Primer Plano - Lunes 21 de Noviembre de 2011

http://youtu.be/RX4jC0l9oXU

ENCUENTRO EN VIVO a las 9:00 P.M.

Encuentro, con Virgilio Caballero, Granados Chapa, Jose A Crespo y Ricardo Rocha. En internet -> http://bit.ly/4mkoP0

http://www.radioformula.com.mx/estaciones/103-3-fm/

Audio: Encuentro 5 septiembre 2010

EL DELINCUENTE DEL FECAL "NO PUEDE CON LA RESPONSABILIDAD QUE SE ROBO"

Cuarto informe de Felipe Calderón y Quinto informe de Enrique Peña Nieto.

http://www.youtube.com/watch?v=4Nlz2NjdmwU

Audio: Encuentro 10 enero 2010

Audio: Encuentro 13 diciembre 09

Audio: Encuentro 15 Noviembre 09

Ya voté… ¿y ahora qué?

Mea culpa, mea culpa si quedaron los progresistas, culpa de José Antonio Crespo, promotor del voto en blanco, si quedaron los caciques dueños de la máquina electorera. Como se dice popularmente, en política todos los vacíos se llenan, y los huecos que la participación ciudadana ha dejado libres para ser impunemente usurpados continuarán allí, elección tras elección. Ningún voto que haya sido depositado en blanco ha de rasgar mínimamente los cotos de poder obtenidos por los partidos para los próximos tres años.

Después del fraude de 1988, se tuvo que emprender una serie de reformas para intentar devolverles credibilidad a los procesos electorales y después del fraude de 2006 se repitió la receta, sólo que esta vez ya no es sólo el proceso el que carece de legitimidad, sino hasta las propias entidades que compiten por el voto. Por eso, aunque se prevé la promoción de otra reforma electoral, la legitimidad de las elecciones venideras no es una consecuencia que pueda esperarse de dicha reforma. Pero finalmente, ¿quién legitima? ¿Se legitima a sí misma una institución, mostrando apertura para ofrecer mecanismos de transparencia y participación? ¿O es la sociedad la que, haciendo uso de estos mecanismos y exigiendo más, puede incidir en la reforma de las instituciones para que comiencen a servirle, otorgándoles legitimidad de esta manera?“Consideramos el Gobierno, el Estado como uno de los órganos de la vida nacional; pero no como el único, ni siquiera el decisivo. Hay que exigir a la máquina Estado mayor, mucho mayor rendimiento de utilidades sociales que ha dado hasta aquí; pero aunque diera cuanto idealmente le es posible dar, queda por exigir mucho más a los otros órganos nacionales que no son el Estado, que no es el Gobierno, que es la libre espontaneidad de la sociedad” Ortega y Gasset.
Resulta que el poder legislativo es una de las instituciones con menos credibilidad, inclusive por debajo de la policía, pero para efectos legales, esta situación no habrá de impedirles a los diputados PRI-ANistas, junto con sus satélites, iniciar la cruzada por el aumento del IVA en alimentos y medicinas, o por la reforma de la Ley Federal del Trabajo que pretende “flexibilizar” (léase cancelar más derechos para) la fuerza laboral del país en la siguiente legislatura.Y bueno, como ya sufragamos o anulamos, ¿vamos a esperar a que acabe esta legislatura, cerrando los ojos y deseando que haya sido un mal sueño? No, estos hombres y mujeres dejan hoy de ser candidatos por algún partido y comienzan a ser representantes populares. Aunque suene terriblemente atractivo “dejarles las decisiones a los que saben” (Tele dixit) porque significa la redención para una buena parte de la sociedad que se regodea en la completa falta de información y el bajo nivel de involucramiento, sí es nuestra tarea adjudicarnos nuevos espacios de participación para recordarles a los representantes populares cuáles son nuestras posturas en determinados temas y cuáles nuestras necesidades, en pocas palabras, obligarlos a adquirir conciencia de a quién están representando, quizás hasta impulsar mecanismos a través de los cuales el diputado, no sólo rinda cuentas, sino que consulte y mantenga vínculos con la gente de su distrito.Con este panorama político enrarecido, en el que vamos a votar ante la presencia del ejército en las calles, en el que pocas personas conocen el nombre de su diputado, en el que las autoridades electorales están supeditadas a los acuerdos entre partidos y las televisoras incumplen flagrantemente la legislación sin temor a multas o castigos, la acción de votar no es la culminación del papel del ciudadano, sino apenas el inicio, el primer acercamiento a la lucha por devolverles el sentido a las instituciones.Así que ayer fuimos a votar y hoy empezamos a participar.

Voto nulo… y, sin embargo, sí cuenta

Ricardo Monreal Avila

Es tan sombrío el actual proceso electoral federal que el voto en blanco ha adquirido un brillo inusitado. Son tan pobres las propuestas de campaña, que el voto nulo ha venido a enriquecer la contienda. Es tal el malestar ciudadano en estas elecciones, que los “anulistas” podrían constituir la cuarta fuerza electoral. Es tal el hartazgo social, que el “ninguno” ha venido a movilizar a un sector de la sociedad.Pero también es cierto lo contrario. Es tan espontáneo el movimiento, que puede durar lo de una flama de cerillo. Es tan inorgánica la protesta, que puede dejar incólume el sistema electoral y de partidos.

Es tan noble el planteamiento, que está siendo utilizado por los poderes fácticos innobles. Es tan cuantitativamente intrascendente (el voto nulo vale cero con el actual sistema de conteo), que puede terminar fortaleciendo cualitativamente el voto duro de los partidos grandes. Y es tan sorda esta forma de protesta, que puede terminar afianzando la parte sórdida de nuestra partidocracia.La propuesta de votar en blanco, de anular la boleta tachándola toda, de votar por candidatos no registrados, o de colocar el nombre de “Esperanza marchita” o “Así no”, creció como reguero de pólvora en sólo unos meses. Empezó como una iniciativa de un grupo de intelectuales y académicos, y terminó como un movimiento ciudadano inédito, generando adeptos por Internet y enarbolando una causa coyuntural concreta. Sin temor a exagerar, es el primer movimiento ciudadano de opinión virtual generado en México. Un ejemplo concreto de cómo se construye una “causa ciudadana” en el tercer milenio y de cómo podrían ser los futuros movimientos ciudadanos en el país: al margen de los partidos, con una dirección colegiada o colectiva, con un programa de demandas básicas y una suma de inconformidades y visiones individuales.En su “Diccionario del siglo XXI”, Jacques Attali describe el futuro de estas formas de participación ciudadana. Al definir el concepto “Partido”, lo define así: “Primero reunión de ciudadanos en torno a un proyecto, convertido luego en asamblea de militantes en torno a un programa, después reunión de partidarios en torno a un candidato. No tendrá ya ninguna utilidad para la democracia cuando ésta se haya desplazado desde la jerarquía a la red. Aparecerán otros modos de canalizar los deseos individuales hacia ambiciones colectivas”.Sobre el impacto de las telecomunicaciones y la tecnología en la participación ciudadana, Attali señala lo siguiente al definir la “Red”: “Todas las organizaciones políticas, económicas, militares, sociales, culturales, tecnológicas, pasarán de la jerarquía a la Red, conjunto de nudos interconectados, laberintos… (La democracia) sólo tendrá cabida en la red si deja de ser delegación de poder y, como en cualquiera otra red, nadie se encuentra en la cima o en el centro. Eso equivaldrá a transformar los partidos en redes de solidaridad en vez de instrumentos de acceso al poder que son ahora”.Por ello, quienes militamos y pertenecemos a un partido, no debemos rechazar esta forma moderna de protesta que es el voto nulo o en blanco, sino por el contrario entender cuáles son sus planteamientos básicos. Es decir, debemos responder como una “red solidaria” y no como una jerarquía de poder. No creer que aquello que no está en la esfera del poder no existe. El hecho de que los simpatizantes del voto nulo, que de acuerdo a las últimas encuestas podría alcanzar entre el 10 y el 15% de la votación (es decir, entre 3 y 4.5 millones de ciudadanos, con una tasa de participación del 39% de los 77 millones de ciudadanos en el listado nominal), no salgan a las calles y protesten, no significa que este movimiento no exista. El hecho de que no estén agrupados de manera formal o carezcan de un registro oficial en el IFE, no significa que deban ser marginados, excluidos o discriminados de la votación. El hecho de que no tengan un liderazgo, un comité nacional o un politburó tradicional, tampoco debe ser pauta para minimizarlos o negarlos. Más aún, a diferencia de lo que algunos dirigentes de los dos partidos grandes señalan, este movimiento del voto nulo o en blanco no va contra los partidos, ni postula la desaparición de los mismos ni el desconocimiento del sistema electoral. Por el contrario, son una llamada de atención a que atiendan, entiendan y canalicen las demandas ciudadanas. En este caso, encontrar formas de representación que acerquen a la ciudadanía a los órganos de decisión del gobierno (sobre todo de los poderes Legislativo y Ejecutivo), no que los alejen y divorcien.
¿Cuáles son las demandas de los “anulistas”?
En opinión de José Antonio Crespo, uno de los fundadores y promotores de este movimiento desde el inicio del proceso electoral, los puntos clave son los siguientes:
“1) Facultad para sancionar o premiar de forma personalizada a nuestros representantes; 2) candidaturas independientes para el Congreso y las alcaldías; 3) incorporación del voto de protesta en la boleta (por ejemplo, con el recuadro “ninguno”) y que cuenten como parte del voto válido para fines de financiamiento público (lo que ya ocurre en Argentina, Colombia, Chile y España); 4) reducción del financiamiento de los partidos, así como del salario de los legisladores (los diputados alemanes ganan aproximadamente 120 mil pesos, al tipo de cambio actual, frente a más de 150 mil, por lo menos, de sus homólogos mexicanos), y la eliminación de sus privilegios fiscales; 5) incorporación de figuras de participación directa a nivel federal, que ya existen en otro estados”, como el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana o popular, y revocación de mandato, entre otras figuras de la democracia directa (Proceso No. 1702, p.50).A este programa básico, en lo personal yo agregaría el planteamiento de la “urna electrónica”, es decir, que podamos votar por la red, a través de internet, con las medidas de seguridad convenientes. ¿Si podemos hacer transacciones bancarias desde una computadora personal con seguridad, por qué no podemos votar autoridades, iniciativas de ley, proyectos económicos y sociales de nuestros alcaldes, gobernadores y presidente, con la misma seguridad, certeza, transparencia, precisión y ahorro de tiempo y recursos?Estamos en la época de la Red, no de la jerarquía. Estamos en la era del poder reticular y horizontal, no de las decisiones verticales y lineales. Estamos en el tercer milenio, no en el siglo XIX. El voto nulo no lo es tanto: sí vale y mucho. Su importancia es cualitativa, no cuantitativa.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Voto y UNAM

Jacobo Zabludovsky

Bucareli

Hace tres años voté para presidente de la República por un ciudadano sin partido político.Después de hacer público mi voto, recibí ataques por la inutilidad de emitirlo a sabiendas de que no sería contabilizado. El Código Federal de Procedimientos Electorales priva a los ciudadanos del derecho de votar por quien quieren, piedra fundacional de toda democracia, al dar a los partidos el monopolio absoluto del registro de candidatos, en el inciso 1 del artículo 218: “Corresponde exclusivamente a las partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”.Mi voto de entonces tuvo dos motivaciones. Primero, la satisfacción personal de votar por quien yo creía firmemente que tenía atribuciones suficientes para gobernarnos. Después, la parte de protesta que tal voto llevaba contra una ley defectuosa. Los hechos me dan la razón: la institución que ese ciudadano dirigió durante ocho años fue galardonada esta semana con el Premio Príncipe de Asturias. El premio no fue para él, por supuesto, sino para miles de alumnos y maestros, generaciones de mexicanos que han hecho de la UNAM un orgullo de México. Pero es un ejemplo de la restricción a que nos somete la fórmula que rige las elecciones.En otros países, las leyes que norman el proceso electoral permiten que los ciudadanos manifiesten su voluntad por conductos que no necesariamente sean partidos políticos. Ambos sistemas coexisten, parten del respeto al derecho ciudadano de escoger candidato, registrarlo para que aparezca en las boletas y poder votar por él. Es sana la existencia de partidos políticos. Lo que mi voto nulo pretende es abrir la discusión pública para examinar sin violencia cómo adecuar la ley a la exigencia de un número todavía indeterminado de ciudadanos que aspiran a registrar, sin mediación de partidos, sus candidatos a puestos de elección popular. Debemos analizar las posibilidades jurídicas y permitir a los ciudadanos sin partido, que somos los más en este país, aportar la fuerza de nuestro voto a la elección de mejores mandatarios.En México, quienes hicieron la ley privaron a los mexicanos del derecho de escoger y entregaron todo el poder a los partidos.José Woldenberg, aplaudido por su labor al frente de un Instituto Federal Electoral que ha perdido respeto desde su ausencia, publicó el jueves en Reforma un artículo en que pregunta: “¿Qué tienen en común Dulce María Sauri, José Antonio Crespo, Diego Valadés, Jacobo Zabludovsky, así como algunos otros intelectuales?... Los emparenta un malestar... están cansados de lo que ven en el scenario político… En México el voto anulado será, en el mejor de los casos, un termómetro del humor público, pero al final los votantes por los diferentes partidos y candidatos decidirán quiénes gobiernan y quiénes legislan”. Coincido con el comentario de Woldenberg, aunque no me convence de la necesidad de que sea exclusivo de los partidos el derecho de registrar candidatos.Junto a defensores de buena y mala fe de la ley electoral, se colocan instituciones y personas del más diverso pelaje que también se rasgan las vestiduras por las ofensas a su solución jurídica. Qué curioso.Las grandes, tradicionales y ricas agrupaciones que coinciden en defender la ley y calificar de estúpido y traidor a quien vote nulo, tienen un denominador común: están satisfechas. Personajes notorios sonríen seguros, con el optimismo propio de quien se siente dueño. Lucharán a morir por que nada cambie. Los partidos políticos les sirven la comida y debajo de la mesa algunos trovadores reciben los pellejos. Por eso el 5 de julio votaré nulo, aunque los invitados a la fiesta opinen que mi voto no vale. Mienten.Los votos nulos son contados. Tienen que ser admitidos por los funcionarios electorales si su número es mayor a la diferencia de votos entre los candidatos que van en primero y segundo lugares. En ese caso (artículo 279), se ordenará un nuevo escrutinio durante el cómputo oficial en las juntas distritales. O sea, que el voto nulo, no lo es tanto.Creo que mi voto del 2006 fue precursor de este movimiento espontáneo que, por la vía de la nulidad, se convierte en un escape al descontento. No nos dejemos confundir: abstenerse es una grave torpeza.Debemos ir a votar. Votar nulo. Opinar contra una manera de elegir a nuestros gobernantes que ha dado resultados lamentables. Por la vía legal y pacífica de nuestro voto, voto nulo, pedimos que se modifique la ley.
Eso es todo. Nada más.
De la UNAM y el Príncipe de Asturias hablaremos con calma. Para regocijarnos.

Encuentro

Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre las secuelas del “Michoacanazo”, el reingreso de Cuba a la OEA y la campaña del voto nulo.

Derechos colectivos acotados

Horizonte político
José A. Crespo

Los partidos suelen quejarse cuando entre sí se aplican el famoso albazo. Ahora fueron ellos los que propinaron uno a los ciudadanos.
Tal vez de manera deliberada, cuando la atención ciudadana se concentra en la epidemia viral, los congresistas se apresuraron a aprobar un buen número de reformas e iniciativas y eludieron así el debido debate público y el escrutinio ciudadano sobre cada una de ellas. Los partidos suelen quejarse cuando entre ellos se aplican el famoso albazo y a veces lo evitan a través de tribunazos. Ahora fueron ellos los que aplicaron un albazo a los ciudadanos, por decirlo así. De las muchas reformas aprobadas en estos días está la iniciativa para la protección de los derechos colectivos, consistente en que un grupo de ciudadanos pueda interponer una queja jurídica por alguno de los múltiples abusos que cotidianamente cometen diversas empresas y corporaciones en contra de los consumidores. Es claro que para un particular al que se le ha esquilmado, por ejemplo, 200 pesos, no valdrá la pena interponer una queja contra la corporación que lo robó, ni en tiempo ni esfuerzo, pues la probabilidad de ganar de forma aislada es infinitesimal (si se considera, además, que el sistema mexicano de justicia cede más fácilmente al dinero que a la razón). La idea de los derechos colectivos es entonces reducir el costo a los afectados por un mismo abuso y elevar las probabilidades para que se les haga justicia, sistema que ya han adoptado diversos países avanzados o están en el serio empeño de serlo (como Brasil o Colombia).
Pero como México ni es avanzado ni al parecer quiere serlo (o al menos los legisladores no procuran que así suceda), entonces esa iniciativa fue modificada por los diputados y desvirtuaron ese derecho. El 23 de septiembre, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara baja publicó un proyecto en el que se adiciona un párrafo al artículo 17 constitucional en el que se aclara que los derechos colectivos “podrán ser ejercidos por los órganos federales del Estado competentes en estas materias, por sí o a petición de los interesados”, instituciones tan confiables y eficaces como la Profeco, la Condusef y la Profepa, siempre tan preocupadas por los ciudadanos. En otras palabras, que las cosas seguirán más o menos como hasta ahora. Además, al llevar la reforma a la Constitución, se elimina la posibilidad de que los estados aprueben legislaciones más avanzadas y realmente tutelares de los derechos colectivos de los ciudadanos, como una que se halla en la Asamblea del DF y sí permite la representación ciudadana directa. La reforma aprobada por los diputados contraviene igualmente acuerdos internacionales en la materia, signados por nuestro país pero, como siempre, desconocidos en la práctica.
Por lo cual la reforma puede considerarse como una enorme victoria de las grandes corporaciones privadas y la consecuente derrota de la ciudadanía, misma que debemos agradecer a nuestros “representantes” en el Congreso. Representantes a los cuales no podemos exigir eficazmente nada, al contrario de lo sostenido por la publicidad del IFE, pues ni siquiera tenemos con qué premiarlos o sancionarlos de manera personalizada, dada la ausencia de reelección parlamentaria consecutiva, una gran anomalía democrática. En efecto, es significativo que dicha iniciativa se haya aprobado de manera consensuada, es decir, los partidos optaron por subordinar —una vez más— nuestros intereses, el de sus presuntos representados, por los de los grandes poderes fácticos, a quienes en realidad representan y defienden en el Congreso (además de a sí mismos). Ahí no pudo notarse diferencia alguna de posición o resolución entre partidos tan formalmente antagónicos como el PAN y el PRD, pasando por el PRI. La importancia de esta reforma (que podría ser modificada en el Senado) exige que sea discutida a fondo, y no aprobada en fast track, como ocurrió en la Cámara baja. No ha transcurrido mucho tiempo desde que la colega Denise Dresser les echara en cara a los legisladores comportarse como “empleados de los intereses atrincherados” y, al gobierno, como “empleado de las personas más poderosas del país”. Legisladores y gobierno son parte —dijo, con razón— de “un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos” (23/I/09). Discurso que fue efusivamente aplaudido por nuestros “representantes”, probablemente con el fin de ocultar la vergüenza que, a veces, les provoca escuchar verdades. Hoy, los partidos políticos nos han dado un nuevo palo, pero, eso sí, piden nuestro voto como respaldo y anuencia para seguir dándonos de palos sin que podamos siquiera meter las manos.
Muestrario. Generar una imagen de gran peligro y después controlar la epidemia con pocas bajas podría tener dos efectos políticos antagónicos: A) que los gobiernos respectivos sean aplaudidos debido a su gran eficiencia y a haber sacado al país de esa amenaza; B) que se les responsabilice por haber sobredramatizado tanto que la imagen proyectada fuera del país fue desproporcionada respecto a la situación en que nos hallábamos, con costos no sólo de discriminación, sino una grave caída del turismo por quién sabe cuánto tiempo. Habrá que ver cuál valoración prevalece en la opinión pública. Y aunque son deleznables los actos de discriminación por parte de gobiernos y ciudadanos de otros países, ejercidos contra mexicanos por el sólo hecho de serlo, ¿qué podemos esperar si entre nosotros mismos se registraron también casos de discriminación, y no sólo con malas miradas, sino a pedradas, y con llamados de autoridades locales a los chilangos para que “se guarden”? Finalmente, algunos especialistas dicen que determinar el origen del virus y comprender por qué pegó aquí antes que en otras partes y por qué aquí provocó muertes, no tiene mayor importancia desde el punto de vista epidemiológico. No estoy seguro, pero sí lo estoy de que esclarecer tales incógnitas tiene una gran importancia política.
La reforma puede considerarse como una enorme victoria de las grandes corporaciones privadas.

Autonomía institucional mermada

Horizonte político
José A. Crespo

Autonomía institucional mermada

Me uno a la preocupación que varios analistas han externado en torno al futuro de las instituciones autónomas, aquellas que fueron creadas para no depender (o no enteramente) del gobierno en turno, al otorgarles un margen mayor de imparcialidad en sus resoluciones. Hablamos de organismos como el IFE, el Tribunal Electoral (TEPJF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el IFAI y otras de corte semejante. La alarma surge a propósito de que, pasado un tiempo de su creación, hemos visto a algunas de tales instituciones perder en alguna medida la autonomía que habían cobrado y demostrado. Y es que, si bien fueron declaradas autónomas respecto del gobierno federal, la configuración de sus órganos decisorios o de sus titulares se ha convertido en un botín de los partidos políticos. Éstos, al igual que el gobierno, tienen intereses que defender y promover desde los ámbitos de acción de las instituciones formalmente autónomas. Para decirlo de otra manera, aunque se anunció que esas instituciones nacían como “ciudadanizadas” (en manos de la ciudadanía), en realidad fueron partidizadas (sujetas a la injerencia y la dependencia de los partidos políticos).
Así, la conformación de órganos colegiados o el nombramiento de los titulares de esos organismos está sujeta a la negociación partidaria, lo que en principio podría verse como algo sano, pues el equilibrio y la supervisión mutuos entre los partidos podría dar como resultado precisamente el nombramiento de personas esencialmente imparciales, por no tener compromisos o fuertes vínculos con los partidos políticos. La probabilidad de que eso ocurra es mayor cuando sólo se nombra a un solo titular del organismo en cuestión, pues entonces es difícil repartir cuotas entre los distintos partidos (o al menos los más grandes) y habrá un interés común en designar a alguien que no favorezca a uno u otro. Pero aun tales casos pueden ser sujetos de negociación partidista: dos o más partidos podrían acordar el reparto de puestos en diversas instituciones: “tú validas a fulano (que me es favorable) en esta institución, y a cambio yo respaldo a zutano (que te es favorable) en aquella otra”. El resultado sería un titular que beneficie al partido A en algún organismo “autónomo” y al B en algún otro. Pero difícilmente con tal método “equitativo” se podrá llegar a la imparcialidad buscada. En el caso de órganos colegiados, la negociación por cuotas es más fácil y, en consecuencia, más probable. Y los elegidos por esa vía pueden tener incentivos para favorecer al partido que los promovió, sea como agradecimiento por dicha designación, como reflejo de su afinidad ideológica o como parte de una carrera política en ciernes o ya en marcha. Lo dice bien José Woldenberg: “Resulta impertinente que los partidos políticos a través de sus grupos en los congresos prefieran contar con enviados o representantes en los órganos autónomos. Pero resulta aún peor que los nombrados se piensen a sí mismos y actúen como si fueran los emisarios de sus designadores” (Reforma, 12/mar/09).
Eso se ha visto en varios de los consejos “ciudadanos” en diversas áreas. Pero el IFE ha sido uno de los ejemplos de partidización más claros, aunque no el único. El nombramiento de los consejeros a través de los partidos funcionó bastante bien en 1994 y 1996, pues, pese a ser aquéllos afines a uno u otro partido (unos más que otros, sin duda), el equilibrio consecuente impidió un sesgo marcado en el conjunto de medidas que se tomaron (salvo excepciones). El modelo empezó a hacer agua en 2003, cuando el PRD (y sus aliados) quedaron fuera del proceso de designación, con lo que el Instituto quedó privado del consenso que le había dado fortaleza y credibilidad. Más allá de qué partidos hayan sido responsables de ese episodio (en mi óptica, lo fueron todos por razones diversas), prevaleció la lógica de las cuotas y, por ende, el interés partidista por encima del interés ciudadano de obtener imparcialidad y certeza en los procesos electorales.
Seguramente no es casual que el reciente perdón a Televisa, ratificado hace pocos días, haya provenido de consejeros propuestos por el PAN, el PRI y el PVEM. Este último partido se ha convertido en el vocero oficial de las televisoras en el IFE, en tanto que el PAN y el PRI prefirieron no emitir opinión alguna. Su mutismo es elocuente sobre su decisión de no importunar a los consorcios mediáticos. Y los consejeros siguieron también la estrategia de sus respectivos promotores (con la salvedad de Virgilio Andrade). Así pues, los consejeros, con excepciones, son representantes de partido disfrazados de ciudadanos imparciales. De ahí la consistente pérdida de credibilidad del IFE, reportada por todas las encuestas, si bien cuentan en ello también las recientes torpezas cometidas por los consejeros. Tiene razón Soledad Loaeza cuando escribe: “El IFE es hoy, admitámoslo, una ruina, grandota y compleja, pero ruina al fin, como lo demuestra el fallido aumento de sueldo que se habían autoasignado los consejeros (que) puso al descubierto el agotamiento de la autoridad moral del instituto que había sido su única fuerza política” (La Jornada, 19/mar/09).
También fueron nombrados cuatro consejeros profesionales de Pemex, en lo que se calificó como “un reparto vulgar y faccioso” por el senador Ricardo Monreal (17/mar/09). Parece un arreglo entendido de los partidos que ese tipo de puestos deban ser reservados a sus respectivos militantes o a personas cercanas e ideológicamente afines. La independencia de las instituciones “autónomas” se ha venido desvirtuando. No pasó mucho tiempo antes de que los partidos vieran la conveniencia de convertirlos en botín político, por encima del interés ciudadano.

Aristocracia política

Horizonte político
José A. Crespo
Aristocracia política

Un abrazo para Eduardo Ruiz Healy

Aunque México es la economía número 14 (hasta nuevo aviso), ocupa también el lugar número quince con peor distribución del ingreso. Pero también es uno de los países que mejor pagan a su élite burocrática y política, muchas veces por encima de los más ricos y prósperos. México nació para ser explotado por la élite del poder en turno. Ese es el estigma de la Conquista, que no fue superado por la Independencia, la Reforma o la Revolución de 1910. Tampoco la “democratización” actual está logrando —y al parecer ni siquiera intentando— modificar ese triste destino.
Debiéramos por lo pronto aprovechar el frustrado intento de los consejeros del IFE de elevarse el salario 45% (salvo Alfredo Figueroa, que siempre se opuso), para revisar la política salarial de nuestra aristocracia política, la cual, independientemente de la importancia de sus responsabilidades, debiera tener ingresos acordes al nivel socioeconómico del país, que no es precisamente boyante. Se quejan algunos de los consejeros del IFE de que se les mide con una vara más severa que a otras instituciones, con las cuales la opinión pública suele ser más complaciente. Es cierto en buena medida. Y probablemente eso se debe a que el IFE se erigió como el principal eje democratizador, por lo que se espera de sus directivos y autoridades algo más que del resto de la clase política en general. Ese es un precio que deben pagar los consejeros a cambio del mayor prestigio y confianza que la ciudadanía otorga al IFE en relación, por ejemplo, con el Congreso y los partidos políticos (cuya evaluación está al nivel de las nada confiables policías).
Es cierto también que los exorbitantes salarios que ya no recibirán los consejeros del IFE los disfrutan desde hace tiempo los ministros de la Suprema Corte de Justicia (cinco millones al año, cada uno), cuyo desempeño ha dejado mucho que desear. Baste recordar la grosera exoneración moral que extendieron al impresentable Mario Marín, con argumentos rebuscados y nada convincentes. Y en el caso de Atenco también se quedaron cortos, pues, pese a la evidencia de la brutalidad policiaca, los jefes políticos aplaudieron e incluso premiaron a sus cavernícolas, en vez de sancionarlos. La Corte ha contribuido a apuntalar, en lugar de combatir, la endémica impunidad mexicana. No, no merecen los salarios de superlujo que reciben.
En un nivel salarial parecido están también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero no hay justificación social ni profesional para tan ofensivas prebendas. Baste recordar la forma en que los magistrados manejaron la elección de 2006, sin la exhaustividad a la que estaban obligados, con un dictamen final lleno de hoyos y contradicciones y ofreciendo además una información distinta de la consignada en las actas electorales (en abierto engaño a la ciudadanía) y habiendo modificado sobre la marcha criterios de interpretación legal sobre los mismos asuntos (un fraude a la ley). Quizá lo hicieron por temor, presiones provenientes de altos niveles o sesgos personales. Pero, lo que haya sido, lo indiscutible es que quedaron muy por debajo de las circunstancias de ese delicado proceso.
Siguiendo con el resto de la aristocracia política, si bien sus salarios no son tan insultantes como los del Poder Judicial (aunque sí en el caso de muchos alcaldes y gobernadores), siguen siendo elevados en relación con las mismas dos variables: su pobre desempeño profesional y la situación socioeconómica del país. No hay más que ver la labor de la mayoría del gabinete presidencial (con sus excepciones), sus torpes comentarios, sus magros resultados, su inoperancia política, los escándalos que provocan, para saber que su calidad no justifica sus ingresos. Desde luego, puede aflorar una vez más el viejo argumento de que las elevadas remuneraciones responden al propósito de inhibir la corrupción (al darse por sentado que quienes ahí llegan son perfectamente corruptibles, lo cual parece cierto), pero resulta que, sea cual sea el nivel salarial, la corrupción sigue siendo un mal endémico y estructural (que no se penaliza ni por casualidad). Viene, por otro lado, la competitividad del mercado laboral. Si los salarios fueran más modestos —argumentan—, los mejores se irían a la iniciativa privada, que llega a pagarlos mucho mejores. Eso alegaba el mediocrazo ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, para justificar sus 350 mil pesos mensuales de salario. Y eso de que con buenos ingresos se puede contratar a los mejores no está nada claro: prevalecen el compadrazgo, las cuotas partidarias y los compromisos políticos como criterios de selección, no la preparación, la destreza ni la experiencia profesional. Quien no tenga vocación de servicio público, mejor estaría en la iniciativa privada, si de verdad es alguien competitivo y eficaz (como difícilmente lo son nuestros aristócratas políticos).
Y, de los legisladores, más vale no hablar. Lo único decente que podrían hacer ahora es aprobar la congelada iniciativa de la Ley de Salarios Máximos, para que ningún servidor pueda designar su respectivo salario ni recibir un ingreso mayor que el del jefe del Estado, con las excepciones de los especialistas que determine el Congreso en cada caso (el PAN pone resistencia a esto último, pues prefiere dejar las excepciones abiertas). Más aún, nada mal estaría que, por lo pronto, se bajara el nivel de salarios de la aristocracia política al menos diez por ciento. No sería demagogia ni populismo, sino un mínimo de sensibilidad social en estos tiempos de crisis, desempleo y devaluación.

Razones para no votar

Horizonte político
José A. Crespo

Razones para no votar

Las condiciones políticas que hoy prevalecen no parecen incentivar suficientemente el sufragio. Algunas posibles razones de ello son las siguientes:
A) Se calcula que existe una franja de entre 20 y 30% del padrón electoral (hoy formado por 77 millones de electores) que nunca acude a las urnas, independientemente de las condiciones políticas vigentes, de quiénes sean los candidatos o de lo que está en juego en cada elección. A esos ciudadanos no les interesa la política, no creen en ella ni en sus actores, no tienen mucha información ni la buscan. Lo que ocurra o deje de pasar en la vida pública les tiene sin cuidado.
B) Otros ciudadanos, que en general sí tienen incentivos e interés por sufragar, y que lo hacen de manera regular, podrían no votar en esta ocasión por considerar que los partidos no se diferencian suficientemente. Se han decepcionado de todos, por diversas razones. A ninguno lo ven como realmente superior o más prometedor o ni siquiera menos malo que los demás. En tales condiciones, no se le ve sentido votar por alguien. El costo del sistema electoral y de partidos a nivel nacional —más de mil millones de pesos cada mes durante este año—, lejos de estimular la participación —como sostienen los partidos—, podría constituir otro motivo más de indignación, y el consecuente alejamiento de las urnas.
C) En el caso concreto de México, un ciudadano podría negarse a votar por el PAN, tras haber constatado su ineptitud, su mojigatería y, sobre todo, su claudicación democrática. Pero podría no querer tampoco sufragar por el PRD, dada su estridencia hacia fuera y divisionismo hacia adentro. Podría concluir que ninguno de esos dos partidos —antiguos impulsores de la democracia— ha combatido desde el poder la corrupción y la impunidad. No han llamado a cuentas a los corruptos en sus respectivas jurisdicciones, pero además muchos de los funcionarios surgidos de sus filas han incurrido en ilícitos. El corporativismo que tanto el PRD como el PAN criticaron al PRI en su momento, ha sido revivido por ambos, con aparatos propios o con alianzas inconfesables.
D) Pero, igualmente, un ciudadano podría ser reacio a sufragar por el PRI al no haber visto una genuina renovación en su ideario, su estructura o comportamiento político. Y quizá no vean con entusiasmo un retorno del tricolor, como si su pasado se hubiera volatilizado. Votar por el PRI podría ser visto como una virtual claudicación social a la democracia. Por lo cual, muchos decepcionados con el PAN y el PRD probablemente tampoco vean al PRI como una buena opción para entregarle su voto.
E) Podría igualmente considerar un elector que los partidos emergentes sólo representan negocios particulares, concentrados en hacer fortuna para sus miembros. La naturaleza mercenaria del Partido Verde, el corporativismo del Panal, la trayectoria errática y oportunista del PT y de Convergencia, o el porrismo del PSD pueden no constituir muy buenas razones para sufragar por ellos.
F) Es posible también que algunos ciudadanos, tras la elección de 2006, hayan sido decepcionados por las autoridades electorales que, habiendo acumulado suficiente confianza y credibilidad, fallaron en el momento clave de aquel proceso. Podría ser que esos ciudadanos hayan visto perder al IFE y al TEPFJ la imparcialidad que esencialmente mostraron antes de 2006, al negarse a transparentar la elección, mostrando sesgos en sus juicios y resoluciones, los cuales terminaron por favorecer al PAN. Muchos ciudadanos podrían no ver mucho sentido en asistir a las urnas en tanto no constaten un cambio de fondo de los organismos encargados de imprimir certeza e imparcialidad a los comicios, mientras vean en su conformación la mano interesada de los partidos.
G) Menos aún ahora que el IFE desistió de sancionar (con votación dividida, de cinco a cuatro) a las televisoras, por las deliberadas interrupciones a la programación, responsabilizando de eso al propio Instituto. Algunos consejeros consideraron que no se cometieron faltas a la ley, o bien que sí las hubo pero que desaparecieron al prometer las televisoras no volverlas a cometer. Tesis que invita a infringir las leyes sin recibir sanción por ello, si se promete solemnemente, con la mano sobre La Biblia, no volver a hacerlo. Antes, el IFE se quejaba de no tener tarjetas rojas; ahora que las tiene, prefiere hacerlas perdedizas para no tener que usarlas. ¿Y así quiere recuperar la credibilidad perdida? En la sesión correspondiente (13/feb/09) el PT, el PRD y el PSD se pronunciaron por aplicar las sanciones que marca la ley; el Partido Verde salió a defender a capa y espada a las televisoras (refrendando su carácter mercenario), y los demás partidos (el PAN y el PRI incluidos) prefirieron guardar prudente silencio. No es que los partidos le tengan miedo a los consorcios mediáticos… es mera precaución. El fallo favorece desde luego a las televisoras, no tanto por el dinero ahorrado (once millones entre ambas), sino porque debilita al IFE y a la ley electoral. Su lance para sabotear la reforma en esta materia fue todo un éxito. El Instituto sale debilitado (y, peor aún: autodebilitado). Si encima fuera cierta la versión de que Gobernación presionó con evidente éxito a los consejeros, la cosa sería más dramática. El gobierno se habría doblegado, de nuevo, a las televisoras, y el IFE, al gobierno. Alentador panorama, que no invita precisamente a acudir a las urnas.
En suma, por alguna de las razones aquí expuestas, o por una combinación de ellas, muchos ciudadanos podrían decidir que no vale mucho la pena concurrir a las urnas, lo cual implicaría legitimar un sistema partidario que no muestra voluntad de cambio democrático, que no desea compartir su poder con los ciudadanos a quienes dice representar.