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lunes, octubre 31, 2011

Deuda: "él te dirá cómo"

México SA

*Deuda: "él te dirá cómo"
*FC, cinco años después
*El Fobaproa que vos matáis



¿Qué sucedió? ¿Qué misterio habrá?, porque quien prometió desendeudar a los mexicanos y liberarlos de peligrosos personajes, el que sabía cómo hacer las cosas sin endeudar a los moradores de este país, el que les diría cómo; quien, en fin, develaría las formas de que México avance sin deudas (ya se imaginarán quién es el brillante autor de tan bonitas frases) ha llevado el débito público a niveles históricos (5.17 billones de pesos) durante su estancia en Los Pinos, de tal suerte que cada habitante de esta nación, incluidos los neonatos, debe 45 mil pesos (sin considerar el débito del estado de la República donde resida), o lo que es lo mismo, más del doble que cinco años atrás.

Presumía Vicente Fox que durante mi mandato se ha reducido la deuda pública, y Felipe Calderón pregona que durante el suyo tal débito se ha manejado con prudencia. Pues bien, producto de la “reducción y la prudencia, el saldo de dicho adeudo se incrementó 153 por ciento entre el primero de diciembre de 2000 y el 30 de septiembre de 2011, es decir, a lo largo de los dos gobiernos panistas, cuyos militantes sólo registran cómo creció la deuda del estado de Coahuila, pero se niegan, para no sufrir, cómo lo ha hecho el débito federal, responsabilidad del par de joyas que osaron seleccionar para salvar a los mexicanos de los malosos.

¡Felipe Calderón te dirá cómo! (crecería México sin deudas), divulgaba la propaganda panista en el proceso electoral de 2006, y un lustro después el crecimiento brilla por su ausencia (de hecho, el gobierno del susodicho registra el peor resultado económico en tres décadas, cuando menos), mientras el débito público crece y crece, y sigue creciendo, y alcanza niveles nunca antes registrados. Según datos oficiales, a lo largo del inquilinaje blanquiazul en Los Pinos el inventario nacional se incrementó en alrededor de 15 millones de nuevos mexicanos, quienes en lugar de torta, arribaron con un pagaré bajo el brazo para cubrir la rebanada de deuda que le corresponde por cortesía del personaje que prometió exactamente lo contrario.

La Jornada (Israel Rodríguez) nos ilustra: la deuda total del sector público creció 608 mil 568.2 millones de pesos en los últimos 12 meses, lo que representó un ritmo de endeudamiento de mil 667 millones de pesos diarios, reveló la Secretaría de Hacienda (¡un millón 157 mil pesos por minuto!). Así, al cierre de septiembre de 2011 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el componente más amplio de los compromisos totales, ascendió a un nuevo máximo de 5 billones 173 mil 894.3 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 13 por ciento entre el tercer trimestre de 2010 y el mismo periodo de este año. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye la deuda neta del sector público presupuestario, las obligaciones netas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura, los asociados a los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los correspondientes a los programas de apoyo a deudores, así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y los fondos de fomento, fueron equivalentes a 35.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), un crecimiento de 0.8 punto porcentual respecto del mismo periodo del año pasado.

La información anterior no proviene de los malosos que endeudarían al país, sino de la Secretaríax de Hacienda del calderonato (el que salvaría a la nación), la cual revela que dicho saldo pasó de poco más de 2 billones de pesos en diciembre de 2000 a 5.17 billones en septiembre de 2011, o lo que es lo mismo, a lo largo de los gobiernos –si así puede llamárseles– de Fox y Calderón. Con este último el débito público creció el equivalente a casi 7 puntos porcentuales del producto interno bruto para llegar, al cierre del mes pasado, a 35.8 por ciento del PIB. Y lo peor del caso es que se ha contratado deuda para pagar deuda.

En sus años como inquilino de Los Pinos, Vicente Fox aseguró con insistencia (Calderón no toca el tema, aunque mucho tuvo que ver en él) que el asunto del Fobaproa ya está resuelto, mientras su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz –hoy al servicio de una trasnacional telefónica española–, era feliz, porque el rescate bancario está enterrado. Pues bien, el muerto goza de cabal de salud, y sigue sangrando a la nación, toda vez que al cierre de septiembre pasado el saldo de este atraco fue de 786 mil 485 millones de pesos. Y los mexicanos llevan 16 años pagando por un festín al que no fueron convidados.

En el reporte de la SHCP (Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2011) se detalla que el monto de la deuda neta del sector público federal, que incluye los compromisos totales del gobierno, los de los organismos y empresas controladas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la de la banca de desarrollo, se ubicó en 4 billones 597 mil 526 millones de pesos, lo que representó 31.8 por ciento del PIB, nivel superior en 1.1 puntos porcentuales respecto del observado al cierre del tercer trimestre de 2010 (30.7), cuando se fijó en 4 billones 2 mil 730 millones de pesos. En el lapso enero-septiembre de 2011 el gobierno realizó pagos por intereses y comisiones asociados a la deuda del gobierno federal por 131 mil 344 millones de pesos (La Jornada, Israel Rodríguez).

Se tiene previsto que las amortizaciones del sector público federal por deuda interna alcancen durante el cuarto trimestre del año un monto de 384 mil 119 millones de pesos. En tanto, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal aumentó 11 mil 781 millones de dólares en términos anualizados, que significó un crecimiento de 11.8 por ciento para ubicarse en 111 mil 638 millones de dólares (equivalentes a un billón 498 mil 380 millones de pesos), monto superior a los 99 mil 857 millones de dólares registrados al cierre de septiembre del año pasado (ídem).

Queda claro, pues, que el susodicho conoce muy bien las formas de que México avance sin deudas.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, durante los trabajos de la 21 Cumbre Iberoamericana en Asunción, Paraguay, Felipe Calderón exigió que “los bancos asuman las pérdidas de la crisis de la deuda que vive Europa en vez de trasladar a la comunidad internacional esos costos. Es injusto que la comunidad internacional, y menos la gente más pobre, asuma los costos de esa irresponsabilidad de quien los gobierna…” ¿Y el Fobaproa, apá?

domingo, mayo 08, 2011

Lavado con complicidad internacional

Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.
El banco de Wachovia.

Ed Vulliamy

MÉXICO, DF., 6 de mayo (Proceso).- El 10 de abril de 2006, al anochecer, un jet DC-9 aterrizó en Ciudad del Carmen, una localidad portuaria del Golfo de México. Los soldados mexicanos que lo esperaban para interceptarlo encontraron 128 valijas cargadas con 5.7 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 100 millones de dólares. Pero algo más –mucho más importante y de mayor alcance– fue descubierto al rastrear el papeleo para la adquisición de la aeronave por parte del cártel de Sinaloa.

Durante una investigación de 22 meses realizada por la agencia antidrogas (DEA), el Servicio de Recaudación de Impuestos y otras dependencias gubernamentales de Estados Unidos, afloró que los traficantes de cocaína habían comprado el avión con dinero lavado a través de uno de los mayores bancos estadunidenses: Wachovia, ahora integrante del gigante Wells Fargo (WFC).

Las autoridades descubrieron miles de millones de dólares depositados en cuentas de Wachovia a través de transferencias bancarias, cheques de viajero y montos en efectivo tramitados por casas de cambio mexicanas.

De inmediato Wachovia fue puesto bajo investigación por no cumplir con un programa eficaz de control de lavado de dinero. Pero lo más significativo era que el periodo de referencia de los movimientos se había iniciado en 2004, coincidiendo con la primera escalada de violencia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que luego detonaría las actuales guerras del narcotráfico.

Cargos criminales fueron levantados contra Wachovia pero no contra algún individuo en particular; de cualquier modo el caso nunca llegó a la corte. En marzo de 2010, a través de la Corte de Distrito de Miami, Wachovia hizo el mayor acuerdo realizado bajo la Ley de Secrecía Bancaria de Estados Unidos.

Ahora que expiró el año de “aplazamiento” del juicio, el banco está expuesto al escrutinio público. Pagó a las autoridades federales 110 millones de dólares por permitir transacciones que posteriormente se demostraron relacionadas con el tráfico de drogas, y recibió una multa de 50 millones de dólares por no monitorear el efectivo que se usó para transportar 22 toneladas de cocaína.

Pero más escandaloso y más importante todavía es que Wachovia haya sido sancionado por no aplicar las disposiciones correctas contra el lavado de dinero a la transferencia de 378.4 mil millones de dólares –suma equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto de México– a las cuentas de las llamadas casas de cambio (CDC) en México con las que el banco realizaba negocios.

“El flagrante desprecio de Wachovia hacia nuestras leyes bancarias le dio a los cárteles internacionales de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones”, dijo Jeffrey Sloman, el fiscal federal. No obstante la multa total significó menos de 2% de los 12.3 mil millones de dólares en ganancias que el banco obtuvo en 2009. El 24 de marzo de 2010 las acciones de Wells Fargo se cotizaron en 30.86 dólares, 1% más que durante la semana en que se saldó la demanda en la corte.

La conclusión del caso es sólo la punta de un iceberg que muestra el papel del sector bancario “legal” en el lavado de cientos de miles de millones de dólares –el dinero sucio del tráfico asesino de drogas en México y otras partes del mundo– a través de sus operaciones globales, y cuya fianza han tenido que pagar los contribuyentes.

Durante el pico de la crisis bancaria de 2008, Antonio María Costa, entonces jefe de la oficina para las drogas y el crimen de las Naciones Unidas, dijo que tenía evidencia para sugerir que el dinero proveniente de esas actividades ilícitas era “el único capital de inversión líquido” disponible para los bancos a punto del colapso. “Los créditos interbancarios fueron financiados con dinero derivado del tráfico de drogas”, dijo. “Hay indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esa forma”.

Durante el crack de 2008 Wachovia fue adquirido por Wells Fargo, justamente en el momento en que este último se hizo beneficiario de unos 25 mil millones de dólares en dinero de los contribuyentes (…)

Instinto de policía

Durante la investigación del caso mexicano de Wachovia, The Observer obtuvo documentos previamente proporcionados a reguladores financieros. De éstos se desprende que la alarma (sobre posible lavado de dinero) que fue ignorada provino, entre otras partes, de Londres, como resultado de la diligencia de uno de los denunciantes internos más importantes de nuestra época. Un hombre que, en una serie de entrevistas con The Observer, agrega detalles a los documentos, desnudando la historia de cómo Wachovia estuvo en el centro de una de la operaciones de lavado de dinero más grandes del mundo.

Martin Woods, un cuarentón oriundo de Liverpool, ingresó en febrero de 2005 a la oficina londinense del Wachovia Bank como oficial de alto rango para el combate del lavado de dinero. Previamente había prestado sus servicios en la brigada antidrogas de la Policía Metropolitana. Como detective también participó en el equipo de investigación de lavado de dinero de la Brigada Nacional Anticrimen, donde trabajó en el lado británico del escándalo de lavado de dinero del Banco de Nueva York, a finales de los noventa.

Woods habla como un oficial de policía, en el mejor sentido del término: puntilloso, exacto, con un humor lleno de picardía, pero moral hasta el tuétano (…) Tenía el ojo y el instinto de un oficial de policía, no los de un banquero. Y esto influía no sólo en sus métodos, sino en su mentalidad (…)

Cuando Woods hizo una revisión de Wachovia, lo primero que notó fue una deficiente información sobre sus clientes (…) Hacia agosto de 2006 Woods había identificado una serie de transacciones sospechosas relacionadas con clientes de casas de cambio en México. Estas incluían, sobre todo, depósitos de cheques de viajero en euros. Tenían números secuenciados y los depósitos eran por montos muy superiores a los que cualquier viajero inocente podría necesitar; la información que proporcionaban sobre los clientes era inadecuada o nula y las firmas resultaban dudosas para un ojo entrenado.

“Era un trabajo elemental”, afirma. “No respondían a las preguntas obvias: ‘¿La transacción es real o parece artificial? ¿Cubre el cheque de viajero todos los protocolos? ¿Está todo lo que debe ahí y, si no, por qué?’”

Woods discutió el asunto con la jefatura global de Wachovia para lavado de dinero en sistemas bancarios correspondientes, que opinó que los cheques podían significar evasión de impuestos. Luego emprendió lo que los bancos llaman una “retrospectiva” de transacciones previas y consideró que había elementos suficientes para presentar una serie de reportes de actividades sospechosas (RAS) a las autoridades del banco en el Reino Unido y a sus superiores en Charlotte, instando al bloqueo de las firmas mencionadas y de grandes series de cheques de viajero con números secuenciados procedentes de México.

En 2006 elaboró una considerable cantidad de RAS de los cuales 50 se referían a casas de cambio mexicanas. Para su sorpresa, la oficina de Wachovia en Miami, el centro de los negocios con América Latina, fue todo menos un apoyo; más bien, sintió él, fue todo lo contrario.

Sin embargo, como salió a relucir más tarde, Woods estaba sobre la pista correcta. Los negocios de Wachovia en México eran sometidos por las agencias federales de seguridad de Estados Unidos a un escrutinio cada vez más estrecho. Wachovia recibió una serie de citatorios para que informara sobre sus operaciones en México. Posteriormente Woods fue informado de que Wachovia había recibido de 6 mil a 7 mil citatorios. “Éste es un número absurdo”, opina, “¿entonces hasta qué punto se necesita llegar para que alguien del más alto nivel se percate de que algo anda mal, pero muy mal?”.

La punta del “iceberg”

En abril y mayo de 2007, como resultado del creciente interés y la creciente presión de la procuraduría federal estadunidense, Wachovia empezó a cancelar su relación con algunas de las casas de cambio. Pero en lugar de emprender una investigación interna sobre las alertas enviadas por Woods en relación con México, éste alega que Wachovia puso a su propio experto en lavado de dinero en la congeladora. Los registros muestran que durante 2007 Woods “continuó presentando RAS relacionados con las casas de cambio”.

De pronto, en julio de 2007 las 10 restantes casas de cambio mexicanas clientes de Wachovia que operaban a través de Londres, dejaron de hacerlo. Más adelante ese mismo año, cuando la investigación sobre Wachovia trascendió a los medios financieros de Estados Unidos, el banco decidió dar por terminadas todas sus relaciones con las casas de cambio mexicanas a escala global.

En ese momento Woods sintió que su situación personal dentro del banco era insostenible; mientras, por un lado, el banco actuaba para protegerse de las investigaciones federales sobre sus deficiencias, por el otro, se volteaba contra el hombre que había estado entre los primeros en detectarlas.

El 16 de julio la jefatura de regulación interna del banco dijo a Woods que su último RAS no debía haber sido presentado, que él no tenía atribuciones legales para investigar un caso del otro lado del Atlántico y que tampoco tenía derecho a tener acceso a los documentos conservados fuera de Gran Bretaña, aun si eran detentados por Wachovia.

La vida de Woods entró en caída libre. Fue a dar al hospital con una hernia discal, se reportó enfermo y el banco le dijo que no lo había hecho de manera correcta, tal como lo estipulaba el manual de empleados. Estuvo ausente durante tres semanas y regresó al trabajo en agosto de 2007 para encontrarse con una carta del director ejecutivo de regulación interna del banco, que era implacable en su tono y expresiones amenazantes (…) Woods, al borde del colapso, fue puesto bajo licencia por enfermedad por su médico; después se le dio un tratamiento psiquiátrico, se le incorporó a un curso de manejo de stress y se le medicó.

A finales de 2007 Woods (…) buscó a un representante de la DEA y le contó sobre las casas de cambio, los reportes de actividades sospechosas y la reacción de sus empleadores. Después de eso, la Reserva Federal y funcionarios de la oficina de control de divisas en Washington “pasaron un buen rato examinando los RAS” que Woods había enviado a Charlotte desde Londres. “Un tiempo después volvieron a entrar en contacto conmigo y empezamos a juntar las piezas del rompecabezas”, rememora Woods.

Lo que encontraron –como dijo Costa– fue sólo la punta del iceberg de lo que estaba pasando con el dinero de la droga dentro de la industria bancaria; pero por lo menos era visible y tenía un nombre: Wachovia.

En junio de 2005 la DEA, la división criminal del Servicio de Recaudación de Impuestos y la oficina de la procuraduría federal en el sur de Florida empezaron a investigar las transferencias bancarias de México a Estados Unidos. Estas remitieron a cuentas de banco sostenidas por casas de cambio en Wachovia. Las cuentas de las CDC eran supervisadas y manejadas por una unidad de negocios del banco en sus oficinas de Miami.

“A través de las CDC”, señalaba el documento de la corte, “las personas en México pueden utilizar divisas duras (…) y transferir el valor de éstas a cuentas de banco estadunidenses para adquirir bienes en Estados Unidos u otros países”. La naturaleza del negocio de las CDC da a quienes lavan dinero la oportunidad de mover los dólares del comercio de drogas que están en México a las casas de cambio y, en última instancia, al sistema bancario de Estados Unidos.

“En numerosas ocasiones”, dicen los papeles de la Corte, “diversas cantidades de dinero fueron depositadas en las CDC directamente por organizaciones del narcotráfico. Luego, utilizando identidades falsas, las CDC transfirieron el dinero a través de sus correspondientes cuentas bancarias en Wachovia para adquirir aviones para los narcotraficantes”.

El acuerdo alcanzado en la Corte en 2010 detallaría que “cerca de 13 millones de dólares pasaron por las correspondientes cuentas bancarias de Wachovia para la adquisición de aeronaves que serían utilizadas en el tráfico ilegal de drogas. En estas aeronaves se confiscaron más de 20 mil kilogramos de cocaína” (…)

Perdón judicial

“Desde 2004”, se lee en el acuerdo de la Corte, “Wachovia entendía el riesgo que conllevaba hacer negocios con las CDC mexicanas (…) Desde julio de 2005 Wachovia sabía que otros grandes bancos de Estados Unidos se estaban retirando del negocio con las CDC, motivados por las preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero… a pesar de estas advertencias Wachovia permaneció en el negocio”.

Los documentos muestran a Wachovia proporcionando tres tipos de servicios a las casas de cambio en México: transferencias bancarias, un “servicio para grandes cantidades en efectivo” y un “servicio de depósito en caja” para instrumentos emitidos por bancos estadunidenses, por ejemplo cheques comunes o cheques de viajero”, tal como lo detectó Woods.

“En el periodo que comprende del 1 de mayo de 2004 al 31 de mayo de 2007, Wachovia procesó por lo menos 373.6 mil millones de dólares en CDC y 4.7 mil millones en grandes cantidades de efectivo”, un total de 378.3 mil millones de dólares, cantidad que empequeñece los presupuestos que debaten las autoridades locales de Estados Unidos y el Reino Unido para proporcionar servicios públicos a sus ciudadanos.

El documento de la corte ofrece una fascinante oportunidad de observar cómo funciona por dentro el lavado de dinero proveniente de la droga. Detalla cómo los investigadores “encontraron fácilmente evidencias identificables de focos rojos correspondientes a un lavado de dinero en gran escala”. Había “transferencias bancarias estructuradas” por lo que “era común encontrar en las cuentas de las CDC transferencias en números redondos hechas el mismo día o en una sucesión de días cercanos, por los mismos remitentes y (…) a las mismas cuentas”.

A lo largo de 10 días, 10 transferencias hechas por cuatro individuos “pasaron por Wachovia para ser depositadas en la cuenta de un agente de aeronaves. Todas estas transferencias estaban en números redondos. Ninguno de los individuos que hicieron la transferencia tenía relación alguna con la aeronave o con la entidad que presuntamente era su propietaria. La investigación reveló posteriormente que todas las identidades de los individuos que enviaron el dinero eran falsas y que la empresa era una entidad encubierta. Ese avión posteriormente fue confiscado con aproximadamente 2 mil kilos de cocaína a bordo”.

Muchos de los cheques de viajero numéricamente secuenciales, del tipo que identificó Woods, mostraban “marcas inusuales” o “carecían de una firma legible”. Por otra parte, “muchas de las CDC que utilizaron el servicio para grandes montos en efectivo de Wachovia enviaron cantidades superiores a lo que el mismo banco hubiera esperado; más específicamente, muchas de las CDC excedieron su actividad mensual en por lo menos 50%”.

Según reseña el documento, “las violaciones encontradas fueron serias y sistemáticas, y permitieron a ciertos clientes lavar millones de dólares procedentes de la venta de drogas ilegales a través de las cuentas de Wachovia, durante un periodo prolongado. La investigación identificó que por lo menos 110 millones de dólares provenientes del narcotráfico fueron canalizados a través de las cuentas que las CDC tenían en Wachovia”.

El acuerdo termina con la discusión sobre “la considerable cooperación y las acciones de remedio” de Wachovia desde que se inició el proceso, luego de que el banco fue comprado por Wells Fargo. “En consideración a las acciones de remedio emprendidas por Wachovia”, concluye el fiscal, “Estados Unidos recomienda a la corte que (...) sobre la base de la información recogida, el juicio de Wachovia (...) sea aplazado 12 meses”.

Lo que se llama “aplazamiento del juicio” en el documento de Miami es una forma de libertad condicional a través de la cual, si el banco acata la ley durante un año, los cargos son abandonados. Por lo tanto, este marzo el banco ya no estaba bajo sospecha.

Woods destaca que estas sumas millonarias “son el producto de los asesinatos y la miseria en México, y de las drogas que se venden alrededor del todo el mundo”. Según él, toda la gente encargada de aplicar la ley quería que el caso llegara a tribunales, pero nadie va a la cárcel. “¿En qué contribuye el acuerdo para combatir a los cárteles? En nada. No facilita las tareas de seguridad y alienta a los cárteles o a cualquiera que quiera hacer dinero a lavar sus dólares sucios. ¿Dónde está el riesgo? No hay ninguno”.

Y concluye: “¿Es del interés del pueblo estadunidense alentar tanto a los cárteles como a los bancos de esta forma? ¿Es del interés del pueblo mexicano? En realidad es sencillo: si no ves una correlación entre el lavado de dinero por parte de los bancos y las 30 mil personas asesinadas en México no estás entendiendo nada”. (Traducción: Lucía Luna)

martes, enero 18, 2011

Narcotráfico en Afganistán, responsabilidades de la CIA

Bajo la “administración” estadunidense, crece el cultivo de droga en Afganistán. Al mismo tiempo, se consolida la epidemia mundial de adicción a la heroína. Los hechos están comprobados: los talibanes habían erradicado el cultivo de amapola y la CIA lo favoreció; el dinero de la droga corrompió el gobierno afgano de Karzai, pero las ganancias se encuentran principalmente en Estados Unidos. Así, la toma de decisión para solucionar este tráfico no está en Kabul, sino en Washington.

Peter Dale Scott / Red Voltaire

El importante artículo de Alfred McCoy, publicado el 30 de marzo de 2010, en el Tomdispatch, debería haber incitado al Congreso a movilizarse para emprender una verdadera reevaluación de la aventura militar de Estados Unidos en Afganistán.

La respuesta a la pregunta que plantea el título de ese artículo –“¿Hay alguien capaz de pacificar el mayor narcoestado del mundo?”– salta a la vista. Es un resonante “¡No!”… si no se modifican fundamentalmente los objetivos y estrategias definidos, tanto en Washington como en Kabul.

McCoy demuestra que el Estado afgano de Hamid Karzai es un narcoestado corrupto, que obliga a los afganos a pagar sobornos que alcanzan los 2 mil 500 millones de dólares al año, cifra equivalente a la cuarta parte de la economía afgana.

Ésta es una narcoeconomía: en 2007, Afganistán produjo 8 mil 200 toneladas de opio, cifra que representa el 53 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 93 por ciento del tráfico de heroína a nivel mundial.

Para enfrentar el problema, las opciones militares son, en el mejor de los casos, ineficaces, y en el peor, contraproducentes. McCoy estima que la mayor esperanza reside en la reconstrucción de la agricultura afgana para convertir el cultivo de víveres en una alternativa viable capaz de competir con el cultivo de la adormidera o amapola de opio, un proceso que puede demorar 10 o 15 años, o incluso más.

El principal argumento de McCoy es que, cuando alcanzó su máximo nivel de producción, la cocaína colombiana representaba sólo alrededor del 3 por ciento de la economía nacional y, sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los escuadrones de la muerte de derecha, ambos ampliamente financiados por la droga, siguen desarrollándose en ese país. La simple erradicación de la droga, sin disponer de un cultivo que la sustituya en la economía afgana, exigiría la imposición de insoportables presiones a una sociedad rural ya devastada, cuyo único ingreso importante proviene del opio. Para convencerse de ello, basta con recordar la caída de los talibanes en 2001, consecuencia de una reducción draconiana –llevada a cabo por los propios talibanes– de la producción de droga en Afganistán, que pasó de 4 mil 600 toneladas a sólo 185 toneladas, lo cual convirtió el país en un cascarón vacío.

A primera vista, los argumentos de McCoy parecen irrefutables y, en una sociedad racional, deberían dar lugar a un prudente debate al que seguiría un importante cambio de la política militar de Estados Unidos. McCoy presentó su estudio con tacto y diplomacia realmente considerables para facilitar ese tipo de resultado.


CIA, responsable en el tráfico mundial de droga

Desgraciadamente, numerosos factores hacen poco probable una solución positiva de ese tipo. Hay muchas razones que así lo determinan.

La primera realidad es que la creciente implicación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y su responsabilidad en el tráfico mundial de droga son temas tabú en los círculos políticos, campañas electorales y medios masivos de difusión. Y quienes han tratado de romper ese silencio, como el periodista Gary Webb, han visto sus carreras destruidas.

Después de ver cómo Alfred McCoy se ha implicado más que nadie en hacer que el público tome conciencia de la responsabilidad de la CIA en el tráfico de droga dentro de las zonas donde se desarrollan las guerras estadunidenses, el propio McCoy minimiza ese fenómeno en su artículo. Cierto es que escribe que “el opio surgió como fuerza estratégica en el medio político afgano durante la guerra secreta de la CIA contra los soviéticos”, y agrega que esa guerra “fue el catalizador que transformó la frontera pakistano-afgana en la más importante región productora del mundo”.

Sin embargo, en una extraña frase, McCoy sugiere que la CIA se vio arrastrada de forma pasiva a establecer alianzas vinculadas con la droga durante los combates contra las fuerzas soviéticas en Afganistán, desde 1979 hasta 1988, cuando en realidad fue precisamente la CIA la que creó esas alianzas para combatir a los soviéticos.

En uno de esos accidentes históricos con tintes de ironía, la frontera Sur de la China comunista y de la Unión Soviética coincidieron con la zona asiática productora de opio, a lo largo de una cadena montañosa, y la CIA se sintió atraída hacia el establecimiento de alianzas llenas de ambigüedad con los jefes tribales de los altiplanos de esa región.

Nunca hubo tal “accidente” en Afganistán, donde los primeros señores de la droga de importancia internacional –Gulbudin Hekmatyar y Abu Rasul Sayyaaf– se vieron proyectados hacia la escena internacional gracias al masivo e imprudente apoyo de la CIA, en colaboración con los gobiernos de Pakistán y de Arabia Saudita.

Mientras otras fuerzas locales de resistencia eran consideradas como fuerzas de segunda clase, estos dos clientes de Pakistán y de Arabia Saudita, precisamente por no disponer de apoyo a nivel local, fueron pioneros en el uso del opio y la heroína como medio para conformar sus fuerzas de combate y de crear un recurso financiero.

Los dos se convirtieron, además, en agentes del extremismo salafista que atacaban el Islam sufista endógeno en Afganistán. Los dos acabaron convirtiéndose en agentes de Al Qaeda.

Pero no era la primera vez que la CIA se implicaba en el tráfico de droga. Su responsabilidad en el papel dominante que hoy desempeña Afganistán en el tráfico mundial de heroína reproduce, en cierta forma, lo que sucedió anteriormente en Birmania, en Laos y en Tailandia, entre finales de las décadas de 1940 y 1970. Esos países también se convirtieron en importantes actores del tráfico de droga gracias al apoyo de la CIA (y de los franceses, en el caso de Laos), sin el cual sólo hubieran llegado a ser actores locales.

Tampoco es posible hablar, en ese caso, de un “irónico accidente”. El propio McCoy ha demostrado cómo, en todos esos países, la CIA no sólo toleró sino que apoyó el crecimiento de los fondos de las fuerzas anticomunistas gracias al financiamiento proveniente de la droga, para contrarrestar el peligro que representaba una intrusión de la China comunista en el Sureste de Asia. Desde la década de 1940 hasta finales de la de 1970, y al igual que en el actual Afganistán, el apoyo de la CIA contribuyó a transformar el triángulo de oro en un importante proveedor de opio a nivel mundial.

Durante ese mismo periodo, la CIA reclutó colaboradores a todo lo largo de las rutas de contrabando del opio clásico, como hizo en Turquía, Líbano, Francia, Cuba, Honduras y México. Entre esos colaboradores, se encontraban agentes gubernamentales, como Manuel Noriega, en Panamá, y Vladimiro Montesinos, en Perú. A menudo, personalidades experimentadas de los servicios de policía que contaban con apoyo de la CIA o de los servicios de inteligencia. Pero también había movimientos insurreccionales, desde los Contras de Nicaragua en la década de 1980 (según Robert Baer y Seymour Hersh) hasta el Jundallah, afiliado a Al Qaeda, que actualmente opera en Irán y en Baluchistán.


Gobierno de Karzai domina economía de la droga

El mejor ejemplo de esa influencia de la CIA sobre los traficantes de droga se encuentra en Afganistán, donde el propio hermano del presidente Karzai, Ahmed Wali Karzai (un activo colaborador de la CIA), y Abdul Rashid Dostum (un viejo colaborador de la Agencia) aparecen entre los acusados de traficar droga.

La corrupción vinculada a la droga en el seno del gobierno afgano debe atribuirse en parte a la decisión de Estados Unidos y de la CIA de desencadenar la invasión de 2001 con el apoyo de la Alianza del Norte, movimiento cuya vinculación con la droga era conocida en Washington.

De esa manera, Estados Unidos reprodujo conscientemente en Afganistán la situación que ya había creado en Vietnam. En este último (al igual que Ahmed Wali Karzai medio siglo más tarde), el hermano del presidente, Ngo Dinh Nhu, utilizaba la droga para financiar una red privada que le permitió “arreglar” las elecciones a favor del presidente Ngo Dinh Diem.

Thomas H Johnson, coordinador de estudios de investigación antropológica en la Naval Postgraduate School, demostró que el éxito de un programa de contrainsurgencia es improbable cuando ese programa apoya un gobierno local flagrantemente disfuncional y corrupto.

McCoy, al igual que los medios masivos de difusión de Estados Unidos, describe la economía de la droga afgana como dominada por los talibanes (según los términos del propio McCoy: “Si los insurgentes toman el control de esta economía ilegal, como hicieron los talibanes, la tarea se hará entonces casi imposible”). La parte correspondiente a los talibanes en el mercado del opio afgano se estima generalmente entre 90 y 400 millones de dólares. Pero la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el total de ingresos provenientes del comercio del opio y la heroína se sitúa entre los 2 mil 800 millones y los 3 mil 400 millones de dólares.

Es evidente que no son los talibanes quienes se han apoderado de esa economía, mayoritariamente controlada por los partidarios del gobierno de Karzai. En 2006, un informe del Banco Mundial afirmaba que “al más alto nivel, 25 o 30 grandes traficantes, la mayoría con bases en el Sur de Afganistán, controlan las transacciones y los envíos más importantes, trabajando estrechamente con apoyo de personas que ocupan posiciones políticas y gubernamentales al más alto nivel”.

Los medios estadunidenses no se han interesado en esos hechos ni tampoco en la influencia que tienen en las estrategias políticas de su propio país en Afganistán en materia de guerra y de tráfico de droga. La administración de Obama parece haberse distanciado de los poco juiciosos programas de erradicación de la época de Bush, que nunca lograron la adhesión del campesinado afgano. Ha preferido instaurar una política de prohibición selectiva del tráfico, atacando solamente a los traficantes que ayudan a la oposición.

Queda por demostrar la eficacia de esa política en lo que a debilitar el talibán se refiere. Lo que sí está claro es que adoptar como blanco exclusivo a quien representa, en el mejor de los casos, una décima parte del tráfico total nunca permitirá acabar con la actual posición de Afganistán como principal narcoestado. Y tampoco permitirá acabar con la actual epidemia mundial de consumo de heroína, que comenzó a fines de la década de 1980 y que ya ha dado lugar a la aparición de 5 millones de toxicómanos en Pakistán, más de 2 millones de adictos en Rusia, 800 mil en Estados Unidos y más de 15 millones a escala mundial, entre ellos 1 millón en el propio Afganistán.

La política de prohibición selectiva del gobierno de Obama ayuda también a explicar su rechazo por tomar en cuenta la solución más humana y más razonable de la epidemia mundial de heroína afgana. Se trata de la iniciativa poppy for medicine (opio para la medicina) del International Council on Security and Development, que plantea la creación de un programa de otorgamiento de autorizaciones, lo cual permitiría a los agricultores vender su opio para garantizar la producción de medicamentos esenciales y altamente solicitados, como la morfina y la codeína.

Esa proposición ha recibido el apoyo del Parlamento Europeo y del Parlamento canadiense, pero fue objeto de severas críticas en Estados Unidos, principalmente porque pudiera engendrar un aumento de la producción de opio. Sin embargo, esa proposición sería, a mediano plazo, una respuesta a la epidemia de heroína que asola Europa y Rusia –situación que no se resolverá con la alternativa que presenta McCoy de sustituir el opio con otros cultivos durante los 10 o 15 próximos años, y menos aún con el programa de eliminación selectiva de proveedores de opio que aplica la administración de Obama.

Una consecuencia que casi nunca se menciona de la iniciativa poppy for medicine sería la reducción de los ingresos provenientes del tráfico ilícito que permiten mantener el gobierno de Karzai. Es por eso –o simplemente porque todo lo que se acerca a una legalización de las drogas es tabú en Washington– que la iniciativa tiene pocas posibilidades de obtener el apoyo del gobierno estadunidense.


La heroína afgana y la CIA a nivel mundial

Hay otro párrafo en el que McCoy concentra su atención en Afganistán como centro del problema más que en Estados Unidos. En una conferencia sobre la droga, desarrollada en Kabul, el jefe del servicio federal antinarcóticos de Rusia estimó el monto actual del cultivo de opio en Afganistán en 65 mil millones de dólares. Solamente 500 millones van a los cultivadores afganos; 300 millones, a los talibanes, y los 64 mil millones restantes van a la “mafia de la droga”, garantizándole amplios fondos para corromper al gobierno de Karzai, subraya el autor, en un país cuyo PIB es de sólo 10 mil millones de dólares.

Ese párrafo pasa por alto un hecho importantísimo. Según la ONUDD, sólo entre un 5 y un 6 por ciento de esos 65 mil millones de dólares se queda en Afganistán. Cerca del 80 por ciento de las ganancias provenientes del tráfico de droga proviene de los países consumidores –en este caso, Rusia, Europa y Estados Unidos–. Así que no se debe creer que el único país que se corrompe con el tráfico de droga afgana es el de origen. Donde quiera que el tráfico ha logrado hacerse importante, incluyendo los países por donde transita, en realidad ha logrado sobrevivir gracias a la protección, en otras palabras gracias a la corrupción.

No existen pruebas de que el dinero de la droga que han ganado los traficantes aliados de la CIA haya alimentado las cuentas bancarias de ésta o las de sus oficiales, pero la Agencia ha sacado provecho indirectamente del tráfico de droga y ha desarrollado, con el paso de los años, una estrecha relación con ese ilegal comercio. La guerra secreta de la CIA en Laos fue un caso extremo. Durante ese conflicto, la CIA hizo la guerra utilizando como principales aliados al Ejército Real Laosiano del general Ouane Rattikone y el Ejército Hmong del general Vang Pao, ambos financiados en gran parte por la droga. La masiva operación de la CIA en Afganistán correspondiente a la década de 1980 fue otro ejemplo de guerra parcialmente financiada por la droga.

Protección para los narcotraficantes en EU

No es, por lo tanto, sorprendente que, a través de los años, los gobiernos de Estados Unidos, siguiendo el camino trazado por la CIA, hayan protegido a traficantes de droga contra los procedimientos judiciales en Estados Unidos. Por ejemplo, tanto la CIA como la Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) intervinieron en 1981 contra la inculpación (por robo de autos) del narcotraficante mexicano y zar del espionaje Miguel Nazar Haro, al afirmar que Nazar era “un contacto esencial para la CIA en México”, en cuestiones de “terrorismo, inteligencia y contrainteligencia”. Cuando el fiscal general asociado Lowell Jensen se negó a tramitar la inculpación de Nazar, el fiscal de San Diego, William Kennedy, denunció públicamente el caso… por lo cual fue rápidamente despedido.

Un ejemplo reciente y espectacular de implicación de la CIA en el tráfico de droga fue el caso del general Ramón Guillén Dávila, colaborador venezolano de la CIA:

El general Ramón Guillén Dávila, jefe de la unidad antidroga creada por la CIA en Venezuela, fue inculpado en Miami de haber introducido 1 tonelada de cocaína en Estados Unidos. Según The New York Times, “la CIA, a pesar de la objeción de la Drug Enforcement Administration (DEA), aprobó el envío de al menos 1 tonelada de cocaína pura hacia el aeropuerto internacional de Miami como medio de obtener información sobre los cárteles colombianos de la droga”. La revista Time reportó que un solo cargamento representaba 450 kilos y estuvo precedido de otros “por un total cercano a 1 tonelada”.

Mike Wallace confirmó que “la operación secreta de la CIA y de la Guardia Nacional reunió rápidamente esa cocaína, más de una tonelada y media, que fue introducida clandestinamente de Colombia hacia Venezuela”. Según The Wall Street Journal, la cantidad de droga que el general Guillén introdujo clandestinamente ascendería a más de 22 toneladas.

Pero Estados Unidos nunca ha solicitado a Venezuela la extradición de Guillén para someterlo a juicio. Y en 2007, cuando Guillén fue arrestado en Venezuela por conspirar para asesinar al presidente Hugo Chávez, su inculpación seguía traspapelada en alguna oficina de Miami. Mientras tanto, el agente de la CIA Mark McFarlin, a quien Bonner, el jefe de la DEA, también deseaba inculpar, tampoco lo fue y sólo tuvo que dimitir.

En resumen, nada sucedió a los principales actores de este caso, que probablemente se conoció en los medios debido a las protestas que generaron en aquel entonces los artículos de Gary Webb publicados en el diario San Jose Mercury sobre la CIA, los Contras nicaragüenses y la cocaína.

Los bancos y el lavado de dinero

Otras instituciones tienen un interés directo en el tráfico de droga, como los grandes bancos que efectúan préstamos a países como Colombia y México, sabiendo perfectamente que el flujo de droga ayudará a garantizar el pago de esos préstamos. Varios de los mayores bancos, como el City Group, el Bank of New York y el Bank of Boston, han sido identificados como participantes en el lavado de dinero, pero nunca han sido penalizados de forma lo suficientemente fuerte como para obligarlos a modificar su comportamiento. En la implicación de Estados Unidos en el tráfico de droga, se conjugan la CIA, importantes intereses financieros e intereses criminales de ese mismo país y del extranjero.

Antonio Maria Costa, jefe de la ONUDD, ha declarado que “el dinero de la droga, que representa miles de millones de dólares, ha permitido al sistema financiero mantenerse en el punto culminante de la crisis financiera”. Según el Observer, de Londres, Costa declaró haber visto pruebas de que los ingresos del crimen organizado eran “el único capital de inversión líquido” disponible en ciertos bancos en el momento del crack de 2009. Afirmó que el sistema económico absorbió la mayoría de los 352 mil millones de dólares de ganancias vinculadas con la droga. Costa declaró que agencias de inteligencia y fiscales le presentaron, alrededor de 18 meses atrás, las pruebas que demuestran que el sistema financiero absorbió el dinero ilegal. “En muchos casos, el dinero de la droga era el único capital de inversión líquido. Durante la segunda mitad de 2008, la [falta de] liquidez era el principal problema del sistema bancario, así que el capital líquido se convirtió en un factor importante”, dijo Costa.

Un perturbador ejemplo de la importancia de la droga en Washington reside en la influencia que ejerció durante la década de 1980 el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), gracias a su práctica de lavado de dinero de la droga. Entre los altos funcionarios beneficiarios por la generosidad del BCCI, de sus propietarios y sus afiliados, está James Baker, secretario del Tesoro en la administración de Reagan, quien se negó a investigar al BCCI; el senador demócrata Joe Biden y el senador republicano Orrin Hatch, así como varios miembros importantes del Comité Judicial del Senado, que también se negaron a investigar al banco.

Finalmente, no fue el gobierno de Estados Unidos quien actuó primero en aras de poner fin a las actividades bancarias del BCCI y de sus filiales ilegales en Estados Unidos, sino dos personas en particular: el abogado Jack Blum, de Washington, y el fiscal de Manhattan Robert Morgenthau.

La causa del problema mundial de la droga

La fuente principal del problema mundial en que se ha convertido la droga no está en Kabul, sino en Washington. Poner fin a ese escándalo exigirá que se divulguen hechos que McCoy no quiere abordar en su artículo.

En su magistral obra, The politics of heroin, McCoy habla de la historia de Greg Musto, experto en drogas de la Casa Blanca bajo la administración de Carter. En 1980, Musto dijo, en el Strategy Council on Drug Abuse de la Casa Blanca, que “íbamos a Afganistán con el fin de apoyar a los cultivadores de opio en su rebelión contra la Unión Soviética. ¿No pudiéramos evitar hacer lo que ya hicimos en Laos?”.

Cuando la CIA le negó el acceso a datos que la ley le daba derecho a consultar, Musto expresó públicamente su inquietud, en mayo de 1980, al señalar, en un editorial de The New York Times, que la heroína proveniente de la llamada Media Luna de Oro ya estaba causando, por primera vez, una crisis médica en Nueva York. Y advirtió, anticipadamente, que “esa crisis está llamada a empeorar”.

Musto esperaba contribuir a lograr un cambio de política al exponer públicamente el problema y hacer una fuerte advertencia de que la aventura financiada por la droga en Afganistán podía resultar desastrosa; pero sus sabias palabras fueron inútiles ante la implacable determinación estadunidense. El mensaje de sensatez de McCoy, por ser amable precisamente allí donde la amabilidad no tiene cabida, puede sufrir el mismo destino.

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

viernes, julio 02, 2010

Con Calderón, cárteles lavan 1 billón de pesos

En la “guerra” de Calderón, los narcotraficantes lavan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida: 1.3 billones de pesos; una tercera parte se legaliza en el circuito financiero, según “sospecha” Hacienda. El delito, sin embargo, está impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y apenas 53 sentenciados por blanquear capitales sucios; a los bancos, sanciones por 1 millón 560 mil pesos. Intactos, los bolsillos de los capos

Nancy Flores / Sexta parte

Las finanzas de los narcotraficantes no son prioridad para la “guerra” contra las drogas que, desde el 1 de diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa impuso a los mexicanos y que ha costado la vida a más de 23 mil civiles. Hasta ahora, las autoridades federales han decomisado menos del 0.5 por ciento del dinero que se lava en el país.

En total impunidad, las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de estupefacientes han lavado entre 52 mil 500 millones y 105 mil millones de dólares, desde que el panista asumió la Presidencia de la República y hasta junio de 2010.

Las cifras –que equivalen a 661 mil 500 millones y 1 billón 323 mil millones de pesos, respectivamente, a un tipo de cambio de 12.6 pesos por 1 dólar– se desprenden de seis informes elaborados por el gobierno de Estados Unidos, y uno más generado por esa nación y por México.

El máximo reconocido por las autoridades –es decir, 105 mil millones de dólares lavados– es 80.7 veces el dinero que implica la Iniciativa Mérida. La ayuda para “combatir” el tráfico de drogas que los gobiernos de George W Bush y Barack Obama han dado a la administración calderonista, entre 2007 y 2010, asciende a apenas 1 mil 300 millones de dólares.

Mireille Roccati, investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, refiere que el negocio de las drogas es altamente rentable. Así lo demuestran, dice, la compra masiva de armas, la corrupción al más alto nivel de autoridades de los tres niveles de gobierno y el pago de nóminas de las propias organizaciones criminales, que alcanza incluso para cooptar a jóvenes como vigías, llamados halcones.

—Es dinero que se está produciendo, que está entrando al país y que está teniendo un flujo. Éste no se da con una, dos o tres maletas [tráfico de dólares a granel]. Mucho de ese dinero entra directamente a través del sistema financiero, no sólo en México sino a nivel internacional. El lavado también se da en grandes niveles en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Ganancias intactas

Aunque la capacidad operativa, de fuego y de corrupción de los cárteles depende directamente de su poder adquisitivo, a tres años y medio de “guerra”, éste se mantiene intacto.

Cada año, los criminales han legalizado de 15 mil millones a 30 mil millones de dólares provenientes de la venta ilegal de drogas en territorio estadunidense, señalan los reportes International narcotics control strategy report, en sus versiones 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Estado; National drug threat assessment 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Justicia; y Bi-national criminal proceeds study 2010, cuya autoría recae en ambas naciones.

“México sigue siendo un centro de lavado de dinero”, afirma, por ejemplo, el International narcotics control strategy report 2010. El Departamento de Estado añade: “Se estima que los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscilan entre 15 mil millones y 30 mil millones de dólares por ventas de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos que se obtienen en territorio estadunidense se repatrian principalmente a través de los envíos de divisas a granel y el lavado a través de negocios legítimos de México”.



No obstante, la administración de Felipe Calderón omite aplicar medidas en contra de la clase empresarial que facilita la logística a los cárteles del narcotráfico, señala en entrevista Edgardo Buscaglia. Ello, a pesar de que el Departamento del Tesoro estadunidense y la Unión Europea han generado listas negras de empresas que colaboran con la mafia mexicana.

—No hace falta ni siquiera que se cometa un delito para que esas empresas legales sean intervenidas y así desmantelar la logística operativa a los cárteles de Sinaloa, Zetas, Golfo, etcétera. Ahí se necesita solamente que la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, envíe a sus inspectores y auditores tributarios para que intervengan a la empresa. Así se detectarían los focos de irregularidad patrimonial que explican que esas empresas legales están vinculadas a los cárteles.

El experto en temas de seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México asegura que los funcionarios federales no investigan al empresariado “porque lo que se ve en televisión, en Televisa y en TV Azteca, es un show mediático que, básicamente, está destinado a que la Presidencia de Calderón sea percibida como una administración en donde realmente se combaten a estos grupos”.

Con base en la experiencia internacional, Buscaglia indica que es fundamental desmantelar las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial. Ésta es una de las cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) imprescindibles para luchar “efectivamente” contra la mafia. Las otras tres son: combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga.

Como lo ha demostrado Contralínea a lo largo de esta serie periodística, la administración federal no aplica ninguna de esas medidas. Más aún, la parálisis gubernamental ha permitido que, de enero a junio de 2010, los narcotraficantes legalizaran alrededor de 15 mil millones de dólares o su equivalente en moneda nacional: 189 mil millones de pesos, según las informaciones generadas por la inteligencia estadunidense.

El monto de esta proyección es 37 veces el presupuesto total del Programa de Apoyo Alimentario que la Secretaría de Desarrollo Social destina al combate a la pobreza y que, para este ejercicio, asciende a 5 mil 109 millones 600 mil pesos. También representa 11.5 veces la ayuda que Estados Unidos ha dado a México desde 2007 para la lucha contra el narcotráfico.

La inacción de las autoridades federales va más allá. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 1 billón de pesos contrastan con las incautaciones que el gobierno de Calderón ha hecho en lo que va de la “guerra” contra las drogas, por únicamente 5 mil 200 millones 400 mil pesos.

Al presentar los resultados de la Iniciativa Mérida a mayo de 2010, la embajada de Estados Unidos en México informa que las autoridades mexicanas han decomisado 299 millones de pesos y 389 millones de dólares en tres años y medio. Esto representa sólo el 0.39 por ciento de los recursos que se habrían lavado en el mismo periodo.

Los aseguramientos sólo han sido de dinero en efectivo; es decir, los golpes se han dirigido al trasiego a granel. El caso más relevante es el de Zhenli Ye Gon, a quien se le incautaron 205 millones de dólares el 15 de marzo de 2007.

*Sector financiero, a salvo de las pesquisas

*Dinero sucio en los bancos

*Multas ridículas a los bancos

*Plena impunidad

*Corrupción gubernamental, otro pendiente.....

Leer articulo completo AQUI.

lunes, junio 21, 2010

El poder oculto: de donde nace la impunidad de Israel

Los dueños del sistema

La gran complicidad internacional con las masacres periódicas israelíes no se gestan por miedo a Israel, sino por miedo a lo que representa el Estado judío. Israel es el símbolo más emblemático, la patria territorial del sionismo capitalista que controla el mundo sin fronteras desde los directorios de los bancos y corporaciones trasnacionales. Israel, básicamente, es la representación nacional de un poder mundial sionista que es el dueño del Estado de Israel tanto como del Estado norteamericano, y del resto de los Estados con sus recursos naturales y sistemas económico-productivos. Y que controla el planeta desde los bancos centrales, las grandes cadenas mediáticas y los arsenales nucleares militares.


El poder oculto

Israel, es la más clara referencia geográfica del sistema capitalista trasnacionalizado que controla desde gobiernos hasta sistemas económico productivos y grandes medios de comunicación, tanto en los países centrales como en el mundo subdesarrollado y periférico.

El Estado judío, más allá de su incidencia como Nación, es el símbolo más representativo de un poder mundial controlado en sus resortes decisivos por grupos minoritarios de origen judío, y conformado por una estructura de estrategas y tecnócratas que operan las redes industriales, tecnológicas, militares, financieras y mediáticas del capitalismo trasnacional extendido por los cuatro puntos cardinales del planeta.

Con una población de alrededor de 7,35 millones de habitantes, Israel es el único Estado judío del mundo.

Pero cuando hablamos de Israel, hablamos (por extensión) de la referencia más significante de un sistema capitalista globalizado que controla gobiernos, países, sistemas económicos productivos, bancos centrales, centros financieros, arsenales nucleares y complejos militares industriales.

Cuando hablamos de Israel, hablamos antes que nada de un diseño estratégico de poder mundial que lo protege, interactivo y totalizado, que se concreta mediante una red infinita de asociaciones y vasos comunicantes entre el capital financiero, industrial y de servicios que convierte a los países y gobiernos en gerencias de enclave.

El lobby sionista que sostiene y legitima la existencia de Israel, no es un Estado en el lejano Medio Oriente, sino un sistema de poder económico planetario (el sistema capitalista) de bancos y corporaciones trasnacionales con judíos dominando la mayoría de los paquetes accionarios o hegemonizando las decisiones gerenciales desde puestos directrices y ejecutivos.

Quien se tome el trabajo de investigar el nombre de los integrantes de los directorios o de los accionistas de la grandes corporaciones y bancos transnacionales estadounidenses y europeos que controlan desde el comercio exterior e interior hasta los sistemas económico productivos de los países, tanto centrales como «subdesarrollados» o «emergentes», podrá fácilmente comprobar que (en una abrumante mayoría) son de origen judío.

Los directivos y accionistas de las primeras treinta megaempresas trasnacionales y bancos (las más grandes del mundo) que cotizan en el indice Dow Jones de Wall Street, son mayoritariamente de origen judío.

Megacorporaciones del capitalismo sin fronteras como Wal-Mart Stores, Walt Disney, Microsoft, Pfizer Inc, General Motors, Hewlett Packard, Home Depot, Honeywell, IBM, Intel Corporation, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, American International Group, American Express, AT & T, Boeing Co (armamentista), Caterpillar, Citigroup, Coca Cola, Dupont, Exxon Mobil (petrolera), General Electric, McDonalds, Merck & Co, Procter & Gamble, United Technologies, Verizon, son controladas y/o gerenciados por capitales y personas de origen judío.

Estas corporaciones representan la crema de la crema de los grandes consorcios trasnacionales judeo sionistas que, a través del lobby ejercido por las embajadas estadounidenses y europeas, dictan y condicionan la política mundial y el comportamiento de gobiernos, ejércitos, o instituciones mundiales oficiales o privadas.

Son los amos invisibles del planeta: los que manejan a los países y a presidentes por control remoto, como si fueran títeres de última generación.

Quien investigue con este mismo criterio, además, los medios de comunicación, la industria cultural o artística, cámaras empresariales, organizaciones sociales, fundaciones, organizaciones profesionales, ONGs, tanto en los países centrales como periféricos, se va a sorprender de la notable incidencia de personas de origen judío en sus más altos niveles de decisión.

Las tres principales cadenas televisivas de EEUU (CNN, ABC, NBC y Fox) , los tres principales diarios (The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post) están controlados y gerenciados (a través de paquetes accionarios o de familias) por grupos del lobby judío, principalmente neoyorquino.

Asimismo como las tres más influyentes revistas (Newsweek, Time y The New Yorker), y consorcios hegemónicos de Internet como Time-Warner (fusionado con América on Line) o Yahoo, están controlados por gerenciamiento y capital judío que opera a nivel de redes y conglomerados entrelazados con otras empresas.

Colosos del cine de Hollywood y del espectáculo como The Walt Disney Company, Warner Brothers, Columbia Pictures, Paramount, 20th Century Fox, entre otros, forman parte de esta red interactiva del capital sionista imperialista.

La concentración del capital mundial en mega-grupos o mega-compañías controladas por el capital sionista, en una proporción aplastante, posibilita decisiones planetarias de todo tipo, en la economía, en la sociedad, en la vida política, en la cultura, etc., y representa el aspecto más definitorio de la globalización impuesta por el poder mundial del sistema capitalista imperial.

El objetivo central expansivo de este capitalismo sionista trasnacionalizado es el control y el dominio (por medio de las guerras de conquista o de «sistemas democráticos) de recursos naturales y sistemas económico - productivos, en un accionar que sus defensores y teóricos llaman “políticas de mercado”».

El capitalismo transnacional, a escala global, es el dueño de los estados y sus recursos y sistemas económico- productivos, no solamente del mundo dependiente, sino también de los países capitalistas centrales.

Por lo tanto los gobiernos dependientes y centrales son gerencias de enclave (por izquierda o derecha) que con variantes discursivas ejecutan el mismo programa económico y las mismas líneas estratégicas de control político y social.

Este capitalismo transnacional «sin fronteras» del lobby sionista que sostiene al Estado de Israel se asienta en dos pilares fundamentales: la especulación financiera informatizada (con asiento territorial en Wall Street ) y la tecnología militar-industrial de última generación (cuya expresión máxima de desarrollo se concentra en el Complejo Militar Industrial de EEUU).

El lobby sionista internacional, sobre el cual se asientan los pilares existenciales del Estado de Israel, controla desde gobiernos, ejércitos, policías, estructuras económicos productivas, sistemas financieros, sistemas políticos, estructuras tecnológicas y científicas, estructuras socio-culturales, estructuras mediáticas internacionales, hasta el poder de policía mundial asentado sobre los arsenales nucleares, los complejos militares industriales y los aparatos de despliegue militar de EEUU y de las potencias centrales.

A ese poder, y no al Estado de Israel, es al que temen los presidentes, políticos, periodistas e intelectuales que callan o deforman a diario los genocidios de Israel en Medio Oriente temerosos de quedar sepultados de por vida bajo la lápida del «antisemitismo».

El lobby imperial

El lobby sionista pro-israelí, la red del poder oculto que controla Casa Blanca, el Pentágono y la Reserva Federal no reza en las sinagogas sino en la Catedral de Wall Street. Un detalle a tener en cuenta, para no confundir la religión con el mito y el negocio.

Cuando se refieren al lobby sionista (al que llaman lobby pro-israelí) la mayoría de los expertos y analistas hablan de un grupo de funcionarios y tecnócratas, en cuyas manos está el diseño y la ejecución de la política militar norteamericana.

A este lobby de presión se le atribuye el objetivo estratégico permanente de imponer la agenda militar y los intereses políticos y geopolíticos del gobierno y el Estado de Israel en la política exterior de EEUU.

Como definición, el lobby pro-israelí es una gigantesca maquinaria de presión económica y política que opera simultáneamente en todos los estamentos del poder institucional estadounidense: Casa Blanca, Congreso, Pentágono, Departamento de Estado, CIA y agencias de la comunidad de inteligencia, entre los mas importantes.

Por medio de la utilización política de su poder financiero, de su estratégica posición en los centros de decisión, los grupos financieros del lobby ejercen influencia decisiva en la política interna y externa de EEUU, la primera potencia imperial, además de su papel dominante en la financiación de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales y de los congresistas.

A nivel imperial, el poder financiero del lobby se expresa principalmente por medio de la Reserva Federal de EEUU, un organismo clave para la concentración y reproducción del capital especulativo a nivel planetario.

El corazón del lobby sionista estadounidense es el poderoso sector financiero de Wall Street que tiene directa implicancia y participación en el nombramiento de funcionarios claves del gobierno de EEUU y de los órganos de control de política monetaria e instituciones crediticias (nacional e internacional) con sede en Washington y Nueva York.

Los organismos económicos financieros internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, están bajo directo control de los bancos centrales y de los gobiernos de EEUU y de las potencias controladas por el lobby sionista internacional (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, entre las más relevantes).

Organizaciones y alianzas internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad y la OTAN están controlados por el eje sionista USA-Unión Europea cuyas potencias centrales son las que garantizan la impunidad de los exterminios militares de Israel en Medio Oriente, como sucedió con la última masacre de activistas solidarios con el pueblo de Gaza.

Las principales instituciones financieras del lobby (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, etc) y los principales bancos (Citigroup, JP Morgan y Merrill Lynch, etc), influyen decisivamente para el nombramiento de los titulares de la Reserva Federal, el Tesoro, y la secretaría de Comercio, además de los directores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

El mito del «antisemitismo»

A este fenómeno de «poder capitalista mundial» judío, y no a Israel, es lo que temen los presidentes, políticos, periodistas, e intelectuales que evitan puntillosamente condenar o nombrar los periódicos genocidios militares de Israel en Gaza, repitiendo lo que ya hicieron durante la masacre israelí en Libano en el 2006.

La gran complicidad internacional con las masacres periódicas israelíes no se gestan por miedo al Estado de Israel sino por miedo a lo que representa el Estado de Israel.

No se trata de Israel, un Estado sionista más, sino del «Gran Israel», la patria del judaísmo mundial (con territorio robado a los palestinos), de la cual todos los judíos del mundo se sienten sus hijos pródigos desperdigados por el mundo.

No se trata de Israel, sino de las poderosas organizaciones y comunidades judías mundiales que apoyaron en bloque el genocidio militar de Israel en Gaza, que utilizan su poder y «escala de prestigio» (construida mediante su victimización histórica con el Holocausto) para convertir en un leproso social al que se atreva criticar o a levantar la voz contra el exterminio militar israelí en Gaza.

Los gobiernos del mundo capitalista, los periodistas, intelectuales, organizaciones sindicales y sociales no le temen a Israel, sino a su lapidación social como «antisemita» (mote que se le otorga al que enfrenta y/o denuncia al sionismo judío).

No le temen al Estado de Israel, sino a los hijos de Israel camuflados en los grandes centros de decisión del poder mundial, sobre todo económicos-financieros y mediático-culturales.

Los políticos, intelectuales y periodistas del sistema no temen a Israel, sino que temen a los medios, organizaciones y empresas judías, y a su influencia sobre los gobiernos y procesos económicos-culturales del sistema sionista capitalista extendido por todos los países a escala planetaria.

En definitiva temen que las empresas, las universidades, las organizaciones y las fundaciones internacionales sionistas que financian y o promocionan sus ascensos y puestos en la maquinaria del sistema los declaren "antisemitas" y los dejen sin trabajo, sin vacaciones y sin jubilación.

Esa es la causa principal que explica porque los intelectuales, académicos y periodistas del sistema viven elucubrando sesudos análisis de la «realidad» política, económica y social sin la presencia de la palabra judío o del sistema capitalista que paga por sus servicios.

Si bien hay un grupo de intelectuales y de militantes judíos de izquierda (entre ellos Chomsky y Gelman, entre otros) que condenaron y protestaron contra el genocidio israelí en Gaza, la mayoría abrumante de las comunidades y organizaciones judías a escala planetaria apoyaron explícitamente la masacre de civiles en Gaza argumentando que se trataba de una «guerra contra el terrorismo».

A pesar de que Israel no invadió ni perpetró un genocidio militar en Gaza con la religión judía, sino con aviones F-16, misiles, bombas de racimo, helicópteros Apache, tanques, artillería pesada, barcos, sistemas informatizados, y una estrategia y un plan de exterminio militar en gran escala, quien cuestione esa masacre es condenado por «antisemita» por el poder judío mundial distribuido por el mundo.

A pesar de que el lobby judío sionista que controla Israel, tanto como la Casa Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de EEUU no reza en las sinagogas sino en la Catedral de Wall Street, el que lo critique es tildado de inmediato como «antisemita» o «nazi» por las estructuras mediáticas y culturales controlados por el poder judío mundial.

Las campañas de denuncia de antisemitismo con las que Israel y las organizaciones judías buscan neutralizar a las criticas contra la masacre, abordan la cuestión como si el sionismo judío (sostén del estado de Israel) fuera una cuestión «racial» o religiosa, y no un sistema de dominio imperial que abarca interactivamente el plano económico, político, social y cultural, superando la cuestión de la raza o de las creencias religiosas.

El lobby sionista no controla el mundo con la religión: lo maneja con bancos, trasnacionales, hegemonía sobre los sistemas económicos-productivos, control sobre los recursos naturales, control de la red informativa y de manipulación mundial, y manejo de los valores sociales a través de la publicidad, la cultura y el consumo estandarizado y globalizado por los medios de comunicación.

En definitiva, el lobby judío no representa a ninguna sinagoga ni expresión racial, sino que es la estructura que maneja el poder mundial a través del control sobre los centros económicos-financieros y de decisión estratégica del sistema capitalista expandido como civilización «única».

Antes que por la religión y la raza, el lobby sionista y sus redes se mueven por una ideología política funcional: el sionismo capitalista-imperial que antepone el mercado, la concentración de riqueza, la «política de negocios», a cualquier filosofía que roce las nociones del «bien» o del «mal» entendidos dentro de parámetros sociales.

Entonces: ¿De qué hablan cuando hablan de «antisemitismo» o de «anti-judaismo religioso? ¿En que parámetros referenciales se basa la condición de "antisemita»? ¿Quién es antisemita? ¿Quién critica a los judíos por su religión o por su raza en las sociedades del mundo?

A lo sumo, a los judíos, como está probado en la realidad social de cualquier país, no se los critica por su religión o condición racial sino por su apego excesivo al status del dinero (también cultivado por otras colectividades) y a integrar estructuras o jerarquías de poder dentro de un sistema injusto de opresión y de explotación del hombre por el hombre, como es el sistema capitalista.

Salvo los grupos minoritarios de fanáticos y racistas que sólo se representan a sí mismos, en las sociedades (salvo el nazismo alemán y algunas excepciones) casi nunca hubo «persecución religiosa o racial» del judío, si no que hubo una asociación del judío con la «peor cara del capitalismo», representada en el sistema económico-financiero especulativo.

En resumen

El lobby sionista que protege al Estado de Israel (por "derecha" y por "izquierda) esta conformado por una estructura de estrategas y tecnócratas que operan las redes industriales, tecnológicas, militares, financieras y mediáticas del capitalismo trasnacional extendido por los cuatro puntos cardinales del planeta.

Sus redes se expresan a través de una multiplicidad de organizaciones dedicadas a promover el actual modelo global, entre las que se cuentan principalmente: The Hudson Institute, The RAND Corporation, The Brookings Institution, The Trilateral Commission, The World Economic Forum, Aspen Institute, American Enterprise Institute, Deutsche Gesellschaft für Auswärtigen Politik, Bilderberg Group, Cato Institute, Tavestock institute, y el Carnegie Endowment for International Peace, entre otros.

Todos estos think tanks o «bancos de cerebros», reúnen a los mejores tecnócratas, científicos y estudiosos en sus respectivos campos, egresados de los las universidades de EEUU, Europa y de todo el resto del mundo.

El lobby no responde solamente al Estado de Israel (como afirman los analistas de la «cara derechista» de los neocons) sino a un poder mundial sionista que es el dueño del Estado de Israel tanto como del Estado norteamericano, y del resto de los Estados con sus recursos naturales y sistemas económico-productivos.

El lobby no solamente está en la Casa Blanca sino que abarca todos los niveles de las operaciones del capitalismo a escala trasnacional, cuyo diseño estratégico está en la cabeza de los grandes charmans y ejecutivos de bancos y consorcios multinacionales que se sientan en el Consenso de Washington y se reparten el planeta como si fuera un pastel.

Ni la izquierda ni la derecha partidaria hablan de este poder «totalizado» por la sencilla razón de que ambas están fusionadas (a modo de alternativas falsamente enfrentadas) a los programas y estrategias del capitalismo trasnacional que controla el planeta.

Por lo tanto, y mientras no se articule un nuevo sistema de comprensión estratégica (una «tercera posición» revolucionaria del saber y el conocimiento) el poder mundial que controla el planeta seguirá perpetuándose en las falsas opciones de «izquierda» y «derecha».

Y el lobby judío de «derecha» de los republicanos conservadores seguirá sucediendo al lobby judío «de izquierda» de los demócratas liberales en una continuidad estratégica de las mismas líneas rectoras del Imperio sionista mundial.

Y las masacres del Estado de Israel seguirán, como hasta ahora, impunes y protegidas por las estructuras del sistema de poder mundial sionista capitalista que lo considera como su «patria territorial».

domingo, junio 20, 2010

En México, los bancos más usureros

HSBC, Santander, BBVA Bancomer y Banamex rebasan en México hasta en un 76 por ciento el cobro de comisiones por el uso de tarjetas de crédito, respecto de sus países de origen. Los usuarios del llamado “dinero de plástico” denuncian ante la Condusef su mayor problema con los bancos: el “cobro indebido” que hacen a sus cuentas, indican informes oficiales.

El Banco Nacional de México (Banamex), filial de la institución estadunidense City Group, es el que más comisiones cobra a los mexicanos por el uso de tarjetas de crédito. Rescatado en 2009 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ese banco tiene un Costo Anual Total (CAT) del 85 por ciento sobre el crédito utilizado por sus clientes.

El estudio La regulación de la tasa de interés bancaria en el mercado de las tarjetas de crédito en México –elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados– indica que, mientras City Group cobra un CAT del 9 por ciento con base en el financiamiento otorgado, en México incrementa en un 76 por ciento su aprovechamiento.

En septiembre de 2008, los reporteros de La Jornada Roberto Garduño y Roberto González Amador publicaron que la incorporación de Banamex Accival al grupo financiero estadunidense se dio a través de una “transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos”. La operación estuvo avalada por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Otra de las operaciones importantes en los últimos años, en beneficio del banco, fue el rescate financiero que hiciera el presidente estadunidense Barack Obama. Luego de la crisis hipotecaria que desestabilizó al país vecino en 2009, el gobierno estadunidense adquirió el 36 por ciento de Citigroup en febrero de ese año e inyectó recursos por unos 45 mil millones de dólares.

CAT del 61 del banco inglés

El investigador parlamentario Reyes Tépach Marcial indica que el segundo banco que mayores comisiones cobra a sus usuarios es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), que llegó a México en 2002, tras la compra de Grupo Financiero Bital por 1 mil 135 millones de dólares.

HSBC, dice el informe de Tépach Marcial, tiene un CAT del 61 por ciento mayor al que exige a sus clientes en Inglaterra, país de origen de la institución. Según el reporte, los ingleses están obligados a cubrir el 16 por ciento de los intereses de la deuda asumida a través del crédito del banco.

Mientras, los mexicanos pagan el 77 por ciento de las comisiones sobre la deuda. Pese al cobro que supera el 60 por ciento, ésta es una de las instituciones con más clientes en México, pues tiene cautivos a 2.4 millones de usuarios, como lo muestra en su portal de internet.

En enero de 2007, el grupo financiero anunciaba la incorporación del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz como consejero independiente de HSBC.


Españoles por arriba del 55 por ciento

La fusión Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)-Bancomer rebasa el 50 por ciento de los cobros de comisiones a los sujetos de crédito mexicanos. El informe del Congreso de la Unión indica que, mientras en el país de origen el CAT asciende al 25 por ciento, en México los cobros cierran en el 80 por ciento. La diferencia representa para los usuarios de las tarjetas de crédito de la institución un incremento del 55 por ciento.

Cobros indebidos...

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lunes, diciembre 21, 2009

Ocupan propiedades

Chávez confisca de hatos ganaderos a empresas; dice que serán del pueblo venezolano
Redacción

El gobierno venezolano ocupó el Hato Latinoamericano del banquero detenido Arné Chacón y Seguros La Previsora que pertenecía al prófugo Pedro Torres, informó ayer el presidente Hugo Chávez.
“Hoy se ocupó el Hato Latinoamericano con 134 caballos pura sangre y 43 equinos más de alto valor en La Rinconada, Caracas”, indicó Chávez en cadena de radio y televisión desde Copenhague, Dinamarca.
También señaló que la empresa Seguros La Previsora pasa a manos del gobierno y ahora será del pueblo.
Se recuperaron para la población, dijo, 30 mil cien hectáreas y 19 mil cabezas de ganado que estaban en manos de algunos de los banqueros implicados en los fraudes detectados en ocho instituciones financieras intervenidas por el Estado desde el 20 de noviembre.
Ya tenemos una lista de 150 empresas relacionadas con los bancos liquidados y los intervenidos, subrayó el mandatario, y recordó que otras 33 entidades fueron ocupadas.
El jefe de Estado pidió también un mayor esfuerzo a los cuerpos de seguridad para localizar a los banqueros que han abandonado el país eludiendo sus obligaciones con la Justicia.
“Hay que localizarlos y extraditarlos a Venezuela. Pido el mayor esfuerzo para ello”, remarcó.
Dentro de este contexto la justicia venezolana arrestó y privó de libertad a 10 implicados con delitos bancarios como Ricardo Fernández, José Camacho, Caribay Camacho, Arné Chacón, Milagros Vivas, Giuzel Mileira, Luis Suárez, Orlando Suárez y Miguel Vaz.
Asimismo el sábado fue imputado el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Antonio Márquez.
Los otros
Entretanto tienen prohibiciones de salida de la nación los directivos de Banpro, José Antonio López, Rafael Alberto Medina, Andrés Polanco, Omar Casañas, María Sol Cacique y Reynaldo Váldez.
La medida se extiende a los directivos del Banco Confederado, Fernando de Candia, César Mendoza, Reynaldo Gadea, Antonio Figallo, Daniel Hernández, Oscar Benedetti, Alberto Cosme Genatio y Augusto Herrera, y al director de Bolívar Banco, Edduar Antonio Vázquez.
El viernes pasado, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras anunció la intervención a puertas cerradas de BaNorte, el octavo sometido a escrutinio por incumplimiento de la normativa vigente en el sector como el Bolívar, Confederado, Baninvest, Central Universal, Real, Canarias y Banpro.
El número
33 bancos e instituciones financieras ocupó el gobierno de Hugo Chávez, desde el 20 de noviembre.
150 empresas, al menos, se han detectado a los banqueros identificados como supuestos criminales.
10 banqueros y/o empresarios detenidos hay hasta este momento.
Fuente: El Periódico