Millonarios de Forbes, subsidiados por Sagarpa

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Diez trasnacionales agroalimentarias de la lista de Forbes y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores recibieron más de 1 mil 400 millones de pesos del erario mexicano en 2011. El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, reprueba las políticas enfocadas al sector porque benefician a los más ricos. Para la Auditoría Superior de la Federación hay ineficacia en el manejo de más de 1 mil 300 millones de pesos.

Recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos se distribuyeron a 10 trasnacionales agroalimentarias, dominantes del mercado nacional y de la economía global. Sus dueños y marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo. Listados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) muestran los nombres de Maseca, Cargill, Bachoco, Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa, Gruma, Bunge y Sabritas.

Los padrones de beneficiarios de la Sagarpa revelan que tan sólo una decena de multinacionales recibieron 1 mil 410 millones 727 mil 997 pesos en 2011. Los subsidios equivalen a 1.4 millones de veces más que la “cuota normal” correspondiente a los beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) −principal subsidio “en apoyo de la economía de los productores rurales”–, que asciende a 963 pesos por hectárea.

Datos del portal Subsidios al campo en México revelan que el municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero, recibió 17 millones 556 mil 874 pesos, durante el periodo de 1994 a 2009. Esto significa que el municipio más pobre del país obtuvo 80 veces menos, en 15 años, que lo entregado en un sólo periodo fiscal a 10 multinacionales.

Olivier De Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, recomienda al gobierno federal que “vele porque sus políticas agrarias hagan una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural” y critica la entrega de apoyos a grandes compañías.

Javier Usabiaga Arroyo, exsecretario de Agricultura y actual integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, señala que “el relator vino a hacer una investigación basada en lo que le decían, no en la vivencia de cuáles son las necesidades de nuestro país en materia alimentaria. Relaciona la alimentación del pueblo con el maíz, como si nada más comiéramos eso”.

Los 10 más ricos, subsidiados

Grupo Maseca (Gruma), propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, obtuvo 454 millones 54 mil 501 pesos, a través de los apoyos que proporciona la Sagarpa. Los recursos fueron entregados a dos de sus subsidiarias, la Compañía Nacional Almacenadora (292 millones 367 mil 772 pesos) y Molinera de México (161 millones 686 mil 729 pesos), indica el padrón de Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización.

Su dueño, Roberto González Barrera, ocupa el sitio 683 de los hombres más ricos del mundo en la lista de Forbes. En México, es el séptimo hombre más acaudalado. Su fortuna (calculada en 1 millón 900 mil millones de dólares) la ha obtenido a través de sus compañías Gruma y Grupo Financiero Banorte. La primera, perteneciente al sector agropecuario, se caracteriza por ser el “mayor fabricante de tortilla a nivel mundial”, de acuerdo con Forbes.

Bachoco, el gigante comercializador de pollo en México (como lo llama la revista), obtuvo de la Sagarpa 267 millones 169 mil 632 pesos en 2011. El informe anual 2010 de la empresa familiar del exgobernador sonorense Eduardo Bours Castelo revela que sus ventas netas ascendieron a 24 mil 715 millones de pesos en ese mismo año.

Cargill, la compañía más poderosa del sector agroalimentario a nivel mundial, obtuvo del erario 224 millones 920 mil 340 pesos. Recibe anualmente de la Secretaría, que encabeza Francisco Mayorga Castañeda, millones de pesos en apoyos para la comercialización de maíz, como lo ha documentado Contralínea desde junio de 2007. Forbes calcula la riqueza de esa trasnacional en 120 mil millones de dólares, que da empleo a más de 130 mil personas en 63 países.

Bunge, otro líder del mercado mundial, obtuvo del erario mexicano 28 millones 325 mil 338 pesos. Ésta, según el reporte Agribusiness accountability initiative, de la Conference on Corporate Power in the Global Food System, del Reino Unido, pertenece a la lista de firmas dominantes en el mundo. Su capital asciende a 1 mil 519 millones de dólares, conforme lo cálculos de Forbes.

Héctor Elías Barraza Chávez, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que estas cifras reflejan que las políticas públicas enfocadas al campo mexicano están equivocadas.

“Las políticas del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y del PAN [Partido Acción Nacional] se han dedicado a apoyar a los productores de riego, mientras que en las zonas de temporal no ha habido programas que transformen esas acciones. No son sujetos de crédito ni de fondos de aseguramiento. Los únicos apoyos que tienen son el Procampo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, que son apoyos de subsistencia”.

Exlíderes nacionales engullidos por trasnacionales

Grupo Gamesa, empresa propiedad de la trasnacional PepsiCo −una de las refresqueras más importantes del mundo, cuyas principales marcas son Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola y Quaker− es otra de las más beneficiadas por la comercialización de grano. Los “apoyos” transferidos por la Sagarpa ascendieron a 104 millones 49 mil 218 pesos.

La lista de las empresas más importantes de todo el mundo indica que la matriz de Grupo Gamesa ocupa el lugar 86 de compañías a nivel internacional. Su riqueza calculada en 102 mil millones de dólares, con ventas anuales de 57 millones de dólares.

Otra de las empresas mexicanas acaparadas por esta multinacional es Sabritas, que también figura en los padrones oficiales. Los montos otorgados a la productora de comida chatarra ascendieron a 9 millones 498 mil 769 pesos, en 2011.

Minsa, otra de las grandes compañías mexicanas, también fue beneficiada por la Sagarpa con 71 millones 31 mil 72 pesos. La compañía describe en su historia que ha sido impulsora en los cinco continentes para que granjeros de todo el mundo “hicieran su mejor esfuerzo para colocar el maíz a la cabeza de los cultivos mundiales”.

El estado financiero de Minsa indica que mantiene un “activo total” de 3 mil 96 millones 110 de pesos. Así lo muestra el reporte al 30 de septiembre de 2011, presentado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Ganadería Integral Vizur aparece en esta decena de grandes compañías beneficiadas por la Sagarpa con “apoyos” de 37 millones 853 mil 996 pesos, la cual mantiene en el mercado la marca Sukarne.

Desigualdad agraria: ONU

El Informe de misión a México, del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, indica que con más de 52 millones de personas en pobreza y 18.1 millones sin acceso a alimentación, el país carece de políticas que garanticen su acceso a ésta.

La oficina del alto comisionado afirma que actualmente hay “incoherencias entre las diversas políticas sectoriales. Algunos programas de apoyo a la producción agrícola benefician, desproporcionadamente, a los productores más ricos de la zona más rica del país, lo que incrementa, de ese modo, la desigualdad en zonas rurales, que es lo que los programas sociales, a su vez, pretenden combatir”.

Además “la liberalización del comercio agrícola puesta en marcha a mediados del decenio de 1980 y culminada en 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creó oportunidades para algunos productores agrícolas orientados a la exportación de productos básicos, mientras que la importación de determinados productos de bajo costo benefició a la industria ganadera y a los consumidores pobres.

“La liberalización paulatina del comercio agrícola también tuvo, sin embargo, un grave efecto negativo en algunos de los productores más vulnerables debido al dumping en los mercados locales de productos de Estados Unidos, con frecuencia muy subvencionados. También alentó el desarrollo de la agricultura orientada a la exportación, que suele ser menos favorable a los pobres y contribuye menos al desarrollo rural.”

Para De Schutter, una estrategia nacional de coordinación de las actividades de diversas secretarías y de adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la alimentación debería de servir para evitar esas incongruencias.

El diputado panista Javier Usabiaga explica que un estudio sobre el peligro de la seguridad alimentaria en México debe nacer de la definición de qué necesitamos los mexicanos. Cuál es el balance de lo que requerimos en proteínas, carbohidratos, etcétera, para mantener una alimentación adecuada y no una visión distorsionada de atacar la producción genéticamente modificada del maíz.

“Se distorsionó totalmente [el reporte], carece de validez y sustento. Es muy triste que vengan organismos internacionales a trabajar a México y no se empapen, no se informen de la gente que vive realmente estos procesos económicos”, critica el político panista y agroempresario.

Héctor Elías Barraza Chávez, diputado perredista en la Cámara de Diputados por el PRD, contradice la opinión del albiazul y comenta que el relator de la ONU revela la “irresponsabilidad del gobierno mexicano de no haber creado políticas públicas para apoyar al campo. El gobierno desmanteló un sistema nacional de almacenamiento, seguros y no se ha creado un sistema de abasto que sustituya a los anteriores”.

Abandono al campo: ASF

Además de las evaluaciones del relator de la ONU, la Auditoría Superior de la Federación evidencia ineficacia en las observaciones al Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que operó en 2010 con 1 mil 346 millones 359 mil 100 pesos.

El “objetivo estratégico” consiste en lograr la seguridad alimentaria, el incremento en el ingreso y el desarrollo de capacidades de las personas y familias que viven en comunidades con un alto grado de marginación.

Al no contar con los indicadores de desempeño ni con la información necesaria para medir el impacto del objetivo estratégico del PESA, respecto al incremento en el ingreso y desarrollo de capacidades de las personas y familias que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación, así como la mejora de su situación alimentaria, el máximo órgano de fiscalización se “abstuvo” de emitir dictamen.

Y es que según la auditoría de desempeño 10?0?08100?07?0062 DE?002, las personas que habitaban en comunidades de alta y muy alta marginación del país ascendieron a 17 millones 57 mil 900, de las cuales sólo 1 millón 835 se estimó como población objetivo del PESA, es decir, el 10.8 por ciento del total.

Con esto, indica la Auditoría Superior, se dejaron de atender a 1 millón 649 mil 700 habitantes de este tipo de comunidades respecto de la población objetivo. No obstante, ese año se erogaron más de 1 mil 300 millones de pesos, sin que la Sagarpa acreditara en qué medida se mejoró la situación alimentaria, el desarrollo de capacidades y el ingreso de los productores beneficiados.

Fuente: Revista Contralínea 278 / 01 abril de 2012

BOICOT A LAS EMPRESAS

http://www.youtube.com/watch?v=boRn6vStifk

Llegó la crisis alimentaria

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, advierte que 2010 será el escenario de una profunda crisis alimentaria en el mundo. Esto, derivado de los privilegios económicos y comerciales que otorgan las políticas públicas a la agroindustria, y que dejan de lado a los pequeños productores. Informes oficiales revelan cómo en México los subsidios de la Sagarpa son depositados en cuentas de trasnacionales como Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa, Maseca. Además, muestran la miseria extrema de más de 20 millones de campesinos.

Érika Ramírez

Iniciado 2010, el mundo se verá inmerso nuevamente en una crisis alimentaria. Ello, resultado del constante incremento en los precios de los productos, así como la disparidad en el otorgamiento de los subsidios entregados a las corporaciones del sector agropecuario, advierte el relator especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.
México no será la excepción. Informes oficiales muestran una tendencia a concentrar los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en manos de trasnacionales, y en detrimento de los millones de campesinos.
En entrevista con Contralínea, el representante de la ONU critica el impacto que ha tenido la liberación de las políticas agropecuarias a través de la firma de tratados comerciales, ya que actualmente los países instrumentan políticas públicas que apoyan al sector agroexpotador y “dejan de proteger a los sectores menos competitivos; lo que incrementa la desigualdad”.
De Schutter explica que de las 1 mil 20 millones de personas que padecen “hambre crónica” en el mundo –la sexta parte de la población mundial–, más de la mitad son pequeños productores marginados de las políticas gubernamentales.
Los pobres de México
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó, a finales de 2008, que la población en condiciones de pobreza alimentaria en el sector rural (es decir, que no tiene ingresos ni para comer) es de más de 27 millones de mexicanos.
Apenas el año pasado, la miseria de los campesinos acaparaba al 62.8 por ciento de la población que subsiste de la producción de alimentos, esto es, 12.2 millones de personas. Mientras, en 2006 era del 65.3 por ciento, 9.4 millones de campesinos. En apenas dos años de la administración de Felipe Calderón, la cifra se incrementó en 3 millones de personas, indica el Coneval.
“El aumento de la pobreza alimentaria durante el periodo 2006-2008 se debe, en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”, según el capítulo 2.8 “Sector rural” del Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Del documento de la Presidencia también se desprende que otros 15 millones de campesinos se enfrentan a la pobreza de capacidades (incapacidad para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación).
No obstante, Calderón Hinojosa arguye que su administración “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias”, a través del Programa Oportunidades.
A junio de 2009, reporta el informe presidencial, de los 27 millones 253 mil pobres alimentarios y de capacidades en zonas rurales reportados por el Coneval, Oportunidades atiende a 21 millones 239 mil personas que representan cerca de 80 por ciento del total de los más pobres y significan 4 mil 247 millones 900 familias.
Los “apoyos” destacados por el mandatario mexicano son: 210 pesos mensuales por familia “para mejorar la alimentación”, 120 pesos más (derivado del Apoyo Vivir Mejor) “para compensar la disminución del poder adquisitivo por causa del incremento internacional de los precios en alimentos”.
También menciona el apoyo al gasto en energéticos, de los que se entregan 55 pesos mensuales por familia. En tanto que para educación se dotan entre 140 y 890 pesos mensuales por becario.
Los ricos del campo
Contrario al apoyo mensual de poco más de 200 pesos por familia que ofrece a los más pobres el Programa Oportunidades, el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Sagarpa entregó más de 4 mil 800 millones de pesos a las agroempresas, apenas el año pasado.
Los subsidios fueron “compensatorios” para la comercialización de maíz, trigo, sorgo, café y porcinos, y se canalizaron a través de las oficinas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa.
El informe, actualizado al 5 de septiembre de 2008, indica que se asignaron 4 mil 804 millones 558 mil 664 pesos mediante 4 mil 337 transferencias monetarias a empresas nacionales y trasnacionales. En la lista destacan: Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa y Molinera de México, entre otras. Esta última, afiliada al Grupo Maseca (Gruma, compañía dedicada procesar tecnológicamente el maíz), propiedad del empresario Roberto González Barrera.
“González Barrera, presidente del consejo de administración de Gruma, recibió de la revista londinense World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo”, dice una nota de la redacción del periódico La Jornada, fechada el 29 de septiembre pasado.
Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y diputado federal, asegura que el gasto rural tiene un “uso perverso” del que “trasnacionales y grupos poderosos, nuevos despachos, fundaciones, consultoras y uniones conformadas en los últimos nueve años se apoderan de más del 80 por ciento de los recursos asignados al agro nacional”.
Algunas organizaciones civiles privilegiadas, acusa el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, no tienen que enfrentar “montañas” de requisitos y reglas de operación, como lo tienen que hacer las centrales agrarias del sector social, para tener acceso a los recursos presupuestales.
Riesgo: insuficiencia alimentaria
Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, explica que uno de los errores del sistema neoliberal es que algunos países del mundo no fortalezcan su producción interna, por lo que se exponen a la volatilidad de los precios internacionales.

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Adiós a Bours

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 1 de julio (apro).- Hasta antes del 5 de junio, el aliado de la maestra Elba Esther Gordillo, Eduardo Bours, gobernador de Sonora, lucía muy seguro de sí mismo y se promovía como uno de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial, ya fuera por su partido o por Nueva Alianza, propiedad de la líder magisterial.Hoy todo cambió para Bours. Políticamente está muerto y deja tras de sí una de las tragedias más terribles del país: la muerte de 48 niños, ya con tintes de impunidad.
Soberbio, altivo y arrogante, el jefe del clan Bours tenía en realidad pocas probabilidades de alcanzar la candidatura presidencial, ya que su gobierno ha dejado mucho que desear por donde quiera que se le vea.
Además, la huella que ha dejado en seis años de gobierno ha sido la de aprovechar el puesto para hacer crecer los grandes negocios familiares.Así, por ejemplo, sus hermanos hicieron de Puerto Peñasco el negocio turístico por excelencia, con la construcción de hoteles exclusivos y la venta de condominios en miles de dólares.En Bahía de San Carlos, Santa Clara y Puerto Libertad están haciendo lo mismo: compran a los ejidatarios sus terrenos en unos cuantos pesos, para después venderlos en miles de dólares a los llamados "baby boomers", la generación de estadounidenses nacidos tras la segunda guerra mundial y que se encuentran en proceso de jubilación.Con el proyecto de reordenación de transporte público, la familia amplió las ganancias cuando José Gerardo Bours vendió 270 camiones al gobierno de su hermano, violando las leyes de responsabilidad de los funcionarios públicos.Y lo mismo ocurrió con la venta de terrenos de Ciudad Obregón, que eran propiedad de los primos y terminaron vendiéndolos al gobernador para que construyera ahí el edificio de la Procuraduría General de Justicia. Vaya paradoja.
La deuda de 16 mil millones de pesos y una población de pobres estimada en un millón y medio, tal vez no tenga un significado para las cuentas finales de Eduardo Bours, pues quizá lo más importante en su gobierno era ampliar los negocios de su familia.Hace apenas unos años, los Bours adquirieron la trasnacional de pescados y mariscos Ocean Garden, que alguna vez fue la promesa del gobierno para explotar las aguas marítimas nacionales.
También durante el gobierno de Eduardo consolidaron la empresa de televisión por cable Megacable, que tras 15 de años de operación regional hoy tiene alcance nacional con 800 mil suscriptores de video, 300 mil por Internet y 30 mil en telefonía.
La fortuna del clan Bours ha crecido de manera incalculable en los últimos seis años, pues además de los negocios mencionados también tienen a la productora avícola más importante del país, Bachoco, así como fertilizantes Tepeyac y la producción de camarón Larvas Génesis, empresa recientemente creada por los familiares del gobernador, quienes piensan comercializar sus productos en Estados Unidos, Europa y Asia.
Desde que llegó al gobierno en 2003, Eduardo Bours sirvió más de punta de lanza de los negocios familiares que en sus funciones de gobernador, pues si bien es cierto que económicamente Sonora está entre los primeros diez lugares de desarrollo, a nivel político y social está en los últimos, según el Índice Nacional de Calidad de Vida de 2008.
Al principio de su sexenio, Bours prometió a los sonorenses llevarlos a los primeros planos de desarrollo nacional y mundial. Para ello ideó el Plan Sonora Proyecta, mediante el cual creó un fideicomiso que administraría una deuda de 114 mil millones de pesos, de los cuales colocaría en la Bolsa de Valores 10 mil millones, y de ese negocio sacaría lo suficiente para realizar las obras públicas más importantes de los últimos años.Sin embargo, nada de eso resultó, pues una controversia constitucional, que interpusieron diputados de oposición, detuvo el proyecto y Bours terminó pidiendo un préstamo a Banorte por más de 5 mil millones de pesos para iniciar algunas de las obras previstas.
Además de esa deuda, Bours deja un estado envuelto en el narcotráfico, que en 2008 llevaba ya 207 muertos y se había infiltrado en los niveles más altos de su gobierno. Tanto así, que sobre su jefe de escoltas, Lázaro Gonzalez Cruz, hay una averiguación abierta en la PGR, con acusaciones de servir al cártel de los Beltrán Leyva.
El narcotráfico incluso llegó hasta el pilar de las empresas de la familia Bours, pues al menos en un par de ocasiones dos camiones de Bachoco fueron descubiertos con droga en su interior.
Y, por si fuera poco, el asesinato del reportero Alfredo Jiménez Mota, por parte de un grupo de narcotraficantes, ha quedado en la impunidad y la sospecha, ya que las últimas versiones señalan que el joven periodista tenía información que implicaba al gobierno estatal con el narcotráfico.
Con todos estos saldos, Eduardo Bours se despide como gobernador. Y el incendio en la guardería ABC, manejada por familiares y funcionarios de su administración, tras el cual murieron 48 niños, cierra un ciclo político que muchos habrán de recordar como uno de los más reprochables en la historia del estado. Al final, lo único que queda claro es que Bours resultó mejor empresario que gobernador, y que sus aspiraciones presidenciales se han esfumado, a pesar de su alianza con la maestra Elba Esther Gordillo.

Bours: Fabricante de ricos… y de pobres

JOSé GIL OLMOS

El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sonados casos de corrupción y tráfico de influencias.


HERMOSILLO, SON.-Cuando Eduardo Bours Castelo empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, 1 millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos. A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió contra Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal. Con todo, Bours se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular. Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en decimoprimero por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos. La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí 1 millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en relaciones industriales y laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours.
–¿A qué se debe ese rezago?
–Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear.
–¿Ese aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder?
–Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones, hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH. Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En ese sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.
Fracaso económico
A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta. En agosto de 2007, Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública con el fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces. Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para ésta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo. En septiembre de 2007, algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras, ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas. La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de ese préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras, pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de 1 millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa está muy controlada”, advierte.
Beneficio para empresarios
Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso. Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica. Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura. No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica. De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esa transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad. La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto. El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el Consejo Ciudadano de Vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral.
–¿Va hacia el fracaso el plan?
–La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica.
–¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal ese plan?
–No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó eso para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección.
–¿Qué constructoras se han visto beneficiadas?
–Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja de 5% en la licitación y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí eso me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.

Industria venenosa

JENARO VILLAMIL

Industrias Bachoco, la joya de la corona del grupo empresarial de la familia de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, no sólo controla 70% del mercado de producción avícola y porcícola en México, junto con las trasnacionales Pilgrim’s Pride y Tyson, sino que se ha convertido en una de las compañías insistentemente señaladas como generadora de desechos tóxicos agroindustriales cuya contaminación es uno de los posibles factores del brote epidémico de la influenza humana. Con 700 centros de producción y distribución en todo el país, las protestas contra Bachoco se han agudizado en los últimos años, particularmente en La Rosa Mística, comunidad del municipio de Perote, Veracruz, donde el alcalde Esteban Escamilla denunció un incremento de 15% de enfermedades diarreicas y respiratorias por la emisión de desechos de las granjas avícolas.

También en Acatlán, Puebla, donde una extensa nube de humo gris fue identificada como la causante de un brote de enfermedades respiratorias desde noviembre de 2008. En cinco colonias de Coatzacoalcos, Veracruz, denunciaron en septiembre de 2006 a Bachoco por las emanaciones contaminantes que generan sus procesos de quema de vísceras y plumas de pollos. Lo mismo en las comunidades de Torrecillas y Los Ángeles, en Villagrán, Guanajuato, que acusaron en abril de 2008 a las granjas de cerdo de Bachoco de arrojar durante una década desechos orgánicos a cielo abierto, lo que genera fauna nociva, principalmente moscas. Y en Crespo, en el municipio de Celaya, los habitantes se han quejado por la contaminación de las aguas y porque Bachoco tira residuos pestilentes y peligrosos en el basurero de Tinajitas. La respuesta invariable de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante las numerosas quejas en contra de Bachoco es que “están investigando”, que “son procesos largos”. El 4 de marzo de 2009, la delegación de la Profepa en Celaya informó que ya han “sancionado” a la empresa de la familia Bours por el mal manejo de sus residuos tóxicos, pero la contaminación prosigue. En San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales documentó que esta entidad posee la tercera parte de los 31 sitios más contaminados del país y señaló entre los responsables a la planta de Bachoco en el Periférico Sur; el sitio de confinamiento La Pedrera, en el municipio de Guadalcázar, y el basurero de Peñasco. San Luis Potosí fue uno de los estados más afectados al inicio de la epidemia de influenza A/H1N1. En las colonias Nueva e Independencia, de Apatzingán, Michoacán, los pobladores demandaron en marzo de 2006 la reubicación de granjas avícolas, cansados de los fétidos olores que deja la quema de plumas. El cabildo acordó citar a los propietarios, pero la regidora perredista María Guillermina Albarrán Martínez las defendió porque “las granjas de pollos llegaron primero a esos lugares que los vecinos”. En general, “hay poco conocimiento sobre los efectos de sus desechos agroindustriales en la población; los habitantes siempre se quejan por los olores fétidos y la respuesta de las autoridades invariablemente ha sido proteger a las empresas y no hacerle caso a los vecinos”, subraya Iván Restrepo, periodista y ambientalista que desde hace cinco años denunció el caso de Granjas Carroll, filial de la estadunidense Smithfield Foods, en Perote. “Una de las grandes lagunas en nuestra normatividad es el destino de los desechos agroindustriales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) nunca dice nada al respecto en entidades como Sonora, Michoacán, Jalisco o Veracruz, donde están los sitios más contaminados”, asegura Restrepo, consultado por Proceso. Apenas el 29 de abril, en plena emergencia sanitaria por la epidemia de influenza todavía llamada porcina, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Sagarpa, Enrique Sánchez Cruz, declaró que las granjas porcícolas no tienen ningún problema de contaminación y rechazó que el virus de influenza tuviera su origen en México. “Las características nos indican que tiene cortes genéticos de cerdos euroasiáticos, pero no tenemos precisión de cómo llegó al país; lo que sí se descarta es que sea transmitido por cerdos mexicanos”, sostuvo el funcionario federal. Restrepo reprocha que ni siquiera existan estudios epidemiológicos sobre el efecto de los desechos agroindustriales en la población. “Es fundamental el seguimiento. Lo ocurrido en Perote con la influenza es un ejemplo de lo que no debe suceder. Esta es una gran oportunidad para que la gente demande a las autoridades que investigue a fondo”, sentencia el colaborador del periódico La Jornada y ganador en 2005 del premio al periodismo ambiental otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara.

La ruta contaminadora

El año pasado, en Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew emitió un informe sobre la producción animal en las granjas industriales y destacó el peligro de que “el continuo reciclaje de virus en grandes manadas o rebaños incrementará las oportunidades de generación de virus novedosos, mediante mutación o eventos combinados, que podrían propiciar una transmisión más eficaz de humano a humano”. La misma comisión advirtió que el uso intensivo de antibióticos en las fábricas de cerdos favorecía el incremento de estafilococo dorado, resistente a los antibióticos, y los lixiviados de los desagües producían brotes de ecolli y pfisteria. La producción intensiva de aves y puercos se concentra en grandes trasnacionales de la agroindustria, como son Smithfield Foods, Tyson Foods, Pedue Farms, ConAgra Poultry, GoldKist Inc. y Bachoco, uno de los 10 principales productores de pollo a nivel mundial. Pilgrim’s, Pride y Bachoco recurren al uso intensivo de estimulantes para el crecimiento, inyecciones de hormonas y vacunas para aumentar la velocidad de maduración, generando un severo problema con los desechos provocados por estas gigantescas granjas. Tyson Foods, la mayor procesadora de carne de pollo, res y puerco en el mundo, es un corporativo trasnacional con ingresos de 26 mil millones de dólares al año. Con 114 mil empleados en 300 plantas distribuidas en todo el mundo, fue una de las industrias que más ganaron en 2005 con el escándalo internacional provocado por la epidemia de gripe aviar que brotó en Tailandia y China. El investigador William Engdahl, entrevistado por la agencia Acción Ecológica, afirmó que “sería importante saber si alguno de los casos de gripe aviar documentados en China en los últimos años podría haber sido originado por importaciones de pollos de Estados Unidos de productores gigantes como Tyson Foods o por granjas de producción de pollos locales de esas compañías en China o en otros lugares de Asia”. Para Iván Restrepo, lo grave son las prácticas contaminantes que realizan en países como México, mismas que no les permiten en otras naciones como Canadá o Estados Unidos. “Nos ven como un auténtico traspatio”, afirma. En México, Tyson Foods tiene plantas en La Laguna, Puebla, Nuevo León y Sinaloa. “El problema es que emplean químicos de manera intensiva y tienen más libertad para su uso aquí que en Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades federales no tienen ni siquiera un inventario de las sustancias tóxicas y peligrosas que se utilizan en esta industria”, señala Restrepo. En el caso mexicano, la empresa Bachoco, productora de huevo, pollos, carne de cerdo y alimentos balanceados, ha sido señalada en varias comunidades como una de las principales agroindustrias contaminadoras. Por ejemplo, en agosto de 2006, Humberto Nájera Ramírez, de la Red Ciudadana para el Bienestar Integral A.C., denunció la contaminación que desde hace años Bachoco vierte a la atmósfera en Coatzacoalcos, Veracruz. “Es una peste horrible. Si un día te toca ir por allá saldrás con náuseas y dolor de cabeza porque no se soporta”, aseguró. La compañía Fertilizantes Tepeyac, también propiedad de la familia Bours, ha sido sometida a nueve auditorías sanitarias en Sonora por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que utiliza sustancias prohibidas en Estados Unidos, como paratión, endosulfán y asodrín, según anotó la reportera Jesusa Rodríguez (Proceso 1581). Esas auditorías se realizaron entre 2004 y 2006 en las plantas ubicadas en Cajeme, Hermosillo, Caborca, Guaymas y Benito Juárez. El vacío regulatorio es grave. La última norma oficial para “la transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal” fue publicada el 28 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma no prohíbe explícitamente arrojar los desechos de la industria avícola y porcícola y sólo se les ordena instalar “una planta de rendimiento, de acuerdo con lo indicado en esta norma”.