Sueño una mejor universidad en todo; no podemos bajar la guardia

*Entrevista con el rector José Narro en el contexto del festejo por el centenario de la UNAM

*Sueño una mejor universidad en todo; no podemos bajar la guardia

*Destaca la vocación social transmitida a sus estudiantes a partir de valores laicos y cívicos

Aún no hay fecha para inscribir el nombre de la máxima casa de estudios en el muro de honor de la Secretaría de Educación PúblicaFoto Marco Peláez

Emir Olivares y Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

A punto de cumplir tres años de gestión y aún sin decidir si se postulará para un segundo periodo, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualiza: me preocupa la calidad de la institución frente a la competencia nacional e internacional. No podemos bajar la guardia y por ello pretendo dejar una universidad preparada para contender con los retos del siglo XXI.

En la UNAM se ultiman detalles para los festejos por los 100 años de su refundación, el próximo 22. Los gobiernos locales y los poderes Legislativo y Judicial han manifestado beneplácito ante tal efeméride, pero no ha sido así de evidente el gobierno federal, aunque hay la intención de inscribir el nombre de la universidad en el muro de honor de la Secretaría de Educación Pública.

Platiqué con el Presidente y me hizo el planteamiento. Por supuesto que acepté y lo agradecí. En la reunión estaba el secretario Alonso Lujambio. Entiendo que él lo debe haber interpretado como una instrucción de su jefe, pero aún no hay fecha, comenta.

Narro rechaza que ante tan señalado acontecimiento haya un olvido de la administración federal, pero admite que no se han visto alusiones explícitas ni siquiera en términos discursivos. La verdad, a quienes les corresponde celebrar el centenario es a nosotros, los universitarios.

En entrevista con La Jornada, destaca la vocación social transmitida a los estudiantes de la UNAM a partir de valores laicos y cívicos, muchas veces en franca contraposición a los inculcados de manera preponderante en las instituciones privadas.

En estas últimas se presta más interés y apoyo al tema de la ganancia. Se establece casi una igualdad entre lo que se acumula como capital, como bienes materiales, y el valor de cada cual como persona: tener para parecer. Eso es un gravísimo error. Las universidades, sobre todo las públicas, tenemos la responsabilidad de enseñar a los jóvenes que, más allá de la ciencia o de la técnica que dominen, deben sentir afecto, cercanía, contacto y preparación en las áreas humanistas, y viceversa.

–A 100 años de distancia, ¿cuáles considera las mayores aportaciones de la UNAM al país?

–La institución ha estudiado al país desde múltiples perspectivas: sus problemas, recursos y posibilidades. El siglo XX mexicano está repleto de esas aportaciones y hemos formado a cientos de miles de profesionales. La universidad ha sido pródiga en la elaboración de propuestas para solucionar los dilemas de la nación. Además, hemos influido en la formación de muchas de las instituciones y los servicios orientados siempre a favorecer a la sociedad, como institutos nacionales de salud, el Mexicano del Seguro Social, el Mexicano del Petróleo, entre otros.

–¿Los estudiantes de la UNAM están en desventaja frente a los de algunas instituciones privadas donde se privilegia la capacitación para el lucro? ¿Esto los margina en el mercado laboral?

–No, porque formamos muy bien a nuestros estudiantes. No tengo duda de que en el sector privado hay buenas instituciones de educación superior, pero tampoco tengo empacho en decir que las mejores corresponden, en altísimo porcentaje, a las públicas.

“Afortunadamente la mayor parte de los estudiantes todavía se forman en el sistema público. Nos preocupa que parte del incremento de instituciones privadas no necesariamente esté ligado a la calidad; la mayoría se llaman universidades y en realidad de tal condición sólo tienen el nombre.

A la par de su preparación, nuestros estudiantes tienen un compromiso social y se incorporan al mercado laboral. Una encuesta reciente revela que 69 por ciento de los egresados en 2001 tiene un trabajo permanente, 13 por ciento ocupa puestos eventuales, 9 por ciento no trabaja porque estudia o se dedica a la familia, y sólo 8 por ciento no encuentra trabajo.

–¿En qué momento la UNAM quedó fuera de la aportación de los cuadros directivos para el país? ¿Sus egresados ya no responden a los intereses del sistema actual?

–Honestamente no lo creo así. En 2000 México votó por la alternancia. Con el aumento de instituciones de educación superior se ha ampliado también el espectro de formación de cuadros dirigentes. Pero puedo dar datos de que la UNAM es semillero de líderes en los sectores público, social, privado, económico, político, cultural y comercial.

–Su gestión está por completar los tres años. ¿Qué tanto avance lleva su proyecto? ¿Cuál es el legado que desea dejar? ¿Ya piensa en el siguiente periodo?

–Empiezo por la última. No he tomado ninguna decisión; esos temas deben analizarse cuando se acerquen los tiempos y faltan todavía muchos meses. No me siento satisfecho, pero sí contento por lo que hemos hecho; trabajamos a todo vapor y en un ambiente adecuado. Se ha mejorado el bachillerato, la infraestructura, el equipamiento docente y se ha privilegiado la formación de recursos humanos desde ese nivel de enseñanza hasta el posgrado.

Tenemos proyectos que a veces quisiéramos fueran más de prisa, pero no siempre es posible porque la realidad es muy canija. Tengo la satisfacción de tener gran cercanía con la comunidad universitaria. Sueño una mejor universidad en todo; cada día hay mayor competencia y no podemos bajar la guardia.

Respecto de la polémica que enfrentó con el titular de la SEP sobre el número de jóvenes en México que no estudian ni trabajan, y en la que finalmente se le otorgó a él la razón, Narro Robles porfía en su planteamiento: “la respuesta está en fomentar los sísis”.

Fuente: La jornada

Plantea Calderón recorte de 21.15% al presupuesto de cultura

Judith Amador Tello

MÉXICO, D.F., 13 de septiembre (apro).- El proyecto de presupuesto 2011 para el subsector Cultura, presentado la semana pasada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, plantea una disminución de 21.15% respecto del ejercicio 2010.

Aunque hay incrementos y decrementos en las distintas instituciones que conforman el subsector, la suma total exhibe un recorte: para 2010 se aprobaron 11 mil 459 millones 498 mil 804 pesos, mientras que para el próximo el Ejecutivo federal plantea un monto de 8 mil 920 millones 616 mil 187 pesos. Esto es, 2 mil 538 millones 882 mil 617 pesos menos.

De ser aprobada por el Congreso esta propuesta, las instituciones que recibirán un aumento serán el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que de 2 mil 953 millones pasaría a 3 mil 41 millones de pesos; Centro de Capacitación Cinematográfica, que de 43.1 millones quedará en 56.2 millones.

En la misma situación se encontrarán el Centro Cultural Tijuana, que de 80.6 millones, pasará a 90.6 millones; Educal, de 43.2 millones a 48.6 millones; Estudios Churubusco, de 62.3 millones, pasará a 64 millones, y Cineteca Nacional, que de 50 millones, quedará en 59 millones de pesos.

Por el contrario, se recortan los montos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que de 4.9 mil millones de pesos queda en 2.8 mil millones, con la reducción más significativa, unos 2.1 mil millones.

Asimismo, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que de 2.6 mil millones pasa a 2.1 mil millones, siendo una de las instancias coordinadas por el Consejo que mayor impacto en la reducción recibe, con 498 millones de pesos.

También destaca Radio Educación, que pasa de 80.8 millones a 79.2 millones de pesos; Instituto Mexicano de Cinematografía, que de 357 millones queda en 313 millones; y Canal 22, que de 223 millones 270 mil 773 pesos, queda en 223 millones 154 mil 324 pesos, la instancia que menos reducción tendrá.

La legisladora María Rojo, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, anunció que presentará un punto de acuerdo ante el pleno de esa cámara para que se fortalezca el presupuesto del subsector para 2011.

Fuente: Proceso

Catedráticos de la UNAM: futuro incierto

En puerta, la aprobación de la reforma al Estatuto del Personal Académico que las autoridades de la UNAM impulsan en sigilo. La modificación de las normas que rigen el trabajo de los catedráticos en la más importante universidad de México cercena derechos y conquistas laborales: vacaciones, jubilación, aguinaldo, viáticos, exenciones de pago, permiso por parto y pago de marcha. Profesores consideran que se precariza su situación laboral. “No hagan olas”, revira la autoridad universitaria en voz de Raymundo Cea. Considera que la reforma busca “clarificar las figuras académicas” y legalizar prácticas vigentes.

Flor Goche

David Lozano es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace 14 años. Sus estudios de maestría y doctorado, además de las investigaciones que realiza en el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de esta facultad, no le han bastado para mejorar su condición laboral. Es profesor de asignatura, interino, y recibe apenas 1 mil 126 pesos quincenales por 18 horas de docencia.

Su situación no es única, se lamenta. Se trata del proyecto de Modernización Educativa –“inspirado en la tesis del neoliberalismo económico”– que desde la década de 1980 afecta las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, principalmente de los profesores de asignatura: el 56 por ciento de la planta docente de la UNAM.

La reforma al Estatuto del Personal Académico de la Universidad (EPA-UNAM), próxima a aprobarse en el Consejo Universitario –máximo órgano de decisión de esta institución–, legitimaría dicho proyecto, advierten profesores universitarios.

“Una reforma al corazón de la vida del sector académico”, pero diseñada al margen de éste. Un proyecto que, contrario a su objetivo, no favorece la función sustantiva de esta Universidad, pues privilegia el “saber hacer” en vez del “saber pensar” y del “saber ser”, concluyen en foros de análisis los profesores organizados desde 1999 en la Asamblea Universitaria Académica (AUA).

El proceso de modificación al Estatuto que regula el quehacer académico en la UNAM inició hace seis años cuando el Consejo Universitario convocó a los profesores a conformar el Claustro Académico, órgano colegiado encargado de elaborar la propuesta de reforma que, como informa Raymundo Cea, integrante de dicha instancia, “está prácticamente lista”.

El enfoque de las competencias

Las modificaciones a la Carrera Académica –la esencia de la reforma al EPA-UNAM– favorecen la competitividad entre académicos al incrementar los requisitos para su ingreso, permanencia, promoción y definitividad (ser contratados por tiempo indeterminado) en la institución, pero sin brindar a todos las oportunidades de superación laboral y académica, aseguran los integrantes de la AUA.

Apoyos insuficientes

La Propuesta conceptual de la reforma del estatuto del personal académico de la UNAM no contempla ningún programa que obligue a la Universidad a garantizar la superación académica de sus profesores, asegura María Esther Navarro, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Derechos mutilados

Navarro, al igual que otros académicos, exige a la autoridad universitaria una explicación sobre los derechos laborales contemplados en el artículo 6 del Estatuto vigente, pues los viáticos, las vacaciones, la jubilación, las exenciones de pago, el aguinaldo, el pago de marcha y el permiso por parto desaparecen de la propuesta de reforma actual.

Leer articulo completo AQUI.

El golpe a la educación

AXEL DIDRIKSSON

En menos de una década, los gobiernos panistas han logrado avanzar en el desmantelamiento de los aparatos del Estado y de la democracia a favor del mercado. Esto se manifiesta en progresivas privatizaciones de áreas del petróleo, la electricidad, la educación y la cultura, pero también de la democracia, cada vez más en manos de los magnates de las televisoras y de los dueños nacionales o internacionales de las telecomunicaciones.

El mayor avance en ese propósito, el más terrible, es el que se resiente en el sistema educativo nacional, en donde, poco a poco, el PAN, la SEP, el SNTE y el gobierno federal buscan deshilvanar y ofuscar partes de la historia nacional, los valores de autodeterminación, laicismo y humanismo, con orientaciones que privilegian las competencias para el trabajo y la educación financiera y administrativa, al mismo tiempo que se apoya la privatización de la educación, su mercantilización y una idea de calidad que reproduce el currículum oculto de las élites.
En la educación básica esto se está logrando por la vía de la deformación del aprendizaje, alterando contenidos, lenguajes, métodos e identidades, pero, sobre todo, disminuyendo los recursos que la educación pública requiere para alcanzar mayores niveles de cobertura, equidad y ciudadanización.
Reducir de forma sistemática, año con año, las partidas destinadas a la educación pública (para 2010 la cifra correspondiente será de alrededor de 1% del PIB), no sólo refuerza la idea de que el mercado educativo es potencialmente mejor, sino también la consistente en que la calidad de la educación pública no podrá ocurrir nunca. Mientras la SEP reduce cada vez más su capacidad de acción y no atina a definir políticas hacia una reforma integral en el sistema para mejorarlo, se organizan evaluaciones que demuestran que los estudiantes y, sobre todo, los profesores, no dan la talla ni pueden alcanzar los indicadores de excelencia que abstractamente se promueven.
Para la educación básica, el golpe está dado en la reducción presupuestal hacia los estados con mayor rezago educativo (en 2008 se lo propinaron a 20 entidades y ahora a 23), mediante la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que, cada año, reduce recursos en lugar de incrementarlos para alcanzar mayores niveles de cobertura y de atención a los grupos más vulnerables. Así, se prevé un recorte de 3 mil 333 millones de pesos para 2010.
Sin embargo, el trancazo más fuerte se le está dando a las universidades públicas. Terrible, cuando se sabe que son éstas las que soportan lo mejor de la producción de nuevos conocimientos, de los aprendizajes, de la investigación y de la vida cultural del país. El reciente Premio Príncipe de Asturias otorgado a la UNAM es una muestra elocuente. Pero desde la lógica del mercado, que esto ocurra en la educación superior pública no perjudica porque, como lo afirmara el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, frente a los senadores, “los subsidios a las universidades son regresivos” (27/X/09).
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, serían asignados a la educación superior 77 mil 43 millones 500 mil pesos, lo que significa una disminución de 6.2% respecto a 2009, aunque con otras medidas la reducción llega al 7.9% en términos reales. Sólo para la UNAM el recorte sería de 1.3%.
En 2009 ya había ocurrido una disminución de 800 millones de pesos en el sector. Con todo ello, de 2009 a 2010 el presupuesto para la educación superior baja de 0.66% a 0.59% respecto del PIB, cuando la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) era aumentarlo de 0.66% a 0.71%. Para el gasto en ciencia y tecnología la reducción es de 4.6%, y para el Conacyt, de 6.4%; así, se mantiene sin crecimiento real este gasto, que ha fluctuado de 0.39% en 2003 a 0.34% en 2010 respecto del PIB, y sigue sin avanzar la propuesta de alcanzar por lo menos 1% del PIB para la investigación científica.
Son sólo ocho universidades públicas las que en México concentran 25% de los estudiantes de nivel de licenciatura y más de una cuarta parte de los de posgrado. Esto quiere decir que dichas instituciones atienden a medio millón de estudiantes de licenciatura, pagan el sueldo de 23 mil 356 profesores e investigadores de tiempo completo, y ofrecen todas facilidades posibles al más importante número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
El recorte a las universidades atenta contra las posibilidades de ampliar la base social e institucional de producción y transferencia de conocimientos. En la lógica de la derecha, del actual gobierno y de quienes se han visto favorecidos nuevamente con los acuerdos legislativos en materia de gasto total nacional, esto parecería no tener mucha trascendencia, pues consideran que siempre se podrá contar con las ofertas del mercado global, y eso significa que podemos ser subsidiarios, maquiladores o representantes de alguna de las franquicias educativas, científicas o tecnológicas.
Fuente: Proceso

En Los Pinos 27 personas acaparan 10% del presupuesto

México SA
*Disparejos sueldos entre “servidores públicos”
*En Los Pinos 27 personas acaparan 10% del presupuesto

Carlos Fernández-Vega

Serenos, mexicanos furibundos y pagadores, que ya lo clarificaron los brillantes tecnócratas de la Secretaría de Hacienda: el alud de impuestos que para 2010 promueven el inquilino de Los Pinos y el espléndido doctor catarrito” por medio de su paquetazo no sólo “permitirá retomar el camino del crecimiento sin impacto inflacionario”, sino que la nueva carga fiscal “no le pega a la clase media”, ni a los pobres y mucho menos a los ricos. Qué bueno saberlo, sobre todo si la noticia, con toda la credibilidad del caso, proviene del mismo equipo gubernamental que no ha dado una en materia de pronósticos económicos, detección oportuna de crisis y promoción del crecimiento en el país.
Qué bueno, pues, pero surge la pregunta: si la avalancha fiscal no impactará el bolsillo de ningún sector de la población, entonces ¿quién pagará los impuestos? (los nuevos, los disfrazados y los viejos, éstos con tasas mayores, estimados en un billón 328 mil millones de pesos). Se supone que alguien deberá hacerlo en 2010 en el contexto del “cambio” que retóricamente promueve el inquilino de Los Pinos. Si se atiende la festiva versión de los ágiles muchachos que rodean al doctor Carstens, nadie lo hará, aunque en el citado paquetazo se especifica que, de autorizar el Congreso los nuevos gravámenes y el aumento de los existentes, los pobres pagarán impuestos para salir de pobres, según promesa oficial; los desvalijados clasemedieros harán lo propio, y los ricos.... ¡Ya está! Aquí es donde cabe perfectamente el comentario de los tecnócratas de Hacienda: los ricos no pagarán prácticamente nada –salvo por consumo, y eso habrá que verlo–, porque el alud fiscal no roza su chalet.
Algo similar sucede con el “cambio” desde el micrófono oficial pregonado en materia de gasto corriente y dentro de éste, especialmente, en servicios personales, o lo que es lo mismo, en nómina burocrática. El recorte, dicen, será sin distingos y “parejo” en el abismalmente disparejo universo de sueldos, salarios, prestaciones y conexos de los autodenominados “servidores públicos”, caso concreto el catálogo de emolumentos en la Presidencia de la República, en el que el salario bruto mensual más reducido (2009) es de 3 mil 625.66 pesos (7 mil 839.75 con prestaciones), y el mayor de 208 mil 570.91 (277 mil 429.17), según la Secretaría de Hacienda.
Así, de acuerdo con la misma fuente, el inquilino de Los Pinos y 26 personas más (el 1.65 por ciento del personal que oficialmente labora en la Presidencia de la República) se engullen casi 10 por ciento del presupuesto destinado a servicios personales. Si el círculo se amplía para incorporar de directores de área hacia arriba (Calderón incluido), entonces 111 personas (6.8 por ciento del referido personal) se comen 35 por ciento de tal presupuesto, mientras de arriba hacia abajo mil 526 trabajadores (93.2 por ciento del personal) se distribuyen (de forma igualmente inequitativa) el 65 por ciento restante, lo que demuestra lo profundamente disparejo de lo parejo. Lo anterior no considera “gastos de representación”.
Esa realidad se repite en todas las dependencias públicas, en las que un selecto grupo obtiene sueldos y prestaciones de primer mundo –con resultados de cuarto–, mientras el voluminoso resto se hace bolas con lo que le dejan. Por ejemplo, en el sector central de la Secretaría de Hacienda (Carstens, genios y conexos), 4.8 por ciento de las plazas oficialmente reconocidas (la del secretario en primer lugar) se engulle no menos de 21 por ciento del presupuesto destinado a servicios personales. El ejercicio se puede repetir en cualquier oficina de gobierno (inclúyanse los estatales y municipales), más los poderes Legislativo y Judicial –donde la cuchara más grande les queda muy chica para servirse en sueldos, salarios y prestaciones– y el marcador será igualmente disparejo y desolador.
Como parte del “cambio”, micrófono en mano, para 2010 el inquilino de Los Pinos prometió una “sacudida” en cuanto a gasto corriente (especialmente nómina burocrática). Sin embargo, en una primera revisión el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados encontró lo siguiente:
“En relación a la dinámica específica del gasto corriente, éste presenta un incremento absoluto de 49 mil 578.1 millones de pesos, al pasar la asignación presupuestal de un billón 811 mil 588.8 millones de pesos en 2009 a 1 billón 861 mil 166.9 millones en 2010. Ello implica un crecimiento en la asignación de 2.7 por ciento, en términos reales; en lo relativo al gasto corriente, tres de sus cuatro componentes principales presentan incrementos, tanto en términos absolutos como relativos. Los servicios personales se incrementan en 6 mil 796.2 millones de pesos, al pasar su asignación de 822 mil 329 millones de pesos en 2009 a 829 mil 125.2 millones en 2010, significando un incremento relativo real de 0.8 por ciento; el rubro de pensiones y jubilaciones es el que presenta el mayor crecimiento en términos reales, siendo este del orden de 16.1 por ciento, al incrementarse el monto asignado de 263 mil 932.2 millones en 2009 a 306 mil 502.8 millones de pesos en 2010, una variación absoluta de 42 mil 570.6 millones de pesos; en relación con los subsidios, crecen en términos absolutos y relativos, pero en menor magnitud que las pensiones. Concretamente, la asignación presupuestal se incrementa de 280 mil 188.2 millones de pesos en 2009 a 291 mil 557.8 en 2010; una diferencia absoluta de 11 mil 369.6 millones de pesos y relativa de 4.1 por ciento; el último de los renglones principales del gasto corriente, otros gastos corrientes, presenta una variación real negativa de 2.5 por ciento, y una caída absoluta de la asignación presupuestal de 11 mil 158.3 millones de pesos. Este comportamiento refleja las disminuciones relativas, en términos reales, de algunos de sus componentes, entre ellos los ramos administrativos, los poderes, entes autónomos y ramos generales”. En riguroso sentido contrario, el gasto de inversión –generador de riqueza y empleo– reporta una caída cercana a 10 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Oportuno como siempre, el inquilino de Los Pinos dice que “los costos por la inmovilidad son mucho más altos que los costos por actuar ahora”. Qué bueno que tres años después se dio cuenta de lo obvio, justo cuando el horno no está para bollos... El Club de Periodistas de México invita a su 58 foro Las reversas del… ¿cambio? Participan el colega Enrique Pastor Cruz Carranza, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, José Antonio Vital Galicia, Fernando Celis Callejas y Edgar Cortés Morales. Moderan Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. La cita es hoy a las 18 horas en Filomeno Mata 8, Centro Histórico. Se pone bueno.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!

Desfiladero
*¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!
Jaime Avilés

Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a sufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán poco más de 9 mil millones de pesos en bonos.
Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el documento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones 112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa cantidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la educación.
La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Suprema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.
Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer realidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la “justa medianía” y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo federal.
Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque “no es retroactiva”. En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. Sin embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroactiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?
La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendérnosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: “Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”. What? ¿Qué diablos significa eso? Calma, la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centavo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?
Ahora, veamos lo que dice el inciso b): “Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”. ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.
En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 505 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mil 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.
Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775 mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 meses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máximos?
Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamados “compensaciones garantizadas o de apoyo”), que en el caso de los ministros de la Corte suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y supera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bonos (que en el tribunal electoral denominan con ternura “bonifacios”) para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa “compensación” ganen más de 155 mil pesos mensuales.
Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo base, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una transformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser destinado a la educación y a la investigación científica.
A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabra “epidemiológico”; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no existen en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bonos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.
Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comenzar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.
Para comunicarse con esta columna: jamastu@gmail.com

Calderón y el “decreto de tope máximo”

México SA
*Calderón y el “decreto de tope máximo”
*¿Cuál ingreso se considera?
*Educación: “tope mínimo”

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la sesión del pasado primero de julio.

Carlos Fernández-Vega

Sin quitarle una pestaña al voluminoso monstruo peludo de sueldos, sobresueldos, compensaciones, prestaciones y el resto de jugosos estímulos” que obtiene la burocracia –la de arriba y la de abajo–, el inquilino de Los Pinos firmó un decreto que pone “tope” al nivel salarial de los llamados “servidores públicos”. A partir de ahora “nadie podrá” obtener un salario igual o superior al recibido por el “austero” abajo firmante (salvo los ministros de la Suprema Corte y del TEPJF, los consejeros del IFE y tantos etcéteras que no incluye el susodicho decreto).
Así, ni un centavo más a sueldos y salarios de la tres veces H burocracia nacional (hasta que el inquilino decida incrementarlos), aunque es de subrayar que el citado decreto “olvidó” todo lo demás, es decir, los referidos “estímulos” que suponen una carga presupuestal de tal magnitud que ni el propio Atlas (el de la mitología griega) sería capaz de llevarla sobre su espalda. Para dar una idea de qué se trata, independientemente de sueldos y salarios “normales”, tan sólo en el segundo trimestre de 2009 –cuando el PIB se desplomó 10.3 por ciento– el pago de “prestaciones de los servidores públicos” superó 50 mil millones de pesos (monto similar al más reciente recorte presupuestal anunciado por el Doctor Catarrito, sin considerar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos de estados y municipios, congresos locales y los que falten por citar), y ese pequeñísimo detalle no está considerado en el nuevo mandato constitucional.
Oficialmente, el firmado ayer por el inquilino de Los Pinos es un “decreto de reforma constitucional que establece un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal” (Calderón dixit), con lo que, por su propia definición, surge la primera duda: de acuerdo con el tabulador 2009 del gobierno federal, el sueldo de quien despacha en la oficina principal de la ex Hacienda de La Hormiga es de 40 mil 766 pesos mensuales (aguinaldo y prima vacacional corresponden a este nivel de ingreso); el resto –167 mil 804.92 pesos, según el mismo tabulador– se denomina “compensación garantizada”. Entonces, ¿ese sueldo, sin lo demás, es el tope constitucional que establece el decreto?
Si la respuesta es positiva, quedaría claro que los sueldos (sin lo demás) de la alta burocracia de ninguna manera son desproporcionados, corresponderían al espíritu juarista citado ayer por el propio Calderón a la hora del discurso y darían sustento ético al exhorto que el abajo firmante hiciera ayer a los tres niveles de gobierno (“vivir en la austeridad”) y a su compromiso (uno más) de “uso eficiente y transparente de los recursos”, porque al hacerlo se “fortalece nuestra democracia y evita abusos que se habían arraigado (¿habían?) en las prácticas administrativas del país”.
El panorama se modifica si la respuesta es negativa, porque de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 el sueldo bruto del inquilino de Los Pinos (favor de no alterar el orden de las palabras) asciende a 208 mil 570.92 pesos mensuales, ingreso al que debe adicionarse el paquete de prestaciones (brutas, también), que asciende a 68 mil 858.25 pesos cada 30 días, para un total de 277 mil 429.17 pesos por mes, o si se prefiere 3 millones 329 mil 150 pesos en este agitadísimo año, sin considerar que de sol a sol todos sus consumos, movimientos, congelamientos, apanicamientos e inventos son pagados íntegramente por los mexicanos.
Algunos dirán que el sueldo (neto) oficialmente reconocido es de 146 mil 839.21 pesos (sin incluir aguinaldo ni prima vacacional), pero olvidan mencionar que los “descuentos” al ingreso del inquilino de Los Pinos (impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, servicio médico, seguro de vida y seguro de retiro) en realidad corren a cuenta de los mismos mexicanos, al igual que las voluminosas prestaciones que obtienen el propio Calderón y los llamados “servidores públicos”, las que ni por aproximación fueron tocadas por el decreto.
Lo mismo sucede en la escalera burocrática. Un secretario de Estado (aunque en realidad lo sea de despacho) oficialmente tiene un sueldo bruto de 32 mil 813.14 pesos mensuales, y un subsecretario de 23 mil 667.18 pesos. El problema comienza con la pomposamente llamada “compensación garantizada”: 172 mil 308.91 pesos para el primero y 168 mil 277.12 pesos para el segundo, sin considerar prestaciones en ambos casos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, al sueldo y a la “compensación garantizada” del secretario hay que sumar casi 66 mil mensuales por “prestaciones brutas” y cerca de 65 mil al subsecretario. ¿Cuál es el ingreso que considera el decreto para estos casos?
De allí para abajo, los abultados emolumentos de los tres veces H “servidores públicos”, que se nutren, y muy bien, en la inagotable telaraña de sueldos, compensaciones, prestaciones, “apoyos”, “ayudas”, seguros, créditos, “estímulos”, “fondos”, “primas” y conexos que a los mexicanos les cuesta uno y las tres cuartas partes del otro, pero no sólo en dinero contante y sonante, sino en falta de resultados, en carencia de proyecto, en cancelación de futuro, minúsculos detalles no incluidos en el decreto ayer firmado por el “austero” inquilino de Los Pinos, el mismo que reflejándose en el espejo se animó a citar a Benito Juárez: “los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa”. Y se quedó tan tranquilo.
Mientras a unos les ponen “tope máximo”, a otros los obligan a aceptar “topes mínimos”. Ayer, Alonso Lujambio Irazábal (SEP-EEG) dijo que “la crítica situación económica exige ajustar (léase recortar) con responsabilidad los presupuestos de 2009´” (7 mil 186 millones de pesos menos para la Secretaría de Educación Pública), de tal suerte que “se ha entrado a un presupuesto deliberativo para definir los ajustes”. Pues bien, a “deliberar”, con el apunte del TEC, campus estado de México: “en la elaboración del próximo presupuesto uno de los ramos que reclamará mayor atención será la educación pública. Fundamentalmente porque de 3 mil 343 millones de pesos que su sector central ejerce, 184 millones van a ayuda de despensa, 17.3 millones en apoyo a la docencia, 6.8 a docencia genérica, 19.9 en ayuda a libros, 4.6 por apoyos por docencia, 256 por día del maestro, 36.4 de compensación por actuación y productividad, mil 345 de estímulos por antigüedad, 250 por puntualidad o productividad (otra vez), 351 de prima vacacional o dominical, 25 de servicios co-curriculares y 97.2 se van a ‘otras prestaciones’”.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte y solidario abrazo para José María Pérez Gay por la irreparable pérdida de su padre.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Ante la crisis, AMLO y Calderón enfrentados

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”.

- Francisco de Quevedo

Por Lilia Arellano

*Cancelación de privilegios a la alta burocracia

*Prioritarios: empleo, servicios y el gasto social

*Ya suman 54.8 millones mexicanos miserables

*Riesgoso endeudamiento e infame subejercicio

*Lo que nos faltaba: recorte a las universidades

fin de cubrir el boquete de 500 mil millones de pesos en las finazas públicas del país, el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador propuso eliminar el cúmulo de privilegios de la alta burocracia calderonista, cobrar impuestos a las grandes empresas trasnacionales y locales, además de declarar una moratoria al pago de intereses del Fobaproa, sin decretar aumentos a tarifas de servicios ni aplicar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) a medicamentos y alimentos. El tabasqueño demandó reducir al 50 por ciento los salarios de Felipe Calderón, ministros de la Corte, magistrados, senadores, secretarios, subsecretarios y directores generales, antes de aplicar recortes al gasto social. Esa propuesta realista contrasta con los recortes de burócratas, de recursos públicos, cancelación de obras y programas de gobierno, más desempleo, más inseguridad, más pobreza, más impuestos y mayor endeudamiento que presenta como “solución” Calderón para intentar sacar adelante las finanzas públicas de su administración y, de paso, hundir más al país. El inquilino de Los Pinos se equivoca totalmente, por lo que el Congreso tiene la obligación y el deber de enmendarle la plana y evitar que siga llevando a la Nación al desastre total y a la completa miseria a los más de 107 millones de mexicanos, de los cuales 54.8 millones ya están en situación de pobreza y cuyo resentimiento social puede desembocar en una abierta insurgencia.Al reinaugurar en el Estado de México una planta de Jugos del Valle, propiedad de la trasnacional Coca-Cola, este jueves el michoacano anunció que se reducirá la burocracia innecesaria y se eliminarán cargas que desestimulen la inversión. Advirtió que “la clave es, precisamente, el poder mantener finanzas públicas equilibradas, el reducir burocracia que no sea necesaria o, incluso, que no sea la indispensable, sobre todo en estos tiempos complicados que tenemos”. Esta advertencia a la burocracia mexicana se presenta a sólo dos meses de que la Secretaría de Hacienda anunciara que los burócratas de México (2 millones 250 mil) tendrán un incremento salarial de 4.9 por ciento en promedio. Y este viernes, al firmar un decreto mediante el cual se pone un tope a los salarios de los funcionarios públicos federales, hizo un llamado a todos los gobiernos del país para “vivir en austeridad”. Les demandó adaptar sus legislaciones a las nuevas disposiciones y a fortalecer el sistema de transparencia y adecuarse así a la nueva tabulación. Con el decreto signado ningún funcionario podrá ganar más de 146 mil 830 pesos mensuales, que es lo que en el papel percibe el titular del Ejecutivo Federal. Calderón parece “gato manco” que no sabe cómo tapar sus errores y suciedades, en los que ha sido perfectamente acompañado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, quien le fue impuesto a su administración por los organismos financieros internacionales que responden únicamente a los intereses del gran capital estadounidense. Calderón y Carstens han mostrado, una y otra vez, su total incompetencia en el manejo de la economía mexicana y han puesto al país al borde de una crisis social de grandes magnitudes por el resentimiento que se acumula entre la población que día con día ve canceladas sus oportunidades ya no de mejorar, sino simplemente de sobrevivir.Es sumamente grave, aunque los calderonistas se empeñen en negarlo y ocultarlo, el hecho de que la actual recesión de la economía mexicana ya sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Los informes oficiales señalan que hasta el 2008 se tenían registrados 50.5 millones de pobres en el territorio nacional, por lo que éstos ya suman 54.8 millones de mexicanos en situación de pobreza, es decir el 51.02 por ciento del total de la población del país, lo cual constituye una verdadera bomba de tiempo que se han negado a ver los altos funcionarios de la actual administración federal.

MENTIRAS, ERRORES Y FRACASOS
Calderón y Carstens han mentido, una y otra vez, al presentar sus proyecciones tanto del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, como en sus cálculos sobres los ingresos federales por sus fallas en la estimación del precio del petróleo y de la tributación. Sus apreciaciones para evaluar el comportamiento de la economía y determinar los niveles de gastos e ingresos del gobierno federal en el Presupuesto, han quedado muy alejados de la realidad que reflejan las cifras tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Banco de México. Como ejemplo de lo anterior basta remontarnos sólo a los últimos dos años. En los Criterios Generales de Política Económica de 2008, Calderón y Carstens dijeron que el crecimiento del PIB sería de 3.9 por ciento, cuando éste apenas llegó a 1.4 por ciento, y esto a cifras oficiales que seguramente tuvieron un gran maquillaje oficial. Y para este año, en la Ley de Ingresos se pronosticó un crecimiento de 1.8 por ciento, y la economía mexicana se despeñó 10.3 por ciento en términos anuales en el segundo trimestre de este año, lo que significa una caída sin precedente en 75 años y perfila a la administración calderonista para terminar con un crecimiento cero, es decir, otro sexenio perdido.

CRIMINAL DESPILFARRO
Lo peor de todo es que Calderón insiste en seguir deteriorando la calidad de vida de los mexicanos con recortes presupuestarios, más deuda y mayores medidas impositivas, para lo cual buscará convencer a sus aliados del PRI y del PRD a fin de que lo secunden en el Congreso de la Unión, lo que añadirá más fuego a la hoguera de la inconformidad social. A Calderón y a Carstens nunca les ha pasado por la cabeza la sencilla solución de hacer más eficiente y eficaz el ejercicio del gasto, porque la verdad de las cosas es que al gobierno federal no le ha faltado dinero, lo que ha sucedido es que lo ha malgastado y despilfarrado. El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) comprobó lo anterior al calcular que el presupuesto federal por habitante en México al iniciar el sexenio pasado, el de Vicente Fox, era de 14 mil 283 pesos (a precios de 2009) y cuando por fin se fue el ya maridito de Martita Sahagún subió a 19 mil 191 pesos. Para este año, el tercero de la funesta administración calderonista, con todo y los recortes, el presupuesto federal toca de a 24 mil 620 pesos por persona, es decir un aumento del 72 por ciento en lo que va de las administraciones federales panistas.Lo que la administración federal que encabeza Felipe Calderón gastará este año es superior a 800 mil millones de pesos a precios actuales a lo que gastó el gobierno de Ernesto Zedillo en su último año, pero si se suman los recursos adicionales que se obtuvieron en los años que han gobernado los panistas, la cifra alcanza 2 billones 788 mil millones de pesos a precios de 2009, estratosféricos recursos que, simple y sencillamente, fueron dilapidados.Este derroche de Fox y Calderón empujó a México a entrar en una crisis de grandes proporciones y de larga duración, de la cual no se saldrá ni siquiera el sexenio que entra.

ALTOS COSTOS BUROCRATICOS
De acuerdo con datos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el gasto corriente durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón han mantenido una proporción de tres a uno sobre el gasto de capital, lo que ha impactado negativamente en el desarrollo económico del país. La operación del aparato administrativo federal, entre 2000 y 2008, consumió 12 billones de pesos, más del 80 por ciento del presupuesto ejercido en ese periodo y que fue de 14.9 billones de pesos, mientras que a proyectos de infraestructura y obras de inversión sólo se destinó menos del 20 por ciento, 2.8 billones de pesos. Ante la expansión del aparato burocrático, sus retabulaciones, compensaciones y bonos, también el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados destacó que, en comparación con el presupuesto de egresos del 2008, este año se ejercen 14.5 por ciento más en gasto corriente. Tan sólo Agustín Carstens está ejerciendo en la Secretaría de Hacienda recursos adicionales por 770 millones de pesos para pago de salarios, creación de plazas y otras medidas “contingentes” de carácter laboral; Eduardo Medina Mora, en la PGR está ejerciendo un gasto adicional de mil 301 millones de pesos; Alberto Cárdenas Jiménez, en la SAGARPA gasta 334 millones de pesos adicionales; Juan Rafael Elvira Quesada, en la SEMARNAT se está gastando 372 millones de pesos más, y así se van el resto de los funcionarios federales de primer nivel. Los recientes recortes anunciados por Agustín Carstens, con todo y su magnitud, no representan ni siquiera el 1 por ciento del total presupuestado en 2009 para gasto corriente. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de este año, de un total de dos billones 320 mil millones de pesos, un billón 728 mil millones, es decir el 74.49 por ciento, se destinan a gasto corriente y a inversión física sólo 591 mil 862 millones, es decir únicamente el 25.51 por ciento. La administración calderonista se gasta un billón 178.4 mil millones de pesos en pago de servicios personales y “otros corrientes”, es decir, el 68.2 por ciento del total del presupuesto asignado para la operación de la administración pública. En este rubro, casos extremos los constituyen el IMSS y el ISSSTE que destinan el 97.9 por ciento de su presupuesto a gasto corriente y sólo 2 por ciento a inversión física. En Pemex ha habido un desmedido crecimiento en el gasto burocrático, sobre todo porque los 32 mil empleados de confianza perciben salarios sustancialmente superiores a los sindicalizados, además de contar con otras compensaciones, gastos de representación y préstamos. En la SEP un millón 300 mil mentores absorben 97.2 por ciento del presupuesto total de 200.9 mil millones de pesos. Además del oneroso gasto corriente, el gabinete calderonista realiza un manejo discrecional del presupuesto, puesto que desde la Secretaría de Hacienda indebidamente se transfieren recursos a fondos, fideicomisos y otros programas. En paraestatales como Pemex, el IFE y hasta en la Secretaría de la Función Pública, hay escandalosos incrementos en gastos por compensaciones, asesorías y servicios personales destinados a altos mandos. Lo peor de todo es que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo presidente es Antonio Ortega Martínez, admite que no se tiene un control estricto sobre las retabulaciones, compensaciones y prestaciones que se pagan los funcionarios de alto nivel, quienes ven felizmente hinchados sus bolsillos y cuentas personales.

INEFICIENCIA, INCAPACIDAD E INCOMPETENCIA
La administración calderonista también se ha destacado por su ineficiencia, incapacidad e incompetencia en el quehacer gubernamental. Un claro ejemplo de esto es que el “gobierno” federal registró un subejercicio no subsanado por 4 mil 341.4 millones de pesos correspondientes al primer trimestre de 2009, de acuerdo con los “Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, al segundo trimestre de este año, dado a conocer por la SHCP. El gasto que el gobierno federal no aplicó, a pesar de haber sido autorizado en el presupuesto para 2009, se concentró en 61 por ciento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 2 mil 662 millones de pesos, no obstante que esa dependencia es la encargada de coordinar la construcción de las obras de infraestructura que servirían para el programa contracíclico aplicado –muy tarde por cierto- por el gobierno federal para enfrentar la recesión económica. También hay importantes subejercicios en el sector salud, con 165 millones de pesos que no se gastaron, a pesar de que el país enfrentó una emergencia epidemiológica y espera un “rebote” de la misma, y que la población en general tiene grandes carencias en servicios de salud; en desarrollo social también se presentó un subejercicio de 424.1 millones de pesos; Medio Ambiente no se gastó 500 millones de pesos; Energía 27.2 millones y la PGR no se pudo gastar 20 millones de pesos, a pesar de que libra una “guerra” contra el crimen organizado, entre otras dependencias en las que también figuran el CONACYT, la SHCP, SAGARPA, Economía, STPS, Reforma Agraria y Turismo.Al primer semestre de este 2009, los reportes oficiales señalan que existen 8 mil 160 millones de pesos que no se han ejercido, correspondientes al periodo abril-junio y que se espera sean aplicados en este trimestre de julio a septiembre, algo que tendremos que ver para creer.

AUSENTE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN
Muchos de los grandes problemas que enfrenta el país, se solucionarían simplemente con un manejo eficiente y transparente del presupuesto, que aliente los proyectos productivos y no permita que se incurra en los criminales dispendios de esta y la pasada administración foxista, cuando casi la totalidad de los excedentes petroleros se canalizaron al gasto corriente.La utilización eficiente de los ingresos petroleros y la reducción del gasto corriente son una de las alternativas más viables y eficaces para atenuar el hoyo fiscal de 300 mil millones de pesos que crearon la incompetencia de Calderón y de Agustín Carstens, quienes ahora, además de apretarse el cinturón, cosa que no se ve que estén dispuestos a hacer, deben liberar los recursos disponibles, tal y como lo han pedido los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, para que estos impacten en desarrollo económico y generación de empleos.

ENDEUDAMIENTO HISTÓRICO
Recurrir a mayor endeudamiento externo —como lo ha estado haciendo Calderón que es el mandatario que más ha endeudado a México en los últimos 15 años, a pesar de que durante su primer bienio las ventas petroleras del país registraron records históricos de divisas— implica muchos riesgos ante el vencimiento de la cobertura petrolera. Al cierre del segundo trimestre de 2009, el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal se ubicó en 2 billones 469 mil millones de pesos, y fue superior en 136 mil millones de pesos al observado al cierre de 2008. En el mismo periodo, la deuda externa alcanzó la cifra de 39 mil 295 millones de dólares, monto superior en 1,590 millones de dólares al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB representó el 4.4 por ciento. En los últimos ocho años, la deuda mexicana creció 38 por ciento con el FMI, el BM y el BID. Al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo la deuda pública (interna, externa y contingente) era de 2 billones 318 mil 200.1 millones de pesos; al terminar el sexenio de Vicente Fox ya sumaba 3 billones 364 mil 650 millones de pesos; y a finales de 2008, a dos años de la gestión de Calderón, había aumentado 28.7 por ciento al llegar a un total de 4 billones 33 mil 123.5 millones de pesos. Lo anterior significa que cada uno de los 107 millones de mexicanos debe 40 mil 289 pesos –sin incluir los 47 mil millones de dólares que el FMI ha prestado este año- que equivalen a 25.7 por ciento más en relación al inicio del sexenio, cuando cada mexicano debía 23 mil 700 pesos. Sin embargo, la deuda pública ampliada que incluye otras deudas como las del Fobaproa/IPAB, del rescate carretero, del Programa de Apoyo a Deudores, los Pidiregas, llegaba a 4.49 billones de pesos al primer trimestre del año y representaba 40.2 por ciento del PIB, de la cual la deuda interna representa el 29.1 por ciento del PIB y la deuda externa el 11 por ciento.Entre el endeudamiento histórico de México con la banca multilateral, la inflación, la fuga de capitales, la debacle del turismo y de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el pésimo manejo de las finanzas públicas, el país se está hundiendo en la miseria. Esto se ha agravado, por los millones de dólares en divisas que se han dejado de percibir de las remesas de los migrantes en los Estados Unidos. Medio millón de hogares en el país han dejado de recibir remesas durante este año por un monto superior a los 1,600 millones de dólares. Y ahora, la “solución final” de Calderón agravará la actividad productiva e incrementará el desempleo que en el primer trimestre fue de 5.1 por ciento, lo que equivale a 2.3 millones de personas de la PEA (Población Económicamente Activa), mientras que los trabajadores que han sido empujados a la economía informal llegaron a 12.1 millones, que equivale al 28.2 por ciento; y los subocupados ascendieron a 3.4 millones que representa un 8 por ciento del PEA. La administración calderonista usa ya los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, los seguros de cobertura y los excedentes operativos del Banco de México para mantener su plan de Egresos 2009 que, como informó Agustín Carstens, tiene un déficit de 300 mil millones de pesos por la caída de la recaudación de impuestos y de los ingresos petroleros. El año que entra esos recursos no existirán por lo que habrá más recortes, cancelación de programas de gobierno y despidos de burócratas de confianza. El plan de Calderón para enfrentar la crisis puede prender la mecha de la inconformidad social y marcar al 2010 como un año de insurgencia civil.

DE LOS PASILLOS
Alfonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública, confirmó que a 128 universidades públicas del país se les aplicará 1 por ciento del recorte presupuestal para lo que resta del año, es decir que se les retirarán 800 de los 7 mil 186 millones de pesos del recorte que se aplicará a la educación pública del país… El fantasma del hambre se hace presente en muchas regiones impulsado por la sequía que azota a gran parte del territorio nacional. A pesar de ésta, el titular de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, declara que no habrá escasez de alimentos… Petróleos Mexicanos informó que la producción de crudo en Cantarell sigue en caída libre, pues de enero a julio de este año descendió 35 por ciento con respecto al mismo periodo de 2008. La paraestatal dio a conocer que en general, la producción en los campos petroleros marinos y terrestres del país descendió 7.9 por ciento al día en ese lapso, lo que significó una pérdida de 14 mil 992 millones de dólares en ventas en el mercado internacional…
(lillia_arellano@yahoo.com)

Golpe a Educación

La SEP anunció que recortará a las universidades del país 800 millones de pesos en lo que resta del año / la UNAM, la más afectada con una disminución de 200 millones
El rector de la UNAM, José Narro, dice que “duele” el recorte al presupuesto destinado a la máxima casa de estudios del país.
MEXICO, D.F., 21 de agosto (APRO / NOTIMEX).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) recortará a las universidades del país 800 millones de pesos en lo que resta del año, que representan 1el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2009, anunció su titular Alonso Lujambio.El rector de la UNAM, José Narro, recibió como una “mala noticia” que “duele”, el recorte de uno por ciento al presupuesto destinado a esta casa de estudios, como consecuencia del recorte presupuestal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).Lamentó que este anuncio hecho por el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, representará más de 200 millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).En una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que se realiza en Valle de Bravo, Estado de México, Lujambio pidió a los rectores determinar las áreas donde impactará el reajuste presupuestal.Ante una concurrencia molesta, Lujambio afirmó que el recorte de 1el presupuesto —para 2009 el Congreso autorizó 7,186 millones de pesos— permitirá a las universidad seguir trabajando sin interrupción.El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, calificó el anuncio como “una mala noticia”, y demandó al Congreso garantizar más presupuesto para las universidades el próximo año.La semana pasada la Secretaría de Hacienda anunció que el sector educativo tendría un recorte superior a los 7 mil millones de pesos en lo que resta del año. La ANUIES rechazó la medida.Para justificar el recorte, Lujambio aseguró que “la educación superior es un bien estratégico para el desarrollo de México”, ya que son fundamentales para afianzar el futuro del país. “Fortalecer la educación superior es responsabilidad del Estado”, agregó.Como ejemplo de ello, dijo, en los primeros tres años de la administración de Felipe Calderón se ha ampliado la cobertura con la creación de 115 mil espacios; así mismo, se crearon 74 nuevas instituciones y se han ampliado 33 universidades ya existentes con 33 campus adicionales. Esto significa que se abrieron 2 mil 500 programas educativos.Dijo que México “atraviesa tiempos difíciles; no obstante estamos haciendo lo máximo para proteger los presupuestos de las universidades públicas”.Narro: Malas noticiasPosteriormente, en entrevista, el rector de la UNAM, José Narro, calificó como el recorte presupuestal como una “mala noticia” que “duele”, ya que la máxima casa de estudios dejará de percibir más de 200 millones de pesos en lo que resta del año.Sin embargo, el rector de la UNAM aclaró que pese al recorte, no se afectarán las áreas de docencia, investigación ni de difusión cultural.Explicó que los ajustes serán en áreas de gestión y administración, además de que se van a espaciar los proyectos de infraestructura de la máxima casa de estudios, para enfrentar “la mala noticia”.Frente a esa situación, el rector pidió a los legisladores que para el presupuesto de 2010 le apuesten al endeudamiento, a fin de no afectar la educación con reducciones presupuestales, sobre todo a las instituciones de educación superior, que son prioritarias y claves para México.También consideró indispensable cambiar el modelo económico y acoplarlo a las nuevas condiciones mundiales, porque no se podrá enfrentar la situación con “recetas del pasado”.Al dictar la conferencia magisterial “La educación para el desarrollo de México”, el rector insistió en la necesidad de que México abra el debate para corregir su rumbo económico, porque el modelo actual no es el adecuado.Asimismo exhortó a las universidades públicas que tengan por mandato de ley un presupuesto básico definido para un periodo de varios años y no sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre.

Golpe a la educación

Insiste el gobierno espurio en que las universidades públicas reduzcan su presupuesto / La UNAM responde que NO está en condiciones de aplicar medidas de ajuste en su presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados.

MEXICO, DF. 17 de junio (LA JORNADA).- El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, ratificó su exhorto a las universidades públicas para que realicen una “reducción” -según lo confirmó- en los montos y rubros que éstas juzguen y que “no afectan de manera grave ni subrayada” su actividad.
-¿Cómo cuáles podrían ser estos rubros?- se le preguntó.Eso es algo que precisamente queremos que las universidades definan, precisamente creemos que ellos son los que tienen que establecer esas prioridades, no nosotros.
-La SEP hizo un exhorto para que se limiten. Pero ahorrar en qué, en el personal, en los salarios...-Eso es algo que ellos tendrán que definir. Precisamente se trata de que las circunstancias particulares de cada universidad defina el monto.
-¿Dónde sugiere que se hagan estos recortes?
Nosotros estamos solicitándoles que ese ejercicio lo hagan ellos con sus criterios, de manera que esta reducción sea voluntaria y en la medida de sus posibilidades se sumen a un esfuerzo que está haciendo toda la administración pública federal, todo el gobierno. Seremos muy respetuosos de la decisión que tomen.Entrevistado brevemente mientras caminaba aprisa hacia su automóvil, luego de la ceremonia de premiación del concurso Iniciativas de Prevención de la Violencia de Género, dijo, no obstante lo anterior, que “estamos siendo extremadamente cuidadosos con el presupuesto de las universidades, de ahí que hayamos decidido no hacer un recorte, sino por el contrario, proponerles que voluntariamente realicen el esfuerzo que puedan hacer para hacer alguna reducción en los montos y en los rubros que ellos juzguen que no afectan de manera grave ni subrayada la importantísima actividad que desarrollan en la sociedad”.Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejó claro al gobierno federal que no está en condiciones de aplicar medidas de ajuste en su presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados, que para 2009 asciende en principio a 24 mil 337 millones de pesos.Rechazó haber recibido una ampliación fiscal del gobierno pues en años recientes ha cumplido con sus obligaciones hacendarias en apego a las normas para tal efecto.La institución respondió, a través de un comunicado, a la petición que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP) hicieron el martes pasado a las instituciones públicas de educación superior en el sentido de “cuidar” su presupuesto y “aplicar de manera voluntaria medidas de racionalización del gasto y contribuir, en la medida de sus posibilidades, al esfuerzo de ahorro que está realizando el sector educativo”.De manera oficial la Universidad subrayó que “cualquier reducción presupuestal pondría en riesgo no sólo condiciones académicas y laborales, sino un cúmulo de proyectos científicos, humanísticos y culturales ya en marcha, a los que la UNAM no puede sustraerse”.