¿Dónde está el dinero de Mexicana?

Gastón Azcárraga, empresario.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- Hace un año cuatro meses, los trabajadores de Mexicana de Aviación dejaron de percibir sus salarios; les cerraron las puertas de su trabajo y fueron echados a la calle; el empresario Gastón Azcárraga, presidente del Grupo Posadas, sólo la tuvo en su poder cinco años, tiempo suficiente para “quebrarla”. Hasta la fecha no ha respondido por los trabajadores ni les ha pagado su llamado “pasivo laboral”.

El caso de Mexicana se ha vuelto complejo– porque así lo ha decidido el gobierno federal–, pero la denuncia penal que el pasado 27 de diciembre interpuso el sindicato de los trabajadores de tierra, con Miguel Ángel Yúdico Colín al frente, lo vuelve más claro.

El 23 de mayo de 1995, el gobierno federal creó una tenedora de acciones de líneas aéreas, entre las que estaban Mexicana, Aeroméxico, Aerocaribe, Aerolitorial y Aeromexpress, además de otras empresas que brindan servicios de mantenimiento, la cual denominó Cintra.

El 6 de julio de 2005, Cintra (el gobierno), lanzó la convocatoria para vender Mexicana y determinó que el Grupo Posadas, de Gastón Azcarraga, era el idóneo para tenerla.

Cinco años después, el 20 de agosto de 2010, “los accionistas del Nuevo Grupo Aeronáutico, SA de CV (como Grupo Posadas denominó a la empresa), vendieron a Tenedora K, SA de CV, el 95% de las acciones de dicho Grupo”, según consta en la denuncia penal que el sindicato presentó ante la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal.

En las dos ventas, y por ello es la denuncia, ni el gobierno ni el Grupo Posadas “notificaron oficialmente” a sus acreedores laborales, entre éstos, los propios trabajadores de Mexicana.

El caso es que no se consultó ni se avisó, ni se negoció con los acreedores laborales sobre las dos ventas; y el pasivo laboral de los trabajadores a la fecha es de cuatro mil setecientos ochenta y cinco millones de pesos (4,785,000,000.00).

¿Qué es un pasivo laboral? Para que se pueda entender, es el fondo de liquidación que toda empresa tiene para sus trabajadores.

Ahora, este 27 de diciembre de 2011, los trabajadores del sindicato de tierra están demandando penalmente al gobierno y al Grupo Posadas por no haber notificado a uno de los acreedores (los trabajadores) de las ventas ni haber notificado dónde está dicho fondo.

La demanda penal no establece si cuando la aerolínea estaba en manos del gobierno federal, dicho fondo estaba constituido ni tampoco en cuál banco; tampoco el Grupo Posadas dejó en claro si cuando se le entregó Mexicana, “constituyó dicho fondo” ni dónde está ahora. Y lo mismo en esta tercera venta a Tenedora K que aparece en la denuncia penal.

Hoy, los trabajadores de Mexicana están sin trabajo, no perciben salario alguno cuando tienen más de cuatro mil millones de pesos como parte del pasivo laboral.

El absurdo es que ni gobierno, ni Grupo Posada ni nadie se quiere hacer responsable de dicho problema.

Habrá que preguntarle al Instituto de para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que era la instancia que administraba a Mexicana, si supo alguna vez dónde estaba ese dinero del pasivo laboral y, si lo supo, por qué nunca se les notificó a los trabajadores de las ventas cuando, por ley, se debió hacer. Por cierto, entre quienes formaban parte del IPAB en el tiempo en que se vendió Mexicana está Francisco Gil Díaz, el todopoderoso secretario de Hacienda, en el sexenio de Vicente Fox; y en el consejo de administración del Grupo Posadas, Santiago Creel Miranda, aspirante del PAN a la Presidencia de la República.

Sería bueno que estos personajes dejarán en claro, dónde está ese dinero, y de paso, que la Procuraduría del Distrito Federal diga si dará entrada a la denuncia penal e investigará el caso imparcialmente.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Mario DiCostanzo con Mexicana 29Dic2011

http://youtu.be/J4J_LcQ2lF0

Manuel Borja y las turbulencias de Mexicana

Manuel Borja, director de Mexicana y Humberto Garza Treviño, subsecretario de la SCT.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 8 de agosto.- Si en México se estilara numerar a los miembros de una dinastía, a la manera sajona, Manuel Borja Chico sería conocido como Manuel Borja IV (pues su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron todos sus tocayos. Manuel Borja Soriano, Manuel Borja Covarrubias y Manuel Borja Martínez fueron profesores de la UNAM, donde se graduaron, y fueron prestigiados notarios. Sin ser abogado como sus ascendientes, Borja Chico está hoy, en su carácter de director general de Mexicana de Aviación, en medio de un conflicto financiero que el 2 de agosto entró en su fase jurídica, al pedir ser declarada la empresa en concurso mercantil, una figura jurídica que, modernizada y norteamericanizada sustituyó a la antigua suspensión de pagos del derecho mercantil mexicano.

Cuando Borja Chico asumió hace tres años, en julio de 2007, el principal cargo ejecutivo en esa aerolínea, la más antigua del país, se delineaba ya la crisis que ha puesto en jaque a esa empresa. El funcionario conocía bien los perfiles de la situación porque durante el año anterior había sido director corporativo de finanzas y administración. A diferencia de sus ancestros, Borja Chico es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y obtuvo en la Universidad de Texas en Austin una maestría en administración de negocios. Nacido en la Ciudad de México el 18 de enero de 1965, a su regreso del posgrado laboró en varias empresas hasta que llegó a niveles ejecutivos en el Grupo Posadas, el consorcio hotelero que maneja los establecimientos Fiesta Americana y Fiesta Inn y que ha sido dirigido por Gastón Azcárraga.

Cuando el gobierno federal resolvió disolver la Controladora Integral de Transporte Aéreo, que administraba para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a las dos aerolíneas troncales de nuestro país, Mexicana y Aeroméxico, determinó también venderlas por separado. La decisión hizo disminuir su valor y, por lo tanto, sus compradores adquirieron gangas en los dos diferentes momentos en que fueron realizadas. El Grupo Posadas encabezó a accionistas que adquirieron Mexicana por 165 millones de dólares, con el compromiso de financiar la cobertura de sus pasivos e inyectar nuevos recursos a la empresa.

Muy poco después de la adquisición, realizada en diciembre de 2005, la empresa reclamó un primer auxilio de sus asalariados. Solicitó a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, según acaba de recordarlo ASPA, “realizar esfuerzos extraordinarios” para reducir los costos laborales. “Nuestra organización aceptó, no sin dificultades, aportar de su contratación colectiva –es decir, salarios y prestaciones– cerca de 200 millones de pesos a lo largo de cuatro años”. La empresa, a la que en agosto de 2006 se incorporó Borja Chico, no se contentó con ese empeño sindical. Lo reclamó también de los sobrecargos, y al no obtener una respuesta satisfactoria, en 2007 planteó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto colectivo de naturaleza económica, mecanismo previsto en la ley laboral, una de cuyas consecuencias es la reducción de salarios y prestaciones. Aunque el tribunal del trabajo falló a favor de la empresa, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) acudió en busca del amparo de la justicia federal. Hasta la fecha el asunto está pendiente de resolución en la Suprema Corte.

Con ese antecedente, ASSA se puso en alerta ante la exigencia de hacer sobrellevar parte de los costos de la actual crisis: “Los accionistas nos proponen dejar sin empleo a 500 sobrecargos, que disminuyamos en más de 60% nuestras prestaciones e ingresos. Esta audaz propuesta (que se agrega a la de contratar cada cuatro años, sin revisión anual de salarios) es proporcionalmente semejante a la que se formuló a los pilotos”. Los sobrecargos respondieron con disposición “a cooperar, pero sólo si se demuestra que con nuestras aportaciones se salva la empresa y que además esto garantiza que siga adelante como un negocio rentable”.

Mientras formulaba en 2006 y 2007 estas demandas a sus trabajadores, la administración de Mexicana se aprestaba por su parte a disminuir el valor de la compañía. Creó dos aerolíneas de bajo costo, Clic y Link, que crecieron al punto de que hoy tienen a su cargo “el 95% del mercado nacional para Grupo Mexicana”, según lo hizo saber el propio consorcio. Se crearon otras empresas mediante el desmembramiento de áreas de trabajo de Mexicana, y finalmente, el 29 de diciembre pasado, hace apenas siete meses, fue creada otra controladora de las acciones, el Nuevo Grupo Aeroportuario, al que el Grupo Mexicana de Aviación vendió sus empresas y cedió los derechos para el uso de las marcas de la compañía. Por eso fue posible ofrecer, en una suerte de broma trágica, la administración de la empresa a los trabajadores mediante el pago de un peso, pues se les entregaría un cascarón que además debería pagar por el uso de su emblema y su denominación, a menos que se atrevieran a crear nuevas señas de identidad, una manera de repudiar la herencia que significa una trayectoria de 86 años, que se cumplirán el próximo 20 de agosto, pues Mexicana se constituyó en esa fecha de 1924.

En un claro doble juego, todavía el lunes y el martes de la primera semana de agosto, Mexicana siguió considerando como una opción ante su crisis el presentarse a concurso mercantil. Subrepticiamente ya lo había hecho el 2 de agosto, y su solicitud fue admitida a trámite el jueves 5. Al exponer en público las razones de ese paso jurídico, Mexicana dijo confiar en que el juez ordene “la continuidad de la prestación de servicios, con el objeto de preservar la operación de la empresa y garantizar al público consumidor que el servicio no será interrumpido y continuará en su beneficio”. Mientras esto declaraba, actuando en sentido contrario, la aerolínea anunció que no venderá más boletos, lo que equivale a una gradual pero inexorable suspensión del servicio. Es un acto suicida, pues dejará de obtener liquidez que le permita cubrir sus costos de operación, amén del pago oportuno de las obligaciones que se vencen.

He allí un modo bárbaro de pretender acabar con los contratos colectivos de trabajo. En el extremo, cuando se conviertan por esa insolvencia empresarial en acreedores de su patrón, los sindicalizados deberán pujar con otros intereses por la distribución de los escasos bienes que permanezcan en el patrimonio de Mexicana.

Ante esta situación en que el protagonista público es Manuel Borja The Fourth, no es impertinente una nota final sobre su familia paterna. En los términos en que la conocemos, la fundó Manuel Borja Soriano, durante décadas notario público número 36 de la Ciudad de México y muy notable como profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, luego Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Compuso un libro de texto para su curso, la Teoría general de las obligaciones, editado por primera vez en 1935 y que durante muchos años sirvió a los estudiantes de leyes, a los que puso en contacto con la doctrina europea, particularmente la francesa, en esa materia.

Su hijo, Manuel Borja Covarrubias, siguió puntualmente sus pasos. También dotado de fe pública –aunque él ganó la patente de la Notaría 47–, fue asimismo profesor en la facultad correspondiente de la UNAM, y como su padre y sus hijos, serviría igualmente cátedras en la Universidad Iberoamericana. Era un hombre apacible, de quien en el curso de 1962 recibí las lecciones contenidas en el libro de Borja Soriano. Al año siguiente fui alumno de su hijo, Manuel Borja Martínez –el padre del ingeniero Borja Chico– en el curso de contratos, que se impartía en el cuarto año de la carrera. Era adusto, lo que le daba una apariencia de mayor edad de la que tenía, impresión que se completaba con el traje de tres piezas que era su atuendo habitual. Recuerdo su severidad extrema en dos momentos. El primero ocurrió cuando se opuso a dar clase mientras permaneciera en el aula un vagabundo que pedía limosna en los corredores universitarios y al que los estudiantes llamaban Wama, porque su larga cabellera negra era idéntica a la de un personaje de historieta mexicana, dibujado si mal no recuerdo por Fernández Bassoco. Para hacer salir al enorme pordiosero, que era ciego, el arisco Diego Fernández de Cevallos se mostró dispuesto a echarlo por la fuerza, pero reculó cuando Wama blandió su bastón improvisado, en realidad un trozo de varilla de hierro corrugado, útil para defenderse de ese tipo de agresiones. La cordura de la mayoría se impuso, se pidió al gigantón que se retirara voluntariamente y Borja Martínez, muy incómodo durante el episodio, pudo impartir la lección correspondiente.

Al finalizar el curso me asestó, injustamente, aunque sin mayores consecuencias, una sanción nacida de su conciencia ética. El examen era público, y en un momento en que se examinaba la pachuqueña Irma Ponce, su amigo el actopense Simón Montúfar no resistió pronunciar en voz alta la respuesta que nuestra amiga no hallaba. Borja Martínez se molestó con quien había soplado, pero creyó que había sido yo. Cuando tocó mi turno, pidió al profesor que examinaba con él que se ocupara de mí, pues se reconoció prejuiciado en mi contra. Fue así como aprobé el curso de contratos ante el interrogatorio de Salvador Rocha Díaz, muy joven litigante entonces y hoy avezado partícipe en el foro, después de una carrera pública que lo hizo virtual gobernador de su natal Guanajuato –como secretario de Gobierno priista de un gobernador interino panista– y ministro de la Corte.

Borja Martínez dirigió durante dos periodos, de 1966 a 1974, el Departamento de Derecho de la Iberoamericana. Ocupó la Notaría 36, como su abuelo, y murió prematuramente, a los 57 años, el 3 de diciembre de 1990. La asociación de exalumnos de esa universidad jesuita lo ha honrado bautizando con su nombre una presea al mérito académico.

AZCÁRRAGA MIENTE

Esta es la verdadera situación:
Mexicana de Aviación se queja de estar en crisis financiera, dice que por sus deudas con las arrendadoras de aviones y el gasto laboral de sus empleados está al borde de la quiebra. ESTO ES MENTIRA. Los pilotos y sobrecargos no aceptamos que la aerolínea diga estar en crisis debido a sus trabajadores. El fondo del problema tiene que ver con una pésima administración. Mexicana cumplió 89 años de vida y a Gastón Azcárraga sólo le tomó 4 años ponerla al borde de la quiebra.

En Diciembre del 2005 el IPAB (fondos del pueblo mexicano) le vendió a Gastón Azcárraga Mexicana de Aviación en 165 millones de dólares. En Octubre del 2006, los pilotos aceptamos reducciones y modificaciones en nuestro contrato colectivo de trabajo que le han ahorrado a la empresa 200 millones de dólares, ¡35 millones más de lo que le costó! A cambio de ceder algunas de nuestras prestaciones y reducción de salario prometieron incrementar en 30 aviones la flota de la empresa, pero sólo trajeron 5 y en vez de hacer crecer a Mexicana, crearon dos empresas de "bajo costo". Se comprometió a invertir en la aerolinea, pero nunca lo hizo, más bien la desmanteló.

Hace una semana, Mexicana exigió reducir 70% de nuestro sueldo y modificar el contrato, lo cual nos impediría asegurar que se respeten las normas internacionales que garantizan el buen desempeño de nuestra labor, ahora la empresa amenaza con la quiebra y creemos que la seguridad de ustedes no tiene precio, es demasiado valiosa y es por ello que les pedimos su apoyo para evitar que quiebren a la aerolínea más antigua de México.

Los pilotos no permitiremos que desmantelen y/o quiebren a Mexicana de Aviación, que dejen en el desamparo a miles de trabajadores y no permitiremos que se atente contra la seguridad de nuestros pasajeros.

ASPA (Asociación Sindical de Pilotos Aviadores) ES PARTE DE LA SOLUCIÓN, NO DEL PROBLEMA!!!

-Los sueldos de los pilotos de Mexicana son menores en un 12% al promedio de lo que ganan pilotos internacionales.
-Los pilotos aviadores agrupados en Aspa somos una GARANTÍA DE SEGURIDAD, ya que nuestro contrato nos permite velar porque se mantengan los más altos estándares de calidad y nuestros vuelos sean seguros.
-Nuestros contratos colectivos no son impedimentos para ser eficientes.

Con Calderón, aumento de 52% en la deuda pública interna

*Equivale a 30% del PIB; desde el comienzo del sexenio creció 52%, según datos oficiales

Récord de deuda pública interna por más de 3 billones de pesos

*En lo que va de este año aumentó en 200 mil 852 millones de pesos, reporta Accival

*Al exterior se deben más de 47 mil mdd, un repunte de 18.8% desde el inicio del gobierno

Roberto González Amador

El endeudamiento contratado por el sector público federal en el mercado interno llegó este mes a un monto sin precedente de 3 billones 658 mil 905 millones de pesos, cantidad que equivale a 30 por ciento del total de bienes y servicios producidos por la economía mexicana en un año, indicó información oficial.

La contratación de pasivos en moneda nacional por el sector público federal mantiene una dinámica de constante crecimiento, en una proporción mayor a la registrada en la evolución de la deuda externa del gobierno federal.

Desde que comenzó la actual administración federal, el endeudamiento interno del sector público creció 52 por ciento, mientras el monto de la deuda externa del gobierno federal repuntó 18.8 por ciento, de acuerdo con datos oficiales del Banco de México (BdeM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP).

En lo que va de este año, el endeudamiento interno aumentó en 200 mil 852 millones de pesos respecto del saldo que tuvo en diciembre de 2009, indicó información del Banco de México citada en un reporte publicado esta semana por Accival, la filial bursátil de Banamex.

La cantidad equivale a 1.5 veces el ingreso que tuvo el gobierno federal en el primer cuatrimestre de 2010 –última información disponible– por las exportaciones de petróleo crudo, la principal fuente de divisas de México, que fue de 10 mil 995 millones de dólares, unos 136 mil 338 millones de pesos.

El endeudamiento interno del sector público, que incluye los pasivos contratados por el gobierno federal y los relacionados con el rescate bancario de 1995, ha crecido a un ritmo de 900 millones de pesos diarios desde el comienzo de la administración federal en diciembre de 2006, según los datos del banco central.

Hasta el 11 de junio de este año, el endeudamiento interno del sector público aumentó a 3 billones 658 mil 905 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 52 por ciento comparada con la que se registró al inicio del gobierno, que fue de 2 billones 407 mil 846 millones de pesos, indicó la información oficial citada por Banamex.

Para efectos comparativos, el endeudamiento del sector público es ahora equivalente a 29.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), que mide el valor a precios de mercado del conjunto de bienes y servicios producidos en el país durante un año.

En el primer trimestre de 2010, último dato oficial publicado, el PIB anual fue de 12 billones 325 mil 523 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La deuda externa del gobierno federal, mientras tanto, se situó en abril pasado, que es el dato más actualizado, en 47 mil 296 millones de dólares, cantidad superior en 18.8 por ciento a la registrada al comienzo de la administración, que fue de 39 mil 806 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según la información del banco central citada por Banamex, el monto en circulación de instrumentos representativos de la deuda interna gubernamental llegó el 11 de junio pasado a 2 billones 885 mil 28 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 192 mil 102 millones de pesos, 7.13 por ciento, en comparación con el cierre de 2009.

La deuda interna gubernamental está representada por la colocación en el mercado local –lo que vuelve al sector público un competidor del sector privado por los fondos disponibles– de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo (Bondes), Udibonos (un instrumento con valor indexado a la inflación) y Bonos M.

Comparada con el monto que tuvo al empezar la administración, la deuda interna acumula un crecimiento de 58 por ciento.

La deuda contratada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para financiar el costo del rescate de la banca en 1995 llegó el 11 de junio pasado a 772 mil 60 millones de pesos, cantidad superior en 1.15 por ciento a la que tuvo en diciembre de 2009, y superior en 30 por ciento al monto reportado al inicio de la administración.

Cuando el multigenocida Goldman Sachs saqueó México y Ghana

El ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en imagen de archivoFoto Carlos Ramos Mamahua

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme

Empiezan a ser exhumados los cadáveres de varios países, como los desahuciados México y Ghana, que el banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs dejó esparcidos en el planeta y que ya no puede ocultar el montaje legal de su enjuiciamiento en Estados Unidos, el cual, por cierto, se puede descarrilar debido a la furia ciudadana a seis meses de las elecciones.

Llama la atención que los ausentes poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de México, como vulgares avestruces, hayan escondido la cabeza ante las rapiñas del hoy vilipendiado Goldman Sachs, que lucró con el efecto tequila –que tuvo un costo entre 70 mil millones y 100 mil millones de dólares (según las cifras alegres de Salinas y Zedillo, por cierto, dos economistas que no calculan muy bien que se diga)–, en presunta colusión con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México del momento, lo cual desembocó en el tóxico Fobaproa/IPAB, que socavó las finanzas para favorecer la captura de la banca nacional por la banca israelí-anglosajona y española (poseedora de 92 por ciento en términos de capitalización de mercado: un caso insólito a escala global).

El firmante del ilegal pagaré del Fobaproa/IPAB fue el israelí-argentino Martín Werner Wainfeld (MWW), entonces subsecretario de Hacienda zedillista-cordobista, mientras que su presente pagador es su muy locuaz hermano, el itamita y fondomonetarista Mariano Alejandro: hoy subsecretario de Hacienda.

¿Fue el Fobaproa/IPAB un asunto familiar de dos hermanos?

Wikipedia destaca que Martín Werner no sea mexicano y quien, a propósito, después de su devastación muy bien lograda (desmantelar las finanzas y la banca de México en presunta colusión con Joseph-Marie Córdoba: el verdadero poder tras el torno de Salinas y Zedillo), fue contratado por Goldman Sachs, quizá como recompensa a sus méritos depredadores contra México.

Hoy el itamita Martín Werner se ostenta como uno de los dueños de la controvertida Banca Mifel (ver La Lupa Política, Voces del Periodista, 207).

¿Están todavía controladas cupularmente las finanzas de México por Goldman Sachs vía los hermanos Werner Wainfeld?

El efecto tequila fue el botín mediante el cual se despachó con la cuchara grande Goldman Sachs con sus derivados financieros que apostó contra México (John Plender, The Financial Times, 21/7/99).

¿Nadie en el poder local está dispuesto a investigar, y perseguir en consecuencia, los latrocinios de Goldman Sachs en México?

Ha quedado asentada la técnica diabólica que usó la desregulada globalización financiera: otro cuento gringo para enajenar las joyas estratégicas de los países valetudinarios (Nicholas D. Kristof y Edward Wyatt, The New York Times, 15,16,17 y 18/2/1999, y Bajo la Lupa, 28/4/10).

Un reporte del 21 de abril de GhanaWeb exhibe cómo el banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs contribuyó mediante sus latrocinios financieros a la deglución de la minera estatal Ashanti Goldfields Corporation (AGC) por los poderosos cárteles mineros anglosajones (los mismos que hoy devoran la plata mexicana, como antes lo hicieron los españoles).

Hace 12 años, AGC, la primera empresa negra que cotizó tanto en Wall Street como en la bolsa londinense, se había posicionado como la tercera minera trasnacional a raíz de la adquisición de la mina Geita (Tanzania).

La minera estatal aurífera de Ghana, colocada entre las 10 principales, se asentaba en uno de los más pletóricos yacimientos de oro en el mundo.

La deglución de AGC fue gradual y muy bien planificada con el contubernio de los cárteles mineros anglosajones y el banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs, mediante una privatización parcial de 25 por ciento de sus acciones cuando ninguna empresa africana había cotizado en Wall Street y la City.

Posteriormente, el gobierno de Gran Bretaña decidió vapulear el precio del oro y vendió 415 toneladas de sus reservas, lo cual abatió deliberadamente la cotización del metal amarillo que se desplomó hasta 252 dólares la onza, su más bajo precio en una generación.

Once años más tarde, al corte de caja de hoy, la onza de oro se cotiza a mil 179.30 dólares (¡casi cinco veces más!) y la plata a 18.64 dólares, por cierto, un pronóstico muy cantado por Bajo la Lupa desde la primavera de 2004.

En forma ingenua, para no decir suicida, AGC consultó al banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs, coincidentemente el mayor vendedor de oro en el mundo, quien tendió pérfidamente una trampa financiera perfecta a Ghana mediante sus trucos consabidos de hedge funds (fondos de cobertura de riesgos).

En su clásico doble juego de apostar contra sus propios clientes para obtener el máximo lucro individual, Goldman Sachs asesoró simultáneamente tras bambalinas a 15 bancos europeos –con quienes mantenía estrechas relaciones profesionales– los cuales anunciaron unánime y sorprendentemente la suspensión de la venta de oro por cinco años –tras el dumping unilateral de Gran Bretaña–, lo cual se llevó entre las patas a AGC, que había apostado en el sentido opuesto a instancias de Goldman Sachs.

Cuatro años más tarde, AGC –que no pudo resistir los efectos adversos de sus coberturas de riesgo, intencionadamente mal aconsejadas– fue rematada y comprada por la minera británica AngloGold (con sede en Sudáfrica) asesorada a su vez por… Goldman Sachs, especialista de los latrocinios circulares.

En forma darwiniana, gracias a la asesoría profesional de Goldman Sachs, la minera británica AngloGold, cuya mayoría accionaria es detentada por la londinense AngloAmerican Group (con ingresos por más de 20 mil millones de dólares el año pasado), deglutió a la minera estatal africana AGC de Ghana mediante una clásica operación colonial financiera para crear AngloGold Ashanti, hoy segunda minera aurífera más importante del mundo.

La síntesis del reporte de Ghana comenta el alto grado de letalidad satánica de Goldman Sachs: La destrucción de Ashanti Gold por Goldman Sachs fue saturada con fraudes y conflictos de interés: Goldman Sachs fue el consejero financiero de Ashanti; se benefició con los contratos que diseñaron y colocaron en el mercado; se involucró en la manipulación (¡extrasupersic!) de los precios del oro, de cuya cotización dependían los contratos; representó a los acreedores de Ashanti cuando los contratos se menospreciaron, y lucraron como consejeros financieros de la compañía minera (nota: la británica AngloGold) que recogió el cadáver de Ashanti por unos cuantos centavos de dólar.

Conclusión: antes las potencias coloniales invadían los países valetudinarios para saquear obscenamente sus materias primas; hoy las potencias financieras anglosajonas hacen lo mismo, pero en forma más sofisticada y sin necesidad disuasiva militar, mediante la captura financierista de la desregulada globalización que va desde el oro de Ghana hasta la plata y la banca de México (en lista de espera se encuentra el petróleo), en las que la banca multigenocida de inversiones Goldman Sachs jugó un papel determinante.

Fuente: La jornada

Sube la deuda interna federal mil millones de pesos al día

*El saldo de instrumentos de débito interno del gobierno llegó a $2 billones 782 mil millones

*Desde diciembre de 2006 y hasta noviembre de 2009 se incrementó 63.4 por ciento
*La suma de ese renglón con el endeudamiento del IPAB llega a $3 billones 536 mil millones

Roberto González Amador

Periódico La Jornada

La administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa alcanzó el récord de incrementar el saldo de la deuda interna del gobierno federal a un ritmo de poco más de mil millones de pesos diarios, incluidos fines de semanas y feriados, de acuerdo con información oficial.
El saldo en circulación de instrumentos de la deuda interna del gobierno federal alcanzó al comienzo de este mes 2 billones 782 mil 303 millones de pesos, cantidad que representó un crecimiento de 63.4 por ciento respecto del inicio del gobierno, según datos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citados esta semana en un reporte de Banamex, el segundo grupo financiero del país.
La cantidad considera únicamente la deuda colocada en el mercado financiero local por el gobierno federal a través de la emisión de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo (Bondes), Bondes D, Udibonos (instrumento con valor indexado a la inflación) y de Bonos M (instrumentos que se negocian sobre todo en grandes volúmenes y a largo plazo).
El aumento en el monto de la deuda interna del gobierno federal ocurrió aun cuando desde el comienzo de la actual administración federal los poderes del Estado han contado con presupuestos crecientes y, al menos hasta el primer trimestre de 2008, las arcas públicas dispusieron de ingresos mayores por la exportación de petróleo crudo.
Expectativa de inversionistas
El monto de la deuda y la capacidad del sector público para financiarla están en el centro de la revisión que las calificadoras internacionales realizan del perfil de pagos del gobierno, una vez que fue aprobado el paquete económico para 2010, opinaron analistas.
Rodolfo Campuzano Meza, analista de Invex Grupo Financiero, dijo ayer que los inversionistas con intereses en el país están a la expectativa de que las calificadoras emitan alguna opinión, luego de que concluyan las negociaciones del paquete fiscal en el Congreso. Aparentemente una gran mayoría asume que no habrá un deterioro significativo.
“Desde nuestro punto de vista, la solución que surja del Congreso no debería satisfacer a las calificadoras. A final de cuentas no se está llevando a cabo una reforma de fiscal de fondo. No hay una ampliación de la base gravable, se aumentan impuestos y permanece alta la dependencia del precio al que vendemos una cantidad de petróleo cada vez menor”, indicó.
Un despacho de la agencia Reuters en Nueva York dio cuenta de que Standard & Poor’s anticipó este martes que está considerando el perfil fiscal y de deuda de mediano plazo de México, y no sólo su déficit presupuestario de 2010, para decidir si recorta o no la calificación de la deuda emitida o avalada por el gobierno mexicano. La agencia calificadora dijo en un comunicado que revisa las medidas finales asociadas al presupuesto que fueron aprobadas por el Congreso en las primeras horas del martes, y también las perspectivas de crecimiento del país.
Desde diciembre de 2006 hasta noviembre de este año, el monto en circulación de instrumentos de la deuda interna pública aumentó de un billón 702 mil 665 millones de pesos a 2 billones 782 mil 303 millones de pesos, un crecimiento de 63.4 por ciento.
En ese periodo el saldo de la deuda se incrementó en un billón 79 mil 638 millones de pesos, cantidad que, para efectos comparativos, representa un ritmo de endeudamiento de mil 28 millones de pesos por día, desde el comienzo del actual gobierno y a la fecha.
La deuda interna gubernamental no incluye los pasivos a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo encargado de administrar el costo del rescate bancario de 1995.
Los mismos datos del banco central citados por Banamex dan cuenta de que a noviembre de este año la deuda colocada por el IPAB en el mercado local alcanzó 752 mil 110 millones de pesos, 26.7 por ciento más que en diciembre de 2006, cuando se situó en 593 mil 463 millones de pesos.
La suma de la deuda interna del gobierno federal y la emitida por el IPAB llegó al empezar este mes a 3 billones 536 mil 230 millones de pesos, cuando al comienzo del gobierno era de 2 billones 407 mil 846 millones de pesos.
El monto que alcanzaron ambos pasivos es comparable al presupuesto federal aprobado la madrugada del martes por la Cámara de Diputados para 2010, que suma 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, el más alto en la historia del país.

¿Qué entiende Calderón por austeridad?

Desfiladero
*¿Qué entiende Calderón por austeridad?

Jaime Avilés

El día que La Jornada salió por primera vez a la calle, el 19 de septiembre de 1984, su precio de venta al público era de 35 pesos por ejemplar. En mayo de 1985 subió a 50. En enero de 86 pasó a 60 y cinco meses más tarde a 100. En octubre de 87 saltó a 300 pesos, en julio de 88 a 700 y en octubre de 1990 a mil. En febrero de 91 brincó a mil 200, en octubre de 92 a mil 600 y en enero de 93, ficticiamente, bajó a 1.60, cuando el presidente espurio de aquel entonces borró tres ceros al peso.
Hoy, al cumplir 25 años de existencia, La Jornada vale, en realidad, 10 mil pesos por ejemplar y el dólar más de 13 mil. Todos sabemos que los responsables de esta catástrofe económica y social que ha destrozado a México son los mismos priístas y panistas que ahora van a despedir a 10 mil burócratas e imponernos nuevos impuestos, con la única finalidad de mantener los insultantes privilegios de la alta burocracia y las ganancias impunes de los bancos y las grandes empresas, que no sólo no pagan impuestos, sino que invierten su dinero fuera del país.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Agustín Carstens, autor intelectual de este crimen masivo que es el plan económico “de” Calderón, reconoció que, en efecto, las grandes empresas deben impuestos por un total de 460 mil millones de pesos, tal como había venido denunciando Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes ya saben, esa cifra es casi idéntica a los 480 mil millones de pesos que Hacienda dejó de recaudar por la caída de los precios del crudo, la deliberada baja de la extracción petrolera, el derrumbe de la industria turística y la reducción de las remesas de los migrantes, entre otros factores.
Pero como Calderón se debe a quienes lo sentaron en Los Pinos para que los sirviera como empleado, no les va a cobrar un centavo de esos 460 mil millones de pesos: la deuda fiscal de los dueños del país la vamos a pagar nosotros, si permitimos que con el embudo del Congreso nos obliguen a tragar más “medicinas amargas, pero necesarias”, como han hecho desde 1982. Carlos Fernández-Vega documentó en su columna de ayer que a lo largo de los seis años de Vicente Fox y los tres que van de Calderón, los empresarios dejaron de pagar más de 5 billones de pesos en impuestos. El año pasado, el “gobierno legítimo” de López Obrador demostró que casi la totalidad de los excedentes petroleros que obtuvimos durante el sexenio pasado, Fox se los regaló a los empresarios por concepto de devolución de impuestos.
Un diario que no podría catalogarse de ninguna manera como opositor, o siquiera leve crítico del régimen, publicó ayer el tabulador de los ingresos que Calderón quiere que obtengan en 2010 (por sueldos, prestaciones especiales, vacaciones, aguinaldos y “bonifacios”) los más altos burócratas del sistema. Si su petición es aprobada por el PRIAN en el Congreso, el más cobrón de los servidores públicos será el secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, quien podrá embolsarse al año 4 millones 429 mil 177 pesos. Debajo de él quedarían el presidente del Consejo de la Judicatura, con 3 millones 942 mil pesos anuales; el secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 3 millones 986 mil; el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), con 3 millones 915 mil; el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito, con 3 millones 730 mil 845; los siete magistrados del TEPJF, con 3 millones 386 mil cada uno, y la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández, con 3 millones 372 mil.
Calderón, que a pesar de todo piensa que merece aumento de sueldo, pide 3 millones 324 mil pesos para sí mismo y 3 millones 273 mil para cada uno de sus secretarios de Estado. Cálculos extraoficiales estiman que los salarios de la burocracia de los tres poderes federales redondearán 400 mil millones de pesos, de modo que entre todos, con “medicinas amargas, pero necesarias”, apretándonos el cinturón y matando el hambre con carbohidratos, todos haremos un sacrificio más para que los siervos de la patria no dejen de trabajar por nuestro bien. ¿Esto es lo que Calderón entiende por “austeridad”? ¿Qué entenderá por “paralelepípedo” y palabras tanto o más complejas?
Ahora veamos los salarios que actualmente perciben los más altos cargos del Gobierno del Distrito Federal. Marcelo Ebrard tiene un sueldo bruto mensual de 100 mil 983 pesos, que sin impuestos le queda en 76 mil 68, cantidad que multiplicada por los 12 meses del año le totaliza 912 mil 826. Debajo de él, tanto el consejero jurídico y de servicios legales, como el contralor general, el jefe de la oficina del jefe de Gobierno, el oficial mayor, el procurador general de justicia y el secretario de gobierno cobran 99 mil 23 pesos brutos, o 74 mil 657 al mes, ya sin impuestos, o sea, 895 mil 892 pesos al año.
Debajo de ellos, el coordinador de atención ciudadana, el director de comunicación social, los oficiales mayores de la procuraduría y de Seguridad Pública, el secretario particular de Ebrard, los subprocuradores de Justicia y el tesorero del gobierno reciben 95 mil 93 pesos brutos, que en realidad se vuelven 71 mil 828 sin impuestos, y al año 861 mil 936. Un nivel más abajo, desde el coordinador de la procuraduría capitalina y hasta el visitador general, un total de nueve funcionarios más, cobran 91 mil 155 pesos brutos, o 68 mil 992 mensuales, y un total de 827 mil 912 anuales. En el peldaño inferior hay 13 funcionarios con 91 mil 58 pesos brutos, o 68 mil 992 netos y 827 mil anuales. El salario más pequeño del GDF es de 12 mil 646 pesos brutos, o de 11 mil 87 mensuales, o de 133 mil 47 al año, lo que indica una diferencia notable en relación con los 149 mil pesos anuales que perciben las niñeras y cocineras del TEPJF.
Cuando Calderón promulgó la Ley de Salarios Máximos, en un breve espectáculo televisado, dijo que la nueva norma iba a garantizar el ideal de Benito Juárez para que el salario de los servidores públicos no se convirtiera en un botín y éstos “vivieran en la justa medianía”. Hoy, pocas semanas después, luego de analizar el presupuesto de sueldos que pide para él mismo y para la alta burocracia, habría que convocar a un cónclave de expertos en temas de salud mental para intentar descubrir qué enfermedad lo obliga a mentir asidua, cotidiana y compulsivamente en todos los temas que aborda. Cada día se parece más a Richard Nixon.
Lo más interesante del caso es que, en efecto, como anticipó López Obrador, el PRI va a votar con el PAN el paquete económico de Carstens, y a pagar el costo político inevitable, porque no está planeando regresar al poder gracias a su popularidad y simpatía, sino por la vía del fraude, como siempre. Y va a dar su anuencia para que Arturo Chávez, el promotor de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez –promotor en la medida en que no resolvió ninguno y alentó de tal modo a que se cometieran muchos más–, sea el nuevo “abogado de la nación” (asociado al despacho de Diego Fernández de Cevallos).
Todo está calculado fríamente. En cuanto la indignación nacional se manifieste por medio de la organización política, el virus de la gripe porcina resurgirá con más fuerza que nunca y serán prohibidas las concentraciones de masas y los levantacejas nos aturdirán con noticias apocalípticas sobre la pandemia hasta paralizarnos de pánico. Pero entonces, milagrosamente, México clasificará para el mundial de Sudáfrica y los ángeles del cielo tocarán trompetas de gloria. Por todo lo aquí expuesto, hay que estar el lunes, a las 5 de la tarde, ante la Cámara de Diputados, para escuchar la propuesta alternativa que presentará Andrés Manuel.
jamastu@gmail.com

Ante la crisis, AMLO y Calderón enfrentados

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”.

- Francisco de Quevedo

Por Lilia Arellano

*Cancelación de privilegios a la alta burocracia

*Prioritarios: empleo, servicios y el gasto social

*Ya suman 54.8 millones mexicanos miserables

*Riesgoso endeudamiento e infame subejercicio

*Lo que nos faltaba: recorte a las universidades

fin de cubrir el boquete de 500 mil millones de pesos en las finazas públicas del país, el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador propuso eliminar el cúmulo de privilegios de la alta burocracia calderonista, cobrar impuestos a las grandes empresas trasnacionales y locales, además de declarar una moratoria al pago de intereses del Fobaproa, sin decretar aumentos a tarifas de servicios ni aplicar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) a medicamentos y alimentos. El tabasqueño demandó reducir al 50 por ciento los salarios de Felipe Calderón, ministros de la Corte, magistrados, senadores, secretarios, subsecretarios y directores generales, antes de aplicar recortes al gasto social. Esa propuesta realista contrasta con los recortes de burócratas, de recursos públicos, cancelación de obras y programas de gobierno, más desempleo, más inseguridad, más pobreza, más impuestos y mayor endeudamiento que presenta como “solución” Calderón para intentar sacar adelante las finanzas públicas de su administración y, de paso, hundir más al país. El inquilino de Los Pinos se equivoca totalmente, por lo que el Congreso tiene la obligación y el deber de enmendarle la plana y evitar que siga llevando a la Nación al desastre total y a la completa miseria a los más de 107 millones de mexicanos, de los cuales 54.8 millones ya están en situación de pobreza y cuyo resentimiento social puede desembocar en una abierta insurgencia.Al reinaugurar en el Estado de México una planta de Jugos del Valle, propiedad de la trasnacional Coca-Cola, este jueves el michoacano anunció que se reducirá la burocracia innecesaria y se eliminarán cargas que desestimulen la inversión. Advirtió que “la clave es, precisamente, el poder mantener finanzas públicas equilibradas, el reducir burocracia que no sea necesaria o, incluso, que no sea la indispensable, sobre todo en estos tiempos complicados que tenemos”. Esta advertencia a la burocracia mexicana se presenta a sólo dos meses de que la Secretaría de Hacienda anunciara que los burócratas de México (2 millones 250 mil) tendrán un incremento salarial de 4.9 por ciento en promedio. Y este viernes, al firmar un decreto mediante el cual se pone un tope a los salarios de los funcionarios públicos federales, hizo un llamado a todos los gobiernos del país para “vivir en austeridad”. Les demandó adaptar sus legislaciones a las nuevas disposiciones y a fortalecer el sistema de transparencia y adecuarse así a la nueva tabulación. Con el decreto signado ningún funcionario podrá ganar más de 146 mil 830 pesos mensuales, que es lo que en el papel percibe el titular del Ejecutivo Federal. Calderón parece “gato manco” que no sabe cómo tapar sus errores y suciedades, en los que ha sido perfectamente acompañado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, quien le fue impuesto a su administración por los organismos financieros internacionales que responden únicamente a los intereses del gran capital estadounidense. Calderón y Carstens han mostrado, una y otra vez, su total incompetencia en el manejo de la economía mexicana y han puesto al país al borde de una crisis social de grandes magnitudes por el resentimiento que se acumula entre la población que día con día ve canceladas sus oportunidades ya no de mejorar, sino simplemente de sobrevivir.Es sumamente grave, aunque los calderonistas se empeñen en negarlo y ocultarlo, el hecho de que la actual recesión de la economía mexicana ya sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Los informes oficiales señalan que hasta el 2008 se tenían registrados 50.5 millones de pobres en el territorio nacional, por lo que éstos ya suman 54.8 millones de mexicanos en situación de pobreza, es decir el 51.02 por ciento del total de la población del país, lo cual constituye una verdadera bomba de tiempo que se han negado a ver los altos funcionarios de la actual administración federal.

MENTIRAS, ERRORES Y FRACASOS
Calderón y Carstens han mentido, una y otra vez, al presentar sus proyecciones tanto del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, como en sus cálculos sobres los ingresos federales por sus fallas en la estimación del precio del petróleo y de la tributación. Sus apreciaciones para evaluar el comportamiento de la economía y determinar los niveles de gastos e ingresos del gobierno federal en el Presupuesto, han quedado muy alejados de la realidad que reflejan las cifras tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Banco de México. Como ejemplo de lo anterior basta remontarnos sólo a los últimos dos años. En los Criterios Generales de Política Económica de 2008, Calderón y Carstens dijeron que el crecimiento del PIB sería de 3.9 por ciento, cuando éste apenas llegó a 1.4 por ciento, y esto a cifras oficiales que seguramente tuvieron un gran maquillaje oficial. Y para este año, en la Ley de Ingresos se pronosticó un crecimiento de 1.8 por ciento, y la economía mexicana se despeñó 10.3 por ciento en términos anuales en el segundo trimestre de este año, lo que significa una caída sin precedente en 75 años y perfila a la administración calderonista para terminar con un crecimiento cero, es decir, otro sexenio perdido.

CRIMINAL DESPILFARRO
Lo peor de todo es que Calderón insiste en seguir deteriorando la calidad de vida de los mexicanos con recortes presupuestarios, más deuda y mayores medidas impositivas, para lo cual buscará convencer a sus aliados del PRI y del PRD a fin de que lo secunden en el Congreso de la Unión, lo que añadirá más fuego a la hoguera de la inconformidad social. A Calderón y a Carstens nunca les ha pasado por la cabeza la sencilla solución de hacer más eficiente y eficaz el ejercicio del gasto, porque la verdad de las cosas es que al gobierno federal no le ha faltado dinero, lo que ha sucedido es que lo ha malgastado y despilfarrado. El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) comprobó lo anterior al calcular que el presupuesto federal por habitante en México al iniciar el sexenio pasado, el de Vicente Fox, era de 14 mil 283 pesos (a precios de 2009) y cuando por fin se fue el ya maridito de Martita Sahagún subió a 19 mil 191 pesos. Para este año, el tercero de la funesta administración calderonista, con todo y los recortes, el presupuesto federal toca de a 24 mil 620 pesos por persona, es decir un aumento del 72 por ciento en lo que va de las administraciones federales panistas.Lo que la administración federal que encabeza Felipe Calderón gastará este año es superior a 800 mil millones de pesos a precios actuales a lo que gastó el gobierno de Ernesto Zedillo en su último año, pero si se suman los recursos adicionales que se obtuvieron en los años que han gobernado los panistas, la cifra alcanza 2 billones 788 mil millones de pesos a precios de 2009, estratosféricos recursos que, simple y sencillamente, fueron dilapidados.Este derroche de Fox y Calderón empujó a México a entrar en una crisis de grandes proporciones y de larga duración, de la cual no se saldrá ni siquiera el sexenio que entra.

ALTOS COSTOS BUROCRATICOS
De acuerdo con datos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el gasto corriente durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón han mantenido una proporción de tres a uno sobre el gasto de capital, lo que ha impactado negativamente en el desarrollo económico del país. La operación del aparato administrativo federal, entre 2000 y 2008, consumió 12 billones de pesos, más del 80 por ciento del presupuesto ejercido en ese periodo y que fue de 14.9 billones de pesos, mientras que a proyectos de infraestructura y obras de inversión sólo se destinó menos del 20 por ciento, 2.8 billones de pesos. Ante la expansión del aparato burocrático, sus retabulaciones, compensaciones y bonos, también el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados destacó que, en comparación con el presupuesto de egresos del 2008, este año se ejercen 14.5 por ciento más en gasto corriente. Tan sólo Agustín Carstens está ejerciendo en la Secretaría de Hacienda recursos adicionales por 770 millones de pesos para pago de salarios, creación de plazas y otras medidas “contingentes” de carácter laboral; Eduardo Medina Mora, en la PGR está ejerciendo un gasto adicional de mil 301 millones de pesos; Alberto Cárdenas Jiménez, en la SAGARPA gasta 334 millones de pesos adicionales; Juan Rafael Elvira Quesada, en la SEMARNAT se está gastando 372 millones de pesos más, y así se van el resto de los funcionarios federales de primer nivel. Los recientes recortes anunciados por Agustín Carstens, con todo y su magnitud, no representan ni siquiera el 1 por ciento del total presupuestado en 2009 para gasto corriente. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de este año, de un total de dos billones 320 mil millones de pesos, un billón 728 mil millones, es decir el 74.49 por ciento, se destinan a gasto corriente y a inversión física sólo 591 mil 862 millones, es decir únicamente el 25.51 por ciento. La administración calderonista se gasta un billón 178.4 mil millones de pesos en pago de servicios personales y “otros corrientes”, es decir, el 68.2 por ciento del total del presupuesto asignado para la operación de la administración pública. En este rubro, casos extremos los constituyen el IMSS y el ISSSTE que destinan el 97.9 por ciento de su presupuesto a gasto corriente y sólo 2 por ciento a inversión física. En Pemex ha habido un desmedido crecimiento en el gasto burocrático, sobre todo porque los 32 mil empleados de confianza perciben salarios sustancialmente superiores a los sindicalizados, además de contar con otras compensaciones, gastos de representación y préstamos. En la SEP un millón 300 mil mentores absorben 97.2 por ciento del presupuesto total de 200.9 mil millones de pesos. Además del oneroso gasto corriente, el gabinete calderonista realiza un manejo discrecional del presupuesto, puesto que desde la Secretaría de Hacienda indebidamente se transfieren recursos a fondos, fideicomisos y otros programas. En paraestatales como Pemex, el IFE y hasta en la Secretaría de la Función Pública, hay escandalosos incrementos en gastos por compensaciones, asesorías y servicios personales destinados a altos mandos. Lo peor de todo es que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo presidente es Antonio Ortega Martínez, admite que no se tiene un control estricto sobre las retabulaciones, compensaciones y prestaciones que se pagan los funcionarios de alto nivel, quienes ven felizmente hinchados sus bolsillos y cuentas personales.

INEFICIENCIA, INCAPACIDAD E INCOMPETENCIA
La administración calderonista también se ha destacado por su ineficiencia, incapacidad e incompetencia en el quehacer gubernamental. Un claro ejemplo de esto es que el “gobierno” federal registró un subejercicio no subsanado por 4 mil 341.4 millones de pesos correspondientes al primer trimestre de 2009, de acuerdo con los “Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, al segundo trimestre de este año, dado a conocer por la SHCP. El gasto que el gobierno federal no aplicó, a pesar de haber sido autorizado en el presupuesto para 2009, se concentró en 61 por ciento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 2 mil 662 millones de pesos, no obstante que esa dependencia es la encargada de coordinar la construcción de las obras de infraestructura que servirían para el programa contracíclico aplicado –muy tarde por cierto- por el gobierno federal para enfrentar la recesión económica. También hay importantes subejercicios en el sector salud, con 165 millones de pesos que no se gastaron, a pesar de que el país enfrentó una emergencia epidemiológica y espera un “rebote” de la misma, y que la población en general tiene grandes carencias en servicios de salud; en desarrollo social también se presentó un subejercicio de 424.1 millones de pesos; Medio Ambiente no se gastó 500 millones de pesos; Energía 27.2 millones y la PGR no se pudo gastar 20 millones de pesos, a pesar de que libra una “guerra” contra el crimen organizado, entre otras dependencias en las que también figuran el CONACYT, la SHCP, SAGARPA, Economía, STPS, Reforma Agraria y Turismo.Al primer semestre de este 2009, los reportes oficiales señalan que existen 8 mil 160 millones de pesos que no se han ejercido, correspondientes al periodo abril-junio y que se espera sean aplicados en este trimestre de julio a septiembre, algo que tendremos que ver para creer.

AUSENTE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN
Muchos de los grandes problemas que enfrenta el país, se solucionarían simplemente con un manejo eficiente y transparente del presupuesto, que aliente los proyectos productivos y no permita que se incurra en los criminales dispendios de esta y la pasada administración foxista, cuando casi la totalidad de los excedentes petroleros se canalizaron al gasto corriente.La utilización eficiente de los ingresos petroleros y la reducción del gasto corriente son una de las alternativas más viables y eficaces para atenuar el hoyo fiscal de 300 mil millones de pesos que crearon la incompetencia de Calderón y de Agustín Carstens, quienes ahora, además de apretarse el cinturón, cosa que no se ve que estén dispuestos a hacer, deben liberar los recursos disponibles, tal y como lo han pedido los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, para que estos impacten en desarrollo económico y generación de empleos.

ENDEUDAMIENTO HISTÓRICO
Recurrir a mayor endeudamiento externo —como lo ha estado haciendo Calderón que es el mandatario que más ha endeudado a México en los últimos 15 años, a pesar de que durante su primer bienio las ventas petroleras del país registraron records históricos de divisas— implica muchos riesgos ante el vencimiento de la cobertura petrolera. Al cierre del segundo trimestre de 2009, el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal se ubicó en 2 billones 469 mil millones de pesos, y fue superior en 136 mil millones de pesos al observado al cierre de 2008. En el mismo periodo, la deuda externa alcanzó la cifra de 39 mil 295 millones de dólares, monto superior en 1,590 millones de dólares al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB representó el 4.4 por ciento. En los últimos ocho años, la deuda mexicana creció 38 por ciento con el FMI, el BM y el BID. Al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo la deuda pública (interna, externa y contingente) era de 2 billones 318 mil 200.1 millones de pesos; al terminar el sexenio de Vicente Fox ya sumaba 3 billones 364 mil 650 millones de pesos; y a finales de 2008, a dos años de la gestión de Calderón, había aumentado 28.7 por ciento al llegar a un total de 4 billones 33 mil 123.5 millones de pesos. Lo anterior significa que cada uno de los 107 millones de mexicanos debe 40 mil 289 pesos –sin incluir los 47 mil millones de dólares que el FMI ha prestado este año- que equivalen a 25.7 por ciento más en relación al inicio del sexenio, cuando cada mexicano debía 23 mil 700 pesos. Sin embargo, la deuda pública ampliada que incluye otras deudas como las del Fobaproa/IPAB, del rescate carretero, del Programa de Apoyo a Deudores, los Pidiregas, llegaba a 4.49 billones de pesos al primer trimestre del año y representaba 40.2 por ciento del PIB, de la cual la deuda interna representa el 29.1 por ciento del PIB y la deuda externa el 11 por ciento.Entre el endeudamiento histórico de México con la banca multilateral, la inflación, la fuga de capitales, la debacle del turismo y de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el pésimo manejo de las finanzas públicas, el país se está hundiendo en la miseria. Esto se ha agravado, por los millones de dólares en divisas que se han dejado de percibir de las remesas de los migrantes en los Estados Unidos. Medio millón de hogares en el país han dejado de recibir remesas durante este año por un monto superior a los 1,600 millones de dólares. Y ahora, la “solución final” de Calderón agravará la actividad productiva e incrementará el desempleo que en el primer trimestre fue de 5.1 por ciento, lo que equivale a 2.3 millones de personas de la PEA (Población Económicamente Activa), mientras que los trabajadores que han sido empujados a la economía informal llegaron a 12.1 millones, que equivale al 28.2 por ciento; y los subocupados ascendieron a 3.4 millones que representa un 8 por ciento del PEA. La administración calderonista usa ya los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, los seguros de cobertura y los excedentes operativos del Banco de México para mantener su plan de Egresos 2009 que, como informó Agustín Carstens, tiene un déficit de 300 mil millones de pesos por la caída de la recaudación de impuestos y de los ingresos petroleros. El año que entra esos recursos no existirán por lo que habrá más recortes, cancelación de programas de gobierno y despidos de burócratas de confianza. El plan de Calderón para enfrentar la crisis puede prender la mecha de la inconformidad social y marcar al 2010 como un año de insurgencia civil.

DE LOS PASILLOS
Alfonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública, confirmó que a 128 universidades públicas del país se les aplicará 1 por ciento del recorte presupuestal para lo que resta del año, es decir que se les retirarán 800 de los 7 mil 186 millones de pesos del recorte que se aplicará a la educación pública del país… El fantasma del hambre se hace presente en muchas regiones impulsado por la sequía que azota a gran parte del territorio nacional. A pesar de ésta, el titular de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, declara que no habrá escasez de alimentos… Petróleos Mexicanos informó que la producción de crudo en Cantarell sigue en caída libre, pues de enero a julio de este año descendió 35 por ciento con respecto al mismo periodo de 2008. La paraestatal dio a conocer que en general, la producción en los campos petroleros marinos y terrestres del país descendió 7.9 por ciento al día en ese lapso, lo que significó una pérdida de 14 mil 992 millones de dólares en ventas en el mercado internacional…
(lillia_arellano@yahoo.com)

Infonavit: Usura social

JESUSA CERVANTES

Agobiado por la cartera vencida, el director del Infonavit remató decenas de miles de créditos en apenas una fracción de su valor a principios de 2006. Ahora en manos de dos empresas privadas, los trabajadores son amenazados con el desalojo si no pagan las exorbitantes cuotas que les imponen. Los tribunales no logran ponerse de acuerdo ante los miles de juicios de amparo solicitados por los afectados: mientras en unos casos los otorgan, en otros los niegan. El problema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto el miércoles 12.

El 29 de junio de 2005, Víctor Manuel Borrás Setién, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se percató de que un conjunto de créditos por 26 mil 488 millones de pesos tenían poca probabilidad de ser cobrados. Para “maximizar” su recuperación, vendió a empresas privadas poco menos de la mitad de esa deuda, equivalente a 12 mil millones de pesos, en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, 13.24% de su valor.El hecho no sólo sembró incertidumbre entre miles de familias de trabajadores colocados en riesgo de perder sus viviendas; también se tradujo en cientos de procesos judiciales que han suscitado criterios contradictorios en varios tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este miércoles definirá si el organismo puede o no vender créditos de naturaleza social a empresas privadas.Todo el problema se inició el 27 de abril de 2005 cuando el PAN y el PRI aprobaron en la Cámara de Diputados una serie de modificaciones a la Ley del Infonavit propuestas por el entonces presidente Vicente Fox.La nueva ley facultó al Instituto a sujetarse a discreción a la Ley de Transparencia; a quedar fuera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a que el Consejo de Administración propusiera a la Asamblea General las políticas de crédito “y cualesquiera otra que sea necesaria” para el cumplimiento de sus objetivos.El 29 de junio de ese año, Borrás Setién pidió un informe de la cartera vencida. Las cifras fueron desalentadoras: miles de trabajadores que recibieron créditos del Infonavit para vivienda no habían pagado 41 mil 38 millones de pesos y, peor aún, había otros 110 mil 781 créditos por 26 mil 488 millones 74 mil 464 pesos con bajísima probabilidad de recuperación, llamados “cartera vencida reservada”.En septiembre de ese 2005, la Comisión de Seguimiento de Metas del Infonavit presentó una “Estrategia de depuración de la cartera vencida”. La solución propuesta fue vender la totalidad de la “cartera vencida reservada”, considerada para ese momento como incobrable. En cuanto a la cartera vencida de 41 mil millones de pesos, que sí es recuperable, propuso que no rebasara 5% del total de todos los créditos que otorga la institución.El 26 de octubre siguiente, el Consejo de Administración que encabeza Borrás Setién autorizó esa operación, pero con una modificación: dispuso poner en subasta pública solamente 56 mil 490 créditos de la “cartera vencida reservada”, equivalente a unos 12 mil millones de pesos. Por ser créditos casi imposibles de recuperar, el organismo determinó rematarlos, literalmente, en mil 588 millones 802 mil pesos, es decir, a tan sólo 13.24% de su valor.Infonavit nunca explicó por qué no subastó el 100% de la cartera, como le recomendó la Comisión de Seguimiento de Metas. Sin embargo, en el propio documento “Estrategia de depuración de la cartera vencida” que se le presentó a Borrás Setién está la respuesta: 42 mil 893 expedientes de los créditos estaban incompletos, por lo cual no se pudieron subastar.Una de las empresas ganadoras de la subasta pública fue Recuperadora de Deuda Hipotecaria, una empresa filial de la estadunidense Lend Lease, que en sólo seis días –entre el 6 y el 12 de enero de 2006– se constituyó legalmente, se adjudicó la subasta y firmó con el Infonavit el contrato de “cesión de derechos” de los créditos.Lend Lease ya había ganado algunas subastas públicas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) que le permitieron adquirir bienes del gobierno federal por 80 mil créditos hipotecarios e industriales del extinto Banco de Oriente. Pero a diferencia de aquellas subastas, en que los bienes provenían de bancos privados que fueron intervenidos por el gobierno, en esta ocasión su filial adquirió créditos de viviendas de trabajadores en ejercicio de un derecho que la legislación mexicana les otorga y que además involucra a sus patrones, pues la retención de 5% del salario de los trabajadores forma parte de las obligaciones fiscales que tiene toda empresas en México.Recuperadora de Deuda Hipotecaria obtuvo 19 mil créditos por el módico pago de 415 millones 700 mil pesos.Otra empresa que se adjudicó la subasta pública convocada por el Infonavit fue SCRAP II, que pagó mil 173 millones 102 mil pesos por 34 mil créditos. Esta filial de la estadunidense Pendelum Associates es presidida por Roberto Enrique Colliard López, excoordinador general de Recursos Corporativos de Fobaproa, antecedente del IPAB.

Litigios

René Sánchez Galindo, integrante del Consejo de Defensa de la Vivienda, informa que se han promovido unos 3 mil 200 amparos en contra de la venta de cartera vencida del Infonavit, hasta ahora, a través de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Barzón Auténtico de Ciudad Obregón, Sonora, y el Frente en Defensa de la Vivienda de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Él solo inició 120 juicios de amparo.Las empresas privadas que adquirieron los créditos incobrables del Infonavit ahora exigen a sus representados pagos inmediatos de entre 20 mil y 60 mil pesos, y mensualidades por arriba de 5 mil pesos. Si no cubren la deuda en las nuevas condiciones que les imponen, se les notifica su próximo desalojo. “Eso ha ocurrido principalmente en el norte del país, sobre todo en Sonora”, comenta Sánchez Galindo.Lo malo es que estos trabajadores cayeron en cartera vencida cuando debían cubrir al Infonavit mensualidades de apenas entre 400 y 800 pesos, debido a la pérdida de empleo y a la crisis económica que vive el país.Sánchez Galindo comenta que nueve de los 120 créditos que está defendiendo ya se han resuelto en tribunales Colegiados de Circuito. Seis casos los ha ganado y perdió los otros tres.Uno de los amparos, el de la acreditada Sylvia Díaz Gutiérrez, fue ganado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Premier Circuito Judicial el 16 de diciembre de 2008, que ordenó al Infonavit reasumir la administración del crédito, lo que se cumplió al día siguiente.En la sentencia, el Tribunal argumentó que “la operación de venta de los créditos vencidos del instituto constituye una acción trascendente e importante, por lo que era ilegal la autorización otorgada por el Consejo, debiendo haber sido autorizada por la Asamblea” del Infonavit.En otras palabras, los funcionarios del instituto aprobaron la venta de cartera, pero la decisión del Consejo de Administración no fue ratificada por la Asamblea General, como lo obliga el artículo 16 de la Ley del Infonavit en su párrafo IX.Para prevenir controversias futuras, el secretario general del Infonavit, Carlos Acevedo Valenzuela, propuso que la Asamblea General ratificara la decisión de vender la cartera incobrable, tomada por el Consejo de Administración el 26 de octubre de 2005. También sugirió que se ratificara la determinación del mismo consejo de firmar los dos contratos de cesión de derechos de venta que el Infonavit contrajo con Recuperadora de Deuda Hipotecaria y SCRAP II, según consta en la relatoría del acta de sesión de la Asamblea del 18 de diciembre de 2008. Ambas propuestas fueron aprobadas, entre otros, por el representante de la Confederación de Trabajadores de México, Leobardo Soto Martínez, actual diputado federal electo y quien pretende encabezar la Comisión de Vivienda de la próxima legislatura.Pero no todos los problemas para el Infonavit van a poder arreglarse en una mera asamblea interna. De hecho, la autorización de vender la cartera vencida “afecta inconstitucionalmente el patrimonio de los trabajadores, porque se corre el riesgo de transgredir el artículo 43 bis de la Ley del Infonavit, toda vez que las empresas privadas que se quedaron con los créditos no tienen facultades fiscales ni para recaudar el 5% del salario (que el empleador retiene al trabajador) ni para transferirlo de la subcuenta de vivienda al pago del crédito, como ordena la ley”, advierte el abogado Sánchez Galindo.En los contratos que Infonavit firmó con SCRAP II y con Recuperadora de Deuda Hipotecaria se indica claramente (punto 2 de la cláusula quinta) que “las partes reconocen y aceptan que lo señalado en el segundo párrafo del artículo 43 bis de la Ley del Infonavit no es aplicable respecto de los créditos hipotecarios objeto de este contrato, por tratarse de créditos vencidos”.La venta de créditos de Infonavit contradice incluso a la propia ley que rige al Instituto, que en su artículo 3 dice que “el crédito sea barato”. Sin embargo, explica Sánchez Galindo, “al trasladarse a las empresas privadas, se transforma en un crédito caro por la forma de pago que exigen”.Curiosamente, el Infonavit asegura que los contratos de crédito firmados por los acreditados con el organismo de vivienda para los trabajadores establecen que “el instituto, en su calidad de acreedor hipotecario, tiene el derecho de llevar a cabo la transmisión de los derechos que le asisten a través de una sesión de crédito (o sea, una venta), esto en razón de que legalmente, y hasta que no se dé una liberación de hipoteca, es el propietario y titular de los créditos”.Infonavit respondió así a la solicitud de información que le hizo el ciudadano Juan José Garza el pasado 8 de noviembre de 2006, en la que le requirió “el sustento legal” para vender su crédito. Sin embargo, en ninguna parte de los contratos entre el trabajador y el Infonavit dice que se pueden vender.Más aún, el Infonavit ha reconocido que “la posibilidad de vender la cartera no se encuentra prevista en la ley”, como lo aceptó la Subdirección General Jurídica del organismo durante la séptima reunión nacional de comisiones consultivas regionales del instituto.En cuanto a los amparos que se han perdido en tribunales, el abogado Sánchez Galindo explicó que los fallos se basaron en que la Ley del Infonavit le faculta aprobar cualquier política pública necesaria para cumplir con sus objetivos; según el juzgador, esto significa que tiene la facultad discrecional de autorizar la venta de créditos.Además, justifican que el Infonavit puede vender los créditos porque necesita recuperar la cartera otorgada y ya vencida.Y, por último, los tribunales que negaron el amparo sostuvieron que no hay una prohibición expresa en la Ley del Infonavit ni en el Código Civil que prohíba la venta.

“Suena metálico”

Ante las diversas interpretaciones de la Ley del Infonavit (sobre todo el artículo 16, fracción IX) en los tribunales, que en seis casos llevaron al otorgamiento de amparos y en otros tres a negarlos, existe lo que se conoce como “contradicción de tesis”, la cual ha llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos solicitudes.La determinación que tome la SCJN este miércoles 12 podría resolver en definitiva si el Infonavit está o no facultado para vender cartera vencida.Entre los abogados que defienden a los trabajadores trascendió que uno de los proyectos –a cargo del magistrado Sergio Salvador Aguirre Anguiano– está a favor de la venta; del otro, elaborado por la magistrada Margarita Luna Ramos, hasta el momento se desconoce el sentido que tiene.También cobró fuerza el rumor de que el director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién (quien fue ratificado en el cargo por Felipe Calderón), se entrevistó en mayo pasado con Aguirre Anguiano. Tras la supuesta reunión, el proyecto que ya había elaborado el secretario del magistrado fue regresado “para su estudio”.Uno de los abogados defensores de los trabajadores presentó al ministro Aguirre los llamados “alegatos de oídas” el 10 de julio pasado. Luego de escucharlos, el ministro le respondió: “Los créditos son para circular”. Además, expuso que “los argumentos sociales no sirven en la Corte, se necesita que afecte al acreditado en su bolsillo”.Los abogados le reviraron: “Sí afecta en la ley, no sólo en los bolsillos”.En otro de los alegatos de oídas, pero con el ministro Genaro Góngora Pimentel, éste habría parafraseado la expresión favorita del ministro Vicente Aguinaco: “Lo que no suena bien, suena metálico”.El pasado viernes 7, durante un segundo alegato de oídas que sostuvieron algunos abogados, se enteraron que el proyecto de Salvador Aguirre será a favor de la venta, pero también escucharon que Genaro Góngora presentará un contraproyecto que impida vender los créditos sociales.

Rumbo al 2010: dos saqueos

Indice Político

Francisco Rodríguez

La avaricia lo pierde todo por quererlo todo.

-Jean de la Fontaine-

Prosigo con la investigación y publicación a cargo del abogado Gabriel Reyes Orona, presidente de Transparencia Nacional y uno de los pocos que aún combaten la ilegalidad e ilegitimidad del Fobaproa-Ipab, que sigue costando miles de millones de dólares anuales a los contribuyentes: Dado que el grupo de accionistas integrado sustancialmente por la familia Creel no cubrió los adeudos relativos, el 17 de mayo de 1996 se tuvo que intervenir gerencialmente a los intermediarios que integraban al Grupo Financiero del Sureste, siendo de recordar que el tesorero en esa agrupación fue Jonathan Davis, quien después sería tesorero federal… y a la llegada de clan Fox-Creel es designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y miembro de la junta de gobierno del IPAB. Debe recordarse que para mediados del ‘98 Santiago Creel, como redactor de los transitorios de la ley que rige al IPAB, se aseguró de que los únicos intermediarios rescatados o intervenidos que no son nominalmente mencionados en esa ley son los de su familia, así como que el IPAB ha clasificado como confidencial diversa información de la venta de Bursamex. 2 de octubre de 1908. Después de que se conocieron cartas apócrifas recibidas por la prensa local, en las que se describía por uno de los supuestos ladrones cómo se llevó al cabo el “robo”, comenzaron a aparecer sumas importantes del botín, hasta que prácticamente se recuperó todo lo robado. Tal recuperación era inconsistente con la historia contenida en las cartas.A partir de 1996, el responsable del crédito corporativo en Santander ante Banco Mexicano Somex, Carlos Creel, orquesta y estructura una de las operaciones cuestionadas durante años por el Congreso de la Unión, y concreta una ventana de cartera por más de 20 mil millones de pesos al Fobaproa. Recuérdese que este banco fue el que, providencialmente, Eduardo Creel pasó al grupo representado por Gómez y Gómez. Sí, el primo de Santiago Creel, fungió en un área de crédito cuyos activos debieron ser rescatados con dinero del erario federal, cuando éste negociaba la aprobación del rescate financiero.29 de octubre de 1908. Tras haber sufrido un sinnúmero de vejaciones, Inocente Reyes y Leopoldo Villalpando quedando en libertad, después de haber sido denostados durante meses, sin acceso efectivo a la justicia y de haber sido procesado por un juez que fue seleccionado a “modo”, ya que el juez competente Alfredo López Hermosa fue sustituido ilegalmente por Martín Norman a recomendación del Gobernador Creel. Se procesa entonces a los menores Moisés Navarro, Martín Mateos y Miguel Molinar, quienes claramente, por su edad, condición social y educativa carecían de medios para ejecutar un atraco que implicaba planeación sofisticada.Tras dejar en condición ruinosa el departamento de crédito de Banco Inverlat, Alejandro Creel, quien tuvo diversas responsabilidades en el área crediticia de esa institución, entre otras las de atender a los accionistas de ese grupo financiero que recibieron préstamos para compra de acciones y otras operaciones altamente riesgosas, deja el Banco y el Grupo Financiero con pérdidas cercanas a los 24 mil millones de pesos, para fungir a partir de 1997 (a través de una persona moral) como Coordinador de las Reestructuras del Fobaproa, es decir, a ser el interlocutor de los mayores deudores corporativos al sistema bancario. No obstante la lamentable experiencia registrada en Inverlat, este primo de Santiago Creel diseña, promueve y/o aprueba con un equipo, enorme quebrantos, reestructuras y esperas a favor de empresarios por miles de millones de pesos, al tiempo que Santiago Creel negociaba con el equipo de Zedillo Ponce de León, la creación del IPAB. Alejandro Creel, además, sienta las bases para el proceso de venta de Aeroméxico y Mexicana, el cual se ejecutó contraviniendo diversas disposiciones legales, a favor de personas que directa o indirectamente habían recibido apoyos del Fobaproa.Durante el mes de mayo 1909, ante los indignantes abusos, atropellos y “sospechosísimos” registrados en el proceso, la sociedad civil emite abundantes testimonios y apoyos que repudian la actuación de las autoridades administrativas y judiciales contra tres desposeídos menores de edad a quienes se les pretendía inculpar sin pruebas, ni evidencias claras, del robo al Banco Minero. (Continúa)

Índice Flamígero: Escribe la maestra Irisela Sánchez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM: “Nuevamente el TRIFE, que dirige la amiga de Margara (sic) Zavala, Carmen Alanís, pacta con el ala chuchera del PRD, es decir, la derecha enquistada en el PRD— y le dan a la esposa de René Arce Islas, Silvia Oliva, una constancia para que ella contienda por la Delegación Iztapalapa ¡¡¡a 15 días de la elección!!!; en lugar de Clara Marina Brugada, quien ganó la elección interna sin fraude —de hecho, se probó el que sí cometieron Oliva y su marido—; esto ocurre porque mientras atropellan una y otra vez a los ciudadanos desde Los Pinos-PAN-TRIFE-Jesús Ortega, los hoy muy confundidos electores con la campaña pro-derechista de “voto blanco, nulo”, así como los confundidos de siempre que por comodidad “prefieren” no votar y así no asumen la responsabilidad de elegir, siguen calladitos y en sus casas...”

+ + + ¿Por qué los infantes de Hermosillo a quienes atiende Shriners siguen con vida y los que son pacientes del IMSS van muriendo uno a uno?

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pacorodriguez@journalist.com

Los Gómez del Campo, crímenes subrogados

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no puede convertirse en otro "lamentable accidente", a los que nos tiene acostumbrados la clase política, para evitar la acción penal contra autoridades y particulares responsables de la muerte de 44 infantes, que podría elevarse a medio centenar por la negligencia criminal.

En Pasta de Conchos, Coahuila, la empresa Minera México, de Germán Larrea, se apuró a tapar el sol con un dedo tras la muerte de más de 60 mineros, apoyada por la evasión mediática de Televisa y el encubrimiento de la Secretaría del Trabajo.En el operativo del News Divine, en la Ciudad de México, sólo responsabilizaron a mandos policiacos intermedios de la muerte por asfixia de más de 12 jóvenes, criminalizados de antemano por la filosofía del gobierno de la mano dura.Y ahora, en Hermosillo, Sonora, el modelo de guarderías "subrogadas" trata de evadir la responsabilidad del desastre.Las contradicciones afloraron a menos de una semana del siniestro. Por un lado, la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, reconoció que sí existe un parentesco "lejano" con Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las accionistas de la guardería ABC, con quien, aclaró, no tiene contacto personal.Pero el gobernador priista Eduardo Bours se salió del guión al declarar ante Carmen Aristegui, en MVS Radio, y a Carlos Loret de Mola, en Televisa, que sí existía una relación cercana entre ambas."Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una reiteración familiar. Pero también reitero que el inicio de la operación de la guardería es de 2001, no comenzó con el presidente Calderón en 2006; me parece absurdo ligar una cosa con la otra", declaró Bours en un tardío intento de exculpar anticipadamente al entorno familiar de la primera dama y del primer mandatario de cualquier responsabilidad.La prisa del mandatario sonorense lo llevó a cometer varios errores y a abrir flancos que tendrán que explicar tanto autoridades emanadas del PRI como del PAN.

Hasta ahora no se ha mencionado con suficiente claridad la responsabilidad del exalcalde panista de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela (2001-2003), quien autorizó el uso de suelo a la estancia infantil en terrenos destinados a uso industrial.El silencio es deliberado, ya que Búrquez Valenzuela es uno de los colaboradores principales del candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano.Y el ocultamiento también pretende desviar la atención sobre los vínculos de funcionarios del gobierno de Bours Castelo y sus relaciones de complicidad con el círculo íntimo de Los Pinos.Otro de los dueños de la guardería ABC es Gildardo Urquídez Jr., quien trabajó en la secretaría de Finanzas del PRI en Sonora.Además, la señora Marcia Gómez del Campo no sólo es prima de la primera dama, sino esposa de Antonio Salido Suárez, director de infraestructura del gobierno local de Bours.El panorama es aún peor: Los negocios de los Gómez del Campo no se limitan solamente a sacarle jugo al esquema de "subrogación" de las guarderías del IMSS –se calcula que mil 500 establecimientos que atienden a 223 mil niños han sido subrogadas desde la época de Mario Luis Fuentes, exdirector general del Seguro Social en el último tramo del sexenio foxista–, sino que se extienden a otro negocio que hace recordar el escándalo Hildebrando.
El contrato no médico más importante del Seguro Social otorgado a una sola empresa fue el que se le entregó a la empresa hindú Tata Consultancy Services, por 3 mil 103 millones de pesos.
El responsable de esta asignación fue el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Sin embargo, la empresa hindú Tata Consultancy es tan sólo la fachada del verdadero accionista y beneficiario del contrato: Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la primera dama y famoso desde que en 2006 el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador difundió los millonarios contratos de esta empresa de software con empresas como Pemex, CFE, Sedesol y el IPAB.¿Cuántos negocios más de este tipo habrán obtenido los primos y cuñados "incómodos" del presidente de la República? ¿De qué tamaño es la complicidad con la familia Bours Castelo en Sonora y en otras partes del noreste del país para que los sucesos de la guardería ABC de Hermosillo se conviertan en un expediente más de crímenes subrogados?
email: jenarovi@yahoo.com.mx

¿Deveras “se resolvió” la deuda interna y externa?

México SA
*¿Deveras “se resolvió” la deuda interna y externa?
*Luego de 14 años la herencia Fobaproa sigue agujereando los maltrechos bolsillos de los mexicanos

Carlos Fernández-Vega

Casi dos décadas atrás, el inquilino en turno de Los Pinos decretó el fin del problema” de la deuda pública externa; años después, por ahí de 2003, el ocupante de esa misma residencia reiteró lo dicho en su momento por Carlos Salinas de Gortari, y le agregó la parte pública interna a la “solución del problema”. De dudosa credibilidad ambas declaraciones, la Cámara de Diputados, con base en las cifras proporcionadas por la Secretaría de Hacienda, nos regala un ingrato paseo por este tema, con la información más reciente, que no la última.
El “problema resuelto” –externo e interno–, según Salinas y Fox, acumuló un saldo de tres billones 628 mil millones de pesos (algo así como 32.4 por ciento del producto interno bruto) al cierre del primer trimestre del fatídico año del “catarrito”. Precisa la Cámara de Diputados; “la deuda neta del sector público incluye la deuda neta del gobierno federal, la de los organismos y empresas controladas y la de la banca de desarrollo”, y el monto referido “considera el reconocimiento como deuda pública directa de Petróleos Mexicanos los pasivos de los proyectos de infraestructura productivos de largo plazo (Pidiregas), equivalentes a 8.1 por ciento del PIB; es decir, superior en un billón 30 mil 231 millones de pesos”. Por lo tanto, tal débito resultó superior en 11 por ciento respecto a lo observado al cierre de 2008.
Al cierre del primer trimestre de 2009, el saldo de la deuda interna neta del sector público federal se ubicó en 2 billones 424 mil 900.6 millones de pesos, monto es superior en 156 mil 402.2 millones al registrado al cierre de 2008, mientras que como proporción del PIB éste saldo representó 21.7 por ciento, tres puntos porcentuales mayor al registrado al cierre de 2008. “Algunos de los factores más importantes que influyeron para la evolución de la deuda interna fueron: el incremento en el saldo de la deuda interna bruta por 175 mil 642.8 millones de pesos y la variación positiva de 19 mil 240.6 millones en los activos internos del referido sector”.
Por lo que toca al saldo de la deuda externa neta, se ubicó en 83 mil 944.9 millones de dólares, monto superior en 59 mil 625.5 millones de billetes verdes al reportado al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB este saldo representó 10.7 por ciento, mayor en 8 puntos porcentuales respecto a lo observado en diciembre del año pasado.
“Con base en el saldo contractual de la deuda externa registrado al 31 de marzo, se tiene previsto que las amortizaciones del sector público federal alcancen durante el resto del año (abril-diciembre) un monto de 6 mil 846.5 millones de dólares. De este total, 44.2 por ciento serán amortizaciones de líneas vinculadas al comercio exterior y a vencimientos de deuda con organismos financieros internacionales; 32.2 por ciento vencimientos de deuda de mercado de capitales, y 23.6 por ciento amortizaciones proyectadas de los créditos directos y pasivos Pidiregas”.
Respecto del costo financiero de la deuda del sector público presupuestario, la Cámara de Diputados precisa que en el primer trimestre de 2009 se erogaron, por costo financiero, 42 mil 721 millones de pesos, monto superior en 13.7 por ciento real a la registrada en igual lapso de 2008. De esa suma, 85.4 por ciento corresponde al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria, mismos que registraron un crecimiento en términos reales de 16.7 por ciento, y el restante 14.6 por ciento se asignó a las erogaciones para “apoyo a ahorradores y deudores de la banca”, que disminuyeron 1.1 por ciento real.
En términos anuales, el pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda registró un avance de 14.1 por ciento, en tanto que en el caso de las erogaciones para el “apoyo financiero a ahorradores y deudores de la banca” fue de 20.2 por ciento del presupuesto otorgado al sector público. Para el costo financiero el avance representó 14.7 por ciento del presupuesto total asignado a este rubro.
La nota amable es que después de 14 años la herencia Fobaproa no deja de agujerear los maltrechos bolsillos de los mexicanos: la deuda neta del IPAB al cierre del primer trimestre de 2009 ascendió a 751 mil 405 millones de pesos.
Y otro débito contabilizado es el del Gobierno del Distrito Federal: 45 mil 380.5 millones de pesos al cierre de marzo pasado, una reducción en términos reales de 1.5 por ciento con respecto al cierre de 2008. El pago del servicio de la deuda en el primer trimestre de 2009 sumó mil 189 millones, de los que 999 millones correspondieron al costo financiero y el resto al pago de amortizaciones. Por sectores, la composición por servicio de la deuda durante enero-marzo de 2009 fue de 76.8 por ciento del Sector Central y 23.2 por ciento del Sector Paraestatal.
Qué bueno, pues, que el problema de la deuda (interna y externa) ya se solucionó.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, para la memoria colectiva: “México ingresa al siglo XXI con diversas transformaciones y momentos de confusión. Para nadie resulta extraño que el proceso de democratización requiere de nuevas miradas, sobre todo si admitimos que el estilo predominante de hacer política y de gobernar, así como el modelo de desarrollo de los últimos años ha despertado signos de agotamiento y múltiples climas de desencanto y desafección. En algunas ocasiones la democracia parece irrelevante y la política pierde sentido para la vida cotidiana de los ciudadanos. Un Estado débil que no logra reformarse para conducir los nuevos retos de una gobernabilidad democrática y hacer frente a los poderes fácticos y a los desafíos de la globalización, una sociedad con enorme fragilidad en sus capacidades políticas y cívicas, un modelo de desarrollo socio-económico con escasos logros en términos de crecimiento y generación de empleos de calidad, sin consensos mínimos para producir políticas estructurales en pro de la igualdad y la inclusión, dejan al descubierto una de las zonas más preocupantes de la experiencia mexicana: un país donde la ‘ciudadanía’ como referente central de la democracia, continúa como tarea pendiente del proyecto de república democrática” (PNUD, Democracia/Estado/Ciudadanía; Hacia un Estado de y para la democracia en América Latina, Federico Vázquez Calero, 2008).
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