profundas que en este momento se está debatiendo. Ese es el tesoro escondido.

Por tanto, el acuerdo entre México y EEUU legaliza, tras diez años de moratoria, la explotación por parte de compañías extranjeras del crudo existente en la plataforma continental de la costa mexicana, en especial Tamaulipas. Lo cual por cierto es algo que no esconden los gestores de Felipe Calderón.

Welcome Shell !

La reforma energética del 2008, que abrió las puertas a los llamados contratos incentivados o la explotación de gas y petróleo por parte de empresas privadas, se basó en el discurso del efecto popote. Este reflejo nacionalista usado por los partidarios del libre comercio según el cual Estados Unidos se bebía, bajo el agua, las reservas petroleras mexicanas con sus brutal tecnología submarina.

Por ello era mejor abrir las puertas a compañías privadas que del lado mexicano pudieran aportar su tecnología y dar parte de sus regalías al estado mexicano pues Pemex no tenía la capacidad para hacer tamaña inversión en aguas profundas.

Tal efecto popote fue la excusa para todos los acuerdos que darían a la industria norteamericana acceso al subsuelo de México pero esta coartada fue una mera dramatización de algo que en realidad no sucede nunca. Así lo cuenta un académico serio, como Victor Rodríguez-Padilla:

El “efecto popote” es un fenómeno físico que se observa en estructuras geológicas porosas, de ahí que, en el caso de los yacimientos transfronterizos, existe el riesgo real de que los hidrocarburos situados en México fluyan a través de la roca hacia pozos perforados del otro lado de la frontera, con la consecuente pérdida de hidrocarburos y energía del yacimiento.

Por esa razón, en el seno de la industria petrolera internacional se han desarrollado acuerdos para explotar yacimientos compartidos asegurando racionalidad técnico-económica, así como un reparto equitativo de la renta petrolera entre aquellos que ejercenderechos de propiedad.

Dichos acuerdos se denominan de unificación o de explotación mancomunada. Sin embargo, “es un mito que desde EstadosUnidos o cualquier otro país puedan extraerse los hidrocarburos de los yacimientos localizados completamente en el lado Mexicano. Principalmente porque constituye una flagrante violación a la propiedad privada de México y al Derecho Internacional, y a que no es factible técnicamente perforar pozos con un alcance horizontal mayor a 12 kilómetros.

Si aún no te aburriste, en una segunda parte continuamos con la entrega de la soberanía petrolera en el norte de México.

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El acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos transfronterizos garantiza el acceso de las multinacionales de EEUU a la explotación del petróleo y el gas bajo protección legal del estado mexicano. Culmina la privatización de los hidrocarburos, su entrega a EEUU y encima lo reviste con la bandera del nacionalismo y la legalidad.

Vía libre para las compañías norteamericanas.

Petroleros texanos; no sólo refinan el petróleo, ahora lo perforarán (Foto: leblogfinance.com)

Esta línea de pensamiento y acción fue forzada, además, por el final de la moratoria de exploración en aguas del Golfo de México, que terminaba en 2011 e implicaría un nuevo tratado como el firmado ayer entre Hillary Clinton y Patricia Espinoza, la esperada vía libre para abrir el espacio petrolero mexicano a compañías extranjeras dándole la necesaria certeza jurídica en la frontera:

Inversionistas privados podrán participar en la exploración y desarrollo de yacimientos petroleros transfronterizos por la parte mexicana, una vez que concluyan las negociaciones con Estados Unidos para la explotación de crudo localizado en la línea limítrofe de los dos países en aguas profundas del Golfo de México.

Todavía en negociaciones con su contraparte estadunidense, el secretario de Energía, Jordy Herrera Flores, manifestó que con base en las disposiciones de la reforma energética de 2008, se podrá permitir la participación privada a través de la figura de contratos incentivados para la exploración, desarrollo y explotación de crudo en los yacimientos transfronterizos.

“Nosotros tenemos clara nuestra legislación, no está considerado que alguien distinto a Pemex sea el que pueda explotar la riqueza (pero) en todo caso y de acuerdo con la reforma de 2008, nos podremos apoyar en los contratos incentivados.

Un esquema cristalino: Las posibles reservas del lado mexicano movieron la codicia de los grandes inversores mundiales y del lobby petrolero norteamericano pese al desastre ecológico de la plataforma Deepwater Horizon que contaminó las costas de Louisiana en 2010. La soberanía energética de EEUU o la estrategia para no depender de las importaciones de Oriente Medio se basa en el aprovechamiento de los recursos energéticos de Canadá y México, desde el petróleo al shale gas.

La catastrofe ecológica del Deepwater Horizon: aviso a navegantes (Foto: neatorama.com)

Y no se trata solamente de asegurar el suministro sino que sus multinacionales tengan acceso al negocio de los hidrocarburos en los países vecinos. Por eso la campaña transexenal por la apertura o reforma energética en México que el gobierno de Felipe Calderón llevó a término en 2008. Pero para poder operar en México, el cártel petrolero norteamericano necesita la famosa certeza jurídica tanto para trabajar en México como para perforar en los linderos entre México y EEUU evitando pleitos legales entre empresas, particulares y naciones.

Este reparto, cooperación y apertura del mercado petrolero en los yacimientos fronterizos tiene una marcada hoja de ruta. Anunciada a los cuatro vientos desde otoño del 2011:

En febrero de 2012 iniciará la perforación de tres pozos en el yacimiento Perdido, en aguas profundas del Golfo de México, donde se estiman recursos prospectivos por unos 3,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (petróleo y gas).

El director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, destacó que para la perforación de los pozos, así como los trabajos exploratorios para la delimitación de los yacimientos, será necesaria una inversión de 1,000 millones de dólares.

Precisó que de confirmar la existencia de reservas en ese yacimiento localizado frente a las costas de Tamaulipas, cerca de la frontera marítima con Estados Unidos, los requerimientos financieros para el desarrollo y explotación de los recursos pueden ascender a 10,000 millones de dólares.

Las reservas probadas de hidrocarburos ascienden en la actualidad a alrededor de 14,000 millones de barriles. Aunque hasta el momento los recursos de Perdido son sólo prospectivos, de confirmarse y llegar a ser probados representaría un aumento de poco más de 21% a esas reservas.

Morales Gil aclaró que ante la probabilidad de que en esa región marina existan yacimientos transfronterizos (compartidos entre México y Estados Unidos), será necesario un acuerdo bilateral, para lo cual ya iniciaron las negociaciones formales con vistas a la explotación de lo que sería el yacimiento más importante en las últimas décadas.

Mientras Pemex se reserva el área de Yacimiento Perdido en la frontera de Tamaulipas, el resto será para compañías extranjeras, generalmente norteamericanas que llevan años trabajando en aguas someras y profundas. Y gracias al nuevo acuerdo petrolero, ya pueden entrar con todo en esta zona maritima de Tamaulipas:

Pero además del yacimiento de Perdido, PEP ha definido entre seis y siete áreas que se van a explotar posteriormente por medio de la modalidad de contratos incentivados: se habla de Perdido, Campeche Profundo, Pánuco, Cordilleras Mexicanas, Oreos, Coatzacoalcos, todas están en evaluación.

Del diseño de los contratos para los trabajos el avance que se tiene es superior al 50% y lo que se busca es mantener el equilibrio entre las utilidades de los contratistas y las necesidades de Pemex.

Es urgente hacer este tipo de proyectos porque los equipos de empresas petroleras en Estados Unidos están muy cerca de la línea, apenas a unas 12 millas.

Junto a la la prevista legalización de los contratos incentivados para que compañías como Halliburton extraigan gas de esquisto de las formaciones rocosas del norte de México, la Shell y los otros gigantes de Texas ya tienen los cambios constitucionales y los acuerdos transfronterizos para trabajar, bajo paraguas legal, en el lado mexicano de la frontera.

Torre Pemex, DF, al servicio del amigo americano. (Foto: mexicomaxico.org)

La apertura energética de Calderón, fundamentada en la campaña de terror sobre el efecto popote que secaría nuestras reservas de hidrocarburos, ha concluído un proceso de convergencia con EEUU que es también el final de la soberanía energética de México en beneficio de Washington y su lobby petrolero.

Operación concluida, soberanía entregada.

Toda la retórica sobre el tesoro escondido en aguas profundas que México se perdía por no hacer reformas fue siempre un señuelo porqué en realidad el estado mexicano no tiene nada allí donde el gobierno de Calderón decía que teníamos sino en la plataforma continental mexicana, Tamaulipas especialmente, que es justo donde va a empezar la fiesta petrolera de las multinacionales de EEUU. Resumiendo lo que Victor Rodríguez-Padilla decía en 20008 ante el ensordecedor ruido de la reforma energética:

El interés estadounidense de extender su dominio sobre todas las zonas con potencial petrolero en el Golfo de México, y la voluntad de cerrar el paso a terceros que pudieran reivindicar derechos sobre el polígono occidental, hasta entonces aguas internacionales, llevaron a Estados Unidos a entablar una negociación con México para el reparto del área, de aproximadamente 17 000 km2
.
El resultado fue el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas, el cual se firmó en Washington el 9 de junio de 2000 y entró en vigor el 17 de enero de 2001. El objetivo oficial fue reconocer y fijar compromisos sobre esa área en materia de yacimientos de petróleo o de gas natural que pudieran extenderse a ambos lados de la nueva frontera. El área en referencia está ubicada en profundidades marinas que varían de 2 500 a más de 3 500 metros. Las de menor profundidad quedaron del lado estadounidense. A México le tocó la mayor parte del polígono, cierto, pero se trata de llanura abisal desprovista de estructuras geológicas (Barbosa Cano, 2006 y Oviedo Pérez,2008).

En cambio, a Estados Unidos le correspondieron las zonas con potencial petrolero: las del Escarpe de Sigsbee y la Terraza Amery (mapa 5). Ése fue el resultado del poder de negociación y persuasión por parte del país vecino, pero también de la debilidad del Estado mexicano que renunció a reconocer la existencia de la isla Bermeja, porción de tierra que implicaría llevar la frontera marítima más al Norte de lo pactado. En el mapa 3 se puede apreciar cómo la frontera quedó finalmente con un quiebre hacia el sureste cuyo efecto es alejar a México de la plataforma continental frente a Texas y Louisiana.

El lector se dará cuenta de que se firmó un tratado para fijar compromisos en materia de yacimientos compartidos en una porción de frontera donde es muy poco probable que se descubran, porque las estructuras favorables quedaron del lado estadounidense. El área asignada a México está desprovista de interés petrolero por ser llanura abisal en su mayor parte. En otras palabras, se trata de un tratado hueco, sin sustancia, sin materia real de cooperación. Nuestros vecinos se salieron con la suya. Nos hicieron participar en una negociación sólo para legalizar el despojo de una parte del territorio nacional.

El despojo se cumplió en aguas profundas, entregando a EEUU las zonas donde si había potencial petrolero. Sólo faltaba regular el acceso de compañías extranjeras a las zonas de frontera, marítima o terrestre, donde si hay gas y petróleo a ras de suelo, de extracción barata y rápido transporte a Estados Unidos.

Gracias al acuerdo rubricado ayer entre México y Estados Unidos, todo lo que un día soñara Washington y las siete hermanas para su traspatío está siendo conseguido. Pasito a pasito.

¿Y la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas? Bien, gracias. Pasó a mejor vida sin hacer demasiado ruido

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El botín del saqueo en Libia: "fondos soberanos de riqueza", divisas, hidrocarburos, oro y agua

Bajo la Lupa

Ciudadanos libios celebran la liberación del distrito de Qasr Bin Ghashir, ayer en la capital Trípoli.

Alfredo Jalife-Rahme

Con el colosal botín de la riqueza libia bajo el control de la OTAN hay que releer La IIiada y La Odisea de Homero. La escenografía cleptomaniaca no ha variado desde entonces, con la salvedad de una coreografía más letalmente tecnológica (los bombardeos humanitarios) y una inversión del orden: hoy las guerras son primero financieras –debido al modelo imperante de la globalización financierista–, luego viene el golpe de gracia militar.

La suerte del coronel Kadafi se selló cuando cayó en la trampa financiera que le tendieron Baby Bush, Blair y Sarkozy a finales de 2003 gracias a su insensata apertura de los hidrocarburos libios, la privatización neoliberal de sus 16 bancos estatales y el control del banco central por los recursos humanos formados en la banca londinense.

El documento No. 126 de Wikileaks en mis manos –Libia progresa en su reforma bancaria, de Chris Stevens, encargado de negocios (sic) de Estados Unidos en Trípoli– festeja la privatización foránea del banco estatal Wahda y se alegra de las oportunidades para una mayor cooperación entre la banca privatizada libia con los bancos de Estados Unidos, lo cual ayudará a entrenar (sic) su próxima generación de banqueros. Ni más ni menos que el síndrome Fobaproa/IPAB (organizado por Córdoba-Ortiz Martínez-Zedillo, en ese orden), que ya padecimos en México, cuando las guerras posmodernas son ante todo financieras. El control petrolero viene después.

El cable de marras se congratula del progreso sólido entre Farhat Omar Bengadara, entonces gobernador del banco central libio en Trípoli, y su consejero estratégico (sic), la consultora McKinsey (señalada como un instrumento de la CIA), además de los servicios de la mafiosa empresa contable KPMG (al unísono de Oracle y KPMB) y la bendición calificadora de las descalificadas S&P y Moody’s.

Llama la atención el grado de ingenuidad aldeana en finanzas israelí-anglosajonas de la oclocracia del coronel Kadafi, quien acabó acostándose con sus enemigos, quienes lo exprimieron para luego arrojarlo a las fauces de las fieras bancarias de rapiña de la globalización neoliberal.

Ya echada a andar la maquinaria devoradora financiera israelí-anglosajona –bancos, consultoras, empresas contables, calificadoras, oligopolios multimediáticos (el síndrome Rothschild-Murdoch-Sky), etcétera–, el gobernador del banco central libio, Farhat Omar Bengadara – formado en los circuitos financieros británicos (universidades de Garyounis y Sheffield)–, se pasó al lado rebelde en febrero pasado.

En una entrevista histórica a The Financial Times (17/5/11), Farhat Omar Bengadara anunció que su labor de socavamiento de las finanzas del coronel Kadafi había resultado muy exitosa en 96 por ciento (¡súper sic!), por lo que sus días estaban contados puesto que los traslados de los cuantiosos fondos libios (mayormente colocados en bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa continental) habían sido bloqueados ya que las sanciones habían sido extremadamente (sic) efectivas.

Farhat Omar Bengadara (el Guillermo Ortiz Martínez libio) se jacta de que había paralizado las finanzas del coronel Kadafi, quien para colmo no podía imprimir sus billetes (dinares), hechos en Londres por una firma británica, De La Rue, que rompió pérfidamente su contrato.

No importó que los haberes libios hayan sido pésimamente colocados en cuentas nocturnas (sin generar intereses), lo cual arrojó una pérdida por 2 mil millones de dólares (que obviamente fueron ganados por los banqueros israelí-anglosajones).

Farhat Omar Bengadara reconoce la existencia de 155 toneladas de oro en las arcas del banco central libio (hoy bajo control de la banca de la OTAN). ¿Por qué, entonces, no se los entregan a los rebeldes, hoy muertos de hambre? (Financial Times, 9/8/11).

El primer movimiento de la banca de la OTAN consistió en crear un insólito banco central rebelde en Bengasi, al unísono de la intervención militar (Alex Newman, The New American, 30/3/11).

El saqueo de la riqueza libia por la banca israelí-anglosajona había comenzado tiempo atrás con las cuantiosas cuan extrañas pérdidas que sufrieron los fondos soberanos de riqueza (FSR) –provenientes de los inmensos ingresos petroleros y gaseros del coronel Kadafi–, calculados mínimamente en 150 mil millones de dólares (FinancialTimes, 26/5/11)–, independientes de las otras reservas de divisas (el lugar 22 del mundo), por 107 mil millones de dólares (hasta diciembre de 2010), extrañamente evaporadas cuando no pignoradas por Estados Unidos y Europa.

Para no variar, el saqueo demoledor lo inició la vilipendiada Goldman Sachs, quien contra todas las reglas de probabilidad, perdió 98.5 por ciento (¡extra súper sic!) de los FSR depositados cándidamente por los banqueros del coronel Kadafi (Forbes, 31/5/11), formados en Gran Bretaña, y cuyo aparente aldeanismo financiero llegó hasta colocar parte de su fortuna con el Grupo Carlyle (del nepotismo bushiano) y hasta con Och-Ziff Capital Management Group (instrumento del sionismo jázaro en Nueva York). El daño irreparable estaba ya consumado.

La técnica del caballo financierista de Troya de Goldman Sachs –que aplicó exitosamente en Grecia para iniciar la balcanización del euro– fue repetida con los FSR libios, en colusión con Citigroup y Banca Santander.

Forbes registra que la pérdida de los FSR de la Libyan Investment Authority arrojaron a finales de mayo 53 mil millones de dólares (¡súper sic!), mientras el gobierno de Estados Unidos hipotecó otros 37 mil millones de dólares, los cuales, a mi muy humilde entender, jamás devolverá, por estar sencillamente quebrado.

La diabólica Goldman Sachs ya había clavado a un interno, un vulgar topo muy bien remunerado, en la Libyan Investment Authority: Haitem Zarti, hermano de Mustafá, su anterior vicedirector (Financial Times, 13/6/11).

La fortuna en liquidez libia ascendería a la suma descomunal de un billón de dólares, según el portal israelí Debka (25/8/11), la cual, a mi entender, pronto se encargará la empresa estadunidense contable KPMG de volatilizar, cual su costumbre en las arenas numéricas del desierto libio.

Manlio Dinucci, del rotativo italiano Il Manifesto (22/4/11), había profundizado el impacto en África que tiene ya el asalto a los FSR de Libia y sus inversiones en minería, manufactura, turismo y telecomunicaciones de 25 países africanos, 22 de ellos subsaharianos, que seguirán esclavizados bajo la férula neocolonial y el control financierista de la banca de la OTAN.

El botín de Libia es colosal: FSR podados por lo pronto a la mitad (antes de que se extingan mágicamente en su totalidad); fenomenales reservas de divisas mermadas y/o esfumadas; 155 inciertas toneladas de oro; 60 mil millones de barriles de petróleo de la mejor calidad ligera; mil 500 millones de metros cúbicos de gas, y pletóricas reservas de agua fresca (el mayor manto acuífero subterráneo del planeta).

Las acciones de la italiana ENI, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP (la depredadora del Golfo de México) se dispararon el día de la caída de Trípoli.

Además de constituir la primera cabeza de playa histórica del Africom (Comando de África, del Pentágono), el inmenso desierto de Libia constituiría una las reservas ideales de la energía solar y eólica para el continente europeo, en búsqueda angustiosa de alternativas.

¿Cuantas Libias más necesita la banca de la OTAN para intentar salvarse de su quiebra financiera y su inexorable decadencia?

¿Cuáles son las razones económicas reales de la guerra en Libia?

¿Cuáles son las razones económicas reales de la guerra en Libia?

Los precios del petróleo, que actualmente están cayendo, han estado sometidos a sacudidas en la guerra en Libia debido a las especulaciones de los analistas que señalaban que la lucha por el combustible era una de las razones principales de la intervención militar. ¿Es fundado su argumento?

La guerra en Libia, ¿un reparto del petróleo?

La versión común de las causas de las operaciones militares en Libia se vincula con la apropiación del petróleo, pero al analizarla el trasfondo petrolero parece inconsistente. Al menos el 85% del crudo producido en Libia es exportado hacia Europa y EE. UU., teniendo en cuenta que numerosas compañías occidentales producen el petróleo en la zona. En otras palabras, Occidente decidió apoderarse de lo que ya pertenece a sus empresas.

Otro argumento que pone en duda la hipótesis es el presupuesto de Libia, que se forma sobre la base de los ingresos del petróleo y el gas. Si el país norteafricano se priva de esos beneficios, Europa de inmediato recibirá 2-3 millones de refugiados procedentes de Libia que se quedarán sin medios de subsistencia.
El flujo de refugiados aumentó en el Viejo Mundo desde enero, cuando se iniciaron las perturbaciones en Oriente Medio. Los expertos indican que la Unión Europea no puede permitirse acoger a tanta cantidad de desplazados y señalan que la migración masiva es “el comienzo de la gran crisis”.


http://www.youtube.com/watch?v=ZyE5yfIlUoo

El precio de la guerra en el país norafricano

Además, se acaloran los debates acerca del precio de la guerra en Libia. Según las estimaciones del Pentágono, los ataques aéreos ya “absorbieron” 550 millones de dólares. Un mes de operaciones militares podría costar hasta 1.000 millones de dólares. Solo el lanzamiento de un misil de crucero Tomahawk cuesta aproximadamente un millón y medio de dólares, y solo durante las primeras horas de la campaña en Libia las tropas estadounidenses usaron más de 100 dispositivos de este tipo.

La nula rentabilidad de “una conquista petrolera”

La nula rentabilidad de “una conquista petrolera” se ya manifestó durante la guerra en Irak que costó unos 750.000 millones de dólares, una suma que permitía comprar más de 1.000 millones de toneladas de petróleo iraquí incluso a un precio de 100 dólares por barril. En realidad, durante el periodo posterior al régimen de Saddam Hussein EE. UU. compró unos 160 millones de toneladas, en otras palabras, teniendo en consideración los costes de la guerra el precio del petróleo iraquí para los estadounidenses era por lo menos siete veces más alto que el del mercado.

Una razón más que desmiente el trasfondo petrolero es el volumen de importaciones de combustible por parte de EE. UU. de Oriente Medio, que representa entre el 10% y el 15% del consumo de petróleo considerando la producción de crudo en el país.

Además, se observa una fuerte tendencia a la reducción de dependencia de las importaciones de Medio Oriente, que es una parte de la política deliberada por parte del Gobierno estadounidense. Por ejemplo, solo de Canadá EE. UU. recibe 1,5 veces más crudo que de Arabia Saudita, Irak y Kuwait combinados.

La inconsistencia de la versión petrolera

En términos del mercado de hidrocarburos Libia no es un jugador clave. Incluso si desapareciera del mapa, nada cambiaría en el mercado mundial. Según los datos de la OPEP, la producción de petróleo en este país en 2009 fue de 1,5 millones de barriles diarios, un 2% del nivel mundial. Las reservas probadas de petróleo ascienden al 3% de las mundiales y de gas menos del 1%.

Arabia Saudita, por ejemplo, produce más de ocho millones de barriles diarios sin necesidad de utilizar todas sus capacidades y el país puede aumentar la producción hasta 10-12 millones de barriles muy rápidamente. En otras palabras, no hay ningún problema para cubrir el déficit de petróleo causado por la retirada de Libia del mercado.

El hecho se refuerza por la débil reacción de los mercados de materias primas ante los acontecimientos en Libia. Los pronósticos sobre el salto de precios del petróleo hasta más de 150 dólares no se han verificado todavía.

Últimamente los precios del petróleo mostraban una dinámica positiva en el contexto de la intervención militar, pero la situación ha cambiado. El crudo sigue bajando por cuarta sesión consecutiva: el precio del Petróleo Intermedio de Texas (WTI) ha caído hasta los 104,15 dólares por barril, 0,27 dólares menos que la jornada anterior.

El barril de crudo Brent para entrega en mayo cotiza a 114.94, 0,22 dólares menos que la jornada anterior.
El conflicto en Libia, según los expertos, añadió 10-15 dólares complementarios, pero ahora que los insurrectos han hecho retroceder a las tropas del Gobierno, el mercado petrolero pierde la base especulativa formada gradualmente y los costos están bajando.

¿Control de una ruta comercial importante?

Sin embargo, existe una regularidad que se puede observar: durante la última década los esfuerzos diplomáticos estadounidenses eran evidentes en las regiones a través de las cuales se transporta el petróleo. Se trata del transporte a través del canal de Suez, una ruta crítica para el tránsito de crudo que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo.

Como conclusión, la guerra en Libia podría deberse a dos motivos fundamentales: recordar al mundo la superioridad militar de Occidente y garantizar la navegación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

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Agua, ¿bien común o negocio privado?

Conagua autoriza sobreexplotación de acuíferos

Isabel Argüello

La Conagua otorga 1 mil 700 concesiones sin haber realizado estudios de disponibilidad y de impacto ambiental y 896 en lugares donde los mantos acuíferos han sido sobreexplotados, revela la Auditoría Superior de la Federación. Además, el organismo encargado de la administración del vital líquido sólo realiza visitas de inspección al 0.1 por ciento del total de los concesionarios industriales. La revisión del máximo órgano de fiscalización también encuentra, entre otras irregularidades, que más de 23 mil millones de metros cúbicos de agua subterránea no se han computado y que existen más de 15 mil aprovechamientos clandestinos. El desorden, a pesar de que el manejo del agua en México es considerado asunto de seguridad nacional...

Agua, ¿bien común o negocio privado?

Tatiana Martínez Hernández/Prensa Latina

Corporaciones multinacionales –entre las que destacan Marck & Co, Siemens, Veolia y Suez– se adueñan del agua. El negocio implica miles de millones de dólares en el mundo y se da tanto en los servicios hídricos como en la venta del líquido embotellado; no obstante, todavía hay quienes defienden el agua como un bien público y social....

http://www.contralinea.com.mx/

Presidente Chávez sobre bombardeo de la OTAN donde mueren un hijo y tres nietos de Gaddafi

Discrecional adquisición de bienes nacionales por extranjeros

Nydia Egremy

De manera discrecional el gobierno mexicano autoriza a extranjeros la adquisición de tierras, minas y aguas. Especialistas demandan legislar para que se acabe con los permisos arbitrarios. Por permisos de explotación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe 11 millones de pesos.

El dominio de extranjeros sobre el suelo y subsuelo mexicanos que desde 1996 permitió el Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido por los entonces secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, José Ángel Gurría y Herminio Blanco, fue el punto de partida de 13 años de reformas legales para permitir el acceso a bienes inmuebles, explotación de recursos mineros y de aguas nacionales a ciudadanos de otros países. A cambio, la cancillería reportó ingresos, por expedir esos permisos, que en el primer semestre de 2007 representaron 11 millones 694 mil 3 pesos, conforme a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al respecto, el académico y especialista en derecho Raúl Carrancá y Rivas considera que la Cámara de Diputados podría, y debería, presentar una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución para limitar la venta del patrimonio de México, “habida cuenta de que implica un abuso y una concesión que va más allá del espíritu constitucional de parte del Estado para darles esos beneficios a los extranjeros”. Agrega que, “políticamente, esto es muy propio del panismo en el poder desde Fox. El Estado maneja una política discrecional, por lo que hay que quitarle la discrecionalidad mediante esa reforma al (artículo) 27. No hay otro camino”.
Fue el 22 de octubre de 1996 –19 meses después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte– cuando ese Acuerdo Desregulatorio abrió la posibilidad para que personas físicas o morales extranjeras adquirieran bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional. Se determinó entonces que correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplicar esa nueva norma a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actuó en el mismo sentido, a través de su Unidad de Desregulación Económica.
A pesar de que el artículo 27 constitucional impide a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, zona conocida como restringida, el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esa áreas a los extranjeros que se constituyeran en un fideicomiso, bajo el Título Segundo de la Ley de Inversión Extranjera.
Adicionalmente al Acuerdo Desregulatorio de 1996, el 2 de marzo de 1998 se promulgó el Acuerdo General que permite “a los nacionales de aquellos países, con los que los Estados Unidos Mexicanos sostiene relaciones diplomáticas, beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Inversión Extranjera”. Esa norma establece que los extranjeros que pretenden adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida sólo deben presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE una solicitud por escrito en el que convengan lo que dispone la Constitución.
Permisos sin límite
De acuerdo con el sitio electrónico de la cancillería, ésta otorga permisos a los extranjeros para constituir fideicomisos y obtener el dominio de inmuebles en territorio nacional, así como permitir su uso y aprovechamiento. Asimismo, deberá cubrir el pago de derechos que establecen las fracciones III y V, inciso a, del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos vigente. Cinco días hábiles después de que formule la petición, esa dependencia deberá resolverlo.
Hasta ahora, se desconoce cuántas solicitudes se han aprobado desde que entró en vigor el Acuerdo Desregulatorio de 1996, así como los ingresos que recibió la cancillería por concepto de derechos por el otorgamiento, recepción y examen de las solicitudes de permiso para la adquisición de inmuebles por extranjeros fuera de la zona restringida, así como de las concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional.
En cambio, la revisión que hizo la ASF a la Cuenta Pública 2007 de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, de Programación, Organización y Presupuesto y la de Contabilidad de la SRE reveló que, de enero a junio de ese año, esa dependencia otorgó 2 mil 545 permisos cada uno con una tarifa de 4 mil 595 pesos, lo que dio un total para ese semestre de 11 millones 694 mil 300 pesos.
Del universo de 121 millones 63 mil pesos que la cancillería reportó en el Estado analítico de ingresos de la cuenta pública al mes de junio de 2007, la ASF auditó 54 millones 282 mil 200 pesos. De esa suma, el órgano fiscalizador federal determinó que 42 millones 586 mil 900 pesos provinieron de la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones, y 11 millones 694 mil 300 pesos procedieron de la recepción y estudio del escrito de convenio de renuncia para la adquisición de inmuebles fuera de zona restringida u obtención de concesiones para la exploración y explotación de minas o aguas en el territorio nacional.
En la auditoría 07-0-05100-02-0053, respecto de la recaudación de ingresos por permisos y concesiones, la ASF observa que “la Ley Federal de Derechos no establece el límite de permisos y concesiones que se pueden otorgar a un ciudadano extranjero, por lo que se considera necesario que las leyes sean congruentes entre sí”.
Al respecto, la cancillería informó a la ASF, por medio del oficio ASJ-300 del 8 de enero de 2008, que en el artículo 1, párrafos primero y tercero de la Constitución, no se establecen restricciones a las personas extranjeras en cuanto al número de permisos y concesiones que se les pueden otorgar, por lo que “sería violatorio del principio de igualdad establecido en dicho ordenamiento”.
Tendencia a acotar
La apertura a los extranjeros tiene su antecedente en el auge de la desregulación y simplificación administrativa del gobierno mexicano que tuvo su mayor expresión en el último lustro del siglo XX y que se amparó en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Éste privilegió la desregulación para “mejorar la eficiencia” y “eliminar la discrecionalidad de la autoridad”, así como el exceso de trámites burocráticos.
No obstante, la tendencia internacional actual corre en sentido contrario a esa desregulación estatal mexicana, tanto respecto de la adquisición de bienes inmuebles por los extranjeros como de la obtención de concesiones para explotar los recursos minerales e hidrológicos. En otros países del continente americano, así como en Europa y Asia, se registran políticas gubernamentales contrarias a otorgar esos permisos indiscriminadamente.
Por ejemplo, el proyecto de ley que ingresó al Senado de la República de Argentina el 8 de mayo de 2009 propone que una persona física o jurídica extranjera no puede obtener más del 2 por ciento de territorio de una provincia o del 10 por ciento de una comuna. “El objetivo de la presente ley no es prohibir que los extranjeros que inviertan en nuestro país, sino ponerles límites y condiciones razonables”, sostiene la iniciativa.
Limitaciones semejantes existen en Brasil, donde un extranjero no puede poseer más del 25 por ciento de las tierras municipales, o en El Salvador, donde el artículo 109 de la Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces “rústicos” no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen los salvadoreños no tengan iguales derechos, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos comerciales.
El artículo 122 de la Constitución de Guatemala determina que los extranjeros requieren autorización del Estado para adquirir la propiedad de los bienes inmuebles, pues éstos son reserva territorial del país. Canadá aplica la Investment Canadá de 1985, que prevé que las inversiones extranjeras directas no deben superar los 5 millones de dólares y menos de 50 mil millones de dólares para las inversiones extranjeras indirectas sin autorización legal. El permiso del Estado será necesario cuando, por razones de interés público, el Ministerio de Industria así lo recomiende, aunque será examinada por el Consejo de Ministros.
Estados Unidos aplica la Ley de Revelación de Inversión Extranjera en la Agricultura de 1976, que establece que los extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una extensión mayor a 10 acres (4.04 hectáreas) deberán registrar su adquisición dentro de los 90 días siguientes. El estado de Indiana, en aquel país, aplica una restricción para los extranjeros que no tienen intención de naturalizarse como ciudadanos estadunidenses, pues no pueden conservar tierras de más de 320 acres (129.28 hectáreas) por más de cinco años.
Una normatividad similar aplica el estado de Missouri con respecto de los extranjeros y empresas foráneas que buscan adquirir tierras agrícolas. Los propietarios de esos predios que residan en aquel estado están obligados a vender el inmueble en el lapso de dos años si pierden su calidad de residentes. El fértil Iowa, situado en la región centro-oeste de Estados Unidos, permite a los extranjeros adquirir el dominio de todo tipo de tierras bajo el Iowa Code, sin embargo, no los autoriza a poseer tierras para uso agrícola.
La legislación de Corea del Sur prohíbe a los extranjeros comprar tierras, aunque permite a las compañías foráneas adquirir bienes raíces que necesiten para concretar sus operaciones. Las leyes de Dinamarca exigen a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia cuando pretenden comprar bienes raíces; y la Land Act de 1965 de Irlanda exige a los extranjeros el permiso de la Comisión de Tierras para comprar o arrendar tierras agrícolas, aunque exime de esa norma a los extranjeros con siete años de residencia continua.
Noruega, por medio de la Norway Concession Act de 1917 –modificada en 1974–, establece que los extranjeros que deseen adquirir tierras requieren autorización del Ministerio de Agricultura e Industria. Finalmente, el caso suizo tiene relieve particular, pues la Ley Federal Suiza sobre Adquisición de Bienes Raíces por Extranjeros (denominada Lex Friedrich) fue objeto de un intento desde el gobierno para derogarla; sin embargo, un referéndum ciudadano votó en contra y, ante la persistencia por modificarla, fue enmendada en 1997.
Con esa modificación, los extranjeros sin permiso de residencia en Suiza que pretendan adquirir inmuebles deberán tener la autorización gubernamental. No obstante, la enmienda incorporada exime a las personas naturales con permiso de residencia por un periodo mayor a un año de la obligación de contar con autorización del gobierno para comprar los bienes raíces que ocupan. Bajo la Lex Friedrich, las autorizaciones de compra o arriendo de no residentes y empresas extranjeras deben solicitarse a las autoridades locales.
Esta transformación en las legislaciones internacionales para acotar el acceso de extranjeros a sus tierras y recursos permite concluir a Raúl Carrancá y Rivas que, si bien la Constitución establece ciertos principios, “acatarlos depende del patriotismo, de la buena fe, de la buena voluntad del Estado y de los propios extranjeros”.
Sin embargo, cuando se detectan abusos del derecho constitucional, el Congreso debe reaccionar inmediatamente –en concreto, la Cámara de Diputados– para presentar una iniciativa de ley que puntualice que, ante un abuso, debe eliminarse la discrecionalidad, indica.
“Es urgentísimo, porque de lo contrario se está solapando la acción que criticamos, y considero que estamos en presencia de un abuso sin discusión del Poder Ejecutivo y corresponde tomar conciencia de esto a la Cámara de Diputados”, concluye el doctor en derecho Raúl Carrancá, merecedor a la Medalla de Oro al Mérito Académico.