Millonarios de Forbes, subsidiados por Sagarpa

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Diez trasnacionales agroalimentarias de la lista de Forbes y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores recibieron más de 1 mil 400 millones de pesos del erario mexicano en 2011. El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, reprueba las políticas enfocadas al sector porque benefician a los más ricos. Para la Auditoría Superior de la Federación hay ineficacia en el manejo de más de 1 mil 300 millones de pesos.

Recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos se distribuyeron a 10 trasnacionales agroalimentarias, dominantes del mercado nacional y de la economía global. Sus dueños y marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo. Listados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) muestran los nombres de Maseca, Cargill, Bachoco, Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa, Gruma, Bunge y Sabritas.

Los padrones de beneficiarios de la Sagarpa revelan que tan sólo una decena de multinacionales recibieron 1 mil 410 millones 727 mil 997 pesos en 2011. Los subsidios equivalen a 1.4 millones de veces más que la “cuota normal” correspondiente a los beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) −principal subsidio “en apoyo de la economía de los productores rurales”–, que asciende a 963 pesos por hectárea.

Datos del portal Subsidios al campo en México revelan que el municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero, recibió 17 millones 556 mil 874 pesos, durante el periodo de 1994 a 2009. Esto significa que el municipio más pobre del país obtuvo 80 veces menos, en 15 años, que lo entregado en un sólo periodo fiscal a 10 multinacionales.

Olivier De Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, recomienda al gobierno federal que “vele porque sus políticas agrarias hagan una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural” y critica la entrega de apoyos a grandes compañías.

Javier Usabiaga Arroyo, exsecretario de Agricultura y actual integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, señala que “el relator vino a hacer una investigación basada en lo que le decían, no en la vivencia de cuáles son las necesidades de nuestro país en materia alimentaria. Relaciona la alimentación del pueblo con el maíz, como si nada más comiéramos eso”.

Los 10 más ricos, subsidiados

Grupo Maseca (Gruma), propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, obtuvo 454 millones 54 mil 501 pesos, a través de los apoyos que proporciona la Sagarpa. Los recursos fueron entregados a dos de sus subsidiarias, la Compañía Nacional Almacenadora (292 millones 367 mil 772 pesos) y Molinera de México (161 millones 686 mil 729 pesos), indica el padrón de Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización.

Su dueño, Roberto González Barrera, ocupa el sitio 683 de los hombres más ricos del mundo en la lista de Forbes. En México, es el séptimo hombre más acaudalado. Su fortuna (calculada en 1 millón 900 mil millones de dólares) la ha obtenido a través de sus compañías Gruma y Grupo Financiero Banorte. La primera, perteneciente al sector agropecuario, se caracteriza por ser el “mayor fabricante de tortilla a nivel mundial”, de acuerdo con Forbes.

Bachoco, el gigante comercializador de pollo en México (como lo llama la revista), obtuvo de la Sagarpa 267 millones 169 mil 632 pesos en 2011. El informe anual 2010 de la empresa familiar del exgobernador sonorense Eduardo Bours Castelo revela que sus ventas netas ascendieron a 24 mil 715 millones de pesos en ese mismo año.

Cargill, la compañía más poderosa del sector agroalimentario a nivel mundial, obtuvo del erario 224 millones 920 mil 340 pesos. Recibe anualmente de la Secretaría, que encabeza Francisco Mayorga Castañeda, millones de pesos en apoyos para la comercialización de maíz, como lo ha documentado Contralínea desde junio de 2007. Forbes calcula la riqueza de esa trasnacional en 120 mil millones de dólares, que da empleo a más de 130 mil personas en 63 países.

Bunge, otro líder del mercado mundial, obtuvo del erario mexicano 28 millones 325 mil 338 pesos. Ésta, según el reporte Agribusiness accountability initiative, de la Conference on Corporate Power in the Global Food System, del Reino Unido, pertenece a la lista de firmas dominantes en el mundo. Su capital asciende a 1 mil 519 millones de dólares, conforme lo cálculos de Forbes.

Héctor Elías Barraza Chávez, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que estas cifras reflejan que las políticas públicas enfocadas al campo mexicano están equivocadas.

“Las políticas del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y del PAN [Partido Acción Nacional] se han dedicado a apoyar a los productores de riego, mientras que en las zonas de temporal no ha habido programas que transformen esas acciones. No son sujetos de crédito ni de fondos de aseguramiento. Los únicos apoyos que tienen son el Procampo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, que son apoyos de subsistencia”.

Exlíderes nacionales engullidos por trasnacionales

Grupo Gamesa, empresa propiedad de la trasnacional PepsiCo −una de las refresqueras más importantes del mundo, cuyas principales marcas son Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola y Quaker− es otra de las más beneficiadas por la comercialización de grano. Los “apoyos” transferidos por la Sagarpa ascendieron a 104 millones 49 mil 218 pesos.

La lista de las empresas más importantes de todo el mundo indica que la matriz de Grupo Gamesa ocupa el lugar 86 de compañías a nivel internacional. Su riqueza calculada en 102 mil millones de dólares, con ventas anuales de 57 millones de dólares.

Otra de las empresas mexicanas acaparadas por esta multinacional es Sabritas, que también figura en los padrones oficiales. Los montos otorgados a la productora de comida chatarra ascendieron a 9 millones 498 mil 769 pesos, en 2011.

Minsa, otra de las grandes compañías mexicanas, también fue beneficiada por la Sagarpa con 71 millones 31 mil 72 pesos. La compañía describe en su historia que ha sido impulsora en los cinco continentes para que granjeros de todo el mundo “hicieran su mejor esfuerzo para colocar el maíz a la cabeza de los cultivos mundiales”.

El estado financiero de Minsa indica que mantiene un “activo total” de 3 mil 96 millones 110 de pesos. Así lo muestra el reporte al 30 de septiembre de 2011, presentado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Ganadería Integral Vizur aparece en esta decena de grandes compañías beneficiadas por la Sagarpa con “apoyos” de 37 millones 853 mil 996 pesos, la cual mantiene en el mercado la marca Sukarne.

Desigualdad agraria: ONU

El Informe de misión a México, del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, indica que con más de 52 millones de personas en pobreza y 18.1 millones sin acceso a alimentación, el país carece de políticas que garanticen su acceso a ésta.

La oficina del alto comisionado afirma que actualmente hay “incoherencias entre las diversas políticas sectoriales. Algunos programas de apoyo a la producción agrícola benefician, desproporcionadamente, a los productores más ricos de la zona más rica del país, lo que incrementa, de ese modo, la desigualdad en zonas rurales, que es lo que los programas sociales, a su vez, pretenden combatir”.

Además “la liberalización del comercio agrícola puesta en marcha a mediados del decenio de 1980 y culminada en 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creó oportunidades para algunos productores agrícolas orientados a la exportación de productos básicos, mientras que la importación de determinados productos de bajo costo benefició a la industria ganadera y a los consumidores pobres.

“La liberalización paulatina del comercio agrícola también tuvo, sin embargo, un grave efecto negativo en algunos de los productores más vulnerables debido al dumping en los mercados locales de productos de Estados Unidos, con frecuencia muy subvencionados. También alentó el desarrollo de la agricultura orientada a la exportación, que suele ser menos favorable a los pobres y contribuye menos al desarrollo rural.”

Para De Schutter, una estrategia nacional de coordinación de las actividades de diversas secretarías y de adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la alimentación debería de servir para evitar esas incongruencias.

El diputado panista Javier Usabiaga explica que un estudio sobre el peligro de la seguridad alimentaria en México debe nacer de la definición de qué necesitamos los mexicanos. Cuál es el balance de lo que requerimos en proteínas, carbohidratos, etcétera, para mantener una alimentación adecuada y no una visión distorsionada de atacar la producción genéticamente modificada del maíz.

“Se distorsionó totalmente [el reporte], carece de validez y sustento. Es muy triste que vengan organismos internacionales a trabajar a México y no se empapen, no se informen de la gente que vive realmente estos procesos económicos”, critica el político panista y agroempresario.

Héctor Elías Barraza Chávez, diputado perredista en la Cámara de Diputados por el PRD, contradice la opinión del albiazul y comenta que el relator de la ONU revela la “irresponsabilidad del gobierno mexicano de no haber creado políticas públicas para apoyar al campo. El gobierno desmanteló un sistema nacional de almacenamiento, seguros y no se ha creado un sistema de abasto que sustituya a los anteriores”.

Abandono al campo: ASF

Además de las evaluaciones del relator de la ONU, la Auditoría Superior de la Federación evidencia ineficacia en las observaciones al Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que operó en 2010 con 1 mil 346 millones 359 mil 100 pesos.

El “objetivo estratégico” consiste en lograr la seguridad alimentaria, el incremento en el ingreso y el desarrollo de capacidades de las personas y familias que viven en comunidades con un alto grado de marginación.

Al no contar con los indicadores de desempeño ni con la información necesaria para medir el impacto del objetivo estratégico del PESA, respecto al incremento en el ingreso y desarrollo de capacidades de las personas y familias que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación, así como la mejora de su situación alimentaria, el máximo órgano de fiscalización se “abstuvo” de emitir dictamen.

Y es que según la auditoría de desempeño 10?0?08100?07?0062 DE?002, las personas que habitaban en comunidades de alta y muy alta marginación del país ascendieron a 17 millones 57 mil 900, de las cuales sólo 1 millón 835 se estimó como población objetivo del PESA, es decir, el 10.8 por ciento del total.

Con esto, indica la Auditoría Superior, se dejaron de atender a 1 millón 649 mil 700 habitantes de este tipo de comunidades respecto de la población objetivo. No obstante, ese año se erogaron más de 1 mil 300 millones de pesos, sin que la Sagarpa acreditara en qué medida se mejoró la situación alimentaria, el desarrollo de capacidades y el ingreso de los productores beneficiados.

Fuente: Revista Contralínea 278 / 01 abril de 2012

Sagarpa garantizará alimentos con transgénicos

La siembra de maíz transgénico “es una herramienta que México tiene que experimentar”, afirma Enrique Sánchez Cruz, titular del Senasica. En breve, esa dependencia federal podría aprobar la siembra experimental de organismos genéticamente modificados en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano. La “justificación”, según el gobierno, es garantizar el abasto de alimentos. No obstante, expertos aseguran que ésta no es la solución.

Érika Ramírez

Con el pretexto de “garantizar” la seguridad alimentaria, el gobierno federal abre las puertas a la siembra de maíz transgénico. Estudios y expertos en la materia rechazan que ésta sea la vía para que los más pobres del país tengan acceso a la alimentación.

Aunque Enrique Sánchez Cruz, titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), admite que la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) “no es la solución, no es la panacea del mundo”, afirma –en entrevista con Contralínea– que “es una herramienta que México tiene que experimentar”.

Sánchez Cruz es el encargado de vigilar la inocuidad de los alimentos que se consumen en el país. Él mismo ha estado al frente de la autorización de siembra experimental de maíz transgénico, que actualmente se lleva a cabo en Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.

También es el encargado de autorizar a las trasnacionales Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro la dispersión de OGM en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano.

En el marco de lograr la seguridad alimentaria, el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Javier Mayorga Castañeda, alertaron que, para 2012, la producción de alimentos se reducirá al 50 por ciento, por lo que activaron el programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional.

Según la nota del reportero Jorge Ramos Pérez, del diario El Universal, “la intención es generar más maíz y más trigo en la misma superficie, a través de mejorar genéticamente sus semillas y que sean más resistentes a plagas y sequías”.

La FAO alerta

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su siglas en inglés), existen ciertos peligros en la aplicación de biotecnología para la producción de alimentos. La Declaración de la FAO sobre biotecnología, publicada en marzo de 2000, indica que “tales riesgos pueden clasificarse en dos categorías fundamentales: los efectos en la salud humana y de los animales y de las consecuencias ambientales”.

El organismo mundial reconoce que “hay que actuar con precaución para reducir los riesgos de transferir toxinas de una forma de vida a otra, de crear nuevas toxinas o de transferir compuestos alergénicos de una especie a otra, lo que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas”.

No obstante, la FAO impulsa el uso de estas tecnologías bajo la justificación de que la biotecnología ofrece “instrumentos poderosos” para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias.

“Cuando se integra debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos, productos agrícolas y servicios, la biotecnología puede contribuir en gran medida a satisfacer, en el nuevo milenio, las necesidades de una población en crecimiento y cada vez más urbanizada”, indica la Declaración de la FAO sobre biotecnología.

Enrique Sánchez Cruz –titular en jefe del Senasica, que depende de la Sagarpa– dice que los experimentos que se llevan a cabo en México tienen modificaciones genéticas de maíz que son “aptas” para consumo. “Científicamente, no está probado que cause algún problema”, argumenta.

Agrega que en México, como centro de origen del maíz, no se sembrará este grano transgénico en las regiones del centro y Sur del país. “Tenemos un monitoreo de OGM operando en Tecamac, Estado de México [Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y Trigo]. No estamos trabajando a ciegas”, dice.

Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, expresa que actualmente diversas organizaciones campesinas y ecologistas están exigiendo “que se pare toda la siembra, que se evite que se pase a la siguiente fase [piloto] y se revierta la posible contaminación antes de que suceda un desastre económico de contaminación en todo el país” (Contralínea 224).

El mito de los OGM

Sánchez Cruz arguye que la tecnología de los transgénicos es una “técnica muy antigua”. Justifica que, “en otros países, se usa [desde] hace muchos años en la medicina humana y vacunas. El de las personas que viven con diabetes es transgénico”.

El funcionario de la Sagarpa ejemplifica como éxito de la siembra de OGM el cultivo de algodón y la soya, pues “se dejó de hacer por la presencia de plagas”. Ahora, dice, “con el uso de transgénicos en el algodón, hoy por hoy, hay más de 100 mil hectáreas sembradas de forma experimental y ya se comercializa el transgénico. El uso de la tecnología te da dos ventajas: solamente atacas al insecto blanco, no matas a todos los demás y, por otro lado, no afectas al medio ambiente”.

Miguel Altieri, investigador de la Universidad de California, Berkeley, asegura que “las compañías de biotecnología con frecuencia proclaman que los organismos genéticamente modificados, en especial las semillas, son un descubrimiento científico importante y necesario para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en desarrollo”.

En su ensayo “Biotecnología agrícola en el mundo en desarrollo. Mitos, riesgos y alternativas” ?publicado en la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México?, critica que los organismos internacionales apoyan esta premisa bajo el argumento de incrementar la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo.

Sin embargo, para el investigador estadunidense, uno de los factores que ha ocasionado la crisis en los alimentos es la globalización, pues “también es un factor de hambre, especialmente cuando los países en desarrollo adoptan políticas de libre comercio (bajando los aranceles y permitiendo el flujo de bienes procedentes de los países industrializados) amparados por instituciones internacionales de crédito”.

Y alerta que “la mayoría de las innovaciones tecnológicas disponibles hoy en día no toman en cuenta a los campesinos pobres, pues estos agricultores no están en capacidad de costear las semillas protegidas por patentes pertenecientes a las corporaciones de biotecnología”.

Para Sánchez Cruz, la solución a este problema se centra en que se tiene que entrenar a los productores: “Capacitarlos con toda la información que exista para que la decisión no sea de quien venga [las trasnacionales], promueva algo y el productor lo compra porque está bien promovido, no porque sea útil. Tiene que haber suficiente difusión”.

El rechazo

Ante el rechazo manifestado por organizaciones campesinas y ambientalistas, relacionado con la siembra experimental de maíz transgénico que lleva a cabo Monsanto, el servidor público se limita a decir que hay “muchas situaciones” en las que se habla de esta empresa, pero los permisos son de “quien los solicite y nos obligue a atender en el marco de la ley”.

Añade que “se está buscando que todo lo que experimente Monsanto esté autorizado para consumo… No hay ninguna modificación genética que quiera experimentar en nuestro querido México, ni esta empresa ni otras, si no está autorizada por nuestra estructura de salubridad representada por la Cofepris” (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

El interés de esto, dice, es sólo una “herramienta” que con la investigación científica arrojará qué tanto se recomienda su uso y en qué lugares o condiciones será utilizada.

“Habrá que analizar con mucho cuidado el momento en que se llegue a la fase comercial; los resultados van a depender de la región. Los promoventes quisieran que fuera mañana, pero va a ser conforme la ley lo mandata.”

En una carta dirigida a Sánchez Cruz y firmada por los representantes de la campaña Sin Maíz no Hay País ?por más de 300 organizaciones y de personas que demandaban al gobierno una política de atención al campo mexicano?, se menciona: “En el momento que vive nuestro país es urgente que el gobierno mexicano asuma una postura responsable frente a un asunto de seguridad nacional que implica a nuestro alimento básico, el maíz, y con él, la sobrevivencia de millones de campesinos y de los pueblos indígenas que desde hace miles de años han creado, reproducido y salvaguardado este patrimonio que nuestro país brindó al mundo.

“Los únicos beneficiados con la introducción de maíz transgénico a México serán las empresas trasnacionales que buscan lucrar con la riqueza genética de la nación. Se repetiría la infame historia del intercambio de oro por cuentas de vidrio.”

Monsanto, “una empresa grandota”

Monsanto, que tiene concedidas 33 hectáreas para la siembra experimental, carece de una evaluación empresarial por parte del gobierno federal. El titular del Senasica se remite a describirla como “una empresa grandota, trasnacional, internacional”.

“Hasta ahora, no hemos tenido queja de que lo que vende [semillas y plaguicidas] no sea bueno. Automáticamente se sabría.

“Lo que necesitamos garantizar es que la alimentación de la gente en el mundo sea sana e inocua. Hasta ahorita, el uso de este tipo de alimentos no se ha demostrado científicamente que haga daño y en medicinas, tampoco; al contrario, han salvado vidas. Hoy, la presión de la población te indica que se debe garantizar el abasto de alimentos en el mundo. Donde hay que trabajar mucho es en el consumidor, que debe estar enterado de lo que come”, concluye.

Los Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, correspondientes a 2009 y 2010, indican que las semillas genéticamente modificadas de Monsanto se dispersan en 33 hectáreas ubicadas en Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.

Los documentos oficiales del Senasica indican que, hasta el cierre del año pasado, Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro solicitaron al gobierno mexicano sembrar sus granos en 2 mil 171.6 hectáreas.

Marco legal de los transgénicos

El artículo 12 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) indica que corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el ejercicio de sus facultades en los siguientes casos:

I. Vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier otro organismo o producto considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con excepción de las especies silvestres y forestales reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, respectivamente, y aquéllas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas derivadas de esas leyes.

II. Animales que se consideren especies ganaderas y cualquier otro considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal, con excepción de las especies silvestres reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y aquéllas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas derivadas de esas leyes.

III. Insumos fitozoosanitarios y de nutrición animal y vegetal.

IV. Especies pesqueras y acuícolas, con excepción de aquéllas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas

V. OGM que se utilicen en la inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales.

VI. OGM que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas, fitoplasmas, y otros microorganismos, que tengan fines productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o fitozoosanitarios.

Fuente: Contralínea 229 / 17 de abril de 2011

Procampo financia “cultivos ilícitos”

El programa más importarte del sector rural, Procampo, financia “cultivos ilícitos”, revela la Auditoría Superior. Además, el máximo órgano de fiscalización y la asociación Fundar documentan subsidios a terrenos asentados en la mancha urbana y a personas que ni siquiera demuestran ser campesinos o agricultores. Mientras la política agropecuaria del calderonismo naufraga, su presupuesto para 2011 se reduce en 8 por ciento.

Érika Ramírez

El narcotráfico, considerado la principal amenaza a la seguridad de México, continúa vulnerando el esquema estrella de subisidios para el sector rural. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubre que el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) aún no logra depurar su padrón, pues tan sólo en 2009 se detectaron 18 financiamientos a terrenos que cultivan drogas.

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, indica que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) canceló 18 predios en los que se detectó la siembra de “cultivo ilícito”.

“La entidad fiscalizada informó que durante el ejercicio de 2009 se dieron de baja 3 mil 580 predios por diversos motivos, entre ellos, porque el productor no sembró el predio, no sembró la superficie completa declarada en su Formato de Solicitud de Apoyo Continua, proporcionó información falsa, no acreditó la posesión del predio y en un porcentaje mínimo (18 casos) sembró un cultivo ilícito, entre otras causales.”

Los focos de alarma en la Sagarpa se han prendido a tal punto que, de acuerdo con la ASF, en las Reglas de Operación del Procampo “se adiciona la condicionante de sembrar cultivos lícitos”.

Para el órgano de fiscalización, esta nueva condición “incrementa el número de requisitos improbables, salvo que haya denuncia de autoridad competente y se dé inicio al Procedimiento Administrativo de Cancelación, por lo que el apoyo rompe el vínculo que las reglas establecen respecto de la relación predio-productor-apoyo para convertirlo en apoyo-propietario”.

El programa más importante, disminuido

En la fiscalización de más de 11 mil 800 millones de pesos del Procampo, la ASF también detectó irregularidades en la distribución de los recursos del proyecto federal más importante para el sector rural: duplicidad de padrones, pagos en demasía, asignación de apoyos a terrenos asentados en la mancha urbana y la entrega de recursos a personas que ni siquiera se encuentran en el padrón.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, desde 2007, la ineficacia de este programa, pues los apoyos que deberían asignarse principalmente a productores de autoconsumo son destinados a las grandes agroempresas.

Muestra de ello es que Tamaulipas –uno de los estados con mayores condiciones de bienestar en materia productiva– ocupa el primer lugar en la asignación de recursos, más de 14 mil millones de pesos, desde que inició el programa en 1994 hasta 2009, indica la plataforma electrónica Subsidios al Campo en México, elaborada por la asociación civil Fundar, Centro de Investigación y Análisis.

La Auditoría Financiera y de Cumplimiento –folio 09-0-08F00-02-0356–, realizada por la ASF, destaca que el Procampo es el programa más importante de la Sagarpa, pues ocupa el 30 por ciento del total del presupuesto asignado a la dependencia.

Tan sólo en 2009, de los 54 mil 161 millones 322 mil pesos que ejerció la Secretaría que encabeza el agroempresario jalisciense Francisco Javier Mayorga Castañeda, 14 mil 546 millones 458 mil 800 pesos se destinaron al Procampo.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, la Sagarpa disminuyó este año a 22 por ciento del total de recursos que ocupa la dependencia, ya que en este ciclo fiscal la Sagarpa obtuvo 73 mil 821 millones 342 mil 964 pesos, de los cuales al Procampo se les destinan 16 mil 365 millones 600 mil pesos.

El desglose que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que el Procampo fue etiquetado con los montos Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: Procampo para Vivir Mejor, por 13 mil 930 millones 600 mil pesos, y las ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados, por 2 mil 435 millones de pesos.

Inconsistencias del Procampo

Según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, el Procampo tiene inconsistencias en el empadronamiento de los beneficiarios. El documento de la ASF indica que existen unos 18 mil 23 productores que tienen más de un folio registrado en el padrón de beneficiarios; como consecuencia se “dificulta la consolidación de pagos por productor y la transparencia de la base de datos”.

La auditoría de cumplimiento señala que el Programa General Operativo establece el uso del “folio del productor y el mecanismo para su obtención”. Sin embargo –amén de que más de 18 mil productores aparecen dos o más veces como subsidiados–, se destaca que los apoyos se entregan sin que se presente Registro Federal de Contribuyentes, credencial del Instituto Federal Electoral, Clave Única de Registro de Población y sin que siquiera se asiente la fecha de nacimiento del beneficiario.

Asimismo, “las Reglas de Operación del Procampo no contemplan un único control sobre cada uno de los productores que reciben apoyo a través de ese programa”, dice el informe presentado ante el Congreso de la Unión por Juan Manuel Portal Martínez.

En el Padrón de Beneficiarios del Procampo correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2009, en Tamaulipas, se observa la presencia múltiple de algunos agroempresarios. Como ejemplos, 5H Buena Vista, que aparece nueve veces en la lista con un importe de 674 mil 911 pesos cada una; Agaves Supremos, 144 mil 835 pesos, con tres asignaturas, y Agave Río Mante, empresa a la que se le apoyó con 69 mil 518 pesos mediante cuatro registros, entre otros.

Terrenos en mancha urbana

Además, el documento muestra que con la toma de imágenes satelitales, remitidas por la Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ?organismo de la Sagarpa encargado de operar el Procampo? se observó que existen 2 mil 173 “predios invadidos por la mancha urbana en diversos estados de la República”.

Ante estas observaciones, la Sagarpa “únicamente proporcionó evidencia de los trabajos de verificación efectuados en 152 predios por 313.4 hectáreas, de los cuales determinó que 95 eran irregulares y 57, regulares; en el caso de los predios irregulares, en su mayoría se autoexcluyeron”, indica la ASF.

La dependencia también informó al máximo órgano de fiscalización del país que en 2009 se dieron de baja 3 mil 580 predios por diversos motivos: “El productor no sembró el predio, no sembró la superficie completa declarada en su Formato de Solicitud de Apoyo Continua (Forsa), proporcionó información falsa en su Forsa, no acreditó la posesión del predio y en un porcentaje mínimo (18 casos) sembró un cultivo ilícito, entre otras causales”.

Pagos en demasía

Otra de las observaciones que hace la Auditoría a la dependencia encargada de atender a uno de los sectores más vulnerables del país es que se registraron “pagos en demasía”: 6 millones 885 mil 100 pesos a 264 productores respecto del “monto máximo” de apoyo que corresponde a 100 mil pesos, según lo establecido en las Reglas de Operación.

La Sagarpa trató de justificar este hecho al informar que, en 157 casos, los productores devolvieron 2 millones 841 mil 500 pesos, a través del oficio FOO.5.1.00/12588/2010, del 23 de septiembre de 2010. Sin embargo, dice la ASF, “no se proporcionó la correlación existente entre las devoluciones obtenidas con los enteros a la Tesorería de la Federación”.

Como parámetro de lo indicado por el informe de la Cuenta Pública, el Padrón de Beneficiarios del Procampo correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2009 muestra que los productores que mayores apoyos recibieron en esa entidad son Cavazos Cárdenas, 1 millón 25 mil 595 pesos; el Guajillo, 963 mil pesos; Juan Valentín Amador Vargas y Copropietarios, 840 mil 508 pesos; Rancho Betty, 661 mil 581 pesos; Culcám, 651 mil 850, y Barrera González y Hermanos, 631 mil 410 pesos.

En otros 95 casos, la ASF determinó que se efectuaron “pagos en exceso” por 1 millón 424 mil 800 pesos, toda vez que la superficie de los predios excedió las 100 hectáreas y se rebasó el monto máximo de apoyo de 100 mil pesos.

Pagos en exceso por hectáreas

Además, el máximo órgano de fiscalización revisó 29 expedientes de productores beneficiarios del Procampo, ubicados en los distritos de desarrollo rural 03 y 04 de Querétaro, los mismos a los que se otorgaron 506 mil pesos y detectó que, en dos de los casos, “la documentación es insuficiente para avalar la posesión legal de los predios y, en un caso, no se encuentra actualizado el nombre del propietario en la base de datos de los beneficiarios del Procampo”.

“En cuanto a la documentación con la que se acreditó la posesión derivada de los predios, se determinó que cuatro contratos de arrendamiento y dos contratos de usufructo proporcionados por el CADER no se encontraban vigentes para el ciclo agrícola primavera-verano 2009”, dice el informe.

La evaluación del Banco Mundial y el BID indica que “tanto la cobertura del Procampo como los montos transferidos son menores para los productores de autoconsumo que para otros grupos. Nuevamente, dicha distribución no tiene fundamentos en los objetivos del programa. Tanto Procampo como Oportunidades propician la inversión productiva en grupos sin acceso al crédito”.

José Narro Céspedes, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática, urge a que se haga una revisión del Procampo, ya que éste es uno de los más importantes para las familias que subsisten de la agricultura de consumo, y “el Procampo debe estar ubicado sólo en una agricultura campesina y no a la comercial, ya que no requiere este tipo de apoyos”.

Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, agrega: “Nosotros siempre hemos insistido en la depuración del padrón, pero siempre y cuando estén dentro de las reglas del Programa”.

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

Campo mexicano, desamparado ante contingencias

Sin mecanismos de control ni padrones autorizados, la Sagarpa desembolsa más de 600 millones de pesos correspondientes al Programa de Protección al Patrimonio del Sector Rural, destinado al aseguramiento de tierras de temporal y ganado luego de una catástrofe climatológica, revela el informe de 2009 elaborado por la Auditoría Superior.

Érika Ramírez

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reprueba las acciones que emprende a favor de la Protección al Patrimonio del Sector Rural, ya que carece de mecanismos de control y operatividad suficientes en el manejo de más de 600 millones de pesos asignados para el aseguramiento de siembras y ganado.

Así lo indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, bajo el documento con folio 09-0-08100-07-1112, que realizó una auditoría de desempeño en el desembolso de 616 millones 556 mil 800 pesos.

Del informe se desprende que, en ese año fiscal, la Sagarpa transfirió recursos federales a 16 gobiernos estatales para la contratación de seguros agrícolas y pecuarios catastróficos. De éstos, tres estatales no remitieron a la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda los padrones de beneficiarios correspondientes.

En dos de los casos, la Sagarpa desconoce el motivo por el cual no le fueron entregadas las listas de los beneficiarios, conforme lo marcan las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría. Sin especificar el nombre de las entidades señaladas, en otro de los casos indica que no hubo necesidad de cobrar la indemnización que otorgaba el seguro ante la ausencia de contingencias climatológicas en 2009.

No obstante, en el resto de las asignaturas –13 estados de la República–, la Sagarpa “careció de la información relevante, suficiente, pertinente y competente para determinar la población objetivo del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)”, dice el informe de la ASF.

La crítica

Además, el organismo al mando de Juan Manuel Portal Martínez indica que no pudo validarse la efectividad en la aplicación de los recursos entre los beneficiarios, luego de que los resultados de las encuestas realizadas para este fin corresponden a 2008, los mismos que la Sagarpa utiliza en el siguiente año de ejercicio.

El informe es contundente. Indica que la Secretaría encargada de atender los problemas del sector agropecuario “carece de criterios o lineamientos documentados que especifiquen las acciones que se deben considerar para determinar la reincorporación de los productores a su actividad productiva y que permitan establecer los parámetros para determinar el menor tiempo posible para la reincorporación a su actividad”.

Otra de las observaciones realizadas por la ASF es que las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa “no contienen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo para la contratación del Seguro Agrícola y Pecuario Catastrófico; no describen el mecanismo de selección o asignación de los apoyos; no establecen los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite, ni la forma para realizar el trámite”.

Y es que, en 2009, las Reglas de Operación presentaron “diferencias” en los apartados que indican las características de los apoyos y la población objetivo. “No existen referentes homogéneos para garantizar la interpretación unívoca de las reglas de operación” para que la Sagarpa disponga de información suficiente con el fin verificar que los recursos federales son destinados a las personas que cumplen “cabalmente” con los requisitos del programa.

La ASF asevera que la Sagarpa “no acreditó haber ejercido las atribuciones de coordinación, supervisión, evaluación y seguimiento a las acciones de fomento y apoyo a los fondos de aseguramiento y de fomento a los organismos integradores”. Por lo que solicitó que el Órgano Interno de Control en la dependencia lleve acciones que le permitan solventar esta observación. Lo anterior mereció documentarse a través del documento DGADGF/038/2011 del 11 de enero de 2011.

Estados, sin garantía

La ASF también observa que la Sagarpa carece de la normativa necesaria para establecer “las atribuciones, responsabilidades, actividades, procedimientos, lineamientos y criterios utilizados para la validación y autorización de la superficie y unidades animal remitidas por los gobiernos para el otorgamiento de apoyo para la contratación del seguro agrícola y pecuario catastrófico”.

De lo anterior, se llevaron a cabo 19 acuerdos por parte de la comisión dictaminadora del PACC, quien autorizó otorgar el apoyo a las solicitudes presentadas para la contratación de 19 seguros catastróficos, 16 para actividades agrícolas y tres a pecuarias, por un total de 3 millones 114 mil 700 hectáreas y 601 mil 800 unidades animal.

Mediante otras siete solicitudes de adhesión, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán se incorporaron a la cobertura de aseguramiento contratado directamente por la Sagarpa, por un total de 887 mil 100 hectáreas y 73 mil 300 miles de unidades animal.

Sin embargo, la Sagarpa tampoco previó establecer mecanismos de control para verificar a los productores beneficiados con las indemnizaciones pagadas por las compañías aseguradoras a los gobiernos estatales.

Se solicitó entrevista con el titular de la Sagarpa a través de su director de Comunicación Social, Martín Guardián Abundes, sin que al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.

Riesgos naturales y biológicos, la “justificación”

La asignación de recursos para el aseguramiento de las actividades agropecuarias se debe a que éstas “están expuestas a riesgos naturales y biológicos, como el caso de sequías, heladas, inundaciones, granizadas, plagas, entre otros. Fenómenos más frecuentes entre los agricultores de áreas de temporal.

“Las pérdidas de las cosechas y hatos ganaderos repercuten en el ingreso y patrimonio de los productores afectados. Cuando las pérdidas por siniestros abarcan regiones extensas, sus efectos pueden representar presiones al alza de los precios de los alimentos, escasez o especulación”, dice el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.

La ASF arguye que la oferta agropecuaria disminuida y su carácter cíclico “impactan el índice de precios al consumidor y, en esa medida, se constituyen en presiones inflacionarias sobre el conjunto de la economía y en amenaza latente para los equilibrios macroeconómicos”.

[TEXTO PARA TWITTER: Corrupción y dispendio en el programa de la Sagarpa para “asegurar” campo mexicano; 600 MDP, sin control]

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

Mayorga, en la mira de la ASF

El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda se encuentra en la mira del máximo órgano de fiscalización del país por cobrar subsidios del Procampo en su calidad de empresario y titular de la Secretaría de Agricultura. El funcionario deberá justificar documentalmente ante la Auditoría Superior de la Federación su conducta o, de lo contrario, devolver los recursos públicos. Otros 576 de sus subordinados se encuentran en la misma situación. Legisladores piden a la autoridad fiscalizadora que presente denuncias penales por este hecho, denunciado por Contralínea desde octubre de 2009

Érika Ramírez

Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), deberá devolver los subsidios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), obtenidos en su dualidad de empresario y servidor público, de no justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la obtención de más de 31 mil pesos durante el ciclo primavera-verano 2009.

No obstante, el titular de la dependencia y su familia se han allegado de más de 14 millones de pesos del erario a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada, como lo reveló Contralínea en octubre y noviembre de 2009.

En la misma situación de Mayorga Castañeda, se encuentran otros 576 empleados del Estado que operan en la dependencia y cobran los subsidios como productores agrícolas.

Así lo indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la ASF. El documento indica que de no justificarse la entrega de los “apoyos” a los funcionarios, la Auditoría Superior procederá a recuperar 5 millones 663 mil pesos.

El máximo órgano de fiscalización del país –encabezado por Juan Manuel Portal Martínez– advierte que los servidores públicos contravienen las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

El perredista José Narro Céspedes, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, asegura que la ASF debe avanzar e instrumentar demandas penales porque se está recibiendo un pago indebido”.

Correligionaria de Mayorga Castañeda, la diputada panista Dora Evelyn Trigueras Durón sale en defensa del secretario de Estado, pues dice que “es uno de los mejores que ha habido en la Sagarpa; antes de ser funcionario, era empresario”.

Los Mayorga, subsidiados en 2009

De acuerdo con el Padrón de Beneficiarios Ciclo Primavera Verano 2009- Procampo Tradicional, Registro Alterno y Capitaliza (el más reciente, actualizado en el portal de internet de la Secretaría), Francisco Javier Mayorga Castañeda fue apoyado en ese periodo con 31 mil 779 pesos por la dependencia que él mismo encabeza.

El también director de Industrias Melder y Semillas Caloro aparece como subsidiado, al igual que su hermana Luz Teresa Mayorga Castañeda, por la siembra de maíz blanco y amarillo en Ameca, Jalisco, de donde son oriundos.

El programa operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –órgano dependiente de la Sagarpa– indica que Luz Teresa Mayorga Castañeda obtuvo en ese mismo ciclo agrícola 26 mil 964 pesos.

Las reglas de operación

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 cita las Reglas de Operación de la Sagarpa para puntualizar las faltas cometidas por los 576 servidores públicos que aparecen en las listas del Procampo.

En su artículo 6 se establece que “…bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes Reglas de Operación los servidores públicos de la Secretaría, de los agentes Técnicos o las secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA) o sus equivalentes de las entidades federativas o de los municipios.

“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios [...] deberán excusarse de intervenir.

“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la Secretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren estas Reglas”, de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes al momento de realizar la auditoría.

El diputado perredista Narro Céspedes critica: “Por ética y norma, los servidores públicos deben abstenerse de cobrar el Procampo, aunque tengan tierras y sean campesinos. Es claro que esto se presta al tráfico de influencias y cosas totalmente ilegales”.

La secretaria de la Comisión de Agricultura, Trigueras Durón, dice que si la ley pide que renuncie a los apoyos del Procampo, “que se aplique”.

Los otros apoyos

El 4 de octubre y el 1 de noviembre de 2009, Contralínea documentó que el secretario Francisco Mayorga y su familia han sido beneficiarios del Procampo, a pesar de que el político ha encabezado la Secretaría en dos periodos.

De los montos publicados por la Sagarpa, se evidenció la entrega de 507 mil 573 pesos, recibidos en total de 2000 a 2008. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.

El Padrón de Beneficiarios del Procampo revela que, junto con Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.

El capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

Además, el secretario de Estado ha sabido allegarse de otros recursos públicos por más de 14 millones de pesos: por la entrega de apoyos, contratación de asesorías y sueldos como servidor público (Contralínea 155).

El dictamen de la ASF

Con base en las Reglas de Operación de la Sagarpa, la ASF auditó el programa social más importante en el agro mexicano: Procampo. Resultado de las investigaciones, se derivó que en el padrón de beneficiarios hay adscritos 577 servidores públicos que cobran subsidios.

De estas acciones, el máximo órgano de fiscalización del país solicitó información al respecto de los subsidios cobrados por los funcionarios. A través del oficio F00.5.2.01/093/2010 del 25 de noviembre de 2010, el director de Seguimiento Operativo de Aserca informó que de los 577 servidores públicos de la Sagarpa, sólo 35 se encuentran directamente involucrados en la dictaminación del apoyo de Procampo por ocupar una jefatura, “dado que una vez validada la pertinencia documental, el productor llena el formato de solicitud de apoyo, firma la solicitud y la entrega al Cader (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) que acusa de recibido y entrega una copia de ésta al productor. Al final de la jornada diaria, el jefe del Cader revisa las solicitudes y dictamina su procedencia con la clave P000”.

No obstante, la ASF no quedó satisfecha con la respuesta oficial, pues asentó en el informe que la Sagarpa “no demostró las gestiones realizadas para sancionar a los servidores públicos o recuperar los recursos otorgados”.

Por lo anterior, la entidad fiscalizadora solicitó que Aserca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5 millones 663 mil pesos que se otorgaron en el ejercicio fiscal de 2009 a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios del Procampo.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, advierte, “la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”.

Además, solicitó al Órgano Interno de Control en la Sagarpa que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, durante 2009, obtuvieron beneficios por apoyos del Procampo”.

Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, reprueba las acciones de los servidores públicos subsidiados por el Procampo, por lo que dice, “es urgente que se depure el padrón. Quienes tienen una responsabilidad pública, por naturaleza de su función, por ética debieran estar retirados de los apoyos”.

Fuente: Contralínea 226 / 27 de marzo de 2011

Calderón venderá muy cara su derrota

Álvaro Cepeda Neri *

Calderón es otro presidente del montón, un político sobrante y de una gran perversidad para la maniobra politiquera. Carlos Castillo describió en una carta sus adicciones (la alcohólica que ya es del dominio público, porque hizo un escándalo mayúsculo cuando diputados del Partido del Trabajo, PT, exhibieron una manta señalándolo como tal y presionó a un concesionario para que le rescindiera el contrato a la comunicadora Carmen Aristegui, la cual fue repuesta en su noticiero ante el clamor de gran parte de la opinión pública reprobando la conducta de Calderón). Y puntualizó sus mañas para “hacer política”, en un análisis psicológico, político, bastante objetivo y válido.

Ese Calderón lleva cuatro años en el poder presidencial al estilo de Victoriano Huerta: militarismo y alcoholismo, sin importarle la conducción del gobierno federal que tiene en manos de sus amigos, sus intereses creados y la ineficacia al grado de que federalmente la Nación sigue caminando en el filo de una crisis económica, social y política, a cuyos lados están las revueltas por hambre y desempleo como encarecimiento de los alimentos, y por otra parte un endurecimiento autoritarios para que las élites plutocráticas y las oligarquías se mantengan en el poder. En ese contexto, Calderón está moviendo sus hilos para impedir la victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las presidenciales y hacer que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) del chuchismo impongan al “candidato-ciudadano” que pregona.

Se apresta a vender muy cara su derrota. Deja a un país con un guardadito de 130 mil millones de dólares, que no utiliza en inversiones para el empleo, mientras los mexicanos sufren desempleo y bajo consumo que repercute en mala alimentación, enfermedades y con tan bajos salarios, que los que reciben de uno a tres de ellos, no les alcanza para satisfacer sus mínimas necesidades. La enseñanza escolar pública es un desastre, porque Calderón la dejó en manos del inepto Lujambio y la prepotente Elba Esther Gordillo. Las políticas públicas hacendarias sólo espían las cuentas bancarias, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (tiene en la mira a Peña Nieto como candidato del PRI para luego exhibirlo de corrupto); y en economía el señor Ferrari no sabe qué hacer con el desastre de la producción agrícola que la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reporta como acabada por las heladas.

Le resta a Calderón maniobrar para impedir que el PRI siga posicionándose; y negociar con Manuel Camacho, Los Chuchos y Ebrard un candidato para PAN-PRD que sea de conveniencia calderonista, para emprender la huída ante la avalancha de demandas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos (lo que hace anunciar un golpismo). Mientras Washington sigue presionando y traficando con armas para los delincuentes, Calderón se entretiene en dejar sucesor que no sea panista ni perredista y mucho menos priista; y está dispuesto a crear más caos en medio de un relajamiento institucional, una violencia sangrienta imparable y el desastre económico. Pero Calderón, como Gadafi, no se va del poder hasta abusar de él para sus perversidades político-electorales.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Monsanto, a la cabeza en la siembra de maíz transgénico en México

La trasnacional Monsanto es la principal permisionaria del gobierno federal para la siembra de maíz genéticamente modificado. A dos años de la liberación de las concesiones, las agroindustrias experimentarían en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano. Al menos 10 especies de maíz criollo se encuentran amenazadas, pues su lugar de origen es el mismo donde ha sido autorizada la siembra experimental. Además de Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro acaparan los permisos para esas pruebas.

Érika Ramírez

Monsanto se erige como el principal permisionario para la siembra de maíz transgénico en el país. La trasnacional de capital estadunidense experimenta en más de 33 hectáreas de suelo mexicano. Además, sus patentes son distribuidas a través de otras comercializadoras extranjeras, lo que la convierte en el monopolio del transgénico, según especialistas.

Los informes Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas, correspondientes a 2009 y 2010, indican que las semillas genéticamente modificadas de Monsanto, así como de Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro, se dispersan en tierras de Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.

En esta última entidad es donde se concentra el mayor número de solicitudes. Ahí, también permanecen unas 10 razas o variedades de maíz originario. En tanto que el principal productor de maíz, Sinaloa, es el estado en el que más siembras se han registrado. Los documentos oficiales indican que, hasta el cierre del año pasado, las cuatro compañías han pedido al gobierno mexicano sembrar sus granos en 2 mil 171.6 hectáreas.

De acuerdo con los listados de la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados –oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– del 9 de marzo de 2009 al 16 de diciembre pasado, las multinacionales han realizado 110 solicitudes.

Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, dice que el incremento de solicitudes y siembras por año “es muy grave. Estamos exigiendo que se pare toda la siembra, que se evite que se pase a la siguiente fase y se revierta la posible contaminación antes de que suceda un desastre económico de contaminación en todo el país”.

Sonora, en riesgo de contaminación

Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Elotes Occidentales y otras seis variedades más de maíz crecen en los valles Yaqui y Mayo, en Sonora y Sinaloa­, respectivamente. Ahí es donde las multinacionales han solicitado más espacio para esparcir sus granos experimentales.

Los documentos oficiales indican que la Sagarpa tiene solicitadas 978.62 hectáreas para experimentación transgénica en tierras sonorenses, de las que se han concedido 8.29 hectáreas. De autorizarse esta superficie, al terminar este año fiscal el estado sería el de mayor presencia de organismos genéticamente modificados (OGM).

Le siguen Coahuila y Durango, con 434.94 hectáreas en petición, sin que hasta el término de 2010 se hayan concedido los permisos. Tamaulipas es el cuarto estado más demandado, con 281.14 hectáreas pedidas, de las que se han concedido 1.53 hectáreas.

Sinaloa, el principal productor de maíz blanco en México, es el quinto estado de la República respecto del número de solicitudes: 261.42 hectáreas. Éste es el que más concesiones tiene: 26.06 hectáreas. Nayarit ocupa el último lugar de los seis estados en los que se han sembrado OGM, con 120.58 hectáreas solicitadas, de las que se han asignado 0.14 hectáreas.

Vicente Tello asegura que el principal problema es la contaminación del territorio mexicano como centro de origen del maíz. “Estas siembras experimentales no están cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad. Se difunde el maíz transgénico por todo el país y después ya no hay control”.

La edición “Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres”, de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que el país es “megadiverso, multicultural y centro de origen de domesticación y diversificación genética de 15.4 por ciento de todas las empresas que constituyen el sistema alimentario mundial. Esto se debe a la persistencia de los sistemas agrícolas tradicionales donde se cultiva el genoplasma nativo, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.

La presencia de Monsanto

Monsanto –fabricante del agente naranja (herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación)– acapara el 80 por ciento de las solicitudes de experimentación realizadas ante la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados.

Sus “eventos” (como se les llama a los experimentos MON-89Ø34-3, MON-88Ø17-3, MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6 y MON-ØØØ21-9) se dispersan a través de las otras trasnacionales que han pedido formalmente la solicitud de siembra ante la Sagarpa.

De manera formal, Monsanto es la número dos en realizar solicitudes. Con 38 peticiones, la compañía originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, se ubica por debajo de PHI México –empresa de DuPont y subsidiaria de Pioneer Hi bred, Int­–, que ha realizado 45 trámites. Sin embargo, entre las semillas que siembran PHI y las otras trasnacionales se encuentran las de Monsanto.

Dow AgroSciences es la tercera en importancia, pues ha documentado su interés por experimentar con OGM en México a través de 18 eventos. Finalmente, Syngenta Agro lleva 10 solicitudes ante las oficinas de la Sagarpa.

Monsanto tiene presencia en 88 de los 110 trámites, según muestran a detalle los Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas, correspondientes a 2009 y 2010. No hay empresa que no promueva el agente MON.

“El gobierno mexicano está abriéndole la puerta a un monopolio en algo tan sensible como es la semilla. Tendría esta empresa el control absoluto de las semillas en México si se está permitiendo la siembra y luego se pasa a la siguiente fase, que es la piloto. Llegar a esta fase, sería el paso previo para la etapa comercial”, dice Adelita San Vicente Tello, representante de la asociación civil Semillas de Vida.

En peligro, maíz de origen mexicano: especialistas

Desde el 11 de mayo de 2009, los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Antonio Turrent Fernández, Ramón Garza García y Alejandro Espinosa Calderón se dirigieron a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria para advertir que las siembras experimentales de MON-00603-6 (tolerante al herbicida glifosato) corrían el riesgo de contaminar el maíz de la zona.

La misiva indica que, entre los factores que se han omitido en la siembra experimental, se encuentran “la ubicación geográfica de los parientes silvestres del maíz (teocintle y Tripsacum); la persistencia del mejoramiento genético autóctono que usa la vía ‘semilla-polen’ para sus cruzamientos y dispersión de alelos en sus poblaciones, y el valor inapreciable de la diversidad genética del maíz nativo in vivo, insustituible por su versión conservada in situ y/o ex situ”.

Exponen a las autoridades de la Sagarpa que la dispersión geográfica, con altas frecuencias de teocintle y de varias especies de Tripsacum “interferirían con el escalamiento a nivel comercial del evento MON 00603-6… Por esta vía, los transgenes de tolerancia a ciertos herbicidas pasarían al teocintle”.

Además, observan que “el teocintle, que es considerado maleza en el monocultivo de maíz del Altiplano de México, podrá transformarse en una supermaleza como resultado de su interacción genética con el maíz transgénico tolerante al glifosato o indirectamente, a través de su interacción con el maíz nativo”.

Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec), asegura que además de las afectaciones a las siembras nativas, habrá impactos negativos en la economía de los campesinos. “El gobierno mexicano no entiende que hay que respetar la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados; sigue tomando decisiones en función de la presión y chantaje de Monsanto y las trasnacionales”.

El representante de la Anec expone que en caso de contaminarse el maíz blanco que se produce actualmente, “se depreciarían a maíz de uso forrajero o industrial alrededor de 30 dólares por tonelada. Hoy mismo vemos cómo el maíz blanco es un bien escaso y si no lo produce México, no hay en todo el mundo. Esto significaría una pérdida económica de alrededor de 300 millones de dólares por año, tan sólo por la depreciación de maíz en 10 millones de toneladas que entran al mercado”.

Fuente: Contralínea 224 / 13 de marzo de 2011

México esta enfermo

• Continúa gira por Edomex; llama a Encinas candidato "idóneo"

Exhorta AMLO a no dejarse "apantallar" por adversarios

Critica a líderes de izquierda que ven en las alianzas la forma de colocarse

Huixquilucan, Méx., 6 de febrero. Andrés Manuel López Obrador llamó a sus correligionarios a no dejarse "apantallar" por adversarios que sería complicado enfrentar si tuvieran principios y honestidad, pero al ser una partida de rufianes y gente sin escrúpulos, hay la certeza de ganar la gubernatura del estado de México el 3 de julio por el camino de la izquierda unificada y con Alejandro Encinas como candidato "idóneo".

El ex candidato presidencial continuó este domingo su Gira por la Lealtad en territorio mexiquense, y visitó este municipio en compañía de Encinas, quien dijo que la izquierda no debe desdibujarse en una alianza con el panismo, sino unirse para estar en condiciones de ganar.

Ante más de 600 simpatizantes, López Obrador afirmó que la mayoría de los 35 mil asesinados de la "absurda guerra" calderonista contra el crimen organizado son jóvenes que adoptaron conductas antisociales porque el gobierno les cerró las puertas del trabajo y las oportunidades de estudio.

"No olvidemos que Carlos Salinas reformó el artículo tercero constitucional para reducir la gratuidad al nivel básico y dejar al mercado la educación media superior y superior, por lo que ahora son rechazados anualmente 300 mil jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas", expresó.

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• A la empresa aún no le renuevan sus concesiones radiofónicas

Despide MVS a Carmen Aristegui por "transgredir el código de ética"

Hablar de la manta que presentaron los legisladores, el presunto motivo

MVS noticias informó ayer a su personal de redacción, mediante correos electrónicos enviados a partir de las 18 horas, que la periodista Carmen Aristegui "transgredió el código de ética de la empresa, por lo que se decidió dar por terminada la relación laboral que se tenía con ella".

En el comunicado interno, MVS no específicó el motivo o la causa, ni dio mayores detalles, ni precisó la fecha de finalización del contrato; sin embargo, a partir de ayer en la noche, en la página web de MVS se eliminó cualquier referencia a Carmen Aristegui.

Anoche ya no figuraba en la programación el noticiero Primera Edición de 6 a 10 de la mañana que ella conducía, sólo se anunciaban la segunda y tercera ediciones. Tampoco se encontraban los banners que anunciaban su espacio.

Mediante Twitter, Kirén Miret, productora del noticiero que conducía Aristegui, confirmó la noticia: "Carmen Aristegui sale del aire en MVS. Supongo que lo explicará cuando lo considere pertinente".

La salida de Carmen Aristegui de MVS ocurre tres días después de que en el noticiero del viernes hizo referencia a la protesta que diputados del PT realizaron en Sán Lázaro y a la manta que colocaron con la fotografía del presidente Felipe Calderón en la que se leía: "¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país?"

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En un año aumentó 16% la cifra de feminicidios en Chihuahua

Datos de la Fiscalía General del Estado muestran un incremento: 427 homicidios de 1993 a 2007; 87 en 2008; 164 en 2009 y 306 en 2010

Ciudad Juárez, Chih., 6 de febrero. Durante enero pasado se documentaron 29 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua, cifra superior en 16 por ciento a la del mismo mes de 2010, dio a conocer la organización no gubernamental (ONG) Justicia Para Nuestras Hijas.

Añadió que la cifra de homicidios de mujeres registrada en Ciudad Juárez desde 1993, cuando se comenzaron a documentar estos crímenes, asciende a mil cuatro, incluyendo 16 de enero anterior y cuatro en el actual mes de febrero.

El organismo consideró que “en el estado de Chihuahua, la cantidad de feminicidios sigue creciendo, lo cual es reflejado por el Observatorio Estatal del Feminicidio, basado en una revisión hemerográfica y solicitudes de acceso a la información pública”.

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Nadie ha tomado en sus manos la defensa de las indígenas presas

A menudo son víctimas de tortura y abusos desde su detención

La situación de las mujeres indígenas que se encuentran presas en México es preocupante, toda vez que no cuentan con una defensa apropiada, carecen de recursos económicos y no tienen acceso a traductores, aunado al abandono general de las prisiones en el país, señaló en entrevista Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Un estudio realizado por la especialista, el cual forma parte de la compilación titulada Crimen, castigo y violencias en México (coeditada por el CIESAS y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), reveló una serie de irregularidades en los casos de mujeres indígenas encarceladas, las cuales van desde tortura al momento de la detención hasta deficiencias en el juicio, “pasando por la actuación indebida de abogados o las presiones que sufrieron para ‘confesar’ sus delitos o firmar declaraciones que no hicieron”.

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• Sigue vigente el ideario político de Genaro Vázquez Rojas

"Se requiere lucha social; las armas no son opción"

Hace falta la unidad de la izquierda, advierte la viuda del guerrillero

En el 39 aniversario luctuoso de Genaro Vázquez Rojas, su viuda, Consuelo Solís, dijo que el caudillo "no comenzó su lucha con un arma en la mano. Primero, durante más de una década, se dedicó a organizar a la gente, buscó que las autoridades atendieran las demandas de campesinos, de productores, de ciudadanos de Guerrero. Los traía al Distrito Federal para que los escucharan y los atendieran, pero los funcionarios no lo hacían, no resolvían sus problemas, entonces Genaro optó por la guerrilla".

Las masacres, las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la violencia del narcotráfico, "hacen vigente el ideario político del comandante Genaro Vázquez Rojas", aseveró la profesora jubilada y viuda del guerrillero.

Ante decenas de asistentes a la ceremonia organizada por la Coordinación de Organizaciones Ciudadanas Campamento 2 de Octubre, Solís destacó que "hace falta la organización y la unidad de la izquierda para avanzar en la solución de problemas como la carestía".

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Acusa el Frayba al gobierno de criminalizar a la otra campaña

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 6 de febrero. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó "violaciones al debido proceso" en la detención de los 116 indígenas de la otra campaña del municipio de Chilón, en el centro ecoturístico cascadas de Agua Azul, de los cuales 10 ya fueron consignados la noche del sábado como presuntos homicidas y recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 17, con sede en el municipio de Playas de Catazajá.

En un comunicado, indicó que, según testimonios de los indígenas, es falsa la versión oficial de que bloquearon la carretera San Cristóbal-Palenque y que hubiera 17 turistas retenidos.

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Astillero

• ¿BCS por Guerrero?
• Cuerpo azul, sangre amarilla
• Nuevas formas de alianza
• Militarización de niños

Julio Hernández López

De confirmarse el triunfo del partido blanquiazul en Baja California Sur (a la hora de cerrar esta columna apenas abría el PREP), se estaría en presencia de una maravilla de biotecnología partidista operada desde la Clínica Los Pinos: la primera victoria de un cuerpo blanco y azul inyectado de sangre negra y amarilla; triunfo "panista" con candidatos recién transferidos del perredismo "derrotado", chuchismo buena paga que quitó fuerza a su candidato polémico a gobernador para dar paso al triunfo de un falso panismo henchido de transfusiones perredistas, nueva forma de aplicar las alianzas tan mentadas: ya ni siquiera es necesario un acuerdo formal, ni la declinación expresa de un candidato, sino que ahora basta con doblegar a uno de los aspirantes para dar ventaja al otro. Guerrero en manos de un "perredista" que es priísta, a cambio de Baja California Sur con un panista que hace poquito era perredista y antes priísta. La Fábrica Calderónica de Frankensteins se habría vuelto a cubrir de gloria.

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Dinero

• El cochinito de Valdés Zurita
• Super Bowl: anuncios millonarios
• Los secretos del Banco de México

Enrique Galván Ochoa

Uno de los efectos de la era CIC que vivimos –Corrupción, Impunidad, Cinismo– es que los funcionarios públicos manejan el presupuesto como si fuera el gasto de la chata. El más reciente escándalo –pero no el primero– involucra al presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita. Hizo un cochinito de 350 millones de pesos para nebulosas inversiones inmobiliarias, es decir, se siente émulo de Lomelín, cuando su tarea es contar votos. El origen del dinero es lo que técnicamente se llama "subejercicio": primero lo exigió al Congreso de la Unión con argumentos que ahora vemos eran falsos, el Congreso se lo autorizó y luego no lo empleó en lo que supuestamente iba a invertirlo. Nunca nos hubiéramos enterado del suceso si no hubiera sido por la denuncia del contralor general del IFE, Gregorio Guerrero Pozas. "No omito mencionar que el gasto en inversiones físicas y obra pública es el que más irregularidades y sanciones presenta en el Instituto Federal Electoral", dijo. Un clásico –el profesor Carlos Hank González– lo enunció de otro modo: "Sin obras no hay sobras". ¿Se van a pedir cuentas a Valdés Zurita? No, de ninguna manera. México es zona CIC: Corrupción, Impunidad, Cinismo.

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México SA

• "Franca recuperación": ya casi
• "Crecimiento": 0.2% en 25 meses
• Más ventas, menos remuneraciones

Carlos Fernández-Vega

¡Albricias!, que la economía mexicana estaría muy cerca de dejar atrás la estrepitosa caída que registró en 2009, y a punto de entrar en esa etapa de "franca recuperación y crecimiento" que pregona el inquilino de Los Pinos, incluso desde antes del estallido de la propia crisis, con los resultados por todos conocidos y padecidos. Podría decirse que ese es lado afable de la información, pero ¡no os alegréis de más, mexicanos al grito de guerra!, que la aparente "superación" del citado bache (léase "catarrito") se traduciría, en el mejor de los casos, en un espectacular "avance" acumulado de… 0.2 por ciento en los últimos 25 meses.

Qué espectacular resultado. Tal vez sea ese el dato que con febril entusiasmo y cotidianeidad intenta explotar, retórica y mediáticamente, el inquilino de Los Pinos –sin olvidar a sus jilgueros–, cuando presume que la economía mexicana "está en franca recuperación" y que el "navío de gran calado" navega velozmente con rumbo a 2050, cuando México se convertiría (de acuerdo con la destartalada bola de cristal de Felipe Calderón) en la cuarta potencia económica mundial. Pero de tanto presumir los resultados de 2010, al de la residencia oficial se le "olvidó" el desplome de 2009, muy al estilo de su predecesor en la residencia oficial, el cual sólo sumaba, nunca restaba

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Pinocho Posada en El Paso

Carlos Fazio

Durante más de medio siglo, junto con la guerra sicológica y las operaciones de propaganda político-ideológica, la violencia terrorista ha sido una constante en la forma de "relacionarse" de Estados Unidos con Cuba. Desde el triunfo de la revolución, en 1959, Washington ha venido desplegando contra la isla un amplio mecanismo subversivo diseñado por oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y la Oficina Federal de Investigación (FBI), que con el tiempo echó mano también de la Oficina de Inmigración, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras dependencias gubernamentales.

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A propósito de las precisiones de Sagarpa

Iván Restrepo

A raíz de mi artículo "Crisis alimentaria global: visión México", publicado el 24 de enero pasado, en el cual detallé el grado de dependencia del país en granos básicos, cárnicos y leche, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) me envió información en la que precisa que la producción de maíz se incrementa, en promedio, 3 por ciento al año, más que suficiente para cubrir el consumo nacional. Señala también que se importa fundamentalmente maíz amarillo con la finalidad de elaborar alimento balanceado para la avicultura y la porcicultura. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de donde proceden las tres cuartas partes de las importaciones mexicanas de alimentos, sostiene que si no varía la actual política agropecuaria en nuestro país, aumentará mucho más la dependencia del exterior, hasta ser de 60 por ciento.

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De las alianzas al movimiento

John M. Ackerman

Más allá de sus evidentes diferencias políticas, Diego Fernández de Cevallos, Óscar Levín Coppel y Andrés Manuel López Obrador tienen razón al pretender defender los "principios" y los "valores" éticos de la política, y de entrada rechazar las alianzas electorales por conveniencia. Pero lo que no reconocen es que la pobredumbre moral de la clase política no es algo nuevo y mucho menos depende de la existencia o no de una coalición electoral. Las alianzas, y el transfuguismo oportunista, son apenas expresión de una realidad que entre los políticos ha venido in crescendo desde hace más de una década: la búsqueda del poder sobre la democracia, y del dinero antes que la justicia.

"Engendros" como Ángel Aguirre en Guerrero (un priísta postulado por el PRD y apoyado por el PAN para oponerse al gobierno del PRD), Leonel Cota en Los Cabos (un ex presidente del PRD postulado por el Panal y apoyado por el PRI), Rafael Moreno Valle en Puebla (un elbista apoyado por el PRD y el PAN para derrotar al PRI) o Juan Sabines en Chiapas (quien ganó con el respaldo de López Obrador, pero hoy se acerca al PAN y PRI) confunden a la ciudadanía. Asimismo, cuando el PT apoya al candidato del tricolor en Durango y Convergencia respalda la contrarreforma electoral de Enrique Peña Nieto en el estado de México, queda claro que ni estos partidos supuestamente antisistémicos son capaces de salvarse de la corrupción política.

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México enfermo

Diego Valadés

Leslie Karina Díaz Zamora es una joven de 20 años que ha sufrido un doble infortunio: perder a su hijo y vivir bajo un régimen confesional. Las autoridades de Baja California, después de mantenerla en reclusión dos años, la sentenciaron a 23 años de prisión a causa de un aborto.

Leslie es una víctima más de las reformas constitucionales adoptadas a instancias del alto clero mexicano. Entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, las constituciones de 18 estados fueron modificadas para incorporar, con muy ligeras variantes, que la vida queda protegida desde la fecundación y hasta su terminación natural. En los 18 estados la reforma fue aprobada por el PAN y el PRI; además, el PRD la apoyó en Campeche, Chiapas, Durango, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí; el PT en Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora; Convergencia en Chiapas, Morelos y Querétaro; el PVEM en Nayarit, Querétaro y Quintana Roo, y el Panal en Durango, Nayarit, Puebla y Querétaro.