Quién fue el niño héroe del Castillo de Chapultepec....

• Su cerrazón demuestra que el presidente ESPURIO no es sensible

• La presencia del inepto García Luna, un signo más de intransigencia
• Tal vez me faltó dureza...guevos pues!, pero también con serenidad se gana
• Yo también soy de mecha corta, pero no caí en la provocación, la verdad es que me culee!;
 pero el que manoteó fue Calderón
• Aceptó cargar las culpas y su costo moral; tendrá que 
 asumir su consecuencia jurídica
• Cedimos el lugar pero ganamos voz y presencia públicas

José Gil Olmos

En entrevista con Proceso, el poeta Javier Sicilia reflexiona sobre lo ocurrido el jueves en el Castillo de Chapultepec y saca sus conclusiones: la cerrazón del presidente demuestra que no es sensible; la presencia de García Luna, un signo más de intransigencia; tal vez me faltó dureza, pero también con serenidad se gana; yo también soy de mecha corta, pero no caí en la provocación; el que manoteó fue Calderón; aceptó cargar las culpas y su costo moral, tendrá que asumir su consecuencia jurídica y, cedimos el lugar pero ganamos voz y presencia públicas.

Javier Sicilia aún no se recupera de las emociones contenidas durante las cuatro horas que duró el encuentro con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec y confiesa que le molestó que el presidente haya mantenido su cerrazón de no cambiar la estrategia militar de combate al narcotráfico que, advierte, seguirá costando la vida de miles de mexicanos.

Frescas aún las sensaciones del encuentro realizado la mañana del jueves 23 entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico con el jefe del Ejecutivo y parte de su gabinete, el poeta precisa que no hay un problema personal con Calderón sino con el presidente de la República, quien ahora acepta que pasará a la historia como “el presidente de las 40 mil muertes”.
A las críticas que le hizo Sicilia de que no hay un solo dato positivo que sustente la eficacia de su estrategia de combate al crimen organizado, Calderón repitió en varias ocasiones que mientras no tenga propuestas viables para combatir el crimen organizado y la violencia que genera, seguirá usando al Ejército y enfrentará la crítica “aunque sea injusta”.
“Estoy abierto a revisar la estrategia pero, realmente, mientras no sea clara la alternativa, como usted dice, mientras no se pueda decir ‘es para este otro lado’ (…) creo que tengo que seguir en eso: combatiendo a los criminales y reconstruyendo el tejido social”, dijo Calderón casi al final del encuentro.
Sin dar ninguna posibilidad de ceder, Calderón dijo que desde el inicio de su gobierno no podía esperar ninguna reforma de ley ni limpiar las instituciones para actuar con la fuerza del Ejército contra el crimen organizado, como se lo remarcó el poeta en el encuentro.
“Si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con piedras, esperando que por lo menos tuviera aliento para hacerlo. Pero así hay que hacer las cosas en un México que está dolido. Hay que hacerlo con lo que tenemos, que no es poco lo que tenemos. El Ejército no es poco (…) podrá haber muchos prejuicios, podrá haber abusos que se han cometido y que, además, se esclarecen y tienen que castigarse. Podrá haber muchas cosas, pero no es poco lo que tenemos.
“Y eso es lo que hice, don Javier. Pudo ser un error, probablemente. Yo no lo creo. (….) La verdad es que no vi, en conciencia, otra forma de actuar.”
Incluso ante la petición que le hizo Julián LeBarón de cambiar la estrategia y de que “mande un mensaje al mundo de que la violencia no termina nunca con la violencia, y así no sea recordado como el presidente de los 40 mil muertos y nosotros como una nación de salvajes y cobardes”, Calderón reviró:
“¿Que me gustaría que esta violencia terminara? ¡Por supuesto! Me gustaría ser recordado por las cosas que he hecho en la educación, por los hospitales que ya comenté, por las carreteras que ahora se han hecho (…) No. Probablemente voy a ser recordado por este tema y, probablemente, con mucha injusticia. Pero mire, don Javier, si algo comparto con usted es que cuando usted tiene un deber, tiene que hacerlo, y si cree que es su deber moral, tiene que cumplirlo, independientemente de lo que qué dirán.
“¿Cómo voy a ser recordado? Yo creo que en esa ética. Y sí, a lo mejor puedo estar equivocado, sí pude haberme hecho pato. Estoy dispuesto a rectificar, sí, nada más quiero ver con claridad en qué.”
“La verdad, prefiero, que se me juzgue –a veces creo que injustamente, en fin, la historia lo dirá– por haber actuado, que por haberme quedado quieto (…) Yo prefiero asumir la crítica, así sea injusta, de haber actuado, a quedarme con el cargo de conciencia de haber visto el problema y, por conveniencia, no haber hecho nada.”

Grave obcecación

Entrevistado al término del diálogo, Sicilia reflexiona sobre la necedad de Calderón. “Lamentamos la cerrazón del presidente, que es muy poco sensible todavía para un cambio de óptica en la seguridad, lo cual va a seguir provocando los problemas que criticamos (…) Como se lo dije, nosotros no somos competidores políticos, somos ciudadanos, no tenemos nada que perder. Le dijimos que podía hablar, mostrarse humilde. Entonces bajó el tono”.
Recuerda que Calderón pidió propuestas para cambiar su estrategia y que por eso llevarán expertos en la materia que han visto otros modelos, para que planteen al presidente nuevas alternativas sin costos para la sociedad. Sin embargo, señala que esta obcecación del mandatario es tan grave como su declaración de pasar a la historia con la carga moral de ser “el presidente de los 40 mil muertos”.
“Calderón dijo algo terrible y peligroso que debería repensar. Que estaría dispuesto a pagar los costos morales de su decisión. Eso es grave. Un hombre no puede decir eso, es muy irresponsable”, advierte.
–Dijo que puede pasar a la historia como el presidente responsable de miles de muertes.
–Si quiere asumir sus costos morales, pues bueno… eso es grave. Cargar eso está difícil, cargar con la responsabilidad moral de las muertes está cabrón. Quisiera decirle que retire esas palabras porque son un despropósito, unas palabras que pueden poner en riesgo su propia vida.
–¿Por qué?
–Porque acepta los costos morales, acepta cargar con la culpa.
–¿También porque podría tener una consecuencia jurídica?
–Claro, puede ser sujeto de juicio en tribunales, aunque él habló de costos morales. Por eso digo que eso es mucho más grave que los costos jurídicos que seguramente vendrán. Creo que esto le abrió una posibilidad al presidente pero no supo, por el lado de la Ley de Seguridad Nacional, abrírsela. Debió haber dicho: “Sí, me equivoqué; sí, entrémosle a una nueva estrategia”. Pero en esa posición pagará los costos morales que pueden también volverse jurídicos.
“Él dice que lo asume, dice que es injusto. Yo no lo creo así. En mi discurso hablo de las responsabilidades como jefe de Estado frente a esas muertes, pero también hay que entender que hay corresponsabilidades de las procuradurías, de los jueces, de los gobernadores. (…) Lo terrible es que quiera cargar o asumir la responsabilidad moral y, al mismo tiempo, engañarse con no sentir el peso de lo que representa esa misma responsabilidad moral.”

Estado fracasado

Otro de los aspectos que resalta Sicilia de lo que Calderón dijo en el encuentro con el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad es que al describir la transformación de los narcotraficantes mexicanos, de transportadores a vendedores de droga al menudeo, su crecimiento territorial y el aumento de su poder, aceptó implícitamente el fracaso del Estado mexicano.
En su primera intervención, el presidente dedicó un espacio para defender ante las víctimas su estrategia de combate al crimen organizado. Dijo que el Estado no era el responsable de la violencia sino los criminales, como Los Zetas y el cártel de El Chapo que tiene pueblos “asustados” en Zacatecas, Durango y Coahuila. Y de cómo reclutan a jóvenes “para satisfacer su apetito voraz de controlar territorios y comunidades”.
Explicó que al pasar del modelo tradicional del narcotráfico de llevar la droga a Estados Unidos a venderla aquí, ya no sólo corrompía a las autoridades sino que busca dominar territorios y “controlar ciudadanos y pueblos. Es una disputa violenta de cárteles contra cárteles lo que genera, fundamentalmente, la escalada de violencia”.
“El crimen, al controlar territorio –dijo Calderón– se adueña de esa comunidad, desplaza a la autoridad, la corrompe o la mata y entonces secuestra, extorsiona, asalta, viola impunemente. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no existe o está a su servicio. Y es ahí donde yo coincido en la responsabilidad del Estado, que abdica de su deber esencial de defender a los ciudadanos.
“Ellos quieren ser ahora la autoridad. Por eso sustituyen las leyes de los Congresos por sus propias leyes; por eso sustituyen a la fuerza pública por sus propias fuerzas y por eso sustituyen la recaudación de impuestos por sus propias cuotas. Y eso es exactamente, Javier, lo que tenemos que impedir”, aceptó el presidente.
Pero esto, dice Sicilia, es que cuando hace este recuento, sin quererlo Calderón describe un Estado fallido.
“Exactamente eso fue lo que hizo. Por eso insistí en que una gran parte del problema estaba en el pudrimiento de esas instituciones. Cuando hace ese recuento, lo que refleja es la existencia de un Estado fallido, un Estado cooptado. ¿Cómo es posible que eso no lo quiera responder? Lo que vemos es que se encierra en su discurso, sólo ve lo que está bien. No es comprensible que el Estado esté marginado, desplazado por la delincuencia. Eso no lo ve el presidente, no se da cuenta de que ya hay estados, poblaciones donde quien reina es la delincuencia.
“Cómo vamos a ir a las elecciones si no van a poder ni siquiera instalar las casillas y si lo hacen va a ser con la anuencia de los narcos. Uno se tendrá que preguntar por qué cártel va a tener que votar. De eso no se está dando cuenta el presidente y por desgracia tampoco el Poder Legislativo ni los partidos, que es lo más grave.”
–¿No hizo falta de parte de ustedes enfatizárselo?
–Creo que hizo falta, pero dado el formato y que las víctimas eran lo importante, no se pudieron decir más cosas. Pero qué bueno que las víctimas lo rompieron. Por eso no pudimos darle más tiempo a estos temas que son importantes, pero también hay que entender que el agravio de las víctimas es muy grande, que sus dolores son tremendos, que querían solución, encontrar a su hijos, una respuesta a su largo peregrinar por esas instituciones fallidas y cooptadas. Preferimos eso. No queríamos desviar la discusión hacia temas más profundos o de fondo. Creo que era más importante lo humano.

El balance

Para Sicilia, el encuentro fue positivo porque el movimiento de víctimas logró sentar al mandatario a dialogar y a hacerle ver que su estrategia es fallida.
Ante las críticas de que fue muy flexible o condescendiente con el panista explica que prefirió mantener cierta serenidad ante la actitud impulsiva y hasta violenta de Calderón.
–Se vio usted moderado.
–Sí, porque conozco al presidente. Es un hombre de mecha corta. Me conozco a mí y también soy de mecha corta. Si hubiera caído en la provocación hubiera sido un diálogo de sordos. El que manoteó fue él. Era mejor bajar el tono para obligar a bajar el tono a Felipe. Eso se puede ver como debilidad, pero son lecturas. Creo que el discurso y la fuerza de los argumentos hablan por sí mismos. Hay que entender que a veces se ganan más posiciones con la apertura a un diálogo sereno que dando el espectáculo de la rudeza.
Dentro de un contexto de la dictadura presidencial que en México existe, el hecho de que un movimiento ciudadano de tres meses haya logrado sentar a Calderón también puede ser leído como una debilidad del presidente, considera Sicilia.
Sin embargo, manifiesta, ojalá esto se pueda leer como un signo de humildad.
“Yo le dije que no tenía por qué temer, ni por qué defenderse de nosotros; puede ser humilde, nosotros no estamos con fines políticos, no queremos pegarle para obtener las cosas. Estamos exigiendo desde la ética que tiene que ver con los ciudadanos. Tiene el derecho de ser humilde.”
–¿Qué hizo falta?
–Quizá más presión, una posición más fuerte. No sé si se hubiera ganado más o menos, no sé si se hubieran crispado los ánimos. Llegó un momento en que Julián LeBarón le dijo: “No nos insulte” o que el esposo de Bety Cariño les dijo que dejaran de burlarse de nosotros.
–Estaba ahí García Luna. ¿No era la oportunidad para insistir en la renuncia?
–No iba a cambiar nada, era perder el diálogo. Lo que nosotros estamos buscando es avanzar en la justicia para las víctimas. Nos molestó su presencia porque no estaba en la lista. Ese mensaje fue muy desagradable pero no quise entrar en esa polémica; fue como un reto de que, digamos lo que digamos, no cambiará su política.
–Hubo señales con lecturas polémicas. Por ejemplo, que usted le haya dado el escapulario.
–El problema es que no se entienden los símbolos. Hemos perdido el lenguaje poético. Cuando se lo di le dije cosas que ya no se escucharon porque ya no me llevé el micrófono. Pero le dije: “Todo esto que traigo es fruto del dolor que recogimos a lo largo del camino, de la gente que tenía compasión de mí y me ponía cosas para cuidarme, para seguir adelante con este consuelo. Nosotros decidimos traer puestos estos signos del consuelo y le entrego éste como símbolo de la justicia que usted le debe a las víctimas”.
Sicilia considera que en el encuentro ambas partes ganaron, pues “en un país donde nadie se sienta a dialogar, el hecho de que haya reconocido las víctimas y de que nosotros hayamos podido sentarlo, el hecho de que las víctimas hayan roto el formato sin que se violentara el acto, el hecho de que haya el compromiso de volverse a sentarse en esta mesa de diálogo, para que los ciudadanos intervengamos en la supervisión de lo que estamos pidiendo, todo eso hizo que todos ganáramos”.
Destaca como logros principales que “pudiéramos mandar nuestra narrativa y que no sólo se acreditaran los medios oficiales, sino los independientes, como un desafío a los monopolios. Cedimos el lugar pero ganamos estos espacios fundamentales. Ganamos voz y presencia públicas”.
También se visibilizaron las víctimas y se abrió el conducto para volverse a sentar para empezar a dar poco a poco dignidad a los deudos con la Ley de Víctimas que es fundamental.
Dice que el movimiento buscará fortalecerse con el apoyo de otras agrupaciones ciudadanas y que ahora buscarán hablar con los partidos, con la Conago, con el Poder Judicial y el Legislativo.
“El problema es muy grande y si queremos que se resuelva de la noche a la mañana estamos equivocados. Creo que es importante no dejar caer el movimiento, porque puede caer por la mecha corta de la ciudadanía que no sabe nada de los procesos largos, de los procesos lentos. La emergencia nacional tiene problemas muy fuertes. Hay que ir presionando, hay que ir avanzando, pero son procesos largos y los responsables son toda la clase política. Los diálogos tienen que seguir y a partir de ahí ver resultados y seguir presionando.”

Proyecto de nación, no programa de televisión

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 5 de enero (apro).- Este año es clave para las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto. Las elecciones para gobernador del Estado de México son fundamentales para su proyecto político electoral, pero lo es más mantener el apoyo de Televisa, la cual es su verdadero soporte en sus planes de recuperar el poder para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al gobernador mexiquense, se le conoce más por aparecer en la pantalla de televisión, por su matrimonio con la actriz de telenovelas Angélica Rivero, que por sus ideas y proyectos de gobierno.

Si no tuviera el apoyo de Televisa, que ya lo tiene como “una estrella más del Canal de las Estrellas”, Peña Nieto pasaría completamente desapercibido pues no se caracteriza ni por sus ideas ni por sus cualidades políticas.

Desde que empezó su gobierno, Peña Nieto basó sus acciones en los programas de promoción que Televisa le diseñó para crearle una imagen de político joven y atractivo pero sin propuestas.

Se transformó en un personaje importante dentro de la llamada “telecracia”, que no es otra cosa que la concepción de que vale más aparecer en la televisión con una imagen creada que hacer propuestas de gobierno. Esto es, “salgo en la tele, luego existo”.

La “telecracia” es la conquista del poder por parte de los medios de comunicación, principalmente de las televisoras. En la “telecracia” no importan las ideas, sino las imágenes; mientras que la democracia está concebida a través de las encuestas y del raiting para el cual viven los actores, locutores, conductores de noticias y los políticos hechos a la imagen y semejanza de un actor de telenovela o de una serie de suspenso.

Peña Nieto está inserto de manera completa en la “telecracia” y no se le concibe fuera de ella. Y este es su principal problema, porque el país no necesita de un programa de televisión, sino de un proyecto de nación.

El poder político de Televisa se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Tanto que hay un enorme contraste entre las palabras de Emilio El Tigre Azcárraga y su cachorro Emilio Jean. De ser los “soldados del PRI”, este último lo actualizó al señalar que “la democracia es un buen negocio”.

No se descarta que de llegar Peña Nieto a la Presidencia en las elecciones del 2012, el poder de la empresa televisiva se acrecentará de manera inconmensurable y las soluciones de los problemas del país, como la inseguridad, el crimen organizado y el desempleo, entre muchos otros, pasarían por el tamiz de la red de intereses de Televisa.

Como empresa, Televisa estaría interesada en hacer negocios aprovechando la posición privilegiada que tendría con su estrella en la Presidencia y se cobraría con creces el trabajo que hizo y por el que recibió millones de pesos durante cinco años seguidos que duró la estrategia de posicionamiento de la figura de Peña Nieto.

El gobierno sería más mediático y virtual que real, y el país lo que menos requiere es eso.

Falta tiempo aún para que se decida quién será el candidato del PRI a la Presidencia, y en el camino, Peña Nieto, como le ocurrió a su tío Arturo Montiel, podría perder la inversión hecha en Televisa, porque para esta empresa sólo representa un buen negocio y, por lo tanto, es desechable.

La reconstitución institucional del país no pasa por la tecnocracia, no puede realizarse como si fuera un programa de televisión, tampoco requiere de políticos hechos de imágenes sino de acciones y programas.

Peña Nieto tiene la hechura de la tecnocracia y ello, en estos momentos, es lo más dañino que podría pasarle al país, tener a un presidente más preocupado por mantener su imagen que por resolver los problemas estructurales.

Monterrey, territorio narco

Narcobloqueo en Monterrey.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 21 de julio (apro).- Después de Ciudad Juárez, Monterrey es quizá la ciudad donde el narcotráfico ha demostrado tener más poder, tanto que ha rebasado a las autoridades locales y federales, incluido el Ejército, lo cual resulta altamente preocupante porque se trata de la segunda ciudad más importante del país.

La madrugada del pasado lunes 19 será recordada por los habitantes de la colonia Las Brisas como una de las más angustiantes en mucho tiempo. Durante una hora seguida, los habitantes de esa zona escucharon en la oscuridad ráfagas de disparos y el tronido de explosiones por las granadas lanzadas por narcotraficantes que se enfrentaron a policías municipales en las calles de ese barrio ubicado al sur de la ciudad.

Fuera de control, las autoridades no llegaron, los grupos de criminales bloquearon con autobuses y autos las vías de acceso y las calles de la colonia fueron una zona de guerra. Cuando el sol salió se pudo observar el saldo del enfrentamiento: un muerto, cientos de casquillos de armas de alto poder en el suelo, una casa totalmente acribillada y ningún policía o soldado a la vista.

La ciudad de Monterrey amanecía a la merced del crimen organizado.

En otros tiempos, esta ciudad y sus habitantes, principalmente lo empresarios que llegaron a formar el club privilegiado de los “nobles” estaban tan orgullosos de ella, tanto que la soberbia les hizo cambiar su gentilicio por el de “regios” antes que regimontanos.

La Sultana del Norte, el Coloso del Noroeste, entre otros nombres, le pusieron sus propios habitantes, principalmente sus empresarios haciendo notar la diferencia que había entre ellos y las demás ciudades del país.

No era para menos, con esfuerzo y trabajo, hicieron de la capital de Nuevo León la ciudad con la mejor economía del país, la segunda conurbación más desarrollada de México y de San Pedro Garza García uno de los municipios más desarrollados de América Latina.

Además, en el año 2010 Monterrey fue clasificado en el lugar 98 a nivel mundial en calidad de vida, de acuerdo a Mercer Consulting, siendo el primer lugar en el país.

Los regios, pues, estaban orgullosos de distinguirse por tener a los grupos industriales y financieros más importantes del país y reconocimiento internacional: FEMSA, CEMEX, Axtel, Grupo Alfa, Vitro, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Banorte, Maseca, Protexa, Selther, Gamesa Galletera, Barrilitos, Del Valle, Organización Soriana, Grupo Allen, British American Tobacco, Grupo FAMSA, IMSA, Cydsa, Fondo, Valores y Empeños, Industrias Monterrey, Televisa Monterrey, Azteca Noreste, Grupo Multimedios, TV Azteca Noreste y Grupo Salinas y HOME Interiors de México, Siemens, VDS (Veinte Desing Studio).

Pero en los últimos años ese reconocimiento y orgullo ha sido lastimado y vilipendiado por el narcotráfico.

Monterrey es la ciudad donde el crimen organizado ha mostrado mayor poder y no me refiero a la violencia, porque en eso Ciudad Juárez y otras de Tamaulipas, no tiene comparación, sino a las acciones orquestadas que implican una profunda incidencia social.

Fue aquí donde se dieron las primeras manifestaciones sociales fomentadas y constituidas por el narcotráfico para pedir el retiro del Ejército de las calles. Las narco-manifestaciones estaban encabezadas por jóvenes embozados que tomaron las principales avenidas, los cuales tiempo después se supo estuvieron financiadas por el crimen organizado.

Después se dieron manifestaciones similares en ocho ciudades distintas del país exigiendo exactamente lo mismo, lo cual nos habla de una estrategia social bien pensada y de la infiltración del narco en la sociedad regia donde tendría una base social.

Pero el poder del narcotráfico no se queda ahí. Monterrey es, lamentablemente, la primera ciudad en el mundo donde se dan los “narcobloqueos”.

No hay registro de que el crimen organizado pudiera tomar calles, avenidas, vías rápidas y las principales arterias de comunicación de una ciudad, sin la oposición de la policía o el ejército.

Los “narcobloqueos” es una expresión más acabada de la organización de narcotráfico apostado en Monterrey, una muestra de su poderío y, al mismo tiempo, la demostración más clara de la ausencia de autoridades que están descontroladas y rebasadas en varias zonas del país.

Esta acción no tiene paralelo en ningún lado. Perfectamente ordenados hombres armados aparecen a plena luz del día en las avenidas más importantes y con pistola en mano obligan a los conductores de autos, camiones y autobuses a cruzarse a lo ancho de la vía. Luego les quitan las llaves y se las llevan. Cuando las autoridades acuden lo hacen sin poder hacer algo. Mientras tanto, las bandas del crimen organizado actúan impunemente como lo hicieron en la colonia Las Brisas el lunes pasado.

La metrópoli regia también a sido blanco de explosivos como los lanzados contra la estación de Televisa y TV Azteca. La faceta de urbe próspera y tranquila, que la hizo ser una de las más atractivas para vivir e invertir, ha cambiado: Hoy es insegura, violenta e incierta.

Monterrey, sin embargo, sigue siendo una de las principales ciudades de México y América Latina. Su poder económico es muy importante para el país. Es por ello que preocupa la violencia incontrolable a la que esta sometida por el narcotráfico porque esta misma podría trasladarse a otras ciudades como el Distrito Federal.

La deuda de EU

Escena de un crimen en Ciudad Juárez.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- El gobierno de Estados Unidos ha dado un viraje en su política respecto de la lucha contra el narcotráfico, y ahora lo ha tomando también como un problema de salud, no sólo de seguridad pública.

Esto ha llamado la atención de muchos que lo ven con buenos ojos, aunque habría que recordar que si el problema del tráfico y consumo de drogas ha crecido en todo el mundo, ha sido precisamente por la prohibición que desde principios del siglo XX impuso ese país al alcohol y el tabaco, lo que provocó todo eso que hoy sufrimos: adicciones, corrupción, violencia, mafia y muertes.

La base de la prohibición al alcohol y el tabaco en la década de los veinte fue eminentemente moral antes que de salud. En ese entonces, los sectores más conservadores de Estados Unidos vieron que el consumo de esos dos enervantes era un mal social, y lo catalogaron como un comercio ilegal que había que perseguir por la vía judicial y policial.

Esta óptica moralina no tardó mucho en derrumbarse ante el crecimiento del comercio ilegal de ambas drogas y la generación de los primeros grupos del crimen organizado en ciudades como Chicago, Nueva York y San Francisco, que empezaron a crecer, y con ellos la pelea por el poder.

Se generó también la corrupción policial y política, así como los primeros casos de lavado de dinero, además de que el negocio ilegal de alcohol y tabaco se extendió a otras ramas como la prostitución, la venta de armas y los juegos de azar.

Fue hasta entonces que se decidió legalizarlas y controlarlas. Luego, en 1930, Estados Unidos hizo la primera prohibición de la mariguana. Pero las bases del crimen organizado, y principalmente de las drogas, ya estaban formadas y se habían ramificado hacia Europa y Asia con la producción de hachis y goma de opio en Turquía, Medio Oriente y China, donde en 1909 y luego en 1912 se realizó la primera convención contra las drogas, prohibiendo la comercialización del opio.

Con la Segunda Guerra Mundial aumentó la producción de goma de opio y mariguana. Y es que en los frentes de batalla crecía cada vez más la necesidad de usar heroína y cannabis. Incluso hay versiones de la existencia de un acuerdo entre Estados Unidos y México para que en el país se plantaran y procesaran ambas drogas, que luego eran enviadas precisamente para el consumo de los soldados en la batalla, así como por los heridos, pues el infierno de la guerra lo requería.

Al término de la conflagración mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Estados Unidos, como país triunfante, volvió a establecer su política de prohibición en la primera convención realizada por el organismo internacional.

A partir de entonces, la ONU ha celebrado varias reuniones y convenciones (1946, 1961, 1971, 1988 y 2009), en las que se ha establecido la ley de la prohibición y la persecución al comercio de las drogas en el mundo, con los resultados nefastos que hoy conocemos.

Con su política simplista, Estados Unidos llegó a proponer que se estableciera la sustitución de cultivos en los principales países, como Afganistán, Bolivia, Colombia y Perú, sin tomar en cuenta las condiciones culturales de cada país o región.

Pero la criminalización, la política de palo y zanahoria, la persecución de los grupos de narcotraficantes, así como de los adictos, no hizo más que hacer crecer el negocio del tráfico de enervantes en todo el mundo, ocasionando de nueva cuenta el fortalecimiento del crimen organizado en muchos países.

Ocasionó también la corrupción del sistema político y financiero (¿o dónde se lavan 500 mil millones de dólares anuales producto del narcotráfico, si no en los bancos más poderosos del mundo, incluyendo Estados Unidos?), la violencia con miles de muertes diarias y la descomposición del tejido social en muchos pueblos, comunidades y ciudades.

Y, así, el poder del crimen organizado (entre éste el narcotráfico) ha crecido de manera desmedida, hasta convertirse en un grupo de poder en países como Italia, Colombia, Perú, México y, por supuesto, Estados Unidos, donde la mafia italiana y norteamericana llegó a crear o construir literalmente una ciudad, Las Vegas, para institucionalizar el juego, la prostitución y las drogas en un territorio determinado.

Hoy ya no se piensa en acabar con un problema que rebasa las fronteras y los gobiernos de todos los países, hoy se están planeando medidas de control, como es el caso específico de la legalización del cannabis o la mariguana, que es la sustancia ilícita de mayor consumo masivo (alrededor de 200 millones de personas en el mundo).

Para este caso se trata de establecer políticas más tolerantes hacia los consumidores y que se deje de considerar a la mariguana una droga tan dañina como la heroína; además, buscar la manera de que se comercialice legalmente con reglas precisas y más duras que en el caso del alcohol y el tabaco, y al mismo tiempo descriminalizar a los adictos y darles un tratamiento de enfermos, que es lo son en cualquier sociedad.

No se trata, pues, de aprobar sólo una medida para disminuir el comercio ilegal de las drogas, sino de pensar en una política integral que no esté basada únicamente en el combate frontal, usando para ello a la policía y el ejército, como de manera errónea lo hizo Felipe Calderón en México para legitimarse.

La muerte de más de 22 mil personas en esta guerra contra las drogas; la desaparición de cientos de ciudadanos en pueblos y ciudades, sin que se tenga un registro oficial; el crecimiento de adictos a drogas duras como las matenfetaminas; el aumento desbocado de la violencia; el rompimiento del tejido social en zonas del país, como Ciudad Juárez, y los mayores índices de corrupción entre gobiernos, empresarios y banqueros, así como en los cuerpos policiacos y militares, demandan un cambio de estrategia.

Estados Unidos tiene, en este contexto, una enorme deuda, y no basta con la ayuda militar hacia otros países, sino tomar medidas drásticas para sí mismo, porque la lucha contra las drogas comienza en la propia casa.

"URO", el gobernador de la violencia

Ulises Ruíz, gobernador de Oaxaca.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a lideres sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.

La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.

Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.

En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.

Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.

Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.

Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.

La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día.

Durante el conflicto de la APPO fue documentada la aparición de un grupo de sicarios que se dedicaron a sembrar el terror entre los simpatizantes de este movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros, colonos e incluso del periodista estadunidense Brad Will.

Curiosamente el 30 de enero del 2008, Alejandro Barrita, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, a quien se le identificaba como uno de los integrantes de la Caravana de la Muerte, fue ejecutado por cuatro sujetos. Casi un año después, otro de los personajes siniestros, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado.

Ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo del 2007.

Los casos de asesinatos de líderes sociales es recurrente; y en vísperas de la elección de julio, defensores de los derechos humanos y simpatizantes de la APPO, ya los veían venír.

En San Juan Copala --declarado por sus propios habitantes como municipio autónomo-, que es conocido como una de las zonas más conflictivas del estado, el 7 de abril del 2008 fueron asesinadas Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.

En septiembre y octubre de ese año, las autoridades del mismo municipio triqui denunciaron que un grupo de civiles armados asesinaron a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de URO hiciera algo para detenerlos.

La violencia ha sido consustancial en el gobierno de Ulises Ruiz y, muchas de las ocasiones, la ha provocado para fincar un gobierno de terror.

El año pasado la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) presentó un informe basado en datos proporcionados por diversas organizaciones de derechos humanos de la entidad. En dicho documento titulado “Oaxaca, un régimen agrietado”, se menciona la existencia un grupo “parapolicíaco” o paramilitar que viene operando desde el 2006 y que es solapado por el gobernador.

“Cabe señalar que desde el 2006 se escucha la existencia de grupos ‘parapolicíacos’ o paramilitares actuando contra el movimiento social, los hechos más recientes ligados a la Sección 59 del SNTE, que mantiene un abierto conflicto por el control de escuelas con la Sección 22. ‘La Fraternidad’ es el grupo armado…” indica dicho informe, en el que se señala que esta dirigido por militares y se ha nutrido por grupos de sicarios pagados para “asesinar al movimiento”.

En este contexto ocurrió el ataque contra la caravana de observadores que se dirigía, precisamente, a San Juan Copala.

Resultaron muertos Alberta Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.

El ataque es parte de este gobierno de terror y muerte creado por Ulises Ruiz, el cual parece que se quedará disfrutando la impunidad amparado por el manto del poder.

La prensa mexicana frente al narco

Escena de un crimen en Ciudad Juárez.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.

En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.

En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.

Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.

Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.

Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.

En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.

Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.

A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.

Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.

Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.

En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.

La molestia del gobierno es que se evidenció su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.

En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.

Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.

Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.

El abad "H"

Benedicto XVI. Encubrimiento.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 24 de marzo (apro).- Muchos católicos y laicos se levantaron el domingo pasado con la esperanza de que el Papa Benedicto XVI mostrara, por fin, un acto de constricción y abriera a la crítica y a la ley de los mortales las ajadas puertas de la Iglesia católica por los casos de pederastia que se han presentado entre sacerdotes en varios países, México entre ellos.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y, como lo ha hecho por siglos la Iglesia, se encerró una vez más sin importar el descrédito, la desilusión y la desesperanza que provoca mantener sin castigo a quienes han abusado en contra de niños y niñas, usando la sotana y la religión.

La Curia Romana sigue pensando que como supuestos representantes del dios católico, los sacerdotes difícilmente pueden ser juzgados por sus delitos carnales en los tribunales propios o en los judiciales, en países donde desde hace 70 años se han presentado casos de pedofilia, como Estados Unidos, Australia, España, Inglaterra, Irlanda, Canadá, México y algunos más de Latinoamérica y Europa.

El asunto no es nuevo si se observan las leyes del Derecho Canónico, que desde el siglo XVII ya preveían hasta con la expulsión el castigo a los sacerdotes que fueran descubiertos en casos de abuso sexual a menores de edad.

De hecho, en 1983 El Vaticano promulgó una revisión al Código de Derecho Canónico que incluía un canon (1395, 2) que explícitamente nombraba el sexo con menores, por parte de clérigos, como un crimen canónico. Ocho años después se revisó el documento, en línea con el Código de Derecho Canónico de 1983 y el Código de Cánones para las Iglesias Orientales de 1990, y fue promulgado.

Las leyes canónicas y las judiciales propias de cada país castigan severamente la pedofilia o pederastia, y ante casos muy claros como el de Marcial Maciel en México o en Irlanda, no basta con que se reconozca “los errores cometidos” en el pasado o que Joseph Ratzinger señale que es una “grave situación” o bien que manifieste que está “profundamente perturbado”.

Ni siquiera es suficiente realizar una auditoria si no hay castigo contra estos sacerdotes.

En su carta del domingo pasado, el papa Benedicto XVI dijo que estaba “verdaderamente apenado” por los casos de pederastia en Irlanda, e incluso lanzó la idea de cooperar con las autoridades civiles para castigar a los responsables y salvaguardar a los niños.

El problema es que la reacción del Papa es tardía, pues son miles los casos de abuso a menores por parte de sacerdotes católicos que desde 1950 fueron protegidos por la propia Iglesia, que además los trasladaba a iglesias de otros países sin que hubiera castigo de por medio.

Así lo hizo el mismo Ratzinger cuando era arzobispo de Munich y Freising, Alemania, entre 1977 y 1982, tiempo en que solapó en su arquidiócesis a un sacerdote condenado por la justicia alemana por abuso de menores.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung reveló que el propio papa Benedicto XVI protegió a un sacerdote al que llamaron “Abad H”, a petición del obispado de Essen, en enero de 1980.

Según revelaron las propias autoridades católicas en Alemania, Ratzinger no dudó en conceder alojamiento al abad en una parroquia, a fin de que se sometiera a terapia.

Sin embargo, el “Abad H” volvió a cometer abusos luego de que fue reasignado a labores pastorales, hasta que en 1986 un tribunal de Alta Baviera lo condenó por pederastia a 18 meses de cárcel —aunque con suspensión— y una multa de 4 mil francos.

Aunque el vicario Garghard Gruber se responsabilizó del regreso a las labores pastorales del “Abad H”, fue claro que Joseph Ratzinger participó en la toma de decisiones y, por lo mismo, es responsable también de la pederastia que hubo por parte del sacerdote católico.

La carta emitida el domingo pasado en El Vaticano se limitó al caso de Irlanda, país donde, según una investigación eclesiástica que duró una década, 25 mil niños fueron víctimas potenciales de la pedofilia y la violencia de 400 religiosas y sacerdotes católicos, así como un centenar de seglares.

La misiva papal es taxativa, se queda en lo inmediato y no va al fondo de un problema que es mundial y que ha afectado y sigue afectando a miles de niños, principalmente católicos.

Por ejemplo, un caso relevante fue el de Estados Unidos, según un informe de la BBC de 2004, donde el problema de la pedofilia en los últimos 50 años alcanzaba a 4% del clero católico, es decir unos 4 mil 962 sacerdotes implicados en abusos sexuales contra 10 mil 667 menores.

Ratzinger tuvo en sus manos la oportunidad histórica de reconocer un problema secular y plantear no sólo uno, sino muchos actos de justicia para quienes han sido víctimas de uno de los peores pecados de la humanidad, para que ya no se repitan más historias como el del “Abad H”, pero no lo hizo.

La suerte de El Chapo

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 24 de febrero (apro).- Hace un mes aproximadamente el gobierno de Felipe Calderón dio una orden tajante de rechazar a nivel internacional toda expresión periodística en la que se afirmara que Joaquín El Chapo Guzmán es el narcotraficante protegido por su gobierno y el de Vicente Fox. Comenzó así una campaña diplomática para limpiar su imagen y, al mismo tiempo, una serie de acciones policiales dirigidas precisamente a cambiar esta impresión, lo cual ya es demasiado tarde.

La versión de que El Chapo – el mote viene por su estatura de 1.55 metros--, ha sido favorecido por los gobiernos panistas en la lucha contra el crimen organizado no es nueva y muchas voces se han referido a esto desde que escapó de la cárcel de manera inverosímil en 2001, y luego dejaron libres a su hijo y a una de sus sobrinas, acusados ambos de lavado de dinero.

Pero ha habido un par de publicaciones que parecen una llamada de atención del gobierno de Estados Unidos o de la opinión pública internacional para que el gobierno de México haga algo efectivo en la lucha contra el crimen organizado, y ajuste las acciones de manera pareja para todos los grupos y no siga favoreciendo al Chapo.

La revista Forbes publicó recientemente la lista de los hombres más adinerados del mundo y puso en el lugar 71 con mil millones de dólares producto del tráfico de drogas al jefe del Cartel de Sinaloa.

La segunda publicación fue la del diario inglés The Economist que, en un análisis de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, dio cuenta de lo favorecido que ha sido el narcotraficante sinaloense pues solo unos cuantos de sus aliados han sido detenidos, ninguno de importancia.

Forbes y The Economist ponen énfasis en lo destacado en que se ha convertido Joaquín Guzmán Loera y al hacerlo ponen de relieve la impunidad con la que ha actuado en los últimos diez años, pues va y viene por todo el país e incluso ahora se dice que se la pasa muy bien en Centroamérica, principalmente en Honduras.

Frente a estas publicaciones que demeritan la imagen de Calderón su equipo de gobierno ha tenido la maravillosa idea de montar una estrategia de daños desplegando una campaña de defensa en todas las embajadas y consulados mexicanos.

La primera señal de esta estrategia fue la que se dio hace unas semanas en contra de una reportera mexicana, Martha Durán, quien realizó un reportaje para una estación de radio de Noruega hablando precisamente de la buena suerte de El Chapo durante el gobierno de Calderón.

Las protestas de la embajada mexicana se le vinieron encima cuando escucharon el trabajo de la reportera e incluso se presentaron ante los responsables de la radio asegurando que todo era una mentira. Las pruebas presentadas por la reportera echaron para abajo los argumentos oficiosos de los funcionarios mexicanos quienes tuvieron que apechugar.

Al parecer la orden proveniente desde Los Pinos es protestar y condenar todo intento de afirmar que El Chapo es el protegido del gobierno de Felipe Calderón. Y esta orden es también para quienes se atreven a hacer el mismo señalamiento en el país, como lo hizo Manuel Clouthier, el hijo del famoso Maquío.

El diputado sinaloense realmente no reveló nada nuevo, sólo dijo que en Sinaloa el gobierno de Calderón no estaba actuando como en otros estados, lo cual se interpretó como si se refiriera a una protección al cartel comandado por El Chapo. En su intento por hacer voltear la atención hacia su estado llego a caer en el exceso de decir que la situación estaba peor que en Juárez por la vinculación del narco con la política.

Lo estridente de la declaración de Clouthier tuvo su efecto dentro del gobierno y en las filas del PAN. Lo acusaron de todo, principalmente de traidor, pidiéndolo que renunciara al partido, lo cual resultó ridículo pues nunca ha pertenecido al panismo sino que es un adherente.

Otro caso similar, aunque nunca menciono a cartel alguno, es el de Javier Aguirre. El entrenador de la selección nacional de futbol dijo en España que no se quedaría en México por los grados de inseguridad y violencia que existen. De alguna manera hizo una crítica a la ineficacia gubernamental en la guerra contra el crimen organizado. Casi de inmediato hubo una rectificación del Vasco Aguirre, al parecer le jalaron las orejas de Los Pinos y tuvo que recular.

Sin embargo, con esta acción en contra del legislador sinaloense, contra el entrenador de fútbol y la campaña desplegada en todos los cuerpos diplomáticos, lo único que ha hecho el gobierno de Calderón es ponerse el saco, aceptar implícitamente que se siente responsable de no actuar en contra del cartel de Sinaloa y confirmar que en su gobierno, por lo menos, el Chapo ha tenido mucha suerte pues hasta tuvo una boda en Durango sin que lo molestaran el ejército, las policías federal, estatal y municipal.

Ulises Ruíz: un lastre electoral

Connotados priistas oaxaqueños denuncian que, en su afán de imponer al diputado Eviel Pérez Magaña como candidato a la gubernatura de Oaxaca, Ulises Ruiz está dividiendo a su partido. Su mala gestión y la cada día más probable alianza opositora pueden determinar el fin de la hegemonía del PRI en el estado y la pérdida de medio millón de votos para los comicios presidenciales de 2012.

José Gil Olmos

OAXACA, OAX, 28 de enero.- En vísperas de que se seleccionen los candidatos del Partido Revolucionario Institucional para gobernador, diputados locales y presidentes municipales en esta entidad, el mandatario Ulises Ruiz está perdiendo el control del proceso de sucesión.
No sólo eso. Ante el peligro de una derrota, Raúl Bolaños, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, senador y líder estatal priista, advierte que podría estallar una crisis más fuerte que la vivida con la rebelión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.
Por eso, subraya, ganar la elección es la tabla de salvación de Ulises Ruiz ante la posibilidad de ser enjuiciado por su manejo del movimiento social. Y en vista de que las rupturas, resentimientos y daños políticos causados en esa ocasión aún perduran en la sociedad oaxaqueña, opina que el gobierno federal y la dirigencia nacional de su partido deberían considerar las elecciones estatales como un asunto de “seguridad nacional”.
En su opinión, este proceso electoral se ha complicado, pues mientras en el PRI hay protestas y confrontaciones entre sus figuras políticas, en la oposición avanzan los acuerdos para una alianza entre el PAN, el PRD, el PT y Convergencia, con el propósito de poner fin a 80 años de hegemonía priista en Oaxaca.
En efecto, los representantes de los cuatro partidos de oposición han manifestado que están muy adelantadas las pláticas para formar una coalición electoral en varias entidades, entre ellas Oaxaca, con el fin de revertir el avance que el PRI mostró el año pasado. Y aunque no han decidido quiénes serán los candidatos, ya tienen puntos en común para lanzar una plataforma electoral única en los primeros días de febrero.
Esto puso en alerta a Ulises Ruiz, pero sobre todo le preocupan las protestas de los priistas oaxaqueños que no están de acuerdo con lo que él daba por hecho: que el diputado Eviel Pérez Magaña sería el candidato a sucederlo en la gubernatura.
José Antonio Hernández Fraguas, alcalde de la capital oaxaqueña y uno de los seis aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno estatal, dijo que si la contienda interna no es equitativa, él puede abandonar el partido.
Varios priistas reconocidos en Oaxaca acusan a Ulises Ruiz de tomar como “rehén” al partido, y a la dirigencia nacional priista, que encabeza la diputada Beatriz Paredes, de no escuchar sus reclamos de garantizar un proceso de selección transparente y democrático.
“Yo he hecho mis pronunciamientos, los he hecho del conocimiento de la dirigencia nacional del PRI para que valore, revise y escuche a otros priistas, a otros líderes de la sociedad civil oaxaqueña, porque en Oaxaca ya no vamos a aguantar otro conflicto como el de 2006”, advierte el ministro Bolaños.
Añade: “Esta elección de 2010 será muy competida, porque hay una crisis social, económica, de salud, y nuevos actores en la vida política de Oaxaca. Hay algo también muy importante: está el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la violación a las garantías individuales y derechos humanos (por parte) del gobernador Ulises Ruiz. Ante ese escenario, si el PRI quiere seguir gobernando en Oaxaca, debe ver todo escenario, valorar estos elementos y buscar el perfil de un candidato ganador, incluyente, que pueda incorporar a todas las fuerzas internas del PRI y luego a todas las fuerzas políticas”.
Entrevistado en su oficina particular, el magistrado con licencia –que solicitó ésta para competir por una candidatura– insiste en que ha exhortado a la dirigencia del PRI y a otros actores políticos locales para sumar fuerzas y buscar la reconciliación, porque no cree que Oaxaca resista otra crisis como la de 2006.
Desgraciadamente, admite, no ha tenido buena respuesta, porque el gobernador y su grupo tienen “secuestrado” al PRI estatal.
“Le dije a Beatriz Paredes que su discurso a nivel nacional en vías del triunfo en 2012, en Oaxaca sus dirigentes lo llevan por una ruta equivocada porque no es un discurso innovador, moderno, es el viejo discurso anquilosado, caciquil, autoritario, represivo, el que estamos viviendo en Oaxaca. Creo que el estado merece mejor destino”, señala.

Ulises une a la oposición...
Los partidos que contenderán en la elección del 4 de julio deben tener para febrero su lista de candidatos a gobernador, así como a 42 diputaciones y 150 presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos, de las 570 que existen. Además, hay en Oaxaca 3 mil asambleas comunitarias bajo el régimen de usos y costumbres.
La semana pasada las dirigencias nacionales del PRD y del PAN manifestaron que las pláticas para establecer coaliciones electorales en Oaxaca, Puebla, Durango e Hidalgo están muy avanzadas y que dejaron al final la selección de los candidatos para no entorpecer las negociaciones.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional perredista y encargado de negociar estos acuerdos en Oaxaca, confirma en entrevista: “La alianza va por buen camino, vamos procesándola bien tanto el órgano estatal del PAN como nosotros en el PRD. Vamos a comenzar a trabajar con el programa y la plataforma de gobierno”.
En la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PAN, César Nava, y su correligionario Javier Corral, revelaron el miércoles 20 que las negociaciones con el PRD, el PT y Convergencia estaban adelantadas, aunque aclararon que sólo apoyarán a candidatos que reconozcan la Constitución y las leyes, en un claro mensaje al senador oaxaqueño de Convergencia, Gabino Cué, quien acompañó al excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en una intensa gira por Oaxaca que duró meses.
A pesar de eso, Acosta Naranjo dijo que el siguiente paso será establecer los mecanismos para la selección de los candidatos y que hasta el final se definirían los nombres. En el caso de los aspirantes a la gubernatura, confirmó que aún no se ha elegido a nadie, aunque reconoció el peso del senador de Convergencia, Gabino Cué.
El viernes 15, en una conferencia en la ciudad de Oaxaca, Acosta Naranjo afirmó que el apoyo de López Obrador a Cué no influirá en las negociaciones, porque éstas las conducen las dirigencias nacionales de los partidos.
Pero fue Gabino Cué quien se desmarcó de López Obrador. En una entrevista publicada el viernes 22 por el diario El Universal, cumplió con la exigencia de los panistas de reconocer a Felipe Calderón como presidente de la República y precisó que no será el nombre del tabasqueño el que aparezca en las boletas electorales de Oaxaca.
Al respecto, Mario Mendoza, dirigente de Convergencia en Oaxaca, aclaró que la relación entre Cué y López Obrador es de mutuo respeto y que éste no hizo campaña a su favor, sino que lo acompañó por los 400 municipios del estado para conocer de cerca la pobreza en que viven 70% de los oaxaqueños.
“Nosotros respetamos a Andrés Manuel López Obrador, pero para la elección del candidato a gobernador estamos escuchando a los oaxaqueños que nos piden unidad, anteponer los intereses del estado, para poder derrotar al PRI”, aseguró Mendoza en entrevista telefónica.
Los avances de una alianza opositora provocaron la reacción inmediata de los priistas; el senador Manlio Fabio Beltrones la tildó de un “engendro” y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dijo que era “perversa”. Panistas y perredistas señalaron que el PRI estaba “nervioso” porque ya daba por adelantado su triunfo.
Acosta Naranjo considera que Ulises Ruiz es “uno de los gobernadores más nefastos en la historia del país”, y que para vencerlo se requiere un frente amplio opositor.
“Creemos –insiste– que es el momento de una transición a la democracia en Oaxaca, que se normalice un estado de derecho, que haya condiciones mínimas de seguridad para la participación ciudadana y que no haya encarcelamientos, persecuciones o incluso asesinatos, como ha sucedido en Oaxaca con Ulises Ruiz.”

... Y divide al PRI
Hasta finales del año pasado el gobernador Ulises Ruiz parecía tener un control absoluto del proceso de selección interno del candidato a gobernador del PRI. En un gesto de aparente competencia dio a conocer una lista de seis aspirantes, a quienes llamó “aspirinas para Oaxaca”, entre ellos al senador Adolfo Infanzón Toledo, los diputados Eviel Pérez Magaña y Jorge Franco Vargas; el presidente municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas; el secretario de Administración de Gobierno, José Antonio Estefan Garfias, y Martín Vázquez Villanueva, secretario de salud estatal.
No obstante, con el paso de las semanas, el gobernador puso a disposición del diputado Eviel Pérez Magaña la estructura de gobierno y lo ha llevado a sus giras, placeándolo como su delfín. Otros aspirantes ni siquiera figuraron entre sus seis “aspirinas”. El ministro con licencia Raúl Bolaños-Cacho Guzmán es uno de ellos y lo manifiesta claramente:
“No estoy de acuerdo con que el PRI sea rehén del grupo que está en el poder, porque todos los que hemos luchado y trabajado por el partido lo hemos mantenido más de 80 años en el poder en Oaxaca.
“Veo con tristeza que actualmente el priismo oaxaqueño se está manejando de manera excluyente, sesgada. Nosotros aspiramos a que el PRI reflexione antes de que tome una decisión política, porque la fortaleza del partido en el estado ha sido la unidad, la cohesión, la integración de todos sus cuadros, pero vemos con mucha tristeza que ahora se está viendo sólo a un priismo que ocupa el poder, que busca una ampliación, una extensión.”
–¿Qué riesgos ve usted si no se da una elección más democrática y abierta en el PRI?
–El primer riesgo que veo es una fractura. Ya están las primeras manifestaciones y no veo que haya voluntad de sumar o de integrar a todos los cuadros priistas.
También observa la posibilidad de un conflicto poselectoral que desemboque en un conflicto social e impida que el 1 de diciembre asuma la gubernatura el candidato ganador.
“Veo que el tejido social en Oaxaca está muy atomizado, fracturado. Se han polarizado las fuerzas políticas, hay mucho encono. Los oaxaqueños debemos evitar que haya un choque de trenes”, advierte.
–¿Si hay un candidato impuesto, como ya se está viendo, está en riesgo la elección para el PRI?
–Totalmente. Con un candidato impuesto no creo que ganemos la elección, independientemente de toda la estrategia que el partido tenga.
Le preocupa, igualmente, que en el partido no se evalúe adecuadamente la figura del gobernador.
“Ulises Ruiz le vende a la dirigencia nacional que es un gran operador político –explica– y con base en eso tiene toda la confiabilidad y la seguridad de la dirigencia. Pero insisto en que es muy diferente ver el escenario en Oaxaca desde las oficinas de la dirigencia nacional en el Distrito Federal que desde el estado mismo.”
–En este ambiente, lo que se ve es que Ulises está buscando una tabla de salvación, ¿no?
–¡Claro! Una salvación política, porque no creo que tenga una salvación jurídica o legal, ya que en un año Ulises Ruiz será un ciudadano común y corriente, y el destino que los tribunales nacionales e internacionales le den a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será de carácter legal.
“Creo que, si es así, se dará en un corto plazo y él debería ver las cosas a largo plazo, porque en 10 meses entrega el poder y todas las actuaciones de carácter judicial que se vengan van a durar mucho tiempo. Experiencias como la de Acteal o Aguas Blancas han durado mucho tiempo entablando demandas de los afectados contra los gobernadores de Guerrero o de Chiapas. Lo de Oaxaca, en ese sentido, va para largo.”
–¿No hay cohesión en el PRI de Oaxaca?
–Nunca había visto un gobierno priista en Oaxaca tan distanciado de todos los gobernadores anteriores. Ulises está alejado de José Murat, Diódoro Carrasco, de Heladio Ramírez, que es un activo desde la CNC... No hay un acercamiento, sino al contrario, hay una exclusión para todos ellos. Yo demandé ante la dirigencia nacional del PRI que fueran convocados estos exgobernadores para que conocieran su punto de vista, pero no ha habido respuesta.
–¿Qué significaría para el PRI perder en Oaxaca?
–Creo que sería, si no la pérdida de la corona, sí la derrota del priismo en el sureste mexicano. Creo que Guerrero ya tuvo una alternancia, también Chiapas; faltaría ver Oaxaca y Veracruz. Creo que esto influiría mucho en el desarrollo del proceso electoral de 2012. Oaxaca tiene un padrón electoral de 2 millones y aporta a la elección presidencial 500 mil votos, es decir que con una derrota en la elección de Oaxaca estaríamos perdiendo medio millón de votos para la elección presidencial.
–Decía que el estado no aguanta otra convulsión como la de 2006. ¿Usted ve que se puede presentar un problema parecido?
–Lo vería más agresivo, porque las heridas, los odios, los rencores, no se han superado. Ante este escenario veo un alto riesgo de corrientes desestabilizadoras, que eso es lo que hay que evitar.
“No es una elección simplemente política. Si en Oaxaca no se cuida el proceso electoral, de alguna manera esto puede ser el detonante de una situación mayor. Los oaxaqueños debemos cuidar que las elecciones sean blancas, que no se tiñan de rojo, es decir, que no se genere la violencia”, advierte el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.

¿Y El Chapo?

José Gil Olmos

MEXICO, D.F., 13 de enero (apro).- En un reciente artículo el diario inglés The Economist hace un análisis del combate al narcotráfico en México por parte del gobierno de Felipe Calderón, y al revisar los operativos y detenciones que han realizado, da cuenta que al grupo de El Chapo Guzmán poco se le ha tocado, dando lugar a las sospechas de que es favorecido por el gobierno del PAN.

La versión de la protección gubernamental hacia el grupo de narcotraficantes de Sinaloa comandado por El Chapo no es nueva.
Desde que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se escapó de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande Jalisco, el 21 de enero de 2001, en pleno gobierno de Fox y a los pocos días de la inspección al penal que hiciera Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta sospecha de protección oficial ha ido creciendo.
Y es que, según reportes federales, al momento de su escape se dijo que El Chapo salió de su dormitorio, cruzó la terraza, el área de gobierno, la aduana y la zona restringida hasta la zona de ingreso al penal, sin que nadie lo viera. Supuestamente salió en un vehículo que nadie revisó.
Fue tan increíble el escape que hasta un corrido le hizo Valentín Elizalde – muerto por una ejecución del narco--, en el que cuenta que hasta un avión tenía preparado para llevarlo a Sinaloa.
La buena suerte ha estado desde entonces con la familia Guzmán. En junio de 2005, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario del Distrito Federal, negó a la PGR al menos 12 órdenes de aprehensión contra igual número de familiares y amigos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ese mismo juez ordenó la liberación de Iván Archivaldo Guzmán en abril de 2008, luego de que detenido el 14 de febrero del 2005 acusado de lavado de dinero. También liberó a su prima Claudia Adriana Elenes Salazar, a quien se le imputaron diversos delitos, entre ellos narcotráfico.
A pesar de la recompensa de cinco millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos puso a la cabeza de El Chapo, el jefe del cartel de Sinaloa ha vivido relativamente en calma en estos años. Tanto que el 2 de julio de 2007 se casó en el municipio de Canelas, Durango, con una joven de 18 años, Emma Coronel Aizpuru, reina de la belleza de la región.
La boda fue todo un acontecimiento. Mucha gente lo supo, y difícilmente las autoridades hicieron algo para detenerlo. Feliz, El Chapo se casó y ha estado deambulando por diversas regiones de ese estado y en otras partes del país.
El 17de abril de 2009, el arzobispo de la arquidiócesis de Durango, Héctor González Martinez, declaró a diversos medios de esa entidad, entre ellos al diario Análisis Político, que el jefe del narco sinaloense estaba en el municipio de Guanaceví. "El Chapo vive más adelante de Guanaceví, por ahí vive, todos lo sabemos menos la autoridad", dijo.
Ha sido tan evidente el halo protector del gobierno hacia Joaquín Guzmán que, a fines del año pasado, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, denunció públicamente que el cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo, recibe protección del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
El periódico británico hace alusión a la sospecha que circula, de que el gobierno de Felipe Calderón no jala parejo en su guerra contra los grupos del narcotráfico y que algunos de ellos, incluso, estarían siendo beneficiados, el de El Chapo, principalmente.
En su artículo cita un dato revelador proporcionado por el especialista Edgardo Buscaglia, quien ha sido asesor en la ONU. Según el profesor del ITAM, el cartel encabezado por El Chapo maneja el 45 por ciento del comercio de la droga en México y sólo 941 personas detenidas de las 53 mil 174 vinculadas con el narcotráfico es gente de El Chapo.
Aún más, los golpes más fuertes al narcotráfico mexicano han sido a las organizaciones adversas al cartel de Sinaloa. Esto es, a La Familia de Michoacán, los Arellano de Baja California, los Beltrán Leya del cartel de Juárez y Los Zetas.
“En el juego de la suma de cero del comercio de la droga, una pérdida representa una ganancia para el otro”, concluye el diario inglés, al hacer una observación nítida de la idea popular mexicana de que cada gobierno tiene a su cartel favorito y que en el caso de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, El Chapo es el beneficiado.

2010, naufragio panista

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 30 de diciembre (apro).- Sin haber creado una institución que funcione en una década al frente del país, el PAN ha confirmado lo que alguna vez dijo uno de sus principales fundadores, Manuel Gómez Morín, que este partido nació para oponerse y proponer, no para gobernar. Todo parece indicar que así pasará a la historia en estas fechas memorables.
Emblemático, el año entrante el país celebra dos fechas claves para la historia nacional: el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Pero para la posteridad el 2010 podría pasar como el fracaso de la transición democrática mexicana.
Lamentablemente para el país la llegada del PAN al poder no significó ninguna transformación social, política o económica como se anhelaba tras 70 años de régimen autoritario del PRI, sino todo lo contrario, una profunda decepción.
De esta manera y aunque no ha transcurrido mucho tiempo, apenas tres años, el gobierno de Vicente Fox ya es recordado como el de la desilusión pues muchos de los que votaron por él veían la real posibilidad del cambio político e incluso se llegó a pensar en una transición radical del país mediante un gran pacto político entre todas las fuerzas y poderes.
Pero nada de esto sucedió, Fox dejó pasar una oportunidad histórica y no hubo acuerdos políticos con los poderes emergidos del PRI para cambiar el sistema sino que se reafirmaron las viejas alianzas sindicales, económicas y hasta de corrupción dando lugar a una enorme decepción entre los mexicanos.
Lo mismo ha ocurrido con Felipe Calderón quien, si no da un giro completo a su gobierno, será invocado como el presidente del fracaso pues sus principales propuestas han resultado ser eso, un enorme chasco pues no ha generado el empleo que prometió, ni establecido la paz ni la tranquilidad anhelada por millones de ciudadanos sometidos diariamente al terror del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Metido cómodamente en el papel de oposición el PAN nunca se preparó para gobernar el país. Sin cuadros políticos suficientemente capacitados, carentes de preparación y de visión para toma decisiones de largo plazo, Fox y Calderón se sentaron en la silla presidencial sólo para intentar administrar el presente.
Y con ello echaron por la borda la esperanza representada en muchos de los votos que recibieron para ganar dos veces seguidas las elecciones presidenciales. Su fracaso viene a confirmar la teoría de que llegaron al poder no por el crecimiento del su partido el PAN sino por el hartazgo de la ciudadanía o por el miedo de los grupos de poder (empresarios, iglesia católica, sindicatos, etc.) de la llegada de un presidente ajeno y opositor a sus intereses.
Los gobiernos panistas vinieron a confirmar una triste realidad para los mexicanos: que las prácticas de impunidad, corrupción, mentira y traiciones que tanto criticaban del PRI, en realidad forman parte de la cultura política nacional. O sea, que no hay diferencias entre derecha, izquierda y centro en la geometría política del país.
Confirmada esta sospecha el regreso del PRI como “un partido que si sabe gobernar” parece lo más natural para los próximos años. Ahora no importa lo que digan y critiquen de los priistas, total todos los políticos son iguales o peores porque no saben gobernar.
Bajo esta idea de “nosotros si sabemos gobernar” si el PRI gana es probable que se vean cambios en el estilo o en la forma de hacer las cosas. Una de ellas, el combate al narcotráfico.
Es posible que al recobrar el PRI el poder presidencial veamos que los niveles de violencia y las formas en que se ha expresado el poder del crimen organizado sean menos graves o evidentes que las que experimentamos actualmente. Pero no es porque los priistas vayan a acabar con el narcotráfico pues saben que es imposible ya que se trata de un problema internacional con intereses profundos en los Estados Unidos, sino que le apostaran a controlarlo y para ello no duden que lleguen a acuerdos con algunos grupos como ya lo hicieron en el pasado.
2010 plantea entonces para el país muchos retos, pero el principal sacarlo del hoyo en que se encuentra, de la crisis económica, política y social al que ha sido llevado por los gobernantes panistas en quienes se fincó la enorme ilusión del cambio o el reto de la transición pero que sólo mostraron incapacidad para gobernar.

La foto

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre (apro).- En una guerra, el manejo de las imágenes y los símbolos es fundamental, por eso no se puede tomar a la ligera la difusión de la fotografía del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva, La Muerte, con los pantalones abajo y cubierto de billetes ensangrentados.
En medio de una guerra entre dos bandos, la presentación de la imagen del cuerpo sin vida de uno de los cabecillas del crimen organizado, totalmente socavado, denigrado y humillado, representa un mensaje claro de provocación, y como tal se tienen que asumir las consecuencias.
Entre mafiosos, policías y militares, la virilidad (o el machismo) es un aspecto fundamental de respeto y hasta de autoridad.
No es gratuito que en las filas castrenses y policiales se niegue la entrada a elementos homosexuales, y a quien es descubierto con esa tendencia se le margina de inmediato. Y si bien entre los narcotraficantes esta ley no está escrita, también se aplica para todos sus integrantes.
Por eso, bajarle los pantalones al Jefe de jefes y permitir que el fotógrafo Valente Rosas, del diario El Universal, tomara (en el mismo lugar donde fue ultimado) las imágenes del cuerpo ensangrentado y deshecho, primero cubierto de joyas y luego de billetes mexicanos de alta denominación y dólares, fue una decisión de las más altas autoridades, que tomaron una actitud similar a la de su contraparte, el narcotráfico. Parecería un mensaje del narco contra el narco.
Un civil encapuchado, al frente del operativo de la Marina, fue quien permitió la entrada del fotógrafo para que tomara las imágenes en exclusiva. Nadie más que el fotógrafo de El Universal entró al lugar para registrar las imágenes del cuerpo del narcotraficante, porque a los demás fotógrafos se les impidió el paso.
Al comparar las primeras imágenes con las últimas, se nota que el cuerpo de Beltrán Leyva fue manipulado, ya que lo posicionaron sobre una sábana blanca, para hacerlo lucir de forma más grotesca, con el brazo derecho desmembrado y el otro roto en la muñeca, las piernas abiertas y los pantalones aún más abajo.
Ya muerto, le quisieron quitar la virilidad sagrada entre los narcos, policías y militares. Ya muerto, lo expusieron con dinero y joyas en el estómago, que le quitaron como si fuera un símbolo de poder arrebatado a sangre y fuego.
La distribución de la imagen a nivel internacional por parte del diario El Universal, con la firma del autor, es otra historia.
A raíz del asesinato de la familia del marino Melquisedet Angulo Córdova y de los ataques del crimen organizado en varias entidades, como reacción al asesinato de Beltrán Leyva, lo que orgullosamente mostró el diario capitalino ahora es tomado con preocupación.
La directiva y los editores nunca tomaron en cuenta los riesgos que corrían con la venta de esta imagen a todos los medios del país y el extranjero, así como a dos agencias internacionales. El fotógrafo tampoco advirtió el riesgo de firmar una fotografía que le dieron o que tomó, pensando tal vez en la fama y en los reconocimientos.
Días después del hecho, en el portal del diario apareció una serie de fotografías del operativo en Cuernavaca, Morelos, donde mataron a Beltrán Leyva, pero en lugar del nombre del fotógrafo pusieron la leyenda: “especial”, como una medida de protección. Decisión tardía, pues ya todos saben quién es el autor.
Más que informar, la difusión de la imagen del Jefe de jefes se convirtió en un acto de propaganda de uno de los bandos en guerra y busca acabar con su adversario exhibiéndolo en sus peores condiciones.
La propaganda fue gratis, pero generó ganancias al periódico El Universal. La pregunta aquí sería si vale la pena publicar esa imagen con todo y crédito, a cambio de poner en riesgo la vida de uno de sus trabajadores.
No hace mucho, el gobierno de Felipe Calderón ordenó al Ejército destruir las imágenes de la Santa Muerte que hay en todo el norte del país, en un intento por horadar la moral y la religiosidad de los narcotraficantes.
En una guerra, esta es una estrategia que se usa para vulnerar el estado de ánimo de un ejército sobre otro. Pero en el caso de México ha resultado todo lo contrario. A la Santa Muerte ahora le acompaña San Judas Tadeo y Jesús Malverde, en una especie de refortalecimiento de las imágenes santas de los narcotraficantes.
La idea de mostrar a un Beltrán Leyva socavado ha tenido una reacción contraria. La violencia se ha recrudecido, rompiendo los viejos esquemas de la mafia de no atentar contra las familias.
La publicación de la fotografía del cadáver del narcotraficante ha generado una discusión en los medios sobre la ética y el derecho a la información. Ambas cosas tienen que ver con la política que aún falta por definir en los medios, sobre todo entre los dueños, en el sentido de cómo debe cubrirse la guerra contra el narcotráfico.
Si hay que publicar o cómo hacerlo en lo que respecta a las narcomantas, los mensajes clavados en cuerpos torturados, las decapitaciones, los rostros de los niños que han sido víctimas, etc., es una discusión que apenas empieza a darse en México.
Sin embargo, la famosa foto del Jefe de jefes ha puesto en la mesa de discusión la corresponsabilidad del gobierno federal, que no puede comportarse como otro grupo del crimen organizado que utiliza los cuerpos de los narcos caídos para mandar un mensaje de terror.
Violencia genera violencia. Pero esto, al parecer, le tiene sin cuidado a Felipe Calderón, obsesionado por acabar con un problema –el narcotráfico– que llegó para quedarse, pues no es un asunto nacional, sino internacional, con intereses que rebasan todas las fronteras.

Tarjeta navideña
Pedro Miguel

Aprimer golpe de vista, la composición podía ser tomada como obra de una mente criminal: un cuerpo humano, descuartizado a balazos, con el pantalón bajado, cubierto por billetes ensangrentados cuidadosamente distribuidos sobre la piel, así como por pequeños objetos rituales.
La foto del cadáver de Arturo Beltrán Leyva y la decisión de darle extensa difusión mediática habrían podido ser tomadas –acaso lo fueron– por los operadores de un cártel rival: es la clase de escarnio que las bandas delictivas hacen del enemigo caído, como ocurre con los narcovideos que circulan en youtube o como la exhibición de los cuerpos de los hijos de Saddam Hussein, resanados con plastilina y maquillados de color rosa solferino, montada en julio de 2003 por la soldadesca gringa en el interior de una carpa inflable.
Fue un espectáculo caro: sólo por el chivatazo que permitió a los ocupantes dar con el paradero de los hermanos Hussein, en Mosul, los contribuyentes de Estados Unidos pagaron 30 millones de dólares. A eso hubo que agregarle los gastos, jamás desglosados, por la demolición de la vivienda con misiles TOW (larga vida a los accionistas de Hughes Aircraft), por el salario de los soldados que llevaron a cabo la carnicería y por la reconstrucción burlona de los cuerpos. Entre otros. Para la administración de Bush resultaba prioritario enviar un mensaje inequívoco: los dictadores insumisos a Washington serían perseguidos sin miramientos hasta en su descendencia, sin compasión ni concesión alguna, y lo que quedara de ellos quedaría sujeto a bromas de mal gusto. Más allá de plasmar la infinita vulgaridad característica de George Walker, la acción mediática fue un comunicado de terror y escarmiento.
Quién sabe cuánto nos costó, a los causantes mexicanos, la difusión de las imágenes del presunto narco abatido en Cuernavaca, pero es dudoso que el montaje haya sido una mera ocurrencia de funcionarios de bajo nivel, federales o estatales, civiles o militares, como lo insinúa el calderonato con una hipocresía monumental. El despojo mortal era un trofeo (esa palabra usó una fuente gubernamental citada antier en este diario) demasiado valioso para el gobierno federal como para permitir que un empleado de poca monta de la procuraduría morelense lo manoseara e hiciera con él composiciones perversas.
De hecho, el cadáver del capo fue estrechamente vigilado por fuerzas militares hasta que llegó a su destino final, en un panteón privado de Culiacán. Circunstancias aparte, la cuidadosa gráfica del muerto cubierto de billetes bien podría llevar, por pie de foto, así o más, haiga sido como haiga sido o cualquier otra expresión de bravuconería incivilizada.
Pero hay motivos para sospechar que no todo sea resultado de una catarsis festiva, sin duda explicable –aunque no justificable– tras los fracasos y hasta los desastres que afectan a la oficialmente llamada guerra contra la delincuencia (por cierto: ¿dónde habrá causado más regocijo la foto, generosamente reproducida por los medios afines al régimen? ¿En Los Pinos o en los escondrijos de los otros rivales de Beltrán Leyva?) Esto no habría ocurrido si no hubiera la determinación de convertir al Estado en portavoz de barbarie, de degradar a las instituciones hasta el punto de volverlas emisoras de cosas indistinguibles, en la forma y en el fondo, de los célebres narcomensajes, de enviar a la población en general, y particularmente a sus sectores más lúcidos, organizados y cívicos, telegramas de terror con este sentido: el poder público es capaz de exterminar, de brincarse todas las formas de la legalidad (una muy simple: ¿alguien ha oído hablar de una orden judicial de allanamiento o de captura que diera pie y cobertura al operativo de Cuernavaca?), de emplear todo el poder de fuego disponible contra una residencia enclavada en un condominio, de hacer maldades equivalentes a las que cometen los más malos de los malos, de solazarse y degradarse en la profanación del cadáver enemigo.
A fin de cuentas, si el gobierno tuviera intenciones reales de combatir al narco, en vez de promover combates espectaculares y cruentos, tendría que empezar por cerrar los circuitos financieros al lavado del dinero procedente de las drogas ilegales, dinero que es ya una de las tres principales fuentes de divisas para la economía nacional. Sería más barato, simple, civilizado y fructífero. Pero parece ser que el calderonato deseaba enviar al país una tarjeta navideña macabra para promover su poder corporativo, y eso hizo.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com
Fuente: La jornada

"Ni me toques"

JOSé GIL OLMOS

MEXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- Un estadio de futbol lleno es como una olla de vapor que en cualquier momento puede explotar si llega al punto de ebullición y no saca la presión que contiene. Eso lo supo Felipe Calderón el pasado 11 de noviembre en la nueva casa del equipo Santos, cuando miles de gargantas se manifestaron en su contra.
Ese día, Televisión Azteca, que trasmitía en vivo el evento deportivo, reaccionó como lo hacia Imevision en sus tiempos de gloriosa censura estatal: bajó el sonido ambiental, subió el de Calderón y el de los comentaristas para tratar de acallar la protesta social que retumbó en todo el nuevo estadio del equipo de fútbol.
Pero la rechifla monumental fue más grave de lo que se alcanzó a percibir a pesar de los intentos del gobierno y de la televisora de Salinas Pliego, pues de acuerdo con versiones de asistentes, los gritos de protesta de miles de asistentes no sólo fueron de hartazgo, sino de rabia, y el tono alcanzó los niveles de la ira y la denostación personal. Las mentadas de madre fueron lo que menos le lanzaron.
De acuerdo con esta versión, la reacción del jefe del Ejecutivo y del Estado Mayor Presidencial (EMP) fue de furia ante la incapacidad de contener los gritos y la enorme rechifla en el estadio de futbol. Frente a las cámaras de televisión, Calderón no pudo ocultar el gesto de cólera y mostró ese carácter irascible que le ha hecho fama de "político de mecha corta" desde que era líder del PAN y diputado federal.
Aunque pasó el momento de ira de los asistentes al estadio, la molestia nunca desapareció del equipo presidencial, y explotó al final.
Según versiones de quienes asistieron, cuando ya se retiraba Calderón del estadio de futbol, un joven trató de acercársele, y la reacción de los miembros del Estado Mayor Presidencial fue violenta. Se lanzaron sobre el joven, lo tomaron del cuello y lo estamparon contra la pared alzándolo en vilo.
Completamente inutilizado por los militares entrenados para proteger al jefe del Ejecutivo, el joven no podía ni hablar. La acción fue tan evidente que, de acuerdo con esta versión, Margarita Zavala se percató de lo que sucedía y pidió que soltaran de inmediato al joven.
Nervioso ante la mirada de Calderón, una vez que estuvo libre, el joven explicó que su intención era simplemente tomarse una foto con el presidente. Una foto del recuerdo.
Al escucharlo, Calderón aceptó tomarse la foto tratando de aligerar el ambiente. Pero entonces el joven tuvo un nuevo error. Al momento de acercarse al presidente quiso tomarle el hombro para dar una imagen de familiaridad a la imagen, pero en eso Calderón reaccionó con ira: "Ni me toques", espetó ante el azorado rostro del seguidor del equipo Santos.
La rabia de Calderón en esos días explotó en este gesto de rechazo hacia el joven y hacia los miles que le expresaron su repudio. Pero también en esos días lo hizo contra el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y contra los empresarios que se manifestaron contra su ley de ingresos y egresos basada en la aplicación del 2 por ciento de IVA.
Lo que en el fondo existe en el gobierno federal es un gran nerviosismo por los caminos que podría tomar la evidente inconformidad social. Porque de la desilusión, la desesperanza, la apatía y la desconfianza, se podría pasar a la protesta activa.
Por ejemplo, la sola mención de 2010 ha venido causando inquietud en el mundo gubernamental. Tan es así que, en las últimas semanas, han comenzado a difundir documentos de supuesta "inteligencia" policiaca y militar, señalando que existen posibilidades de que el año entrante podría haber una movilización armada en Chiapas y otras entidades por parte de grupos guerrilleros, como el EZLN, EPR y ERPI.
Las especies difundidas y retomadas en principio por el periódico Reforma, señalan que estos grupos se están reorganizando para realizar acciones armadas en 2010. Sin embargo, esta versión resulta hasta ridícula pues sería demasiado previsible que dichos grupos realizaran algunos actos en esas fechas y en los lugares donde más vigilancia militar y policiaca hay actualmente como en Chiapas. Esto es, menosprecian la capacidad operativa y la inteligencia de estos grupos, cuyos orígenes datan desde hace medio siglo y siguen vigentes en sus acciones.
Calderón debería tener menos enojo y más preocupación por las expresiones de hartazgo que han provocado su gobierno y el de Vicente Fox. El panismo ha mostrado su incapacidad e inmadurez para gobernar el país en la última década, ocasionando una enorme desilusión de la sociedad.
Durante estos años de gobierno, el PAN no ha creado una sola institución que funcione y que dé paso a la transición democrática. Todo lo contrario: reforzó el sistema creado por el PRI y ha creado las condiciones para que regrese al gobierno éste último partido.
La rechifla y las protestas en el nuevo estadio del Santos, más que provocar su ira, debería prenderle los focos rojos, porque no es cualquier cosa que de manera espontánea miles de gargantas al unísono se manifiesten en su contra y ratifiquen el chasco que ha resultado su administración.
Fuente: Proceso